PE/009065-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de mayo de 2018, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009041 a PE/009266.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de mayo de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En Castilla y León hay un amplio grupo de trabajadores laborales indefinidos: ingeniería de montes y forestales, geografía, licenciatura en ciencias ambientales, ingeniería química, biología, auxiliar administrativo, celador, ... que prestan sus servicios en la Administración Autonómica de Castilla y León desde hace más de diez años. Según exponen en un escrito, han mantenido diversas reuniones con la Secretaria General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno abierto de la Consejería de la Presidencia y se les ha transmitido que se va a realizar un procedimiento que conducirá al despido de un amplio colectivo de trabajadores laborales indefinidos en la Junta de Castilla y León.

En la Consejería de Fomento y Medio Ambiente son más de 150 personas que está en esta situación y podrían superar las 350 en toda la Junta de Castilla y León con una media de edad superior a los 45 años de edad y una antigüedad superior a los 10 años en la administración autonómica, algunos llevan más de 20 años de servicio.

Este colectivo de laborales indefinidos está formado por profesionales de reconocido mérito y experiencia, con capacidad demostrada en una labor específica y totalmente especializada, formada y moldeada por la Administración autonómica en función de sus necesidades que contribuye al correcto funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de Castilla y León.

Todos ellos se incorporaron a sus puestos de trabajo a través de sistemas que la Administración habilitó en cada momento, mediante pruebas de selección o mediante bolsas de empleo derivadas de dichas pruebas.

Tras la solicitud por la vía administrativa y de forma individual a través de una reclamación previa la Administración no reconoció su condición de personal indefinido y las irregularidades administrativas han llevado a que los tribunales de justicia les declarara personal indefinido no fijo. El vínculo laboral como personal indefinido ha sido establecido por efecto de las sentencias en los diferentes tribunales de justicia, al quedar demostrado que el desempeño de sus funciones respondía a necesidades permanentes y estructurales de la Administración.

Esta figura del personal laboral indefinido está reconocida en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, de Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 11, que clasifica al personal laboral en función de la duración del contrato, indicando que este podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es el planteamiento de la Secretaria General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y de la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno abierto de la Consejería de la Presidencia respecto a esta problemática?

2. ¿De qué manera la Junta de Castilla y León va a arbitrar el reconocimiento explícito de este colectivo dentro del Convenio del personal laboral de la Junta de Castilla y León?

3. ¿Cuál es el coste aproximado que prevé la Junta de Castilla y León respecto a las indemnizaciones por despido de este personal indefinido no fijo caso de que finalmente se produzcan estos cientos de despidos?

4. ¿No supone estos costes de despido un incremento de gasto público en materia de personal que la Junta puede evitar?

5. ¿Tiene la Junta intención de convocar las plazas afectadas por sentencia judicial a efectos de convocatoria pública de empleo?

6. ¿Se va a tener en cuenta la experiencia adquirida por estos profesionales?

7. ¿Qué plazas tiene la Junta pensado sacar a oferta pública?

8. ¿Hay alguna relación entre que estos trabajadores hayan iniciado un proceso judicial contra la Junta y que dichas plazas se vayan a convocar de una manera concreta?

9. ¿De qué manera va la Junta de Castilla y León a abrir un proceso de negociación para solucionar esta situación que afecta a un colectivo muy relevante de profesionales de la Administración autonómica?

Valladolid, 17 de marzo de 2017