PNL/001855-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001849 a PNL/001859.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de febrero de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El Sistema Público de Pensiones constituye la política pública con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades (el 46 %).

Las políticas del PP representan una seria amenaza para el sistema público de pensiones. Con sus políticas de empleo el Gobierno de Rajoy ha puesto en peligro la sostenibilidad económica de las pensiones, que han entrado en un periodo de déficits constantes y crecientes; y con el nuevo mecanismo de revalorización, que se desvincula del poder adquisitivo y con el factor de sostenibilidad, que ajusta el importe de la pensión en función de la esperanza de vida, se condena a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento. Y todo ello, lo han hecho mediante la imposición, sin diálogo social y rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo. Con estas políticas el PP está preparando el camino para los Fondos de Pensiones privados, en detrimento del Sistema Público de Seguridad Social.

Los resultados de esta política están a la vista: progresiva pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, sensación de incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el Estado será capaz de pagar sus pensiones en los próximos años, sentimiento de injusticia en aquellos que contribuyen al sistema pero dudan de que éste les pueda proporcionar una pensión digna en un futuro a 10 o 20 años vista, y desesperanza casi absoluta por parte de la juventud en que algún día puedan contribuir y ser protegidos por el sistema.

El PP está laminando el Sistema Público de Pensiones sometiendo a un expolio permanente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

El déficit ha sido compensado por retiradas masivas del Fondo de Reserva que, de contar con 66.815 millones de euros a finales de 2011, se sitúa, en el día de hoy, en 8.095 millones de euros, y que si no se ha agotado totalmente ha sido como consecuencia del préstamo de 10.192 millones de euros del Estado a la Seguridad Social contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. A ello hay que añadir las cantidades retiradas del Fondo de Mutuas, por importe de 8.621 millones de euros en estos años. En definitiva, se han necesitado fondos por importe de 93.251 millones de euros adicionales a las cotizaciones para poder hacer frente al pago de las pensiones en el periodo 2012-2017. El año 2018 ha comenzado en la misma línea y el PP, en vez de plantear medidas serias en el marco del Pacto de Toledo y el Diálogo Social, ha decidido seguir endeudando a la Seguridad Social con un crédito de 15.000 millones de euros.

El Fondo de Reserva, surgido de la reforma de la estructura financiera de la Seguridad Social llevada a cabo por los gobiernos socialistas en 1989 y recogido posteriormente como una recomendación del Pacto de Toledo, estaba previsto para ser usado cuando surgieran las mayores tensiones generacionales sobre el Sistema, en torno al año 2023. De no haber sido utilizado, el Fondo tendría hoy más de 90.000 millones, incluso sin nuevas aportaciones, sólo en base a su propia rentabilidad. En cambio, de seguir con este ritmo de gasto, nuestra hucha de las pensiones quedará totalmente vacía en el año 2018. Es decir, se va a agotar 10 años antes de lo previsto.

Este escenario pone en riesgo la situación financiera de la Seguridad Social y, en consecuencia, la garantía no sólo de las pensiones actuales sino también, y especialmente, de las pensiones futuras. Por eso es imprescindible adoptar medidas que den estabilidad al Sistema.

En el PSOE consideramos que el derecho a las pensiones y el acceso al Sistema de Seguridad Social debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como tal en la reforma de la Carta Magna que proponemos. Para ello, planteamos medidas destinadas a garantizar el futuro del Sistema Público de Pensiones: recuperando el Pacto de Toledo y el diálogo social; aprobando un nuevo Estatuto de los Trabajadores que promueva derechos laborales y empleo de calidad; y estableciendo una fuente complementaria de financiación de las pensiones a cargo de los PGE, como en la mayoría de los países de nuestro entorno.

Por estas razones el PSOE defiende un nuevo modelo para reequilibrar el sistema de pensiones, manteniendo el gasto, racionalizando otras partidas e incrementando los ingresos del sistema.

Por lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al gobierno de España a fin de:

1- Volver al consenso de 2011 impulsando la reversión de todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura 2011-2015: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de forma íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.

2- Impulsar la garantía del poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas conforme al IPC.

3- Impulsar la eliminación del factor de sostenibilidad establecido por la mayoría del PP en la Ley 23/2013, que reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente a partir del 1 de enero de 2019.

4- Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales del Estado aquellos que no corresponden a prestaciones, como los siguientes gastos entre otros:

a) Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas planas, etc.). Si se considera necesario mantener alguna debería ser por la vía de bonificaciones y a cargo de los PGE.

b) Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, al igual que se hace con el resto de organismos públicos.

5- Incrementar los ingresos del sistema:

a) Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por cotizaciones hasta que éstos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras. Pensamos que si toda la sociedad española ha contribuido al rescate de las entidades financieras, este impuesto ha de servir para contribuir al rescate del sistema público de pensiones.

b) Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

6- Mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del Fondo de Reserva a través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la disposición de fondos con carácter anual.

7- Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 40 % existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit de género):

a) Impulsando la aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la brecha salarial, y por lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más bajas.

b) Impulsando las modificaciones normativas necesarias para recuperar la regulación de la Ley 27/2011 que, a iniciativa socialista, incluida el incremento de la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no recibieran otra pensión pública hasta alcanzar el 60 % de la base reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las mujeres”.

Valladolid, 12 de enero de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández