PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 14 de diciembre de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002306 a PNL/002309.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de diciembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:
ANTECEDENTES
La deslocalización empresarial, es decir, el cierre, total o parcial, de una empresa y su traslado al extranjero, es un fenómeno incipiente asociado a la globalización económica que supone, desde una perspectiva socio laboral, múltiples efectos perniciosos sobre el territorio en el que esté asentada dicha empresa, como son:
La pérdida sustancial de puestos de trabajo directos e indirectos que son el sustento de muchas familias en el territorio en el que esté asentada dicha empresa.
La presión añadida (casi chantaje) que estas prácticas deslocalizadoras reportan sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios y de las condiciones de trabajo. Ejemplo cercano de ello lo encontramos en Vestas al ofrecer una bolsa de empleo en exclusiva a cambio de renunciar a parte de la indemnización negociada.
La desinversión y la evidente pérdida de competitividad y de riqueza que genera la propia actividad empresarial en el territorio, sobre todo en su nivel más cercano, local y provincial.
La deslocalización no sólo depende de los costes laborales y de proyección social, sino también del sistema fiscal, del funcionamiento de los tribunales, de los costes de la inversión, de la complejidad tecnológica de los procesos implicados (variedad y calidad), de las normas laborales y medioambientales, de la dotación de infraestructuras, del precio de la energía, de la formación de la mano de obra, de la proximidad a fuentes de materias primas o a grandes mercados, de la amplitud y dinamismo del mercado interno, etcétera.
De esta forma, las empresas pueden escoger a discreción el lugar de inversión, de producción, de cotización y de residencia, y muchos empresarios se aprovechan de la baja presión fiscal de los Estados "pobres" al tiempo que disfrutan de los elevados niveles de vida de los Estados "ricos", pagando los impuestos donde les resulta menos gravoso. En suma, la estrategia de las grandes empresas (entidades industriales y comerciales, instituciones financieras) pasa por el desplazamiento de fábricas a países con salarios bajos, trasvasando fondos y contabilidades, eludiendo fiscalidades y legislaciones incómodas, aplastando a rivales locales y consiguiendo cifras de beneficios superiores a muchos presupuestos nacionales.
Además, todas las administraciones del Estado, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Gobierno de España, tratan de captar este tipo de inversiones con ayudas de muy diferente índole, como son el ofrecimiento de suelo industrial, la ejecución de infraestructuras, ayudas sociales, fiscales, laborales, subvenciones directas, etcétera. Este intento de resultar atractivo para la inversión privada es un común denominador de las políticas económicas e industriales de todos los gobiernos que se debe, además, potenciar para generar riqueza en el territorio.
Corremos el riesgo de que la deslocalización de la producción y la movilidad transnacional de las empresas contribuya, también, a mayores reformas liberales de los sistemas jurídico-laborales y un desmantelamiento aun mayor de los sistemas de garantías creados por el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que han contribuido decididamente al Estado del Bienestar en España y en Europa.
Existen, por tanto, muchas variables que confieren al problema de la deslocalización una dimensión que supera el marco competencial de la Comunidad Autónoma. En este sentido, la Junta de Castilla y León debe establecer alianzas y acuerdos en España y en Europa para establecer un marco de actuación común para todos.
Sin embargo, sí es competencia autonómica la concesión de ayudas y subvenciones a las empresas que se quieran instalar en nuestro territorio. En este sentido, después de los recientes casos de deslocalización protagonizados por empresas como Vestas en León o Lauki en Valladolid, por citar dos ejemplos, se debe revisar la política de concesión de este tipo de subvenciones y establecer cláusulas que permitan su recuperación inmediata en aquellos casos de deslocalización.
Por todo ello, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a incorporar, en las convocatorias y resoluciones de concesión de subvenciones y ayudas, cláusulas que permitan su recuperación inmediata en aquellos casos en que se produzcan deslocalizaciones o cierres de centros de producción cuando los mismos arrojen beneficios.
Valladolid, 12 de diciembre de 2018.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/002307-01
CVE="BOCCL-09-031312"
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 14 de diciembre de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002306 a PNL/002309.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de diciembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:
ANTECEDENTES
La deslocalización empresarial, es decir, el cierre, total o parcial, de una empresa y su traslado al extranjero, es un fenómeno incipiente asociado a la globalización económica que supone, desde una perspectiva socio laboral, múltiples efectos perniciosos sobre el territorio en el que esté asentada dicha empresa, como son:
La pérdida sustancial de puestos de trabajo directos e indirectos que son el sustento de muchas familias en el territorio en el que esté asentada dicha empresa.
La presión añadida (casi chantaje) que estas prácticas deslocalizadoras reportan sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios y de las condiciones de trabajo. Ejemplo cercano de ello lo encontramos en Vestas al ofrecer una bolsa de empleo en exclusiva a cambio de renunciar a parte de la indemnización negociada.
La desinversión y la evidente pérdida de competitividad y de riqueza que genera la propia actividad empresarial en el territorio, sobre todo en su nivel más cercano, local y provincial.
La deslocalización no sólo depende de los costes laborales y de proyección social, sino también del sistema fiscal, del funcionamiento de los tribunales, de los costes de la inversión, de la complejidad tecnológica de los procesos implicados (variedad y calidad), de las normas laborales y medioambientales, de la dotación de infraestructuras, del precio de la energía, de la formación de la mano de obra, de la proximidad a fuentes de materias primas o a grandes mercados, de la amplitud y dinamismo del mercado interno, etcétera.
De esta forma, las empresas pueden escoger a discreción el lugar de inversión, de producción, de cotización y de residencia, y muchos empresarios se aprovechan de la baja presión fiscal de los Estados "pobres" al tiempo que disfrutan de los elevados niveles de vida de los Estados "ricos", pagando los impuestos donde les resulta menos gravoso. En suma, la estrategia de las grandes empresas (entidades industriales y comerciales, instituciones financieras) pasa por el desplazamiento de fábricas a países con salarios bajos, trasvasando fondos y contabilidades, eludiendo fiscalidades y legislaciones incómodas, aplastando a rivales locales y consiguiendo cifras de beneficios superiores a muchos presupuestos nacionales.
Además, todas las administraciones del Estado, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Gobierno de España, tratan de captar este tipo de inversiones con ayudas de muy diferente índole, como son el ofrecimiento de suelo industrial, la ejecución de infraestructuras, ayudas sociales, fiscales, laborales, subvenciones directas, etcétera. Este intento de resultar atractivo para la inversión privada es un común denominador de las políticas económicas e industriales de todos los gobiernos que se debe, además, potenciar para generar riqueza en el territorio.
Corremos el riesgo de que la deslocalización de la producción y la movilidad transnacional de las empresas contribuya, también, a mayores reformas liberales de los sistemas jurídico-laborales y un desmantelamiento aun mayor de los sistemas de garantías creados por el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que han contribuido decididamente al Estado del Bienestar en España y en Europa.
Existen, por tanto, muchas variables que confieren al problema de la deslocalización una dimensión que supera el marco competencial de la Comunidad Autónoma. En este sentido, la Junta de Castilla y León debe establecer alianzas y acuerdos en España y en Europa para establecer un marco de actuación común para todos.
Sin embargo, sí es competencia autonómica la concesión de ayudas y subvenciones a las empresas que se quieran instalar en nuestro territorio. En este sentido, después de los recientes casos de deslocalización protagonizados por empresas como Vestas en León o Lauki en Valladolid, por citar dos ejemplos, se debe revisar la política de concesión de este tipo de subvenciones y establecer cláusulas que permitan su recuperación inmediata en aquellos casos de deslocalización.
Por todo ello, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a incorporar, en las convocatorias y resoluciones de concesión de subvenciones y ayudas, cláusulas que permitan su recuperación inmediata en aquellos casos en que se produzcan deslocalizaciones o cierres de centros de producción cuando los mismos arrojen beneficios.
Valladolid, 12 de diciembre de 2018.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/002307-01
CVE="BOCCL-09-031312"