PNL/002303-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002296 a PNL/002305.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2018.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,

Fdo.: Carlos Ortega Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión:

La accesibilidad universal es un derecho fundamental de todos los españoles. Por ello, es necesario que nuestras infraestructuras se adecúen a todos los ciudadanos, requieran o no actuaciones especiales. En el ámbito del transporte, las personas con movilidad reducida requieren una especial atención.

La accesibilidad es clave para asegurar y facilitar la vida digna de todos los ciudadanos, sin caer en ningún tipo de discriminación, en el ámbito de su vida cotidiana. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que España ratificó el 3 de mayo de 2008, reconoce la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, en su artículo 9, a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, indica que los estados miembros deben adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Por otro lado, en nuestro contexto autonómico, Castilla y León cuenta con la Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras y el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras que representan la consolidación del fomento y la protección de la accesibilidad como fórmula para el pleno desenvolvimiento e integración real de cualquier ciudadano en la sociedad.

Entre sus objetivos fundamentales encontramos la mejora de las condiciones de accesibilidad para garantizar que los bienes y servicios prestados en la Comunidad garanticen la autonomía, la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad o con otras dificultades de interacción con el entorno.

Asimismo, mediante el Acuerdo 39/2004, de 25 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y León 2004-2008 en la que, entre otras, se reconocen las aspiraciones y requerimientos de la ciudadanía y el transporte, con especial atención a los usuarios con movilidad y/o comunicación reducida.

Los actuales problemas de accesibilidad en el transporte público llevan a las personas con discapacidad a hacer un uso más intensivo del vehículo privado, con el coste añadido que eso supone. Este sobrecoste debe verse compensado con medidas como la exención de peaje de las autopistas que son concesiones de las Comunidades Autónomas.

Esta exención está regulada en otros países europeos, por lo que se trataría de introducir en nuestro contexto nacional y autonómico una medida probada y en funcionamiento, que trata de favorecer la libertad de circulación e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de España negociar con las empresas concesionarias de las autopistas de titularidad estatal para la exención del pago de peaje a las personas con discapacidad que cuenten con reconocimiento oficial de movilidad reducida.

En Valladolid, a 29 de noviembre de 2018.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y

David Castaño Sequeros

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez