DS(C) nº 103/9 del 1/4/2016

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Buenos días. Se abre la sesión. ¿Los grupos parlamentarios tienen que comunicar alguna sustitución? ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista?

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Sí. Buenos días, señora presidenta. Vamos a ver, doña Laura Pelegrina Cortijo sustituye a Gloria Acevedo Rodríguez y doña Consolación Pablos sustituye a Virginia Barcones.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. ¿Por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León?

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias. Lorena González Guerrero sustituye a Pablo Fernández Santos.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. ¿Por el Grupo Ciudadanos?

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

José Ignacio Delgado sustituye a David Castaño.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

¿Por el Grupo Popular?

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Sí. Buenos días. Don Jesús Alonso Romero sustituye a don Ramiro Ruiz Medrano y don Emilio José Cabadas a don Salvador Cruz.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Por la señora secretaria se dará lectura del primer punto del orden del día.

POC/000080

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Primer punto del orden del día: Pregunta para su respuesta Oral en Comisión número 80, formulada a la Junta de Castilla y León por los procuradores don José Ignacio Martín Benito, don José Francisco Martín Martínez, don Luis Briones Martínez, doña Ana Sánchez Hernández y doña Gloria María Acevedo Rodríguez, relativa a actuaciones no realizadas en el Protocolo General de Colaboración entre la Junta de Galicia y la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 89, de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para formular la pregunta, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra José Antonio Martín Benito.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Muchas gracias, presidenta. José Ignacio, si no le importa, en lugar de José Antonio. Creo que José Antonio no soy yo, pero bueno. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Quisiera dar las gracias al señor consejero por venir a responder esta pregunta oral y... porque no es muy habitual, por eso quiero agradecérselo de manera muy sincera, ¿no? Porque, en estos años, normalmente las preguntas orales las responde un director general; en este caso, pues es una deferencia, que yo quiero agradecer al señor consejero que haya estado aquí esta mañana, porque, sin duda alguna, tendrá un conocimiento, como coordinador de los protocolos firmados por las Comunidades Autónomas, pues bastante mejor que la pueda tener a lo mejor otro miembro del Gobierno. Por lo tanto, yo agradezco mucho que esté aquí.

Nos vamos a referir al convenio... o, mejor dicho, al protocolo... al protocolo firmado con la Xunta de Galicia, que se firmó el veinte de enero de dos mil diez, en Santiago de Compostela, por los presidentes de ambas Comunidades, el señor Feijóo y el señor Herrera. Un protocolo que tiene veintidós cláusulas, en diversas materias: jóvenes, educación, dependencia, asistencia sanitaria, emigración, etcétera, ¿no?

Transcurridos seis años de la firma de dicho protocolo, al Grupo Socialista nos ha parecido conveniente hacer un balance del mismo; no tanto un balance por parte del Grupo Socialista, que lo puede haber hecho, sino también por parte del Gobierno. Por ello, a mediados de noviembre de dos mil quince, junto con el secretario general del grupo, registramos varias preguntas parlamentarias al objeto de conocer determinadas áreas y el grado de cumplimiento de las mismas, conforme al protocolo. Las respuestas de la Junta nos han llegado en el mes de enero del presente año, y del contenido de estas respuestas nosotros inferimos en algunas áreas un escaso cumplimiento de dicho protocolo.

Por citar algunas cuestiones, en varias áreas nosotros preguntábamos a la Junta, y la Junta lo ha ido derivando a las diversas Consejerías. Digo que en algunas áreas el titular de la Consejería correspondiente reconoce literalmente que "no consta ninguna colaboración". En algunas áreas también la colaboración señalada por varias Consejerías se remite a dos mil diez, y ahí se paralizan las actuaciones, cuando el convenio está actualmente vigente, por lo que deducimos que la colaboración se detuvo en dos mil diez, porque no se señalan más actuaciones después de ese año. Hay alguna que se señala todavía en dos mil once –ya digo-, en algunas áreas.

Interesa ahora, por tanto, al Grupo Socialista demandar o preguntar a los responsables del Gobierno de la Junta por las circunstancias, las causas, los motivos, las incidencias o los inconvenientes que han condicionado o imposibilitado que varias cláusulas contempladas en el protocolo pues no hayan... no hayan podido ser llevadas a efecto de la manera en que se establecían en ese acuerdo. Nosotros, con esto, no buscamos, señor consejero, el grado de responsabilidad, mayor o menor, de cada Administración (de la Xunta, de la Junta). No se trata de si la Junta o la Xunta no pudo o no quiso, o viceversa. No es cuestión de quién pudo más y quién ha puesto más ganas en llevar a cabo las actuaciones contempladas en el protocolo, simplemente lo que queremos es conocer las causas -como les decía antes- de por qué determinadas cláusulas contempladas en dicho protocolo no se han llevado a efecto.

No tengo tiempo en los diez minutos de citar todas y cada una de ellas, porque me voy a referir solo a algunas, esperando que el señor consejero nos pueda aclarar la circunstancia o circunstancias específicas o generales. No escondo a sus señorías que nuestro interés por el grado del cumplimiento del protocolo se activó a raíz de la paralización del proyecto de modernización de la carretera de Porto de Sanabria, de la que hemos hablado –no sé si poco o mucho- en estas Cortes, pero, seguramente, seguiremos hablando... hablando de ello. En la cláusula decimoquinta se contemplaba, precisamente en el capítulo de infraestructuras y de comunicación, el... esta... esta obra, y se remitía a un convenio específico que debía firmarse. No es la primera vez que en estas Cortes se hablaba de un convenio con la Xunta de Galicia, toda vez que ya las Cortes aprobaron en... el seis de septiembre de mil novecientos noventa y seis, hace veinte años, la necesidad de firmar un convenio de colaboración con la Comunidad vecina. Y, sin embargo, pues ese convenio no se... no se ha firmado, a pesar también de que ha estado contemplada la carretera de Porto en el Plan de Carreteras 2002-2007; de nuevo se ha vuelto a incluir en el... en el nuevo, en el 2008-2020; ha contado con presupuesto, con 4.300.000 euros en el Plan 2002-2007; y ahora con 11 millones en el Plan 2008-2020. Bueno, pues, a pesar de ello, y a pesar de que el Gobierno de la Junta anunció que se firmaría el convenio, pues el convenio no se ha firmado.

En materia cultural también se señalaba en el protocolo, en la cláusula decimotercera, impulsar la ejecución del Acuerdo marco de colaboración entre la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo para realizar un centro sociocultural en Villafranca del Bierzo, referente de la vida y obra del Padre Sarmiento y punto de encuentro del Camino de Santiago. La Junta de Castilla y León nos contestó, a través de la consejera de Cultura, literalmente, el doce de enero de dos mil dieciséis, que "no constan actuaciones" referente a esta materia.

En las áreas de economía e industria el protocolo contemplaba el intercambio de experiencias en materia de energías renovables. Por ello, preguntamos a la Junta, que lo remitió a la Consejería de Economía y Hacienda, y la Junta, por boca de la... digo, por palabras escritas de la consejera, pues no ha podido concretar ninguna y se ha limitado a responder que "ha habido un contacto fluido".

Preguntamos también por la relación de actuaciones encaminadas al apoyo del sector de la pizarra, que, como sabe el señor consejero, es un sector importante en Zamora y también en el Bierzo. De la respuesta de la consejera de Economía y Hacienda se infiere que no es que hayan hecho mucho, ¿no? La consejera se limita a decir que el diecinueve de septiembre de dos mil catorce hubo en Santiago una jornada con las direcciones generales; y, luego, ha habido también una jornada sobre silicosis, en Ponferrada, el veinticinco de julio de dos mil catorce –es lo que nos dicen-.

En materia de juventud, la consejera de Familia dice literalmente que "no se ha realizado ninguna actuación en relación al intercambio de exposiciones, actuaciones o cualquieras otras manifestaciones artísticas entre ambas Comunidades". Reconoce también la consejera de Familia que, desde el veinte de enero de dos mil diez hasta la fecha actual, diecisiete de diciembre de dos mil quince, no se ha realizado ningún encuentro o congreso en el exterior de las Comunidades Autónomas de Galicia y Castilla y León, con especial atención a la promoción de encuentros juveniles y de mujeres, tal como se contemplaba en la cláusula quinta.

En la cláusula decimo... decimocuarta, agricultura y ganadería, el protocolo incluía los intercambios de personal investigador en I+D+i. La Junta reconoce que –cito literalmente- "no ha habido intercambios de personal investigador". Lo dice con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis. Dice que no ha sido necesario.

En materia de protección civil, se contemplaba, en el apartado 4 de la cláusula octava, la celebración de cursos, jornadas, seminarios, en materia de salvamento y extinción de incendios, así como en materia de protección ciudadana, y no se ha realizado a ese efecto. La Junta se limita a señalar que solo se ha celebrado una jornada en Zamora de intercambio de experiencias referente a emergencias relacionadas con la rotura de presas e inundaciones -que esto poco tiene que ver con extinción de incendios-, y que se hizo un simulacro en Vega de Tera el veinticinco de octubre de dos mil doce.

En la cláusula séptima se contemplaba la colaboración en materia de educación. Su titular reconoce abiertamente que en determinadas áreas no se ha hecho nada: no se han realizado intercambio de experiencias y realización de programas conjuntos en materia de planes de apoyo a la relación universidad-empresa, internacionalización en materia de I+D+i y de los modelos de financiación de los respectivos sistemas universitarios. La Consejería se limita a decir que se ha constituido la Conferencia de Rectores. No se han realizado tampoco intercambio de experiencias de acciones formativas en los centros de profesores. La Consejería de Educación cita aquí actividades que nada tienen que ver con los centros de formación del profesorado. La Consejería también reconoce que –cito literalmente- "no se han realizado acciones de innovación e investigación educativa conjuntas con la Xunta de Galicia", como sí estaba contemplado. Reconoce también que "no se han realizado actuaciones conjuntas con la Xunta de Galicia relativas a intercambios de experiencias o programas en materia de escuelas bilingües, absentismo escolar y fomento de la lectura. Respecto a la participación en proyectos conjuntos de cooperación transfronteriza en la Formación Profesional con la Zona Norte de Portugal y con la Xunta de Galicia, la Consejería reconoce que –cito literalmente- "a pesar de que la situación geográfica era propicia para la colaboración transfronteriza, no constan actuaciones que se haya trabajado de forma conjunta con la Xunta de Galicia".

Podría citar otros muchos casos, pero veo que se me ha acabado el tiempo. En todo caso, en la segunda intervención, pues podemos entrar en alguno más. Y, por ir concluyendo, pues antes de que me llame al orden la presidenta, sí que quisiera terminar también con que, a veces, se da –si se me permite- una larga cambiada, y no se responde a lo que se pregunta. El protocolo recogía -y con esto termino- establecer acuerdos para la difusión de la cultura y el patrimonio artístico y natural entre ambas Comunidades con el exterior –el exterior, entendemos todos que es fuera de España, ¿no?-. Bueno, pues por ello preguntamos, y la respuesta de la Junta fue, a esta pregunta, que se dieron tres conciertos: uno por la Real Filarmónica de Galicia en el Centro Cultural Miguel Delibes, y los otros dos por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en el Auditorio de Galicia, de Santiago, y en el Palacio de la Ópera, de La Coruña. Entonces, claro, yo no sabía que... –esto es una ironía- que Valladolid, y Santiago, y La Coruña fueran... estuvieran fuera de España, ¿no?, en el exterior. Yo creo que aquí... pues, por eso digo... decía antes lo de la... la larga cambiada, o que a lo mejor la Consejería pues no se aclaró por lo que se le preguntaba.

Bueno, son algunos de lo... de los incumplimientos que nosotros hemos visto, y por eso la pregunta de esta mañana, por lo que está aquí el consejero, y que nosotros hacíamos, pues son las actuaciones no realizadas en el protocolo. Es verdad que se han hecho otras muchas. Sí quiero decirlo, para que conste, que sí estamos satisfechos y la población está satisfecha cómo está funcionando el convenio con sanidad en... de la Alta Sanabria y de la zona del Bierzo con Galicia, que se contemplaba en el protocolo. Es... es evidente también que el convenio es anterior al protocolo –el convenio de... de sanidad-, pero no estamos aquí ahora para ver lo que sí se ha hecho –que, evidentemente, se habrán hecho cosas-, sino, simplemente, el motivo de la pregunta es las actuaciones no realizadas en el protocolo general de colaboración...

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Señoría, vaya terminando, por favor.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

... que se contemplaba, y que quisiéramos conocer las causas, los inconvenientes por los que no han podido llevarse a cabo. Nada más. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para contestar a la pregunta planteada o preguntas planteadas, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos –aunque seremos generosos-, el señor consejero de la Presidencia.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA (SEÑOR SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ):

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría, señor Martín Benito, por el... por el tono de sus palabras, por el tono de su intervención. Pero claro, no tiene nada que ver el tono de su intervención con el... el documento que tiene colgado usted en la página web del Partido Socialista sobre este asunto, nada que ver, nada que ver. Me alegra... sí, sí, tengo aquí un documento –le conocen ustedes-, en donde se habla de fiasco y lleno de incumplimientos. Es lo que dice usted en... en su página web, en un documento que ha colgado. O sea, nada que ver con esto.

Y me alegra que haya dicho que sí, que se han hecho muchas cosas y muy positivas, sobre todo que la población está satisfecha. Para eso es el protocolo: para satisfacer a la población.

Mire, todos saben que en los últimos años la Junta de Castilla y León ha otorgado un fuerte impulso –lo sabe usted también- a las relaciones con... de colaboración con otras Comunidades Autónomas, especialmente con las limítrofes; fue una prioridad desde hace tiempo, y así... no solo una prioridad política, sino además respondíamos a un mandato estatutario que aparece en el 60.1 del Estatuto de Autonomía, ¿no?, cuando dice que la Comunidad deberá propiciar acuerdos, convenios, protocolos de colaboración... Fundamentalmente, ¿para qué? Para prestar servicios esenciales en el territorio. Eso es lo fundamental. Usted de eso no ha hablado nada; como que no existe; ni ha preguntado nada, que eso me sorprendió: venga a recibir preguntas y preguntas, pero no le preocupaba la sanidad, las dependientes, las mujeres víctimas de la violencia de género, los menores, la protección de menores, los servicios sociales. Eso no le preocupaba. Le preocupaban otras cosas.

Y... y que a mí me parece muy bien hacer balance; por eso he venido, porque se trata de hacer balance; y así lo ha planteado usted... y así lo planteó usted en el documento y así lo planteaba cuando preguntaba, ¿no? Se trata de hacer balance de seis años. Encantando de hacer balance. Pero, vamos, un balance riguroso de lo que es el protocolo, y serio, de lo que es el protocolo. Y cuál es lo fundamental y cuál es lo accesorio.

El protocolo se firmó -como usted bien ha dicho- el veinte de enero. El núcleo fundamental del protocolo –y usted lo sabe, porque se lo ha... se lo ha leído y ha preguntado mucho sobre ese protocolo- son prestar, mejorar la prestación de servicios en las zonas limítrofes, periféricas, fronterizas, como lo quieran llamar. ¿En qué servicios? En los que tenemos competencia las dos Comunidades. Y lo que más le preocupa a la gente: sanidad, educación, servicios sociales y dependencia. De eso nada, ni una pregunta, ni una palabra. O sea, lo que le preocupa a la gente aquí no preocupa, o a usted no le ha preocupado, o a usted no le ha preocupado. No... no lo entiendo, no lo entiendo, pero esto es así, señoría.

Y me parece –insisto- lógico y positivo hacer un balance del protocolo. Lo que me cuesta entender es que, siendo los grandes servicios públicos esenciales los que gestiona y la razón de ser de la Comunidad Autónoma, y los que le preocupan de verdad a los ciudadanos, porque para eso se firman: para mejorar los servicios de los ciudadanos que viven en las zonas más alejadas de las capitales de sus provincias, porque son los que viven en las zonas periféricas de Galicia y de Castilla y León, o de Asturias –hemos firmado con todas, menos con Cantabria, que estamos a punto-, y todos tienen un núcleo común y básico, que es la prestación de servicios esenciales. Ni una pregunta sobre eso. Pero vamos a hablar de eso y de todo, de eso y de todo. Puede ser que se le haya olvidado, puede que ser que se le haya olvidado preguntar por eso, pero es curioso que a un responsable de los ciudadanos, un representante de los ciudadanos de Castilla y León, se le olvide eso; que al final diga: "aunque sé que están muy contentos". No, es que esto es bastante más importante, y más en el estado de las autonomías, ser capaces de coordinarnos y de colaborar para mejorar la prestación de servicios esenciales de los ciudadanos en el territorio.

Pues, fíjese, se le ha olvidado que desde dos mil diez, en materia sanitaria -ni una palabra-, se han atendido a más de 12.000. Se siguen atendiendo. Porque dice usted: se ha paralizado, el convenio está... Eso es falso. El convenio estaba hecho antes; se materializa en el protocolo. Sí, sí, lo ha dicho usted, que había un convenio previo. Lo ha dicho usted. Siempre andamos con lo mismo, como el otro día: no dije la palabra "enmienda"; le preguntó a su compañero que tiene a la derecha. Luego ve uno el Diario de Sesiones y aparece la palabra "enmienda". "Me ha dicho mi compañero que no". Siempre estamos igual. Lo ha dicho usted, que había un protocolo antes.

Doce mil pacientes se han atendido, gallegos, 12.000 pacientes -no le preocupa-; 1.300 pacientes de Castilla y León en hospitales de Verín, en Orense -tampoco le preocupa-. Algunos son de localidades que a usted siempre le han preocupado porque son de la provincia de Zamora: Hermisende, Pías, Porto y Lubián. Y también en el hospital de Barco de Valdeorras. Eso no le preocupa. Ni los quince... 12.000 que hemos atendido en Atención Primaria gallegos ni los 1.300. Eso lo dejamos para otro momento.

En educación, se refiere usted a la cláusula séptima del protocolo, que es donde se recoge, que es una de las más amplias. Incluye varios párrafos sobre colaboración en el ámbito universitario y nada menos que veinte puntos en materia de educación escolar y Formación Profesional; veinte puntos. En este caso, usted... ustedes –firman cuatro la pregunta; de eso hablaremos luego también- sí se han... sí se han interesado por varios puntos concretos en su pregunta escrita, pero por desgracia se han dejado en el tintero lo esencial; y en los aspectos por los que sí se ha interesado que se... cambian o tergiversan la respuesta.

En el ámbito universitario, por ejemplo –la ha citado usted-, les parece a ustedes que irse... que es irse por las ramas poner de relieve la importancia de la constitución de la Conferencia de Rectores de la Universidad Sudoeste Europeo (CRUSOE). Eso dice en su documento. Se hizo en... en diciembre de dos mil once. Están integradas ocho universidades de Castilla y León, tres de Galicia, tres de Portugal y cuatro centros politécnicos portugueses. Tampoco han entendido que en el seno de la CRUSOE nuestras ocho universidades y las tres de Galicia han creado la Conferencia de Rectores de las Universidades del Noroeste de España (CRUNO) y el trabajo de colaboración que esto supone. No lo han entendido. Lo ningunean. No le dan ninguna importancia.

En Formación Profesional –que también ha hablado usted- se les ha olvidado, o al menos en el documento -hoy se le ha olvidado, pero el documento que tienen colgado en internet... usted, que le tiene colgado usted en internet... el PSOE ha colgado en internet- omite toda referencia a 116 alumnos de centros de Castilla y León, 116, que desde la vigencia del protocolo han realizado el módulo profesional en empresas ubicadas en Galicia. Se les ha olvidado.

También... también la formación en el centro de trabajo en empresas ubicadas en Galicia, le decía. Y a lo... y se ha olvidado de los 8.836 alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria que han participado en programas de promoción de la lengua gallega. O la media de 60 alumnos que cada año –y este año también- cursan la enseñanza del gallego en la... en la escuela oficial. No es que se les ha olvidado, es que no han preguntado. Educación, sanidad, no les preocupaba. Dije, bueno, a lo mejor les preocupaba las... la atención a las dependencias. Tampoco, tampoco. Cien casos de desplazamientos hemos compartido y hemos atendido. Eso no les preocupaba. Les preocupaban otras cosas, como hemos visto ahora. O sea, el núcleo central del protocolo no les preocupaba.

Para lo que se crean estos protocolos, tal y como recoge el Estatuto y la Ley de Ordenación –no se olviden, que también habla de estos protocolos, y habla de prestación de servicios esenciales, que es el núcleo fundamental-, no han preguntado, no les interesaba, no les... Tampoco les interesaba la atención a... a las víctimas de violencia de género -no han preguntado- y los intercambios que ha habido; mujeres que han necesitado venir a Castilla y León para ser atendidas o mujeres de Castilla y León que han tenido que ir a Galicia para ser atendidas. No les ha preocupado nada. No han preguntado. Lo siento, no han preguntado.

En protección civil –que también lo ha citado usted-, ocho puntos de colaboración. Pero usted, el Grupo Socialista, solo se ha interesado por dos. Protección civil, dos, se han interesado: simulacro conjunto, y cursos y jornadas sobre extinción de incendios. Eso es lo que nos han preguntado: simulacros y cursos. La atención y el intercambio de información del 1.1.2, cero, ni una pregunta. ¿Sabes... sabe cuántas llamadas hemos atendido y hemos transferido a Galicia desde que está el protocolo? 1.893. Pero no lo preguntaron, porque eso funciona; no les interesaba, les interesaban los simulacros.

En cuanto al desarrollo recíproco que hemos hecho para emergencias en el Programa Ariem 1.1.2, tampoco. En medio ambiente, bueno, les ha interesado muy poco la gestión forestal, nada; la colaboración en incendios, nada; los simulacros, sí. ¿Ha habido simulacros, sí o no? ¿Pero han colaborado en incendios reales? Eso no preguntan, no interesa porque saben que sí. Y a mí me parece muy bien lo que ustedes quieran preguntar, pero, claro, luego no podrán concluir que es un fiasco, porque de lo fundamental no preguntan. Claro, es un fiasco y está lleno de incumplimientos; no ha preguntado lo fundamental. Es más importante un simulacro de incendios, señores, que un incendio real, porque de eso no han preguntado. Y le puedo decir que desde que está el protocolo ha habido cinco intervenciones en estos años en la provincia de Zamora y Ourense –Orense-. También, en protección de biomasa, poco. En promoción cultural, que sí que ha preguntado mucho, y usted es un experto, bueno, pues ningunean, por ejemplo, ningunean uno de los aspectos fundamentales que compartimos –que lo sabe todo el mundo, todo el mundo-, que es el Camino de Santiago y todos los eventos que se hicieron y actos que se hicieron a lo largo y ancho del Camino de Santiago. Eso...

También les han interesado las infraestructuras, pero no en general, una, la que usted ha citado, la que usted ha citado, sí señor, esa sí que han preguntado; pero se olvidan de que en el protocolo había una reivindicación por parte de los dos Gobiernos... –estamos hablando de hace seis años- por parte de los dos Gobiernos para que se pusiesen en marcha las infraestructuras pendientes en materias de carreteras y ferrocarriles que eran competencia del Estado. Eso forma parte del protocolo –lo ha leído, lo ha leído; que sí, aparte de la carretera de Porto, lo ha leído esto-. Pero, ¡hombre!, deberíamos reconocer todos que en estos seis años se han producido avances importantes en este asunto -creo yo-; no hay más que darse una vuelta cogiendo un tren –creo yo-. Eso no interesa, nos centramos en esa carretera, que, sin duda, hay que hacerla, pero eso otro que está... No me diga que no lo había mirado, el protocolo, y me ha preguntado sobre él. Porque le veo que le está repasando. Eso que está, no lo preguntó; lo más importante, lo más gordo de infraestructura, también lo olvida.

Y, luego, la colaboración con Portugal también le parece menor, y, de alguna manera, ningunea, de verdad, ningunea la macrorregión que creamos, la RESOE, la ningunea usted. Nosotros creamos... esa es cooperación transfronteriza, novedosa, apenas hay seis macrorregiones en Europa, apenas seis (la del Danubio y cuatro más, y esta, que fue la quinta; después se ha creado otra más); esa la ningunea, con lo importante que es. A lo mejor para usted no es importante, ¿eh?, ojo, o para ustedes; eso lo ningunea, la macrorregión, que está formada por Galicia... se formó, cuando se creó, Galicia, el norte de Portugal y Castilla y León. Les trae sin cuidado. Eso es fundamental para el desarrollo de esta Comunidad, para el desarrollo conjunto de la Unión Europea; pero bueno, lo dejan así, de soslayo; seguramente usted piense que eso es una foto o algo parecido, ¿no? Total, que acaban concluyendo, pues eso, que es un fiasco, que está lleno de incumplimientos.

Pero, bueno, lo fundamental, lo fundamental, lo que les interesa a la gente, lo que le interesa a las personas, que es los servicios públicos, la prestación de servicios públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, la atención a mujeres víctimas de violencia de género, ni una pregunta, y, claro, ahora ni una cita. Mire que han hecho preguntas sobre eso, pero de esto no han hecho ninguna, no les interesaba preguntar por esto, les interesaba preguntar por esas otras cosas, para concluir, encima, esto. Hoy se ha cuidado usted mucho y ha dicho "aunque sé que hay cosas positivas", pero para concluir lo que usted tiene colgada en la red diciendo sobre estas cosas, sobre este protocolo. La conoce usted. [El orador muestra una imagen]. Si quiere, le puedo dar una copia, pero esto es lo que tiene usted colgado en la red sobre este protocolo, donde no aparecen, señores, los ciudadanos ni las personas, no aparecen. Y no aparecen porque no quiso preguntarnos; nos hizo más de veinte preguntas, pero no le interesaba saber eso, le interesaba saber esas otras cosas que ha dicho. Muchas gracias, señoría.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Muchas gracias. En turno de réplica, y por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el procurador don José Ignacio Martín Benito.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Gracias, presidenta. Yo comenzaba mi intervención dando las gracias al señor consejero por venir aquí esta mañana a responder a las preguntas, pero me quedo con las ganas de saber la contestación. Porque yo le quiero recordar al señor consejero el primer punto del orden del día, que dice, literalmente, que la Junta vendría a responder sobre... relativa a actuaciones no realizadas en el Protocolo General de Colaboración. Ese, y no otro, es el punto del orden del día. Yo le he hecho bastantes preguntas -no todas, porque no me ha dado tiempo a hacer todas-, de las... por qué no se han llevado a cabo esas actuaciones... por qué no se han realizado esas actuaciones, y no me ha respondido a ninguna, no me ha respondido por qué no. Por lo tanto, usted no... ha venido aquí, sí, pero no responde, simplemente viene y dice: no me ha preguntado por esto, no me ha preguntado por lo otro, no me ha preguntado por esa cuestión.

Mire, de sanidad, he terminado diciendo que la gente en la Alta Sanabria y en el Bierzo está conforme con el convenio de sanidad con la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, en aquellas áreas donde sí tenemos conocimiento, porque hablamos con los ciudadanos -yo creo que a usted todavía le están esperando a que vaya por Porto... digo a usted... a su Gobierno, no a usted en concreto, ¿eh?, para hablar con la gente-, hablamos con lo que están conformes y con lo que no están conformes; y con lo que no están conformes -entre ellos, la calzada de Porto y algunos otros temas-, lo hemos preguntado, porque no sabíamos el grado de cumplimiento. Evidentemente, en las cosas que están conformes, para eso ya está el señor consejero para hacer balance de las actuaciones. Pero –insisto- el motivo del orden del día y la pregunta es "actuaciones no realizadas en el Protocolo General de Colaboración".

Pero, mire, hablamos de sanidad, podemos hablar de sanidad, y hemos hablado... yo he terminado mi primera intervención con... con la sanidad. Pero, ¡hombre!, no puede usted colegir que a este procurador no le interesa la sanidad de Zamora, cuando sabe usted tan bien como yo –o debería saberlo, ¿eh?, debería saberlo- las iniciativas, las preguntas -la última en los... en los últimos Plenos- sobre sanidad, sobre medio rural, sobre Atención Primaria, de la provincia de Zamora y de otras partes. Por lo tanto, no se puede admitir esa invectiva que usted me lanza, porque ni usted se la cree, y, evidentemente, ninguno de los que estamos aquí tampoco. Quiere usted dar a... dar a demostrar una falta de sensibilidad de este grupo y de este procurador en determinadas áreas, que le consta, señor consejero, que no es así.

Pero -yo insisto- tiene usted una segunda oportunidad; la primera ya la ha desaprovechado; ha estado usted diez minutos... con los dos de cortesía que le ha dado la señora presidenta, ha estado usted doce minutos sin responder a la... a la cuestión: ¿cuáles han sido las causas, los motivos, las circunstancias por las cuales no se han podido llevar a cabo algunas de las actuaciones contempladas en el protocolo? Me dice usted: lo fundamental y lo superfluo. Bueno, pues, si es superfluo, no lo hubieran puesto en el protocolo; o me... o me diga por qué eso que usted considera superfluo no ha podido llevarse a cabo; por lo que sea. Puede ser, si quiere, por temas de déficit, por tema presupuestario, por tema de falta de coordinación, porque la Xunta no pudo o no quiso, por lo que sea, porque el señor Feijóo y el señor Herrera pues no están de acuerdo en hacer la carretera de Porto. Por lo que sea, pero dígame usted las causas; si por eso está usted aquí, señor consejero, no por otra cosa. Usted ha venido para responder de las actuaciones no realizadas.

Mire, yo podría hablar de más cosas, podría hablar de deportes, ¿eh?, podría hablar de consumo y comercio, podríamos hablar de Administraciones públicas. Pero, mire -ya voy a terminar porque solo me... solamente me queda un minuto, me queda solamente un minuto, y yo no... pues no quiero que me llame la atención la señora presidenta-, yo le preguntaba también por el seguimiento del protocolo, y tengo... en este caso no es una respuesta de otro miembro del Gobierno, es una respuesta firmada por usted mismo, ¿eh?, porque yo le pedía... y, bueno, como me invita usted a que siga preguntando, no se preocupe, que en los próximos días vamos a preguntar todavía muchas más cosas del protocolo y a pedir documentación de algunos aspectos. Pero yo le preguntaba por las reuniones del Comité de Enlace y Coordinación para el seguimiento del protocolo. Me dice usted que en estos seis años –esto lo dice usted, ¿eh?, no lo digo yo, esto lo dice usted- solo se han reunido en dos ocasiones, el doce de abril de dos mil diez -ese será el comienzo- y el tres de septiembre de dos mil catorce; parece que no ha habido ninguna reunión más ni del Comité de Enlace ni de Coordinación, ¿eh? Y además, me dice usted, en la respuesta, dice "donde los consejeros de Presidencia de ambas Comunidades han evaluado el buen funcionamiento y desarrollo del protocolo". Pero me añade -porque yo le preguntaba, y le pedía documentación- que no hay acta de las reuniones. Entonces, ¿a qué van?, ¿a tomarse un café? ¿Dónde se le han tomado?, ¿en el Parador de Monzón? Porque en el de la Puebla de Sanabria y en el de Villafranca no consta que hayan tenido una... una reunión sobre esto. Hombre, si... si van, levanten acta. Me dice usted: no es necesario levantar actas. Pues entonces, ¿qué es?, ¿artículo de fe? ¿Creemos firmemente en lo que usted nos dice, que han sido unas... unas reuniones provechosas?

Bueno, mire, nosotros... -y... y concluyo ya, señora... señora presidenta- para nosotros, lo contemplado en el protocolo, por lo que preguntábamos, se ha desaprovechado, y yo quiero, insisto, en conocer las causas. ¿Por qué se han desaprovechado estos seis años en relación con lo que se contemplaba en el protocolo? ¿Quién ha vivido de espaldas a quién?, ¿la Junta de... de Galicia de la Xunta, la Xunta de la Junta, las dos de los ciudadanos de esa zona? ¿Quién? ¿Por qué?, ¿por qué no se ha podido llevar a cabo?

Y... y bueno, no sé si, si... todavía, como está vigente, pues nos pueden deparar alguna bonita sorpresa. A lo mejor... no lo sé, a lo mejor se saca usted -digo usted, el Gobierno- un conejo de la chistera, y cualquier día vemos al presidente Feijóo y al presidente Herrera firmar el convenio de la carretera de Porto en el Parador de la Puebla de Sanabria, lugar... buen lugar de encuentro para dar una respuesta a esa zona. Ojalá. O a lo mejor en Villafranca del Bierzo se sientan y firman también el impulsar el centro del Camino de Santiago Martín Sarmiento, a lo mejor, a lo mejor, porque, como sigue vigente, y parece que están de acuerdo las dos Administraciones, porque ninguna de los dos ha denunciado el protocolo, como se contempla en la última cláusula, pues a lo mejor.

Pero, mientras tanto, y yo insisto una vez más, espero que ahora responda por lo que ha venido usted aquí esta mañana: por qué las causas... actuaciones no realizadas en el Protocolo de Colaboración entre la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León. Que no me eche usted la bronca: es que usted no preguntó por esto, es que no ha preguntado por otro... Mire, mire, nosotros preguntamos por lo que estimamos conveniente o por lo que queremos, pero no me... no me diga usted por lo que tengo que preguntar, porque... porque podremos preguntar por muchas cosas, y precisamente este procurador creo que pregunta por bastantes cosas. Le podrán resultar a su señoría mejor o peor las... el fondo de la cuestión y el fondo de las preguntas, mejor o peor, pero preguntar, para eso estamos aquí, para preguntar. Pero, claro, el que pregunta también quiere recibir una respuesta, y espero que usted en la segunda respuesta, señor consejero, me lo pueda hacer. Porque, ya digo, pueden ser muchas causas, puede ser el déficit. A lo mejor no se han realizado para no subir de déficit. Luego resulta que el déficit ha subido, y luego resulta que la consejera de Hacienda le echa la culpa a Montoro y Montoro a las Comunidades Autónomas. Yo no sé si esto es por el déficit o por qué, pero dígame por qué, dígame por qué no se ha hecho la carretera de Porto, no se ha firmado el convenio, por ejemplo, y otras cosas. Pero que responda -y ya termino, señora presidenta- a... por lo que ha venido usted aquí hoy: actuaciones no realizadas en el Protocolo General de la Xunta y la Junta de Castilla y León. ¿Cuáles son las causas? Nada más, señor consejero. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Muchas gracias, señor Martín Benito. Para... en turno... en turno de dúplica, por un tiempo de cinco minutos -aunque usted ha consumido tres minutos más, o sea que seremos también generosos-, tiene la palabra el consejero de la Presidencia.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA (SEÑOR DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ):

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Martín Benito. Mire, yo sé a... a qué he venido aquí, es mi obligación. Siempre que se me ha citado he venido, o algún miembro del equipo, tal y como recoge el Reglamento. O sea, que no me tiene que dar las gracias por venir, es mi obligación.

¿Pero usted es José Ignacio Martín Benito? Sí. ¿Usted es del Grupo Parlamentario Socialista -del grupo, no del Partido Socialista-? Sí. ¿Usted ha colgado esto en la página web... está colgado en este momento? Sí. [El orador muestra un documento]. Mire lo que dice. Claro, es que no puede decir -y ya sé, y lo dice en base a lo que me ha preguntado-: "El Protocolo de colaboración de la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia, firmado el veinte de enero de dos mil diez, ha resultado un fiasco. Han sido seis años desaprovechados. Castilla y León y Galicia han vivido estos seis años de... de espaldas al protocolo". Entonces, yo vengo a contestarle y también a explicar que esto no se debe hacer. ¿Se puede? Sí, porque lo ha hecho. Pero no se debe hacer. Y le he explicado por qué.

Las cuestiones más importantes del protocolo, usted ha evitado preguntarme. Si por lo otro ya me lo ha preguntado y le he contestado por escrito, si ya le he contestado por escrito, si es que usted mismo lo dice. Me ha preguntado veinte preguntas y a todas le he contestado. [Murmullos]. O treinta, fíjese, me lo pone peor. A treinta, y a todas le he contestado. Eso ya está contestado. Bueno, pues vamos... viene usted y ahora... ahora una oral, después de haber colgado esto, porque esto es usted. Y Ana Sánchez Hernández también son... es del Grupo Socialista. Esto es lo que han colgado ustedes. Y yo lo contesto. No les preocupa la gente. ¿Qué quiere que le diga? Y luego andan mosqueados, muy mosqueados, muy mosqueados con la nueva izquierda, muy mosqueados. Y no lo digo yo, lo dicen hasta los medios de comunicación. En todas las ruedas de prensa... en todas las ruedas de prensa andan muy mosqueados con la nueva izquierda. Cada vez que acaba una rueda de prensa -la última antes de ayer-, algún periódico llegaba a decir: presume de iniciativas frente a Podemos. Porque es verdad, tengo aquí los teletipos: y hemos presentado... Que no es un problema de cantidad, sino de calidad, porque para cantidad, señores, para cantidad, una pregunta con cinco líneas la tienen... la firman cuatro procuradores. ¿Qué pasa?, ¿la redactaron entre los cuatro? Pero oye, no cualquiera, ¿eh? Para hacer esta pregunta de cinco líneas, después de haber pedido treinta por escrito, y contestadas -tiene cuatro líneas y media-, necesitaron cuatro procuradores. [Murmullos]. Yo le he escuchado a usted con una atención... uno, usted. [Murmullos]. Bueno, pero... que sí, que le estoy contestando, aquí se viene a debatir. Una... una, usted; otra, el secretario general del grupo, José Francisco Martínez; otra, el portavoz en esta Comisión, Luis Briones; y otra, la vicepresidenta segunda de las Cortes. Anda, que... que no es un problema de cantidad. La nueva izquierda les pasa por delante, por detrás, les sobrepone y les pone de los nervios, y están todo el día... [Murmullos]. No es cantidad, es calidad, calidad, calidad, ¿eh?

Luego, claro, "es que no me contesta". Mire, yo, cómo no le voy... ¿Qué... qué quiere que le conteste?, ¿cómo ningunea usted en este... en este documento, en este documento, cómo ningunea usted a la macrorregión? Lo ningunea. Ahora también lo ha ninguneado. Pero claro, seguramente porque el PSOE de Castilla y León es mucho más inteligente que el PSOE de Asturias, porque el PSOE de Asturias pidió el dos mil catorce, y lo firmó, incorporarse a la macrorregión. El PSOE de Asturias gobierna en Asturias y ha gobernado varias veces. El de Castilla y León lleva tiempo sin gobernar.

Pero ojo, dirán: bueno, pero es que hace un mes, un mes, solo un mes, la vicepresidenta de Cantabria -que la conoce, seguro-, socialista, también ha gobernado... [Murmullos]. Sí, pues ya se lo digo yo, Eva Díaz Tezanos, vicepresidenta de Cantabria, del Gobierno de Cantabria, socialista, que también han gobernado los socialistas en Cantabria con cierta frecuencia -ustedes aquí no-, pues nos pide hace un mes... cinco de febrero de dos mil dieciséis, dos meses: "Me dirijo a ti como presidente de turno de la macrorregión -se dirige al presidente Herrera- para solicitarte que transmitas a los restantes miembros de la macrorregión RESOE el interés del Gobierno de Cantabria en formar parte de la misma". Hace un mes. Y lo argumenta por qué. Es decir, esto no es importante, esto es un postureo, lo de la macrorregión, y resulta que todo el mundo -curiosamente, los limítrofes socialistas- quieren estar. A ustedes no les interesa, ustedes: esto es un fiasco. No, mire, señoría, de verdad, cada uno hace la oposición como le apetece, como le apetece.

A algunos les gusta ver todo en un tono gris, triste, melancólico. Y hoy, para salvar los muebles, ha dicho: bueno, pero hay cosas que yo hablo con la gente y que van bien. Bueno, pues... pues me alegra que hable con la gente y que vayan bien. Pero, hombre, que le interese más, que le interese más, saber el intercambio de exposiciones de artistas plásticos que los pacientes atendidos, que los dependientes atendidos, que las mujeres víctimas de violencia de género atendidas, que los niños que han podido formarse y facilitarles la educación, pues me sorprende. Es más, seguro que es mucho más importante el intercambio de exposiciones de artistas plásticos. Salga y cuénteselo a la gente, salga ahí fuera y cuénteselo a la gente, que esto es lo que le preocupa al Partido Socialista de Castilla y León. No cómo se atiende en sanidad, en educación, en servicios sociales, en dependencia, en atención a las víctimas de violencia de género, a las personas... a las personas que viven en las zonas limítrofes con Galicia; nosotros a ellos, y ellos a nosotros. Eso es lo vital, lo importante, lo fundamental, lo que dice el Estatuto y lo que dice la Ley de Ordenación cuando habla de crear protocolos de colaboración.

Y en cuanto al seguimiento, dígame... en cuanto a las actas –perdón-, dígame dónde aparece en este protocolo o en ninguno del mundo -en ninguno; es que confunde convenio con protocolo- en dónde aparece que se tienen que firmar actas. Pero ni en este, ni el que firmamos con Cataluña ni con Andalucía. Dígamelo. Es que es distinto un convenio de colaboración –supongo que lo sabe- de un acuerdo de colaboración y de un protocolo de colaboración. Entonces, dígame dónde aparece que tiene que recogerse acta. Es un... la lealtad entre las... entre los Gobiernos se da por buena una vez que dan el paso de colaborar conjuntamente para prestar mejores servicios a los ciudadanos, a la gente. Y además, sí, hay que intercambiar exposiciones, pero primero atender a la gente en sanidad, en educación, en servicios sociales, en dependencia y a las mujeres que son víctimas de violencia de género, por encima de todo. Eso no le ha preocupado a usted para nada, y de eso no me ha preguntado. Y si me vuelve a preguntar por lo que me ha preguntado, ya le he contestado. ¿En qué quedamos? Me pregunta... ¡Pero si ya le he contestado! Ya le he contestado.

Entonces, ahora, yo, lógicamente, como tengo diez minutos, no voy a... Y además la presidenta es generosa conmigo; no quiero que sea tan generosa como con usted. Yo le he dicho que estuviese todo el tiempo que quisiese, todo el tiempo. Si quiere, me puede preguntar otra y vengo otro día, que me encanta debatir en las Cortes. Pues hombre, pero no me haga esto, no me falsifique. Este es un documento socialista que está colgado en la red. [El oraor muestra un documento]. "Un fiasco". ¿Esto sabe cómo se llama en mi pueblo? Como en el suyo, exactamente igual que en el suyo; Zamora y... y Valladolid utilizamos el mismo lenguaje. Esto es una vergüenza, colgar esto; esto es engañar a la gente, a esa gente que a usted no le preocupa y por eso no ha preguntado por ellas. Muchas... [Murmullos]. No, escúcheme, que yo he sido muy respetuoso con usted. Muchas gracias, señoría. [Murmullos]. Que sí, que sí. Pues me la vuelve a preguntar mañana.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Muchas... [murmullos] ... muchas gracias. Concluida la... la pregunta y las repuestas, pues damos las gracias al consejero por venir a la Comisión. Es la única pregunta que teníamos, pero ha sido muy rápido en venir. Y muchas gracias también a... al equipo que le acompaña. Y en un minuto volvemos, ¿vale?

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Por la señora secretaria se dará lectura del segundo punto del orden del día.

PNL/000419

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Segundo punto del orden del día: Proposición No de Ley 419, presentada por los procuradores don Juan Pablo Fernández Santos y doña Natalia del Barrio Jiménez, para instar a la Junta a que exija al Gobierno la puesta en marcha urgente de medidas para articular vías legales de entrada en la Unión Europea a personas refugiadas, trabajar en la adopción de una política común de asilo y presionar para la derogación del Protocolo Dublín 3, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 85, de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, doña Natalia del Barrio por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Muchas gracias, presidenta. Pues estas Cortes ya han mostrado en varias ocasiones la profunda preocupación y el dolor que siente Castilla y León ante la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, y solo comparable con la situación provocada por las guerras yugoslavas en mil novecientos noventa y dos, y en lo que respecta a personas desplazadas y solicitudes de asilo.

A través de varias declaraciones institucionales, esta Cámara legislativa se ha mostrado preocupada por la situación de los refugiados, y recientemente se ha puesto de manifiesto nuestra posición en contra del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía ante la situación dramática de miles y miles de refugiados que huyen del horror.

Pero es hora de dar un paso más allá y denunciar la insolidaridad que está mostrando la Unión Europea ante una crisis humanitaria de esta magnitud. Y es que la Unión Europea no ha sabido integrar una Europa a la altura de las circunstancias, una Europa solidaria, como así lo concibieron los padres fundadores. Europa ha sido incapaz de integrarse en otro nivel que no sea el económico.

La crisis de los refugiados sirios no es más que otro hecho más que añadir a la desconfianza de la ciudadanía ante la incapacidad de actuación de la Unión Europea, ya que a este hecho tan grave hay que unirle otros anteriores, como la crisis de Libia, la lenta actuación en Haití y, por supuesto, el recuerdo de la gestión de la guerra de los Balcanes y de Irak, incluso el propio debate de la incorporación de Turquía a la Unión, con la que ahora se firma un tratado denigrante para la condición humana y en contra de todas las cartas de derechos humanos.

En dos mil nueve, después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Unión Europea se ponía el reto de ponerse a trabajar para reforzar su papel en la resolución de conflictos y mantenerse como un referente en temas como la cooperación; pero lo cierto es que, más allá de reforzar su papel, lo que ha conseguido es que desde dos mil siete hasta dos mil trece la Unión Europea haya gastado más dinero en blindar las fronteras, alrededor de 2.000 millones de euros, que en políticas de asilo, 700 millones.

Esta nueva crisis humanitaria hunde sus raíces en tres procesos diferentes: por un lado, la grave situación de los derechos humanos en los países de los que huyen las personas refugiadas, especialmente de Siria, Afganistán e Irak, pero también de países africanos, como Eritrea, Somalia o Sudán del Sur; por otro lado, la grave crisis que sufre el sistema internacional de asilo, lo cual implica que hay en el mundo alrededor de 59 millones de personas desplazadas de manera forzosa, de las cuales unos 20 millones son refugiadas; y, por último, el fracaso absoluto de políticas migratorias de muchos países, en especial de la Unión Europea, que han priorizado la fortificación de sus fronteras frente a la protección y los derechos de las personas que llegan a su territorio. Y, junto a todo esto, un problema transversal: la política exterior desplegada por actores como la Unión Europea y sus países miembros.

Durante los últimos años, el Gobierno español ha contribuido activamente a dificultar el acceso al procedimiento de asilo y ha desarrollado una política de asilo muy criticable: en dos mil once se implantó el visado de tránsito para personas de origen sirio; y este año se ha legalizado, contraviniendo a la legislación internacional, las devoluciones ilegales en la frontera sur, lo que supone dilapidar el derecho de asilo. España se encuentra en la cola de Europa de solicitudes de asilo; solamente recibe el 0,95 % del total, y el número de estatutos de... de refugiado concedidos el año pasado no alcanza los 400.

En primer lugar, lo que se solicita a través de esta iniciativa es, principalmente, articular las vías de entrada a la Unión Europea a las personas refugiadas para, primero, acabar con las redes de tráfico de personas y, segundo, poner fin al drama humano al que estamos asistiendo, y, en concreto, restablecer el asilo diplomático, con acceso directo en todas las embajadas españolas. Se trata de algo que prevé la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, aunque pendiente aún de desarrollo mediante la aprobación del reglamento. Por eso es necesario que, de manera urgente, se tramite este reglamento; y, mientras se tramita, el Ministerio de Asuntos Exteriores debería emitir de forma urgente una instrucción a todas las embajadas de los países limítrofes a los países de conflicto que permitan solicitar asilo en dichas embajadas. Que se expidan visados humanitarios desde un tercer país para contribuir con... para no cont... para la regularidad en el cruce de fronteras y, de esta forma, impulsar cauces seguros. Y, por último, eliminar el visado de tránsito para quienes huyen de los países en conflicto, para facilitar así su acceso al territorio.

El Gobierno español, por ejemplo, debe suprimir inmediatamente el visado de tránsito que impuso en el año dos mil once a las personas sirias, debe agilitar la... debe agilizar la tramitación del derecho de reunificación familiar y ampliar la concesión de extensiones de asilo o autorizaciones de residencia por esta vía.

Relativo a la crisis siria, conforme los países de la ruta de los Balcanes cerraban sus fronteras y restringían el paso, Grecia se situó en el epicentro de la crisis de los refugiados: miles de personas se agolpaban en el campamento de Idomeni, en la frontera con Macedonia, esperando a que se les dejara pasar, y cada día entraban en el país más refugiados de los que salían. Y entonces, cuando la Unión Europea "relocalizaba" –y lo pongo entrecomillado- o avergonzaba, una vez más, con un sistema de cuotas a los miles de refugiados, se vio la ineficacia y la injusticia del Protocolo Dublín 3. Al proponer este programa de relocalización de miles de refugiados sirios y eritreos entre los distintos Estados miembros para aliviar a Grecia e Italia del peso que representa el elevado número de solicitantes de asilo que llegaban a estos dos países, la propia Comisión Europea dejaba en evidencia su protocolo.

Este mecanismo, basado en el principio de que una solicitud de asilo debe ser examinada en el primer país europeo al que llega la persona, hacía que, inevitablemente, los solicitantes de asilo se concentraran en los Estados fronterizos de la Unión Europea. Una situación injusta, tanto para estos países limítrofes, como se ha demostrado, como para los solicitantes de asilo, ya que las condiciones de acogida y el índice de reconocimiento de protección varían considerablemente en función del país en el que se realice la solicitud. Con lo cual, existe un fallo sistémico del mecanismo de Dublín, que perpetúa un mecanismo inapropiado, cuyo fracaso ha quedado patente.

Por todo ello, una parte de nuestra proposición va dirigida a la derogación de este protocolo, que se ha mostrado ineficaz, y trabajar en una política común de asilo que permita a los solicitantes de asilo registrar sus solicitudes en el país de su elección dentro de la Unión Europea. Derogación que ya han pedido la Liga de Derechos Humanos, Médicos del Mundo, Cáritas, Movimientos por la Paz -como Amnistía Internacional y la propia... la propia ACNUR, entre otras-.

En la actualidad, miles de familias duermen al raso en los campos del norte de Grecia, a lo largo de la valla que separa el país heleno de Macedonia, quienes no han sido trasladados a cárceles... a las cárceles habilitadas y consentidas desde la firma del acuerdo entre Unión Europea y Turquía, y a la que esta Comunidad Autónoma se ha opuesto. Más de 40.000 están bloqueados en el resto del país, y cada día siguen llegando miles y miles. Países Schengen fueron cerrando sus fronteras en una especie de epidemia: primero fue Austria, luego Eslovenia, Croacia, Serbia y Macedonia; a lo que hay que añadir aquellos que llegan a la isla de Lesbos en lanchas de plástico repletas de gente, y donde se les paga a las mafias más de 1.000 euros.

De los más de 160.000 refugiados para la reubicación a las que se comprometió la Unión Europea, tan solo han sido reubicados 660. De esos 660, 18 han sido reubicados en España, y 3 en Castilla y León; muy lejos de los 17.000 a los que se comprometió y un gran abismo con los 25.000 que ha acogido Canadá.

Pero, no contento con la ya aberrante actuación del cierre de las fronteras, recientemente la Unión Europea firmaba el acuerdo con Turquía, que, básicamente, se basaba en que toda persona que llegue a las costas griegas, independientemente de su origen y su más que probable condición de refugio, será devuelto a Turquía, y solo los sirios podrán volver a suelo europeo, a razón de una deportación por un ciudadano sirio reasentado, a cambio de 6.000 millones de euros para Turquía. Un acuerdo al que se han opuesto todas las organizaciones humanitarias; un acuerdo, según ha manifestado Naciones Unidas, con errores morales y legales, y que el Gobierno de esta Comunidad, como ha manifestado la vicepresidenta, Rosa Valdeón, que confía que Turquía destine los 6.000 millones de euros para acoger a estas personas y reparar su situación; y un acuerdo que... una vez más, repito, al que estas Cortes se han opuesto.

La expulsión colectiva, que es lo que propone la Unión Europea, está prohibida por la Convención Europea de Derechos Humanos y va en contra de toda la legalidad, lo que ha mostrado un nuevo nivel de bajeza de la Unión Europea. En definitiva, la crisis de los refugiados es principalmente una crisis de derechos. No podemos definir una Europa geográfica por fronteras históricas cerradas. Europa no se debe definir por sus fronteras, vagas y cambiantes -y por eso proponemos esta iniciativa-, se tiene que definir por aquello que le produce originalidad, sostenida por principios de solidaridad. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador don José Ignacio Delgado.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señora presidenta. Entendemos que las personas –porque son personas- que están intentando entrar a Europa es por motivos de persecución y peligro extremo de muerte. Todos hemos sido testigos de las condiciones en las que viven... en las que vienen y las pérdidas humanas que se producen durante el camino. Yo creo que, aquí, los procuradores que formamos esta Comisión de Presidencia no podemos entender que la UE (la Unión Europea), que se supone que se configuró como un espacio común de libertad, seguridad y justicia, fundada sobre los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, que se refiere en el Preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no solo no está dando un ejemplo ético y moral para el resto de naciones, sino que está pagando a un tercero, Turquía, para que se le solucione lo que no es capaz ni tiene intención de solucionar, y, de esta manera, trasladar el problema fuera de las fronteras de Europa.

Muchas veces debemos pararnos a pensar lo que es verdaderamente importante en la vida. Muchas veces debemos hacer un esfuerzo y empatizar con los que más lo necesitan. Y no me entiendan mal, porque sé que en estas Cortes de Castilla y León ya se han aprobado dos declaraciones institucionales por este motivo; por tanto, sabemos que la actitud de los representantes autonómicos es positiva, y es palpable el sentimiento de rechazo al acuerdo alcanzado entre los jefes de Estado y el Gobierno de la Unión Europea para la devolución a Turquía de los desplazados por motivos de guerra, por motivo, ni más ni menos, de supervivencia. Espero que nadie de los que aquí estamos nos toque nunca.

No nos engañemos, el pacto firmado con Turquía es ingeniería legal de dudosa moralidad, que pretende crear una frontera que evite el flujo de refugiados hacia Europa. Apoyado por una mal entendida lucha contra las mafias, y dando la categoría o estatus de país seguro a Turquía; país que, a día de hoy, solo tiene un estatus para los ciudadanos europeos. Simplemente aceptamos una mera declaración de intenciones de un Gobierno turco, que le molestan tanto la libertad de prensa y expresión como el propio Estado de derecho. Creemos que este pacto es contrario a la Convención de Ginebra y, por tanto, contrario al derecho internacional.

Señorías, nuestra bula, nuestra falta de empatía, nuestra falta de humanidad, y, ¿por qué no decirlo? –y no es ironía-, nuestra falta de ética, en fin, valores cristianos o éticos, nos va a costar cerca de 6.000 millones de euros a los europeos. Debemos pedirle a nuestros representantes y al Gobierno de Europa imaginación, valor y responsabilidad moral para llegar a acuerdos para que los Estados miembros acojan a los desplazados, a los que escapan de la tragedia de la guerra, de la sinrazón, de la maldad humana.

Debemos recordar lo que afirman los expertos en migración sobre cuando se cierra una ruta, se abre automáticamente otra u otras. Y destacan alternativas como la entrada que ahora mismo ya se está produciendo por Albania, por el sur de Italia, por Bulgaria, por Lampedusa, por Melilla y por España, por Rusia o por Chipre, etcétera.

Desde luego, sí que el punto 2, que hace referencia al Protocolo de Dublín, en realidad no es vinculante. Como ejemplo tenemos la primera actitud de Alemania, que, en el verano de dos mil quince, que permitió la entrada de emigrantes en sus fronteras debido a una gran crisis humanitaria que se estaba produciendo, fue un ejemplo de ello.

Pero desde Ciudadanos, desde luego, sí que nos gustaría, si puede ser al... pedir dos minutos, en un receso, para fijar un posicionamiento entre todos. Creo que sería lo más acertado, debida cuenta que ya hemos hecho varias declaraciones institucionales juntos y conjuntamente. Nada más. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Luis Briones Martínez.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, desde el Grupo Socialista queremos mostrar nuestra mejor actitud para dar una respuesta eficaz y urgente a este drama, que afecta a miles de personas que llaman a las puertas de Europa. Esa Europa que tiene por delante la tarea de demostrar que, además de tener en cuenta el objetivo de déficit de los Estados miembros, defienda al menos con la misma intensidad los valores europeos de solidaridad y de justicia.

Desde el año pasado se está produciendo una crisis humanitaria de refugiados, que provenían principalmente del conflicto armado de Siria. Miles de personas que, en su legítimo derecho a salvar su vida, abandonan sus países de origen, gravemente afectados por conflictos armados. Desubicados de la plenitud de su vida, y, con lo puesto, se adentran en aventuras mortíferas, con el fin de salvaguardar su dignidad, sustentándose en el positivismo antropológico que invade el ADN de todo ser humano.

El número de personas resulta abrumador y bochornoso, y solo cuantificarlo produce sentimiento de repulsa a esa carrera de categorías de personas en las que se enzarza Europa, con soluciones que atentan a la mínima dignidad, olvidando que la dignidad constituye un principio inmutable e intransferible, y es fundamento de los derechos naturales, esos derechos que son inherentes a nuestra condición, por el hecho solamente ya de existir. Inexorablemente estamos ante una grave crisis global, una crisis de solidaridad frente a miles de personas.

Los Parlamentos europeos exigieron respuesta a esta situación, así como los Parlamentos autonómicos y corporaciones locales, que instaron al Gobierno a articular medidas de acogida para esas personas, conforme a la legalidad internacional, respetando los derechos humanos de los refugiados. Desde el dos mil once, en que se produce la guerra en Siria, hemos estado mirando para otro lado, como si no fuese con nosotros, obviando que la probabilidad de llegar a esta situación iba a alcanzar las cotas más altas de crisis jamás vivida por Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Pero esa es la realidad, que está superando con creces lo que en su momento no se nos podía antojar como un imposible de materializar.

La Comisión Europea, a finales de año, acordó un plan para recoger a 160.000 refugiados en dos años, pero solamente se han reubicado 600 personas, y –como ya se ha dicho por alguno de los intervinientes- concretamente, bueno, pues en España, a día de hoy, solamente hay 18. ¿Dónde se han materializado estos compromisos? El Gobierno en funciones deberá explicar las razones por las que tanto desde la Comisión como desde el Gobierno han sido incapaces de hacer frente a los compromisos adquiridos.

Por contra, la sociedad española ha demostrado una solidaridad y una empatía digna del más alto de los elogios, tanto desde personas particulares como asociaciones que se han ofrecido para colaborar en la acogida de estas personas, desde casas particulares hasta comedores sociales. Existe un... una macrooferta de solidaridad desde la sociedad civil que contrasta con la nula empatía de este Gobierno en funciones.

Pero las personas no están donde... ¿Pues donde se hallan? Lo sabemos bien: en campos de refugiados. ¿Y en qué situación se encuentran? Malviviendo en condiciones infrahumanas. Todas las organizaciones presentes manifiestan que no son lugares apropiados para acomodar a esas personas, denunciando que hay que poner en marcha normas que permitan respetar los derechos humanos más elementales. Que son seres humanos como todos los demás, y que exigen mecanismos eficaces y dignos de protección. Los únicos que controlan esa situación son las redes de tráfico de personas, y todo esto, señorías, a unos escasos miles de kilómetros de la gran Europa.

Hace escasamente diez días hemos recibido de la Unión Europea el acuerdo con Turquía, un acuerdo para devolver al país vecino a todo refugiado que llegue a las costas griegas. La Unión Europea se ha comprometido a traer desde Turquía a un número de refugiados equivalente al de las expulsiones. Al cambio, Bruselas... a cambio, Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno, se han comprometido a aumentar en 3.000 millones los destinados a Turquía para atender a los refugiados, eximir de visados a sus ciudadanos y avanzar en el proceso de adhesión al club comunitario. Señorías, ¿qué tipo de acuerdo es este? ¿Qué respeto se brinda a la dignidad de estos seres humanos? Solamente tiene un nombre: mercadeo, moneda de cambio. La crudeza de dicho acuerdo es de fácil argumentación. ¿Cómo defender que, por cada sirio que Turquía readmita, otro sirio será reasentado desde Turquía hacia la... hacia la Unión Europea? Las críticas a dicho acuerdo se centran en su dudosa legalidad, y, como advierten voces autorizadas, ya lo materializará la legislación o ya lo anidará... lo anulará –perdón- el Tribunal Europeo de Justicia. Un pacto que ha venido a denominarse "de la vergüenza", y que no pretende solucionar ni tan siquiera minimizar el problema.

Con 6.000 millones de euros, la vieja Europa reniega de sus principios fundacionales a favor de un país de dudosa operancia en materia de reglas democráticas. Lo que está claro es que Europa ya ha lanzado un mensaje contundente: no vengáis a Europa. Mírese por donde se mire, el acuerdo asesina los derechos humanos. Ankara ha encontrado en la Unión Europea un negociador débil, que ha olvidado, junto con los Gobiernos europeos, todo lo referente a los derechos de la persona.

No quería aludir a cuando éramos nosotros, los españoles, los que huíamos, los que teníamos que salir; y, aunque sea brevemente, haré una pequeña reseña a aquellas palabras manifestadas por el presidente mejicano Lázaro Cárdenas, cuando afirmó que su país estaba dispuesto a aceptar a todos los refugiados españoles que en ese momento había en Francia. Desde luego, sobran los comentarios.

Desde el Partido Socialista entendemos que dicha situación hay que afrontarla desde unas premisas con unas características esenciales: que se trata de una crisis que es tarea de todos. Todos debemos contribuir a su solución porque somos conscientes de que no existen fórmulas sencillas e inmediatas, pero debemos apartarnos de la resignación, que no conduce más que a la repetición de los problemas. Ningún Estado tiene la dimensión suficiente para enfrentarse solo a los problemas sin cooperación; con coordinación entre... entre todos seremos capaces de superar la tentación individualista de los Gobiernos de actuar sin tener en cuenta los intereses generales.

Partiendo de que el problemas de los... de los refugiados tiene un sustrato que arranca de conflictos que no cesan, de violaciones de derechos humanos o represión, el secretario general de la ONU ha apelado a los países occidentales a que asuman sus obligaciones y a mostrar más determinación en resolver las causas que obligan a las personas a huir de sus países. En consecuencia, debemos acudir a la raíz del conflicto activando mecanismos de actuaciones diplomáticas que pongan en primera línea de prioridades la pacificación de las zonas en conflicto.

La diplomacia de la Unión Europea, con el apoyo de cada uno de los países, de todos los socios internacionales, ha de acrecentar sus esfuerzos para trabajar con la máxima intensidad. Dentro del seno de la Unión Europea debemos controlar, analizar y participar preventivamente para defender los derechos humanos con el fin de remediar los problemas que hoy estamos sufriendo, con un entramado tan complejo y abundante de personas interesadas en el bien común. ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí?

Es verdad, tal como se establece en esta proposición no de ley, una revisión del Reglamento de Dublín, una revisión encauzada a estructurar un programa de reasentimiento... –perdón- de reasentamiento que se aplique en todos los países de la Unión Europea, creíble y sustancial, que establezca un reparto equitativo de cuotas entre los Estados miembros, basado en el PIB, la dimensión y la población, la tasa de desempleo, el número de refugiados que ya están presentes y, en cierta medida, en las opciones personales de los refugiados. Debemos instar a que la Unión Europea tenga una verdadera política común de asilo e inmigración, así como a incorporar las necesidades y el enfoque de estas políticas a otras que desarrolle la Unión, como la política comercial, y muy... y muy especialmente –perdón- la política de cooperación.

Compartimos con el Grupo proponente que el Gobierno debía de haber aprobado lo antes posible el reglamento de la Ley 12/2009, de treinta de octubre, reguladora del derecho de asilo, y la protección subsidiaria. Han transcurrido seis años desde su aprobación y ni siquiera se han transpuesto los instrumentos jurídicos que forman parte del Sistema Europeo Común de Asilo. Evidentemente, el enfoque de este reglamento debe alejarse de cualquier perspectiva restrictiva.

Desde el Partido Socialista no queremos que la situación de los... de los refugiados, que en esta llamada de urgencia que efectuamos desde las Cortes de Castilla y León a este Gobierno en funciones, quede prácticamente en simplemente esa mera repetición –como han dicho algunos compañeros- en los acuerdos de todos los grupos. Lo que queremos es... –y vamos a hacerlo- es... presentando y apoyando iniciativas en todos los ámbitos para la efectiva implantación de esas políticas de asilo que respeten los derechos humanos. Europa debe comprometerse y no implementar políticas que discriminan a... a los seres humanos, protegiendo a unos en detrimento de la superior dignidad, que es, evidentemente, consustancial a todos.

Lo único, con relación a la... a la proposición que ha presentado el Grupo Podemos, nosotros no utilizamos en este campo con la siguiente... el término "derogar", sino "revisar". Creemos que se debe de revisar. Porque derogar es, evidentemente, acabar con... con toda una norma, y la norma tiene aspectos positivos y tiene aspectos muy negativos. Pero nosotros, evidentemente, la vamos a apoyar, pero sí que, en la medida de lo posible, pediríamos que en la parte dispositiva de la proposición se cambie, precisamente, "revisar" por... –perdón- sí, "revisar", y no aparezca el término "derogar". Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Jorge Martínez Antolín.

EL SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN:

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Lo primero que hay que decir ante la proposición no de ley presentada en esta Comisión por el Grupo Parlamentario de Podemos es que las Cortes de Castilla y León ya han manifestado, ya han fijado su posición respecto a este tema tan importante, como es el de las personas refugiadas. Y así lo ha hecho a través de sendas declaraciones institucionales, que no se han llevado a cabo únicamente en una Comisión, sino que se llevaron a cabo en el Pleno de la Cámara. Dos declaraciones institucionales, la primera de ellas ya el pasado mes de septiembre, el nueve de septiembre; y la segunda tan solo apenas quince días, el pasado quince de marzo –como decimos, muy reciente-, a la vista de la pasada cumbre comunitaria.

Por tanto, nosotros consideramos que no tiene mucho sentido traer aquí hoy una proposición no de ley en esta línea, cuando ya se ha hablado, se ha debatido y se ha apoyado, además, claramente a través de esas declaraciones institucionales por todos los grupos parlamentarios que existen en este Parlamento autonómico.

Teniendo en cuenta, además, que, dentro de esta proposición no de ley, la propuesta de resolución hace referencia a una serie de temas que nada tienen que ver con las competencias que tiene nuestra Comunidad Autónoma y que nada tiene que ver con las competencias que tenemos en nuestro Parlamento autonómico. Son competencias que afectan de lleno a política exterior de España, cuya fijación corresponde al Congreso de los Diputados y al Gobierno de la Nación.

Por tanto, consideramos que no es el lugar para traer aquí esas propuestas de resolución, y que, teniendo –como ustedes tienen- parlamentarios y representantes en el Congreso, consideramos que es el lugar idóneo a donde las tienen que llevar para poderlas sacar adelante, máxime ahora que han autoproclamado ya vicepresidente para todo a... a uno de sus... personas en el Congreso. Por tanto, de esa manera sí que difícilmente se les podría resistir la aprobación de lo que piden, de la Ley de Asilo o la derogación del protocolo Dublín III, que sí que son competencias nacionales y no son competencias de esta Comunidad Autónoma.

Y es que lo que vemos nosotros es que el Grupo Parlamentario Podemos quiere hacer hoy aquí, en esta Comisión, es únicamente aprovechar el Parlamento autonómico... -como han hecho en otros Parlamentos autonómicos; sí, porque esta proposición no de ley la han presentado ustedes en otros Parlamentos autonómicos- y lo que hacen única y exclusivamente es utilizar el Parlamento autonómico como un mero altavoz, como una mera cámara de resonancia de su propia retórica, de su propia actividad, movimiento revolucionario, intentando transmitir situaciones y cosas, bueno, pues que se apartan un poco de... se apartan un poco de lo que son las exigencias de la Comunidad; y en un breve espacio de tiempo -que es lo que llevamos ya desde que comenzamos esta legislatura-, pues ustedes han... han pasado de ser el partido de la gente y tener en cuenta y transmitir de abajo arriba lo que les propone la gente, empezar a transmitir ahora de arriba abajo, y lo que hacen es transmitir desde la cupa... desde la cúpula de Madrid lo que les indican allí. Señorías, ustedes presentan consignas lejanas frente a políticas cercanas.

Aún menos así entendemos esta proposición no de ley, cuando las posiciones y propuestas acordadas por todos en esas declaraciones institucionales a las que hemos hecho referencia se están cumpliendo. Y, en este sentido, hay que destacar, como resultado inmediato y más relevante de la primera declaración institucional, bajo la coordinación de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, con un mecanismo de respuesta como es la Mesa de Seguimiento Permanente para la Acogida de Refugiados, en el que se integran de un modo coordinado y proactivo los recursos de las distintas Administraciones públicas que actúan en Castilla y León: la Federación Regional de Municipios y Provincias, la Delegación del Gobierno, la Junta, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, así como las ONG más destacadas en este campo, como hacen Cruz Roja y Cáritas. Tan es así, señoría, que la segunda declaración institucional lo reconoce expresamente en su texto, dando por sentada su capacidad para atender hasta a novecientos refugiados.

Pero es que, además, el punto principal y el punto mollar de esa segunda declaración institucional que se llevó a cabo el pasado quince de marzo, centrado en el rechazo a que el acuerdo de la pasada cumbre o Consejo Europeo sobre refugiados pudiera incluir expulsiones colectivas de refugiados, ha sido precisamente el núcleo central de la posición española en esa cumbre; una posición consensuada con los grupos parlamentarios -incluido, obviamente, el de Podemos- en el Congreso de los Diputados, y que se ha visto incorporada al texto final de los acuerdos del Consejo Europeo a iniciativa del Gobierno de la Nación. Además, en el diario digital de El País, aunque en un tono un tanto crítico, se recoge la información dada por el secretario de Estado sobre los resultados de la cumbre, que será expuesta en breve por el presidente del Gobierno. Si tiene algún tipo de interés, en el enlace del diario El País, pues se le puedo proporcionar.

Por último, un argumento de sentido común, señoría: la evidente dificultad de valorar las consecuencias jurídicas y prácticas que pueden tener las propuestas formuladas nos obliga a ser muy prudentes en este caso. El peligro de replicar miméticamente iniciativas parlamentarias pensadas para la política nacional es el de desplazar sobre los Parlamentos autonómicos, por intereses puramente partidistas y de rentabilidad a corto plazo, la posibilidad de valorar o enjuiciar políticas públicas que, sin embargo, no controlan parlamentariamente, lo que en sí mismo constituye un sinsentido político, cuando no una incoherencia democrática.

Se nos pide hoy que opinemos sobre el futuro desarrollo reglamentario de la Ley de Asilo o de la derogación del protocolo Dublín III, por no decir cuando hablan también del fin de la militarización de las fronteras exteriores de la Unión Europea, y, sin embargo, esta Cámara no está informada, ni menos aún autorizada, para la política exterior española, además de que, por razones obvias, no puede ejercitar en modo alguno el control parlamentario de esa acción exterior, que ustedes se empeñan, sin embargo, en que juzguemos políticamente.

En el Grupo Parlamentario Popular, señoría, nos gusta ser prudentes. Seguro que ustedes también, en su grupo parlamentario, también lo pueden ser, haciendo honor a su... a su nombre. Pero, en nuestra modesta opinión, es muy difícil emitir un juicio político solvente sobre el conjunto de implicaciones jurídicas y prácticas que tienen aspectos técnicamente muy complejos, como el desarrollo de la regulación del derecho de asilo en situaciones de guerra, la forma de concretar la extensión del asilo diplomático o la protección internacional a todas nuestras embajadas y consulados en esos casos, las consecuencias de una eventual modificación de la política común de la política europea en esa materia o los efectos que estos cambios pueden tener sobre los masivos desplazamientos de personas, el control de fronteras, la defensa de los límites exteriores de la Unión Europea u, obviamente, la lucha contra el terrorismo internacional.

Su populismo, señoría, se basa en recetas simples para problemas complejos, o es lo que el propio estilo Podemos utiliza, basado en ocurrencias geniales a la línea de Carmena-Colau. A propósito, usted, dentro de sus antecedentes en esta proposición no de ley, habla de la propuesta Colau de una red de ciudades refugio, de la que nadie más ha sabido nada. Y yo le puedo decir que nuestra Comunidad, que en Castilla y León, desde septiembre de dos mil quince, ya se cuenta con un mecanismo de respuesta estructurado y acordado entre todos.

Por todo ello, señoría, proponemos rechazar la presente propuesta de resolución, remitiéndonos a las declaraciones institucionales suscritas y recalcando, en todo momento y por encima de todo, nuestra plena disposición a ofrecer la mejor acogida posible a los refugiados. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la procuradora doña Natalia del Barrio Jiménez.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo iba a conceder los dos minutos para debatir el texto, pero, visto que el Partido Popular... se ha mostrado su solidaridad con respecto a las... las personas refugiadas, pues lo siento, la voy a dejar como está y no vamos a dar los dos minutos, porque será, pues, una pérdida de tiempo.

Nosotros por supuesto que respetamos en el parlamento y las decisiones y las... y la palabra que se da en él. Que sepa yo, una declaración institucional -hasta donde yo sé y hasta donde todos los grupos parlamentarios sabemos- no es un debate, es una... una... como bien indica su propio nombre, es una declaración, y es una declaración de intenciones. Y el principio de esta iniciativa iba dirigida en ese aspecto, mostrando que estas Cortes ya se habían mostrado en contra del... del acuerdo de Turquía y de la Unión Europea, y que ya se habían manifestado en contra, de dos veces, en el apoyo... o sea, no en contra, sino en apoyo a los refugiados.

Y mírese usted si respetamos la palabra... respetamos lo que decimos en él, que nosotros respetamos a todas las víctimas, tanto -como usted dice, algo que no... que no nos... que no nos atañe, como son la política exterior- sean... nosotros respetamos a las víctimas y respetamos, sean refugiados o sean paisanos nuestros, de nuestra Comunidad. Porque creo que ustedes han sido los primeros que no han respetado el acuerdo con las víctimas del... del tren... del Alvia de Santiago, diciéndoles hace una semana que iban a firmar una comisión de investigación, y ahora no han firmado el solicitar esa comisión de investigación para que las familias puedan depurar responsabilidades políticas. O sea, fíjense ustedes lo que nosotros respetamos a las víctimas, tanto si son de fuera como si son de aquí. Eso, en primer lugar.

En segundo lugar, por supuesto que no es una competencia autonómica, y así se explica aquí en esta proposición no de ley: se... se dice que se inste al Gobierno. Si quiere, le puedo enumerar las... las iniciativas que el Partido Popular presenta que no son de competencia autonómica; si quiere que se las... que se las enumere, porque ustedes también hacen iniciativas que no tienen nada que ver con competencias... con competencias autonómicas, sino que instan al Gobierno de la Nación para que ratifique sus políticas. Eso, lo segundo.

Y por supuesto que tenemos parlamentarios a nivel nacional, y lo han hecho ya, y lo van a hacer y lo seguirán haciendo. Simplemente queríamos que, estas Cortes, ir un paso más allá de una declaración institucional, que al final es una declaración de intenciones, y ustedes se manifestaran de forma a través de la aprobación de una iniciativa, pero ya vemos que no.

Consignas lejanas. Sí, son tan lejanas que vienen desde Nueva York. ¿Sabe desde dónde, estas consignas? Desde las Naciones Unidas, que son las que rigen los derechos humanos. No es una cosa que nos hemos inventado nosotros, no es una cosa que nosotros queramos que venga desde la cúpula de Madrid. No, viene desde la cúpula de Nueva York, de las Naciones Unidas, del propio secretario general de las Naciones Unidas, de todas las organizaciones que luchan para que se cumplan los derechos humanos. Es que no es una cuestión nuestra, es una cuestión de las organizaciones -de Amnistía Internacional, de ACNUR, de Médicos del Mundo, de Médicos sin Fronteras-. Es que no... no vamos a inventar la pólvora, evidentemente, nosotros simplemente trasladamos a los Parlamentos autonómicos los que... lo que expertos en derechos humanos están diciendo, es simplemente eso. Y usted me habla de sentido común; pues sentido común sería intentar buscar una solución a esto, pero ya veo que ustedes no están por la labor. Así que nada más. Muchas gracias.

Votación PNL/000419

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Muchas gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley.

¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Nueve. Votos emitidos: diecisiete. Votos a favor: ocho. Votos en contra: nueve. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley debatida. [Murmullos]. No procede, ¿verdad? Dice el letrado que no procede, ¿eh? [Murmullos]. ¡Ah!, sí, sí, sí. Perdón, sí.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Tercer punto del orden del día. Por la señora secretaria se dará lectura del tercer punto del orden del día.

PNL/000433

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Tercer punto del orden del día: Proposición No de Ley 433, presentada por los procuradores don Juan Pablo Fernández Santos y doña Natalia del Barrio Jiménez, instando a la Junta a que exija al nuevo Gobierno de la Nación, en cuanto se constituya, la retirada inmediata de las Leyes Orgánicas 4/2015 y 1/2015, de treinta de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de veintitrés de noviembre, del Código Penal y Pacto Antiterrorista, Ley 2/2015. E instando al Gobierno de la Nación a abrir un debate consensuado para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 89, de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para la presentación de la... de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, doña Natalia Del Barrio, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Muchas gracias, presidenta. Como bien explicamos en los antecedentes de esta proposición no de ley, han pasado más de veinte años desde la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, 1/1992, también conocida como la Ley Corcuera, que tumbó en gran parte del articulado el Tribunal Constitucional. Y en la anterior legislatura se aprobó una nueva ley que viene a sustituir la ya criticable ley de mil novecientos noventa y dos, que costó el cargo al entonces ministro de Interior.

Las nuevas reformas incorporan nuevos delitos que apuntan directamente hacia colectivos que no suponen un peligro para la seguridad ciudadana, como activistas, inmigrantes y personas sin recursos, y, sin embargo, en su redacción no se contempla el endurecimiento del castigo contra la corrupción ni contra otros delitos cometidos solo por quien maneja grandes cantidades de dinero. No creemos que esta desproporción tenga justificación alguna precisamente ahora que la ciudadanía está sufriendo las consecuencias de la crisis económica y el país atraviesa uno de los episodios más escandalosos en corrupción.

Se trata de reformas que tienden a la arbitrariedad y a la desproporción en la aplicación de la justicia y criminalizan de forma directa las reivindicaciones propias de la protesta social, así como de los actos cometidos por personas sin recursos que luchan en una situación de precariedad. Esta regulación restringe de manera innecesaria y desproporcionada el derecho a la libertad de expresión e información, de reunión pacífica y de asociación, mediante medidas contrarias a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado español en materia de derechos humanos. Sin embargo, el Gobierno español hizo caso omiso a las observaciones y denuncias de organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Observación General número 34, párrafo 38, subrayó la importancia de que en el debate público sobre las instituciones públicas la expresión pueda tener lugar sin inhibiciones, y señaló que los Estados no deberían prohibir la crítica de instituciones como el Ejército o la Administración. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ratificado reiteradamente que sancionar en vía administrativa a los participantes en una reunión pacífica, aunque no haya sido comunicado previamente a las autoridades según el procedimiento administrativo nacional supone una restricción ilegítima del Artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, toda vez que cualquier manifestación en la vía pública causa, inevitablemente, cierto nivel de disrupción en el devenir ordinario y que las autoridades públicas deben mostrar cierto grado de tolerancia hacia la celebración de reuniones pacíficas.

El Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas comunicó previamente al Gobierno español su preocupación de que el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, así como el Proyecto de Código Penal, apuntaban a una vulneración de la propia esencia del derecho de manifestación, al penalizar un amplio número de conductas inherentes al propio ejercicio de este derecho fundamental, originando una importante limitación en el ejercicio del mismo.

Europa incluye a España en la lista de negra de países sin libertad, y es el único del mundo que no admitió inspeccionar su régimen. La OSCE, el organismo oficial europeo que vigila las libertades de los países que desean corroborar su calidad democrática, emitió un comunicado oficial desde Viena en el que condenaba a España por la expulsión de seis diplomáticos que venían a inspeccionar la manifestación bajo el lema "Jaque al Rey". La oposición repentina por parte de las autoridades españolas nos plantea preocupación sobre sus intenciones, decía la OSCE en su nota pública, al tiempo que pide a los políticos españoles en el poder que garanticen el pleno respeto a la libertad de reunión pacífica, de acuerdo con los compromisos de la OSCE y otras normas internacionales de derechos humanos.

Desde la presentación del primer borrador de la LEM, la Ley sobre seguridad ciudadana generó el rechazo de múltiples actores sociales, ciudadanos y de organismos consultivos, como el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, así como también se opusieron en bloque organizaciones de la sociedad civil, y el Gobierno no ha tenido en cuenta ninguna de las preocupaciones ni sugerencias expresadas por la sociedad civil, manteniendo en el texto definitivo los artículos más polémicos.

Con el soporte de la reforma del Código Penal, la ley mordaza introduce una serie de sanciones intimidatorias, que consideramos hechas a medida de las acciones de protesta social que se vienen desarrollando a raíz de los recortes en derechos sociales que se han sufrido con la crisis. El Gobierno, bajo un razonamiento -en principio, aceptable- basado en que el derecho penal debe reservarse para castigar las conductas más graves, anuncia estas reformas defendiendo sus intenciones de despenalizar un conjunto de once conjuntas tipificadas como faltas en el actual Código Penal, para sancionarlos bajo la vía administrativa, menos gravosa para el infractor, a través de la Ley de seguridad ciudadana. Sin embargo, este razonamiento ha sido usado, en realidad, por el legislador para ocultar su verdadera intención de incrementar el rigor punitivo, introduciendo, además de las once faltas referidas, veintiocho infracciones de nueva redacción.

La nueva Ley de protección de la seguridad ciudadana conlleva un incremento altísimo de las infracciones relacionadas con la libertad de reunión pacífica y de asociación, así como la libertad de expresión. Quince de las cuarenta y seis infracciones propuestas en la reforma afectan directamente a este área, lo que denota el interés particular del Gobierno por limitar, mediante multas, estos derechos. De hecho, desde la entrada en vigor de la denominada "ley mordaza", la policía multa a treinta personas al día por faltas de respeto; un total de 6.217 sanciones por faltar al respeto a las fuerzas de seguridad, convirtiéndose en el segundo motivo de sanción tras el consumo de drogas, con un promedio de 145 euros por sanción. Como bien han indicado varias asociaciones jurídicas, ahora el Gobierno es juez y parte sobre una serie de infracciones que antes estaban en manos de jueces independientes.

Según el Artículo 52 de la Ley, se establece que la denuncia del agente constituirá base probatoria suficiente para adoptar la resolución que proceda, y, como bien han indicado varios jueces y abogados, en el ámbito judicial la palabra del agente no es suficiente, hay que probarlo. O, lo que es lo mismo, ahora las sanciones no son resueltas por un juez imparcial, sino por un Gobierno que puede tener intereses políticos ante protestas a su gestión; es decir, muchas conductas que antes iban por vía penal ahora pasan y se duplican en la vía administrativa, donde son los funcionarios los que valoran.

Respecto a otros artículos polémicos y contestados de la ley, hay dieciocho sanciones por utilizar fotos de policías o de objetos que puedan identificar a un miembro de las fuerzas de seguridad. Además, se han puesto setenta y una sanciones por obstruir a la autoridad en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales, que incluye, por ejemplo, que las personas que... que traten de impedir un desahucio.

Rechazamos, por tanto, una ley cuya justificación se basa en una supuesta creciente demanda de seguridad y prevención del delito por parte de la ciudadanía, que en realidad no existe.

Primero, porque es falso que haya una alarmante inseguridad y que estés... y que estas reformas sirvan para parar el crimen. No es cierto que esté creciendo la demanda social para que el Estado refuerce la represión para salvaguardar la seguridad ciudadana. La Fiscalía General del Estado, en sus últimas memorias, afirmaba que nuestro país se encuentra a la cola de la Unión Europea en comisión de delitos (46,1 por cada 1.000 habitantes, frente a los 63,8 de media europea). No es cierto, pues, que esté creciendo la demanda para que el Estado refuerce la seguridad ciudadana mediante la eliminación de la violencia. Somos un país poco violento, y el Gobierno debería entender que el clamor de la calle no reclama más seguridad, sino mayores garantías en la defensa de derechos tan básicos como el trabajo, la vivienda o los servicios públicos esenciales. Si observamos las estadísticas oficiales de los últimos años, todo apunta hacia una disminución acusada en el número de delitos, exceptuando los casos de delitos informáticos y económicos, lo que nos coloca muy por debajo de la media europea, como se puede ver en el balance de la criminalidad del Ministerio de Interior. Tampoco la población se ha mostrado preocupada por un presunto aumento de la inseguridad, según las propias estadísticas del Centro de Investigaciones Sociológicas, donde la inseguridad ciudadana es una preocupación menor para los españoles, ocupando los últimos puestos de las encuestas públicas.

Segundo, porque existe una vulneración del principio de seguridad jurídica. Dice el Gobierno en la exposición de motivos de la ley que la seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y que su interpretación debe huir de definiciones genéricas. Y, sin embargo, la ley, en sí misma, recurre con excesiva frecuencia a términos muy poco concretos, que llevan a una relativización de los principios de legalidad y seguridad jurídica y refuerzan la sospecha de que el verdadero objeto de la ley es proteger al Gobierno frente a una ciudadanía cada vez más indignada. Se invoca la seguridad como un valor superior, por el que se justifica que pueden restringirse los derechos fundamentales individuales. Esto demuestra como el Gobierno, sin un sustento real, está tratando de crear una falsa percepción de inseguridad en la sociedad que le permita justificar el endurecimiento de las leyes a costa de recortes de los derechos de la ciudadanía.

Tercero, porque es falso que la reforma del Código Penal sea para parar la corrupción. Si bien es cierto que ha regulado con mayor detalle alguna de estas conductas, no es cierto que haya endurecido todas las penas, ni es cierto tampoco que trate a todos los ciudadanos por igual. Se amplían los delitos de corrupción por particulares para incluir vertiente internacional, pero se atenúan las penas. Se rebajan las penas de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos –malversación de caudales públicos-, y no se aprovecha para sancionar las grandes estafas, como las preferentes o la financiación ilegal de partidos. Además, con la Ley de diciembre de dos mil doce, que entró en vigor en enero de dos mil trece, lo que se ha hecho es institucionalizar un doble rasero entre los delitos cometidos contra la Seguridad Social y los cometidos contra la Hacienda pública. De esta forma, el cobro indebido de prestaciones de la Seguridad Social es delito desde el primer euro, y, sin embargo, para defraudar en cuanto a las cuotas de la Seguridad Social es delito a partir de los 50.000 euros, y a la Hacienda pública solo a partir de estafas de 120.000 euros.

Y cuarto, porque es falso que la reforma descongestionara y aligerara las penas, eliminando las faltas del Código Penal. La mayoría de las faltas más comunes, en la práctica, devienen en delitos, y, por ello mismo, los juzgados no se descongestionan. Tendrán... tienen casi el mismo volumen de trabajo, y, en cuanto a las faltas que pasan a la jurisdicción civil o administrativa, estos juzgados tienen un retraso mucho mayor, llegando hasta duplicar el tiempo de resolución.

Por todas estas razones, nos posicionamos en contra de esta ley y solicitamos a que se inste al Gobierno de la Nación a la retirada inmediata de la Ley Orgánica 4/2015, de treinta de marzo, de Protección y Seguridad Ciudadana, así como la Ley Orgánica 1/2015, de treinta de marzo, por la que se modifica el Código Penal. Y, en segundo lugar, a que se abra un debate consensuado para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don José Ignacio Delgado.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señora presidenta. Desde luego, el Grupo Ciudadanos apoyará esta moción de Podemos, porque no podemos estar más que de acuerdo. Y sí que hay que resaltar, por ejemplo, lo que dijo nuestro líder, Albert Rivera: me parece un calentón político de los que no se entienden lo que está pasando. Eso lo dijo sobre esta Ley de seguridad ciudadana, o, asimismo, cuando se ha... hemos criticado siempre como un error y un paso atrás en la división de poderes sobre todo; porque es el Gobierno, y no los jueces, los que deciden multar a los manifestantes... a los manifestantes y a la Oposición política.

Desde luego, preguntándonos muchas veces si Ciudadanos derogaría esta ley, hemos respondido muchas veces que todo lo que hace referencia a la separación de poderes, sí; en concreto, al hecho de que sean las autoridades gubernativas, y no los jueces, quienes puedan limitar el ejercicio de un derecho fundamental, lo cual nos preocupa muchísimo, como no puede ser de otra manera. No digo que vamos a derogar absolutamente toda la ley, pero, desde luego, todos los aspectos incluidos ya en los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional por muchos sectores –sindicatos, partidos, etcétera-, como bien sabemos todos.

Y, desde luego, estamos comprometidos para que la derogación de esta Ley de seguridad ciudadana, conocida por todos como la ley mordaza, que permite a las autoridades gubernativas limitar el ejercicio de derechos fundamentales, como es el de reunión o manifestación. Bien es verdad que, a veces, en las manifestaciones, pasa lo que pasa; pero, desde luego, creemos que el Estado actual de derecho tiene mecanismos suficientes para evitar, pues... o poner en su sitio a los que infringen la ley, como a veces suele pasar.

Desde luego, nos remitimos también al Pleno del Parlamento andaluz –por ejemplo-, que ha expresado ya este jueves pasado su rechazo a la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida como la ley mordaza, y ha instado a la Junta a demandar al Gobierno central que la derogue, en virtud de una proposición no de ley del Partido Socialista andaluz, que ha sido apoyada por Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida, mientras que, lógicamente, el Partido Popular ha votado en contra.

La Cámara también ha expresado su rechazo a todas aquellas medidas que supongan un ataque a los derechos y libertades públicas de la ciudadanía o representen un retroceso en la calidad democrática.

Por supuesto, si podemos oportunidad, se reformará la Ley de Protección de seguridad ciudadana para revisar los preceptos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y aquellos otros que reconocen dificultades excesivas de intervención... perdón, aquellos que reconocen facultades excesivas de intervención por las fuerzas de seguridad, sustituyen el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones, o los que atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales, restricciones de tránsito y controles en las vías públicas, y comprobaciones de registros en lugares públicos. Esto está extraído, por ejemplo, del acuerdo que ahora tenemos, actualmente, entre el Partido Socialista y Ciudadanos.

Desde luego, con estas propuestas y estas resoluciones de esta proposición no de ley del Parlamento andaluz fija posi... fijamos posicionamiento todos. Pero debemos presentar enmienda in voce de sustitución, aquí mismo, que sería... –si la acepta el Grupo Podemos- que, más o menos, sería: "Instar a la Junta de Castilla y León a que, a su vez, inste al nuevo Gobierno de la Nación a reformar la Ley 4/2015, de treinta de marzo, de protección de seguridad ciudadana, teniendo en cuenta los preceptos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y todos aquellos artículos o medidas que supongan un ataque a los derechos y libertades públicas de ciudadanía, o representen un retroceso en calidad democrática". Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Luis Briones Martínez.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señora presidenta. El Partido Socialista ya ha presentado, y presentó en su momento con otros grupos políticos, un recurso de inconstitucionalidad contra Ley Orgánica de protección de seguridad ciudadana, la bien llamada o mal llamada "ley mordaza". Los motivos son claros, porque consideramos, en primer lugar, que es una vuelta al estado policial, que instaura, además, el derecho administrativo sancionador del enemigo. Su objetivo es sancionar al disidente, al que protesta, al considerar que quien protesta altera, no la seguridad, sino la tranquilidad pública, que, por otra parte, es un valor sin concreción constitucional.

Esta ley habilita a la policía para el ejercicio de poderes exorbitantes de inspección, retención, investigación, represión y sanción, mediante la penalización de ciertas conductas. Se atribuye a la policía poderes fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales y adolecen de un margen enorme de discrecionalidad, lo que vulnera el Artículo 24 de la Constitución Española, el derecho a la tutela judicial efectiva. El derecho se emplea como instrumento para proteger y asegurar la actuación policial... policial –perdón- al margen de los controles judiciales, lo que, de nuevo, vulnera el Artículo 14 de nuestra Carta Magna.

Además, esta ley supone una inversión del orden constitucional, al situar como principal objetivo de las funciones de la... de la policía la seguridad ciudadana y no el libre ejercicio de los derechos fundamentales, por lo tanto, conculca y vulnera el Artículo 104.

Esta ley instaura un derecho administrativo sancionador preventivo fundado en sospechas y dirigidas a generar desaliento en el ejercicio de los derechos fundamentales en los Artículos 21, como es el derecho de reunión y manifestación, en el Artículo 18, como es la libertad de expresión; el constituyente no les puso prácticamente ninguna limitación, y, desde luego, no se la puede poner ninguna autoridad gubernativa.

El derecho administrativo sancionador se solapa y castiga las mismas conductas que el derecho penal, acumulando así el reproche jurídico de conductas, lo que está prohibido por el Artículo 9 de la Constitución española en sus apartados números 2 y 3. Un sistema sancionador fundado en una definición abierta y ambigua de los tipos sancionadores, con la... con la fijación, además, de multas desproporcionadas, lo que vulnera los Artículos 9, 3 y 25.1 del principio... de la Constitución Española –perdón-, el principio de legalidad, tipicidad y proporcionalidad en la sanción.

Se desliga el sistema sancionador de la prevención o represión de la lesión o puesta en riesgo real, efectivo e inminente de la... de la integridad física, moral, de la vida o los bienes de terceros. El reproche se liga a comportamientos consideradas como una amenaza para el sistema.

El modelo es muy claro: se criminaliza la disidencia ideológica bajo la idea de que esta disidencia altera el orden público y la seguridad ciudadana, como en otras épocas se hizo, como en las leyes de peligrosidad y de rehabilitación social. Se concatena la reforma del Código Penal con la de la Ley de seguridad ciudadana, es decir, se tipifican conductas delictivas, y así justifican las intervenciones y detenciones judiciales para su persecución o prevención. Y, además, se sanciona también administrativamente la misma conducta; a veces, se sanciona más gravemente la sanción administrativa que la penal.

La técnica es coherente con el modelo ideológico del Partido Popular: prevenir conductas antisociales facultando a la policía para atajar, controlar, disolver e impedir reuniones, manifestaciones o actos de protestas (en las que incluimos sentadas, acampadas, escrache, etcétera), expresión de ideas y opiniones, y divulgación de información que no resulta conveniente.

Frente al argumento de que hay que proteger mejor la tranquilidad de los ciudadanos y sus derechos fundamentales, conviene señalar que eso –y así lo ha dicho el Tribunal de Constitucional- se logra con la persecución de las conductas delictivas y la sanción, incluso administrativa, de aquellas conductas que o bien son una lesión real y efectiva de los derechos fundamentales de terceros, o bien esas conductas constituyen amenazas probadas, reales, efectivas o inminentes de lesión de esos derechos fundamentales, en particular, vida, integridad física y moral, y su propiedad.

No hacerlo así es intolerable para un sistema democrático e infringe los principios de culpabilidad y taxatividad del régimen sancionador, porque no es tolerable la sanción preventiva de conductas sobre las que solo existe la sospecha de que pueden ser lesivas de derechos. Además, se sustenta en juicios discrecionales y arbitrarios de la Administración, lo que impide un control... un control judicial efectivo de la limitación del derecho o de las consecuencias de su ejercicio. Por si fuera poco, se instaura la culpabilidad solidaria, que se extiende tanto a los que organizan y dirigen, o son sospechosos de ello para la policía, como a quien participa sin saberlo en una actividad prohibida por una orden policial, es decir, que se emite sin control judicial y sobre indicios y meras sospechas; una norma claramente que conculca la libertad y la dignidad de las personas.

El PSOE apuesta por una reforma de la Ley Orgánica de protección de seguridad ciudadana, conocida popularmente –como hemos dicho- como la "ley mordaza", y su objetivo es reformar la ley para revisar los preceptos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y los que recortan libertades –en consecuencia con lo... con lo que acaba de decir también el procurador de Ciudadanos-.

En consecuencia, citamos los Artículos 19.2, 20.2, 36.2, 36.3, todos relativos a la libertad de expresión, la vulneración del principio de tipicidad, el 30.3, etcétera; una concatenación de artículos que, a nuestro entender, han sido vulnerados. Consideramos que es preciso reformar también otros preceptos, como los que reconocen facultades excesivas de intervención por las fuerzas de seguridad, sustituyen el criterio de... de legalidad –perdón- por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones, o los que atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas.Es necesaria una revisión en profundidad de las conductas infrac... infractoras –perdón- procedentes de la... de las faltas del Código Penal, para las que se prevén sanciones, en ocasiones –como he dicho-, muy superiores, y, además, conlleva una administrativización del sistema de garantías de los derechos fundamentales.

A efectos prácticos, la propuesta del PSOE supone una derogación de aquellos aspectos de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana -que aprobó el Partido Popular en solitario, con toda la Oposición en contra- y a los que previsiblemente serán declarados inconstitucionales; entre otros, lo que es la legalización de las devoluciones en caliente, el registro de pasajeros, la criminalización de las protestas, las restricciones de la actividad informativa, los recortes de la libertad de expresión. Pero también afecta, fundamentalmente, a la reforma del Código Penal en lo que sería la prisión permanente revisable, que podrá ser impuesta en casos de excepcional gravedad, pero que es, sin duda alguna, un eufemismo para introducir la cadena perpetua en España, que es inconstitucional e inhumana; recortes a las protestas –como hemos dicho, el Código Penal elimina las faltas-: considera, a partir de ahora, por ejemplo, la ocupación de un inmueble público por un grupo que cause perturbación como protagonistas de penas de prisión; penalización de las webs de enlaces; límites informativos -por ejemplo, la Plataforma de Defensa de la Libertad de Expresión considera que esta reforma ha merecido casi 1.000 enmiendas-; pone límites innecesarios al trabajo de los informadores y supone un recorte al derecho a la información; y la penalización entre otras cosas muy comunes, que en su momento se modificó de un modo, pues aquí, torticeramente –hablo concretamente de la penalización del top manta-, pues pasa de ser una falta a ser castigada con penas de prisión de seis meses a dos años.

En fin, ya lo describía Cervantes en el Quijote: "La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida".

Finalizo con relación a la parte resolutiva, ¿eh? La parte resolutiva tiene dos... dos partes. La primera exige la retirada de tres leyes; nosotros creemos que exigir la retirada, evidentemente, generaría lo que se denomina en derecho el vacatio regis, es decir, una suspensión, prácticamente, sin saber... sin tener derecho, sin saber prácticamente cómo... cómo se regulan determinadas conductas. Porque, además, ahora mismo es la que está vigente, y hablan de modificaciones tan importantes, no solamente la Ley de protección de seguridad ciudadana, que tiene solamente 54 artículos y que tiene ocho disposiciones transitorias y una final, sino la Ley Orgánica... lo que es la reforma del Código Penal, la 1/2015. Yo creo que en eso nosotros estaríamos de acuerdo en lo que sería la... bueno, pues una votación separada en cuanto a la... nosotros planteamos la modificación y no la retirada total de las mismas.

Y luego hay una tercera, en el apartado c), con la que no estamos en absoluto de acuerdo. Vamos a ver, el pacto antiyihadista –en el que hacen ustedes mención, y también exigen la retirada- fue firmada por el PSOE y por prácticamente todos... PSOE, PP, y por todos los grupos que en aquel momento, bueno, pues quisieron firmarlo, pero es que además se han ido uniendo posteriormente muchos más grupos, y, por lo tanto, yo... –como le he dicho antes- incluso me parece que Podemos, ahora mismo, es observador del mismo, y me parecería... y lo prudente en aquellos casos en el que se está poniendo en entredicho ahora mismo la seguridad de las personas, y que hay una ofensiva terrible en unos Estados contra los ciudadanos, yo creo que es el momento de la unidad.

Por lo tanto, pediríamos la votación separada con relación al apartado... –lo he dicho- apartado c) del 1... de lo que es la separata 1. Y estamos de acuerdo absolutamente con el planteamiento que se hace en el punto 2: instar al nuevo Gobierno a una amplia modificación consensuada –que es lo que debía de haberse hecho- de diversas normas que regulan la seguridad ciudadana. Es decir, hablamos –porque esto tiene una enjundia muy importante- con cinco o seis leyes, no solamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la... el Código Penal, la Ley Penitenciaria, la Ley Orgánica del Poder Judicial... en fin. Por lo tanto, sí que estamos de acuerdo en instar al nuevo Gobierno –eso sí, cuando se constituya-, precisamente, para que se pueda... y que es necesario consensuar las normas. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Alfonso Centeno Trigo.

EL SEÑOR CENTENO TRIGOS:

Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías. Yo voy a pasar muy por encima en algunos argumentos que ya muy bien ha relatado el vicepresidente de esta Comisión para recordar quién tiene la materia de la legislación penal, cual es... que no es otra que las leyes, en este caso, las Cortes del Estado. Y tampoco les voy a plantear si pues no lo hacen ustedes adecuadamente en ese Parlamento, o si están demasiado ocupados acordando posturas internas con sus diversas confluencias o mareas, o repartiéndose sillones, o, como bien decía también mi compañero, vicepresidencias.

También, una vez más, comprobamos lo poco que duran sus buenos propósitos, porque estamos cansados de oír esa mantra que tanto les gusta de que son los verdaderos representantes de los intereses de la gente, casi sus únicos defensores, ante una malvada casta de partidos caducos y con escasa democracia interna, que actúan a los dictados de su aparato. Pues bien, no les ha durado esto mucho tiempo, cuando no dudan en proponer algo que no figura entre las preocupaciones más inmediatas de los castellano y leoneses, y, sobre todo, algo sobre que... lo que sus instituciones, otras instituciones, pueden o esta... muy poco, y son otras las que tienen que llevarlo adelante.

Eso sí, como bien decía mi compañero Jorge Domingo, cuando sus órganos centrales les dicen que hay que presentar PNL y mociones sobre un tema en todas las instituciones donde estén, vengan o no vengan a cuento, lo hacen sin rechistar; no sea que, aplicando su reconocida democracia interna, se purgue a los posibles disidentes, como ha pasado recientemente con su secretario de organización, y se les... y se les envíe al gulag ideológico.

Como es habitual en su información... en su formación, les vuelve a interesar más el titular de prensa, el protagonismo en las tertulias, o el conseguir un trending topic en las redes sociales, que las preocupaciones reales de los ciudadanos de Castilla y León.

El Grupo Popular no tiene ningún reparo en defender las reformas realizadas en el Código Penal o en la actual Ley de Seguridad Ciudadana. Ante todo, porque es un partido plenamente democrático y constitucional, que lleva en sus genes la defensa de los derechos y deberes fundamentales de las personas. Y quiero recordarles que en los dieciséis meses que ha durado la tramitación de esta nueva norma, catorce de las infracciones contempladas fueron modificadas, y diecinueve fueron directamente eliminadas. Por lo tanto, asumiendo también pareceres de jueces, fiscales, del Consejo de Estado, e incluso también de aportaciones de las ONG.

Nosotros, desde luego, lo que queremos, a los ciudadanos, es protegerles su vida, su integridad física y moral, su libertad ideológica o religiosa, sus derechos de reunión y manifestación pacífica. Ahí vamos a estar siempre, y ahí vamos a actuar con hechos. Porque hay que recordar también que cuando todos esos derechos se vulneraron gravemente fue con un Gobierno socialista, en este caso, y su famosa Ley Corcuera o de la patada en la puerta. Y hace ya veinticuatro años tuvieron que ser, en ese momento, noventa diputados del Partido Popular los que acudieran al Tribunal Constitucional para que este recuperase muchos de los derechos que esa ley transgredía. Y lo hicimos nosotros, no lo hizo ninguna de esas fuerzas que hoy tanto presumen de progresismo.

De esta manera, apoyamos la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, porque se hicieron por un Gobierno y un partido que creen en las libertades y en los derechos fundamentales, y son, por tanto, tremendamente respetuosas con los mandatos constitucionales sobre las garantías ciudadanas. Por ello, desde esa ley de la patada a la puerta, se ha pasado a otra que protege el domicilio; de unas identificaciones indiscriminadas -solo en dos mil cinco, con el señor Rubalcaba como ministro de Interior, se realizaron más de doce millones-, a otras muy controladas por la ley; de cacheos masivos a controles individuales, minuciosamente regulados.

Pero también las apoyamos porque tratan de responder a las nuevas necesidades de seguridad de España, y proporcionar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los medios y los instrumentos oportunos para ello. Es causa, sobre todo, para combatir la violencia callejera, que, por su inmediatez, es una causa grave o una grave preocupación para todos nuestros ciudadanos, y que, por supuesto, no es un problema menor. Recordemos que entre dos mil doce y dos mil catorce la misma había causado 306 heridos entre los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, otros 840 heridos civiles, y 46 millones de euros en daño, que pagamos todos los españoles.

Y no estamos de acuerdo con su lectura porque, mire, esta ley no elimina o no... no elimina la libertad de expresión, sino que, todo lo contrario, en España se respeta la libertad de expresión; lo que se pena es la injuria y la calumnia en cualquier medio. La crítica es libre, pero lo que se pena es la injuria y la calumnia. No se prohíben las manifestaciones con esta ley. Se sancionan las manifestaciones que no hayan sido previamente puestas en su conocimiento de la Delegación del Gobierno para obtener permiso. No hay indefensión jurídica, es falso lo que ustedes dicen. Las faltas que pasan a ser sanciones administrativas, por las cuales se evitan los atascos judiciales de la vía penal, y se busca una vía más rápida, igual de garantista, salvo que usted diga que no es garantía la jurisdicción contencioso-administrativa. Si se atreve a decirlo, dígalo, pero, desde luego, tiene una garantía suficiente. Aunque, por otro lado, usted está reconociendo que no. Como bien dice la ley, siempre y cuando no sea un delito; y parece ser que casi siempre lo suele ser. Luego, por lo tanto, está garantizado –digamos- todavía más esa defensión jurídica.

Mire, esta ley hace que... un mayor control de actuaciones policiales, para evitar que haya una respuesta desproporcionada, como estábamos diciendo. Se permite la grabación de las actuaciones policiales, siempre y cuando no se difundan esas imágenes en búsqueda de violar la seguridad personal del agente o difundir sus datos personales, como ustedes saben que se hace.

No cierra páginas web, ¿eh? Solo aquellas que alojen contenidos que violan la propiedad intelectual –eso es lo que dice la ley-, y, por tanto, no se respetan... no respeten los derechos de autor, que serán primeramente apercibidas para que cesen su actividad, y, en caso de no hacerse, se iniciará un procedimiento contra ellas.

No es cierto que evite las protestas en alturas. Siempre y cuando tengan autorización, están permitidas. Lo que no se puede hacer es sin autorización.

O no es cierto que impida la resistencia... la resistencia pacífica, o las sentadas –como ustedes dicen-, sino que es... lo que juzga, en este caso, y pena es la negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público que no estén autorizadas.

Por lo tanto, la pregunta es evidente –que es la que yo y casi... muchos ciudadanos nos hacemos-: ¿qué debería hacer el Código Penal o la Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Deben proteger a los ciudadanos pacíficos y ajenos a cualquier manifestación de protesta? ¿Deben proteger a los ciudadanos que desean manifestarse pacíficamente de cuantos buscan perturbar esa voluntad? ¿O es mejor poner por delante los presuntos derechos de los violentos encapuchados, que queman cajeros y rompen autobuses?

El sentido de su PNL parece expresar bien sus preferencias de proteger más al agresor que al agredido. ¿Por qué les molesta que se tipifiquen como delictivas conductas como los escraches, las concentraciones frente al Congreso o al Senado, la escalada en fachadas oficiales, el uso de capuchas en manifestaciones, el establecimiento de zonas de seguridad o de retirar vehículos que taponen la vía pública? Algo que, según ustedes, solo serían meras manifestaciones de protesta, crítica o demostración cívica de desacuerdo político; pero que, para la gran mayoría de los ciudadanos -entre los que yo me encuentro-, son intolerables atentados contra la libertad individual, de la seguridad pública y la convivencia pacífica. Opinión a la que, por cierto, se apresuran a incorporarse cuando son ustedes los receptores de esas demostraciones cívicas de desacuerdo político, como estamos viendo ya. Y es que solo son aceptables y defendibles, según ustedes, si los destinatarios son otros, y preferiblemente, por supuesto, de derechas.

Mire, yo no... no todos vemos la realidad a través de sus distorsionadas gafas, y, sobre todo, cuando acabo de escucharla en algo que sí que comparto; es decir, es cierto que no somos un país violento, no lo somos. Yo, desde luego... ustedes, tengo mis dudas, porque si veo cómo analizan como un mártir de la libertad a su concejal de Jaén, que molió a patadas y puñetazos a otro concejal socialista, algo por lo que ha sido condenado por sentencia firme a más de tres años de cárcel, agravado por el hecho de ser multirreincidente, y que acumula siete condenas en doce años, a muchos nos parece, desde luego, incluso obscena su comparación con Miguel Hernández, alguien que sí que murió por causa de sus ideas, bajo una dictadura real. Conociendo así cuál es el sentido real de la libertad y la democracia –el suyo, ¿eh?-, no nos debería sorprender tampoco su apoyo a que este sujeto se declare en rebeldía para no cumplir la sentencia. Y yo les pregunto que por qué, entonces, se molestan en pedir las reformas o derogación de las leyes, si no tienen reparo alguno en ignorar o... desacatar –perdón- todo aquello que no comparten. Podrían ahorrarse ese esfuerzo, lo tienen fácil.

Todo lo anterior hace que resulte grotesca su manifestación de que la Ley de Seguridad Ciudadana, junto con la última reforma del Código Penal, nos lleven a un nuevo Estado policial, controlador y limitador de libertades públicas, o que el derecho penal sea más arbitrario, injusto e inhumano. Y eso lo tenemos que escuchar de un partido que tiene como modelos de... y financiadores, además, a países como Venezuela o Irán. Quizás por eso saben tanto de Estados policiales, y controladores y limitadores de las libertades públicas, cuyo ejemplo parece que quieren trasladar a este país de España.

Desde luego, tenemos un... su líder, de su partido, ¿eh?... está liderado por... por un señor que en el dos mil trece dijo tener a Cuba como referencia. Y ese mismo año Pablo Iglesias reconoció que se dejaba usar por la dictadura islámica de Irán. Y tanto él como otros dirigentes de Podemos asesoran al régimen chavista en su guerra sucia contra la oposición democrática en Venezuela. En diciembre, Podemos votó contra una moción de condena de la represión chavista en la Eurocámara. Y en marzo votó en contra de otra condena más, y esa incluía el rechazo del asesinato de un niño de catorce años a manos de un policía chavista. Podemos no está contra la Ley Mordaza del PP por ser lesiva para nuestras libertades, sino porque no son Pablo Iglesias y compañía quienes imponen su mordaza.

Esto hay que oírlo de un partido cuyo líder carismático no duda en reflejar cuán hondas son sus convicciones democráticas cuando defiende que la guillotina es la raíz de la madre de la democracia. Eso hay que oírlo de un partido cuyo... cuyo líder carismático se filma en una herriko taberna para dar palmaditas en la espalda a ETA. Eso hay que oírlo de un partido que se niega a participar en las alianzas políticas contra el terrorismo islámico...

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Señor Centeno, por favor, vaya terminando.

EL SEÑOR CENTENO TRIGOS:

(Termino ya, presidenta; muchas gracias). ... porque piensa que cuanto le hagan al pérfido y corrupto mundo occidental será porque eso se lo merece. Y, aun así, se atreven a criticar y dar consejos sobre medidas antiterroristas.

Nosotros apoyamos una ley que busca algo complicado, pero que lo busca: un equilibrio adecuado entre la libertad y la seguridad. Mire, siempre me enseñaron que mi libertad termina cuando empieza la de... la de la persona que tengo a mi lado; y eso es lo que esta ley va buscando. En definitiva, desde luego, todo esto sustenta nuestra posición negativa ante su... ante su PNL.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la procuradora Natalia del Barrio.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero agradecer al Grupo Ciudadanos y al Grupo Socialista el apoyo a la proposición. No vamos a hacer la votación separada ni vamos a modificar, pero sí vamos a quitar lo de la Ley... o sea, la del pacto... lo quitamos de la... de la resolución, ¿vale?

Con respecto al procurador del Partido Popular, me hace gracia que nos eche en cara que nosotros presentamos cosas que no son competencia de las Comunidades Autónomas, y usted se ha pasado cinco minutos –cuando no los diez- hablando de Venezuela, Irán y Cuba, que, claro, tienen mucho que ver con España y con Castilla y León.

Ha dicho usted varias cosas que... que, realmente, son bastante graves. Usted ha dicho que... que... -a ver si lo encuentro- hay que... que la... que qué tienen que pagar los ciudadanos que están pacíficamente cuando la gente se manifiesta en la calle. ¿Usted cree que todas las manifestaciones de la calle que ha habido en los últimos años no han... han sido... han sido manifestaciones violentas? Porque ha habido muchas, ha habido muchas, y todas... la mayoría, la gran mayoría, han sido manifestaciones pacíficas, a las que, por cierto, han acudido miles, miles y miles y miles de personas para protestar contra las políticas de recortes del Partido Popular a nivel estatal.

Lo segundo, usted ha... ha estado diez minutos sin dar un solo argumento en contra de... de las proposiciones de... no de ley, tanto de la anterior como esta. Se ha dedicado a insultar, a decirnos que tenemos unas gafas... -¿cómo ha sido?- desde nuestra realidad de distorsionadas gafas. No, es nuestra realidad, es nuestra posición ideológica, y usted no la tiene que insultar, la tiene que respetar, la tiene que respetar. Y ya está, lo debatimos aquí, pero no hace falta insultar. Me ha dicho que yo soy grotesca, grotescos argumentos. Eso es insultar, y eso es faltar a lo que está... para lo que está el Parlamento. El debate... el Parlamento está para parlamentar, parlamentar ideológicamente, parlamentar nuestras ideas. Si a usted no le gusta, arguméntelo con datos, con cifras, con cosas; pero no venga aquí usted a insultar.

Y otra cosa le voy a decir con respecto a Venezuela e Irán: si usted tiene algún tipo de duda, como aquí se ha dicho, de que hemos cometido alguna ilegalidad, vaya usted al juzgado y denúncielo, no lo suelte aquí, como bien dicen los miembros del Partido Popular cuando se habla de corrupción, que si tenemos alguna prueba, vayamos al juzgado. Si usted tiene alguna prueba de que nuestro partido se ha financiado ilegalmente por dinero de Venezuela y de Irán, vaya usted al juzgado y denúncielo.

Y ya lo último que voy a decir: usted habla del dinero que nos cuesta a los contribuyentes las protestas en la calle. ¿Usted sabe el dinero que nos cuesta a los contribuyentes la corrupción de su partido? Muchas gracias.

Votación PNL/000433

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. Les recuerdo que es igual que estaba, quitando en el punto primero lo del pacto antiterrorista, ¿vale?

¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Nueve. Votos... El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos: diecisiete. Votos a favor: ocho. Votos en contra: nueve. Por lo tanto, queda rechazada la proposición debatida.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las doce horas cuarenta minutos].