PNL/002016-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de abril de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002014 a PNL/002017.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de abril de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

Este año con motivo del Día Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud se plantea como objetivo la cobertura sanitaria universal para todas las personas, en cualquier lugar, bajo el lema "La salud para todos".

Con este fin, la OMS recuerda a los líderes mundiales que respeten los compromisos que contrajeron cuando acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, y les insta a que se comprometan a adoptar medidas concretas para promover la salud de todas las personas. Ello significa garantizar que todas las personas, en cualquier lugar, puedan tener acceso a servicios de salud esenciales y de calidad sin tener que pasar apuros económicos.

El Grupo Parlamentario Socialista comparte plenamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y el objetivo planteado de protección universal de la salud y que alcanza a todos los países y, por tanto, afecta tanto a las políticas sanitarias que deben desarrollarse en nuestra Comunidad Autónoma, como en España, como en cualquier país del mundo.

La protección de salud, como derecho social, se incluye en el nuevo concepto de los Derechos Humanos de la Declaración de Naciones Unidas y es inherente a la dignidad humana. Por tanto, debe proteger a todas las personas. Es conocido que en los países donde este derecho es efectivo con carácter universal, las sociedades se benefician de una mayor cohesión y alcanza una mejor salud colectiva, promoviendo además mayores cotas de salud individual y fomentando la dignidad humana. Así, los sistemas sanitarios universales son más eficientes económicamente y generan más salud y equidad que aquellos que no tienen establecido este derecho de manera universal. En definitiva, supone una eficaz inversión social para los Estados.

La protección de la salud, el acceso a cuidados esenciales y de calidad y el desarrollo de la salud comunitaria no solo mejora la salud de las personas y su esperanza de vida, sino que también protege a los países de las epidemias; reduce la pobreza y el riesgo de padecer hambre; crea empleos; impulsa el crecimiento y la prosperidad económica, a la vez que constituye una base importante para promover la igualdad de género.

En España, con la Ley General de Sanidad de 1986 se inicia la construcción del Sistema Nacional de Salud con una cobertura universal del derecho a la atención sanitaria y a la protección de la salud, consolidado en la Ley de Salud Pública de 2011. Ello contribuyó de manera decisiva a disponer de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo desarrollado con buenos indicadores de salud y niveles más que aceptables de equidad. Con unos servicios sanitarios muy bien valorados por las personas usuarias y un activo fundamental para el bienestar, a juicio de la ciudadanía, se ha configurado como uno de los mejores activos de nuestro país.

Pero desde 2012 con el Real Decreto Ley 16/2012, el Gobierno de Rajoy cambió la naturaleza de este sistema, modificó el derecho al acceso de tal forma que desde entonces sólo se tiene derecho a la asistencia sanitaria cuando las personas ostenten la condición de asegurados, suprimiendo así el derecho de acceso universal por condición de ciudadanía. De esta forma, se excluyeron de este derecho a centenares de miles de personas.

Los servicios de salud de las Comunidades Autónomas son los responsables de la gestión de la asistencia sanitaria, por tanto, donde se concentran los impactos de los cambios de modelo y los recortes, introducidos por este RDL.

La exclusión de una parte de la población del derecho a la atención sanitaria y a la protección de la salud supone un atentado al derecho protegido en nuestra Constitución, perjudica a quienes son excluidos y además es una medida que genera costes innecesarios al conjunto del sistema y a la sociedad en general.

Para recuperar el derecho universal, la calidad de los servicios y afrontar los desafíos futuros del Sistema Nacional de Salud, es imprescindible la derogación del citado Real Decreto Ley.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.- Dirigirse al Gobierno de la Nación para que lleve a cabo las medidas necesarias para la recuperación de la cobertura universal del derecho a la atención sanitaria, mediante:

a- La derogación del "RDL 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones".

b- La retirada de todos los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional contra las decisiones de las Comunidades Autónomas que han introducido normas para asegurar la asistencia sanitaria a las personas excluidas del derecho.

2.- Dirigirse al Gobierno de la Nación para que lleve a cabo las medidas necesarias para garantizar la suficiencia financiera de los Servicios de Salud asegurando la calidad homogénea y la equidad en todo el territorio, mediante:

a- Convocatoria de una sesión monográfica en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud para abordar las necesidades de financiación sanitaria.

b- Revisar el Sistema de Financiación Autonómica, que proporcione los recursos suficientes para revertir los recortes, asegurar la calidad, la equidad y las respuestas a los desafíos del Sistema Nacional de Salud, mediante la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Valladolid, 11 de abril de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández