PNL/002093-01








4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/002093-01


Sumario:

Proposición No de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Podemos Castilla y León, Socialista y Mixto, para instar a la Junta a asumir, directamente en el menor tiempo posible y de manera progresiva, el Servicio de Transporte de enfermos y accidentados en ambulancia, para su tramitación ante el Pleno.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de junio de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002093 a PNL/002096.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de junio de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate ante el Pleno de las Cortes.

ANTECEDENTES

Es especialmente singular la situación en la que en la actualidad se encuentra el carácter laboral del personal adscrito al Sector del transporte de enfermos y accidentados en ambulancia de Castilla y León, teniendo en cuenta que se trata de una actividad con una responsabilidad inherente al propio Servicio Público, cuya competencia tiene asumida la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, a través del SACYL, y que en realidad está siendo un servicio prestado a través de empresas privadas. Una privatización de servicios públicos que a la vista de la grave realidad que desde hace años viene enfrentando la administración autonómica está repercutiendo negativamente tanto en el personal que presta el servicio como en la propia ciudadanía.

En el caso de los trabajadores y trabajadoras adscritos a las empresas concesionarias prestadoras de este necesario Servicio Público, puede servir como ejemplo las condiciones económicas y laborales en las que se encuentran. Una realidad que a día de hoy es conocida por todos los ámbitos de esta Comunidad; desde el propio Gobierno de la Junta de Castilla y León, los procuradores y procuradoras regionales, partidos políticos, opinión pública y receptores de este servicio.

Una situación laboral que hay que calificar de muy grave con los Convenios de aplicación en el resto de territorios del estado español. Un colectivo que viene sufriendo sistemáticamente una política de recortes salariales. Sirva como ejemplo la rebaja salarial del 5 % aplicada unilateralmente por las empresas en el año 2013, actuación que se vio agravada por la congelación salarial sufrida desde entonces, así como el despido de algunos trabajadores y trabajadoras.

En relación con los Convenios de aplicación en otros territorios hay que manifestar que el de aplicación en la Comunidad de Castilla y León es de los más restrictivos en derechos, tanto económicos como laborales, situándose en las últimas posiciones de una hipotética escala si no en la última. Cómo será de palmaria esta realidad que es reconocida abiertamente por la propia Administración Autonómica sin que el colectivo empresarial la haya contradicho.

Un apartado principal en la prestación de este Servicio Público merece el perfil de las empresas prestatarias del mismo y que debería ser analizado y reflexionado profundamente, además de por lo expuesto, por las propias características en cuanto a la gestión que les confiere la Consejería de Sanidad, convirtiéndolas en los principales responsables de la gestión del servicio, y casi únicos se podría decir, como por su naturaleza empresarial al formar parte todas ellas, salvo la empresa que opera en Soria, de un mismo grupo empresarial, en mayor o menor medida.

Esta situación, desde una perspectiva objetiva, entraña serios riesgos para la mejor prestación del Servicio Público en tanto que somete, o puede someter, a la Administración a unas relaciones de absoluta dependencia respecto de criterios o estrategias empresariales que lejos de ser diversas y plurales, incluso en un contexto de uniformidad de intereses, están claramente definidas en una sola voz, en una sola decisión y en un solo interlocutor

Una realidad pues que condiciona, o puede hacerlo fácilmente, el necesario equilibrio entre las partes y en atención al mejor Servicio Público, afectando directamente a todos los ámbitos de la relación: desde las cantidades asignadas, pasando por la propia gestión del servicio.

En el caso de los pacientes, y en su condición principal de ciudadanos y ciudadanas, a pesar del sobresfuerzo realizado por el personal para ofrecer la mejor calidad en el servicio, se puede decir que se ve perjudicado por las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, que no pueden ofrecer el mejor servicio.

Un servicio que se ve interferido y condicionado en su pretensión de ser el mejor que se pueda prestar a los pacientes tanto por los criterios técnicos de las empresas, con el beneplácito de la Administración, como por las propias condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.

El recorte permanente de derechos viene incidiendo paulatina y gravemente en los trabajadores y trabajadoras. El estrés o la ansiedad por la intensidad en el trabajo son constantes que no sólo generan cuadros patológicos personales sino que degeneran en el ambiente colectivo, así como también afecta en la prestación del servicio. De la misma forma que la presión soportada por los ritmos de trabajo y por las ratios de personal respecto de los servicios programados les obliga a sobresfuerzos físicos que de igual manera redundan negativamente en su salud, llegando a provocar cuadros clínicos crónicos.

Mantener así el nivel de calidad en el servicio, como es notorio y demostrable, exige un grado de compromiso, entrega y esfuerzo por encima de lo que podría considerarse objetivamente exigible, lo cual muestra y corrobora la medida de profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras, gracias a los cuales se puede hablar de calidad en la prestación de este Servicio Público.

Es por ello que la Junta de Castilla y León debiera adoptar una actitud más activa y comprometida con el colectivo de trabajadores y trabajadoras, lo que redundaría sin lugar a dudas en una optimización del servicio prestado, ratificando la universalidad, gratuidad y la calidad de un servicio que al final es prestado por la Junta de Castilla y León.

Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Sector del transporte de enfermos y accidentados en ambulancia de Castilla y León mejoraría notablemente y cumpliría con el derecho de la ciudadanía a recibir el Servicio Público que se merece.

Por todo ello presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a asumir directamente en el menor tiempo posible y de una manera progresiva el Servicio del Transporte de enfermos y accidentados en ambulancia de Castilla y León.

En Valladolid, a 23 de mayo de 2018.

EL PORTAVOZ DEL G. P. PODEMOS,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

EL PORTAVOZ DEL G. P. SOCIALISTA,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández

EL PORTAVOZ DEL G. P. MIXTO,

Fdo.: José Sarrión Andaluz


PNL/002093-01

CVE="BOCCL-09-027631"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 57913-57915
BOCCL nº 427/9 del 12/6/2018
CVE: BOCCL-09-027631

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/002093-01
Proposición No de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Podemos Castilla y León, Socialista y Mixto, para instar a la Junta a asumir, directamente en el menor tiempo posible y de manera progresiva, el Servicio de Transporte de enfermos y accidentados en ambulancia, para su tramitación ante el Pleno.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de junio de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002093 a PNL/002096.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de junio de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate ante el Pleno de las Cortes.

ANTECEDENTES

Es especialmente singular la situación en la que en la actualidad se encuentra el carácter laboral del personal adscrito al Sector del transporte de enfermos y accidentados en ambulancia de Castilla y León, teniendo en cuenta que se trata de una actividad con una responsabilidad inherente al propio Servicio Público, cuya competencia tiene asumida la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, a través del SACYL, y que en realidad está siendo un servicio prestado a través de empresas privadas. Una privatización de servicios públicos que a la vista de la grave realidad que desde hace años viene enfrentando la administración autonómica está repercutiendo negativamente tanto en el personal que presta el servicio como en la propia ciudadanía.

En el caso de los trabajadores y trabajadoras adscritos a las empresas concesionarias prestadoras de este necesario Servicio Público, puede servir como ejemplo las condiciones económicas y laborales en las que se encuentran. Una realidad que a día de hoy es conocida por todos los ámbitos de esta Comunidad; desde el propio Gobierno de la Junta de Castilla y León, los procuradores y procuradoras regionales, partidos políticos, opinión pública y receptores de este servicio.

Una situación laboral que hay que calificar de muy grave con los Convenios de aplicación en el resto de territorios del estado español. Un colectivo que viene sufriendo sistemáticamente una política de recortes salariales. Sirva como ejemplo la rebaja salarial del 5 % aplicada unilateralmente por las empresas en el año 2013, actuación que se vio agravada por la congelación salarial sufrida desde entonces, así como el despido de algunos trabajadores y trabajadoras.

En relación con los Convenios de aplicación en otros territorios hay que manifestar que el de aplicación en la Comunidad de Castilla y León es de los más restrictivos en derechos, tanto económicos como laborales, situándose en las últimas posiciones de una hipotética escala si no en la última. Cómo será de palmaria esta realidad que es reconocida abiertamente por la propia Administración Autonómica sin que el colectivo empresarial la haya contradicho.

Un apartado principal en la prestación de este Servicio Público merece el perfil de las empresas prestatarias del mismo y que debería ser analizado y reflexionado profundamente, además de por lo expuesto, por las propias características en cuanto a la gestión que les confiere la Consejería de Sanidad, convirtiéndolas en los principales responsables de la gestión del servicio, y casi únicos se podría decir, como por su naturaleza empresarial al formar parte todas ellas, salvo la empresa que opera en Soria, de un mismo grupo empresarial, en mayor o menor medida.

Esta situación, desde una perspectiva objetiva, entraña serios riesgos para la mejor prestación del Servicio Público en tanto que somete, o puede someter, a la Administración a unas relaciones de absoluta dependencia respecto de criterios o estrategias empresariales que lejos de ser diversas y plurales, incluso en un contexto de uniformidad de intereses, están claramente definidas en una sola voz, en una sola decisión y en un solo interlocutor

Una realidad pues que condiciona, o puede hacerlo fácilmente, el necesario equilibrio entre las partes y en atención al mejor Servicio Público, afectando directamente a todos los ámbitos de la relación: desde las cantidades asignadas, pasando por la propia gestión del servicio.

En el caso de los pacientes, y en su condición principal de ciudadanos y ciudadanas, a pesar del sobresfuerzo realizado por el personal para ofrecer la mejor calidad en el servicio, se puede decir que se ve perjudicado por las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, que no pueden ofrecer el mejor servicio.

Un servicio que se ve interferido y condicionado en su pretensión de ser el mejor que se pueda prestar a los pacientes tanto por los criterios técnicos de las empresas, con el beneplácito de la Administración, como por las propias condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.

El recorte permanente de derechos viene incidiendo paulatina y gravemente en los trabajadores y trabajadoras. El estrés o la ansiedad por la intensidad en el trabajo son constantes que no sólo generan cuadros patológicos personales sino que degeneran en el ambiente colectivo, así como también afecta en la prestación del servicio. De la misma forma que la presión soportada por los ritmos de trabajo y por las ratios de personal respecto de los servicios programados les obliga a sobresfuerzos físicos que de igual manera redundan negativamente en su salud, llegando a provocar cuadros clínicos crónicos.

Mantener así el nivel de calidad en el servicio, como es notorio y demostrable, exige un grado de compromiso, entrega y esfuerzo por encima de lo que podría considerarse objetivamente exigible, lo cual muestra y corrobora la medida de profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras, gracias a los cuales se puede hablar de calidad en la prestación de este Servicio Público.

Es por ello que la Junta de Castilla y León debiera adoptar una actitud más activa y comprometida con el colectivo de trabajadores y trabajadoras, lo que redundaría sin lugar a dudas en una optimización del servicio prestado, ratificando la universalidad, gratuidad y la calidad de un servicio que al final es prestado por la Junta de Castilla y León.

Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Sector del transporte de enfermos y accidentados en ambulancia de Castilla y León mejoraría notablemente y cumpliría con el derecho de la ciudadanía a recibir el Servicio Público que se merece.

Por todo ello presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a asumir directamente en el menor tiempo posible y de una manera progresiva el Servicio del Transporte de enfermos y accidentados en ambulancia de Castilla y León.

En Valladolid, a 23 de mayo de 2018.

EL PORTAVOZ DEL G. P. PODEMOS,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

EL PORTAVOZ DEL G. P. SOCIALISTA,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández

EL PORTAVOZ DEL G. P. MIXTO,

Fdo.: José Sarrión Andaluz


PNL/002093-01

CVE="BOCCL-09-027631"



Sede de las Cortes de Castilla y León