I/000217-4

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las Interpelaciones, I/000215, I/000217, I/000218, I/000221, I/000245 e I/000256, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud del artículo 152.3 del Reglamento de la Cámara.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2019.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación por escrito a la Interpelación INT./0900217, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la política general de la Junta de Castilla y León en materia de Economía y Hacienda.

En materia de Economía y Hacienda, la actuación de la Junta de Castilla y León se centra en el cumplimiento de los compromisos de legislatura establecidos en el debate de investidura, así como en la ejecución de las actuaciones previstas anualmente en las distintas Leyes de Presupuestos. Entre ellos cabe destacar:

Política industrial:

Se pretende contribuir al desarrollo de un modelo económico de crecimiento sostenible, que nos permita avanzar en competitividad y productividad, impulsar nuevas actividades productivas y mejorar las capacidades de las empresas de la región, favoreciendo la creación de empleo de calidad y la fijación de la población. En este sentido se está prestando especial atención a la reindustrialización de la Comunidad en consonancia con lo acordado al respecto con las principales fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales.

La Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León, establece que el desarrollo de la política de promoción industrial de la Junta de Castilla y León se realice a través del Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León. Con fecha 12 de junio de 2017 se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León, el Acuerdo 26/2017, de 8 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el PLAN DIRECTOR DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN 2017-2020.

El Plan Director de Promoción Industrial es el marco general de desarrollo de los compromisos asumidos por la Junta de Castilla y León en el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 2014-2020 y en el Acuerdo de 29 de marzo de 2017 con los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, y tiene como objetivo establecer las líneas generales y directrices básicas de la política de promoción industrial de la Junta de Castilla y León en el periodo 2017-2020.

Con fecha 30 de enero de 2019 se firma el Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León de revisión del III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014-2020. Esta revisión apuesta por un impulso en digitalización y nuevas tecnologías en Industria 4.0 reforzando el equipamiento de los centros de FP, formando a ocupados y desocupados en competencias digitales y creando un centro de innovación ligado a la FP y a la empresa. Por otra parte supone una reactivación de ADE RURAL y un compromiso por fomentar el conocimiento y difusión de Responsabilidad Social Empresarial principalmente entre las pymes y micropymes de la Comunidad. Además en esta revisión se incorporan los acuerdos de la Mesa de Energía para asegurar una transición ordenada y justa con medidas concretas para el impulso de las energías renovables, medidas de eficiencia energética, medidas de transición energética justa y medidas en formación e I+D+I.

En el Plan Director se contempla la existencia de PROGRAMAS TERRITORIALES DE FOMENTO, referidos a uno o varios territorios determinados de la Comunidad, cuando concurran especiales necesidades de reindustrialización o se trate de zonas en declive que conllevan adoptar medidas específicas de reindustrialización que se centran fundamentalmente en la bonificación del precio de venta del suelo industrial, en la financiación de los proyectos empresariales viables, en reforzar las infraestructuras logísticas, formación y asistencia técnica y la declaración de urgencia para conseguir una reducción de trámites administrativos. Así, derivados del Plan Director de Promoción Industrial, se han desarrollado:

– El Programa Territorial de fomento para Miranda de Ebro 2017-2019, aprobado mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda del 26 de diciembre de 2017 (BOCYL de 17 de enero de 2018)

– El Programa territorial de fomento para Villadangos del Páramo 2018-2020, aprobado mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 28 de noviembre de 2018 (BOCYL 11 de diciembre de 2018)

– El Programa Territorial de Fomento de Béjar, aprobado mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 26 de diciembre de 2018 (BOCYL de 28 de diciembre de 2018)

Mención especial merece el PLAN DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS MINEROS de Castilla y León 2016-2020. Su elaboración fue participativa, contando con las aportaciones de los agentes económicos y sociales más representativos de la Comunidad, de los propios municipios mineros (a los que se solicitó la remisión de propuestas, que se tuvieron en cuenta), de las Diputaciones provinciales de León y Palencia y de ACOM (Asociación de Municipios Mineros, de ámbito nacional). El Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 26 de mayo de 2016, acordó elevar a las Cortes autonómicas el Plan, para su debate y aprobación. El Plan fue aprobado por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en sesión celebrada el 8 de junio de 2016, por mayoría de votos, incluyéndose sobre el documento inicial algunas enmiendas propuestas por los partidos políticos con representación parlamentaria.

Debe mencionarse también el PLAN DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE SORIA. Su elaboración fue participativa, contando con las aportaciones de los agentes económicos y sociales más representativos de la Comunidad, de la Diputación Provincial de Soria y del Ayuntamiento de Soria. El Plan fue aprobado por Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo, de la Junta de Castilla y León, para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución de las Cortes de Castilla y León de 17 de febrero de 2016. Con fecha de 31 de marzo de 2017, los agentes económicos y sociales más representativos de la Comunidad (CECALE, CCOO y UGT) y la Diputación Provincial de Soria formalizaron su respaldo al Plan mediante la firma de un documento con la Consejera de Economía y Hacienda.

Con el fin de reforzar y mejorar todos aquellos factores que inciden en la competitividad del sector de automoción, se puede destacar especialmente el APOYO A LOS PLANES INDUSTRIALES de los fabricantes de vehículos en la Comunidad, Planes que garantizan el mantenimiento de 15.000 empleos directos en un sector clave en nuestra Comunidad Autónoma, la principal en España en fabricación de vehículos gracias a la competitividad de nuestras plantas y a la capacidad de nuestros trabajadores. En este contexto, se está abordando por parte de la Junta de Castilla y León medidas de refuerzo de los PARQUES DE PROVEEDORES instalados en la Comunidad de Castilla y León, en Villamuriel de Cerrato (Palencia), Valladolid y Ávila, que fortalezcan la cadena de valor del sector de la automoción en la Comunidad.

Con el objetivo de dotar de una mayor capacidad de ATRACCIÓN, RETENCIÓN Y RETORNO DEL TALENTO hacia las empresas y un aumento de la empleabilidad de la población activa en Castilla y León. Actualmente, desde el ICE se desarrollan las siguientes acciones:

– Programa de prácticas no laborales en I+D+I e internacionalización

– GESTIDI: Programa formativo de gestión de I+D+I

– Formación de técnicos y directivos en I+D+I.

Políticas de competitividad:

En materia de financiación empresarial, puesta en marcha en enero de 2016 de la LANZADERA FINANCIERA DE CASTILLA Y LEÓN, que supuso una ordenación de todos los instrumentos públicos de apoyo a las empresas, y a través de la que se presta asesoramiento y financiación a proyectos empresariales en colaboración con las 18 entidades financieras que se han adherido. La Lanzadera incluye un total de 50 productos y líneas de apoyo a las empresas.

En materia de internacionalización empresarial, el 8 de abril de 2016 se presentó el IV PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 2016-2020, suscrito con ICEX España Exportación e Inversiones, las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, a través de su Consejo Regional, y la Confederación de Empresarios de Castilla y León (CECALE). El Plan fija como retos, consolidar y aumentar las exportaciones de los bienes y servicios autonómicos, incrementar el número de empresas exportadoras regulares avanzando hacia un modelo de crecimiento económico con fuerte vocación internacional e impulsar la Comunidad como destino de inversión extranjera.

La estrategia cuenta con un presupuesto de 80,8 M€ y articula un centenar de medidas para favorecer una doble diversificación del comercio exterior: la geográfica y la sectorial.

En materia de creación de empresas, se puso en marcha la ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y AUTÓNOMOS 2016-2020. Las medidas de apoyo al emprendimiento innovador se han estructurado en torno al denominado “Plan de acogida a start ups” que agrupa un conjunto de medidas y servicios de alto valor añadido para impulsar el emprendimiento innovador:

– Apoyo a las ideas empresariales en fases tempranas (Lanzadera de ideas innovadoras).

– Programa de Aceleración de compañías de alto potencial de crecimiento (Aceleradora ADE2020).

– Apoyo a start ups en fase de escalado.

– Apoyo a la financiación a través de la Lanzadera Financiera con productos financieros especializados y realización de foros de inversión.

– Bonificación para emprendedores que se instalen en parques tecnológicos (Aprobación por la Comisión Ejecutiva del ICE de las Normas Internas de arrendamiento de espacios de modo que el emprendedor que opte por el arrendamiento en los edificios empresariales propiedad de la Junta tendrá una rebaja del 50 %. En el caso de emprendedores de base tecnológica, rebajas del 100 % el primer año, 50 % el segundo, y 25 % el tercero).

– Incentivos fiscales para fomentar las aportaciones de inversores interesados en apoyar el desarrollo de start ups.

Para la puesta en marcha de la estrategia se crea la denominada RED DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, al cual están adheridas diferentes entidades de la Comunidad: Ayuntamientos, Diputaciones y Cámaras de Comercio e Industria, entre otras. La Red es el instrumento para la ejecución de las medidas recogidas en la estrategia en un marco de colaboración público privada. Dentro del emprendimiento, esta coordinación se realiza a través del denominado Sistema integral de apoyo al emprendedor (SIAE). Los servicios prestados incluyen asesoramiento personalizado, apoyo para la elaboración del plan de negocio, identificación de instrumentos financieros e infraestructuras disponibles, acompañamiento en la realización de trámites y Punto de Atención al Emprendedor (PAE) para ayudar a la constitución telemática de sociedades y altas como autónomo.

En materia de innovación empresarial, dentro de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3), el apoyo a las empresas se realiza desde el ICE a través del APOYO EL ESFUERZO INNOVADOR:

– Financiación de la I+D+I: ICE ha desplegado en esta legislatura un importante volumen de subvenciones para I+D, que han logrado consolidar a nuestra región en la quinta posición en esfuerzo tecnológico, convergiendo por primera vez con la media nacional.

– Servicios especializados de apoyo a la I+D+I: Se ha puesto en marcha el Programa Centratec de servicios tecnológicos y de formación especializada para las empresas a través de la Red de Centros Tecnológicos de Castilla y León.

– Fomento de la Compra Pública de Innovación (CPI), que conjuga el impulso a la l+D+i desde el lado de la demanda con la colaboración público-privada.

Política energética:

A lo largo de la legislatura Castilla y León ha venido realizando gestiones constantes en DEFENSA DE LA MINERÍA DEL CARBÓN ante el Gobierno de la Nación, Empresas Eléctricas y Organizaciones empresariales y sindicales, con la finalidad de conseguir la supervivencia del sector más allá del 31 de diciembre de 2018. Son destacables:

La exigencia del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio en el Acuerdo Marco para la Minería de Carbón firmado en 2013.

– La reclamación de la consideración del carbón y la producción de las centrales térmicas como recurso estratégico y propio y que, por ello, se garantice al sector un porcentaje anual definido y razonable en el mix energético nacional de al menos el 4 %.

– La propuesta de implantación de una compensación por servicio público, que por razones de seguridad de suministro energético de preferencia al carbón autóctono cuando exista hueco térmico, y por la que se establezcan contratos de suministro de carbón a largo plazo entre eléctricas y mineras.

– El fomento de las inversiones necesarias en las centrales térmicas para cumplir con las Directicas medioambientales.

El último objetivo del Gobierno Autonómico, ante el previsible desmantelamiento del sector, consistía en mantener operativas las 4 explotaciones mineras activas en 2018 y 3 de los 8 grupos térmicos de la Comunidad, sin embargo las decisiones adoptadas han llevado a que a día de hoy no quedan minas activas y está solicitado la autorización del cierre de los 3 grupos de Compostilla, los 2 de La Robla y los 2 de Velilla, y se ha autorizado el cierre del grupo de Anllares.

De manera complementaria, se ha trabajado en apoyo de las cuencas mineras de León y Palencia, con el objetivo de conseguir reducir su dependencia del monocultivo de carbón y su reestructuración y reactivación económica:

En el ámbito estatal hemos solicitado la revisión del Real Decreto 675/2014 para la reactivación de las cuencas mineras, con la finalidad de ampliar el ámbito material de actuaciones financiables; habiéndose firmado el Convenio Marco en octubre de 2016.

Con la unanimidad parlamentaria se ha puesto en marcha el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020 con la finalidad de promover en las actuales cuencas mineras alternativas de desarrollos reales y proporcionales a la actividad minera que no tenga continuidad.

En relación al sector minero, se ha aprobado la ESTRATEGIA DE RECURSOS MINERALES DE CASTILLA Y LEÓN 2017-2020, que permitirá evidenciar el potencial minero de la Comunidad así como la adopción de medidas administrativas que permitan la creación de unas condiciones adecuadas para el desarrollo de actuaciones y proyectos que activen ese potencial.

Se han reforzado las INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS DE TRANSPORTE en Castilla y León dentro del marco del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte 2015-2020, con los objetivos de aumentar la calidad y seguridad del suministro a los consumidores, proporcionar una mayor eficiencia al mercado eléctrico nacional mediante la resolución de restricciones técnicas y la evacuación de generación renovable, y apoyar las redes de distribución y el desarrollo de la red ferroviaria de alta velocidad en la Comunidad Autónoma.

En cuanto a las redes de DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, durante la presente legislatura se ha continuado apoyando su desarrollo y fortalecimiento, especialmente en las áreas rurales, tanto para mejorar la calidad prestada a los consumidores como para satisfacer las demandas de nuevos suministros de potencia. Entre las actuaciones realizadas por las empresas distribuidoras durante el periodo 2015-2018, destacan las nuevas subestaciones de Magaz, Pradomarina y Armuña; las ampliaciones de las subestaciones de Mudarra, Miranda, Moncayo y Soria; y las automatizaciones de las subestaciones de Salamanca, Iscar, Ricobayo, La Robla y Villalonquejar.

Respecto a las INFRAESTRUCTURAS DE GAS, se sigue incrementando el número de las poblaciones que cuentan con gas canalizado, fundamentalmente a partir de plantas de gas natural licuado. Así, en este periodo se ha introducido el gas natural en 25 nuevas poblaciones, para un total acumulado de 220 municipios con gas canalizado (gas natural y gas propano) en Castilla y León.

En relación a las ENERGÍAS RENOVABLES, hemos trabajado para mantener nuestra buena posición en el panorama energético nacional, continuando con los proyectos en curso y alentando nuevas e importantes iniciativas empresariales en este sector.

En materia de eficiencia energética, hemos aprobado la ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE CASTILLA Y LEÓN 2016-2020 (Acuerdo de 2/2018, de 18 de enero, de la Junta de Castilla y León). Es un compromiso de esta legislatura como consecuencia de las políticas europeas, en esta materia, establecidas en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia energética, la cual indica una forma de proceder, donde, la planificación a medio y largo plazo y las acciones ejemplarizantes de las administraciones públicas, han tomado gran relevancia.

Política comercial y de consumo:

Mediante el Acuerdo 34/2016, de 9 de junio, de la Junta de Castilla y León, se aprobó el III PLAN DE COMERCIO: ESTRATEGIA PARA EL COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN 2016-2019, con el objetivo estratégico de mejorar la competitividad del comercio de Castilla y León, de tal forma que nuestras empresas comerciales sean capaces de trasladar a sus ventas de forma estable y sostenida en el tiempo la recuperación del consumo privado, ofreciendo al mismo tiempo una mayor calidad de servicio, garantizando un notable nivel de satisfacción a sus clientes y posibilitando la creación de empleo de calidad.

La estrategia se asienta en dos ejes que la atraviesan de forma transversal: la Red de Agentes de Comercio Interior de Castilla y León (Constituida el 13 de enero de 2017 la red está formada por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, las Diputaciones Provinciales de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid y los Ayuntamientos de Ávila, Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid, Laguna de Duero, Medina del Campo y Zamora) y la profesionalización de los recursos humanos del sector. Se articula en tres áreas de actuación: el apoyo al tejido empresarial, la dinamización comercial y la ordenación del comercio.

En el área de Ordenación de Comercio, persiguiendo la eliminación de barreras y la simplificación administrativa con la necesaria adaptación de nuestra normativa a la europea y nacional, se pone al alcance del emprendedor en comercio y del comerciante en ejercicio, con la creación del Portal del Comerciante, toda la información que puede resultar de su interés, desde qué trámites debe cumplir para ejercer la actividad, hasta la realización de autodiagnósticos o formación.

En el área de Tejido empresarial, con el objetivo prioritario de acompañar a nuestras pymes comerciales en el proceso de transformación del sector y de forma complementaria, apoyando los procesos de transmisión empresarial, especialmente en el medio rural, se articulan cuatro líneas básicas:

Modernización y mejora de la gestión sobre la base de la innovación.

Incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el comercio.

Comercialización en el medio rural, realización de un estudio de abastecimiento en el medio rural y puesta en marcha de línea de ayudas dirigidas a fomentar el emprendimiento en el sector en aquellas áreas que presentando un déficit de abastecimiento comercial cuentan con potencial de negocio.

Fomento del emprendimiento y de la sucesión en el comercio. En colaboración con las Cámaras de Comercio de la comunidad, se buscan negocios en transmisión o susceptibles de ser transmitidos, que siendo viables están abocados al cierre por falta de relevo, y se ponen en contacto con emprendedores en comercio.

En el marco de la estrategia de apoyo al comercio rural se presentó, en el año 2017, un ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ABASTECIMIENTO de producto cotidiano en el medio rural de Castilla y León, cuyas conclusiones señalan la necesidad de fijar un modelo de abastecimiento básico en las poblaciones con escasa o nula actividad comercial. El estudio suscitó el manifiesto interés de algunas empresas de la distribución que tuvo como resultado la firma en octubre de 2018 de un convenio de colaboración con tres empresas, que plantea el desarrollo de actuaciones para mejorar el abastecimiento de productos cotidianos en el medio rural. Este convenio sigue abierto a la incorporación de nuevos distribuidores comerciales.

En el área de Dinamización comercial, fomentar las actuaciones que, promovidas por los representantes de los intereses del comercio, se dirigen a dar a conocer la oferta comercial, dinamitar una zona o área y a atraer nuevos potenciales clientes. Se articula en tres grandes líneas de actuación:

Promoción comercial, impulsar los mecanismos de gestión coordinada de los intereses comunes en las diferentes zonas comerciales.

Fomento del asociacionismo comercial, promoviendo las ventajas que presenta el movimiento asociativo como vía para adaptarse al entorno cambiante.

Mejora del entorno comercial, impulsando mejoras urbanísticas de áreas especialmente comerciales, involucrando a las estructuras comerciales tractoras, mercados municipales de abastos y galerías y pasajes comerciales, en la dinamización de nuestras zonas comerciales.

En esta materia cabe destacar un proyecto específicamente dirigido a la PROMOCIÓN DEL TURISMO DE COMPRAS EN CASTILLA Y LEÓN, con actuaciones en una doble vertiente:

Actuaciones sobre la demanda: información, diagnóstico e identificación de zonas con interés turístico y potencial comercial y elaboración de un mapa comercial asociado a la oferta turística, así como el incremento de las compras en la promoción de los productos y destinos turísticos.

Actuaciones sobre la oferta: actuaciones dirigidas a favorecer la adaptación de nuestra oferta comercial a las necesidades de los turistas y puesta en marcha de una red de “Comercios de Interés Turístico” que, amparados en su propio sello distintivo, ofrezcan al cliente turista una oferta de productos y servicios adaptados a sus demandas; formación al sector comercial.

Evidenciando la labor que desempeñan en pro del desarrollo económico y social, el 28 de noviembre de 2018 se aprobó la Ley por la que se regulan las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León y el Consejo de Cámaras de Castilla y León (Ley 8/2018, de 14 de diciembre). Esta norma ha completado el marco jurídico básico de nuestras Cámaras, fijando unos cimientos estables, tanto desde el punto de vista de la ordenación como de la colaboración, para la construcción de un nuevo modelo cameral eficiente, viable y que huye de las duplicidades. Así mismo, dentro del marco fijado por la Ley Básica, esta norma refrenda la importancia y necesidad de estas corporaciones de derecho público, en la representación de los intereses generales de toda la actividad económica, la promoción y defensa del comercio, la industria y los servicios de nuestro tejido productivo.

Durante la legislatura se ha hecho especial hincapié en materia de ARTESANÍA en acciones dirigidas al incremento de la promoción, distribución y puesta en valor de la singularidad y calidad de los diseños artesanos, así como aquellas acciones dirigidas a la mejora de la competitividad de los talleres artesanos, especialmente en lo que se refiere a la utilización de nuevas tecnologías de producción, diseño y gestión empresarial. Además la Consejería de Economía y Hacienda mantiene un contacto permanente con el sector que se asienta en una relación fructífera con la principal organización empresarial del sector.

En materia de CONSUMO las actuaciones más relevantes durante la presente legislatura, se pueden concretar en las siguientes:

Información al consumidor, revisión y actualización del portal webconsumo.jcyl.es, como punto de referencia de información y asistencia a los consumidores de la comunidad.

Arbitraje de consumo, acreditación de la Junta Arbitral de Consumo de la comunidad de Castilla y León como entidad de resolución alternativa –ADR (Alternative Dispute Resolution)– siendo la primera comunidad en obtener tal acreditación y posibilitando su solicitud de manera electrónica.

Formación. Realización de actuaciones de educación y formación con especial atención al consumidor vulnerable, infancia y tercera edad.

Vigilancia y control del mercado. Vigilancia efectiva del mercado mediante el desarrollo de actuaciones permanentes de control sistemático de mercado, de campañas específicas de inspección y control de ámbito autonómico, nacional o en el marco UE.

Política tributaria:

A lo largo de la legislatura, la Junta de Castilla y León ha desarrollado una política tributaria cuyos objetivos han sido los siguientes:

Obtener los recursos necesarios para prestar los servicios públicos autonómicos con un nivel máximo de calidad.

Apoyar a las familias y a los colectivos sociales que lo precisan: las personas con discapacidad, los mayores, los jóvenes, y las personas que viven en el medio rural.

Incentivar la creación de actividad económica y de empleo en la Comunidad.

Se ha mantenido y consolidado un MARCO DE BENEFICIOS FISCALES DE APOYO A LAS FAMILIAS Y OTROS COLECTIVOS MERECEDORES DE PROTECCIÓN. La Junta de Castilla y León ha seguido apostando por la política de benéficos fiscales en los impuestos donde tiene competencia normativa para poderlos regular. El conjunto de beneficios fiscales alcanza en la actualidad a 51 medidas normativas.

Política Financiera y Presupuestaria:

De acuerdo con los distintos informes publicados por el Ministerio de Hacienda sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto previstos en la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Comunidad de Castilla y León cumplió el objetivo de deuda fijado para cada uno de los años 2015, 2016 y 2017. El objetivo individual de deuda en 2018 es del 20,0 % del PIB regional, y también se prevé su cumplimiento.

Un claro indicador de la valoración positiva de la política fiscal y financiera llevada a cabo durante estos años es que Castilla y León sigue manteniendo una buena calificación crediticia que es idéntica a la otorgada al reino de España. Tras la última revisión de la nota al alza por parte de la agencia Moody’s en abril del pasado año, esta se sitúa en Baa1, con perspectiva estable, lo que significa que se le reconoce una fuerte solvencia para responder de sus obligaciones financieras.

En materia de estabilidad presupuestaria, hemos conseguido REDUCIR EL DÉFICIT PÚBLICO desde 2015 a 2017, pasando de un 1,38 % del PIB al 0,99 % del PIB. Para 2018 se ha venido realizando un control exhaustivo sobre la ejecución de los presupuestos de ingresos y de gastos, y se ha limitado, tal como estaba previsto en el PEF 2018-2019, la concesión de anticipos en materia de subvenciones. Esto, junto con la aplicación de las medidas ordinarias previstas en la Orden EYH/1090/2018, de 8 de Octubre por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2018 y las de apertura de 2019, haría posible el cumplimiento del objetivo de déficit en el ejercicio 2018 (0,4 % del PIB).

Por lo que se refiere a la REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, el día 13 de abril de 2016 se firmó el acuerdo entre la Junta de Castilla y León y los Grupos Parlamentarios de las Cortes en materia de financiación autonómica, en el que se recogen 14 principios que han servido como guía de actuación a la Junta de Castilla y León en sus actuaciones relacionadas con la reforma del sistema de financiación autonómica. En el mismo se defiende que el nuevo sistema sea acordado desde la multilateralidad. Que parta de la evaluación del modelo actual y de la definición de un catálogo de servicios y un nivel de prestación igual para todos los españoles vivan donde vivan, lo que exige reconocer el coste real de la prestación de cada servicio en cada lugar y contrapesar, para ello, el criterio meramente poblacional con otros que tengan en cuenta factores tales como la extensión del territorio, la dispersión de la población y su envejecimiento, que condicionan y encarecen ese coste efectivo. La necesaria incorporación de los principios de suficiencia estática y dinámica, de solidaridad y de lealtad constitucional o la evaluación específica de los costes de la aplicación de la Ley de Dependencia y del déficit de financiación del gasto sanitario constituyen otros importantes contenidos de ese Acuerdo.

Esta posición de Comunidad fue la que Castilla y León llevó a la VI Conferencia de Presidentes Autonómicos el 17 de enero de 2017. Muchos de sus contenidos fueron luego recogidos en el Acuerdo sobre la sostenibilidad del Estado del Bienestar y la reforma de la financiación autonómica suscrito en la mencionada Conferencia.

En noviembre de 2017, el Gobierno de la Nación convocó el Comité técnico permanente para la reforma del sistema de financiación autonómica, que celebró reuniones hasta el mes de marzo de 2018. El actual Gobierno convocó en septiembre de 2018 un nuevo grupo de trabajo sobre la reforma del sistema de financiación, que solamente ha celebrado una reunión. En todo este proceso, los representantes de la Comunidad de Castilla y León han reivindicado los principios de la reforma incluidos en el Acuerdo de Cortes de abril de 2016.

Además, la Comunidad de Castilla y León ha firmado acuerdos con otras comunidades autónomas en materia de financiación autonómica, que los que se recogen los principios del acuerdo de Cortes. El último se ha firmado en Zaragoza el día 10 de septiembre de 2018 por las comunidades de Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Por otro lado, mediante Acuerdo 145/2015, de 17 de diciembre, de la Junta de Castilla y León se ha determinado LA APLICACIÓN DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA A LOS SIGUIENTES ENTES PÚBLICOS de derecho privado:

Agencia de Innovación, financiación e internacionalización empresarial (hoy Instituto para la competitividad empresarial de Castilla y León)

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

Ente Público Regional de la Energía.

Agencia para la Calidad del sistema universitario de Castilla y León.

Con fecha 29 de abril se publicó la Orden EYH/353/2016, de 26 de abril, por la que se aprueba la ESTRATEGIA GLOBAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL EN MATERIA DE SUBVENCIONES. En el desarrollo de esta Estrategia, se han incorporado medidas en la lucha contra el fraude en materia de subvenciones en todas las áreas estratégicas: en la formación y sensibilización del personal, en la mejora de los procedimientos, en el análisis de los riesgos e intensificación de las medidas antifraude así como en la difusión y notificación de las mismas. Igualmente, en el área de tributos se ha desarrollado actuaciones de mejora de la eficiencia de los medios personales, actuaciones relativas a facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, actuaciones para prevenir y descubrir las conductas contrarias a la ley, y actuaciones para castigar las conductas contrarias a la ley y recuperar las cantidades debidas a la Hacienda Pública.

A lo largo de esta legislatura se ha completado de forma integral la digitalización de todos los procesos de contratación pública en toda la Administración General e Institucional de Castilla y León. La PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DUERO integra diversas aplicaciones informáticas permitiendo compartir desarrollos y estructuras, para lograr una mayor eficacia y eficiencia en los procesos de contratación, apostar decididamente por la transparencia en el proceso de ejecución del gasto público y facilitar a las PYMES su intervención en estos procedimientos.

Valladolid, 30 de enero de 2019.

LA CONSEJERA,Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.