PNL/002268-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de noviembre de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002265 a PNL/002271.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,

Fdo.: Carlos Ortega Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Fuentes Rodríguez, David Castaño Sequeros, Belén Rosado Diago, José Ignacio Delgado Palacios y Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión:

La grave situación a la que han abocado los partidos separatistas y el Gobierno de la Generalidad es ya insostenible. El pasado año 2017, la coalición independentista cruzó de modo imperdonable una línea que conduciría a la más detestable ilegalidad y, finalmente, en perjuicio de todos, a una situación de conflictividad social en la que, desde hace un año, Cataluña se encuentra atrapada, con tensión creciente y brotes de violencia que comienzan a preocupar a toda la ciudadanía española.

Tras el estridente fracaso de los planes de los partidos secesionistas, ahora su estrategia para escapar de su irresponsabilidad es seguir elevando la tensión sin otro particular propósito que el de evitar admitir dicho fracaso. La ciudadanía catalana es la única que está pagando verdaderamente el precio de su impudicia, cada vez más elevado e injustificado. La primera conmemoración del referéndum ilegal durante el día de ayer fue un buen ejemplo de ello.

Los comandos separatistas (CDRs) procedieron a la realización, una vez más, de actuaciones violentas que terminaron por paralizar la Comunidad Autónoma. En efecto, en apenas unas pocas horas, les sobró tiempo para cortar varias en carreteras de toda Cataluña (entre ellas, la AP-7) y las vías del tren de Gerona y, finalmente, asediar las delegaciones del Gobierno de la Generalidad en Gerona y el Parlamento de Cataluña, todo lo anterior mediante el uso de una violencia explícita y de todo punto injustificada.

Ante tal situación, intolerable en cualquier democracia que se precie, el Presidente de la Generalidad de Cataluña, Joaquim Torra, se ha plegado cobardemente a las consignas excluyentes, violentas y antidemocráticas de los citados comandos separatistas, e incluso ha aplaudido sus actuaciones durante la conmemoración del referéndum ilegal celebrado -a duras penas- el 1 de octubre de 2017: «Apretad, hacéis bien en apretar», ha declarado públicamente.

Huelga decir que el hecho de que el Presidente de una Comunidad Autónoma anime a unos ciudadanos, sin importar quiénes sean, a cometer actos de violencia y de ocupación del espacio público de manera ilegal no sólo constituye una actuación inmoral y explícitamente antidemocrática, sino que resulta gravísimo, intolerable y de una irresponsabilidad mayúscula.

La respuesta del Gobierno de España ha de estar a la altura de una nación democrática, protegiendo la legalidad y los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña. Todos los sabemos: el Estado lleva desaparecido en Cataluña demasiado tiempo. Es por ello que, a la vista de que las circunstancias evidencian una innegable escalada de tensión en Cataluña, ha llegado el momento de admitir que sólo la imposición de la legalidad y el refuerzo del Estado de Derecho y de la democracia en Cataluña podrán impedir que la ilegalidad y el caos se impongan, la convivencia peligre de manera irreparable y que la solución al conflicto catalán se dilate durante años.

Por tanto, la única manera de solucionar el conflicto catalán pasa por recuperar la presencia del Estado en Cataluña, retirando la ocupación partidista de las instituciones públicas catalanas y asegurando, de una vez por todas, que no se impone el relato separatista por encima de todos los demás.

Por supuesto, para ello es preciso condenar sin tibiezas ni titubeos la violencia a la que abocan los comandos separatistas, que alienta el Gobierno de Cataluña y que minimiza el Gobierno de España. Algunas de las instituciones catalanas más relevantes y representativas colaboraron de manera activa con el golpe de Estado del año 2017, y, desde entonces, ni siquiera la aplicación temporal del artículo 155 de la Constitución ha servido para aminorar su complicidad con el separatismo excluyente que pretende imponerse en Cataluña.

Nuestra respuesta contra el separatismo dogmático y excluyente ha de ser unánime, igual que nuestro compromiso con los valores democráticos, que sólo la ley y la fortaleza del Estado de Derecho pueden garantizar.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Dirigirse al Gobierno de la Nación instándolo a realizar el requerimiento previo al Presidente de la Generalidad de Cataluña que contempla el artículo 155 de la Constitución.

2. Condenar las actuaciones violentas de los comandos separatistas durante el 1 de octubre de 2018 y, en particular, el ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la ocupación de infraestructuras clave y el asalto a la delegación del Gobierno de la Generalidad en Gerona y al Parlamento de Cataluña.

3. Condenar las recientes declaraciones del Presidente de la Generalidad de Cataluña: «Apretad, hacéis bien en apretar», en las cuales alienta a los citados comandos separatistas a la desobediencia y a las acciones violentas.

4. Manifestar su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a todos los funcionarlos que se encuentran en Cataluña que con su labor garantizan la seguridad, los derechos y las libertades de los ciudadanos, así como, especialmente, a los ciudadanos demócratas de Cataluña que, al margen de ideologías, respetan la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como valor imprescindible para garantizar la convivencia de la comunidad.

En Valladolid, a 29 de octubre de 2018.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: David Castaño Sequeros,

María Belén Rosado Diago,

José Ignacio Delgado Palacios y

Manuel Mitadiel Martínez

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez