PNL/001907-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001906 a PNL/001908.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en el Pleno:

ANTECEDENTES

La reciente Orden FAM/6/2018, de 11 de enero, por la que se regulan las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales, viene a ser una actualización para la regulación de las prestaciones de dependencia en nuestra Comunidad Autónoma.

En ella se detallan el tipo de servicios y prestaciones a los que pueden acogerse los y las dependientes y sus familias y las características de los cuidados en el entorno familiar en desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

En Castilla y León una de las cuestiones novedosas frente a la legislación estatal es la de la prestación vinculada al servicio, lo que determina que un porcentaje menor de personas y familias se acoja a los cuidados en el entorno familiar. Sin embargo, para las personas que están en el medio rural, sobre todo las muy alejadas de capitales de provincia o núcleos de población mayores, las prestaciones vinculadas a servicio no siempre parecen ser la mejor opción puesto que determinados servicios no existen en las entidades menores (centros de día, centros residenciales o servicios de promoción de la autonomía personal, siendo estos últimos los merecedores de una atención especial en esta problemática). No se trata de potenciar en el medio rural, sin embargo, los cuidados familiares como única opción, sino de desarrollar distintos criterios a una distinta realidad para compensar la situación de desigualdad inicial.

También recientemente, en febrero de 2017, la Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia de Prevención de la Dependencia para personas mayores y de promoción del envejecimiento activo en Castilla y León 2017-2021. En ella se desarrollan los ejes estratégicos para la prevención de la dependencia. Se pone de manifiesto la expansión que en el medio rural tienen los programas de envejecimiento activo, que, sin embargo, sólo llegan al 58 % de los municipios de la Comunidad debido, evidentemente, al gran porcentaje de municipios de muy pocos habitantes que tenemos en todo nuestro territorio.

Es evidente que una Comunidad como Castilla y León precisa desarrollar algunas cuestiones no previstas por la legislación estatal en relación a cómo establecer los servicios en una realidad demográfica dispersa y con grandes distancias. Y es que la realidad es que para las personas con dependencia que viven en el medio rural no se pueden utilizar los mismos criterios que para las que viven en el medio urbano o semiurbano que sí se dota de una serie de prestaciones y de programas de envejecimiento activo. Vivir en el medio rural y tener dependencia significa unos costes de tiempo, de dinero y de sacrificio familiar mayor si aún cabe que el que ya se tiene en el medio urbano.

Ya que la legislación estatal no contempla esta especificidad del medio rural en la prestación de servicios de dependencia, la Comunidad Autónoma, que tiene plenas competencias para ello, debe incluir como una circunstancia especial el hecho de vivir en el medio rural en una situación de dependencia y, por otro lado, garantizar que, si no se pueden llevar los programas de envejecimiento activo a todo el medio rural, las personas mayores que quieran puedan acceder a él en igualdad de condiciones.

No olvidemos que la mejora de las prestaciones y servicios en el medio rural es sinónimo de mantenimiento de la población, por lo que los beneficios de mejorar esta situación impactarían también de manera positiva en la cuestión de la despoblación a la que se enfrenta nuestra Comunidad.

Por todo presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Establecer criterios específicos, estudiando su incorporación a la Orden FAM/6/2018, de 11 de enero, por la que se regulan las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales si fuera preciso, para que las personas dependientes que viven en poblaciones del medio rural sin acceso a los servicios que se mencionan perciban una mayor cuantía en las prestaciones vinculadas a servicio en cuanto a plazas residenciales, plazas en centros de día o noche y servicios de promoción para la autonomía personal, con especial incidencia en esta última.

2. Estudiar las necesidades específicas que las personas con dependencia del medio rural puedan tener, en relación a movilidad, estimulación cognitiva, acceso a servicios o habilitación psicosocial entre otros, que presentan mayores dificultades en este entorno e implantar un plan de medidas correctoras para el mismo.

3. Integrar un plan de transporte a demanda para que las personas mayores del medio rural donde no existan programas de envejecimiento activo puedan acceder a los más próximos y desarrollar dichos planes en relación a las preferencias en participación con los municipios.

Valladolid, 5 de febrero de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos