PNL/001908-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001906 a PNL/001908.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley para su debate y votación en el Pleno.

ANTECEDENTES

De acuerdo con el art. 71.1.16.º de nuestro Estatuto de Autonomía, Castilla y León tiene competencias legislativas y ejecutivas en materia de protección civil, "incluyendo en todo caso la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la coordinación y formación de los servicios de protección civil, entre ellos los de prevención y extinción de incendios".

Los servicios de prevención y extinción de incendios de Castilla y León adolecen de numerosos problemas. Varias organizaciones profesionales del sector han denunciado reiteradamente la falta de medios personales y materiales para hacer frente a las labores de extinción. El actual régimen dual, articulado en torno a los servicios municipales obligatorios en los grandes municipios y la actuación residual de las diputaciones provinciales, no responde satisfactoriamente a la singularidad geográfica de Castilla y León y, en particular, redunda en una deficiente atención a los pequeños municipios.

La organización de los servicios de prevención y extinción de incendios de nuestra Comunidad se caracteriza por una excesiva fragmentación de las modalidades de prestación. Por un lado, la privatización de algunos servicios y el recurso abusivo al voluntariado merman la cohesión del sistema y precarizan las condiciones de trabajo del personal. Por otro, Castilla y León carece de un instrumento de ordenación que evite la rígida compartimentación de los servicios de prevención y extinción de los incendios urbanos y forestales.

Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, dispone en su artículo 40.1 que la Junta de Castilla y León regulará "la estructura, el funcionamiento y la organización de los servicios de prevención, extinción y salvamento, así como cuantas cuestiones resulten necesarias para su adecuación al sistema de protección ciudadana". El apartado segundo de este artículo prevé que la Junta "ejercerá la coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, a través del establecimiento de un estatuto para dichos servicios en Castilla y León, el cual tendrá el carácter de plan sectorial y contendrá los criterios de actuación, los objetivos y prioridades y, en su caso, los instrumentos orgánicos, funcionales y financieros adecuados y necesarios para una prestación homogénea de este servicio a los ciudadanos de la Comunidad". Sin embargo, no existe constancia de la creación de este estatuto y nuestra Comunidad carece de una política pública eficaz en materia de prevención y extinción de incendios.

En efecto, la experiencia acumulada y la amplia extensión superficial de nuestra Comunidad requieren una política pública autonómica, específica e integral que promueva la coordinación y cooperación administrativas. La especificidad territorial de Castilla y León suscita la necesidad de implementar un servicio de prevención y extinción de incendios a escala comarcal. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León prevé un modelo de ordenación territorial de índole comarcal al reconocer la comarca como ente local y posible circunscripción administrativa de la Junta de Castilla y León.

La implementación de una Red Autonómica de Parques de Bomberos con base comarcal permitirá incrementar la cohesión del sistema de prevención y extinción de incendios en nuestra Comunidad y, en particular, atender las emergencias de los pequeños municipios con mayor eficacia y celeridad.

En definitiva, para lograr una mayor eficacia en la prevención y extinción de incendios, la Comunidad de Castilla y León ha de ejercer sus competencias en la materia. Previo diálogo con las organizaciones y plataformas de bomberos, la Junta de Castilla y León debe establecer un régimen jurídico de los servicios de prevención y extinción de incendios que se adapte a las necesidades técnicas, profesionales y territoriales, que configure un estatuto autonómico del bombero y que permita implementar una red autonómica de parques de bomberos con base comarcal.

Por todo presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.º Crear y regular una Red Autonómica de Parques de Bomberos con base comarcal, dotándola de la infraestructura, presupuesto y personal suficientes para el desarrollo de sus fines y de los mecanismos organizativos necesarios de dirección y coordinación.

2.º Crear y regular el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con salvaguarda de las situaciones de los actuales empleados públicos que se adscriban al mismo y con el objetivo de incrementar progresivamente el personal.

3.º Mantener un diálogo permanente con las plataformas y organizaciones representativas de los bomberos de Castilla y León para la óptima implementación de las anteriores iniciativas.

Valladolid, 9 de febrero de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos