PE/009675-3

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita, PE/009475 a PE/009517, PE/009528, PE/009540, PE/009542, PE/009545, PE/009548, PE/009554, PE/009555, PE/009557, PE/009566, PE/009576 a PE/009587, PE/009592 a PE/009602, PE/009604 a PE/009610, PE/009619, PE/009620, PE/009623, PE/009625, PE/009627, PE/009629, PE/009633, PE/009654 a PE/009662, PE/009675, PE/009710 a PE/009719, PE/009721, PE/009723, PE/009727, PE/009728, PE/009731 a PE/009741, PE/009750 a PE/009756, PE/009758, PE/009765, PE/009779, PE/009780, PE/009782, PE/009789, PE/009791, PE/009793, PE/009795, PE/009799, PE/009801, PE/009802, PE/009812, PE/009816, PE/009820, PE/009829, PE/009834, PE/009836, PE/009846, PE/009848, PE/009851, PE/009853, PE/009858, PE/009859, PE/009862, PE/009869, PE/009876, PE/009900, PE/009902, PE/009903, PE/010007, PE/010009, PE/010027, PE/010035, PE/010036, PE/010039, PE/010040, PE/010046, PE/010082, PE/010083, PE/010085, PE/010086, PE/010088, PE/010094, PE/010100, PE/010109, PE/010110, PE/010111, PE/010113, PE/010114, PE/010133, PE/010140, PE/010146, PE/010155, PE/010159 y PE/010167, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0909675, formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, referida a “razones de la no confirmación de las demandas en relación con los Convenios ligados al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”.

Recabada información de las Consejerías de la Presidencia y de Economía y Hacienda respecto a las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor de comunicar a V.E. la documentación aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:

•ANEXO I: Consejería de la Presidencia

•ANEXO II: Consejería de Economía y Hacienda

Valladolid, 3 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./0909675

Entre enero y febrero de 2018 los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León impugnaron varias Resoluciones del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras en las que se declaraba la pérdida del derecho al cobro de las ayudas concedidas para la ejecución de proyectos concedidas por dicho Instituto en favor de la Junta de Castilla y León al amparo de convenios suscritos entre ambas instituciones.

Dichos recursos se interpusieron dando cumplimiento a lo acordado previamente por las consejerías afectadas (Fomento y Medio Ambiente y Economía y Hacienda), que consideraban que las resoluciones dictadas por el Instituto eran contrarias a derecho en la medida que, al dictar las citadas resoluciones el Estado había incumplido su compromiso de subvencionar las actividades en su integridad a través de la firma de nuevos convenios para amparar las actuaciones pendientes, lo que conculcaba los principios de confianza legítima y de buena fe en las relaciones entre Administraciones Públicas.

Una vez interpuestos los correspondientes recursos ante los Tribunales se procedió por parte del demandado (Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras) a remitir los expedientes administrativos al órgano judicial de acuerdo con lo exigido por parte de la normativa procesal, expedientes de los que se dio traslado a los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León.

Tras el examen por parte de los Servicios Jurídicos de la documentación de los expedientes en cuestión, fundamentalmente la relativa a las distintas reuniones mantenidas con representantes del Estado en el Instituto y una vez requerida nueva documentación a las consejerías en cuestión, no se pudo llegar a localizar ningún documento con entidad jurídica suficiente para sostener ante el Tribunal que el Estado hubiese adquirido un compromiso formal por parte del Instituto o del propio Estado susceptible de ser exigido conforme a derecho, circunstancia que determinó la conveniencia de no formalizar la demanda para evitar una condena en costas.

En cuanto a la posibilidad de volver a presentar recursos, cabe informar que para poder sostener ante los tribunales de justicia que el Estado adquirió un compromiso formal susceptible de ser exigido conforme a derecho sería necesario disponer de documentos o testimonios que así lo acrediten.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./0909675

En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, la vista de la información facilitada por la Dirección General de Energía y Minas se comunica lo siguiente:

La problemática de los denominados fondos MINER es la de la existencia de proyectos y actuaciones, los cuales basándose en los correspondientes convenios colaboración entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), y las Consejerías competentes de la Junta de Castilla y León, relativos a los Planes del Carbón de los periodos 1998-2005 y 2006-2012, se han ejecutado y pagado por la Junta de Castilla y León y no han sido liquidados por el IRMC.

En la Comisión de Cooperación entre el IRMC y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, constituida con fecha 26 de mayo de 2015, se acordó la definición de un método de trabajo para abordar la problemática indicada, y analizar las incidencias de ejecución de cada uno de los convenios de colaboración no liquidados, mediante la revisión conjunta de las causas que determinaron su falta de liquidación.

El criterio establecido por el IRMC en la citada Comisión, con el voto en contra de los representantes de la Junta de Castilla y León, para proceder al abono de las cantidades convenidas, atiende al grado de ejecución de la actuación dentro del plazo de vigencia de los convenios, debiendo alcanzar al menos el 75 %.

Como consecuencia de ello se han celebrado para dicha revisión de convenios, tres reuniones posteriores de la citada Comisión de Cooperación, de fechas 9/12/2015 y 22/03/2017, y 9/10/2017.

Tras el análisis efectuado de cada convenio, el IRMC ha reconocido el derecho al pago de 21 convenios, de los cuales ha liquidado 13 por importe de 6.603.102,76 €, estando pendientes de pago los 8 restantes (11.126.657,75 €). De 7 convenios ha requerido documentación complementaria para una posible liquidación, que ha sido remitida.

El IRMC basado en el criterio citado al que se opuso la Junta de Castilla y León, ha dictado resolución declarando la pérdida de derecho al cobro respecto de 26 convenios (cinco de ellos no se han ejecutado y se renunció por la C.ª al ejercicio acciones judiciales), que suponen un importe de 25.839.770,24 €.

Respecto al Polígono de Carrocera, aunque se incluye entre los convenios propuestos para la declaración de pérdida de derecho al cobro, el IRMC no ha dictado resolución al respecto y se prevé que dicha actuación pueda ser finalizaba con cargo a los fondos del nuevo Marco de Actuación 2013-2018, acogiéndose a lo establecido en la Disposición Adicional centésima octava de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 relativa a “Medidas en el ámbito sectorial del carbón”, que contempla que excepcionalmente, los convenios marco de colaboración entre el Ministerio de Energía, Industria y Agenda Digital y las Comunidades Autónomas afectadas por el cierre de la minería del carbón, conforme a lo previsto en el Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, podrán prever la incorporación de actuaciones adicionales de proyectos de los sucesivos planes sectoriales del carbón que se encuentren pendientes de liquidación.

El criterio planteado por la Junta ha sido la reclamación con carácter general de los importes cuyo pago se denegó, a través de la interposición de acciones judiciales.

Dicho criterio se justifica en la necesidad de considerar las ayudas otorgadas a través de la firma de convenios de colaboración con el IRMC, enmarcadas dentro de un conjunto de actividades programadas con una finalidad común: lograr los objetivos recogidos en los Planes del Carbón (Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012). Ello generó una dinámica flexible de actuación entre ambas partes (Estado-Junta de Castilla y León), basada en los principios de confianza legítima y buena fe, materializada en la subsanación de los posibles incumplimientos, previstos con antelación en Comisión de Cooperación.

La ejecución de las obras sufría en determinados casos retrasos o impedimentos que obligaban a efectuar reajustes, por lo que de común acuerdo entre las partes, se decidía la tramitación de adendas o la firma de nuevos convenios.

Así mismo, para aquellos convenios ejecutados y pagados por la Junta de Castilla y León, cuyo desfase temporal desde su inicio hacía imposible la firma de uno nuevo, se acordó la convalidación conjunta en Consejo de Ministros del gasto ejecutado, y la tramitación del denominado “convenio de liquidación”. Así se efectuó en los años 2008 a 2011, lo que se acredita en las Actas de las Comisiones de Cooperación celebradas en dichos años,

En 2011, de forma unilateral, la Administración del Estado deja de convocar la Comisión de Cooperación y de tramitar las adendas, nuevos convenios y convenios de liquidación, a pesar de la reclamación por parte de la Junta de la convocatoria de la Comisión y la firma de los nuevos acuerdos, produciéndose un incumplimiento por el IRMC de los compromisos adoptados en las comisiones de cooperación.

Las autorizaciones para el ejercicio de acciones judiciales se fundamentan además de lo señalado anteriormente, en un incumplimiento del procedimiento establecido para acordar la pérdida del derecho a la ayuda, ante la falta de requerimiento por parte del IRMC en los casos de falta de justificación o documentación incompleta, y en la posible prescripción del derecho de la Administración del Estado a declarar posibles incumplimientos y, consecuentemente, la pérdida del derecho al cobro.

La Dirección de los Servicios Jurídicos ha considerado suficientes dichos argumentos para fundamentar la interposición de las demandas judiciales, respecto a cinco convenios para la ejecución de proyectos en los municipios de Villablino, Carrocera, Puente Almuhey, Fabero e Igüeña, por importe de 1.667.154,09 €, habida cuenta de que las resoluciones que declaraban la pérdida de derecho al cobro de los mismos respondían a motivos insuficientes de incumplimiento por parte de la Administración Autonómica.

Respecto al resto de las autorizaciones para el ejercicio de acciones judiciales, la Dirección de los Servicios Jurídicos ha encontrado más dificultades para desvirtuar en cada caso los argumentos empleados por el Estado para declarar la pérdida del derecho al cobro en base a los incumplimientos que se han señalado anteriormente.