PNL/002262-01








4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/002262-01


Sumario:

Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para instar a la Junta a desterrar cualquier impunidad respecto a los comportamientos de los responsables políticos y a trasladar al Gobierno el rechazo a la concesión de indulto o cualquier otra medida de privilegio a los responsables del golpe separatista cometido en Cataluña en caso de sentencia condenatoria, para su tramitación ante el Pleno.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de noviembre de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002261 a PNL/002264.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,

Fdo.: Carlos Ortega Santiago



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario CIUDADANOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

Como resulta conocido, el 30 de octubre de 2017 el Fiscal General del Estado interpuso querella contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente, Oriol Junqueras, el resto del Govern, diversos miembros de la Mesa del Parlament, con Carme Forcadell a la cabeza, y dirigentes independentistas, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional sin precedentes en nuestro país que culminó con la declaración unilateral de independencia de Cataluña, realizada con total desprecio a nuestra Constitución.

Dicha querella ha dado lugar a la Causa Especial 20907/2017, que se sigue ante el Tribunal Supremo y que se ha venido tramitando a lo largo del último año, causa en la cual se ha dictado ya Auto de Procesamiento contra los 13 querellados por delitos de especial gravedad, a saber: rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia.

Pues bien, paralelamente a la tramitación de la causa penal se han ido sucediendo una serie de declaraciones de dirigentes políticos, especialmente del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), que se han manifestado favorables a la atenuación de las medidas cautelares de carácter personal adoptadas por el juez instructor, e incluso partidarios de la concesión de futuros indultos para el caso de que se llegase a dictar sentencia condenatoria contra los procesados. Actuación que compromete gravemente el principio de independencia del Poder Judicial, al que se advierte de la posible inejecución de las sentencias que se pudieran dictar para el caso de que no resultasen alineadas con la estrategia política considerada más favorable para sus intereses políticos.

Resulta forzoso recordar que el artículo 117.1 de nuestra Constitución consagra este principio de independencia judicial, atribuyendo el punto tercero en exclusiva el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y «haciendo ejecutar lo juzgado» a los Juzgados y Tribunales predeterminados por las leyes. Asimismo, el artículo 118 señala que resulta obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales. Por lo que este tipo de manifestaciones que señalan, con mucha antelación a la finalización de la causa, la voluntad de obviar la acción de la Justicia por parte del poder ejecutivo, amén de suponer un verdadero fraude de ley, sirven para alimentar la sensación de impunidad en aquellos que han perpetrado un gravísimo golpe contra nuestra democracia, con manifiesto desprecio de nuestra Constitución, del Estatut y del principio de soberanía nacional.

En este sentido cabe recordar que ya en el mes de diciembre del año pasado, durante la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 21-D, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, cuando apenas se había iniciado la causa penal, se mostró reiteradamente partidario de otorgar el indulto a los responsables del golpe al Estado de derecho en Cataluña. Igualmente, la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, el pasado 22 de septiembre en declaraciones a Catalunya Radio se manifestó partidaria del indulto a los líderes golpistas en el caso de que fuesen condenados por el Tribunal Supremo, con el único requisito de que: «tienen que pedirlo».

Cabe destacar también que la Constitución subraya que «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social». Sin embargo, los ya procesados no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento por los delitos de los que se les acusa, ni que lo vayan a hacer en el futuro en caso de condena. Más bien al contrario, aseguran que no piensan asumir ninguna responsabilidad ni culpabilidad y que lo volverían a hacer. Por tanto, no tendría mucho sentido suprimir o acortar las penas que los tribunales estimen razonables para lograr una posible rectificación que está muy lejos de producirse, si finalmente estas se confirmasen.

Además, hay que tener en cuenta que la Ley establece que «el indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciador», y que entre las «condiciones tácitas de todo indulto» está la de «que no cause perjuicio a tercera persona, o no lastime sus derechos». Y, sin duda, la concesión de esta verdadera acta de impunidad generalizada perjudicaría al conjunto de los ciudadanos españoles y lastimaría sus derechos.

Todos los ciudadanos se podrán sentir discriminados y desamparados, ante el hecho evidente de que determinados dirigentes políticos que han mostrado un manifiesto desprecio por la Ley, la democracia y la convivencia se vean libres de toda responsabilidad, en un grave e irresponsable ejercicio de deslegitimación y voladura de nuestro sistema democrático, iniciada con la ruptura efectiva del principio de igualdad ante la ley.

Teniendo presente todo lo anterior y ante la urgencia y gravedad del asunto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta ante la Comisión la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Considera que el principio de igualdad ante la ley, como regla básica del Estado social y democrático de Derecho que consagra nuestra Constitución, exige desterrar cualquier atisbo de impunidad en el comportamiento de los responsables políticos que deberán responder ante los tribunales por los posibles delitos cometidos como cualquier ciudadano, sin disfrutar de privilegios derivados de conveniencias políticas.

2. En consonancia con el punto anterior y para el caso de producirse sentencia condenatoria, insta al Gobierno de la (CC. AA.) a trasladar al Gobierno de la Nación el rechazo a la concesión del indulto, y cualquier otra medida de privilegio, a los que resulten responsables del golpe separatista cometido en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017, y que actualmente es objeto de enjuiciamiento ante el Tribunal Supremo.

En Valladolid, a 2 de noviembre de 2018.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: David Castaño Sequeros,

María Belén Rosado Diago,

José Ignacio Delgado Palacios y

Manuel Mitadiel Martínez

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez


PNL/002262-01

CVE="BOCCL-09-030685"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 64136-64138
BOCCL nº 485/9 del 15/11/2018
CVE: BOCCL-09-030685

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/002262-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para instar a la Junta a desterrar cualquier impunidad respecto a los comportamientos de los responsables políticos y a trasladar al Gobierno el rechazo a la concesión de indulto o cualquier otra medida de privilegio a los responsables del golpe separatista cometido en Cataluña en caso de sentencia condenatoria, para su tramitación ante el Pleno.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de noviembre de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002261 a PNL/002264.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,

Fdo.: Carlos Ortega Santiago


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario CIUDADANOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

Como resulta conocido, el 30 de octubre de 2017 el Fiscal General del Estado interpuso querella contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente, Oriol Junqueras, el resto del Govern, diversos miembros de la Mesa del Parlament, con Carme Forcadell a la cabeza, y dirigentes independentistas, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional sin precedentes en nuestro país que culminó con la declaración unilateral de independencia de Cataluña, realizada con total desprecio a nuestra Constitución.

Dicha querella ha dado lugar a la Causa Especial 20907/2017, que se sigue ante el Tribunal Supremo y que se ha venido tramitando a lo largo del último año, causa en la cual se ha dictado ya Auto de Procesamiento contra los 13 querellados por delitos de especial gravedad, a saber: rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia.

Pues bien, paralelamente a la tramitación de la causa penal se han ido sucediendo una serie de declaraciones de dirigentes políticos, especialmente del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), que se han manifestado favorables a la atenuación de las medidas cautelares de carácter personal adoptadas por el juez instructor, e incluso partidarios de la concesión de futuros indultos para el caso de que se llegase a dictar sentencia condenatoria contra los procesados. Actuación que compromete gravemente el principio de independencia del Poder Judicial, al que se advierte de la posible inejecución de las sentencias que se pudieran dictar para el caso de que no resultasen alineadas con la estrategia política considerada más favorable para sus intereses políticos.

Resulta forzoso recordar que el artículo 117.1 de nuestra Constitución consagra este principio de independencia judicial, atribuyendo el punto tercero en exclusiva el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y «haciendo ejecutar lo juzgado» a los Juzgados y Tribunales predeterminados por las leyes. Asimismo, el artículo 118 señala que resulta obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales. Por lo que este tipo de manifestaciones que señalan, con mucha antelación a la finalización de la causa, la voluntad de obviar la acción de la Justicia por parte del poder ejecutivo, amén de suponer un verdadero fraude de ley, sirven para alimentar la sensación de impunidad en aquellos que han perpetrado un gravísimo golpe contra nuestra democracia, con manifiesto desprecio de nuestra Constitución, del Estatut y del principio de soberanía nacional.

En este sentido cabe recordar que ya en el mes de diciembre del año pasado, durante la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 21-D, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, cuando apenas se había iniciado la causa penal, se mostró reiteradamente partidario de otorgar el indulto a los responsables del golpe al Estado de derecho en Cataluña. Igualmente, la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, el pasado 22 de septiembre en declaraciones a Catalunya Radio se manifestó partidaria del indulto a los líderes golpistas en el caso de que fuesen condenados por el Tribunal Supremo, con el único requisito de que: «tienen que pedirlo».

Cabe destacar también que la Constitución subraya que «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social». Sin embargo, los ya procesados no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento por los delitos de los que se les acusa, ni que lo vayan a hacer en el futuro en caso de condena. Más bien al contrario, aseguran que no piensan asumir ninguna responsabilidad ni culpabilidad y que lo volverían a hacer. Por tanto, no tendría mucho sentido suprimir o acortar las penas que los tribunales estimen razonables para lograr una posible rectificación que está muy lejos de producirse, si finalmente estas se confirmasen.

Además, hay que tener en cuenta que la Ley establece que «el indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciador», y que entre las «condiciones tácitas de todo indulto» está la de «que no cause perjuicio a tercera persona, o no lastime sus derechos». Y, sin duda, la concesión de esta verdadera acta de impunidad generalizada perjudicaría al conjunto de los ciudadanos españoles y lastimaría sus derechos.

Todos los ciudadanos se podrán sentir discriminados y desamparados, ante el hecho evidente de que determinados dirigentes políticos que han mostrado un manifiesto desprecio por la Ley, la democracia y la convivencia se vean libres de toda responsabilidad, en un grave e irresponsable ejercicio de deslegitimación y voladura de nuestro sistema democrático, iniciada con la ruptura efectiva del principio de igualdad ante la ley.

Teniendo presente todo lo anterior y ante la urgencia y gravedad del asunto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta ante la Comisión la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Considera que el principio de igualdad ante la ley, como regla básica del Estado social y democrático de Derecho que consagra nuestra Constitución, exige desterrar cualquier atisbo de impunidad en el comportamiento de los responsables políticos que deberán responder ante los tribunales por los posibles delitos cometidos como cualquier ciudadano, sin disfrutar de privilegios derivados de conveniencias políticas.

2. En consonancia con el punto anterior y para el caso de producirse sentencia condenatoria, insta al Gobierno de la (CC. AA.) a trasladar al Gobierno de la Nación el rechazo a la concesión del indulto, y cualquier otra medida de privilegio, a los que resulten responsables del golpe separatista cometido en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017, y que actualmente es objeto de enjuiciamiento ante el Tribunal Supremo.

En Valladolid, a 2 de noviembre de 2018.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: David Castaño Sequeros,

María Belén Rosado Diago,

José Ignacio Delgado Palacios y

Manuel Mitadiel Martínez

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez


PNL/002262-01

CVE="BOCCL-09-030685"



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