PNL/002066-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de mayo de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002065 a PNL/002067.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de mayo de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

Los desequilibrios demográficos tienen una fuerte dimensión territorial que se ha ido consolidando durante el pasado siglo, de modo que mientras la población se concentra en áreas muy localizadas del centro y las costas, la España interior se vacía, sometida a graves riesgos demográficos, que afectan a la fragilidad de sus sistemas de poblamiento. En la década actual Castilla y León está perdiendo población a una tasa de regresión demográfica del 0,87 % anual, más alta que la de la década de los 60, del gran éxodo rural. La nuestra es la Comunidad que más población ha perdido desde 2011 (un -5,2 %, 4 veces más que el conjunto de la población española), y la que más va a perder hasta 2031, según las proyecciones del INE.

El primero de estos riesgos es el de la baja densidad que afecta históricamente a determinados territorios caracterizados por este modelo de equilibrio y a otros en los que la caída de la densidad es un proceso sostenido más reciente, que genera el círculo vicioso de la dificultad para la prestación de servicios a la población y la emigración por falta de servicios y oportunidades. La mayor parte de los espacios rurales de Castilla y León tienen una densidad por debajo de lo que la UE considera desiertos demográficos (10 h/km2).

El segundo, la polarización territorial rural-urbano. Con un déficit de núcleos intermedios, de los que carecemos singularmente en Castilla y León, capaces de sostener con eficiencia dinámicas económicas y demográficas en el territorio. Mientras la población se acumula en las escasas áreas urbanas -y sus alfoces-, la mayor parte de los municipios de sus áreas dependientes se mantienen en densidades de desertificación.

No menos importante es el desafío del envejecimiento, que en unos casos es el resultado de un proceso de transición demográfica, común en Europa y, en otros, como es el caso de Castilla y León, se debe a la emigración de la población joven y adulta y a la consecuente caída de la natalidad y la población infantil, que se concreta en la fuerte reducción de las expectativas de reemplazo y equilibrio a medio plazo de la relación de dependencia.

La consecuencia de todos ellos es la pérdida persistente de la población, que retroalimenta, a su vez, a los riesgos descritos, con saldos vegetativos y migratorios negativos.

Es preciso identificar estos fenómenos a la escala territorial adecuada, ya que el NUT 2 (región) oculta a veces intensos desequilibrios intrarregionales y lo mismo ocurre con el nivel NUT 3 (provincia), que ignora las posibles desigualdades comarcales.

Estos riesgos demográficos, todos los cuales afectan con particular intensidad a Castilla y León, ponen en cuestión la calidad de vida y las oportunidades de la ciudadanía que reside en los territorios más afectados. Una de las desigualdades más invisibles es la desigualdad territorial. Restringe el derecho de las personas a vivir donde desean, viéndose obligadas a emigrar y pone en riesgo la cohesión social, creando desigualdades que conculcan derechos fundamentales constitucionalmente protegidos.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León que traslade al Gobierno de España la urgencia de adoptar las siguientes medidas:

1. Impulsar y coordinar políticas concretas para los territorios con graves riesgos demográficos, elaborando un mapa de la despoblación en España en colaboración con las Comunidades Autónomas, y las Entidades Locales, en el que se diferencien niveles de riesgo, en función de los cuales se apliquen criterios compensatorios para el mantenimiento de servicios básicos, de titularidad autonómica y local, en el medio rural y la garantía de políticas de activación económica inclusiva y creación de empleo, con incentivos para la reindustrialización y la localización de servicios y otras actividades económicas en las mejores condiciones que permita la normativa de fondos europeos.

2. Establecer estándares de acceso a infraestructuras y servicios públicos cuyo déficit territorial determine la asignación de inversiones del Estado en cada uno de ellos.

3. Garantizar la prestación de servicios comerciales en el territorio en condiciones de equidad, en aquellos sectores sometidos a regulación pública del Estado, o en los que pueda desplegarse su función de fomento, como es el bancario o el de las telecomunicaciones, entre otros.

4. Diseñar programas de investigación y garantía de acceso a los alimentos en el medio rural más desertificado -desiertos alimentarios-, con criterios de salud pública y mejora de las condiciones de vida y convivencia.

5. Exigir la presentación inmediata de la estrategia nacional frente al reto demográfico, que sufre largo retraso respecto a las fechas comprometidas. Incorporar a dicha estrategia el conjunto de recomendaciones aprobadas por el Senado en la pasada legislatura (Ponencia de Estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España e Informe de la Comisión Especial de estudios sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación en las zonas de montaña), así como, más recientemente, por la Comisión de Despoblación de la FEMP, con dotación presupuestaria específica para el desarrollo de las mismas.

6. Aplicar y dotar presupuestariamente la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, cofinanciando los correspondientes convenios con las Comunidades Autónomas para la puesta en marcha de los Planes de Zona, con la prioridad que la propia Ley establece, y garantizando la participación en su gestión de las entidades locales.

7. Establecer un fondo de cooperación económica local, asociado a la implementación de políticas públicas experimentales de lucha contra la despoblación, diseñadas y gestionadas de forma participativa y con estrategias a medio-largo plazo por parte de las entidades locales.

8. Promover y apoyar la localización de empresas en el medio rural, con los incentivos suficientes que compensen sus dificultades y mayores costes de instalación y de acceso a los mercados, los servicios y, en su caso, a las materias primas.

9. Establecer un plan de conectividad en banda ancha, en condiciones de equidad de precio, velocidad y movilidad, que incluya el fomento del uso eficiente de las TIC, que permita el desarrollo de las nuevas tecnologías en las zonas especialmente despobladas, resultado del mapa de la despoblación.

10. Garantizar a las Comunidades Autónomas en el nuevo modelo de financiación la suficiencia financiera para prestar los servicios públicos esenciales del estado de bienestar (sanidad, educación y servicios sociales) en los territorios de menor densidad, más remotos y frágiles, con mayor envejecimiento, donde habitan ciudadanos y ciudadanas que son del mismo derecho que el resto de los españoles y a los que hay que garantizar que llegan los servicios públicos y con la misma calidad.

Valladolid, 22 de mayo de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández