PNL/002343-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de febrero de 2019, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002328 a PNL/002350.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2019.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,

Fdo.: Carlos Ortega Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los pilares fundamentales que definen nuestro sistema penitenciario encuentran su correspondencia constitucional en el artículo 25.2 de nuestra Carta Magna, el que se prescribe que:

"Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad".

Posteriormente, la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, consolida, en su artículo primero que las entidades básicas que deben llevar a todos los efectos dicho mandato constitucional sean:

"Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados".

A la luz de la normativa básica relativa a nuestro sistema penitenciario, resulta evidente el peso específico y la importancia de las Instituciones Penitenciarias, nexo de unión entre funcionarios de prisiones, los condenados a penas privativas de libertad y la consecución del fin último que se pretende.

Sin embargo, en los últimos años, se ha constatado una sensible merma de los recursos, tanto materiales como humanos, que ha provocado un debilitamiento de este sustento primordial de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Existen varias razones que obligan a revisar las actuales políticas públicas penitenciarias para garantizar la eficacia y eficiencia de nuestro sistema.

Según los datos ofrecidos por las organizaciones sindicales de Instituciones Penitenciarias, a tenor de las Relaciones de Puestos de Trabajo establecidas para los centros de las 9 provincias de Castilla y León, actualmente, se contabilizan entre un 10 y un 20 % de vacantes.

En términos generales, hoy en día, se cifran en 388 los puestos sin cobertura de funcionarios en nuestra Comunidad.

CENTRORPTSITUACIÓN ACTUALVACANTES% PÉRDIDAVALLADOLID2862454114,40 %DUEÑAS4614115010,85 %TOPAS49439310120,50 %BURGOS2351973816,18 %SEGOVIA2992603913,04 %MANSILLA5014148718,83 %SORIA1251081713,60 %ÁVILA156141159,62 %

Por otro lado, el fenómeno de masificación existente en los centros de Castilla y León excede el número máximo de plazas entre un 51,87 % (99 internos) en el Centro de Ávila hasta alcanzar 173,46 % (175 internos) que registra el de Valladolid.

En el cómputo global, esto supone una saturación que sobrepasa la capacidad máxima hasta un 112,64 % (496 internos).

CENTROCAPACIDADINTERNOS ACTUALES% MASIFICACIONVALLADOLID365 PLAZAS540 INTERNOS147,94 %DUEÑAS864 PLAZAS980 INTERNOS113,42 %TOPAS864 PLAZAS850 INTERNOS98,37 %BURGOS362 PLAZAS306 INTERNOS84,53 %SEGOVIA344 PLAZAS471 INTERNOS136,91 %MANSILLA864 PLAZAS1019 INTERNOS117,93 %SORIA98 PLAZAS170 INTERNOS173,46 %ÁVILA162 PLAZAS83 INTERNAS51,87 %

Y, en tercer lugar, se cuenta con una avanzada edad media entre los funcionarios de prisiones, que, en estos momentos, llega a los 53 años.

CENTROEDAD MEDIAVALLADOLID52,41 AÑOSDUEÑAS52,53 AÑOSTOPAS55,77 AÑOSBURGOS52,97 AÑOSSEGOVIA52,89 AÑOSLEÓN53,74 AÑOSSORIA54,56 AÑOSAVILA52,58 AÑOS

La realidad de estas variables imposibilita el cumplimiento efectivo del mandato legal, dada la actual situación de saturación y falta de personal de las Instituciones Penitenciarias.

En este sentido, se continúa esperando la apertura y puesta en funcionamiento del nuevo centro penitenciario de Las Casas (Soria), que permita aliviar la carga de internos y, al mismo tiempo, se dote a los funcionarios de prisiones de instalaciones mejor adaptadas y modernas.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y a tenor del hartazgo manifestado por los funcionarios de prisiones en las protestas públicas llevadas a cabo por el colectivo en el mes de noviembre, creemos imprescindible la revisión y actualización de las políticas públicas penitenciarias, que doten a los funcionarios de prisiones de los recursos necesarios, junto a la mejora de sus condiciones salariales, formativas y profesionales, garantizando la cobertura de las plazas vacantes en el menor lapso de tiempo posible, como mecanismo de garantía para el buen funcionamiento de las Instituciones Penitenciarias.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de la Nación:

1. Actualizar la Relación de Puestos de Trabajo de los centros penitenciarios de Castilla y León, tanto los referentes a la plantilla funcionarial como los de personal laboral.

2. Convocar con carácter de urgencia un concurso de empleo público para adecuar las plantillas necesarias en los centros penitenciarios con el objetivo de cubrir las demandas reales de dichos centros.

3. Impulsar una mejora y adecuación de las condiciones laborales de los trabajadores penitenciarios con el fin de, entre otras cuestiones, aumentar y optimizar su formación.

4. Establecer las negociaciones oportunas para la actualización y mejora de las condiciones salariales de los trabajadores penitenciarios, reconociendo así las labores que desempeñan, y garantizando, en todo momento, la aplicación del principio de igualdad y equidad salarial entre los funcionarios y trabajadores públicos en todos los territorios del Estado.

5. Promover la modificación del artículo 80.2 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, que otorgue a los funcionarios penitenciarios la condición de Autoridad Pública en el ejercicio de sus funciones, contemplando, asimismo, su estatus de funcionarios públicos, con los derechos, deberes e incompatibilidades regulados por la legislación general de funcionarios civiles de la Administración del Estado.

6. Impulsar la apertura, lo antes posible, del nuevo centro penitenciario de Las Casas (Soria).

En Valladolid, a 21 de enero de 2019.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y

David Castaño Sequeros

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez