PNL/002205-02

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a la Proposición No de Ley, PNL/002205, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que realice actuaciones en relación con la transición energética, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 470, de 9 de octubre de 2018.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de octubre de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en los artículos 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA DE ADICIÓN al punto 3 de la Proposición No de Ley, PNL/002205, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que realice actuaciones en relación con la transición energética, admitida a trámite por la Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión del día 5 de octubre de 2018 (Registro de Entrada en estas Cortes, núm. 8108, de 3 de octubre de 2018):

Se añade un nuevo apartado 5 al punto 3, con la siguiente redacción:

3.5 El Gobierno de España, con el objeto de llevar a cabo una transición progresiva, debe establecer para aquellos propietarios de centrales térmicas de carbón que decidan cesar su actividad la obligación de implantar un periodo de al menos dos años desde la notificación del cese al cierre definitivo. Para aquellos casos en los que la legislación no impida el cierre de una central térmica de carbón deberá regularse normativamente el establecimiento de un proceso de diálogo y negociación entre los organismos competentes de la planificación del sistema eléctrico, el Gobierno de la Comunidad Autónoma, los ayuntamientos de los municipios afectados, la empresa propietaria de la central y los sindicatos para elaborar un Plan Social y un Plan de Transición Justa para la reactivación económica de la zona en el plazo de seis meses. Cada Plan deberá ser específico para el territorio afectado e incluirá un análisis de su viabilidad económica, la reubicación de trabajadores de la central en la misma empresa en condiciones laborales iguales o superiores y una alternativa de empleo local, garantizando la creación de dos nuevos puestos de trabajo por cada uno perdido. El Ministerio para la Transición Ecológica, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los municipios afectados, deberá impulsar una auditoría anual sobre el destino de los fondos de estos Planes.

Valladolid, 8 de octubre de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos