PNL/002260-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de noviembre de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002259 y PNL/002260.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,

Fdo.: Carlos Ortega Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

Fue en la década de 1960 cuando se descubrió la existencia de petróleo en un paraje de la zona norte de la provincia de Burgos, en la comarca conocida como "La Lora". La puesta en marcha de la concesión de la explotación permitió que se llegaran a perforar un total de 64 pozos, que tuvieron su punto álgido de extracción en 1969 con un total de cerca de 6.000 barriles de petróleo diarios. A partir de ese momento, se fue dando un descenso en la producción, que no obstante se mantuvo en la extracción de 120 barriles diarios.

La concesión de explotación, desde ese momento ha significado un notable impulso para esa comarca, especialmente en lo relacionado con dinamización económica, inversión, empleo, calidad de vida y fijación de población en un entorno rural.

A pesar de la reducción de actividad, esto no ha sido óbice para el establecimiento de varias decenas de puestos de trabajo directos, y muchos otros indirectos que en el caso de una comarca como "La Lora" resultan cruciales puesto que se asientan en un entorno donde la actividad laboral está básicamente vinculada al mundo agrario, y además cuando se trata de empleos donde la no necesidad de formación cualificada facilita la incorporación de perfiles de residentes en ese entorno rural.

Adicionalmente, cabe recordar que la Ley 8/2015, de 21 de mayo, creó una serie de figuras tributarias como el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo, y Condensados o la obligación de pago a los propietarios de terrenos suprayacentes, para compartir parte de los beneficios de la explotación de los hidrocarburos con el conjunto de la sociedad, colaborando así con un compromiso social con el entorno.

Asimismo, no se puede olvidar que España batió en 2017 su récord de importaciones de petróleo por tercer año consecutivo. Se importaron 65,843 millones de toneladas de crudo, un 2,6 % más que en 2016, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) publicadas en febrero de este año, lo cual acredita la necesidad del empleo de esta fuente de energía en nuestro país. Máxime además cuando a lo largo de décadas de explotación de los pozos de La Lora no ha existido ningún tipo de problema y la actividad se ha desarrollado con todas las garantías.

Recientemente, hay que recordar que en enero de 2017 se puso de manifiesto la imposibilidad legal de desarrollar una prórroga a la concesión de 50 años que estaba en vigor y que vencía en ese momento, todo ello en función de diversos informes emitidos por los Servicios Jurídicos del Ministerio.

Esto no fue óbice para seguir apostando por el potencial económico y de desarrollo de dicho yacimiento, y por ello el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 54/2017, de 27 de enero, que habilitaba a la Dirección General de Política Energética y Minas para poder convocar de nuevo un concurso para la explotación de los yacimientos, todo ello bajo los principios de objetividad, transparencia y no discriminación, al objeto de poder adjudicar una nueva concesión de explotación en la comarca de "La Lora".

Dicha convocatoria se condicionaba a la existencia de empresas que previamente manifestaran su interés en dicha convocatoria, cuestión que quedó despejada con el anuncio por parte de la empresa concesionaria hasta ese momento, quien anunció de modo inmediato en enero de ese mismo año su firme intención de invertir 5 millones de € en un proyecto que aseguraría la explotación del yacimiento de La Lora, y por tanto la generación de mayor actividad económica y también asociado a ello el establecimiento de nuevos puestos de trabajo en esa comarca.

Cuando estaban muy avanzados los trabajos de elaboración del pliego para este nuevo concurso ocurrió el cambio de Gobierno en España, que en estos 5 meses no había ofrecido ninguna explicación clara sobre cómo se encontraba el proceso, hasta que ayer, 5 de noviembre, se ha conocido un comunicado de prensa por el cual se da cuenta de la notificación del Gobierno a la empresa Columbus Energy Resources para obligarles al desmantelamiento de la planta de Ayoluengo en La Lora sin más explicaciones, tras 50 años de explotación, y que se encontraba en expectativa de optar a un concurso que permitiera seguir manteniendo la actividad económica, la inversión y el empleo en la zona.

Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España a los efectos de:

1) Paralizar la irresponsable e injustificada orden de desmantelamiento dirigida por el Gobierno de España a la empresa concesionaria de la única explotación del yacimiento de hidrocarburos ubicado en nuestra Comunidad, en concreto en Ayoluengo (Burgos).

2) Consecuentemente, iniciar de inmediato, sobre los pliegos que estaba redactando el anterior Gobierno, la convocatoria de concurso público para la adjudicación de una nueva concesión de explotación del yacimiento de hidrocarburos ubicado en Ayoluengo (Burgos), teniendo en cuenta para ello el estricto cumplimiento de todas las condiciones y garantías en relación con la seguridad, los aspectos medioambientales -principalmente los que lo hagan compatible con el Geoparque de Las Loras-, las inversiones necesarias y la pública concurrencia.

3) Subsidiariamente, adoptar con carácter inmediato las medidas económicas oportunas para compensar la caprichosa decisión de desmantelamiento de la explotación y favorecer el mantenimiento del empleo, aplicando incentivos económicos que garanticen la fijación de población y actividad en la comarca".

Valladolid, 6 de noviembre de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano