PNL/002030-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de mayo de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002029 a PNL/002064.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de mayo de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo, Natalia del Barrio Jiménez y María Josefa Rodríguez Tobal, Procuradoras pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión que corresponda:

ANTECEDENTES

La Agenda para la Igualdad 2020 contiene en el Área 3 especificaciones sobre políticas de igualdad en el medio rural. Medidas que pasan por el apoyo al emprendimiento femenino, el fomento de la titularidad compartida o el asociacionismo de mujeres.

Sin embargo, hay elementos de los que carece dicho Área, como la formación, la sensibilización en materia de violencia de género o el desarrollo de políticas transversales (sociales, sanitarias y culturales, por ejemplo) imbricadas en el medio rural. La situación es que no se han cruzado los elementos "igualdad" y "medio rural" sino que se han desarrollado una serie de objetivos en el medio rural en este ámbito sin que se tenga en cuenta cómo determinadas políticas de igualdad se van a implantar en las poblaciones menores (en aquellas donde no hay capacidad para tener especialistas en igualdad, para desarrollar un plan de igualdad, para establecer formación en violencia de género, etc.).

Al margen de las carencias que pueda tener la Agenda para la Igualdad 2020 que ha sido recientemente aprobada y por tanto aún no pueden evaluarse sus resultados (tampoco creemos, a tenor de las acciones pasadas, que la Junta de Castilla y León vaya a hacerlo) sí es cierto que hasta el día de hoy hay una serie de problemáticas para implantar políticas de igualdad en las entidades menores y que, si bien son estas las que tienen competencias para desarrollar algunas de esas políticas, la mayoría son competencia de la Junta de Castilla y León.

En primer lugar, son las entidades y asociaciones del medio rural las que realizan las actuaciones de sensibilización, talleres, jornadas de igualdad, etc. La Junta de Castilla y León no aporta personal propio ni gestión de dichas actuaciones. Por otro lado, los 56.000 euros otorgados a dichas entidades para estas cuestiones en los dos últimos años son claramente insuficientes a repartir entre varias entidades, provincias y cientos de entidades menores. Manteniendo esa colaboración con las entidades del medio rural, la Junta de Castilla y León debe hacer un esfuerzo para que se extiendan este tipo de acciones y debe hacerlo aportando recursos propios.

En segundo lugar, la implantación del "Objetivo Violencia Cero" no sugiere grandes cambios a la hora de la colaboración en esta cuestión con corporaciones locales. Las entidades locales organizan y gestionan a través de sus Consejos de Mujer múltiples acciones sobre violencia de género, pero sin directrices comunes por parte de quien tiene las competencias, que es en este caso la Dirección General de la Mujer. Por otro lado, aquellas entidades de menos de 1.000 habitantes no pueden asumir ese trabajo, sin que las Diputaciones Provinciales lo asuman tampoco. En conclusión, existe un vacío para el desarrollo de políticas de igualdad que no asume ninguna administración pública y, por otro lado, el "Objetivo Violencia Cero" no se aplica correctamente en la totalidad del territorio.

En tercer lugar, las ayudas y subvenciones de la Junta de Castilla y León para políticas de igualdad en las entidades locales, como la contratación de agentes de igualdad, debe ser revisada al no ser suficientes las horas de contratación o los criterios para la misma. Entre otras cuestiones, exigir únicamente la formación como agente de igualdad hace que a veces no se encuentre quien cubra ese puesto, cuando en nuestra Comunidad Autónoma existen diversos máster y posgrados que pueden ejercer dicha función. También deberían establecerse una serie de ayudas a entidades menores que no pueden desarrollar por sí mismas políticas de igualdad debido a su tamaño.

Por último, debería desarrollarse una coordinación entre instancias (Dirección General de la Mujer, municipios mayores de 20.000 habitantes, municipios menores de 20.000 habitantes y, con ellos, Diputaciones) para lograr implantar políticas de igualdad en todo el territorio sin que exista desigualdad poblacional por el tamaño de la entidad en que se viva.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a

1. Mantener la colaboración con las entidades y asociaciones de mujeres del medio rural aumentando su financiación en el próximo ejercicio presupuestario para la realización de actuaciones en materia de igualdad en el medio rural y aumentar a su vez los medios humanos, presupuestarios y materiales propios de la Junta de Castilla y León para realizar de forma coordinada y extendida a todo el territorio dichas acciones.

2. Establecer, dirigido y gestionado por la Dirección General de la Mujer, acciones conjuntas y coordinadas en materia de violencias machistas e igualdad que impliquen a las entidades locales y Diputaciones para una correcta aplicación del plan "Objetivo Violencia Cero" y para un desarrollo igualitario y homogéneo en todo el territorio de las políticas de igualdad.

3. Aumentar la colaboración con las entidades locales y Diputaciones en materia de ayudas y subvenciones para el desarrollo de políticas de igualdad en aquellos municipios donde no se puedan desarrollar por falta de medios propios.

4. Ampliar los criterios en la contratación de agentes de igualdad en entidades locales en cuanto a la formación requerida, además de ampliar el número de horas del contrato evitando la parcialidad y temporalidad.

5. Fomentar, en el marco de las competencias autonómicas, la adhesión de las entidades locales a la Red de municipios sin violencia de género para lograr que la totalidad de municipios de Castilla y León estén integrados en la misma al finalizar la legislatura".

Valladolid, 16 de abril de 2018.

LAS PROCURADORAS,

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo,

Natalia del Barrio Jiménez y

María Josefa Rodríguez Tobal

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos