CC/000029-01

Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León por la que se ordena la publicación de las Resoluciones aprobadas por la Comisión de Economía y Hacienda en relación al Informe de Fiscalización sobre el Patrimonio Inmobiliario de la Diputación de Valladolid, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.7 de la Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León (en la redacción dada al mismo por la Ley 5/2011, de 19 de septiembre) se ordena la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de las Resoluciones relativas al Informe de Fiscalización sobre el Patrimonio Inmobiliario de la Diputación de Valladolid, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de esta Presidencia de 7 de abril de 2009 (en la redacción dada a la misma por la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de 29 de agosto de 2012), por la que se aprueban ”Normas sobre el procedimiento a seguir para la tramitación de los informes de fiscalización aprobados por el Consejo de Cuentas y remitidos a las Cortes de Castilla y León”, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Cámara de las citadas Resoluciones de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de mayo de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN EN RELACIÓN CON EL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID, DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN

La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en su sesión del día 4 de mayo de 2018, a la vista del Informe de Fiscalización sobre el Patrimonio Inmobiliario de la Diputación de Valladolid, del Consejo de Cuentas de Castilla y León

ACUERDA

1) El Pleno como órgano competente para la aprobación y comprobación del Inventario, así como para el ejercicio de las atribuciones sobre los bienes de la Diputación que le confiere la normativa local, debe adoptar las medidas oportunas de actualización y regularización del Inventario General de Bienes y Derechos con el fin de adecuar este documento y el programa a través del que se lleva, a la realidad de la situación patrimonial existente. Ello debe hacerse con las precauciones legales oportunas y la participación de la Secretaría como órgano autorizante del mismo. De especial relevancia resulta la necesidad de efectuar la valoración de la totalidad de los inmuebles y actualizar el existente para el resto así como, en consonancia con la recomendación 4, que figure en el Inventario una información catastral íntegra y actualizada.

2) Tras la señalada regularización del IGBD debe someterse a su aprobación por el Pleno de la Corporación, y a partir de ese momento deben autorizarse y aprobarse puntualmente sus actualizaciones. Solo de esta forma el Inventario puede constituir un instrumento de protección, defensa y control de los bienes y derechos y una herramienta de información útil para la toma de decisiones reuniendo unas notas esenciales de unidad, centralidad, rigurosidad, actualización y valoración.

3) Debe establecerse por el Presidente en sus atribuciones sobre la organización de los servicios administrativos, e instrumentarse por el mismo, un sistema de coordinación y comunicación entre la Secretaría General, el Servicio de Patrimonio y la Intervención, a la que corresponde la función de contabilidad, a efectos de que cualquier acto formalmente adoptado con incidencia patrimonial se refleje de manera directa e inmediata en el área de contabilidad correspondiente a la gestión del activo.

4) La Diputación deberá establecer los mecanismos necesarios para mejorar la colaboración y comunicación con el Catastro, de forma que los datos que obren en ambos registros sean coincidentes. Es de recordar que el artículo 18 de la Ley del Catastro Inmobiliario establece un procedimiento para resolver estas discrepancias.

5) La implantación por parte de la Diputación de un sistema de contabilidad analítica sería oportuna y necesaria.

6) La Diputación deberá valorar la posibilidad de realizar una reseña dentro del epígrafe 2.º del artículo 18 del REBEL, derechos reales, del uso de inmuebles que recibe de terceros, como en el caso de las oficinas en uso por los Ayuntamientos, en los municipios de Medina del Campo y Tordesillas.

7) La Diputación debería aprobar un programa de actuación o plan de optimización de la ocupación de los edificios administrativos para la prestación de servicios públicos de su competencia, así como de los arrendamientos existentes. También, en aplicación de los principios de eficacia rentabilidad y eficiencia y para una adecuada administración y conservación que permita optimizar la utilización y el rendimiento de su patrimonio inmobiliario, debería adoptar un plan, independiente del anterior o incluido en el mismo, sobre sus inmuebles de carácter patrimonial.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de mayo de 2018.

EL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA,

Fdo.: Jorge Domingo Martínez Antolín.

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA,

Fdo.: Irene Cortés Calvo.