4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008213-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En los últimos meses se han ido sucediendo una serie de sentencias del Juzgado de lo Social de Valladolid, en las que, estimando la existencia de una cesión ilegal de trabajadores a la Junta de Castilla y León, condenan a ésta por despido improcedente. Dicha situación se habría producido en la Dirección General de Transportes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Las sentencias imponen, de forma alternativa, la readmisión de los trabajadores afectados o el abono de las indemnizaciones que se señalan en cada caso.
Esta situación se inicia cuando una serie de trabajadores pasan a prestar servicios de consultoría y asistencia técnica a la Consejería a través de contratos administrativos, dándose de alta como trabajadores autónomos a tal fin. Esto ocurre en torno al año 2000, sucediéndose para cada trabajador distintos contratos. Estos contratos iban siendo encadenados sin solución de continuidad y su objeto era siempre bastante indefinido si bien en esencia coincidente.
En 2007, a instancias de la propia Junta de Castilla y León y por las dificultades legales que planteaban los contratos administrativos que realizaba, los trabajadores afectados constituyen una empresa Consultoría y Logística Castellano Leonesa 2000, S. L. (CONLOCAL), para prestar sus servicios a través de la misma. Esta empresa contrata sus servicios con la Junta en 2007 hasta marzo de 2011 y posteriormente desde mayo de 2011 hasta el 5 de mayo de 2017.
Así, los mismos trabajadores que en principio prestaban sus servicios como autónomos en el año 2000, seguían prestando los mismos servicios a la Consejería de Fomento hasta mayo de 2017. Los servicios que prestaban estos trabajadores no eran distintos a los que prestaban los funcionarios públicos destinados en la Dirección General de Transportes. En estas circunstancias el Juzgado de lo Social, en diversas sentencias, considera que en las relaciones de CONLOCAL con la Junta de Castilla y León se ha producido una cesión ilegal de trabajadores.
Ahora, y de acuerdo con los criterios del Juzgado de lo Social, sólo quedan dos opciones: la readmisión como personal laboral o la indemnización por despido.
Por este motivo, se formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos han sido los trabajadores afectados por sentencias que consideraban que se había producido una cesión ilegal de trabajadores en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente durante los años 2017 y 2018?
¿Por qué motivos utilizó la Junta de Castilla y León este sistema de contratación administrativa, encadenando contratos y luego contratando a los mismos trabajadores a través de una empresa habida cuenta de que era un evidente fraude de Ley?
¿A cuánto han ascendido las indemnizaciones por despido señaladas por los Juzgados de lo Social como consecuencia de estas reclamaciones?
¿Qué cantidades han sido abonadas como consecuencia de estas indemnizaciones?
¿Se ha acordado en algún caso la readmisión de alguno de los trabajadores afectados?
Valladolid, 2 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
PE/008213-01
CVE="BOCCL-09-023949"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 50698-50699
BOCCL nº 379/9 del 28/2/2018
CVE: BOCCL-09-023949
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008213-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a diversas cuestiones sobre las condenas a la Junta de Castilla y León por despido improcedente, al reconocer, una serie de sentencias del Juzgado de lo Social de Valladolid, la existencia de una cesión ilegal de trabajadores en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008162 a PE/008346.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En los últimos meses se han ido sucediendo una serie de sentencias del Juzgado de lo Social de Valladolid, en las que, estimando la existencia de una cesión ilegal de trabajadores a la Junta de Castilla y León, condenan a ésta por despido improcedente. Dicha situación se habría producido en la Dirección General de Transportes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Las sentencias imponen, de forma alternativa, la readmisión de los trabajadores afectados o el abono de las indemnizaciones que se señalan en cada caso.
Esta situación se inicia cuando una serie de trabajadores pasan a prestar servicios de consultoría y asistencia técnica a la Consejería a través de contratos administrativos, dándose de alta como trabajadores autónomos a tal fin. Esto ocurre en torno al año 2000, sucediéndose para cada trabajador distintos contratos. Estos contratos iban siendo encadenados sin solución de continuidad y su objeto era siempre bastante indefinido si bien en esencia coincidente.
En 2007, a instancias de la propia Junta de Castilla y León y por las dificultades legales que planteaban los contratos administrativos que realizaba, los trabajadores afectados constituyen una empresa Consultoría y Logística Castellano Leonesa 2000, S. L. (CONLOCAL), para prestar sus servicios a través de la misma. Esta empresa contrata sus servicios con la Junta en 2007 hasta marzo de 2011 y posteriormente desde mayo de 2011 hasta el 5 de mayo de 2017.
Así, los mismos trabajadores que en principio prestaban sus servicios como autónomos en el año 2000, seguían prestando los mismos servicios a la Consejería de Fomento hasta mayo de 2017. Los servicios que prestaban estos trabajadores no eran distintos a los que prestaban los funcionarios públicos destinados en la Dirección General de Transportes. En estas circunstancias el Juzgado de lo Social, en diversas sentencias, considera que en las relaciones de CONLOCAL con la Junta de Castilla y León se ha producido una cesión ilegal de trabajadores.
Ahora, y de acuerdo con los criterios del Juzgado de lo Social, sólo quedan dos opciones: la readmisión como personal laboral o la indemnización por despido.
Por este motivo, se formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuántos han sido los trabajadores afectados por sentencias que consideraban que se había producido una cesión ilegal de trabajadores en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente durante los años 2017 y 2018?
¿Por qué motivos utilizó la Junta de Castilla y León este sistema de contratación administrativa, encadenando contratos y luego contratando a los mismos trabajadores a través de una empresa habida cuenta de que era un evidente fraude de Ley?
¿A cuánto han ascendido las indemnizaciones por despido señaladas por los Juzgados de lo Social como consecuencia de estas reclamaciones?
¿Qué cantidades han sido abonadas como consecuencia de estas indemnizaciones?
¿Se ha acordado en algún caso la readmisión de alguno de los trabajadores afectados?
Valladolid, 2 de febrero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
PE/008213-01
CVE="BOCCL-09-023949"
