4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001859-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001849 a PNL/001859.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley para su debate y votación en el Pleno:
ANTECEDENTES
La corrupción asuela España desde hace décadas, pero es especialmente significativo que el inicio de la crisis en 2008 fuese también el punto de inflexión de agravamiento de este gravísimo problema político, económico y social.
De hecho, a principios de enero, el grupo de Estados contra la Corrupción, GRECO (por sus siglas en inglés), emitió un informe bastante duro contra nuestro país por no estar poniendo en marcha medidas reales para prevenir este gravísimo problema.
Entre las reformas que pide el Consejo de Europa al gobierno español en materia de corrupción están precisamente las que tienen que ver con el ámbito judicial. Desde 2015 hasta enero de 2017 (último dato disponible) el Consejo General del Poder Judicial contabilizó 1.378 procesos por corrupción contra responsables públicos, es decir, funcionarios y cargos electos o de libre designación, implicados en un total de 166 casos. Pero solo en los tres primeros trimestres de 2017 se abrieron procesos de esta naturaleza contra 314 personas.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
De hecho, según la Cámara de Mercados y de la Competencia cifró el año pasado en 87.000 los millones que nos cuesta a los españoles esta actividad ilícita, de los cuales en torno a 47.600 son solo de los sobrecostes en la administración del Estado por la falta de control en las contrataciones.
Sin embargo, uno de los problemas es la prescripción de dichos delitos, tal y como hemos visto en algunos casos incluso en nuestra Comunidad, puesto que, a menudo, ello es percibido por la ciudadanía como una especie de indulto social, de manera que se traslada la idea de actuar en contra de los intereses públicos de la sociedad sale gratis. Y es que no solo se trata de poner en marcha medidas legales de transparencia en todos los procesos de la administración pública y en la toma de decisiones políticas, sino también de promover la participación de la sociedad en ellos, la responsabilidad y la integridad ética en el desempeño de la función pública, proveyendo de sanciones civiles, administrativas y penales inhibidoras para futuras acciones.
Por todo ello, presentarnos la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno de España a emprender las acciones necesarias para reformar el Código Penal e introducir la no prescripción en los llamados delitos de corrupción, así como a reforzar los mecanismos para que los condenados por tales delitos restituyan en su totalidad el dinero sustraído a las arcas públicas.
Valladolid, 31 de enero 2018
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
PNL/001859-01
CVE="BOCCL-09-023063"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 49410-49411
BOCCL nº 369/9 del 8/2/2018
CVE: BOCCL-09-023063
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001859-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, instando a la Junta de Castilla y León a exhortar al Gobierno de España a emprender actuaciones en relación con los llamados delitos de corrupción, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001849 a PNL/001859.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley para su debate y votación en el Pleno:
ANTECEDENTES
La corrupción asuela España desde hace décadas, pero es especialmente significativo que el inicio de la crisis en 2008 fuese también el punto de inflexión de agravamiento de este gravísimo problema político, económico y social.
De hecho, a principios de enero, el grupo de Estados contra la Corrupción, GRECO (por sus siglas en inglés), emitió un informe bastante duro contra nuestro país por no estar poniendo en marcha medidas reales para prevenir este gravísimo problema.
Entre las reformas que pide el Consejo de Europa al gobierno español en materia de corrupción están precisamente las que tienen que ver con el ámbito judicial. Desde 2015 hasta enero de 2017 (último dato disponible) el Consejo General del Poder Judicial contabilizó 1.378 procesos por corrupción contra responsables públicos, es decir, funcionarios y cargos electos o de libre designación, implicados en un total de 166 casos. Pero solo en los tres primeros trimestres de 2017 se abrieron procesos de esta naturaleza contra 314 personas.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
De hecho, según la Cámara de Mercados y de la Competencia cifró el año pasado en 87.000 los millones que nos cuesta a los españoles esta actividad ilícita, de los cuales en torno a 47.600 son solo de los sobrecostes en la administración del Estado por la falta de control en las contrataciones.
Sin embargo, uno de los problemas es la prescripción de dichos delitos, tal y como hemos visto en algunos casos incluso en nuestra Comunidad, puesto que, a menudo, ello es percibido por la ciudadanía como una especie de indulto social, de manera que se traslada la idea de actuar en contra de los intereses públicos de la sociedad sale gratis. Y es que no solo se trata de poner en marcha medidas legales de transparencia en todos los procesos de la administración pública y en la toma de decisiones políticas, sino también de promover la participación de la sociedad en ellos, la responsabilidad y la integridad ética en el desempeño de la función pública, proveyendo de sanciones civiles, administrativas y penales inhibidoras para futuras acciones.
Por todo ello, presentarnos la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno de España a emprender las acciones necesarias para reformar el Código Penal e introducir la no prescripción en los llamados delitos de corrupción, así como a reforzar los mecanismos para que los condenados por tales delitos restituyan en su totalidad el dinero sustraído a las arcas públicas.
Valladolid, 31 de enero 2018
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
PNL/001859-01
CVE="BOCCL-09-023063"
