PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001860 a PNL/001904.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Briones Martínez, Gloria María Acevedo Rodríguez, Ana María Muñoz de la Peña González, Virginia Barcones Sanz y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de la Presidencia:
ANTECEDENTES
Los servicios públicos y la calidad democrática, en lo referente al ejercicio de la acción de gobierno, son un derecho de la ciudadanía y, en este sentido, corresponde a los poderes públicos velar para que este derecho sea real y efectivo.
La mejora de la calidad democrática exige medidas que frenen la desafección y favorezcan que el vínculo entre poderes públicos y confianza de la ciudadanía se consolide y madure. Con este objetivo, los gobiernos más avanzados se dotan de medios materiales y legales y de valores y mecanismos que facilitan la buena manera de hacer, y el control de los responsables públicos.
En los últimos años, este posicionamiento se ha traducido en diferentes iniciativas gubernamentales, entre las que se hallan la publicación y el impulso de códigos éticos basados en los mejores ejemplos de austeridad y honestidad, y también de transparencia y responsabilidad, de las diferentes organizaciones públicas y privadas.
En nuestra CC. AA., sin embargo, a pesar de algunos avances en las reformas en lo que va de legislatura en materias de transparencia y regeneración democrática, creemos que estas siguen siendo insuficientes, y esto se lo hemos dicho con nuestras aportaciones importantes proponiendo avances reales en estas materias a algunas leyes, que se podían haber aprobado en este parlamento con un importante respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, y que finalmente al querer imponer el Partido Popular sus planteamientos, han logrado que esas nuevas leyes hayan nacido sin consenso, y sólo con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos, de las que destacamos dos:
• Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
• Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes (Ley del Chivato).
Tras la aprobación de estas leyes en nuestra comunidad autónoma se ha demostrado que ambas son insuficientes para atajar los innumerables casos de corrupción que siguen aflorando y afectando al Partido Popular, dañando seriamente a la credibilidad de las instituciones. Por eso, hemos de luchar contra esa lacra que es la corrupción, con todas las armas democráticas POSIBLES, pero para ello hay que tener voluntad política, y desde el PSOE consideramos que el Partido Popular, que sustenta al gobierno de esta comunidad autónoma, no está haciendo todo lo posible, que podría hacer mucho más, pues a pesar de esa agenda de medidas para la regeneración que anunció el Presidente Herrera en su Investidura, no vemos medidas CONTUNDENTES, EFECTIVAS y de EXCEPCIÓN en ese sentido.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que en el plazo de 6 meses desde la aprobación de esta PNL, la Consejería de Presidencia presente un proyecto de Ley en la sede parlamentaria de las Cortes de Castilla y León, que tenga por objeto: 'La Creación de la Oficina de Lucha Contra la Corrupción', cuyo objetivo será prevenir e investigar posibles casos de uso o de destino fraudulento de fondos públicos o de cualquier aprovechamiento ilícito".
Valladolid, 17 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Luis Briones Martínez,
Gloria María Acevedo Rodríguez,
Ana María Muñoz de la Peña González,
Virginia Barcones Sanz y
José Ignacio Martín Benito
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/001884-01
CVE="BOCCL-09-023088"
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001860 a PNL/001904.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Briones Martínez, Gloria María Acevedo Rodríguez, Ana María Muñoz de la Peña González, Virginia Barcones Sanz y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de la Presidencia:
ANTECEDENTES
Los servicios públicos y la calidad democrática, en lo referente al ejercicio de la acción de gobierno, son un derecho de la ciudadanía y, en este sentido, corresponde a los poderes públicos velar para que este derecho sea real y efectivo.
La mejora de la calidad democrática exige medidas que frenen la desafección y favorezcan que el vínculo entre poderes públicos y confianza de la ciudadanía se consolide y madure. Con este objetivo, los gobiernos más avanzados se dotan de medios materiales y legales y de valores y mecanismos que facilitan la buena manera de hacer, y el control de los responsables públicos.
En los últimos años, este posicionamiento se ha traducido en diferentes iniciativas gubernamentales, entre las que se hallan la publicación y el impulso de códigos éticos basados en los mejores ejemplos de austeridad y honestidad, y también de transparencia y responsabilidad, de las diferentes organizaciones públicas y privadas.
En nuestra CC. AA., sin embargo, a pesar de algunos avances en las reformas en lo que va de legislatura en materias de transparencia y regeneración democrática, creemos que estas siguen siendo insuficientes, y esto se lo hemos dicho con nuestras aportaciones importantes proponiendo avances reales en estas materias a algunas leyes, que se podían haber aprobado en este parlamento con un importante respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, y que finalmente al querer imponer el Partido Popular sus planteamientos, han logrado que esas nuevas leyes hayan nacido sin consenso, y sólo con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos, de las que destacamos dos:
• Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
• Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes (Ley del Chivato).
Tras la aprobación de estas leyes en nuestra comunidad autónoma se ha demostrado que ambas son insuficientes para atajar los innumerables casos de corrupción que siguen aflorando y afectando al Partido Popular, dañando seriamente a la credibilidad de las instituciones. Por eso, hemos de luchar contra esa lacra que es la corrupción, con todas las armas democráticas POSIBLES, pero para ello hay que tener voluntad política, y desde el PSOE consideramos que el Partido Popular, que sustenta al gobierno de esta comunidad autónoma, no está haciendo todo lo posible, que podría hacer mucho más, pues a pesar de esa agenda de medidas para la regeneración que anunció el Presidente Herrera en su Investidura, no vemos medidas CONTUNDENTES, EFECTIVAS y de EXCEPCIÓN en ese sentido.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que en el plazo de 6 meses desde la aprobación de esta PNL, la Consejería de Presidencia presente un proyecto de Ley en la sede parlamentaria de las Cortes de Castilla y León, que tenga por objeto: 'La Creación de la Oficina de Lucha Contra la Corrupción', cuyo objetivo será prevenir e investigar posibles casos de uso o de destino fraudulento de fondos públicos o de cualquier aprovechamiento ilícito".
Valladolid, 17 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Luis Briones Martínez,
Gloria María Acevedo Rodríguez,
Ana María Muñoz de la Peña González,
Virginia Barcones Sanz y
José Ignacio Martín Benito
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/001884-01
CVE="BOCCL-09-023088"