PNL/001890-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001860 a PNL/001904.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de febrero de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, M.ª Belén Rosado Diago, David Castaño Sequeros, José Ignacio Delgado Palacios y Luis Fuentes Rodríguez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión:

La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 en su artículo 27, el Real Decreto Legislativo 1/2013 de la Ley General de los Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social en sus principios (artículo 3) y en su capítulo VI, así como el resto de normativas autonómicas, reconocen la importancia del empleo para la inclusión social y la autonomía personal y el derecho al trabajo de las personas con Discapacidad.

Las personas con Discapacidad por clara discriminación por sus circunstancias personales tienen más complicado encontrar trabajo debido a distintos motivos entre otros: la falta de accesibilidad a los centros de trabajo o la movilidad del domicilio al puesto de trabajo, los prejuicios que hay sobre las personas con discapacidad, donde la mayoría de las veces tienen que demostrar que su discapacidad no es un impedimento para desarrollar su puesto de trabajo, el bajo nivel formativo que poseen en algunos por la ausencia de programas formativos adecuados a sus capacidades, lo que les impiden ser competitivos.

Según los últimos datos obtenidos de INE sobre la tasa de paro y empleo de personas con discapacidad, podemos observar que en el año 2016 oficialmente se encontraban registradas un total de 1.840.700 personas entre 16 y 64 años con una discapacidad superior o igual al 33 % que representa el 6,1 % de la población española en edad laboral. En concreto, Castilla y León, en lo relativo a esta tasa de actividad en personas con discapacidad, se encuentra en la media, con un 33,9 %.

La tasa de paro en personas con discapacidad a nivel nacional está alrededor del 28,6 %, siendo 28,1 % hombres y de 29,3 % mujeres, lo que supone una tasa de paro 9,1 puntos superior a la de la población sin discapacidad.

La tasa de actividad en personas con discapacidad era del 35,2 %, 42,8 puntos inferior a la de las personas sin discapacidad.

En cuanto al paro, en la población con discapacidad había mayor porcentaje de hombres, de personas de 45 a 64 años y de desempleados con estudios primarios en comparación con los desempleados sin discapacidad. Por el contrario, había menor representación de parados con estudios superiores y de personas de 16 a 24 años. Para nuestra comunidad, los datos sobre la tasa de paro entre personas con discapacidad señalan que un 30 % de los mismos no cuenta actualmente con un empleo.

Con respecto a los datos de ocupación de las 462.000 personas con discapacidad ocupadas, un 88 % son asalariados y un 12 % trabajadores por cuenta propia y es el sector servicios el que acoge el mayor número de personas con discapacidad con un 81,7 %, las personas con discapacidad auditiva presentan las mayores tasas de actividad con 61,3 % y las personas con deficiencia mental la menor con un 27,7 %.

Los datos de INE del 2016, publicados el 1 de diciembre, revelan que, si bien hay una ligera mejoría con respecto al 2015, sigue habiendo una clara discriminación y existe una falta de compromiso real por parte de las distintas administraciones para potenciar y favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad y fomentar su autonomía personal, puesto que podemos observar que no se diseñan planes coordinados entre administraciones que fomente el empleo de las personas con discapacidad.

Desde Ciudadanos pensamos que la inclusión laboral de las personas con discapacidad es piedra angular de la accesibilidad universal.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Elaborar análisis de la situación actual de las personas con discapacidad que incluya un estudio en profundidad de las personas que se encuentran inactivas para posteriormente marcar estrategias coordinadas con las distintas organizaciones representativas de la discapacidad para impulsar medidas específicas que solventen cada una de las situaciones presentadas, actualizando el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2016-2020.

2. Instar al Gobierno Central a fomentar el empleo en la empresa ordinaria mejorando los incentivos por contratación de personas con discapacidad, el empleo con apoyo y el empleo por cuenta propia.

3. Desarrollar y llevar a efecto un plan de ayudas a los Centros Especiales de Empleo y a las empresas ordinarias para el trabajo con apoyo.

4. Instar al Gobierno Central a la negociación con las certificadoras de calidad como AENOR para que el cumplimiento del cupo de reserva para personas con discapacidad esté cubierto y sea requisito para la certificación.

5. Restablecer líneas presupuestarias diferenciadas para la financiación de los servicios de empleo encargados de la inserción laboral de personas con discapacidad.

6. Incrementar recursos destinados a las políticas activas/activación de empleo de personas con discapacidad, intensificando, además, las medidas de acción positiva a favor de las mujeres con discapacidad, los mayores de 45 años, los jóvenes y de las personas con discapacidad que se encuentran con más dificultades para acceder al mercado de trabajo.

7. Instar al Gobierno de la Nación a revisar los criterios de distribución territorial del presupuesto de políticas activas de empleo en el marco de los Planes Anuales de Empleo, primando el cumplimiento de objetivos en esta materia, de manera que se puedan atender adecuadamente en todas las CC. AA. las distintas políticas activas dirigidas a las personas con discapacidad.

8. Elaborar planes de formación que mejoren la autonomía de las personas con discapacidad y faciliten su empleabilidad, asegurando también la continuidad en los itinerarios formativos hacia niveles superiores (los datos reflejan que, a mayor formación, más empleo).

9. Regular la asimilación de las personas con capacidad intelectual límite, que no alcanzan el grado del 33 % de discapacidad, a aquellas que tienen reconocido un 33 % o más a efectos de acceso al marco de incentivos, apoyos, ayudas y bonificaciones para el empleo de las personas con discapacidad.

10. Instar al Gobierno de la Nación a impulsar una ley estatal de emprendedores sociales que establezca un marco ambicioso de regulación, apoyos e incentivos para la creación de empresas de iniciativa social.

En Valladolid, a 19 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,

María Belén Rosado Diago,

David Castaño Sequeros y

José Ignacio Delgado Palacios

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez