PNL/001943-01











4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/001943-01


Sumario:

Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a reclamar del Gobierno de la Nación la adopción de medidas para la modificación del modelo laboral de nuestro país, para su tramitación ante el Pleno.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de marzo de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001942 a PNL/001944.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de marzo de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario CIUDADANOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El mercado de trabajo en nuestro país, y en especial en Castilla y León, continúa sin responder a la mejora de los índices macroeconómicos que, después de la crisis económica sufrida en los últimos años, no está canalizando los estímulos generados en el conjunto de la economía nacional y regional.

En esta situación, en la que el estancamiento del paro y la precarización de la oferta de trabajo son una constante, se exige una respuesta eficaz y global a la actual estructura del mercado de trabajo que ha quedado, a todas luces, obsoleta.

Las últimas cifras registradas en nuestra Comunidad son un claro exponente del fracaso de modelo laboral. Así, en Castilla y León, 9 de cada 10 contratos firmados el pasado mes de febrero han sido temporales y precarios, una tendencia acentuada en nuestro territorio y en otras Comunidades Autónomas. De hecho, en 2017, España registró una tasa del 90 % de temporalidad en la firma de nuevos contratos, una cifra nunca antes vista en el conjunto nacional.

En términos generales, la temporalidad del empleo se ha tornado en un círculo vicioso en el que la precariedad, los bajos sueldos (6 millones de españoles no llegan a cobrar el salario mínimo interprofesional) y la falta de perspectivas están lastrando el desarrollo profesional y personal de cientos de miles de personas.

Este problema se agrava si analizamos varios ámbitos. En primer lugar, en Castilla y León, de los 162.628 parados registrados en el último mes, un 10 % no ha tenido nunca un empleo. De ellos, 4.000 son mujeres mayores de 44 años que buscan activamente su primer puesto de trabajo, al igual que 7.000 jóvenes de menos de 30 años de nuestra Comunidad.

Por otro lado, el sector servicios continúa sin canalizar la demanda de empleo, convirtiéndose en el nicho con mayor número de parados, con 108.000 personas. La variación intermensual, con la creación de 700 nuevos contratos, es una clara muestra de que el tercer sector sigue estancado.

A esto se suma la constante pérdida de autónomos en Castilla y León. Solo en el mes de enero de 2018, 1.000 autónomos se vieron obligados a cerrar sus negocios en la Comunidad, una tendencia que sigue sin poder frenarse desde hace varios años.

En suma, los síntomas de los que adolece el sistema laboral actual son muestra del fracaso de las políticas en materia de empleo llevadas a cabo por los distintos Gobiernos Nacionales, incapaces de establecer un modelo que ofrezca verdaderas oportunidades de empleo y proteja a los trabajadores durante toda su vida laboral.

Las consecuencias de dicha inacción han provocado el debilitamiento del Estado del Bienestar y la garantía del futuro de las pensiones, que se ha puesto en grave riesgo a tenor de la caída sueldos y la falta de cotizantes a la Seguridad Social.

Por tanto, reformar el mercado laboral es ya la principal necesidad de nuestro país, como fórmula para la generación de oportunidades de empleo, riqueza y bienestar para el conjunto de la sociedad a través de un mercado de trabajo moderno, justo y eficiente.

Las medidas que impulsen esta necesaria reforma del sistema de trabajo deben acabar con la discriminación existente entre los contratos fijos y temporales que han socavado los derechos y las garantías de los trabajadores. De hecho, en el marco europeo, los países de nuestro entorno ya han apostado por un modelo de flexiseguridad que protege a los empleados y acaba con las distinciones que, en consonancia con la jurisprudencia europea, no pueden suponer un perjuicio para ellos.

Para ello, la relación de 40 tipos de contratos de trabajo es un evidente obstáculo para la búsqueda de un empleo, siendo necesaria una mayor simplicidad mediante la implantación de un contrato único, de carácter indefinido, que establezca 20 días de indemnización por despido (33 días en el caso de ser improcedente), beneficiando a los empleados y a las empresas contratantes.

Precisamente, en relación a las garantías sociales y la mejor previsión de los costes laborales de las empresas, los trabajadores deben contar con un sistema de aportaciones que la empresa realiza por su cotización a la Seguridad Social, mediante una cuenta en la que se acumule un seguro público adicional frente al desempleo, obteniendo así una "mochila de derechos" que les proteja en caso de cambio de trabajo.

Junto a ello, es necesario establecer una fórmula de incentivo y bonificación en la contratación de las empresas en sectores con una alta temporalidad, como el turismo o la agricultura, para que la búsqueda de nuevos trabajadores se vea impulsada mediante una rebaja de las cotizaciones más bajas, ajustándose a la estabilidad de sus plantillas y con el objetivo de reducir la "falsa temporalidad" en los nuevos contratos.

Por todo lo expuesto, el desarrollo socioeconómico de Castilla y León no puede verse limitado por un mercado de trabajo que está lastrando y minando el futuro de nuestra región. Un modelo que, desde hace años, se ha demostrado agotado y obsoleto y que no responde a la evolución de la economía, comprometiendo la prestación de derechos y servicios del Estado del Bienestar en los próximos años, así como la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra Comunidad.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1- Exigir al Gobierno de la Nación el establecimiento de un contrato laboral único, que termine con la dualidad en derechos laborales entre contratos temporales e indefinidos, simplificando la totalidad de los más de cuarenta contratos actuales y resumiéndolos en uno sólo, indefinido desde el primer momento, que iguale las indemnizaciones por despido a los actuales indefinidos y confiera estabilidad a nuestro mercado laboral.

2- Solicitar al Gobierno de la Nación la creación de una cuenta personal para cada trabajador en la que se acumulen cotizaciones, dotando de una bolsa de derechos acumulados, de la que el trabajador pueda disponer al cambiar de trabajo, o si no dispone de ella a lo largo de su vida laboral, pueda dotarla como complemento en el momento de la jubilación.

3- Reclamar al Gobierno de España abordar las medidas oportunas de políticas activas de empleo que atiendan y resuelvan la incidencia del desempleo en colectivos vulnerables que buscan su primer empleo o no han logrado su primer empleo, como jóvenes o mujeres mayores de 44 años.

4- Solicitar al Gobierno Central el establecimiento de un marco laboral que haga posible la generación de puestos de trabajo estables, indefinidos y de adecuadas bases de cotización que apuntalen y aseguren el futuro de nuestro sistema de pensiones público.

5- Exigir al Gobierno de la Nación la creación de un sistema de "bonus" que, atendiendo a las características específicas de cada sector, genere incentivos y bonificaciones para las empresas que menos despidan, fomentando de esa manera la estabilidad del mercado laboral.

En Valladolid, a 13 de marzo de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez


PNL/001943-01

CVE="BOCCL-09-024505"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 51471-51473
BOCCL nº 389/9 del 20/3/2018
CVE: BOCCL-09-024505

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001943-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a reclamar del Gobierno de la Nación la adopción de medidas para la modificación del modelo laboral de nuestro país, para su tramitación ante el Pleno.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de marzo de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001942 a PNL/001944.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de marzo de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario CIUDADANOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El mercado de trabajo en nuestro país, y en especial en Castilla y León, continúa sin responder a la mejora de los índices macroeconómicos que, después de la crisis económica sufrida en los últimos años, no está canalizando los estímulos generados en el conjunto de la economía nacional y regional.

En esta situación, en la que el estancamiento del paro y la precarización de la oferta de trabajo son una constante, se exige una respuesta eficaz y global a la actual estructura del mercado de trabajo que ha quedado, a todas luces, obsoleta.

Las últimas cifras registradas en nuestra Comunidad son un claro exponente del fracaso de modelo laboral. Así, en Castilla y León, 9 de cada 10 contratos firmados el pasado mes de febrero han sido temporales y precarios, una tendencia acentuada en nuestro territorio y en otras Comunidades Autónomas. De hecho, en 2017, España registró una tasa del 90 % de temporalidad en la firma de nuevos contratos, una cifra nunca antes vista en el conjunto nacional.

En términos generales, la temporalidad del empleo se ha tornado en un círculo vicioso en el que la precariedad, los bajos sueldos (6 millones de españoles no llegan a cobrar el salario mínimo interprofesional) y la falta de perspectivas están lastrando el desarrollo profesional y personal de cientos de miles de personas.

Este problema se agrava si analizamos varios ámbitos. En primer lugar, en Castilla y León, de los 162.628 parados registrados en el último mes, un 10 % no ha tenido nunca un empleo. De ellos, 4.000 son mujeres mayores de 44 años que buscan activamente su primer puesto de trabajo, al igual que 7.000 jóvenes de menos de 30 años de nuestra Comunidad.

Por otro lado, el sector servicios continúa sin canalizar la demanda de empleo, convirtiéndose en el nicho con mayor número de parados, con 108.000 personas. La variación intermensual, con la creación de 700 nuevos contratos, es una clara muestra de que el tercer sector sigue estancado.

A esto se suma la constante pérdida de autónomos en Castilla y León. Solo en el mes de enero de 2018, 1.000 autónomos se vieron obligados a cerrar sus negocios en la Comunidad, una tendencia que sigue sin poder frenarse desde hace varios años.

En suma, los síntomas de los que adolece el sistema laboral actual son muestra del fracaso de las políticas en materia de empleo llevadas a cabo por los distintos Gobiernos Nacionales, incapaces de establecer un modelo que ofrezca verdaderas oportunidades de empleo y proteja a los trabajadores durante toda su vida laboral.

Las consecuencias de dicha inacción han provocado el debilitamiento del Estado del Bienestar y la garantía del futuro de las pensiones, que se ha puesto en grave riesgo a tenor de la caída sueldos y la falta de cotizantes a la Seguridad Social.

Por tanto, reformar el mercado laboral es ya la principal necesidad de nuestro país, como fórmula para la generación de oportunidades de empleo, riqueza y bienestar para el conjunto de la sociedad a través de un mercado de trabajo moderno, justo y eficiente.

Las medidas que impulsen esta necesaria reforma del sistema de trabajo deben acabar con la discriminación existente entre los contratos fijos y temporales que han socavado los derechos y las garantías de los trabajadores. De hecho, en el marco europeo, los países de nuestro entorno ya han apostado por un modelo de flexiseguridad que protege a los empleados y acaba con las distinciones que, en consonancia con la jurisprudencia europea, no pueden suponer un perjuicio para ellos.

Para ello, la relación de 40 tipos de contratos de trabajo es un evidente obstáculo para la búsqueda de un empleo, siendo necesaria una mayor simplicidad mediante la implantación de un contrato único, de carácter indefinido, que establezca 20 días de indemnización por despido (33 días en el caso de ser improcedente), beneficiando a los empleados y a las empresas contratantes.

Precisamente, en relación a las garantías sociales y la mejor previsión de los costes laborales de las empresas, los trabajadores deben contar con un sistema de aportaciones que la empresa realiza por su cotización a la Seguridad Social, mediante una cuenta en la que se acumule un seguro público adicional frente al desempleo, obteniendo así una "mochila de derechos" que les proteja en caso de cambio de trabajo.

Junto a ello, es necesario establecer una fórmula de incentivo y bonificación en la contratación de las empresas en sectores con una alta temporalidad, como el turismo o la agricultura, para que la búsqueda de nuevos trabajadores se vea impulsada mediante una rebaja de las cotizaciones más bajas, ajustándose a la estabilidad de sus plantillas y con el objetivo de reducir la "falsa temporalidad" en los nuevos contratos.

Por todo lo expuesto, el desarrollo socioeconómico de Castilla y León no puede verse limitado por un mercado de trabajo que está lastrando y minando el futuro de nuestra región. Un modelo que, desde hace años, se ha demostrado agotado y obsoleto y que no responde a la evolución de la economía, comprometiendo la prestación de derechos y servicios del Estado del Bienestar en los próximos años, así como la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra Comunidad.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1- Exigir al Gobierno de la Nación el establecimiento de un contrato laboral único, que termine con la dualidad en derechos laborales entre contratos temporales e indefinidos, simplificando la totalidad de los más de cuarenta contratos actuales y resumiéndolos en uno sólo, indefinido desde el primer momento, que iguale las indemnizaciones por despido a los actuales indefinidos y confiera estabilidad a nuestro mercado laboral.

2- Solicitar al Gobierno de la Nación la creación de una cuenta personal para cada trabajador en la que se acumulen cotizaciones, dotando de una bolsa de derechos acumulados, de la que el trabajador pueda disponer al cambiar de trabajo, o si no dispone de ella a lo largo de su vida laboral, pueda dotarla como complemento en el momento de la jubilación.

3- Reclamar al Gobierno de España abordar las medidas oportunas de políticas activas de empleo que atiendan y resuelvan la incidencia del desempleo en colectivos vulnerables que buscan su primer empleo o no han logrado su primer empleo, como jóvenes o mujeres mayores de 44 años.

4- Solicitar al Gobierno Central el establecimiento de un marco laboral que haga posible la generación de puestos de trabajo estables, indefinidos y de adecuadas bases de cotización que apuntalen y aseguren el futuro de nuestro sistema de pensiones público.

5- Exigir al Gobierno de la Nación la creación de un sistema de "bonus" que, atendiendo a las características específicas de cada sector, genere incentivos y bonificaciones para las empresas que menos despidan, fomentando de esa manera la estabilidad del mercado laboral.

En Valladolid, a 13 de marzo de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez


PNL/001943-01

CVE="BOCCL-09-024505"



Sede de las Cortes de Castilla y León