4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/002360-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de febrero de 2019, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002356 a PNL/002363.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión.
ANTECEDENTES
El artículo 78 de nuestro estatuto, refiriéndose a los principios de política económica, establece: "La política económica de la Comunidad de Castilla y León se orientará al progreso económico y social, a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos y a la consecución de los derechos y principios básicos de la Comunidad establecidos en el Título I del presente Estatuto".
Si la crisis nos ha enseñado algo es que, sin lugar a dudas, el sistema económico actual, controlado por la dictadura de eso que llaman "los mercados", no garantiza un progreso económico, ni social, ni mejora la calidad de vida del conjunto de la sociedad. Las regulaciones que tenemos actualmente han demostrado ser ineficaces a la hora de garantizar incluso la propia dignidad de las personas, tratadas como simple valor económico en la ejecución del balance financiero de las grandes multinacionales, como venimos recientemente sufriendo por parte de Lactalis, Dulciora o Nissan. Por no citar la prepotencia de la australiana Berkeley que no duda en destruir todo un ecosistema, sin permiso, segura de su poder económico.
Pero existe otra realidad que sí beneficia a nuestra Comunidad y no está recibiendo el suficiente apoyo por parte de este Gobierno, son las empresas y negocios enmarcados dentro de lo que se denomina Economía Sostenible.
- En los últimos años, gracias en parte al desarrollo de la tecnología, han surgido un mayor número de actividades económicas que avalan distintas propuestas alternativas como son: Economía del Bien Común, Economía Social, Economía Solidaria, Economía Verde, Azul, Naranja, Economía Circular, Economía Colaborativa... todas ellas forman un ecosistema que plantea un nuevo modelo basado en tres premisas compartidas: conservar y regenerar el medio.
- Se busca conseguir un beneficio económico y social, no el lucro en sí mismo.
- Frente al método tradicional de la competitividad se basan en la colaboración.
La Ley estatal 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, definió claramente el concepto y los principios sobre qué se considera economía social, delimitando así un marco jurídico que permitiese desarrollar toda una serie de políticas públicas de fomento, sin perjuicio de lo que las distintas legislaciones autonómicas quisieran implementar. A pesar de que estas empresas y negocios han resistido mejor la recesión económica, la degradación empresarial y la destrucción de empleo que los negocios de economía tradicional, la ley apenas ha tenido incidencia y pocas comunidades autónomas han desarrollado políticas activas que fomenten la Economía Social, empezando por la nuestra.
Actualmente esta ley se muestra insuficiente al no contemplar los nuevos modelos de economía planteados, que permitirían a empresas y negocios, con formas jurídicas diferentes a las tipificadas, ser reconocidas por su compromiso con la sociedad y el medioambiente.
Hasta ahora, la Junta de Castilla y León ha desarrollado pocas iniciativas legislativas encaminadas a favorecer una economía basada en la sostenibilidad social, económica y ambiental. Es cierto que Castilla y León sobresale de la media nacional en la creación de empleo, muy vinculado a personas en riesgo de exclusión o con discapacidad. Entendemos que esa labor debería ser asumida principalmente por un ente público, pues la Economía Social no es solo beneficencia ni puede ser utilizada para realizar una privatización encubierta.
La Unión Europea en la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre información no fiscal de las grandes empresas.
Desde Izquierda Unida-Equo, creemos que los modelos de Economía Sostenible se adaptan a las necesidades de nuestra Comunidad Autónoma donde los núcleos de población urbana son de tamaño medio o pequeño y su economía se basa en autónomos y PYMES, en peligro constante por la competencia desleal de las multinacionales y la desregulación ante nuevos modelos de negocios basados en internet. Una Comunidad que ve cómo se degrada su medio rural por falta de iniciativas y apoyos desde la administración que pongan en valor sus recursos naturales y culturales. Una Comunidad envejecida donde el emprendimiento juvenil, vinculado sobre todo a las nuevas tecnologías y los nuevos modelos económicos, resulta muy costoso.
El propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, reconocía en 2016 la importancia económica de la Economía Social como elemento sustancial en el desarrollo económico de Castilla y León. Si además del peso económico de las cooperativas, asociaciones y el Tercer Sector reconociésemos el valor de aquellas empresas y autónomos que tienen un compromiso social, ético y sostenible, y ayudásemos a su desarrollo, nos estaríamos dotando de una herramienta para frenar problemas tan cruciales como la despoblación rural, el éxodo juvenil, la marginalidad social o el deterioro del entorno y de los recursos naturales.
Por último, la UE, a través de varios acuerdos, directrices y planes estratégicos, compromete a las administraciones públicas a tomar medidas que favorezcan la integración de la nueva economía para conseguir los objetivos propuestos en la estrategia Europa 2020 sobre un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
La Directiva 2014/95/UE del Parlamento europeo y del Consejo sobre información no financiera de las grandes empresas, marca la obligatoriedad del triple balance (económico, medioambiental y social). En esa línea en septiembre de 2015 el Comité Económico y Social Europeo aprobaba un dictamen en el que reconocía la Economía del Bien Común como "un modelo económico sostenible orientado a la cohesión social" y lo declaraba apto para incluirlo en el marco jurídico europeo y nacional y útil para construir así un mercado ético europeo en consonancia con Europa 2020. Además, el CESE recomendaba:
1.4.1 La elaboración de políticas destinadas a reconocer a las empresas que contribuyen en mayor medida al bien común como la prioridad en la contratación pública y la promoción del comercio interior ético.
1,5 Exige a la Comisión Europea que, en el marco de la estrategia renovada de la Responsabilidad Social Empresarial, lleve a cabo un salto cualitativo que recompense, en términos de contratación pública, acceso a los mercados exteriores, ventajas fiscales, etc., a aquellas empresas que puedan demostrar un mayor rendimiento ético.
Tanto en el Pacto de Amsterdam (mayo 2016) sobre la agenda urbana como en la Declaración de Cork (septiembre 2016) para la agenda rural, la UE recomienda que se sigan políticas activas que garanticen la cohesión social, el respeto al medioambiente y el crecimiento sostenible.
En nuestro país, distintas comunidades autónomas están aprobando medidas que favorecen un cambio en el modelo productivo en cumplimiento con estos criterios como la Xunta de Galicia (Ley de Economía Social de Galicia, 2016) o la Generalitat Valenciana (Orden 2/2017 de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible, 2017), poniendo este último en valor tanto la empresa social como el emprendimiento a través de la Economía del Bien Común.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Tener en cuenta las recomendaciones europeas y establecer medidas concretas en el Plan Estratégico de Producción Ecológica 2016-2020.
2. Impulsar la elaboración de una Ley integral de Economía Sostenible que establezca un marco jurídico que facilite el fomento de una economía ética y responsable.
3. Impulsar la modificación de la Ley 5/2013, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León, para reconocer, facilitar y amparar las empresas que se adhieran a la Economía Sostenible ya que esta ley, en sus Disposiciones generales, solo reconoce beneficios a emprendedores y empresas que generen riqueza y trabajo, especialmente en el ámbito tecnológico, sin considerar criterios éticos ni de sostenibilidad social y ambiental.
4. Elaborar un Plan Estratégico de impulso y desarrollo para la innovación económica siguiendo las directrices europeas.
5. Crear de una bolsa oficial de empresas certificadas como éticas y sostenibles, social, económica y medioambientalmente que sean preferentes en la contratación y compra pública.
6. Dotar presupuestariamente una partida de ayudas económicas para que pymes y autónomos, no obligados a realizar el balance social de su empresa, puedan acceder a consultorías que certifiquen su responsabilidad ética, social y ambiental para entrar en la lista pública de la Junta.
7. Modificar la Ley de Bibliotecas de Castilla y León para que puedan adaptarse y servir como laboratorio y punto de encuentro para actividades de economía colaborativa consistente en:
- Creación de un nuevo fondo de herramientas mecánicas, digitales, etc.
- Habilitar espacios que sirvan para el trabajo colaborativo (coworkings).
- Facilitar espacios seguros para el intercambio de actividades y productos.
En Valladolid, a 7 de febrero de 2019.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
PNL/002360-01
CVE="BOCCL-09-033047"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 68942-68945
BOCCL nº 526/9 del 20/2/2019
CVE: BOCCL-09-033047
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/002360-01
Proposición No de Ley presentada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, instando a la Junta de Castilla y León a la adopción de una serie de medidas de fomento y apoyo a la economía sostenible, para su tramitación ante la Comisión de Economía y Hacienda.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de febrero de 2019, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002356 a PNL/002363.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión.
ANTECEDENTES
El artículo 78 de nuestro estatuto, refiriéndose a los principios de política económica, establece: "La política económica de la Comunidad de Castilla y León se orientará al progreso económico y social, a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos y a la consecución de los derechos y principios básicos de la Comunidad establecidos en el Título I del presente Estatuto".
Si la crisis nos ha enseñado algo es que, sin lugar a dudas, el sistema económico actual, controlado por la dictadura de eso que llaman "los mercados", no garantiza un progreso económico, ni social, ni mejora la calidad de vida del conjunto de la sociedad. Las regulaciones que tenemos actualmente han demostrado ser ineficaces a la hora de garantizar incluso la propia dignidad de las personas, tratadas como simple valor económico en la ejecución del balance financiero de las grandes multinacionales, como venimos recientemente sufriendo por parte de Lactalis, Dulciora o Nissan. Por no citar la prepotencia de la australiana Berkeley que no duda en destruir todo un ecosistema, sin permiso, segura de su poder económico.
Pero existe otra realidad que sí beneficia a nuestra Comunidad y no está recibiendo el suficiente apoyo por parte de este Gobierno, son las empresas y negocios enmarcados dentro de lo que se denomina Economía Sostenible.
- En los últimos años, gracias en parte al desarrollo de la tecnología, han surgido un mayor número de actividades económicas que avalan distintas propuestas alternativas como son: Economía del Bien Común, Economía Social, Economía Solidaria, Economía Verde, Azul, Naranja, Economía Circular, Economía Colaborativa... todas ellas forman un ecosistema que plantea un nuevo modelo basado en tres premisas compartidas: conservar y regenerar el medio.
- Se busca conseguir un beneficio económico y social, no el lucro en sí mismo.
- Frente al método tradicional de la competitividad se basan en la colaboración.
La Ley estatal 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, definió claramente el concepto y los principios sobre qué se considera economía social, delimitando así un marco jurídico que permitiese desarrollar toda una serie de políticas públicas de fomento, sin perjuicio de lo que las distintas legislaciones autonómicas quisieran implementar. A pesar de que estas empresas y negocios han resistido mejor la recesión económica, la degradación empresarial y la destrucción de empleo que los negocios de economía tradicional, la ley apenas ha tenido incidencia y pocas comunidades autónomas han desarrollado políticas activas que fomenten la Economía Social, empezando por la nuestra.
Actualmente esta ley se muestra insuficiente al no contemplar los nuevos modelos de economía planteados, que permitirían a empresas y negocios, con formas jurídicas diferentes a las tipificadas, ser reconocidas por su compromiso con la sociedad y el medioambiente.
Hasta ahora, la Junta de Castilla y León ha desarrollado pocas iniciativas legislativas encaminadas a favorecer una economía basada en la sostenibilidad social, económica y ambiental. Es cierto que Castilla y León sobresale de la media nacional en la creación de empleo, muy vinculado a personas en riesgo de exclusión o con discapacidad. Entendemos que esa labor debería ser asumida principalmente por un ente público, pues la Economía Social no es solo beneficencia ni puede ser utilizada para realizar una privatización encubierta.
La Unión Europea en la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre información no fiscal de las grandes empresas.
Desde Izquierda Unida-Equo, creemos que los modelos de Economía Sostenible se adaptan a las necesidades de nuestra Comunidad Autónoma donde los núcleos de población urbana son de tamaño medio o pequeño y su economía se basa en autónomos y PYMES, en peligro constante por la competencia desleal de las multinacionales y la desregulación ante nuevos modelos de negocios basados en internet. Una Comunidad que ve cómo se degrada su medio rural por falta de iniciativas y apoyos desde la administración que pongan en valor sus recursos naturales y culturales. Una Comunidad envejecida donde el emprendimiento juvenil, vinculado sobre todo a las nuevas tecnologías y los nuevos modelos económicos, resulta muy costoso.
El propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, reconocía en 2016 la importancia económica de la Economía Social como elemento sustancial en el desarrollo económico de Castilla y León. Si además del peso económico de las cooperativas, asociaciones y el Tercer Sector reconociésemos el valor de aquellas empresas y autónomos que tienen un compromiso social, ético y sostenible, y ayudásemos a su desarrollo, nos estaríamos dotando de una herramienta para frenar problemas tan cruciales como la despoblación rural, el éxodo juvenil, la marginalidad social o el deterioro del entorno y de los recursos naturales.
Por último, la UE, a través de varios acuerdos, directrices y planes estratégicos, compromete a las administraciones públicas a tomar medidas que favorezcan la integración de la nueva economía para conseguir los objetivos propuestos en la estrategia Europa 2020 sobre un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
La Directiva 2014/95/UE del Parlamento europeo y del Consejo sobre información no financiera de las grandes empresas, marca la obligatoriedad del triple balance (económico, medioambiental y social). En esa línea en septiembre de 2015 el Comité Económico y Social Europeo aprobaba un dictamen en el que reconocía la Economía del Bien Común como "un modelo económico sostenible orientado a la cohesión social" y lo declaraba apto para incluirlo en el marco jurídico europeo y nacional y útil para construir así un mercado ético europeo en consonancia con Europa 2020. Además, el CESE recomendaba:
1.4.1 La elaboración de políticas destinadas a reconocer a las empresas que contribuyen en mayor medida al bien común como la prioridad en la contratación pública y la promoción del comercio interior ético.
1,5 Exige a la Comisión Europea que, en el marco de la estrategia renovada de la Responsabilidad Social Empresarial, lleve a cabo un salto cualitativo que recompense, en términos de contratación pública, acceso a los mercados exteriores, ventajas fiscales, etc., a aquellas empresas que puedan demostrar un mayor rendimiento ético.
Tanto en el Pacto de Amsterdam (mayo 2016) sobre la agenda urbana como en la Declaración de Cork (septiembre 2016) para la agenda rural, la UE recomienda que se sigan políticas activas que garanticen la cohesión social, el respeto al medioambiente y el crecimiento sostenible.
En nuestro país, distintas comunidades autónomas están aprobando medidas que favorecen un cambio en el modelo productivo en cumplimiento con estos criterios como la Xunta de Galicia (Ley de Economía Social de Galicia, 2016) o la Generalitat Valenciana (Orden 2/2017 de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible, 2017), poniendo este último en valor tanto la empresa social como el emprendimiento a través de la Economía del Bien Común.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Tener en cuenta las recomendaciones europeas y establecer medidas concretas en el Plan Estratégico de Producción Ecológica 2016-2020.
2. Impulsar la elaboración de una Ley integral de Economía Sostenible que establezca un marco jurídico que facilite el fomento de una economía ética y responsable.
3. Impulsar la modificación de la Ley 5/2013, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León, para reconocer, facilitar y amparar las empresas que se adhieran a la Economía Sostenible ya que esta ley, en sus Disposiciones generales, solo reconoce beneficios a emprendedores y empresas que generen riqueza y trabajo, especialmente en el ámbito tecnológico, sin considerar criterios éticos ni de sostenibilidad social y ambiental.
4. Elaborar un Plan Estratégico de impulso y desarrollo para la innovación económica siguiendo las directrices europeas.
5. Crear de una bolsa oficial de empresas certificadas como éticas y sostenibles, social, económica y medioambientalmente que sean preferentes en la contratación y compra pública.
6. Dotar presupuestariamente una partida de ayudas económicas para que pymes y autónomos, no obligados a realizar el balance social de su empresa, puedan acceder a consultorías que certifiquen su responsabilidad ética, social y ambiental para entrar en la lista pública de la Junta.
7. Modificar la Ley de Bibliotecas de Castilla y León para que puedan adaptarse y servir como laboratorio y punto de encuentro para actividades de economía colaborativa consistente en:
- Creación de un nuevo fondo de herramientas mecánicas, digitales, etc.
- Habilitar espacios que sirvan para el trabajo colaborativo (coworkings).
- Facilitar espacios seguros para el intercambio de actividades y productos.
En Valladolid, a 7 de febrero de 2019.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
PNL/002360-01
CVE="BOCCL-09-033047"
