PNL/002352-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de febrero de 2019, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002351 a PNL/002353.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2019.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,

Fdo.: Carlos Ortega Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario CIUDADANOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Castilla y León cuenta en la actualidad con un total de 61 Centros de Educación Especial que acogen a estudiantes con discapacidad, ofreciéndoles una formación personalizada y, al mismo tiempo, un sistema adaptado a sus necesidades, que permiten su pleno desenvolvimiento físico, intelectual y personal en el aula.

Las estadísticas del Ministerio de Educación señalan que, para el curso académico 2017-2018, se matricularon un total de 1.324 alumnos en Educación Especial. Esta cifra se ha visto incrementada ligeramente respecto a los años anteriores, en los que, para el periodo 2016-2017, se contabilizaron 1.319 estudiantes y, al comienzo de la Legislatura, la cifra alcanzó los 1.289 en toda la Comunidad.

Precisamente, la relación entre los Centros de Educación Especial y los Centros Ordinarios ha sido objeto de debate a ojos de organismos nacionales e internacionales, que han puesto el foco en las fórmulas de inclusión efectiva de los alumnos, planteando la eliminación de esta diferente tipología dentro del sistema educativo.

Así se desprende del Informe del Comité sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad para la Organización de Las Naciones Unidas: "Informe de la investigación realizada a España bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo, acerca del cumplimiento, en materia de Educación de la Convención de Naciones Unidas ratificada por el Estado Español y publicada en el Boletín Oficial del Estado de 21 de abril de 2008" (CRPD/C/20/3).

Entre las conclusiones del documento se recoge la consideración de dicho Comité a afirmar que existen: "violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad, vinculadas a la perpetuación, pese a las reformas desarrolladas, de las características de un sistema educativo que continúa excluyendo de la educación general, particularmente a personas con discapacidad intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples, con base en una evaluación anclada en un modelo médico y que resulta en la segregación educativa y en la denegación de los ajustes razonables necesarios para la inclusión sin discriminación en el sistema educativo general".

Los hallazgos valorados por el Comité también llevan a la institución a poner en tela de juicio aspectos como la falta de ajustes en la incorporación de los alumnos provenientes de los Centros de Educación Especial o las deficiencias de atención y dotación para los estudiantes con discapacidad que, según el criterio de la entidad evaluadora, generan un perjuicio ante la prevalencia del centro escolar por encima del perfil del alumno en particular.

Resulta evidente concluir que los resultados alcanzados por la ONU se asientan en una muestra insuficiente y sesgada, por tanto, equívoca, a tenor de la configuración de nuestro sistema educativo, en el que se garantiza que el aprendizaje, ante todo, se presta atendiendo a las necesidades específicas del alumnado, en todo aquello que sea esencial para su pleno desarrollo. En el caso que nos ocupa, los Centros de Educación Especial, una parte esencial del sistema educativo, pueden atender que estos objetivos, de forma más adecuada, para los alumnos con discapacidad.

Sin embargo, el pasado mes de enero, el Consejo Escolar de Estado también trasladaba una propuesta al Gobierno de España para eliminar los Centros de Educación Especial, incorporando a los centros ordinarios a los estudiantes, con independencia del tipo de discapacidad y grado de la misma. Según las cifras del conjunto nacional, esta medida afectaría a más de 37.000 alumnos.

En este sentido, de llevarse a cabo, existen profundas dudas entre expertos y asociaciones sobre la capacidad del sistema educativo para asumir esta reforma, hecho que implicaría una modificación de aspectos técnicos, materiales y humanos de gran calado.

Al mismo tiempo, la propuesta lleva aparejado un importante impacto negativo en el derecho a la educación y libertad de elección de centro de los padres, limitando su alcance y efectividad sobre principios constitucionalmente consagrados en el artículo 9 y artículo 27 de nuestra Carta Magna.

Para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el derecho a una educación de calidad, destinada al pleno desarrollo físico, intelectual, emocional y social del estudiante, junto a la libertad de elección de centro educativo, constituyen dos premisas fundamentales que deben estar garantizadas, de forma efectiva, en el sistema educativo de nuestro país.

Los Centros de Educación Especial ejercen una función vital en el traslado y cumplimiento de dichos objetivos para los estudiantes con discapacidad, preservando, en contraste con la propuesta valorada por el actual Gobierno de España, la verdadera inclusión educativa, que atiende las necesidades específicas del alumnado y, por tanto, ofrece los entornos y planes más adecuados y útiles para la educación de los estudiantes.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Reforzar el papel de los Centros de Educación Especial existentes en Castilla y León, mediante la mejora de los recursos materiales y humanos destinados a asegurar la calidad educativa de los centros, así como el pleno desarrollo físico, intelectual e inclusión social de los estudiantes.

2. Solicitar al Gobierno de España garantizar continuidad de los Centros de Educación Especial como parte fundamental sistema educativo nacional, así como su puesta en valor como instituciones vitales para la efectiva inclusión de los estudiantes con discapacidad.

En Valladolid, a 12 de febrero de 2019.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez