PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de septiembre de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002191 a PNL/002193.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de septiembre de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:
ANTECEDENTES
La televisión autonómica implantada en la Comunidad de Castilla y León tiene un coste de mantenimiento muy importante para las arcas públicas por lo que, aun siendo sensiblemente menor que el modelo puesto en marcha en otras Comunidades Autónomas, debe ser evaluado garantizando la transparencia, la eficacia y la salvaguarda del interés general, como todo gasto público.
La opción por la fórmula del contrato de gestión de servicio público para la explotación, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de televisión digital terrestre del ámbito de la Comunidad de Castilla y León, con la concesión, conjunta e inseparable, de dos canales de televisión digital terrestre, es mucho menos gravosa para las arcas públicas que otros sistemas. Pero es precisamente por la forma de realizarse la gestión, por lo que debemos de aumentar los controles en orden a garantizar la transparencia, la eficacia, la salvaguarda del interés general, y por ende el respeto al derecho fundamental reconocido en el artículo 20 de la Constitución española, que reconoce y protege el derecho a comunicar y recibir libremente información, así como a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
Durante las últimas semanas, se ha puesto de manifiesto la existencia de una trama corrupta en la que estaría presuntamente implicado el empresario José Luis Ulibarri, propietario de un importante grupo de comunicación y de la mitad de Radio televisión Castilla y León. El citado empresario, encausado en la trama Gürtel y encarcelado hasta hace pocos días por la trama Enredadera, de acuerdo con la información que se desprende del sumario publicada por diversos medios de comunicación, habría usado presuntamente su influencia en medios de comunicación para intervenir e influir en las instituciones de forma espuria.
Esta situación pone en riesgo la televisión autonómica y a sus más de 350 trabajadores, dado que puede sembrar la duda sobre el funcionamiento y el trabajo de sus profesionales de forma injusta, siendo además un motivo suficiente para que la administración autonómica tome una decisión inmediata sobre la subvención directa que garantiza el funcionamiento de este medio de comunicación, privado pero financiado casi exclusivamente con recursos públicos, que no puede estar en manos de alguien implicado presuntamente en tan graves casos de corrupción.
Por todo ello, hay que arbitrar las medidas necesarias en orden a salvaguardar el cumplimiento actual y futuro de las obligaciones de la concesionaria, que resumidamente, y en lo que ahora afecta, son:
- Programación tendente a la consecución de fines redundantes en beneficio de la economía y relacionados con los valores sociales y culturales de la Comunidad de Castilla y León (desarrollo de producciones y contenidos audiovisuales de la Comunidad: fomento y defensa de la cultura y de su patrimonio histórico-artístico; conocimiento de sus instituciones y la actuación pública de las mismas; promoción de los intereses castellano-leoneses).
- Programación orientada a fines relacionados con la pluralidad y objetividad informativa y otros valores como la protección de la infancia y la juventud y el respeto a los valores de igualdad y no discriminación.
- Programación de carácter informativo de producción íntegra propia inédita, con un mínimo de dos informativos diarios, a la misma hora, con una duración mínima de 30 minutos cada uno, en el canal 1, y por lo que respecta al canal 2, dos informativos de lunes a viernes en régimen de desconexión provincial, a la misma hora, con una duración mínima en total de 40 minutos y relativos al ámbito territorial en el que se verifica la desconexión territorial.
En conclusión, no podemos tolerar que un medio de comunicación sufragado con el dinero de todos los castellanos y leoneses no sea tan ejemplar en el ejercicio de su actividad y la de sus gestores como exigimos a los responsables públicos y a todas las instituciones.
En todo caso, esta es una oportunidad para actualizar y modernizar el modelo, para avanzar en calidad, trasparencia y participación y para mejorar también la calidad del empleo.
Por ello se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a impulsar las medidas necesarias para garantizar que la Radio y Televisión de Castilla y León esté al servicio de los intereses públicos, del interés general y de la objetividad de sus contenidos, impulsando el establecimiento de un modelo a partir de enero de 2019 que, primando el mantenimiento y la calidad del empleo y con una financiación adecuada y estable, disponga de los mecanismos suficientes de control para garantizar que los titulares de la misma, en su caso, cumplen con las exigencias éticas de conducta empresarial que lo salvaguarde de cualquier sombra de duda referente a corrupción política o empresarial, reforzando el control parlamentario y la transparencia.
Para ello, la Junta de Castilla y León creará un grupo de trabajo con la participación de las formaciones políticas con representación parlamentaria en las Cortes de Castilla y León, que culminará con una comunicación que, en el plazo máximo de dos meses, será remitida por la Junta a las Cortes para su debate, con el fin de garantizar el consenso político y social necesario para la estabilidad de la televisión autonómica.
Valladolid, 19 de septiembre de 2018.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/002193-01
CVE="BOCCL-09-029669"
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de septiembre de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002191 a PNL/002193.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de septiembre de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:
ANTECEDENTES
La televisión autonómica implantada en la Comunidad de Castilla y León tiene un coste de mantenimiento muy importante para las arcas públicas por lo que, aun siendo sensiblemente menor que el modelo puesto en marcha en otras Comunidades Autónomas, debe ser evaluado garantizando la transparencia, la eficacia y la salvaguarda del interés general, como todo gasto público.
La opción por la fórmula del contrato de gestión de servicio público para la explotación, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de televisión digital terrestre del ámbito de la Comunidad de Castilla y León, con la concesión, conjunta e inseparable, de dos canales de televisión digital terrestre, es mucho menos gravosa para las arcas públicas que otros sistemas. Pero es precisamente por la forma de realizarse la gestión, por lo que debemos de aumentar los controles en orden a garantizar la transparencia, la eficacia, la salvaguarda del interés general, y por ende el respeto al derecho fundamental reconocido en el artículo 20 de la Constitución española, que reconoce y protege el derecho a comunicar y recibir libremente información, así como a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
Durante las últimas semanas, se ha puesto de manifiesto la existencia de una trama corrupta en la que estaría presuntamente implicado el empresario José Luis Ulibarri, propietario de un importante grupo de comunicación y de la mitad de Radio televisión Castilla y León. El citado empresario, encausado en la trama Gürtel y encarcelado hasta hace pocos días por la trama Enredadera, de acuerdo con la información que se desprende del sumario publicada por diversos medios de comunicación, habría usado presuntamente su influencia en medios de comunicación para intervenir e influir en las instituciones de forma espuria.
Esta situación pone en riesgo la televisión autonómica y a sus más de 350 trabajadores, dado que puede sembrar la duda sobre el funcionamiento y el trabajo de sus profesionales de forma injusta, siendo además un motivo suficiente para que la administración autonómica tome una decisión inmediata sobre la subvención directa que garantiza el funcionamiento de este medio de comunicación, privado pero financiado casi exclusivamente con recursos públicos, que no puede estar en manos de alguien implicado presuntamente en tan graves casos de corrupción.
Por todo ello, hay que arbitrar las medidas necesarias en orden a salvaguardar el cumplimiento actual y futuro de las obligaciones de la concesionaria, que resumidamente, y en lo que ahora afecta, son:
- Programación tendente a la consecución de fines redundantes en beneficio de la economía y relacionados con los valores sociales y culturales de la Comunidad de Castilla y León (desarrollo de producciones y contenidos audiovisuales de la Comunidad: fomento y defensa de la cultura y de su patrimonio histórico-artístico; conocimiento de sus instituciones y la actuación pública de las mismas; promoción de los intereses castellano-leoneses).
- Programación orientada a fines relacionados con la pluralidad y objetividad informativa y otros valores como la protección de la infancia y la juventud y el respeto a los valores de igualdad y no discriminación.
- Programación de carácter informativo de producción íntegra propia inédita, con un mínimo de dos informativos diarios, a la misma hora, con una duración mínima de 30 minutos cada uno, en el canal 1, y por lo que respecta al canal 2, dos informativos de lunes a viernes en régimen de desconexión provincial, a la misma hora, con una duración mínima en total de 40 minutos y relativos al ámbito territorial en el que se verifica la desconexión territorial.
En conclusión, no podemos tolerar que un medio de comunicación sufragado con el dinero de todos los castellanos y leoneses no sea tan ejemplar en el ejercicio de su actividad y la de sus gestores como exigimos a los responsables públicos y a todas las instituciones.
En todo caso, esta es una oportunidad para actualizar y modernizar el modelo, para avanzar en calidad, trasparencia y participación y para mejorar también la calidad del empleo.
Por ello se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a impulsar las medidas necesarias para garantizar que la Radio y Televisión de Castilla y León esté al servicio de los intereses públicos, del interés general y de la objetividad de sus contenidos, impulsando el establecimiento de un modelo a partir de enero de 2019 que, primando el mantenimiento y la calidad del empleo y con una financiación adecuada y estable, disponga de los mecanismos suficientes de control para garantizar que los titulares de la misma, en su caso, cumplen con las exigencias éticas de conducta empresarial que lo salvaguarde de cualquier sombra de duda referente a corrupción política o empresarial, reforzando el control parlamentario y la transparencia.
Para ello, la Junta de Castilla y León creará un grupo de trabajo con la participación de las formaciones políticas con representación parlamentaria en las Cortes de Castilla y León, que culminará con una comunicación que, en el plazo máximo de dos meses, será remitida por la Junta a las Cortes para su debate, con el fin de garantizar el consenso político y social necesario para la estabilidad de la televisión autonómica.
Valladolid, 19 de septiembre de 2018.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/002193-01
CVE="BOCCL-09-029669"