DS(C) nº 122/9 del 9/5/2016

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Buenos días. Se abre la sesión. ¿Algún grupo parlamentario tiene que comunicar alguna sustitución? ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista?

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Buenos días, señora presidenta. Laura Pelegrina Cortijo sustituye a Virginia Barcones Sanz.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. ¿Por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León?

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Sí. Félix Díez Romero sustituye a Pablo Fernández Santos.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. ¿Por el Grupo Ciudadanos?

EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Sí, presidenta. David Castaño sustituye a Luis Fuentes. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Por la señora secretaria se dará lectura... [Murmullos]. ¡Ay! Perdón. Perdón, perdón. ¿Por el Grupo Parlamentario Popular?

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Gracias, señora presidenta. Lamentando que nos haya ignorado. [Risas]. Don Emilio José Cabadas en sustitución de doña Concepción Miguélez y don Vidal Galicia Jaramillo en sustitución de doña Victoria Moreno.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Ahora sí. Por la señora secretaria se dará lectura del primer punto del orden del día.

PNL/000541

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Primer punto del orden del día: Proposición No de Ley 541, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, para instar a la Junta a que exhorte al Gobierno para que ponga en marcha las medidas que se solicitan para garantizar el Derecho de Asilo en España y la... la Unión Europea, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 108, de cuatro de abril de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación del grupo parlamentario proponente, doña Natalia del Barrio, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, presidenta. Hoy traemos de nuevo una propuesta muy relacionada con la presentada hace unos días en esta Comisión en relación con el derecho de asilo en nuestro país. Se trata de una proposición muchísimo más integral que la anterior, con una visión más general y relacionada con las dramáticas situaciones que podemos observar en los medios de comunicación día tras día. Sin ir más lejos, el viernes por la noche 15 menores que estaban ocultos en una batea en Melilla y otros 58 en el puerto tenían que ser rescatados por la Guardia Civil, así como el sábado también tenían que ser rescatados de la playa de Almería, por no hablar de las miles y miles de personas que mueren en aguas del Mediterráneo. Se trata de mostrar de forma más exhaustiva, detallada y coherente un posicionamiento para dar respuesta adecuada y solidaria a la actual situación.

Varias organizaciones de derechos humanos han venido denunciando de manera reiterada la vulneración de derechos humanos con respecto a la población inmigrante. Sin ir más lejos, Amnistía Internacional, según su último informe, "La situación de los derechos humanos en el mundo" –informe que, supongo, todas sus señorías aquí habrán leído-, en la parte relacionada con España hacen referencia a esta situación, denunciando las expulsiones colectivas y el excesivo uso de la fuerza contra personas que trataban de entrar en los enclaves de Ceuta y Melilla desde Marruecos -las denominadas expulsiones colectivas o en caliente, totalmente prohibidas por diferentes acuerdos y tratados, tanto de la Unión Europea como de las Naciones Unidas, y por el derecho internacional-. A pesar de ello, en marzo de dos mil quince se modificó la Ley de Extranjería para legalizar la expulsión automática y colectiva de emigrantes y refugiados en las fronteras de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, que allanaba de esta forma el camino a estas expulsiones colectivas -y reiteramos, prohibidas por el derecho internacional-. Y aquí me detengo, ya que de nada sirve hacer actos dentro de esta institución, invitando a inmigrantes y refugiados, si no somos capaces de ir más allá; porque entonces se quedarán en meras actuaciones de postureo de cara a la galería, cuando el trasfondo de la cuestión está en hacer cumplir el derecho internacional.

Varias han sido las ocasiones en las que España ha sido advertida sobre estos procedimientos. Lo ha hecho el Comité de Derechos Humanos cuando instó a España a cumplir el principio de no devolución y a proporcionar acceso a procedimientos efectivos de concesión de asilo. También se han abierto varias causas en tribunales españoles por el uso excesivo de la fuerza en la valla de Melilla y por hechos tan graves como los ocurridos en la playa de El Tarajal, cuando la Guardia Civil empleó proyectiles de goma y botes de humo para impedir que unas doscientas personas llegaran a nado a las playas españolas, y que se cobró la vida de catorce personas.

Añadimos también el hacinamiento denunciado en los centros de estancia temporal de Melilla y el hecho de que con la modificación del Decreto 16/2012 se dejaba a más de 750.000 personas indocumentadas sin servicios de salud, medida que también ha sido apercibida por organismos como las Naciones Unidas, indicando que se debía garantizar el acceso universal... universal a estos servicios. Como estamos observando, el Gobierno de España ha desarrollado una política de asilo muy criticable. España sigue a la cola de Europa en solicitudes de asilo –solamente recibe el 0,95 % del total- y el número de estatutos del refugiado concedidos el pasado año no alcanza los 400. Solo cuando... solo cuando -como hemos comentado anteriormente- las muertes en la frontera han saltado a las portadas de los principales periódicos y la movilización social ha exigido actuaciones y responsabilidades, ha sido cuando los dirigentes europeos y españoles han empezado a reaccionar; eso sí, no sabemos si de cara a la política del postureo.

La situación actual viene derivada de la crisis internacional que sufre el sistema de asilo, con más de 59 millones de personas desplazadas en el mundo; como ya hemos repetido en múltiples ocasiones, una crisis que tiene sus raíces en un proceso transversal con tres pilares: la situación de los derechos humanos en muchos de los países de origen, el fracaso de las políticas migratorias en muchos países y la política exterior desplegada por los actores internacionales en los países de origen de estas personas, ya sea en forma de intervenciones militares o de relaciones comerciales injustas y asimétricas, que generan inestabilidad y pobreza en los países de origen.

Por todo ello, lo que hoy aquí se propone es una estrategia integral -instar al Gobierno a que la aplique-, orientada a resolver el problema estructural de la situación del derecho de asilo, basado principalmente en un sistema de protección basado en los derechos humanos, que garantice vías de acceso seguras, que termine con la Europa fortaleza y recupere el espíritu de la Europa diversa de los padres fundadores de la Unión Europea, y acompañado de una política exterior española que no permita la violación de derechos humanos en los países de origen y de tránsito, como por ejemplo el tráfico humano de personas.

Necesitamos que el Gobierno de la Nación realice políticas sin priorizar los intereses geopolíticos o económicos, como el petróleo, el gas, los minerales preciosos, y que se ponga el acento en los derechos humanos, la equidad de género, la democracia, el desarrollo inclusivo y sostenible de los países y la solidaridad entre los pueblos; valores que, a pesar de lo que se piensa por la lógica neoliberal, ponen en alza a los países.

La iniciativa que traemos hoy aquí se basa en tres lógicas:

La primera de ellas, la garantía del derecho de asilo y respeto a los derechos humanos en España, la Unión Europea y países de tránsito, que pasa, en primer lugar –tal y como señala la Comisión Española de Ayuda al Refugiado-, por activar los dispositivos de protección necesarios en caso de crisis humanitaria y poner en marcha mecanismos de asistencia inmediata en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, previsto en la Directiva de Protección Temporal y el Real Decreto 1325/2003, y que permitiría hacer frente -y de manera coordinada, cumpliendo la legislación vigente- a la actual situación con rapidez.

Además, de manera complementaria, se deberían de desarrollar, de forma paralela, otra serie de medidas cuyo objetivo fuera el de reformar el sistema de asilo y garantizar derechos y una vida digna para las personas desplazadas. El objetivo sería crear un mecanismo de protección permanente, dado el actual contexto mundial de desplazamiento -en esta dirección irían los puntos 1 al 6-. La apertura de vías legales de acceso al territorio es fundamental. Tras la huida de la persecución y las violaciones de derechos humanos, se tienen que transitar entre... tienen que transitar entre fronteras militarizadas, sobrevivir a la violencia y discriminación que sufren en el viaje y a las duras condiciones de viajes por el desierto, a través del mar en pequeñas y frágiles embarcaciones, o saltar verjas y alambradas. Tras estas condiciones, en la actualidad, todos los países de la Unión Europea están contribuyendo al cierre de las fronteras que conforman el espacio Schengen y a la progresiva externalización de dichas fronteras a través de distintos mecanismos, como son el refuerzo del Frontex, la Agencia Europea de Fronteras Exteriores, o la reducción de las operaciones de salvamento en el Mediterráneo. Recordar en este punto la operación italiana Mare Nostrum, que salvó 166.000 vidas en dos mil catorce, pero que la presión del resto de países y la falta de apoyo obligaron al Gobierno italiano a ponerle fin y sustituirla por Tritón, que dejó miles de muertos en nuestras costas.

Por ello, el primer paso para disfrutar de la protección de asilo es llegar a un país seguro, y, por ello, a través de estas medidas, apostamos principalmente por el principio de no devolución contemplado en el Artículo 33 de la Convención de Ginebra, el derecho internacional y el Artículo 3 del Convenio de Derechos Humanos, que prohíbe esta práctica, ya que deja sin garantías de protección internacional a las personas refugiadas.

La segunda lógica iría encaminada al cambio de una Europa como fortaleza a una Europa diversa, con una gestión de las migraciones respetuosa con los derechos humanos -contemplada en los puntos 7 al 14-, y que lleva implícita un cambio de modelo de la gestión de la crisis humanitaria, un cambio radical que se base en políticas de inclusión y de gestión de la diversidad para garantizar el derecho de las personas migrantes. Hay que priorizar la protección de las personas, especialmente a través del rescate y salvamento de quien cruza el Mediterráneo. España tiene que impulsar medidas que tengan un doble eje: por un lado, la transversalidad de políticas y, por otro, la idea de la ciudadanía como convivencia, poniendo el foco en el avance hacia una equiparación de los derechos de las personas migrantes, así como en combatir las vulneraciones específicas que sufren por su condición, aplicando una lógica de vecindad a través de la conformación de un fuerte tejido social que redunde en un ejercicio de la soberanía popular; y es que durante demasiado tiempo se ha considerado a las personas inmigradas como un colectivo específico con el que intervenir de forma diferenciada al resto de la población, basada en acciones vinculadas a los servicios sociales, es decir, a la vulnerabilidad y a la exclusión; y de ahí la apuesta por la puesta en marcha de políticas integrales que no se centren en la persona inmigrada o la migración, sino en el origen y las consecuencias de la problemática sobre el conjunto. La mirada desde la diversidad cultural, étnica, religiosa, integrada de forma transversal, con políticas públicas de empleo, vivienda, urbanismo, educación, juventud, sanidad, participación, etcétera.

Por último, la tercera lógica está basada en una política exterior y estrategias de resolución de conflictos basadas en la promoción de la democracia y los derechos humanos -contemplada en el último punto de esta propuesta-. Una política exterior sustentada por tres principios fundamentales: el primero, los derechos humanos frente a los múltiples fenómenos globales, una política exterior basada en los derechos humanos y no en una economía de mercado neoliberal; el segundo, la democracia política exterior, basada en la soberanía de los pueblos y no en los intereses geopolíticos y comerciales, con una política exterior transparente, democrática e inclusiva; y, por último, el desarrollo sostenible inclusivo, con políticas coherentes que respondan a los desafíos económicos, sociales, de género y ecológicos actuales -pobreza, cambio climático, paraísos fiscales, etcétera-, ya que en la actualidad las relaciones internacionales están basadas, única y exclusivamente, y caracterizadas por una interdependencia en clave norte-sur que ya está superada.

Para finalizar, solo decir que se trata de una iniciativa sustentada en los principios de los derechos humanos, y por eso esperamos que todos los grupos parlamentarios hoy aquí presentes la apoyen. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador Castaño Sequeros.

EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Muchas gracias, señora presidenta. El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía no es un signo de fortaleza, sino todo lo contrario: muestra la debilidad de la Unión Europea, es reprobable, es cortoplacista y obvia las gravísimas consecuencias a medio y largo plazo. Se acepta que sea Turquía quien decide quién y de qué manera se entra en la Unión Europea; un país cuyo gobierno está en absoluta deriva autocrática y que ha instrumentalizado la tragedia de los refugiados para acorralar a la Unión Europea y flexibilizar las exigencias europeas en la defensa de los derechos humanos y los derechos fundamentales.

Se ha preferido transferir un problema en vez de atajarlo, en lugar de mostrar coraje, visión y asumir las responsabilidades de una política de asilo común, de pleno derecho y sostenible. Debemos tener un sistema europeo común de asilo centralizado, sustituir el sistema de Dublín por un nuevo sistema de distribución centralizado para la Unión Europea, que reparta a los refugiados entre Estados miembros.

En derecho internacional, los solicitantes de asilo y refugiados no tienen un derecho irrestricto de elegir el país que considerará materialmente su solicitud de asilo y les proveerá de asilo. Tanto la ACNUR como el Derecho de la Unión Europea admiten el concepto de tercer país seguro como un elemento clave para determinar el país que ha de examinar la solicitud de asilo, y que, por tanto, permitiría reenviar al solicitante de asilo al mismo. Aunque ambos coinciden en que se ha... se ha de sustentarse en la existencia de una protección efectiva, difieren en que la ACNUR exige que ese país ha de tener una conexión mínima con el solicitante de asilo, mientras que parte que para el Derecho de la Unión Europea no es imprescindible.

En cualquier caso, la existencia de una protección efectiva en el tercer país seguro implicaría un respeto escrupuloso a los derechos fundamentales, un procedimiento de asilo adecuado y con garantías, una asistencia humanitaria y social suficiente y un respeto escrupuloso al principio de no devolución a otro país. Además, el tercer país seguro debería prestar su consentimiento para su recepción o devolución.

La pregunta es: ¿puede Turquía considerarse un país seguro? En nuestra opinión, dadas las circunstancias actuales, y teniendo en cuenta las deficiencias de su Estado de derecho y las violaciones de derechos fundamentales que se suceden en su territorio, no parece que sea el caso. Por otra parte, el hecho mismo de que Turquía sea parte activa en el conflicto sirio, apoyando a determinados grupos, podría dar lugar a que los refugiados pudieran ser utilizados con algún tipo de interés, si no existen las suficientes garantías. El hecho también de que la moneda de cambio exigida por Turquía sea la exención de visado para entrar en la Unión Europea a cualquier nacional turco implica vestir un santo para desnudar a otro. La situación socioeconómica turca es muy delicada, y su fragilidad política provocarían probablemente, al poco tiempo, un nuevo flujo migratorio considerable, esta vez de emigrantes económicos turcos en la Unión Europea, que volvería a hacer temblar lo que queda del Sistema Schengen.

La solución solo sería admisible si se hace de Turquía un país seguro, con todas sus implicaciones jurídicas y prácticas, lo que, sin duda, sería rechazado por el Gobierno turco, por considerarlo contrario a su soberanía nacional, pues implicaría intervenir en lo que ellos denominan "asuntos internos". Solo dentro del marco de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se podría establecer las garantías y condiciones necesarias a tal fin. Jordania y Líbano han de incluirse en toda la estrategia europea que tenga como objetivo garantizar una protección y un sistema adecuado a los refugiados del conflicto sirio, en aras a controlar el flujo de emigrantes forzosos a Europa.

¿Qué se puede hacer en España a corto plazo? Se puede incrementar las operaciones de rescate y salvamento, se puede incrementar la ayuda humanitaria, se puede actuar desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para trabajar en el escenario del conflicto principal -en Siria-, se puede ampliar el procedimiento de reasentamientos, se puede ampliar también las becas universitarias y establecer convenios con empresas, favorecer acuerdos con Comunidades Autónomas y ayuntamientos, el procedimiento de reubicación también aumentarlo. Además que España tiene también solicitudes de asilo congeladas -y me gustaría recordarlo- procedentes de Ucrania, norte de Mali, Venezuela e incluso Irak.

En cuanto a su proposición no de ley, señora Del Barrio, lo primero que tengo que decirle es que, desde la opinión de mi partido, hay contradicciones en su moción. Y me explico. Por ejemplo, en el punto 5, no tiene sentido alguno derogar el Reglamento 604/2013, del Parlamento Europeo, sin que se haya aprobado uno antes, ya que esto provocaría un vacío legal temporal, y tal es la magnitud del problema que haría insoportable ya la situación.

Intenta conjugar dos aspectos difícilmente conjugables: mientras, por un lado, proponen que el Gobierno español actúe por su propia cuenta, desarrollando una serie de iniciativas para afrontar de manera propia la situación; por otro lado, instan a trabajar para desarrollar un marco común europeo. Esto en sí es una contradicción. Muchos de los fenómenos que afrontamos hoy en día son fruto de la globalización, y no tiene sentido alguno enfrentarse a ellos desde una perspectiva estatal. Por ello, Ciudadanos considera que en Europa deben aprobarse un nuevo marco normativo, bajo el cual todos los Estados de nuestra Unión actúen de una manera homogénea. Por tanto, creemos que no tiene sentido alguno desarrollar una ley propia para que, posteriormente, esta sea derogada o reformada, al no adaptarnos a la legislación europea, que se acabará adoptando en un futuro, más cercano que lejano, que armonizará la legislación de todos los países de la Unión Europea y aplicar un mismo... un mismo criterio, facilitando la cooperación, coordinación y seguridad.

En cuanto, por ejemplo, al punto 10, esta medida puede ser contraproducente para los refugiados, en tanto que las mafias, de manera indecente e inhumana, pueden aprovechar de su situación, ya que estas personas llegan a nuestro... bueno, llegan a un... con un estado de extrema precariedad económica y, al final, serían colocados por las mismas mafias. Por tanto, hay que tener un poquito de prudencia y, sobre todo, aumentar las políticas de control.

También –y no le parezca mal, porque sé que la moción ha sido presentada en el Congreso de los Diputados- creemos que tiene un interés electoralista. Responde a intereses electoralistas, porque su formación pretende que se vuelva a votar de nuevo, que se vuelva a obligar a los partidos a votar de nuevo, sobre temas en los que ya se ha llegado a un consenso a nivel estatal: esa Declaración institucional sobre la crisis de los refugiados, que le voy a recordar un poco.

En ella se manifiesta una oposición a la posible... a la posibilidad de proceder a expulsiones colectivas a territorio turco o a cualquier Estado miembro... no miembro de la Unión Europea. En todo caso, cualquier expulsión a Turquía solo sería posible cuando la misma sea adoptada tras la conclusión definitiva del correspondiente expediente de asilo individualizado, con todas las garantías. Respeto al principio de no devolución y a la Convención de Ginebra, derechos económicos y sociales. Refuerza los mecanismos de control sobre las ayudas económicas en favor de los refugiados. Cumple, o quiere cumplir –otra cosa es que los... los Ejecutivos se esfuercen en ello-, con los compromisos de reubicación. Estudiar una revisión del número de refugiados a acoger por la Unión Europea. Promover el establecimiento de vías adicionales seguros de llegada y reasentamiento de los refugiados, tales como visados humanitarios, reagrupamiento familiar, becas, etcétera. Actuaciones urgentes para ayudar a los países de recepción y de tránsito. Operaciones de rescate y salvamento. Asegurar vías de llegadas seguras. Medidas urgentes y efectivas para proteger a individuos en riesgo, y especialmente los menores sin familiares o mujeres víctimas de violencia sexual o de género. Desarrollar un verdadero sistema europeo de asilo.

Por tanto, y por todo lo que le expongo, nuestro partido... nuestro grupo parlamentario se va a abstener de su proposición no de ley. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la procuradora Gloria Acevedo Rodríguez.

LA SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, presidenta. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos mostrar nuestra mejor actitud, una vez más y todas las que sean necesarias, para buscar soluciones al drama que afecta a miles de personas que siguen llamando a las puertas de Europa. Una actitud de solución, que ratificamos hoy apoyando esta iniciativa que trae a las Cortes el Grupo Parlamentario Podemos.

De las 16.000 personas que España se comprometió a traer desde los campamentos de Italia y Grecia, solo han llegado 16. ¿Por qué esta pasividad del Gobierno Central? El Gobierno está demostrando que no sabe tratar con los inmigrantes. La tibia respuesta del Gobierno de Rajoy a una de las mayores crisis migratorias que se ha producido en Europa ha vuelto a dejar a los populares en evidencia. El Partido Popular sigue sin saber dar una respuesta eficaz y proporcionada a esta delicada cuestión. La Oposición parlamentaria, muchos ayuntamientos y Comunidades han exigido al Ejecutivo popular una contundencia que se resiste a mostrar a esta gran tragedia humana. Condenamos el silencio del Partido Popular, su inacción y la repulsa a su discurso sobre los refugiados.

El pacto alcanzado con Turquía abre la puerta a expulsiones masivas. Los Gobiernos europeos han preferido suscribir un pacto de legalidad ficticia antes que asumir sus responsabilidades. Un pacto de rendición ante un Estado autoritario, como Turquía. El pacto con Turquía excluye de la acogida en Europa a los refugiados que no son sirios, como iraquíes, afganos y de otros países sometidos a violencia y a persecución, a los que la Unión Europea abandona a su suerte. Esto supone una discriminación contraria a la Convención de Ginebra. Las devoluciones masivas, prohibidas por el derecho internacional, se disimulan tras un trámite judicial expeditivo en Grecia para rechazar las peticiones de asilo individuales, que en la cumbre ya se han decidido que serán inadmisibles. Además, Turquía ha manifestado que no hará los cambios exigidos por la Unión Europea, que ellos van por su camino y nosotros por el nuestro. Negocien un acuerdo sobre refugiados con quien ustedes puedan, amenazó el presidente turco.

El pacto con Turquía intenta esconder el problema para no enfrentarlo. Es una desgracia para la humanidad, y lo peor es que permitimos ese nivel de desgracia. Entre naciones civilizadas perdemos el tiempo en levantar muros en vez de proteger a la gente vulnerable que escapa de las guerras. La solución no puede ser tratar a la gente como criminales e intercambiables por otros que estén mejor calificados.

La Unión Europea no quiere hacerse responsable ni comprender los derechos de los refugiados. Estamos despojando a la gente del derecho a viajar cuando su vida está en peligro. ¿Dónde está la Europa humanista, la defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad? ¿Cómo permite Europa campos de refugiados donde las personas son tratadas casi como animales, sin zonas de aseo, con escasa atención médica, viviendo en campas... en carpas húmedas y frías, asentadas sobre barrizales? Frente a esta situación, la sociedad civil se moviliza, buscan aumentar la presión a los Gobiernos para que cumplan con sus obligaciones; por otros se intenta mitigar la trágica realidad de miles de personas: en Alemania, en Francia, en Suecia, se han organizado redes espontáneas de personas dispuestas a recibir en su casa a refugiados; en numerosas ciudades está habiendo manifestaciones con pancartas que... que gritan "¡Refugiados, bienvenidos!", que ya ha quedado como lema oficial de la solidaridad civil europea con la crisis de refugiados; en España se ha creado una red de ciudades refugio.

Desde el Partido Socialista volvemos a insistir en que esta crisis es una tarea de todos; todos debemos de... de contribuir a su solución, porque somos conscientes de que no existen fórmulas sencillas e inmediatas. Con coordinación, entre todos, seremos capaces de superar la tentación individualista de los Gobiernos de actuar sin atender a los intereses generales. Debemos acudir a la raíz del conflicto, activando mecanismos y actuaciones diplomáticas que pongan en primera línea las prioridades de pacificación de las zonas en conflicto. Dentro del seno de la Unión Europea, debemos convocar, controlar, analizar y participar preventivamente para defender los derechos humanos, con el fin de remediar los problemas que hoy estamos sufriendo en un entramado tan complejo.

Revisar el Reglamento de Dublín; una revisión encauzada a estructurar un programa de reasentamiento que se aplique en todos los países. La Ley 12/2009, de treinta de octubre, reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria, precisa ya de su desarrollo reglamentario. Desde el Partido Socialista seguiremos insistiendo en la... en la efectiva implantación de políticas de asilo que respeten los derechos humanos. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador Martínez Antolín.

EL SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN:

Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario de Podemos presenta hoy aquí una iniciativa parlamentaria que es idéntica, y copia hasta las comas, de la Proposición No de Ley número 162/145 que presentó en el Congreso de los Diputados el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis la señora Irene María Montero Gil, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Entonces, pues, llegados a esta situación, a mí lo que se me plantea es preguntar a la señora Natalia del Barrio por qué trae aquí hoy una proposición no de ley que ya ha sido tratada en el Congreso de los Diputados; un lugar más propio, teniendo en cuenta lo que está proponiendo con esta proposición no de ley.

Y teniendo en cuenta, por otro lado, que la ciudadanía se queja de las duplicidades en la Administración, pues hoy lo que demuestra la señora Natalia del Barrio es que se convierte en una adalid de las duplicidades en los Parlamentos.

Y a mí es que lo único que se me ocurren son tres cosas, a la hora de pensar en la proposición no de ley que acaba de traer aquí hoy el Grupo Parlamentario Podemos. Por un lado, lo que veo es que usted lo único que hace es seguir directrices nacionales de su partido y se convierte hoy aquí en un altavoz para transmitir una idea y una... y una iniciativa que ya se ha planteado en otro ámbito. O otra razón que se me ocurre es que usted viene hoy a una Comisión de Presidencia en la que no tenía ningún tipo de iniciativa, y lo único que ha hecho ha sido copiar y pegar una iniciativa que su grupo ya ha presentado en el Congreso de los Diputados, y así poder justificar el cobro de una dieta. O hay una tercera idea que se me ocurre por la cual usted ha traído aquí hoy una proposición no de ley como esta, y es que se tenga usted que justificar en la presentación de un número determinado de iniciativas parlamentarias al final de todo el periodo de sesiones, y como no encontraba ningún tipo de iniciativa para traer a esta Comisión de la Presidencia, pues ha cogido y ha copiado y ha pegado una iniciativa que su grupo presenta en el Congreso de los Diputados. Y, sinceramente, señoría, yo creo que flaco favor hace a los ciudadanos de Castilla y León, porque este tipo de prácticas, pues lo único que hacen es deslegitimar a los procuradores y a los grupos parlamentarios que las presentan.

Dese cuenta usted que lo que está usted proponiendo excede de lo que son las competencias de nuestra Comunidad Autónoma y que afectan de lleno a la política exterior de España, cuya fijación corresponde al Congreso de los Diputados y al Gobierno de la Nación, hecho por el cual, originalmente, esa proposición no de ley se presenta en el Congreso de los Diputados, lo que nos parece más coherente. No nos parece tan coherente que tenga que venir hoy aquí a... a esta sede parlamentaria.

Luego, hay otros grupos parlamentarios en... en esta Cámara que más que casi defender los derechos de los... de asilo de los refugiados se defienden a sí mismos para que no sean desalojados de un espacio político, y creemos que hay que ser más serios en ese aspecto, y sería más entendible –yo creo- por los ciudadanos que las iniciativas que se presenten sean unas iniciativas que vayan dirigidas a controlar el Gobierno de la Comunidad o que vayan dirigidas a plantear actuaciones en el ejercicio de las competencias respecto a la acogida de los refugiados.

Y en esa línea es como nos hemos manifestado en este Parlamento, ya en sendas declaraciones institucionales que se han hecho, por ejemplo, en Sesiones Plenarias, como, por ejemplo, las números 1 y número 4 de nueve de diciembre de dos mil quince, y la de quince de marzo de dos mil dieciséis, respectivamente, y que gozaron del apoyo de todos los grupos parlamentarios. Por tanto, nosotros consideramos que con ese posicionamiento ya de todos los grupos parlamentarios y tal y como se trataron a través de esas declaraciones institucionales el tema de los refugiados, pues consideramos que ya es suficiente.

Pero bueno, yo la recuerdo, en cualquier caso, que las Cortes de Castilla y León se reunieron en el primer Pleno del periodo de sesiones ordinario y todos los grupos políticos que la integraban, pues quisieron demostrar su más absoluta solidaridad con el pueblo sirio, que está sufriendo la guerra, y en especial con aquellos que se ven obligados a dejar todo lo que tienen en busca de refugio en el exterior. O, igualmente, manifestamos también nuestra voluntad de que los organismos internacionales y los Estados occidentales afronten el problema desde la raíz y traten de buscar, desde el diálogo y la unidad, una solución pacífica al conflicto armado que asola a Siria. Asimismo, también se espera de la Unión Europea una respuesta coordinada y consensuada con los Estados miembros para cerrar cuanto antes un plan de acogida con suficiente dotación económica que permita encauzar y ordenar la atención social y económica a los solicitantes de refugio político en los países de la Unión.

Las Cortes de Castilla y León consideran necesario que en España el Gobierno coordine con las Comunidades Autónomas la atención a los refugiados con el necesario respeto a los derechos humanos, para lo cual se hace preciso concretar, primero, las capacidades y recursos de cada una de ellas para dar asilo a los refugiados y garantizarles sanidad, vivienda, educación y atención social; y, segundo, que su estancia en el territorio redunde en su beneficio y facilite su rápida integración social y económica.

Las Cortes entienden que en Castilla y León la Junta debe coordinar con los ayuntamientos, diputaciones y ONG la atención a los refugiados que lleguen a nuestra Comunidad, ordenando de manera eficaz la ayuda y los recursos de los que dispone y los que ofrecen otras instituciones y personas para asegurarles una correcta cobertura de servicios, pero también para lograr su integración en nuestra sociedad.

Esto es lo que tratamos y esto es lo que manifestábamos a nuestra... a través de nuestra declaración institucional y la que, además, fue apoyada por todos los grupos parlamentarios. Y en esa línea nosotros seguimos, y desde ese punto de vista, pues planteamos la oportunidad de formular la siguiente enmienda de sustitución, si a usted le parece bien: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a seguir teniendo en cuenta, en el ejercicio de sus competencias, el contenido de las declaraciones institucionales sobre la situación de los refugiados en Europa aprobadas por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en sesiones celebradas el nueve de diciembre de dos mil quince y el quince de marzo de dos mil dieciséis". Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la procuradora Natalia del Barrio Jiménez.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, presidenta. En primer lugar, quisiera manifestar... o sea, dar las gracias por el apoyo del Grupo Socialista a la proposición no de ley. Y ahora, pues nada, voy a responder a los diferentes grupos parlamentarios, que... tanto Ciudadanos -se van a abstener- como el Partido Popular -ha presentado esa enmienda-.

Le voy a... le digo al procurador de... de Ciudadanos que no estábamos hablando... –y esto también va para el Grupo Popular- que no estamos hablando única y exclusivamente (tan... tan bien que se han leído la propuesta de resolución) del acuerdo de la Unión Europea con Turquía y de la crisis de los refugiados de... de Siria, sino que estamos hablando de algo más integral, como se ha indicado al principio de... como se indica en la propuesta y como se ha indicado en la presentación de la propuesta. Estamos hablando de todas las migraciones, estamos hablando de las deportaciones en caliente de la... de la valla de Melilla, estamos hablando de las personas que llegan en barcas muy frágiles a las costas de España, estamos hablando de los miles de muertos que hay en el Mediterráneo todos los años, no solo con la crisis de Siria... Estamos hablando de todas esas cosas.

En cuanto al punto 5, que decía que era contradictorio, creo que no se ha leído la parte "mientras se desarrolla", así que una cosa no es excluyente de la otra: mientras se... mientras se desarrolla. No es una contradicción. Hay países, por ejemplo, en la Unión Europea que no están aplicando el Protocolo de Dublín III, con lo cual, que España realice una... una política de exterior propia, pues no estaría mal. Y, de hecho, es más, la Unión Europea se ha mostrado incompetente para realizar una política exterior comunitaria; lo hemos visto no solo con la crisis de refugiados de Siria, lo hemos visto con la guerra de Bosnia, lo hemos visto como ha sido incapaz con... con el desastre de Haití... La Unión Europea ha tenido varias oportunidades de demostrar que tiene una política exterior contundente y no lo ha demostrado nunca (no ha sido capaz de resolver conflictos, no ha sido capaz de atender a las crisis humanitarias que han supuesto), con lo cual, creo que le corresponde a los países de la Unión Europea aplicar políticas de exterior de... de país, es decir, como están haciendo otros países, por ejemplo... que no están aplicando –como vuelvo a repetir- el Protocolo de Dublín III.

Y de todas... y, en cuanto a que es una propuesta electoralista, bueno, la propuesta está firmada el veintidós de marzo. A lo mejor ustedes, los señores de Ciudadanos, eran los únicos que sabían el veintidós de marzo que iba a haber elecciones, porque los demás estábamos intentando llegar a un acuerdo de Gobierno. Si usted dice que es electoralista, pues a lo mejor es que usted el veintidós de marzo sabía ya que iba... que iba a ver elecciones. Con lo cual, algo no nos ha contado.

Con respecto al señor del Partido... al procurador del Partido Popular, le voy a leer dos cosas: instar al Gobierno de la Nación a un sistema de financiación adicional y extraordinario; instar a la Junta de Castilla y León a la apertura de mecanismos para la retirada de excedentes lácteos. ¿Sabe lo que es esto? Son proposiciones del Partido Popular, instando al Gobierno de la Nación. ¿O es que qué pasa? ¿Que solo instamos al Gobierno de la Nación cuando... cuando... instamos al Gobierno de la Nación cuando es el señor Montoro y no... y nos conviene, y queremos meternos con él e instamos al Gobierno de la Nación? Hombre, es que usted, como yo, estaba presente el otro día en la Comisión de Agricultura... Es que es lógico que el Grupo Parlamentario Podemos a nivel estatal presente las mismas cosas que a nivel autonómico; es que, si no, estaríamos hablando de que hay –como usted dijo el otro día- disensión dentro de nuestro partido; y nuestro partido está bastante cohesionado. O sea, que es que no es ilógico, es pura lógica.

¿Dietas? Le voy a recordar, le voy a recordar que yo soy portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Podemos, y que no cobro ni una sola dieta de las Comisiones a las que vengo. Puedo venir a 30 Comisiones que mi sueldo va a seguir siendo el mismo. ¿Que sabe cuál es mi sueldo? 1.935 euros. Porque lo demás lo donamos a los proyectos Impulsa. A ver si usted hace lo mismo con todas las dietas que cobra el Partido Popular. Con lo cual, a mí usted no me venga a... a dar lecciones de ética sobre Comisiones y sobre dietas porque precisamente en nuestro grupo parlamentario es a... el único al que no le puede dar lecciones sobre dietas y dinero.

Y también le digo: muchas gracias por leerme la declaración institucional, que nuestro grupo parlamentario firmó, por supuesto, y que también corrigió. Porque es que no entienden nada -y le... y ya acabo el discurso con lo que... con lo que he empezado a decir-; es que no entienden nada, porque la... esta proposición iba más allá del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Y, evidentemente, no vamos a aceptar su enmienda de sustitución porque esto es algo mucho más integral y mucho más transversal, que no solo hace referencia al acuerdo de la Unión Europea y Turquía y a la crisis de los refugiados, sino que hace referencia a todas las migraciones en general. Así que muchas gracias.

Votación PNL/000541

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley.

¿Votos a favor? Siete. ¿Votos en contra? Nueve. ¿Abstenciones? Una. Por tanto, votos emitidos: diecisiete. Votos a favor: siete. Votos en contra: nueve. Abstenciones: una. Queda rechazada la proposición no de ley debatida.

Por la señora secretaria se dará lectura del segundo punto del orden del día.

PNL/000542

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Segundo punto del orden del día: Proposición No de Ley 542, presentada por los procuradores don Luis Briones Martínez, doña Gloria María Acevedo Rodríguez, doña Ana María Muñoz de la Peña González, doña Virginia Barcones Sanz y don José Ignacio Martín Benito, para instar a la Junta a que solicite al Gobierno la realización de una reforma del sistema de justicia gratuita, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 108, de cuatro de abril de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, doña Gloria Acevedo Rodríguez, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, presidenta. Señorías, la Justicia constituye antropológicamente una necesidad social. El... el complejo entramado de relaciones económicas, sociales, políticas y las distintas posiciones que de las mismas pueden surgir exigen órganos encargados de dar viabilidad solvente a las discrepancias, devolviendo o intentando devolver a la sociedad la paz necesaria para la convivencia.

La distinta capacidad económica ha sido el talón de Aquiles del acceso a la Justicia, siendo conscientes desde tiempos inmemoriales, ya en la época romana, en una Constitución de Constantino, a través de la figura del patrocinio gratuito, los pobres podrían presentar su demanda directamente al emperador; pasando por las leyes visigóticas, que intentaron eliminar las diferencias que pudieran existir en un proceso como consecuencia de la fortuna de las partes, estableciendo que el litigante rico no podía nombrar un defensor de mayor fortuna que el contrario; y así sucesivamente en las Siete Partidas, el Fuero Juzgo, la Nueva Recopilación y la Novísima, hasta la Constitución de mil novecientos setenta y ocho, que lo consagró como derecho fundamental en el Artículo 24: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión". Y como en ningún caso puede producirse indefensión, la falta de recursos económicos para litigar no puede ser causa de esta, y así el Artículo 119 de la Constitución establece que la Justicia será gratuita cuando lo disponga la ley y, en todo caso, cuando se acredite insuficiencias de recursos para litigar. Este derecho ha sido desarrollado hace veinte años por la Ley 1/96, de diez de enero; por lo tanto, el derecho a la asistencia jurídica gratuita es inherente al derecho a la tutela judicial efectiva.

Por unanimidad de todos los partidos políticos en el Pleno del Congreso de dieciséis de abril del dos mil dos se aprobó la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que empieza diciendo: "En los umbrales del siglo XXI la sociedad española demanda con urgencia una Justicia más abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mejor agilidad, calidad y eficacia". "Un proyecto tan ambicioso solo puede ser afrontado mediante un amplio acuerdo de todas las fuerzas políticas que asegure la unidad y continuidad de los esfuerzos y garantice el consenso sobre las bases de este poder del Estado".

No es una ardua tarea explicar lo que representa el servicio de asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio que prestan los 83 colegiados de... los 83 Colegios de Abogados de España; no hace falta literatura, sino datos, como dice el expresidente del Consejo General de la Abogacía Española. Desde el año dos mil diez, el gasto en Justicia gratuita ha disminuido año tras año: de 266 millones en dos mil nueve a 200 millones en el dos mil quince, aunque por decisiones gubernamentales y parlamentarias ha aumentado los colectivos que pueden beneficiarse.

A los ciudadanos mantener el modélico sistema de asistencia jurídica gratuita que desarrollan más de 42.000 abogados, veinticuatro horas al día, trescientos sesenta y cinco días al año, le cuesta menos de 5 euros, y le cuesta menos hoy que hace cinco años, aunque hayan aumentado los asuntos y los beneficiarios, y no se ha bajado ni un ápice la calidad del servicio que reciben las personas. Más allá de los asuntos, de las demandas, de los problemas, están los seres humanos.

Los baremos que cobran los abogados por atender una asistencia letrada a un detenido en la madrugada de un sábado o un domingo han bajado hasta un 40 %. El recorte en gasto se hace desde años a costa exclusivamente de los abogados, aunque las Administraciones públicas están obligadas a pagar sus facturas en un máximo de treinta días y hay Administraciones que pagan el turno de oficio con más de un año de retraso, y son los Colegios de Abogados los que tienen que hacer gravosos acuerdos con los bancos para poder sacar adelante ese dinero. Y, si posteriormente se deniega el beneficio de Justicia gratuita cuando el abogado ya ha trabajado, ya ha realizado su trabajo, el abogado no cobra, como si no hubiese trabajado. Es injusto.

A pesar de lo expuesto, no se ha bajado la calidad, no hay apenas quejas y no hay abusos significativos. El Defensor del Pueblo solo ha recibido 100 quejas en el año pasado. El dinero de las tasas judiciales no ha ido a la Justicia gratuita ni ha servido para financiar mejor el servicio, las tasas tenían una clara intención disuasoria y recaudatoria, y la han satisfecho. Miles y miles de ciudadanos, que apenas superan los 1.000 euros, vieron obstaculizados o totalmente impedido el acceso a la Justicia y a la tutela judicial. Ese déficit democrático debe ser considerado como el mayor ataque al Estado de derecho.

En los últimos años, y como consecuencia de la crisis, hemos asistido a un incremento sustancial de personas que solicitaban un abogado de oficio, un 20 %; sin embargo, esta necesidad social no ha ido aparejada de una mayor inversión, sino que, en los últimos años, hemos asistido a una inversión de 40 millones menos. Por lo tanto, insistimos en que debe de haber más voluntad política que se traduzca en medidas tendentes a revitalizar el servicio. Los 42.500 abogados de toda España, disponibles las veinticuatro horas y trescientos sesenta y cinco días al año, vienen a cobrar a 2 euros la hora. La retribución de los abogados no se ha actualizado con el IPC desde el año dos mil uno, en muchos casos, los abogados ni tan siquiera han recuperado el dinero que perdieron con los recortes por la crisis.

Solicito el apoyo de todos los grupos a esta proposición no de ley, porque estamos reivindicando un derecho básico de toda la ciudadanía. Defendemos un servicio público, un servicio que precisa una garantía pública suficiente para mantener el servicio. No queremos una Justicia gratuita que se aleje del ciudadano, de ese ciudadano que no tiene recursos para litigar, y se vincule a la existencia de recursos presupuestarios suficientes, abriendo la puerta... y que en algún momento se considere económicamente inviable.

La gestión de la asistencia jurídica gratuita es un pilar fundamental de la Administración de Justicia. Sin un funcionamiento correcto de este mecanismo de la Justicia, nos enfrentamos a algo tan grave como la pobreza y la exclusión social, la desigualdad a la hora de pedir amparo ante las violaciones de los derechos. Si no se garantiza la protección de los más débiles, los excluimos.

Todo lo que el Partido Popular ha tocado en materia de Justicia ha sido para poner en riesgo de muerte como servicio público. La pretende convertir en un negocio para ciertos colectivos de profesionales, cuyo negocio se ha visto mermado por la burbuja inmobiliaria, continuando con la denostada Ley de Tasas, que consagró la Justicia para ricos y otra para pobres. El Registro Civil, cuya privatización supondrá un coste para el ciudadano por doble vía de impuestos, y la tasa por cada certificación, y que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. Privatizar la jurisdicción voluntaria, que pasará a manos de los notarios. Mil quinientos jueces sustitutos fueron marcados... fueron mandados a casa sin alternativas organizativas y funcionales, al tiempo que se ha reducido la oferta pública de jueces y fiscales.

La Comisión Europea de Justicia señala que estamos en la cola en materia de inversión de Justicia y de número de jueces, a la cabeza están los... y a la cabeza de los Estados de la Unión Europea en número de casos judiciales pendientes de sentencia. Tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a la media europea de 19 por cada 100.000 habitantes. La concesión ha descendido a los 25 euros por habitantes, desde los 90 euros que se... que se invertían el año dos mil... dos mil doce, por detrás únicamente de Rumanía, Bulgaria, Lituania y Letonia. Señorías, una vez más, nuestros servicios esenciales, blindados en anteriores legislaturas, sobreviven por el esfuerzo de la sociedad, jueces, abogados, fiscales y funcionarios, que aportan lo mejor de sí mismos, su tiempo, para que la paz social sea una realidad.

Y no quería finalizar sin poner en valor que muchas de las sentencias que han constituido hitos en el ejercicio de la abogacía han sido gracias a los abogados de oficio, como la paralización de un desahucio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o la Sentencia del Tribunal Supremo que obligó a un padre condenado por violencia de género a seguir pagando la pensión a sus hijos, o la del abogado que consiguió que se paralizase una ejecución hipotecaria porque el contrato de préstamo contenía cláusulas abusivas. Así son los abogados del turno de oficio: dignos, con honor y con mucha conciencia social. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador Castaño Sequeros.

EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Pues es como la primavera, antes de llegar se huele, ¿no? Pues igual la campaña, ya huele a campaña. Señora Acevedo... [Murmullos]. No, no me miren así. Creo que todos los partidos han manifestado de la necesidad de llegar a un pacto de... a un pacto de Estado sobre... sobre la Justicia. Estoy seguro que la ausencia de mayorías va a beneficiar el proceso de diálogo.

Todos sabemos que la Justicia gratuita, al igual que la sanidad, es una joya que debemos cuidar, proteger y evolucionar. La Ley de Asistencia Gratuita de mil novecientos noventa y seis es claramente insuficiente -es verdad- para el momento actual. Yo he escuchado alguna vez que, sin derecho a defensa, el resto de derechos es papel mojado.

En cuanto a su propuesta de resolución, por supuesto que la... que la aprobaremos, ya que la acordamos con ustedes en el pacto de... de gobernabilidad. Y no tengo más que decirle. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador Díez Romero.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Una vez más, estamos debatiendo en estas Cortes de Castilla y León una iniciativa relativa a instar al Gobierno de España a que corrija otra de las políticas que puso en marcha en la anterior legislatura, prorrogada por la ausencia de Gobierno, del Partido Popular. Una iniciativa concebida para favorecer a quien más tiene y perjudicar a esa mayoría social castigada por la crisis y las políticas económicas basadas en el austericidio, impuesto por los poderes económicos, que no se presentan a las elecciones, pero que, por desgracia, gobiernan nuestro país.

Esta Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, impulsada por el ministro Gallardón, constituye y constituyó un nuevo ataque a un servicio público esencial, de los tantos que ha realizado el Partido Popular durante la anterior legislatura; otro más y otro ataque a los servicios públicos. La asistencia jurídica gratuita es un pilar fundamental de la Administración de Justicia, constituye, para Podemos, el único puente que permite transitar de la tutela judicial en efectivo a la tutela judicial efectiva. Sin un funcionamiento correcto de este mecanismo de la Justicia, nos enfrentamos, señorías, a algo tan grave como la pobreza y la exclusión social de nuestra sociedad, la desigualdad a la hora de pedir amparo ante las violaciones de derechos que se producen día a día en nuestra sociedad.

Si no se garantiza la protección de los más débiles se construirá un apartheid de hecho, como el que ya se está construyendo por parte del Partido Popular en nuestro país: quienes tengan medios, tendrán amparo y la posibilidad de acceder a la Justicia; los que no los tengan, estarán excluidos por partida doble. En definitiva, el viejo sueño neoliberal de una Justicia para los ricos, privatizada y al servicio de las élites económicas de nuestro país, unas élites que han saqueado nuestro país con la complicidad y colaboración de la derecha española.

El PP ha basado su proyecto recortador en la ideología perniciosa de la litigiosidad abusiva, pero la realidad es la contraria: el alejamiento de los ciudadanos de la Justicia, la dificultad de acceso de los que más lo necesitan, un nuevo incumplimiento de la Constitución Española, una nueva ruptura, en definitiva, del pacto constitucional del setenta y ocho, perpetrada por un partido que ni creída... ni cree ni ha creído nunca en el texto constitucional, sobre todo en lo relativo a las cláusulas sociales del mismo. Unas políticas, las del Partido Popular, que, como digo, han hecho saltar por los aires los consensos del pacto social del setenta y ocho. Sintomático, señorías, que, hoy en día, la juventud hable de régimen del setenta y ocho, y no de democracia española.

Pedimos, por supuesto, la retirada del Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica, por la ausencia de una garantía de financiación pública suficiente para el mantenimiento del sistema, tal y como ha señalado con toda su crudeza el informe del... preceptivo del Consejo General del Poder Judicial; un informe, por cierto, del que hizo caso omiso el señor Gallardón y del que hizo caso omiso el Partido Popular.

En cuanto a la vinculación entre el derecho de Justicia gratuita y las tasas judiciales, argumento que el infame ministro Gallardón utilizó como excusa para su introducción de manera injustificada, abusiva, inconstitucional y limitadora del acceso a la tutela judicial, no se concreta cómo se piensa revertir, ni se concretaba en la ley su... su importe en la asistencia jurídica gratuita, en especial para las Comunidades Autónomas, que son las que tienen las competencias en la materia. Eso, sin duda, dio lugar a algo maquiavélico, pues resulta que nos quedamos con las tasas y sin la financiación pública.

Pedimos, por tanto, la retirada, como no podía ser de otra manera, de esta ley. También por la engañosa subida en los umbrales de acceso, ya que, en contra de lo afirmado por el Gobierno, en vez de ampliarlos, los limita en muchos casos, el acceso a la Justicia para mucha gente excluida del sistema por las políticas de recortes practicada por la derecha española.

Pedimos también la retirada de esta ley, también, porque afecta gravemente al papel de los abogados y abogadas, como ha dicho la procuradora proponente, en el sistema de Justicia gratuita, ya que en otras cuestiones prevé que deban asumir los costes de una defensa cuyo cobro va a resultar imposible, al resultar ser cliente, por ejemplo, en el extranjero. A su vez, los abogados para cobrar por los servicios al Estado regional, se les ofrece un sistema bancario que les cobra intereses por recibir el dinero, ya que este viene pagado oficialmente con retraso y sin reembolso de estos gastos. Es decir, un nuevo negocio rentable para la banca rescatada con dinero público a costa de la mayoría social y del sufrimiento de nuestro... de nuestra gente.

Pedimos también, por otro motivo, y en este... porque este proyecto de ley deja indefensos a los desahuciados frente a la banca, que con las políticas como las de esta ley permite a los bancos agilizar y simplificar los trámites para echar a la gente de sus casas, favoreciendo otra vez el incumplimiento del pacto social del setenta y ocho, esta vez en relación al derecho a la vivienda. No fue casualidad que el señor Gallardón hiciera esta ley justo cuando la jurisdicción civil por todos los procesos que han provocado las ejecuciones hipotecarias, las reclamaciones de la cláusula suelo, de los préstamos o las preferentes crecían en nuestro país a un ritmo alarmante del 20 %, a un ritmo propiciado por la crisis de la construcción y el modelo de crecimiento económico de pies de barro, basado en la especulación de vivienda, y puesto en marcha gracias a las políticas cómplices del señor Solbes y del señor Rato en los años noventa, que han dado lugar a la mayor crisis económica y social de nuestro país en décadas.

La tutela judicial efectiva, señorías, es uno de los derechos reconocidos en el rango fundamental del Artículo 24.1 de la Constitución Española. Sistemáticamente dicho artículo se encuentra ubicado en la Sección Primera, la que dice "De los derechos fundamentales y las libertades públicas", del Capítulo 2, "Derechos y libertades", del Título I, "De los derechos y deberes fundamentales".

El Artículo 24 de la Constitución dice así -que conviene recordar cuando se incumple sistemáticamente con las leyes-:

"1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley -dice- regulará los casos en que, por razón de parentesco y secreto profesional, no estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos".

Es por esto, y no por otra cosa, señorías, que tenemos que hablar de este amago de Justicia a dos velocidades, corregida in extremis el año pasado por el ministro Catalá, como fue la Ley de Tasas, y de la que deriva esta iniciativa. Esta ley que iba a suponer, según el ministro Gallardón, un descenso de la litigiosidad en nuestro país; claro, curioso descenso de la litigiosidad que se equipara en estos... en este año a niveles de dos mil siete, y eso es porque la gente no puede acceder a la Justicia, evidentemente, no porque haya menos litigiosidad, porque en una época de crisis suele haber mayor litigiosidad. El objetivo de la ley no era cuestionar el acceso a la Justicia. Hoy sabemos que se ha convertido, este acceso a la Justicia, en barrera infranqueable para acceder a la misma, y como prueba, digo, fue la modificación efectuada el año pasado por el... por este nuevo ministro de Justicia, ¿no?

Los excluidos de este país, como ya digo, tendrán que ir a la Justicia de beneficencia o de caridad, si es que pueden, porque la Ley de Justicia es, además, una ley de restricción, de obstáculos y de burocratización de atención, en este caso a la Justicia gratuita de colectivos ciudadanos excluidos; no solo que no tengan renta, sino también excluidos, trabajadores pobres y precarios. Y es que los pobres, a veces, molestamos a nuestras élites para seguir saqueando el país, y molestamos para continuar con el latrocinio al que nos han acostumbrado en este capitalismo de carroña practicado en estos últimos años.

Señorías, si de verdad queremos Justicia gratuita, lo que no se puede hacer es congelar el presupuesto, que es lo que ha hecho el Partido Popular. La ley lo único que ha conseguido es establecer nuevas trabas burocráticas, que tendrán el efecto de dificultar el acceso a la Justicia gratuita. En conjunto, se trata de una restricción a un elemento básico del Estado social en el ámbito judicial, como instrumento prioritario que debe garantizar el ejercicio de los derechos. En definitiva, las tasas son el exponente de un incorrecto entendimiento de España y de la Constitución, manifestado, en este caso, en el entendimiento de la Justicia por parte del Partido Popular, que la concibe como un gasto, cuando la Justicia accesible, con medios, independiente, es imprescindible para el desarrollo social y económico de nuestro país. Por eso apoyamos esta iniciativa y todas las iniciativas que supongan recuperar los derechos sociales y la democracia perdida en nuestro país por las políticas del Partido Popular. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador Centeno Trigos.

EL SEÑOR CENTENO TRIGOS:

Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. La verdad es que sí se nota que estamos en campaña electoral, y, desde luego, acabo de escuchar uno de los mítines, habitualmente, que nos trasladan el Grupo Podemos.

Yo no voy a entrar a repetir ciertos argumentos que ha hecho nuestro vicepresidente, señor Martínez Antolín, porque son de sobra conocidos la forma de utilizar los Parlamentos autonómicos como altavoces de otros Parlamentos. Por lo tanto, no voy a entrar en esa cuestión. Sí que voy a entrar en que por lo menos se han puesto de acuerdo en esta ocasión Podemos y el PSOE, puesto que la iniciativa que presenta hoy el Partido Socialista se presentó también, en este caso, en el Congreso el mismo día que la de Podemos, el dieciséis de marzo. O sea, que en eso... en eso sí que han coincidido, y, por lo tanto, ya van dando algún paso.

Lo que sí que es cierto es que... y quizás no tenga mucho que ver con la iniciativa que se está planteando, pero a mí lo que me duele es escuchar que después de 38 años de democracia en este país, o más de 38 años, pues parece como que los diferentes Gobiernos que han ido gobernando, donde han recibido el apoyo de los ciudadanos, no son legítimos, y que lo único legítimo es el que pueda ocurrir, ¿eh?, a partir de ahora, y a través de un... de esa nueva política que anuncia Podemos. Yo no sé si ustedes están llamando descerebrados, tontos e inútiles a todos aquellos que han optado por una opción diferente a vosotros, que yo creo que no es así, pero desde luego de sus palabras es lo que deduzco. Y créame que me molesta; me molesta que usted piense eso, porque yo creo que no es así, yo creo que los ciudadanos meditan, ya, en democracia, en este país, saben a quién tienen que dar el apoyo, saben a quién tienen que apoyar... votar en cada momento para resolver los problemas. Y, desde luego, ustedes se van dando cuenta, y por eso quieren, de alguna forma, tapar esa pérdida de millón de votos uniéndose a Izquierda Unida para que así parezca que tienen el mismo apoyo. Yo quiero decirles que, desde luego, me duele esas... esas afirmaciones.

Pero lo que sí que es cierto -y volviendo a la... a lo que es la PNL que nos... tenemos en este momento-, yo, también me agrada oír al Partido Socialista, porque hemos hablado ya, creo que en tres ocasiones; incluso Izquierda Unida con buen criterio la retiró, puesto que estábamos hablando de... del mismo asunto. Pero ustedes hoy dicen que sí que hay Justicia gratuita, porque hace... en una anterior PNL decían que no, que es que no existía y que era imposible acceder a ella. Ustedes, no, ahora dicen que la hay, ustedes dicen que la hay; luego es bueno que ya vayan reconociendo que ha habido... que se han equivocado, puesto que sí que hay una Justicia gratuita, y lo que ustedes están planteando en este momento, pues yo no sé si lo que les interesa también es que los ciudadanos tengan garantizada esa Justicia o que los abogados cobren más. Desde luego, yo no voy a entrar en esa... en esa cuestión, pero yo creo que los abogados, cobren lo que cobren, hacen su trabajo. No pueden ligar ustedes... creo que harían mal si piensan que un abogado no defiende a un ciudadano porque cobra poco. Creo que sería un error, porque eso no es así. Yo creo que hacen su... un trabajo perfecto, ¿eh?, perfecto, en esa... en esa defensa de la Justicia gratuita y en esa defensa en el turno de oficio a todos los ciudadanos. Luego, por lo tanto, creo que no es así.

Lo que sí que les digo es que es extemporánea su propuesta, porque, en fin, estamos instando a un Gobierno que en estos momentos está en funciones, y que, por lo tanto, no parece lógico que en la situación actual lo... vayamos a incluir este tipo de propuestas. Pero sí que me resulta extraño, porque ustedes estaban planteando de que... bueno, pues que los abogados estuvieran mal pagados, del turno de oficio, o que tenían... Sí, yo... yo es lo que he leído, lo he escuchado, es que lo ha dicho, ¿vale? [Murmullos]. Y, sin embargo, en su propuesta, cuando leo, dice que el Partido Popular y sus reformas, la Justicia ha dejado de gravitar básicamente sobre el servicio a la ciudadanía y de ser un instrumento eficaz e independiente en el ejercicio de los derechos, también en el cumplimiento de las obligaciones y en la configuración de un régimen efectivo de garantías, para constituirse en una fuente de negocio para determinados colectivos, como los registradores, notarios, procuradores y etcétera, etcétera. No sé si es que ese etcétera también son los abogados -que, por cierto, los procuradores son abogados, que yo hasta ahí creo que es así-.

Luego, por lo tanto, miren ustedes, lo que a nosotros nos... nos preocupa, y desde luego así lo ha hecho el... el Gobierno de esta Nación en los últimos cuatro años, ha sido garantizar la Justicia gratuita de los ciudadanos. Y eso está garantizado por ley, y así, desde luego, lo demuestra, porque desconozco que en ningún momento... que en ningún momento ningún ciudadano, desde luego, no haya podido tenerla.

Como todo, desde luego, es mejorable, eso es indiscutible, y yo creo que esa es la... lo que tienen que hacer, y precisamente aquellos que tienen esa potestad, que es el Congreso de los Diputados, de seguir mejorando, ¿cómo no?, la legislación para intentar ayudar a los ciudadanos en todos aquellos servicios que les tenemos que prestar. Pero, desde luego, en este momento no puedo tener otra lectura que no sea la del oportunismo y, desde luego, no es el momento para plantear esta cuestión, y sí que será el momento para que en el Congreso se haga cuando haya un futuro Gobierno. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la procuradora Acevedo Fuertes.

LA SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, presidenta. Comenzar dándole las gracias a Podemos por el apoyo recibido. Y a Ciudadanos decirle que... que su apoyo es como una pequeña manzana envenenada –como se suele decir aquí-: por un lado me critica y por el otro lado me apoya. Y quería decirle que usted fue el que... el que presentó en esta Comisión la derogación de la Ley de Tasas. Y, cuando yo fijé posición en la Ley de Tasas, yo creo que hice, muy similar, el mismo discurso que estoy haciendo ahora, con el mismo contenido; y hace dos meses –como le dijo la portavoz de Podemos- no estábamos en elecciones; y ustedes saben que yo hago este discurso porque saben que soy socialista y abogada del turno de oficio, con lo cual conozco perfectamente cómo... [Murmullos]. Señor Sanz Vitorio, lo hace para desconcentrarme, por favor. [Risas].

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

A ver, por favor, no interrumpamos, por favor, por favor. Dejamos...

LA SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ:

Entonces, a ver, esta proposición no de ley tiene relación con una demanda del Colegio de Abogados, con las demandas que estamos haciendo los Colegios de Abogados y los abogados del turno de oficio, porque en Castilla y León no tenemos transferencias en Justicia; y quieren los Colegios de Abogados de Castilla y León –y el mío propio de Ponferrada- que se entere, claro y todo el mundo, que la... que la Justicia gratuita recibe... necesita una reforma; y necesita una reforma importante, y no lo supeditamos, desde luego, al cobro de los precios ínfimos. Mire, le podría decir –tanto mi compañero como yo- que incluso en el ámbito privado rebajamos las cuantías todo lo que podemos para poder realizar un servicio leal al cliente; con lo cual, imagínese lo que podemos hacer en el turno de oficio; y tiene usted toda la razón: los abogados del turno de oficio trabajan con la misma intensidad y ejercen la misma defensa tanto en el modo privado como en el turno de oficio. Con lo cual, mire, señorías...

Y, por otro lado, este es un... esto es una reforma que nosotros llevamos dentro de nuestro programa político, y que vamos a llevar a efecto, y que seguiremos insistiendo estemos en el Gobierno o no estemos, seguiremos insistiendo en el mismo, señorías. Y nosotros lo que les reprochamos -desde los Colegios y desde los abogados- es que ustedes vincularon las tasas a la Justicia gratuita y no se ha derivado nada a la Justicia gratuita, señorías: de los 650 millones que se recibieron en materia de tasas no se han derivado ni 30 millones a la Justicia gratuita, señoría; y fue una de las consecuencias por el que el señor Gallardón tuvo que dar marcha atrás en materia... en todas las materias que... que han tenido relación con él, que lo aceptamos con cierta benevolencia, pero se equivocó, además, como jurista, en todos los extremos que afectaban a la... a la Justicia, señoría.

Y los abogados lo tenemos muy claro lo que queremos; y, en una reciente reunión -en Segovia, muy reciente, en el quince de abril del dos mil dieciséis-, la abogacía se reunió en Segovia y pidió una nueva ley de Justicia gratuita que nos tenga en cuenta y que mejore el servicio público; un servicio que es público, y no una actividad de mercado; y no lo digo yo, ni como abogada ni como procuradora de las Cortes de Castilla y León, lo dicen todos los abogados de España que se reunieron en el... en Segovia el quince de abril del dos mil dieciséis: que tenemos que garantizar que sea un derecho fundamental del ciudadano recogido en la Constitución; que queremos una ley en que la Administración reconozca el trabajo de los letrados del turno de oficio y del esfuerzo de los Colegios de España.

La actual ley tiene veinte años, y en estos veinte años ha cambiado la situación social, económica y jurídica, con lo cual precisamos una nueva ley que conlleve una simplificación de los trámites, una eliminación de la burocracia, que convierte, en ocasiones, la solicitud de prestación de Justicia gratuita en una carrera de obstáculos para así saber si se tiene derecho o no; que se ponga fin a la inseguridad jurídica que sufrimos los letrados de oficio ante la proliferación de normativa de desarrollo, que en ocasiones se contradice a través de normas claras y concretas; las retribuciones justas, y poner coto a la variedad de retribuciones dependiendo del territorio -el letrado de oficio cobra una media de 125 euros por ocuparse de un caso en el turno de oficio-.

No se trata de que el Colegio preste una caridad a quien no tiene medios, porque el ciudadano tiene su derecho. Imagínense un Colegio de... un Colegio de Médicos que tuviera que pedir una derrama entre sus colegiados para sufragar el coste del anestesista en una operación; pues esto en la abogacía existe. La Administración se demora años en pagar a los abogados de oficio su trabajo, y pedimos reflexión a los Gobiernos porque, aunque no resulte rentable la Justicia –porque no da votos-, pero sí estamos viendo que es necesario proteger la Justicia gratuita. Es necesario incluir los servicios de orientación jurídica a presos, mujeres maltratadas, víctimas de trato e inmigrantes dentro del turno de oficio. Hasta el momento, muchos Colegios se hacen cargo de ellos, lo hacen fuera del amparo del turno de oficio. Los Colegios son los que prestan gratuitamente estos servicios, exclusivamente gracias al altruismo de los colegiados, que lo hacen voluntariamente.

También se ha solicitado por parte de los Colegios que el Gobierno de España y el resto de Gobiernos de la Unión Europea en el... cumplan escrupulosamente los tratados internacionales y la solidaridad de los... de los Gobiernos con las personas que huyen de la guerra, la persecución y la miseria. Mil quinientos abogados de nuestro territorio, especializados en extranjería y con conocimiento de... de idiomas, se han prestado a asesorar a los refugiados que sean acogidos en este país. Muchísimas gracias.

Votación PNL/000542

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley.

¿Votos a favor? Siete. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? [Murmullos]. Han fijado posiciones. Vale, vale. ¿Votos? Ocho. ¿Abstenciones, abstenciones? Ninguna. Vale. Votos emitidos: dieciséis. Votos a favor: siete. Votos en contra: ocho. Por tanto, queda rechazada la proposición no de ley debatida.

Y pasamos al tercer punto del orden del día. Por la señora secretaria se dará lectura del tercer punto del orden del día.

PNL/000591

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Tercer punto del orden del día: Proposición No de Ley 591, presentada por los procuradores don Luis Briones Martínez, doña Gloria María Acevedo Rodríguez, doña Ana María Muñoz de la Peña González, doña Virginia Barcones Sanz y don José Ignacio Martín Benito, instando a la Junta de Castilla y León a que exija al Gobierno de la Nación que impulse la derogación del plazo máximo previsto para las diligencias de instrucción en el Artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 117, de veintiuno de abril de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, el procurador don Luis Briones Martínez.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías. La Ley 41/2015, de cinco de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la Justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, que entró en vigor el seis de diciembre de dos mil quince, introduce en su Artículo único, apartado seis, por el que se modifica el Artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un complicado régimen de limitación de la duración del proceso, que, además de no ser tal –pues nunca concluye con el mismo si los plazos no se cumplen-, genera una manifiesta inseguridad jurídica y puede traer como consecuencia la impunidad de muchos delincuentes que busquen aprovechar los recovecos e incoherencias de la regulación que se propone.

Los problemas que su regulación provoca se ven agravados por el contenido de la Disposición Transitoria Única, en su apartado tercero, que prevé que esta ley se aplique a los procedimientos que se hallaren en tramitación a la entrada en vigor de la misma, estableciendo el día de entrada en vigor como día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción que se fijan. Tampoco debemos ignorar que la ley contiene una Disposición Adicional Única que establece que las medidas incluidas en ella no pueden suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.

A ello hay que añadir que la Ley 42/2015, de cinco de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya Disposición Adicional Primera prevé, a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, la obligatoriedad para todos los profesionales de la Justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales que aún no lo hagan de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia, para la presentación de escritos y documentos, y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de la Ley Procesal y de la Ley 18/2011, respecto de los procedimientos que se inician a partir de esta fecha.

Pues bien, todo este marasmo de medidas se proyectan sobre una Administración de Justicia carente de medios personales y materiales que permitan su aplicación con eficacia, y así ha sido denunciado por distintos colectivos relacionados con la Administración de Justicia e incluso por el fiscal... –perdón- por la fiscal general del Estado, que ha puesto de manifiesto la imposibilidad de atender los requerimientos legales con los recursos de que dispone.

En las conclusiones de la Vigesimoquinta Reunión Nacional de Jueces Decanos de España -como saben, el órgano de representación de los jueces elegidos por los propios jueces, democráticamente-, la conclusión, en su apartado tercero, con respecto a esta reforma es la siguiente: va a tener un efecto sumamente negativo, como lo es el establecimiento de plazos límite en la instrucción, medida de evidente carácter voluntarista que nada soluciona ni aporta, cuando su causa radica precisamente en la permanente escasez de personal y medios, así como leyes anticuadas que aplicamos al proceso penal, y que, Gobierno tras Gobierno, nadie se atreve a modernizar.

La fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, doña Lourdes Rodríguez Rey, en su comparecencia en esta Comisión de Presidencia, el pasado mes de febrero, para dar cuenta del Informe Anual de la Fiscalía de dos mil catorce, hizo mención en la necesidad de más medios materiales y personales en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, e incidió notablemente en remarcar que los plazos señalados o marcados por la nueva ley son muy cortos y habría que ampliarlos.

El Gobierno, que en la pasada legislatura promovió el proyecto de ley que condujo a la aprobación de esta Ley, la 41/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la Justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, no justificó la necesidad de esta medida ni con estadísticas ni con ejemplos de retrasos que pudieran evitarse en su aplicación, sino que se amparó en que la Justicia es lenta, obviando que su lentitud deriva fundamentalmente de esa falta de medios; cuestión que se agrava si se aumentan los trámites ineficaces en el proceso y se prohíbe a la vez que se incremente el personal y medios el servicio de los Juzgados de Instrucción, como hace la Disposición Adicional Única.

La necesaria aceleración de los procesos penales no se resuelve ni con normas que impongan plazos, en la mayoría de los casos que no se pueden cumplir, ni con las regulaciones que generan inseguridad jurídica y grave riesgo de impunidad, siendo necesariamente con más medios personales y materiales, que es precisamente lo que lamentablemente no se ha incrementado e incluso se ha mermado en los últimos cuatro años.

La formas de terminación del proceso penal no pueden ser modificadas sin que previamente se haga una ley completa, ya que sigue en vigor la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año mil ochocientos ochenta y dos, en la que conviven normas redactadas a lo largo de tres siglos, que han de ser reinterpretadas constantemente por los jueces, lo que, lógicamente, genera inseguridad jurídica, y es por lo que se necesita un paso significativo, como una nueva ley, en el proceso de modernización de la Justicia.

De otra parte, y hasta que ello no sea así, las formas de terminación del proceso penal deben ser claras y tasadas, y solo caben dos: o son la sentencia, o es el sobreseimiento en cualquiera de sus formas. Cualquier regulación que establezca otras formas de terminación debe ser abordada de forma que queden claramente establecidos los procedimientos y efectos, a la vez que deben establecerse los contrapesos necesarios. La norma en vigor impone una serie de plazos, prórrogas y trámites que carecen de utilidad, y solo sirven para complicar y enturbiar el proceso, sin garantizar que el incumplimiento de tales plazos finalmente sirva para... sirva –perdón- para favorecer la impunidad de los delincuentes mejor organizados, ya que puede darse el caso de que se fuercen acusaciones sin fundamento por el transcurso de los plazos, que, por lo demás, son altamente ofensivas para el acusado y su dignidad, que, supuestamente, pretende proteger la nueva ley. Mientras en realidad introduce confusión e incremento de la pena de banquillo para el común de los imputados, pero sin incrementar las garantías de que, si se abre juicio oral, termine en sentencia condenatoria.

Pero, a la vez, la impunidad puede ser consecuencia de la gran carga de inseguridad jurídica que la nueva redacción del Artículo 324 conlleva, y que deben resolver los tribunales, por haber ignorado el legislador el mandato que establece el Artículo 9.3 de la Constitución Española, de aprobar normas que garanticen la seguridad jurídica que mandata.

Es también muy preocupante que solamente el Ministerio Fiscal, con la dependencia jerárquica conocida del fiscal general... del fiscal general del Estado, en este caso de la fiscal general del Estado, a su vez nombrada por el Gobierno. Esto puede instar a que se declare una instrucción compleja y la prórroga consiguiente de los plazos de instrucción. No olvidemos que muchas de las causas complejas -cuando se declara compleja según la nueva ley, según el apartado 324- son precisamente tramas de corrupción política, que están afectando, en muchos casos, a los Gobiernos que siguen vigentes.

Por lo expuesto, instamos a la Junta de Castilla y León... estas Cortes instan a la Junta de Castilla y León a que exija al Gobierno de la Nación a derogar el plazo máximo previsto para las diligencias de instrucción en el Artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador David Castaño Sequeros.

EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Muchas gracias, presidenta. Señor Briones, comparto su propuesta de resolución -que, por cierto, también figura en nuestro acuerdo programático-, pero no del todo con su justificación o con sus antecedentes. Mire, la Ley 41/2015 es un intento de modernizar y mejorar el sistema de Justicia penal. Regula también las medidas de investigación tecnológica. Traspone varias directivas europeas, que hay que cumplir, que había que cumplir. También hay logros relativos a que los delitos no sean rentables, y mejores medios para combatir la corrupción. Pone limitación a la fase de instrucción -el exceso de tiempo muchas veces carece de justificación-. Según la nueva legislación, será el juez de instrucción el que al comienzo califique una cosa como sencilla o compleja, además de obligar a la Fiscalía a personarse en todos los procesos de su conocimiento. No aparenta tampoco ser una ley de punto final, ya que permite ampliar el tiempo para concluir la instrucción.

Pero, dicho esto, sí que es verdad de que la propuesta de resolución es prudente; y lo digo porque se ha intentado empezar la casa por el tejado. Todos sabemos que hay que modernizar la Justicia. Se habla de más personal. Bueno, quizá, quizá no sea ese solo el problema, porque tenemos más fiscales que Francia o que Italia, los mismos que Alemania y la Justicia funciona peor. Habría que revisar criterios de organización y métodos de trabajo y, ¿por qué no?, crear juzgados específicos.

Pero es por prudencia primero agilizar y luego fijar plazos. Y es verdad que es completamente cierto que lo ideal sería la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal que sustituya a la Ley de Enjuiciamiento Criminal; modernizar la Justicia con la promoción de un nuevo Código adaptable al siglo XXI. Por lo tanto, aprobaremos, le daremos el voto favorable a su proposición no de ley. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador Félix Díez Romero.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Muchas gracias, presidenta. Señor Briones, comparto, como no podía ser de otra manera, el fondo y la forma de esta iniciativa. Y es que me alegro de que el Partido Socialista se sume también a nuestro grupo político para pedir la derogación del Artículo 324 de la Lecrim, para acabar con los espacios de impunidad, pues también en Castilla y León. Como sabe usted, el pasado abril, nuestro grupo político presentó esta misma iniciativa en el Congreso de los Diputados, en el sentido también para acabar con estos espacios de impunidad, que ya denunció Jueces para la Democracia, ¿no?

Íñigo Errejón y Victoria Rosell, en este caso, respectivamente, fueron nuestros diputados que firmaron esta propuesta para que se derogue este artículo de la Lecrim, que establece plazos para la instrucción de las causas declaradas de especial complejidad, de 6 o 18 meses, que entró en vigor el pasado seis de diciembre de dos mil quince, justo justo antes de que se convocaran elecciones. ¿Por qué pedíamos esta derogación? Pues, sencillamente, porque entendemos que esto abre la puerta a aplicar un borrón y cuenta nueva, sobre todo y especialmente a los casos de corrupción. ¿Y a quién afectan especialmente los casos de corrupción? ¿O cuál es el único partido político imputado por corrupción en España? El Partido Popular. ¿Quién hizo esta ley? El Partido Popular.

Venimos a las instituciones a decir las cosas claras. Por ello, en la proposición instábamos al Congreso a no incurrir en más soluciones parciales y, sobre todo, a afrontar los retos que se derivan de confeccionar una nueva ley procesal penal que sustituya a... –como ha dicho el señor Briones- a este texto decimonónico, aún en vigor, y sucesivamente parcheado por diferentes Gobiernos. Es difícil –entendemos- hacer una nueva ley procesal penal, pero, señorías, hay que aprobar normas que, sobre todo, garanticen la seguridad jurídica; no podemos llenarnos la boca con palabras abstractas y conceptos vacíos y luego aprobar leyes como esta.

Consideramos también que la actual ley no impide la denominada "pena de banquillo", e incluso puede favorecer a que el Ministerio Fiscal dirija la acusación contra cualquier persona sin haberse podido completar la investigación de los hechos. Bueno, vuelvo otra vez a decir lo de la seguridad jurídica; evidentemente esto no lo es. Es más, la otra opción es el sobreseimiento, con la consiguiente impunidad de los hechos, entre las que cabe incluir los que previsiblemente se incluirán entre los de mayor gravedad, sancionados en el Código Penal, al ser –como no podía ser de otra manera- los de más... de dificultosa investigación.

La iniciativa -al igual que la que acaba de presentar el PSOE- remite a la advertencia de la Fiscalía General del Estado sobre las zonas de penumbra –así, textualmente- que se crean al fijar plazos máximos en la fase de instrucción. También señalábamos que han sido seis las asociaciones de jueces y fiscales –no solo una, como podría ser... o más afín a los progresistas, en este caso- las que pidieron la suspensión de la entrada en vigor de la Lecrim, calificándola públicamente, las seis asociaciones, como ley de punto final, lo cual dice muy poco en beneficio de esta ley. Desde nuestro grupo político reconocemos el buen propósito del legislador para tratar de no dilatar la instrucción de los casos judiciales, pero por cuestiones como la carencia de medios, la falta de organización en la Justicia, etcétera, el efecto que se consigue es otro al aplicarse la ley en el mundo real; lo que viene a suceder cuando uno pretende una cosa y acaba saliendo otra cosa distinta, a menudo peor. Como se dice popularmente: estamos haciendo un pan con unas tortas.

En este sentido, señalamos que, al acortar los plazos de investigación sin incrementar los medios, la situación real de la Administración de Justica, en la práctica, equivale a introducir serias dificultades para que la investigación de delitos se complete en los plazos previstos.

Además, esto tiene especial incidencia en las... en las instrucciones más complejas –como ya he dicho-, que suelen ser las de los grandes delitos patrimoniales, de defraudación, de corrupción, de criminalidad organizada... es decir, justo los delitos que se le... que se le imputan a las élites de nuestro país o a esos casos aislados de cierto partido político.

La ciudadanía puede legítimamente pensar qué habría... qué habría sido de casos grandes de presunta corrupción que han sucedido en nuestro país, que se investigan y que han tardado ocho o nueve años en cerrarse, o incluso algunos que todavía no se cierran, que se añaden nuevas causas, como por ejemplo la Gürtel u otros casos. Y es que habrían tenido que... en vez de juzgarse, habrían tenido que archivarse en plazos de seis o dieciocho meses. Es decir, no hubiéramos conocido responsables, no se hubiera juzgado... y, sobre todo, no se hubiera recuperado el dinero o se hubiera recuperado mucho menos dinero del que se ha recuperado. La reforma o esta reforma, en nuestra opinión, demuestra legislar de espaldas a la realidad y, sobre todo, en favor de los corruptos y sus corruptelas. La necesaria aceleración de los procesos penales yo creo que no se resuelve acortando plazos, sino organizando mejor, dotando de más medios y, sobre todo, de adecuar los mecanismos informáticos a la Justicia, que es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador Salvador Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, señora presidenta. Buenos días, señores procuradores. Vaya por delante una reflexión personal a esta Comisión, en la que, efectivamente, se pone de manifiesto que la Comisión de la Presidencia es el altavoz que utilizan los grupos parlamentarios en las Cortes para presentar iniciativas que se reproducen literalmente de lo que son iniciativas presentadas en el Congreso.

Lo que estoy convencido también es que el debate que se produce aquí no se reproducirá íntegramente en el Congreso de los Diputados cuando se produzcan, desde luego, estas iniciativas. Estoy convencido que el portavoz del Grupo Socialista que firmó una proposición de ley, el señor Hernando, no utilizará la intervención del señor Briones cuando defienda la proposición de ley en el Congreso; como tampoco lo hará la... la señora Rosell, si tiene que defender la proposición no de ley, la intervención que ha utilizado esta mañana el señor Díaz.

Porque, miren, permítanme que comente que caen en una contradicción total. Usted, señor Díaz, ha dicho que hay una buena voluntad por parte del legislador al plantear la agilización del proceso penal, y en el momento siguiente dice que no hay buena voluntad y que lo que se pretende es acabar con el proceso penal de las grandes causas. Hombre, créame que cae claramente en una enorme contradicción.

Mire, la voluntad, efectivamente, de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es agilizar el proceso penal. Y, fíjese, ha sido usted el que, en la intervención de la... de la PNL anterior, hablaba del Artículo 24.2 de la Constitución Española; y el Artículo 24.2 de la Constitución Española dice que el proceso tiene que evitar dilaciones indebidas. Y eso es lo que pretende la modificación del Artículo 324: intentar evitar dilaciones indebidas en la instrucción, y fijar plazos conocidos por las partes, a priori, para establecer las mayores garantías.

Fíjense, ambos han planteado en la intervención y en la defensa y han hablado de la impunidad; si es que es todo lo contrario, si es que el Artículo 324 lo que hace es establecer mecanismos para acabar con esa posible impunidad. No hagan un análisis sesgado; lean ustedes lo que plantea el Artículo 324, concretamente en cuanto a la validez de las diligencias acordadas antes de la expiración de los plazos; la total validez de las diligencias, la exclusión del archivo de las causas, salvo cuando concurren las circunstancias que determinan la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y es verdad que lo ideal hubiese sido, y se ha puesto de manifiesto aquí, la necesidad de plantear un nuevo Código Procesal Penal. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero creo que las modificaciones introducidas a lo largo de esta legislatura para acelerar el proceso penal y para mejorar aspectos fundamentales, por ejemplo –que de nuevo será citado- como el decomiso, que es una modificación que se opera en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a raíz de la interpretación del Artículo 803, que es fundamental la posibilidad del decomiso del patrimonio de los condenados –especialmente por la corrupción-. Esas dos modificaciones que se han operado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que ustedes han pasado por alto.

Porque la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal perseguía, efectivamente, tres objetivos: agilizar la Justicia, fortalecer las garantías procesales de los investigados y promover la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Ese es el objetivo de la modificación. ¿Que la modificación tenía que ser mucho más profunda? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Que tenemos que ir a un Código Procesal Penal adecuado y adaptado al siglo XXI? También, pero habrá que hacerlo con el diálogo, y el diálogo entre todos, y el acuerdo entre todos. Y a lo mejor ese diálogo es lo que no se ha llevado a cabo en la anterior legislatura, pero, desde luego, la necesidad es imperiosa, porque hay que adaptar la realidad procesal a una ley del siglo XXI con... con los tiempos que corremos actualmente, porque hay que recordar que el Código... el Código... la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni más ni menos, es del año mil ochocientos ochenta y dos, y ha sufrido, además, muy pocas adaptaciones a lo largo de su... de su vigencia. Aunque también hay que reconocer que la técnica legislativa seguramente fuese mucho mejor la del siglo XIX que la que se lleva muchas veces en los Parlamentos nacionales en la actualidad, porque las mejores leyes que hay posiblemente en nuestro país pueden ser, entre otras, por ejemplo, la del Código Civil. Pero bueno, en todo caso, eso es una reflexión personal que yo dejo ahí.

Lo que me llama poderosamente la atención es que se traigan aquí, a esta Comisión de Presidencia, cuestiones en las que la Comunidad Autónoma no tiene competencia. Es verdad que este es un debate que perfectamente se puede producir en... en la Comisión de Justicia del Senado o del Congreso, y es verdad que yo respeto –como no puede ser de otra manera- la autonomía parlamentaria de los grupos, a los efectos de presentar aquí sus proposiciones no de ley, pero, hombre, me sorprende que un grupo reitere iniciativas que se han presentado literalmente en el Congreso de los Diputados y no traiga aquí iniciativas que son competencia de la Comunidad Autónoma, donde debe hacerse, en primer lugar, la labor de ejercer el control al Gobierno y de presentar iniciativas en el ámbito competencial que establece nuestro Estatuto de Autonomía, y no en una materia que, como establece el Artículo 149 de la Constitución Española, es competencia exclusiva del Estado, y este debate debería producirse allí, en el Senado o en el Congreso, en el seno de la Comisión de Justicia, no –entiendo yo- en el seno de la Comisión de... de Presidencia.

Vaya por delante que no podemos estar a favor de su proposición, porque entendemos que hacen una mala interpretación en cuanto a que el Artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para nada plantea la impunidad; lo que quiere, a toda costa, es evitar el riesgo de la impunidad, y, sobre todo, plantear la aceleración del proceso... del proceso penal, sin dilaciones, como establece el Artículo 24.2 de nuestra Constitución Española, y como también establece el Artículo 6.1 del Convenio de los Derechos Humanos, en el que habla del derecho a un plazo razonable en la tramitación de las causas penales. Esa es una realidad. Ese Artículo 6.1 del Convenio de Derechos Humanos, ese Artículo 24.2 es importante tenerlos en cuenta. Y, desde luego, tapar toda duda de que se intente la impunidad, como se ha planteado en el debate en esta proposición no de ley; todo lo contrario, lo que quiere es garantizar una agilidad en el proceso penal, conocida por las partes, porque, en todo caso, la sensación que tienen los ciudadanos, muchas veces, es que la Justicia es excesivamente lenta, y esa lentitud de la Justicia implica muchas veces que se tenga el concepto que la Justicia no actúa. Y eso no es verdad: la Justicia llega; llega siempre, pero en demasiadas ocasiones está siendo excesivamente lenta, y creo que con lo que se persigue con esta modificación es agilizar los procesos, garantizar la... todas las garantías a las partes, a priori, para que puedan conocerlas y, sobre todo, tener la sensación que la ciudadanía actualmente conlleva de que tenemos una Justicia excesivamente lenta, y la Justicia, cuando es lenta, no deja de ser Justicia, pero la sensación o la opinión sobre ella varía sustancialmente.

Por lo tanto, rechazaremos su proposición no de ley, y les instamos a que la presenten en el Congreso de los Diputados cuando llegue el momento y allí establezcan un debate en el ámbito competencial referido, no aquí, que, como digo, dentro de la autonomía parlamentaria lo pueden hacer, creo que esta Comisión debe centrarse en los problemas que ocupan, preocupan a los castellanos y leoneses, y que son competencia de la Junta de Castilla y León. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor Procurador Briones Martínez.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, bueno, en primer lugar, agradecer, tanto a Ciudadanos como a Podemos el apoyo... el apoyo a la misma. Yo creo que es clara y va en nuestro programa electoral. Y, por lo tanto, nosotros vamos a presentar las iniciativas, porque somos un partido muy coordinado, donde allí... donde consideremos oportuno. Y, por lo tanto, hemos considerado que debía de presentarse aquí, porque, además, que yo sepa, mientras la fórmula instar al Gobierno siga vigente en el Reglamento de las Cortes, vamos a presentarlas como consideremos oportuno. Y, si no, pues habrá que modificar y decir que no se puede instar al Gobierno. Ustedes han sido expertos desde el Ejecutivo de instar continuamente al Gobierno, instar al Gobierno, instar. [Murmullos]. Esa es su fórmula habitual, cuando estaba gobernando en Madrid, pues otro... seguramente otro Gobierno que no sea el... el del señor Rajoy.

Por lo tanto, no sé, por una parte hablan de inacción. La inacción, evidentemente, es la del Partido Popular. Inacción en dos sentidos y... habrá que presentar iniciativas, porque hay algunas Comisiones que no se convocan, no se convocan, entre ellas la Comisión que usted preside, la Comisión de Investigación. Por lo tanto, eso es clarísimo.

Por otro lado, por otro lado, miren ustedes, ustedes han metido aquí un mantra y un... en lo que sería el oxímoron del PP, en el sentido de "lo que yo digo tiene que ir donde yo digo, porque tengo mayoría absoluta". No, ¿eh?, no. Ustedes saben perfectamente que esta reforma no es una... no es una reforma que guste a nadie. Hablan ustedes de que no se haya negociado. ¿Pero quién no... quién no negoció esta reforma? Si fueron ustedes, la aprobaron en solitario ustedes, en solitario. Ni un solo grupo les apoyó, ni un solo grupo. Por lo tanto, qué sentido tiene. Esta se aprobó como las elecciones en Estados Unidos, en el supermartes: siete leyes se aprobaron en un día. Usted lo sabe perfectamente, que fue así en el Congreso de los Diputados. Siete. Por lo tanto, imagínese los debates. Siete. ¿Qué les importaba a ustedes? La verdad es que muy... muy poquito.

Pero vamos a ver, mire usted, yo lo único bueno de esta ley, lo único bueno que he visto de esta ley, que ha visto mi grupo, es que yo creo que inicialmente la única bondad que tenía era intentar la... bueno, pues que la lentitud de la Justicia no fuera ese mantra que siempre queda: que este asunto no se resuelve, que han pasado tres años... Eso... veo esa... esa bondad. Pero en el resto, lamentablemente, no veo nada positivo. Y le voy a decir por qué.

Primeramente, porque no se pueden cumplir los plazos máximos para la instrucción de los delitos contemplados... contemplados en la misma. Es decir, habría que dotar a la Justicia de los medios materiales, medios personales, porque, si no, ¿cómo van a cumplir estos plazos, si estamos igual que hace un siglo, igual que hace un siglo? Y ese es el gran problema, ese es el... el meollo de la cuestión.

Primeramente, dígame usted un operador jurídico que esté a favor, aparte del Partido Popular -si es que acaban siendo operadores jurídicos también-. No, ni uno solo, ni un juez, nadie. Hay un rechazo generalizado, y ustedes lo saben como yo.

Es decir, si se quiere que el justiciable tenga a un derecho... a un... -perdón- a un proceso sin dilaciones indebidas, lo que tiene que... a gastarse dinero en la reforma. Si no, no se puede hacer, es que no se puede hacer. No se puede por el... por decreto decir que en seis meses tiene que estar finalizada la instrucción, y, si no, solamente el Ministerio Fiscal, porque solamente es el Ministerio Fiscal el que puede... el que puede, ¿eh?, cuando se declara compleja la... la, en este caso la causa, el que puede, digamos, ir hasta los... hasta los dieciocho meses. Y si no... pero es que usted sabe que después hay un auto, un auto, que no es recurrible, por parte del juez, que no es recurrible. Con lo cual, puede generar una indefensión absoluta. Y, en fin, yo, la verdad es que las... las medidas incluidas en esta norma, si se pudiera incrementar o pudieran suponer una dotación de personal y otras... algunas retribuciones incluso en otros ámbitos, yo creo que podían ser un poquito factibles.

Y luego quiero entrar en un tema que yo creo que es complejo, muy complejo. Vamos a ver, la dependencia que tienen los fiscales, la Fiscalía, de los Fiscales Generales del Estado usted sabe que es jerárquica, y por lo tanto, en ese sentido, si el fiscal general del Estado dice que no se sigue instruyendo una causa, no se instruye, no se instruye. Y ese es otro de los grandes problemas que a nuestro entender tiene esta reforma.

En definitiva, mire, está bien intentar evitar esa dilación del proceso penal, pero no se puede establecer solamente a través de un límite temporal, porque desde luego lo que va a hacer es que pueda llevar a través de... por lo menos así lo entendemos nosotros, simple y llanamente a una impunidad. No digo que se busque con la norma la impunidad, pero sí que digo que como resultado final precisamente de esos plazos acaben muchas causas en impunidad. Por esta razón, miren, los jueces decanos de toda España lo han dicho claramente: esta reforma no es adecuada, y esta reforma, desde luego...

Además, hay que reconocerles la habilidad que tienen ustedes. Hacen una reforma para prácticamente para... para modificar el 324 y... y hacer que los juicios menores, que antes se llamaban juicios de faltas, bueno, quedaran como tal. Y no se ha hecho para casi nada más. Amparada y debatida... [Murmullos]. No, no, está clarísimo. Amparada solamente... solamente en que, como la Justicia es lenta, parece que nos tenemos que tragar todo lo que ustedes metieran ahí. Yo creo que se pudo negociar, se debió de negociar, y se debió de consensuar. Pero, miren, a nosotros nos parece que resulta inadmisible que los plazos de instrucción solamente aparezcan monopo... monopolizados -perdón- por el Ministerio Fiscal.

Nosotros reclamamos la derogación de este artículo. Creemos... porque evidentemente la reforma es poco más, porque creemos que, en primer lugar, si se quiere... si se quiere agilizar la Justicia penal y se quieren fortalecer las garantías procesales, en... este Artículo 324 no tiene encaje. No tiene encaje, porque estaríamos en un dislate, fundamentalmente, con el Artículo 9... 9.3 de la Constitución Española. La sociedad civil tiene que ser consciente de que debajo de estos tecnicismos, no siempre fáciles de entender, puede haber algo parecido a una amnistía encubierta para posibles delitos de corrupción política por la imposibilidad... pero, fundamentalmente, por la imposibilidad material de terminar las instrucciones en el plazo con las debidas garantías para abrir un juicio oral. Y, además, no solo para estos delitos, que también. Y además se solapa algo que es muy importante, y es que hasta ahora prácticamente había una vía que se está poniendo muy complicada, que era la vía del indulto. Y es verdad, y es verdad que habríamos encontrado, según este artículo, una vía para perpetuar esa interesante tradición española que permite que las personas que tienen mucho poder, o bien relacionadas, tengan más suerte que la media cuando se enfrentan a un proceso penal, sobre todo cuando hablamos de la temida prescripción. Y mucho me temo que muchas causas, muchas causas que se están instruyendo, pueden acabar en prescripción. Y esperemos... esperemos y deseamos, evidentemente, que esto no sea así. Por eso es por lo que nosotros planteamos la derogación de este Artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Muchas gracias.

Votación PNL/000591

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley.

¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Nueve. Votos emitidos: diecisiete. Votos a favor: ocho. Votos en contra: nueve. Por tanto, queda rechazada la proposición no de ley debatida.

Y pasamos al cuarto punto del orden del día. Por la señora secretaria se dará lectura del cuarto punto del orden del día.

PNL/000604

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Cuarto punto del orden del día: Proposición No de Ley 604, presentada por los procuradores don Ricardo López Prieto, don Juan Pablo Fernández Santos, doña Natalia del Barrio Jiménez, instando a la Junta de Castilla y León a facilitar la información desglosada relativa a los contratos menores, reflejando el importe, los adjudicatarios y el concepto de cada uno de ellos individualmente, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 117, de veintiuno de abril de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, la procuradora Del Barrio Jiménez.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, presidenta. Como bien se indica en los antecedentes de esta proposición no de ley que hoy traemos a esta Comisión, el Artículo 82 del Estatuto de Autonomía recoge, entre los principios de la Hacienda de la Comunidad, el de transparencia. Transparencia que se... se derivó en la Ley 3/2015, de cuatro de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. En los antecedentes de esta ley, como ya hemos explicado en innumerables ocasiones, se recoge que la ley tiene como finalidad dar respuesta a la necesidad de establecer una regulación general y amplia en materia de transparencia, en su doble vertiente de publicidad activa y derecho de acceso a la información pública, similar a la que existe en la mayoría de países de nuestro entorno. Y se considera que la transparencia y el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben de ser los ejes fundamentales que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social, y que, permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública, se contribuye a la necesaria regeneración democrática y, de esta forma, se contribuye a la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico.

Con motivo del desarrollo de la Ley de Transparencia de Castilla y León, se desarrolló el portal el Gobierno Abierto, donde es cierto que sí que se encuentran múltiples informaciones, pero no es menos cierto que todavía queda por publicar mucho más, como es el caso que nos ocupa, el de los contratos menores.

Ante la nueva obligatoriedad de mostrar en web, por transparencia, la información relativa a los contratos menores, menos de 18.000 euros más IVA en servicios y 50.000 euros más IVA en la obra, la Junta de Castilla y León ha incluido esta información en la web, que es un excel, donde se indica el trimestre, el número de contratos y el importe, y en el cual no aparece detallado a quién se asigna los diferentes contratos, sin ningún tipo de explicación ni de la empresa adjudicataria ni de la cantidad que se asigna. Y, desde nuestro grupo parlamentario, entendemos que un gasto total de más de 22 millones de euros asignados en contratos menores, sin contar el último trimestre de dos mil quince, que todavía no aparece cuando estamos a punto de llegar al segundo trimestre de dos mil dieciséis, pues bien se debería aportar más información sobre dónde, cómo y cuándo han ido a parar estas cantidades.

Es, a todas luces, una información insuficiente, y ponemos como ejemplo la metodología que se lleva en otras Administraciones. Y le voy a poner ejemplos de todos los colores. Por ejemplo, Ayuntamiento de Barcelona, se publica todo detalladamente, con el... el contratante y el importe de adjudicación. El Ayuntamiento de Valladolid, igualmente, se publica todo. Y también el de su procurador-alcalde del Ayuntamiento de León, donde también se publica absolutamente todo lo relacionado con los contratos menores.

Y no me voy a extender más, porque, como han podido observar, se trata de una cuestión de sentido común, acorde con la responsabilidad de transparencia que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo deben de llevar a cabo. Si nada tiene que ocultar la Junta de Castilla y León, no creemos que exista ningún problema en que se publique esta información. Así que nada más. Esperemos que apoyen esta iniciativa. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador Castaño Sequeros.

EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Gracias, señora presidenta. Pues estoy de acuerdo con usted, señora Del Barrio, en todo. Sí, bueno, tampoco es novedad. Hay que entender y debemos entender que la mayor carga o nivel de intensidad de publicidad debe pesar y pesa sobre la Administración pública. La Administración debe publicar de forma periódica y actualizada toda la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad, en todos los contratos, de tracto sucesivo, mayores y también, ¿cómo no?, los menores. Y para que exista una buena transparencia de la actividad pública, tiene que haber una buena, ¿cómo no?, publicidad y, sobre todo, información pública.

En cuanto a su propuesta de resolución, dos cosas: lo primero, celebrar, celebrar una proposición no de ley en la que tenemos competencia; y, segundo, por supuesto, además de que su propuesta es posible y es verdad que hay claros ejemplos de otras Administraciones que lo hacen, pues dar nuestro voto a favor y nuestro apoyo a su proposición no de ley. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador Martín Benito.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Gracias, presidenta. Y buenos días. La proposición no de ley que se nos presenta esta mañana pretende que instemos a la Junta de Castilla y León a que se publiquen de manera desglosada, en la página web de la Administración, los contratos menores, esto es, el concepto, los adjudicatarios, el importe de los contratos, y se apela, para ello, a la Ley de Transparencia. Nos parece estupendo porque el propio presidente de la Junta de Castilla y León pues, en su Discurso de Investidura, afirmó que iba a promover la rendición de cuentas regulares sobre ejecución del Presupuesto, el cual publicaremos, además, en formato de datos abiertos. Pues bienvenida sea la reconversión del presidente y bienvenida sea también esta proposición no de ley.

Yo quisiera recordar también aquí que hace un par de semanas, en... en estas Cortes de Castilla y León, el Grupo Socialista ha llevado... concretamente, fue el veintinueve de mayo, en la Comisión de Hacienda, una iniciativa ciertamente similar, ¿no?, en aquel momento, en aquella ocasión se instaba a la Junta de Castilla y León a adoptar las medidas necesarias para publicar en formato datos abiertos los datos correspondientes a las facturas de sus proveedores, de forma que se garantice una adecuada transparencia, y también -la primera parte de la proposición no de ley- que se publique en formato de datos abiertos toda la información sobre el gasto público, tanto en la Administración general como en la institucional, desagregando por programas, subprogramas, capítulos, conceptos, subconceptos y partidas.

Pues en esta línea estamos, en esta línea viene también la proposición del grupo proponente. Nuestro grupo va a apoyar esta propuesta de resolución. Sí me gustaría, no obstante, dejar claro algunas cuestiones, ¿no?, que en el seno de... de esa Comisión de Hacienda a la que yo hacía referencia, el... pues se puso de manifiesto que a la Junta de Castilla y León no le interesaba hacer públicos los contratos menores, puesto que rechazaron esa proposición. Bueno, sobre todo no le interesaba ir al menudeo, ¿no? Ese chorro de despilfarro que denunció mi compañero José Francisco Martín Martínez, un chorro de despilfarro difícil de justificar, como gastos de muy diversa consideración y que todos hemos podido ver y leer en prensa, ¿no?, así como en los vídeos de la Comisión, joyería, restaurantes, hoteles, los chuches, que diría el ínclito presidente del Gobierno, señor Rajoy, los chuches.

Bueno, en efecto, nuestro grupo desveló que la Junta de Castilla y León dilapidó en un año 8.000.000 de euros en gastos muy diversos; había joyerías, casas rurales, artesanía, bazares chinos. En fin, la respuesta del Partido Popular, que tuvimos ocasión de... de ver, de comprobar, de leer, pues fue defenderse con la disculpa... la disculpa que la mayoría de estos gastos pueden encontrarse en todas las Administraciones. Bueno, en fin, yo creo que no es cuestión de adoptar una actitud, señorías, camaleónica, sino, simplemente, pues que los gastos y sobre todo también que los contratos menores pues puedan ser públicos, desglosados, de manera... de manera normal.

Yo he estado entrando estos día a ver si... como en la Biblia, ¿no?, cuando... cuando me parece que lo de... cuando Yahvé castiga en las ciudades de Sodoma y Gomorra y le dice... dice, bueno, si encuentras uno solo, uno solo, pues no encontró ninguno. Aquí sí hemos encontrado uno, la Gerencia Regional de Servicios... no, perdón, de Salud sí que tiene esa tendencia a publicar el proveedor, el objeto, el importe. Bueno, pues ¿por qué no todas, los departamentos de... y todos los entes, y todas las Consejerías?, ¿por qué no?

Fíjense que a mí me llamó la atención unas declaraciones de la vicepresidenta de la Junta y compañera procuradora de provincia, doña Rosa Valdeón, la noticia es de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, no hace tanto [el orador muestra una imagen]: "La Junta solicitará al menos tres ofertas para contratos de más de 3.000 euros -son los contratos menores-, y de más de 6.000, si son de obra". O sea, que no se hacía. Si lo va a solicitar, o sea, que no se hacía. Pero... pero luego... [murmullos] ... –si me escuchan, se lo digo- añade: "... esta regulación afecta al menos a 8.000 contratos menores anuales", y añade... [Murmullos]. Señor Cruz, ya sé que usted es muy sabio y usted lo sabe todo y usted descalifica desde su escaño. [Murmullos].. Señora presidenta, rogaría...

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Por favor, por favor...

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

... que llamara la atención al señor Cruz...

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

... sí. Por favor, mantengamos el...

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

... que, cuando fije posición, si me quiere descalificar, que lo haga. Pero me parece...

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Sí. Bueno...

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

... una falta de cortesía parlamentaria que lo esté haciendo ahora.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Por favor.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Yo tenía al señor Cruz por una persona de cierta más prestancia y más envergadura... [murmullos]

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Por favor, por favor.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

... y me está demostrando su falta...

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Vayamos todos... sí, perdón.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

... de educación y de respeto parlamentario.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Déjeme... déjeme mantener a mí el debate, por favor. Mantengan silencio, por favor. Y usted siga defendiendo su proposición no de ley.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Gracias, señora presidenta.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Les pido, por favor, a todos, que a todos nos gusta que nos escuchen cuando hablamos. Así que seamos respetuosos, por favor.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Gracias, señora presidenta. ¡Qué cruz! –que decía el otro-. Ya sabemos que el Día de la Cruz caen heladas negras... [murmullos] ... caen heladas negras.

Bien. Y añade... y añade lo siguiente: "Pero van a quedar excluidos –decía- Sacyl, Gerencia de Servicios Sociales y algunos de la Consejería de Cultura". ¿Y por qué? ¿Y por qué no para todos? ¿Por qué unos quedan excluidos y otros no quedan excluidos? Pues la verdad que... seguramente, que sesudas mentes del... -iba a decir de la Junta- del Grupo Popular nos lo van a decir ahora, ¿no?

Bueno, a nosotros nos parece estupenda esta proposición, sea bienvenida. Y, desde luego, nosotros sí que vamos a apoyarla. Entre otras cosas, también, pues porque de esta manera determinadas sombras podrían desaparecer, por ejemplo, la sombra de la Púnica. Aquí se debatió, me parece que fue hace un par de años, comparecieron los consejeros, ante el escándalo que se montó con algunas empresas, y explicaron aquí los consejeros algunos contratos menores. Bueno, pues para evitar esas cuestiones –para evitar esas cuestiones-, pues estaría bien que se publicitaran, se desglosaran, y pudiéramos conocerlos todos. Pero si no pasa absolutamente nada, ¿no? Si evitamos sombras y vamos por... en aras de la transparencia, y nos envolvemos todos en la transparencia, como dijo el señor presidente Herrera, pues yo entiendo que la aprobaremos.

Y escucharé ahora muy atentamente -no sé quién del Grupo Popular nos va a responder, parece que va a ser el señor Vitorio-, pues el que no tenemos ni idea, que dijo el señor Cruz. ¡Qué cruz, Dios, qué cruz! Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador Sanz Vitorio.

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Muchas gracias, señora presidenta. Señora Del Barrio, yo debo reconocerles que ustedes sí que tienen una cruz, tienen una permanente cruz con el "hay que ver, hay que ver, que nos han vuelto a robar la agenda", ¿eh? Y, claro, tienen un problema serio, ¿no?, tienen un problema serio. Ustedes presentan iniciativas, una iniciativa que tiene que ver con esta Comunidad, con algo que es importante, que me parece relevante, claro, y hay alguien que se encuentra permanentemente descolocado, ¿eh?, y tiene que decir aquello de que "yo dije... yo fui primero, yo fui primero, señorita, señorita, que yo fui primero, ¿no?, y ya lo llevé yo a una Comisión...".

Mire, la actitud es manifiestamente mejorable por algún miembro de esta... de esta Comisión, señora Del Barrio. Les voy a asegurar algo, yo no voy a entrar en lo que pasó en la Comisión de Hacienda, ¿no? –a mí me parece que... yo no voy a decir aquello de "oiga, mire, si alguno de los datos aquellos era de pagos a exprocuradoras del PSOE", en el ejercicio de su trabajo, o de gastos de centros de menores, bien, no voy a entrar en eso, porque creo que está suficientemente claro-, pero lo que ha hecho aquí el representante del Grupo Parlamentario Socialista le define.

Y quiero decir dos cosas: la primera, algunas veces nos dicen que si somos nosotros los que ponemos a los candidatos del PSOE. Le aseguro que no, señora Del Barrio. Pudiera parecerlo, ¿eh?, con mala intención, pero le aseguro que no. Y lo que ha hecho aquí hoy es un ejercicio más de política pequeña, de políticos pequeños, de derrotas memorables, ¿eh? –y me remito a los resultados sistemáticos, ¿eh?, que tiene el procurador cada vez que se presenta a esas elecciones-. Por tanto, político de políticas pequeñas, derrotas majestuosas. Continúen por esa línea, no voy a entrar... no voy a entrar al respecto.

Mire, la transparencia, coincidimos con usted, yo creo que lo que usted plantea aquí hoy es algo en lo que podemos estar absolutamente de acuerdo, forma parte de la esencia del carácter democrático de la Administración. Yo creo que facilita conocimiento sobre la actividad pública. Favorece algo tan importante como es la participación, y algo en lo que tendremos que empezar a acostumbrarnos, que es la colaboración en la elaboración de las distintas normas. Pero, además, tiene otra consecuencia, deseable desde mi punto de vista, que es que fomenta, obliga, a la responsabilidad de los gestores públicos. Por lo tanto, yo creo que en eso partimos de un hecho del que estamos de acuerdo.

Y mire, Castilla y León lleva tiempo impulsando la transparencia, a través de muchas iniciativas, que han dado como consecuencia –y lo digo aquí, porque sé que ustedes se alegran, ¿eh?, no sé si tanto se alegran otros... otros grupos-, pero lo cierto es que Transparencia Internacional dio a Castilla y León un cien sobre cien, como lo hizo con el País Vasco y como Cataluña. Y yo sé que ustedes, de todo aquello que es bueno y que, en fin, aporta bondad a la imagen de Castilla y León, se alegran. Deberíamos de hacerlo todos.

Mire, en el año dos mil doce, un año antes de que la ley estatal, a la que usted ha hecho mención, fuera aprobado, se puso en marcha el modelo de Gobierno Abierto, un modelo de fácil acceso por una parte, basado en la transparencia, en la participación y en la colaboración, que hace, permite, que también los ciudadanos se sientan partícipes de ese proyecto común. Ofrece completa información sobre el Gobierno de la Comunidad, a través de este portal. Bueno, hay un amplio conjunto de datos abiertos; dispone de algo tan importante como un portal de participación.

Después, hace un año –también aquí se ha hecho mención-, aprobamos la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la... de la Comunidad Autónoma. Desde el día diez de diciembre, en cumplimiento de lo que es la ley estatal y la propia ley de la Comunidad, se publica en el portal de Gobierno Abierto toda la información que permite un amplio conocimiento de la actividad, organización y gestión de la Comunidad. Pero es verdad que la transparencia se ve reforzada con el derecho de acceso a la información pública. Y en ese sentido, supongo que usted conoce que el diecisiete de marzo se aprobó el Decreto 7/2016, que regula la... debidamente el procedimiento de acceso a la información pública, que... para favorecerla. Es ágil, tiene un breve plazo de respuesta, y posibilita algo muy importante en nuestra opinión, que es la reclamación ante la propia Comisión de Transparencia. Esto en cuanto a los antecedentes, que me parece que es relevante que sean tenidos en cuenta.

En cuanto a los contratos menores, mire, el Artículo 8.1.a) de la Ley 19/2013, de nueve de diciembre, que ustedes emboca... ivoca... evocan, o invocan, establece la obligación de publicación de todos los contratos, con indicación de objeto, duración, importe de licitación, importe de adjudicación, procedimiento, número de licitadores, modificaciones del contrato, en fin, todo aquello que es relevante y de interés que debe ser conocido. Y establece que podrá realizarse en un plazo de hasta tres meses, lo dice el propio artículo. Pues bien, la Junta de Castilla y León lo cumple, pero no en tres meses, a diario, con una excepción: los contratos relativos al Sacyl, que también lo cumple, pero, en este caso -como a usted no se le escapa-, dadas las especiales características, en el plazo de un mes. Y lo hace a través de este portal de Gobierno Abierto, apartado de Transparencia, dedicado a la información económica y presupuestaria.

Mire, le voy a dar exactamente el enlace –que no me lo sé de memoria porque es largo-: , ¿eh?, para que no haya ninguna duda al respecto. Y lo hace... lo hace también en la web: . A través de la dirección, también, de la web de Hacienda y Finanzas Públicas: .

Es verdad que hasta la entrada en vigor de la ley estatal publicaba la cuantía global de los contratos menores, sin desglosarlo –eso es cierto-. Pero la razón por la que no se hizo a lo largo de dos mil quince hasta el diez de diciembre es porque la aplicación no estaba preparada para hacerlo. Pero desde el día diez de diciembre esto se hace así y de esta manera.

Por lo tanto, yo creo que estando como estamos de acuerdo en que la transparencia es necesaria -probablemente, yo he dicho en alguna ocasión que la transparencia es un valor descontado ya, pero es evidente que es imprescindible para favorecer la participación, y eso es imprescindible para que los ciudadanos colaboren y se sientan partícipes de un proyecto que va mucho más allá de un proyecto de partido-, pero, estando como estamos de acuerdo con la iniciativa planteada, y por ajustarnos exactamente a lo que es la realidad de los hechos, le planteo que la propuesta de resolución que ustedes nos han presentado acepten una enmienda muy... muy leve que les he planteado, que sería que las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que la información relativa a los contratos menores, desglosando importe, adjudicatario y concepto –como ustedes plantean-, que actualmente está reflejada en el portal de Gobierno Abierto, se visualice también –como ustedes así lo plantean en su propuesta de resolución- en el portal web de la Contratación Administrativa de la Junta. Estoy seguro que estamos de acuerdo, no modifica absolutamente ni una coma de lo que es su propuesta, pero es cierto que recoge un antecedente que desde el día diez de diciembre ya se viene produciendo. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la procuradora Del Barrio Jiménez.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Muchas gracias, presidenta. Pues primero agradecer a todos los grupos parlamentarios el... el apoyo recibido a la proposición.

Señor Castaño, le digo que sí que es una novedad que estemos de acuerdo. Su partido y el mío nada tienen que ver, y me alegro que celebre una proposición que... que es competencia autonómica. Es que les recuerdo, sí, que la suya de modificación de la ley electoral, para su partido político, que usted firmó con... con el Partido Popular, que tampoco era competencia de... de Castilla y León, sino que era una competencia estatal.

En cuanto al Partido Popular, lo mismo. Le repito: según su regla de que aquí no se pueden traer cosas que no sean competencias autonómicas, hay muchas cosas... muchas Comisiones no deberían de existir; de hecho, es que ni siquiera debería de existir casi el Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque como España no tiene competencias en agricultura y ganadería, pues nada, cerramos el Ministerio y se lo dejamos todo a Europa.

Y nada, le agradezco al señor Vitorio por repetir el 10 en transparencia que le da al Gobierno de Castilla y León. Les digo que también le da un 8 al Gobierno de la Comunidad Valenciana. Y también le doy gracias por la lección de transparencia, y a lo mejor ustedes quizá deberían de ir a Madrid, a la calle Génova, a darles un poco de lecciones de transparencia de... de estas cosas. [Murmullos].

Y nada, simplemente, es cierto que aparece reflejado en el portal de Gobierno Abierto y, como queremos que también se visualice también en el portal web de la Contratación Administrativa de la Junta de Castilla y León, pues, por lo tanto, vamos a aceptar esta enmienda. Y nada más que decir. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Por favor, Juanjo, ¿nos puedes pasar el texto? Para el letrado. [Murmullos]. Ah, vale. O Natalia, si lo tiene. Vale, vale. [Murmullos]. Sí. Vamos a ver, le voy a dar la palabra, pero para hablar de la modificación del texto, no para otras cosas, ¿vale? Si... le digo de verdad, si va a utilizarla para otra cosa que no sea para la modificación, le voy a cortar, ¿vale? Se lo digo por adelantado. Tiene la palabra el señor Martín Benito.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Bueno, nada. Señora presidenta, no se ponga la venda antes de la herida. En fin, yo entiendo que quiera defender a sus compañeros, pero no me voy a meter con ellos. Descuide.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Mire...

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Simplemente me voy a referir...

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

... mire, no es por defender a nadie. Me acaba de decir el letrado...

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

... simplemente le voy a... No, no, que... que me voy a referir al texto.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

... me acaba de decir el letrado para lo que tiene la palabra. ¿Vale?

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Si yo he pedido la palabra para el texto, pero usted ya creía otras interpretaciones. Bueno, que no, que... que nosotros, ante esta modificación del texto, íbamos a apoyar la... la proposición no de ley... la propuesta de resolución –mejor dicho- que hacía el Grupo Podemos, pero, ante la propuesta... la enmienda que ha hecho el señor portavoz Sanz Vitorio, y aceptándola el proponente, pues la aceptamos también. Nada más. Muchas gracias. [Risas].

Votación PNL/000604

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Muchas gracias. Concluido el debate... [murmullos] ... concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley.

¿Votos a favor? Todos, que son diecisiete. O sea, votos emitidos: diecisiete. A favor: diecisiete. Queda aprobada la proposición no de ley.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las doce horas cuarenta minutos].