PE/010547-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 23 de noviembre de 2018, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/010521 a PE/010668.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de noviembre de 2018.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,

Fdo.: Carlos Ortega Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Administración de la Comunidad de Castilla y León se constituyó en entidad prestataria del servicio de atención de llamadas de urgencia a través del teléfono único europeo 1-1-2 por Acuerdo de la Junta de Castilla y León, de 16 de octubre de 1997, en cumplimiento del Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se incorporó a la normativa autonómica, la Decisión 91/396/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 29 de julio de 1991.

Asimismo, se reguló este servicio público en el Decreto 302/1999, de 2 de diciembre, donde se concretaron las prestaciones que dicho servicio debería facilitar a los ciudadanos, sin perjuicio de la forma de gestión que pudiera establecer la administración, y se atribuyeron las correspondientes competencias a la entonces Consejería de Presidencia y Administración Territorial.

La Junta de Castilla y León decidió que el servicio público de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico único europeo 1-1-2 se gestionará por la Administración de la Comunidad de Castilla y León de forma indirecta, y tuviera la naturaleza de contrato administrativo especial, adjudicado mediante procedimiento abierto.

La ORDEN FYM/334/2013, de 2 de mayo, de desarrollo del Decreto 302/1999, de 2 de diciembre, determina la forma de gestión del servicio público de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 1-1-2, y organiza dicho servicio.

Mediante RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2013, de la Agencia de Protección Civil, se anuncia la licitación para la contratación del expediente: «Adecuación, explotación y mantenimiento del servicio público de atención de llamadas de urgencia y emergencia 1-1-2 en la Comunidad de Castilla y León». Expte.: PC-09/13.

Dicha Resolución establece un Plazo de ejecución desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, admitiendo una prórroga por períodos anuales hasta el 31 de diciembre de 2017.

Mediante Orden de 14 de noviembre de 2013 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se adjudicó el contrato de adecuación, explotación y mantenimiento del Servicio Público de Atención de Llamadas de urgencias y emergencia 1-1-2 en la Comunidad de Castilla y León a la empresa U.T.E. OUTSOURC1NG SIGNO SERVICIOS INTEGRALES GRUPO NORTES.L.U. - TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.

Con fecha 22-05-2018, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid notificó un acta de liquidación por un importe de 695.577, 87 € correspondiente al periodo del 1/2014 al 3/2018, a la empresa Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios, S.L como sujeto responsable y la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León como responsable solidario, debido a la utilización de la fórmula de subcontratación del servicio con la empresa EURAL en el Centro Coordinador de Emergencias (CCE) y en la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE), a la subrogación obligatoria del personal que prestaba servicios en la atención telefónica del 1-1-2 en la empresa adjudicataria anterior y otras cuestiones.

Se pregunta:

• ¿Cuáles son los motivos por los que la Junta de Castilla y León permitió la subcontratación de personal de la empresa Grupo Norte con la empresa Eural, sin que advirtiera de tal situación que incumplía el Pliego de condiciones de la concesión del servicio público del 1-1-2?

• ¿En la actualidad la Junta de Castilla y León garantiza que no existe subcontratación en el servicio?

• ¿Cómo valora la resolución de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid que condena al pago de un importe de 695.577, 87 €?

• ¿Va a realizar alguna actuación la Junta de Castilla y León hacia la empresa concesionaria del servicio por el incumplimiento del pliego de condiciones? ¿Qué tipo de actuación?

Valladolid a 06 de noviembre de 2018