PNL/002227-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de octubre de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002224 a PNL/002227.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de octubre de 2018.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,

Fdo.: Carlos Ortega Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentarlo CIUDADANOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde los años 70 del siglo XX, las estructuras productivas de la mayoría de los países industrializados han consolidado a las Pequeñas y Medianas Empresas como fórmulas eficientes en la generación de empleo, riqueza, modernización y eficacia en la readaptación del tejido empresarial a las crisis económicas.

Según la Recomendación de la Comisión Europea, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, PYMES, éstas se configuran como: "empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros".

En este sentido, se especifica que una PYME: "ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros".

Mientras, una microempresa "ocupa a menos de 10 personas" que, además, tiene un volumen de negocios anual no superior a los 2 millones de euros.

Si se profundiza en dicha clasificación, las PYMES se encuentran estructuradas en diferentes categorías, correspondiente a la relación que ésta pueda tener con una tercera.

Así, obtenemos que la pequeña empresa puede constituirse en autónoma si es completamente independiente de una tercera, o posee una participación menor del 25 % en ella. En el caso de encontrarse asociada, se entiende que la participación con otras entidades alcanza un mínimo del 25 %. En cambio, si las participaciones en otras empresas superan el 50 %, se conforma una PYME vinculada.

A este respecto, la Comisión Europea enfatiza la importancia de establecer un criterio común con el que identificar la base de este tejido empresarial, ya que, lejos de valorar únicamente el tamaño por número de empleados y volumen de negocio, es necesario atender a su relación con los recursos económicos, asociaciones y vínculos en el marco empresarial.

De la necesidad de encontrar una matriz común para la definición de estas unidades empresariales depende precisión con la que las Administraciones Públicas son capaces de identificar sus desafíos, obstáculos y barreras en un mercado altamente globalizado y competitivo, en el que, para nuestro entorno europeo, las PYMES representan nueve de cada diez empresas y dos de cada tres puestos de trabajo.

A tenor del Análisis Dinámico del Tejido Empresarial de Castilla y León, elaborado por el Consejo Económico y Social, nuestra Comunidad cuenta con, aproximadamente, 160.000 empresas que nos erigen como la sexta autonomía con mayor número a nivel nacional. Sin embargo, la crisis económica ha repercutido negativamente en la estructura empresarial, generando un alto impacto con la destrucción de unas 14.000 empresas durante este periodo. Además, desde 2015, unas 7.000 PYMES han desaparecido en Castilla y León, confirmando que la tendencia, lejos de haberse resuelto, sigue perforando este nicho de empresas.

Precisamente, si atendemos a la principal característica de nuestro sistema, su reducida dimensión sobresale como el factor principal. Del total, más de la mitad, el 53,3 %, no tiene asalariados, a lo que se suma que el 42,2 % son identificadas como microempresas cuyo número de empleados no supera los 3 trabajadores. Estos porcentajes son sensiblemente superiores a la media nacional y a la media de las principales potencias europeas de referencia.

En definitiva, se confirma la gran la atomización del entorno empresarial, sobre todo en el sector del comercio y servicios.

Finalmente, sobre las pequeñas empresas, que actualmente representan el 4 % del total en Castilla y León, se ha advertido una tendencia a la reducción de su tamaño, como una consecuencia directa de la recesión económica vivida en nuestro país.

Los efectos de la crisis económica han contribuido a enfatizar la reconversión de nuestro entorno empresarial, fragmentándolo y reduciéndolo a la actual estructura en la que las PYMES representan el valor socioeconómico más importante para Castilla y León.

En consonancia con la evolución económica, de la actuación de los poderes públicos depende la propuesta de nuevos modelos propicios para el fortalecimiento del desarrollo económico y crecimiento de estas empresas, teniendo en cuenta los principales desafíos y trabas a las que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas.

Así, los barómetros y análisis realizados por organismos nacionales e internacionales coinciden en que, entre las principales preocupaciones de las PYMES, se encuentran las barreras de acceso a la financiación, las dificultades para atraer a nuevos clientes, la necesidad de encontrar personal cualificado, así como la posibilidad de contar con una formación específica y actualizada en gestión empresarial, que permita imbricar a las estructuras empresariales con las Nuevas Tecnologías.

La bibliografía económica especializada ha demostrado la existencia de una fuerte correlación entre la internacionalización de las PYMES y la mejora en los índices de productividad y el empleo. Y para ello, la apuesta por las Tecnologías de la Información y de la Comunicación representa la llave para que muchas de estas entidades consigan un mayor desarrollo y consolidación comercial.

Sin embargo, según recientes estudios, solo un 2 % de las PYMES señala a la digitalización con un apéndice de relevancia en la gestión de su empresa. Además, se cifra en una de cada cuatro PYMES en la Comunidad el número de entidades que vende sus productos por Internet, existiendo un amplio margen de mejora en este apartado, ya que muchas de estas empresas, dependen de plataformas y portales comerciales como Ebay o Amazon para exportar. Lejos queda también el uso de computación en la nube entre las pequeñas y medianas empresas, por debajo de la media nacional.

No podemos olvidar que la evolución de los actuales modelos económicos está centrada en generar mayores espacios que instauren una base sólida de crecimiento sobre las nuevas tecnologías y los procesos innovadores, ya que este hecho permite que aumente la productividad y los índices de empleo. En el plano socioeconómico, la búsqueda de valor añadido se encuentra en el objetivo fundamental de los agentes económicos que operan en todo el mundo.

Gracias a la inclusión y extensión de la digitalización y los procesos innovadores entre las microempresas y PYMES, se abre la posibilidad de que nuestro tejido empresarial pueda seguir compitiendo en los mercados a nivel global, elemento que permite superar barreras que puedan encontrarse, por ejemplo, en los entornos rurales, permitiendo el desarrollo de proyectos empresariales que, sin el apoyo de las Nuevas Tecnologías, serían impensables en la actualidad.

Por ello, las medidas para una promoción y mejora empresarial de esta red suponen una plataforma de acceso a la consolidación y supervivencia de miles de empresas que suman una importante contribución al Producto Interior Bruto de la Comunidad, junto a la generación de puestos de trabajo que vertebran el eje social de Castilla y León.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Desarrollar una nueva batería de medidas eficaces destinadas a intensificar la digitalización de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de líneas de ayudas que acerquen las Nuevas Tecnologías, con especial atención a las microempresas en el mundo rural.

2. Que, en marco de la digitalización de microempresas y PYMES en el medio rural, se realicen análisis periódicos de la velocidad relativa a la conectividad real existente en estas zonas, con el objetivo de garantizar que no existan diferencias entre la capacidad efectiva y contratada con los operadores en telecomunicaciones.

3. Establecer canales de asesoramiento empresarial eficaces destinados a la inclusión de las Nuevas Tecnologías enfocadas a la internacionalización de microempresas y PYMES, mediante el uso de comercio por internet o servicios en la Nube y Big Data.

4. Instar al Gobierno de la Nación a impulsar e implantar, de forma decidida, la formación bonificada, mediante "cheque formación", como fórmula para el aprendizaje y mejora de la gestión empresarial en el ámbito de PYMES y autónomos.

5. Simplificar las cargas burocráticas y trabas administrativas para las exportaciones de microempresas y PYMES a países de la Unión Europea y extracomunitarios, con el objetivo de promover el dinamismo estratégico y fortaleza empresarial y competitiva en el exterior, en el marco de las competencias de Castilla y León.

6. Que, en lo relativo a la Moción M/000222-02, se dé cumplimiento a los puntos relativos a publicitar los Centros de Gestión Unificada regulados en el Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y León, implantados en las 9 provincias, así como a convocar, en los plazos que marca la normativa, la Comisión de Simplificación Administrativa para la Dinamización Empresarial regulada en la Orden PRE/445/2016, de 17 de mayo, con motivo de seguir avanzando en la eliminación de burocracia.

7. Establecer ventanilla única eficaz para la atención y gestión de las líneas de ayudas ofertadas por todas las Administraciones Públicas así como de la Unión Europea, condensando, de forma simple y sencilla, su consulta a través de medios telemáticos.

8. Que, en consonancia con la creación de un canal presencial unificado para la consulta de las líneas de ayudas para microempresas y PYMES, se establezca una mejora en el sistema de asesoramiento para guiar y atender las necesidades de los empresarios con el objetivo de garantizar que éstas obtengan la mayor información posible para acceder a financiación necesaria para su proyecto.

9. Elaborar e impulsar un protocolo en materia de protección y seguridad ante Cyberataques para Pequeñas y Medianas Empresas, así como formación específica en esta materia.

10. Establecer un marco normativo, fiscal y regulatorio favorable para este tipo de empresas, en el marco de sus competencias. Se definirá como "PYME de alta intensidad innovadora" aquellas empresas pertenecientes a sectores prioritarios identificados en la estrategia de especialización inteligente regional (RIS3) y que cumplan los términos que se especifican.

11. Impulsar, desde el próximo ejercicio, un programa de concesión de préstamos participativos, concurrencia competitiva, complementario a programas estatales similares y con carácter anual, que permita el desarrollo y el crecimiento de PYMES de alta intensidad innovadora.

12. Solicitar al Gobierno de la Nación que profundice en el desarrollo normativo estatal de un Estatuto para la PYME de alta intensidad innovadora que favorezca su constitución, financiación, fiscalidad, consolidación y crecimiento.

13. Instar al Gobierno de la Nación a promover y facilitar el acceso de las PYME a la contratación pública, con sujeción a los principios de legalidad, transparencia y publicidad, y con el fin de fomentar una mayor concurrencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos.

14. Instar al Gobierno de la Nación a que, de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, paralice la aplicación del impuesto al diésel, a tenor del grave castigo fiscal que representa para los autónomos y microempresas de nuestro país.

15. Solicitar al Gobierno de España que, en el marco de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, se comprometa a que cualquier incremento del Salario Mínimo Interprofesional no repercuta en un castigo a los autónomos con un aumento de la base de la cotización de la Seguridad Social.

En Valladolid, a 24 de octubre de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez