PNL/002044-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de mayo de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002029 a PNL/002064.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de mayo de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Jesús Guerrero Arroyo, Ana M.ª Agudíez Calvo, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Educación:

ANTECEDENTES

La política universitaria de los últimos cinco años ha carecido de objetivos claros provocando que el sistema universitario español haya retrocedido en sus logros, que el PDI haya tenido que asumir su labor en condiciones adversas y que muchos estudiantes hayan tenido que abandonar sus estudios o ni siquiera hayan podido acceder a la enseñanza universitaria. Los fuertes recortes sufridos han generado una situación preocupante y han puesto en riesgo la calidad del sistema. La adaptación al EEES se ha realizado en condiciones adversas que han impedido el normal desarrollo de la labor docente e investigadora. A pesar de las advertencias realizadas por las universidades sobre esta situación y sus consecuencias, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha hecho caso omiso, demostrando una vez más que la enseñanza universitaria no se encuentra entre sus prioridades.

A la situación de recorte drástico en la dotación presupuestaria y de empeoramiento en las condiciones de trabajo del PDI, se ha sumado la incapacidad el gobierno para gestionar los asuntos claves para el funcionamiento del sistema universitario español. El Gobierno ha ignorado el análisis de sus propios informes sobre el SUE dejándolo a su suerte, sin incentivar la calidad y la mejora, y llevando a cabo reformas que solamente han empeorado la situación de partida. Ejemplo de ello es sin duda la indefinición del sistema de acceso de los estudiantes a la Universidad, consecuencia de la regulación fijada en la LOMCE, que trató de eliminar el modelo vigente con la prueba de acceso a la Universidad, cuyo funcionamiento no se había puesto en duda. También lo es la reforma del sistema de acreditación del profesorado universitario, que lejos de hacer más objetivo el procedimiento de acreditación, lo ha endurecido de tal forma que el acceso a los cuerpos docentes universitarios va a resultar enormemente complicado, con las consecuencias que ello puede traer para que las Universidades puedan seleccionar su profesorado. La falta de diálogo y la dilación sobre los propios compromisos del Ministerio están generando un sinfín de dificultades y de situaciones injustas para el personal docente e investigador.

Las consecuencias que ha traído consigo la congelación de la tasa de reposición durante varios años se vislumbran claramente en el cambio estructural en la composición y ordenación de las plantillas docentes. La reducción del número de personal PDI en las universidades públicas en España es evidente. De 100.331 docentes en 2011 en las Universidades públicas se ha pasado a 94.453 en 2016, perdiéndose cerca de 5.500 docentes en el período; al tiempo se ha pasado de un 49,5 % en 2011 a prácticamente 48,5 % del PDI total en las universidades públicas en 2016. Todo ello causará enormes problemas a las Universidades para llevar a cabo el relevo generacional en las Universidades, un relevo generacional que tiene necesariamente que planificarse, dado el número de años que se precisan para formar a un profesor universitario. En algunas áreas de conocimiento esta falta de planificación puede llevar a la imposibilidad de asumir la docencia. El abuso y el fraude de Ley a la hora de incorporar profesorado contratado pervierte su formulación original y genera ineficiencias, al tiempo que impide una carrera docente e investigadora en condiciones adecuadas al profesorado más joven, poniendo en riesgo la calidad del sistema.

Si bien los recortes presupuestarios y la incidencia de las medidas de austeridad han incidido negativamente en el sistema, igualmente la inexistencia de una política universitaria con objetivos claros ha contribuido al retroceso de la calidad y ha sesgado las posibilidades de mejora de nuestras Universidades. Se ha ninguneado la labor del profesorado responsabilizándole de un bajo rendimiento en la investigación, lo cual ha traído como consecuencia fuertes aumentos de la dedicación docente para la mayor parte del profesorado. Se ha acusado a las Universidades Públicas de suponer un alto gasto, en lugar de hacer una apuesta estable en el tiempo en materia de inversiones. El sistema de l+D+i se ha resentido de forma especial y el retroceso de nuestro país coloca a las universidades y organismos públicos de investigación en niveles de financiación de hace 15 años. La pérdida de talento y la fuga de jóvenes investigadores, la desaparición del Programa Campus de Excelencia Internacional y la falta de dotación de los distintos programas del Plan Nacional han traído consigo un retroceso que será difícil de paliar en un futuro próximo.

El Gobierno de España no puede seguir ignorando su responsabilidad con el sistema universitario y debe adoptar medidas que contribuyan a una rápida recuperación y mejora en la prestación del servicio público de la educación superior. Se debe recuperar el diálogo con las Universidades, las Comunidades Autónomas y los diversos agentes del sistema de manera que se adopte un plan específico de carácter plurianual para la mejora del sistema en su conjunto en los próximos años.

Consideramos que aún estamos a tiempo de promover soluciones a estos graves desequilibrios y proponer una planificación conjunta acordada con las Comunidades Autónomas, las Universidades y las Organizaciones Sindicales, que permita la recuperación y normalización de nuestras plantillas de personal docente e investigador, al tiempo que pueda promover la creación de mecanismos justos y eficaces orientados a recuperar, incorporar y consolidar a aquellos jóvenes investigadores que tuvieron que desplazarse o abandonar sus carreras científicas como consecuencia de la ausencia de oportunidades en España.

Por todo ello, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para:

1. Impulsar, previo acuerdo del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria, un Programa específico para la mejora y promoción del Personal Docente e Investigador (PDI) universitario que permita:

a) El aumento de la oferta de plazas de personal docente e investigador convocadas por las universidades para satisfacer las necesidades docentes actuales y futuras, tanto de las dirigidas a nuevo ingreso en la carrera docente e investigadora como de las orientadas a la promoción, como vía para concluir con la inestabilidad, regenerar y promover el reequilibrio de las distintas figuras existentes y corregir los efectos de los recortes presupuestarios y las limitaciones de la contratación establecidas en los últimos años, recuperando los principios esenciales para la calidad docente e investigadora del Sistema Universitario Español.

b) La creación de programas específicos que reconozcan en los procesos de acreditación y los concursos de acceso los méritos de los jóvenes profesores e investigadores que se encuentran en el extranjero para la atracción de su talento y retorno, con el fin de incorporar el conocimiento y la experiencia adquiridos a nuestro sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

2. Acompañar este Programa de un plan de financiación estable que garantice el presupuesto suficiente para abordar el desarrollo de las medidas en él contempladas, incluyendo un programa de incentivos financieros para promover el retorno de talento docente e investigador.

3. Recuperar el diálogo con las Comunidades Autónomas, las Universidades y las Organizaciones Sindicales para definir, acordar y aprobar el Estatuto del Personal Docente e Investigador.

4. Suspender la aplicación de los nuevos criterios de acreditación de la ANECA e iniciar un proceso de negociación y diálogo con el Consejo de Universidades, la Conferencia General de Política Universitaria y la ANECA para alcanzar unos criterios de acreditación adecuados al sistema universitario español".

Valladolid, 26 de abril de 2018.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Fernando Pablos Romo,

Jesús Guerrero Arroyo,

Ana María Agudíez Calvo,

María Josefa Díaz-Caneja Fernández y

José Ignacio Martín Benito

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández