4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/002347-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de febrero de 2019, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002328 a PNL/002350.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago, David Castaño Sequeros, José Ignacio Delgado Palacios, Manuel Mitadiel Martínez y Luis Fuentes Rodríguez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión:
Nicolás Maduro ha llevado a cabo una erosión de las instituciones democráticas de Venezuela y, por tanto, del Estado de Derecho que protege los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos venezolanos. Este deterioro institucional deriva de una fuerte crisis económica provocada por las políticas fallidas del régimen bolivariano, que han llevado a los venezolanos a la miseria y la pobreza. Las protestas sociales no se hicieron esperar, y el descontento en la población llevó a la oposición a ganar las elecciones parlamentarias de 2015 y obtener la mayoría de la Asamblea Nacional.
Desde entonces, Nicolás Maduro ha intentado por todos los medios minar la capacidad de acción de la Asamblea Nacional. Primero creó una Asamblea Nacional Constituyente, controlada por sus seguidores, para vaciar de poder al parlamento legítimo. Después, organizó unas elecciones presidenciales sin garantías democráticas basándose en esa nueva Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Pese a que la comunidad internacional expresó su rechazo ante este grave ataque a los pilares de la democracia en Venezuela, Nicolás Maduro no cejó en su empeño de dinamitar las instituciones del país y organizó una ceremonia de toma de posesión ilegítima el pasado 20 de enero de 2018.
A su vez, el 5 de enero de 2019 tomó posesión como Presidente de la Asamblea Nacional el opositor Juan Guaidó. Poco después, el cuerpo de inteligencia del régimen bolivariano, el SEBIN, detuvo durante unas horas al Sr. Guaidó. Posteriormente fue liberado y la cúpula del propio régimen de Nicolás Maduro afirmó que se trataba de "un grupo de funcionarios de forma unilateral realizó un procedimiento irregular". Sin embargo, el propio Guaidó informó que los agentes de inteligencia que lo intentaron detener sólo seguían órdenes. "Ellos sabían poco, siguieron una orden, no sabían lo que hacían", declaró tras su liberación. Por tanto, podríamos estar ante un nuevo intento por parte de Nicolás Maduro de reprimir a la oposición política en Venezuela mediante la intimidación y la violencia.
Tras este incidente, y teniendo en cuenta la toma de posesión ilegítima de Nicolás Maduro como Presidente, la Asamblea Nacional afirmó que podría ampararse en la Constitución Nacional de Venezuela para relevar a Nicolás Maduro de sus funciones. Concretamente, informó de que los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución Nacional de Venezuela permitirían a Juan Guaidó asumir la máxima autoridad del Estado en tanto que Presidente de la Asamblea Nacional.
El Artículo 233 estipula que el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir el Poder Ejecutivo si el Ejecutivo electo tiene una falta absoluta, para posteriormente convocar unas elecciones presidenciales legítimas. Este mismo artículo entiende como faltas absolutas del Presidente de la República, entre otras, su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, así como la revocación popular de su mandato. De este modo, dado que la toma de posesión de Nicolás Maduro fue ilegítima y no se produjo ante la Asamblea Nacional, tal y como reza el orden constitucional venezolano, habría base jurídica para activar este artículo.
Los artículos 333 y 350, por otra parte, sentencian la legitimidad de lo que se redacta en la Carta Magna y su desconocimiento ante cualquier gobierno que contraría sus principios y derechos humanos. El Poder Legislativo, que es reconocido a nivel internacional como la única institución legítima del Estado tras la toma de posesión fraudulenta por parte de Nicolás Maduro, tiene la responsabilidad de hacer cumplir lo que la Constitución establece.
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció que apoyaría la intención del Presidente de la Asamblea Nacional de activar esos artículos de la Constitución. Posteriormente, el 11 de enero de 2019, la OEA se reunió en sesión extraordinaria para votar ese reconocimiento de Juan Guaidó como Presidente legítimo de Venezuela. La resolución de la OEA fue respaldada por 19 países, entre ellos 13 de los 14 integrantes del Grupo de Lima y Estados Unidos, mientras que seis se declararon en contra y otros ocho se abstuvieron.
La representante de Venezuela se encontraba en la sesión y pudo intervenir para defender su posición. En esta intervención, recriminó a la OEA esta votación, argumentando que sólo se podía suspender el derecho de Venezuela como Estado miembro de la OEA a través de la activación de la Carta de la Organización, algo que no había ocurrido. Además, afirmó que esto hacía la resolución inválida para Venezuela. El régimen bolivariano lleva desde que comenzó su deriva autoritaria enfrentado con la Organización de Estados Americanos por considerarla una organización al servicio de Estados Unidos. De hecho, el Gobierno de Maduro pidió dejar la OEA el 28 de abril de 2017, una salida que debe hacerse efectiva en este 2019.
En Estados Unidos, la defensa de los derechos y libertades en Venezuela ha sido un compromiso de ambos partidos políticos mayoritarios. Esto ha provocado que la Administración Trump tome una actitud muy activa a la hora de aprobar sanciones específicas contra altos cargos del régimen bolivariano de Nicolás Maduro. Recientemente, el Consejo de Seguridad Nacional ha confirmado al diario ABC que la Administración estadounidense está considerando reconocer a Juan Guaidó como Presidente legítimo de Venezuela en virtud del orden constitucional del país.
El 23 de enero de 2019, Juan Guaidó juró finalmente como Presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela de forma interina. Poco después, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá anunciaron que reconocen a Guaidó como Presidente. Acto seguido se han sumado los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú. También los presidentes del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo mostraron su apoyo a Juan Guaidó como Presidente encargado del país.
Por estos motivos, y teniendo en cuenta los lazos históricos, culturales y sociales entre España y Venezuela, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la Nación para que:
1. Reconozca como Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como ya han hecho los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y varios países de América Latina.
2. Exprese su apoyo a la apertura de un proceso de transición pacífica que devuelva la voz a los ciudadanos de Venezuela mediante la celebración de unas elecciones legítimas de acuerdo con el orden constitucional de Venezuela.
En Valladolid, a 25 de enero de 2019.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,
María Belén Rosado Diago,
David Castaño Sequeros y
José Ignacio Delgado Palacios
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
PNL/002347-01
CVE="BOCCL-09-032536"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 67671-67673
BOCCL nº 520/9 del 11/2/2019
CVE: BOCCL-09-032536
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/002347-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios, D. Manuel Mitadiel Martínez y D. Luis Fuentes Rodríguez, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la Nación para que reconozca como Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y a expresar su apoyo a la apertura de un proceso de transición pacífica, para su tramitación ante la Comisión de la Presidencia.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de febrero de 2019, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002328 a PNL/002350.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago, David Castaño Sequeros, José Ignacio Delgado Palacios, Manuel Mitadiel Martínez y Luis Fuentes Rodríguez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión:
Nicolás Maduro ha llevado a cabo una erosión de las instituciones democráticas de Venezuela y, por tanto, del Estado de Derecho que protege los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos venezolanos. Este deterioro institucional deriva de una fuerte crisis económica provocada por las políticas fallidas del régimen bolivariano, que han llevado a los venezolanos a la miseria y la pobreza. Las protestas sociales no se hicieron esperar, y el descontento en la población llevó a la oposición a ganar las elecciones parlamentarias de 2015 y obtener la mayoría de la Asamblea Nacional.
Desde entonces, Nicolás Maduro ha intentado por todos los medios minar la capacidad de acción de la Asamblea Nacional. Primero creó una Asamblea Nacional Constituyente, controlada por sus seguidores, para vaciar de poder al parlamento legítimo. Después, organizó unas elecciones presidenciales sin garantías democráticas basándose en esa nueva Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Pese a que la comunidad internacional expresó su rechazo ante este grave ataque a los pilares de la democracia en Venezuela, Nicolás Maduro no cejó en su empeño de dinamitar las instituciones del país y organizó una ceremonia de toma de posesión ilegítima el pasado 20 de enero de 2018.
A su vez, el 5 de enero de 2019 tomó posesión como Presidente de la Asamblea Nacional el opositor Juan Guaidó. Poco después, el cuerpo de inteligencia del régimen bolivariano, el SEBIN, detuvo durante unas horas al Sr. Guaidó. Posteriormente fue liberado y la cúpula del propio régimen de Nicolás Maduro afirmó que se trataba de "un grupo de funcionarios de forma unilateral realizó un procedimiento irregular". Sin embargo, el propio Guaidó informó que los agentes de inteligencia que lo intentaron detener sólo seguían órdenes. "Ellos sabían poco, siguieron una orden, no sabían lo que hacían", declaró tras su liberación. Por tanto, podríamos estar ante un nuevo intento por parte de Nicolás Maduro de reprimir a la oposición política en Venezuela mediante la intimidación y la violencia.
Tras este incidente, y teniendo en cuenta la toma de posesión ilegítima de Nicolás Maduro como Presidente, la Asamblea Nacional afirmó que podría ampararse en la Constitución Nacional de Venezuela para relevar a Nicolás Maduro de sus funciones. Concretamente, informó de que los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución Nacional de Venezuela permitirían a Juan Guaidó asumir la máxima autoridad del Estado en tanto que Presidente de la Asamblea Nacional.
El Artículo 233 estipula que el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir el Poder Ejecutivo si el Ejecutivo electo tiene una falta absoluta, para posteriormente convocar unas elecciones presidenciales legítimas. Este mismo artículo entiende como faltas absolutas del Presidente de la República, entre otras, su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, así como la revocación popular de su mandato. De este modo, dado que la toma de posesión de Nicolás Maduro fue ilegítima y no se produjo ante la Asamblea Nacional, tal y como reza el orden constitucional venezolano, habría base jurídica para activar este artículo.
Los artículos 333 y 350, por otra parte, sentencian la legitimidad de lo que se redacta en la Carta Magna y su desconocimiento ante cualquier gobierno que contraría sus principios y derechos humanos. El Poder Legislativo, que es reconocido a nivel internacional como la única institución legítima del Estado tras la toma de posesión fraudulenta por parte de Nicolás Maduro, tiene la responsabilidad de hacer cumplir lo que la Constitución establece.
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció que apoyaría la intención del Presidente de la Asamblea Nacional de activar esos artículos de la Constitución. Posteriormente, el 11 de enero de 2019, la OEA se reunió en sesión extraordinaria para votar ese reconocimiento de Juan Guaidó como Presidente legítimo de Venezuela. La resolución de la OEA fue respaldada por 19 países, entre ellos 13 de los 14 integrantes del Grupo de Lima y Estados Unidos, mientras que seis se declararon en contra y otros ocho se abstuvieron.
La representante de Venezuela se encontraba en la sesión y pudo intervenir para defender su posición. En esta intervención, recriminó a la OEA esta votación, argumentando que sólo se podía suspender el derecho de Venezuela como Estado miembro de la OEA a través de la activación de la Carta de la Organización, algo que no había ocurrido. Además, afirmó que esto hacía la resolución inválida para Venezuela. El régimen bolivariano lleva desde que comenzó su deriva autoritaria enfrentado con la Organización de Estados Americanos por considerarla una organización al servicio de Estados Unidos. De hecho, el Gobierno de Maduro pidió dejar la OEA el 28 de abril de 2017, una salida que debe hacerse efectiva en este 2019.
En Estados Unidos, la defensa de los derechos y libertades en Venezuela ha sido un compromiso de ambos partidos políticos mayoritarios. Esto ha provocado que la Administración Trump tome una actitud muy activa a la hora de aprobar sanciones específicas contra altos cargos del régimen bolivariano de Nicolás Maduro. Recientemente, el Consejo de Seguridad Nacional ha confirmado al diario ABC que la Administración estadounidense está considerando reconocer a Juan Guaidó como Presidente legítimo de Venezuela en virtud del orden constitucional del país.
El 23 de enero de 2019, Juan Guaidó juró finalmente como Presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela de forma interina. Poco después, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá anunciaron que reconocen a Guaidó como Presidente. Acto seguido se han sumado los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú. También los presidentes del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo mostraron su apoyo a Juan Guaidó como Presidente encargado del país.
Por estos motivos, y teniendo en cuenta los lazos históricos, culturales y sociales entre España y Venezuela, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la Nación para que:
1. Reconozca como Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como ya han hecho los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y varios países de América Latina.
2. Exprese su apoyo a la apertura de un proceso de transición pacífica que devuelva la voz a los ciudadanos de Venezuela mediante la celebración de unas elecciones legítimas de acuerdo con el orden constitucional de Venezuela.
En Valladolid, a 25 de enero de 2019.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,
María Belén Rosado Diago,
David Castaño Sequeros y
José Ignacio Delgado Palacios
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
PNL/002347-01
CVE="BOCCL-09-032536"
