DS(C) nº 129/9 del 12/5/2016

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Hola. Buenas tardes. Perdón, un momento. Bueno, ahora sí. Buenas tardes otra vez. Se abre la sesión.

¿Por algún grupo parlamentario tiene que comunicar alguna sustitución? Grupo Socialista, no. Podemos tampoco. Ciudadanos tampoco. Izquierda Unida-Grupo Mixto tampoco. ¿Grupo Popular?

LA SEÑORA GONZÁLEZ PEREDA:

Gracias, presidenta. Manuel García Martínez en sustitución de María del Mar Angulo Martínez.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Por la señora secretaria se dará lectura del primer punto del orden del día.

PNL/000253

LA SECRETARIA (SEÑORA JIMÉNEZ CAMPANO):

Proposición No de Ley número 253, presentada por los procuradores don Pedro María de Palacio Maguregui, doña María Josefa Rodríguez Tobal y doña Laura Domínguez Arroyo, instando a la Junta de Castilla y León a la inclusión de un Cuerpo de Técnicos de Integración Social en el Grupo C de la Administración Especial y dentro del Grupo III por competencias, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 41, de veintitrés de octubre de dos mil quince.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, doña María Josefa Rodríguez, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. La reivindicación que exponemos en esta proposición no de ley llega con veinte años de retraso. Hace veinte años que se oficializó el título Técnico Superior en Integración Social, lo que significa que desde hace veinte años se va dando formación específica a un número importante: 3.000 integradores técnicos hay en este momento también en nuestra Comunidad, no solo... o sea, en todas las Comunidades, en la nuestra también, en la nuestra 3.000, 3.000 tenemos.

Ocurre algo insólito aquí, y es que todas estas personas formadas para programar, organizar, implementar y evaluar las intervenciones de integración social no pueden concurrir con su titulación a las convocatorias de empleo por parte de la Administración porque su perfil profesional hasta ahora no se había reconocido ni como funcionario ni como personal laboral. Se menosprecian, por tanto, los conocimientos que estas personas han adquirido mediante años de formación, y también se menosprecia la inversión y los medios encargados por parte de la Comunidad para hacerla posible.

No voy a detallar las competencias específicas de estas tituladas y titulados porque se explicitan en nuestra proposición, pero, si han tenido a bien leerla, verán que las competencias son muchas y muy necesarias, máxime en este momento en que se han incorporado actividades profesionales generadas en nuevos sectores: la mediación comunitaria, la inserción laboral de personas con discapacidad, la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, las víctimas de violencia de género y sus hijas y sus hijos, contando, además, con elevado número de población envejecida y, en gran medida, dependiente que conforman nuestra Comunidad, y al amparo de las medidas establecidas en la Ley 39/2006, de catorce de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. La empleabilidad de esta titulación es más que necesaria y está más que justificada. Una actividad que pueden desarrollar, si se les permite, fundamentalmente en el sector de servicios sociales y en el sector educativo. Lo cierto es que, a pesar de su extenso posible ámbito laboral, las personas con esta titulación, a día de hoy, en Castilla y León tienen muy difícil su inserción profesional.

Nos gustaría resaltar que el Procurador del Común, tras estudiar la situación de quienes están en posesión del título de Técnico Superior en Integración Social, determinó dos posibilidades de regulación: en cuanto a Función Pública, y al amparo del Artículo 29 de la Ley de Función Pública de Castilla y León, la creación de un cuerpo en cada grupo y, a su vez, la creación de una escala dentro del grupo en virtud de una titulación específica; y, en cuanto a personal laboral, la inclusión en el Grupo III de las y los técnicos de integración social.

Para finalizar mi intervención, voy a ponerles voz y les leeré un par de párrafos; el primero y el último de una carta escrita por los y las integradoras sociales, dirigidas a algunas entidades locales a las que exponen su situación. Y empieza: "Somos Técnicos Superiores en Integración Social, una titulación oficial que lleva impartiéndose en Castilla y León desde hace veinte años. A pesar de ser profesionales con todas las de la ley y tener una formación contrastada, podemos decir que hemos sido ignorados durante demasiado tiempo". Termina esta carta, en su afán de que se les escuche: "Pedimos a las corporaciones locales que estudien el perfil de los y las TSIS, y hagan un esfuerzo por tener en cuenta a estos y estas profesionales. Entendemos que Castilla y León no puede permitirse el lujo de desaprovechar este potencial humano y de ilusión que suponen cientos de jóvenes, miles de jóvenes, muy preparados y dispuestos a devolver con creces lo invertido en su formación".

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente proposición no de ley, instando a la Junta de Castilla y León a la inclusión de un cuerpo de Técnicos de Integración Social en el Grupo C de la Administración especial, y a la inclusión dentro del Grupo III de las competencias funcionales de los Técnicos de Integración Social. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias, señoría. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don José Sarrión.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues con mucha brevedad. El problema de los integradores sociales es un problema que nosotros también hemos conocido, también hemos estado reunidos con la Asociación Profesional de Integradores Sociales de Valladolid, que es uno de los colectivos que está portando la voz de estas personas, ¿no?, y de Roberto Sáez, su presidente, que están haciendo un trabajo informativo importante, porque yo debo confesar, y estoy seguro de que a muchos procuradores y procuradoras les podrá suceder algo similar, que yo, hasta que me reuní con esta asociación el pasado mes de mayo de dos mil quince, no conocía la existencia de este colectivo, yo no conocía la existencia de estos profesionales, que están siendo formados por el Sistema de Educación Pública de Castilla y León, al igual que en otras Comunidades Autónomas, desde hace veinte años.

Y es un colectivo que está teniendo serios problemas en el conjunto de Comunidades Autónomas del país, porque se les da una formación profesional, se les da una titulación, pero luego no se les reconoce. Es decir, tenemos personas estudiando desde hace veinte años, con lo cual no es un colectivo pequeño, sino que ya es un colectivo que podemos entender bastante numeroso, al cual se le da una titulación desde la educación pública, que, finalmente, no les sirve para tener un cuerpo profesional, que no se les reconozca una categoría profesional, y que, por lo tanto, a la hora de ejercer su profesión, pues tengan un título que consta con una utilidad práctica a la hora de inserción en el mercado laboral bastante escasa, a pesar de que han recibido una formación probada por la Junta de Castilla y León como una formación buena y suficiente, como debe ser en cualquier otro título, ¿no?

Por lo tanto, a nosotros nos parece incomprensible que se oferte una titulación para la cual luego no hay una salida laboral, ¿no?, y que, finalmente, los titulados en Integración Social no puedan concurrir a puestos convocados por la Administración en el ámbito de sus competencias.

Efectivamente -como ha señalado la procuradora proponente-, el Procurador del Común tramitó un expediente al respecto en el cual planteaba dos posibilidades de regulación: en cuanto a la Función Pública, hablaba de la creación... -al amparo del Artículo 29 de la Ley de Función Pública de Castilla y León- se proponía la creación de un cuerpo en cada grupo y, a su vez, de una escala dentro del grupo, en virtud de una titulación específica; y, por otro lado, en cuanto a personal laboral, remitiéndonos al convenio colectivo para el personal laboral de la Administración general de la Comunidad de Castilla y León, se establece en el Anexo I de dicho convenio una serie de competencias funcionales correspondientes a cada grupo, de conformidad con la clasificación profesional contenida en el Título V del convenio. Por lo tanto, dentro del Grupo III podría integrarse a los técnicos de integración social.

Por lo tanto, las propuestas que se realizan en esta proposición yo creo que vienen bien avaladas, son propuestas realistas, propuestas posibles. Y, desde luego, sí que estamos convencidos de que es un colectivo al que le hemos dado un trato discriminatorio como sociedad; un conjunto de personas que, a la hora de acceder a la educación, decidieron optar por un itinerario, por una especialización, la cual se la ofrecía la Administración, y que, finalmente, no les ofrece una salida laboral, a pesar de estar en una sociedad que, al igual que en el conjunto de Comunidades Autónomas, es una sociedad que, sin duda alguna, necesita la labor de integradores sociales como necesita la labor de trabajadores sociales, de educadores sociales y de todas las profesiones relacionadas con las tareas en las que están referidas, ¿no?, que es el mundo de los servicios sociales.

Por lo tanto, sí que estamos convencidos de la necesidad de apoyar a este colectivo, y nuestro voto, desde luego, va a ser favorable.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don José Ignacio Delgado.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señora presidenta. Desde luego, Ciudadanos va a apoyar favorablemente esta proposición no de ley. Yo creo que Castilla y León si algo tenemos que ocuparnos es de esos servicios sociales tan... de tanta carestía y que cada vez más tenemos que ampliar.

Sobre todo, tenemos que hacer referencia –como ha dicho mi compañero-, pues a lo que dice el Procurador del Común, sobre todo en cuanto a la Función Pública, que, lógicamente, es un poco absurdo, efectivamente, crear o dar unas titulaciones que luego no tienen una relación rápida y normal en el mundo laboral. Sobre todo, eso, en cuanto a la Función Pública, ese Artículo 29 de la Ley de la Función Pública de Castilla y León, en esa creación de un cuerpo en cada grupo y, a su vez, de una escala dentro del grupo en virtud de la titulación específica; y, por supuesto, el personal laboral, pues remitiéndonos a ese convenio colectivo para el personal laboral de la Administración general de la Comunidad de Castilla y León.

Pero bueno, si nos referimos sobre todo al decreto anterior del... 1074/2012, ya dice exactamente que estos Técnicos Superiores de Integración Social tienen una serie de... en fin, de actividades y de... y de posibilidades que son, en esta Comunidad nuestra –vuelvo a decir-, especialmente interesantes, ¿no?, como son la inserción social, equipamientos residenciales, atención a discapacidades, trabajadores sociales, educación familiar, etcétera, y, sobre todo, en fin, la población tan envejecida y que... tan necesitada que tenemos en el mundo rural y en toda Castilla y León, vamos, con las características específicas que tenemos en esta Comunidad Autónoma. Pero, vamos, sin mayor dilación, simplemente, vamos a apoyar. Y, eso sí, nos gustaría que este tipo de cuestiones pues, lógicamente, se hicieran, pues entre todos, para dar salida... yo creo que este tipo de cuestiones hay que hacerlas, eso, entre todos los grupos parlamentarios y entre toda la sociedad, con los colectivos lógicos, pues para dar una salida sensata y acorde al mercado laboral, y... en fin, y de titulados de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don Jesús Guerrero.

EL SEÑOR GUERRERO ARROYO:

Gracias, presidenta. Buenas tardes. Bueno, vamos a apoyar esta iniciativa porque plantea una reivindicación con la que este grupo parlamentario del Partido Socialista está plenamente de acuerdo, por distintas razones. En primer lugar, porque es una reivindicación que viene siendo demandada por los técnicos de integración social desde hace mucho tiempo, especialmente, de manera muy intensa, desde que se están asociando hace aproximadamente dos años. Según sus propios cálculos, en Castilla y León son un colectivo de unos 3.000 profesionales, lo cual, evidentemente, indica que es un grupo muy numeroso al que hay que atender.

Nos consta que estos profesionales están o han tenido reuniones con los distintos grupos parlamentarios –aquí se han citado algunas-, con el Partido Socialista también ha sido así. Les hemos mostrado nuestro apoyo, en este sentido. La iniciativa de Podemos ha llegado –digamos- en primer lugar, y, por lo tanto, nos parece absolutamente oportuna, y reiteramos que la... que la compartimos.

También creemos que hay que apoyar esta iniciativa porque, como se indica en los antecedentes de la proposición no de ley, el Real Decreto 1074 del dos mil doce, de trece de julio, que establece el título de Técnico Superior en Integración Social, fija las enseñanzas mínimas, define claramente el perfil profesional, ¿eh?, que está –como digo- detallado en los antecedentes de la proposición.

En Castilla y León, que se forman... las personas que se forman con este título no cuentan con una salida profesional acorde, como sí ocurre en algunas otras Comunidades Autónomas, por lo que se está dando claramente una discriminación que afecta a estos 3.000 profesionales, más las aproximadamente 100 personas que se forman con esta titulación anualmente en nuestra Comunidad Autónoma, y a las que, evidentemente, el sistema les proporciona una titulación a la que no pueden acceder con una categoría profesional adecuada.

Y, en tercer lugar, porque, como también se ha aludido y se ha explicado claramente, porque el Procurador del Común, según se lee en su último informe anual, ha emitido una resolución favorable ante las quejas recibidas, que constatan diversas restricciones para desarrollar la actividad propia del Título Superior en Integración Social, ejercida en no pocas ocasiones por otros profesionales sin dicha titulación, con el consentimiento de la Administración regional y local en buena parte de nuestra Comunidad Autónoma.

Dicha resolución se dirigió a la Junta de Castilla y León para que la aplicara en la Administración autonómica, y para que fuera, a su vez, un referente para las Administraciones locales de la Comunidad, con el fin de que tanto en lo que respecta al personal funcionario como al personal laboral al servicio de las Administraciones públicas tuvieran el debido reconocimiento los titulados en Integración Social.

Curiosamente, de manera sorpresiva, sabemos por este informe del Procurador del Común que la Consejería de Economía y Hacienda no lo aceptó, lo que lleva a que nos preguntamos qué valor da la Junta de Castilla y León a una institución como la del Procurador del Común si no da ejemplo y rechaza cumplir resoluciones y recomendaciones de esa misma institución. Si la propia Junta no hace caso, ahora podemos entender por qué en muchas otras ocasiones en muchas otras entidades locales, de manera pertinaz, no se hace caso a sus propias resoluciones del Procurador del Común y no colaboran si quiera, por ejemplo, aportando documentación cuando se les demanda en el caso de representantes en ayuntamientos de la Oposición. En fin, yo creo que la Junta de Castilla y León tiene que dar ejemplo, por encima de todos, para respetar las instituciones de todos, como es la del Procurador del Común, cumpliendo –como digo- sus resoluciones.

Ahora, en esta sesión, tiene el Grupo Parlamentario Popular la oportunidad en estas Cortes de demostrar que acepta las resoluciones del Procurador del Común votando a favor de esta iniciativa, porque... puesto que la propuesta de resolución de la proposición no de ley es precisamente la petición que hace el Procurador del Común; o si, por el contrario, se niega y adopta la misma actitud que la Consejería de Economía y Hacienda. Esa es decisión de los miembros del Partido Popular, pero, evidentemente, dejaría en evidencia lo que estamos señalando respeto... respecto al respeto a instituciones tan importantes como la del Procurador del Común.

En definitiva, el Grupo Socialista considera, por estas razones que hemos dado y porque al final lo que se ve es que es una petición absolutamente justa, el apoyar esta proposición no de ley, y es lo que vamos a hacer votando favorablemente. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora doña Mar González.

LA SEÑORA GONZÁLEZ PEREDA:

Buenas tardes. Gracias, presidenta. Permítanme, voy a empezar casi por el final, la propuesta que trae Podemos es, como así se ha dicho también, recogida por el Procurador del Común con dos puntos, y nosotros ya le anticipamos que pediríamos la votación separada de las mismas. A la primera ya le voy a decir que nuestro voto sería en contra. Y es cierto que... –y también ya se ha dicho- que todos llevamos... este Grupo Parlamentario Popular está desde septiembre reuniéndose con el colectivo de APISVA, que fueron los que nos plantearon las demandas, y, bueno, andaban bastante perdidos en cuanto al enfoque que podían dar en las pretensiones, lógicamente, de su reconocimiento, y empezaron a trabajar. Bueno, llegaron a Podemos, y hoy nos traen aquí esta... esta iniciativa.

En este... en este sentido, hemos seguido trabajando con ellos. Es cierto que ellos también son conocedores de la situación que se les plantea en el próximo convenio que se está negociando, en el convenio colectivo, donde, lógicamente, es un convenio en el que van a tener mucho que decir los representantes sindicales, que al final son los representantes de todos los trabajadores.

Ante... ante las conversaciones que han tenido con ellos, vieron que era complicado luchar por la categoría de Función Pública. Y, en este sentido, que nuestra postura es en contra, y, aunque no me quiero alargar mucho, sino ir al objetivo final, sí que hacer referencia al texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo de 5/2015, de treinta de diciembre, y la Ley de 7/2007, de doce de abril, en lo que compete al Artículo 9, donde habla de la reserva de los funcionarios públicos. Respecto a la Función Pública de Castilla y León, me gustaría también señalar la Ley 7/2005, y en concreto el Artículo 14.2, ¿no?, que son muy significativos, y por el cual nosotros vamos a mantener, respecto al primer punto, nuestra posición negativa.

Entonces, tal como les he dicho, en conversaciones con ellos, y ya explicándoles que nuestro objetivo no iba a... iba a ser en contra respecto a este primer punto, sí entendíamos que deberíamos seguir trabajando por el objetivo de luchar por la Administración y por el régimen laboral, que les pareció, desde luego, tal como nos hicieron demandar, les parecía una buena opción.

En todo caso, creemos que... y estamos y compartimos también que los técnicos de integración social, dentro de los servicios que presta la Administración, estarían mucho más ubicados y mejor encaminados dentro del régimen laboral. En todo caso, sí que es cierto que no podemos olvidar que en este momento se está negociando un nuevo convenio colectivo donde se van a adecuar las nuevas titulaciones y las competencias de las funcionales existentes. Al respecto de este convenio, se ha creado también una comisión negociadora, dentro del convenio, como un grupo de trabajo, que actualmente está estudiando la calificación y las funciones y distintas competencias funcionales ya existentes.

Es innegable, y yo creo que aquí sí que estamos todos de acuerdo de que, dentro de los servicios que prestan en nuestra Comunidad, forman parte, y deberían de formar parte, los de... los de la integración social, y que deberían dárseles, desde luego, una visibilidad que hasta este momento no está contemplada como tal dentro de los servicios públicos esenciales de Castilla y León. Me van a permitir, porque sí que esto es un debate, que incluso con ellos, yo creo que a todos nos han hecho llegar las posturas de otras Comunidades, donde ellos tenían cabida respecto... y sobre todo hablaban de la catalana y en Madrid, muy enfocados al tema de la inmigración. Es cierto que comparar esas Comunidades con la situación que en estos momentos... que la desearíamos profundamente, tener un gran volumen de inmigración en Castilla y León, no es exactamente lo mismo. Aun así, dicho lo cual, si se habla siempre de los integradores sociales con un carácter sociosanitario, me van a permitir que mi punto de vista y el enfoque -y así nos lo han hecho llegar a través de convenios en Madrid y tal-, yo creo que están mucho más encuadrados o encaminados dentro de lo que pueden ser competencias de carácter socioeducativo. En todo caso, no es mi postura, sino, simplemente, es una pequeña aclaración.

Es cierto y aquí se ha habla también de ese famoso decreto, donde... donde hablan la cantidad de funciones que pueden llegar a desempeñar los mismos. Y, miren, me van a permitir, pero es verdad que es una tendencia generalizada, consecuencia de la cual, dentro del convenio de los... del convenio de los profesionales colectivo, del personal laboral, la Administración general de la... de la Comunidad ha tendido más a pasar a lo que se califica como competencias funcionales más que plurifuncionales, ¿no?, que podría ser incluso el caso de este colectivo. Y, luego, también hace referencia... -y así lo digo, porque habla mucho del carácter social- referencia a lo que es el Decreto 2/2016, ¿eh?, de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social, para, por ejemplo, las personas mayores, donde evidentemente la formación que se pide hasta este momento para la situación de dependencia son formaciones profesionales en materia de atención a personas en dependencia y de la rama sociosanitaria. Por eso yo me enfocaba más al tema educativo.

Pero también es cierto que hay otro Artículo, el 37, que hace referencia a lo que... –y está entre comillas- a "Otros profesionales". Yo creo que ese... y hablan en concreto... vienen recogidos la integración social, ¿no? Yo creo que ese es un apartado donde ellos se pueden acoger, me parece muy interesante. Y, además, por otro lado, me parece que este tipo de colectivos pueden aportar, sin duda, un valor añadido a todos los equipos de trabajo con los que cuenta la Administración de la Comunidad.

En todo caso, y compartiendo con ustedes... -que debemos, y yo creo que compartimos- la posibilidad de que este colectivo tenga una mayor visibilidad, no es menos cierto que, si bien es... y también lo han dicho ustedes, estamos hablando de un colectivo de más de 3.000... de 3.000 personas. Somos conscientes de que hay que darles una visibilidad mayor a los mismos. Y también les puedo decir, porque yo creo que algún portavoz ha hecho referencia, que, en todo caso, este grupo sí conoce que la Dirección General de la Función Pública es conocedora de la situación de los mismos; que, desde luego, está implicada en estudiar la posibilidad de contemplar a los integradores sociales dentro de las titulaciones exigibles para el acceso a alguna de las competencias funcionales de las que podrían formar parte ellos.

Yo creo que sí que sería importante que hoy de aquí saliese una propuesta conjunta, unánime, que, al final, es lo que nos pedían el colectivo de APISVA. Pero mi fuerza –y quiero que me entiendan- es que en este momento se está negociando, y ahí me tengo que agarrar, porque es muy importante decir que se está negociando un nuevo convenio, del que, además de la Junta de Castilla y León, forman parte todos los sindicatos, representantes de los trabajadores, que van a ser ellos lo que, al final, conlleven el... la aprobación de este convenio, y es por lo que yo presento esta enmienda, sí, con esa intención de que todos podamos tener una postura conjunta, y este grupo particularmente se vería muy recompensado, porque es así como nos lo piden.

La enmienda que proponemos dice lo siguiente: "Las Cortes instan a la Junta para que, en el marco de la negociación del convenio colectivo vigente para el personal laboral de la Administración general de la Comunidad de Castilla y León y organismos autónomos dependientes de esta, y dentro del grupo de trabajo creado para el estudio de la clasificación profesional y competencias funcionales, se aborde la posibilidad de incluir el perfil del Técnico Superior en Integración Social como una de las titulaciones exigibles para el acceso a alguna de las competencias funcionales ya existentes del Grupo III". No sé si quieren una copia, tengo para que las lean. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, doña María Josefa Rodríguez. [Murmullos]. Yo creo que sí. Si quiere, le dejamos dos minutos. ¿Le parece?

[Se suspende la sesión durante unos minutos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, doña María Josefa Rodríguez.

LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Bueno, pues... bueno, pues muy bien. Nosotros vamos viendo una serie de cosas: primero, en las conversaciones que hemos tenido, obviamente, todos con... sobre todo con APISVA, representantes de esta... de esta asociación, hoy a lo largo de todo el día y ayer y constantemente; supongo que hemos estado... podíamos haber hecho conversaciones a tres y a cuatro... un poco así, ¿no?

Ellos están un poquito, en fin, yo creo que ese... ellos tienen claro... tienen claras las cosas, y no... yo no creo que estén perdidos. Lo que pasa es que me da la impresión... [murmullos]. Ah, me pareció entender... me pareció entender como que ellos estaban un poco despistados. Y no, ellos... ellos tienen las cosas claras, lo que pasa es que yo creo que les han llegado algunos mensajes que, a lo mejor... pues, por ejemplo, yo creo que, hablando con la procuradora, se les había dicho que para... que para crear la necesidad... o sea, que para crear la categoría profesional, primero había que crear la necesidad del puesto de trabajo. Yo digo, ¿pero cómo es posible? O sea, que es que es una necesidad que es obvia y clara, ¿no?, obvia y clara.

Ellos nos han pasado –supongo que también, porque creo que nos lo han ido pasando a todos- pues ejemplos en los que, efectivamente, han trabajado en el CE... en el CIP de Cristóbal Colón en Valladolid y han hecho un... en fin, un programa que ha funcionado muy bien, con resultados fantásticos y tal. Nos aportan también lo que está ocurriendo en otras... en otras Comunidades, o sea, que... En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues nos aportan convocatoria de personal laboral para la categoría de Técnico Especialista en Integración Social, área e), Grupo III, nivel 6, y esto es para la Consejería de Educación. O sea, que, por otra parte... o sea, ellos saben lo que pasa en otras Comunidades y quieren tener las mismas posibilidades.

En cuanto a lo que... lo de la legislación sobre la Función Pública, pues esto no impide la inclusión de los integradores, como, obviamente, los hay ya en otras... en otras Comunidades. Nosotros, sobre todo, creemos que es un ejercicio de voluntad. ¿Que de Función Pública les dicen que lo están contemplando? Ellos han mantenido reuniones y nos transmiten que no, que les dicen que no. O sea, ellos van encontrando obstáculos, van encontrando obstáculos constantemente.

Claro, lo de la negociación del convenio colectivo, pues claro, si primero no existen la... la figura, pues es que ¿cómo se va...? O sea, que es que es todo un poquito... en fin, no sé. Hemos consultado con... con ellos, vamos a... vamos a hacer votación por separado y... pero en esta redacción daríamos una pequeña vuelta a la redacción, dejaríamos de esta... de esta manera: "Las Cortes instan a la Junta para que, en el marco de la negociación del convenio colectivo vigente para el personal laboral de la Administración general de la Comunidad de Castilla y León y organismos autónomos dependientes de esta, y dentro del grupo de trabajo creado para el estudio de la clasificación profesional y competencias funcionales, se incluya el perfil profesional del Técnico Superior de Integración Social como una de las titulaciones exigibles para el acceso a alguna de las competencias funcionales ya existentes del Grupo III".

Y yo creo que es que, si no, sigue... sigue quedando como en el aire y no concretamos nada. [Murmullos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

A ver, señoría, señoría. [Murmullos]. Perfecto. Un minuto de receso, pero no empecemos aquí a hablar, porque no es un debate.

[Se suspende la sesión durante unos minutos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Señorías, estamos. El texto definitivo... el texto definitivo, señoría, ¿cómo se queda?

LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

El texto definitivo sería: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que, en el marco de la negociación del convenio colectivo vigente para el personal laboral de la Administración general de la Comunidad de Castilla y León y organismos autónomos dependientes de esta, y dentro del grupo de trabajo creado para el estudio de la clasificación profesional y competencias funcionales, se incluya el perfil profesional del Técnico Superior en Integración Social como una de las titulaciones exigibles para el acceso a alguna de las competencias funcionales ya existentes del Grupo III".

El punto 1 lo dejamos... o sea... [Murmullos]. Sí.

Votación PNL/000253

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley, del primer punto.

¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Nueve votos a favor, nueve votos en contra. Una vez producido el empate de esta proposición no de ley, como... se procede de conformidad con lo establecido en el Artículo... en el Artículo 92 del Reglamento de la Cámara. Volvemos a someter a votación dicha proposición no de ley.

¿Votos a favor...? No, estamos con el punto 1. Digo: terminamos el punto 1 y luego vamos con el punto 2, ¿vale? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Habiéndose producido empate, volvemos a someter por tercera y última vez el primer punto de esta proposición no de ley.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Vale.

Sometemos el segundo punto del orden del día... con la nueva redacción, efectivamente, como señala el letrado, que se ha quedado. Con lo cual, creo que, por asentimiento, este punto... este segundo punto del orden del día se puede quedar aprobado, ¿verdad? Sí ha tomado nota, ¿no? Perfecto.

Pues por la señora secretaria se dará lectura del segundo... Perdón, yo misma –porque la señora secretaria interviene- doy lectura al segundo punto del orden del día.

PNL/000437

Segundo punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL 437, presentada por las procuradoras doña María Josefa Rodríguez Tobal, doña Laura Domínguez Arroyo, relativa a la presentación por la Junta de Castilla y León de un proyecto de ley de igualdad de trato y no discriminación, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 89, de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis.

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, doña Laura Domínguez, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Gracias, presidenta. Esta propuesta nace de nuestros encuentros con asociaciones y colectivos de la comunidad gitana, de recoger las reivindicaciones que vienen años trabajando y de, simplemente, mejorar la situación de una comunidad que en nuestra Comunidad Autónoma representa al 1 % de la población, así como de mejorar la situación de discriminación que sufre la etnia gitana y otras etnias y razas en nuestra Comunidad Autónoma. Nace de la convicción de que la mejor forma de combatir las desigualdades, sean por razón de sexo, clase social o -como en el caso que nos ocupa- etnia o raza, es la inclusión en todos los ámbitos de la vida: laboral, educativo, sanitario, etcétera.

La inclusión evita la segregación o la integración que deriva en guetos. Es el modelo de avance en una sociedad verdaderamente democrática, donde todos quepamos, acorde a nuestras capacidades y atendiendo nuestras... nuestras necesidades como personas plenamente libres e iguales.

La exclusión social, que elimina a sectores de la sociedad de la vida pública, política o económica, es síntoma de una sociedad enferma, incapaz de... de avanzar hacia la... hacia la plena inclusión, bien porque no puede, bien –y esto es lo peor- porque no quiere. Y lo más preocupante es cuando desde las Administraciones públicas se mira hacia otro lado cuando se genera exclusión social. Esto lo hemos vivido en nuestras carnes quienes hemos padecido las consecuencias de la mal llamada crisis, que nos ha abocado a una exclusión social coyuntural que cada día es más estructural.

La exclusión social estructural que sufren las etnias o razas minoritarias en nuestro país se ha agudizado a raíz de la crisis, que ha convertido a las personas excluidas en doble o triplemente excluidas: quienes estaban excluidos de la educación lo están el doble por los recortes, y triplemente si están desempleados; y ya no es que no lleguen al colegio, sino que no llegan a comer cada día.

Es por esto que vemos imprescindible esta proposición para mejorar la situación de un colectivo que se calcula que en España llega a las 725.000 personas. En torno a 26.500 personas gitanas viven en nuestra Comunidad Autónoma, siendo mayor su peso en las capitales de provincia. Valladolid, León y Burgos son las ciudades con más habitantes de etnia gitana. Esto nos sitúa como la quinta Comunidad del país en número de población gitana.

El problema fundamental al que se enfrenta la comunidad gitana es una mayor tasa de empobrecimiento y de riesgo de exclusión social. La tasa de desempleo es de un 36,4 %, mucho mayor que la media española. Solo el 20 % de las personas gitanas termina la ESO.

Estos índices se agudizan entre las mujeres gitanas, que sufren una doble discriminación por el hecho de ser mujeres y de ser gitanas, siendo imprescindible entender el sesgo de género para abordar las soluciones de inclusión.

También es fundamental entender que la exclusión es múltiple y acumulativa, y que uno de los grandes déficits que presentan los servicios sociales en nuestra Comunidad es el no reconocimiento de las diferentes exclusiones. Cada colectivo tiene unas necesidades y, por tanto, requiere distintas soluciones. El no abordaje de las... de las especificidades concluye en soluciones ineficaces. Esto es uno de los grandes lastres de la Red de Protección de Familias, por ejemplo, que no responde a las características específicas. En ese sentido va el punto 5 de nuestra propuesta.

Por otro lado, en España se fomenta una imagen estereotipada de la comunidad gitana, que no favorece su inclusión social. La situación de vulnerabilidad y desventaja se ve agravada por la discriminación cotidiana y el rechazo social. También en este sentido vemos una agudización del problema, debido a la crisis económica, que ha instalado un relato por toda Europa de gitanofobia.

Frente a la discriminación de los poderes... frente a la discriminación, los poderes públicos deben actuar y legislar para evitar situaciones de desigualdad. Y, de hecho, lo que más nos consterna es tener que debatir esta propuesta hoy aquí, porque ya debería haber mecanismos mucho más consolidados en nuestra... en nuestro país y en nuestra Comunidad Autónoma para no incurrir en la discriminación. Sin embargo, nos encontramos con que no se favorece la aplicación de las directivas europeas en esta materia, al igual que no se favorece el desarrollo normativo de lo que ya existe a nivel nacional y que no se ha traducido a nivel autonómico: la creación de los órganos que ahora mismo ya existen a nivel estatal, y que están previstos en el punto 2 y 3 de nuestra propuesta (Consejo Regional para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por su origen racial o étnico y Consejo Regional Gitano).

Y, siguiendo con la no aplicación de sus propias leyes y normativas –de las europeas y nacionales-, nos encontramos en Castilla y León el Estatuto de Autonomía, que recoge entre los principios rectores de las políticas públicas, en su Artículo 16, la no discriminación y el respeto a la diversidad de los distintos colectivos étnicos, culturales y religiosos presentes en Castilla y León, con especial atención a la comunidad gitana.

Nos preguntamos cómo es posible que nuestro Estatuto recoja esta mención y no haya habido ningún avance sustancial, ningún plan específico, y mucho menos una ley que recoja la problemática a la que nos referimos.

Les insto a que voten a favor de esta propuesta, por un lado, por la mejora de las condiciones de vida de un colectivo en riesgo de exclusión social; por otro, para que seamos capaces de dar respuesta desde las instituciones a todas las personas de esta Comunidad, sin motivo alguno de discriminación.

Por último, apelo a la propia legislación y al recorrido normativo de los últimos veinte años en Europa y en nuestro país, que mejora la situación de las... de las minorías étnicas y raciales.

Y termino con las palabras del manifiesto de este año con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, el ocho de abril: "Hoy es un buen día para que los derechos reconocidos puedan ser ejercidos: los derechos del pueblo gitano, que son todos y cada uno de los derechos que como ciudadanos les corresponden. Los derechos están para ejercerlos, y, si un pueblo no puede ejercerlos, es toda la sociedad la que está siendo privada, la que sufre esa sustracción". Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias, señoría. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor José Sarrión.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues, efectivamente, nosotros también tenemos una... una posición firme en torno a esta cuestión, ¿no? Creemos que nuestro país tiene un problema estructural de racismo y tiene un problema estructural de convivencia. Lo que pasa es que es un problema del cual no se suele hablar, y del cual no se suele tratar, y hay una situación de una xenofobia larvada, que atraviesa todos los sectores de nuestra sociedad y que se reproduce en diferentes partes de nuestro país, en el cual nosotros no somos una excepción.

Frente a esto, las políticas públicas tienen que ser muy profundas, tienen que ser muy firmes, y tienen que verse reforzadas con el tiempo de manera evidente, ¿no? Hablamos de una población que, tal y como se ha definido aquí, supone el 1 % de la población de nuestra Comunidad –unas 26.000 personas-, y que, efectivamente, adolece de una serie de problemas fundamentales, como es el caso del fracaso escolar, en un 64 %, y problemas muy graves de inserción laboral, así como de exclusión social. Con lo cual parece que, efectivamente, cuando hablamos de igualdad, debemos tener en cuenta de manera prioritaria este colectivo.

Nosotros hemos planteado todo tipo de propuestas en este aspecto, diferentes ejes de nuestro programa. Así, por ejemplo, planteamos, en el ámbito educativo, que tiene que haber una acción muy determinante en materia de programas específicos de apoyo y de refuerzo educativo, tanto en Primaria como en la Secundaria Obligatoria, así como en la Educación Infantil, para su incorporación al sistema educativo; la realización de campañas educativas sobre la realidad y reconocimiento de la cultura gitana, con la finalidad de acercar más a la sociedad y de conseguir una mejor convivencia; el programa de ayudas y de becas para la continuidad de estudios medios, así como superiores, que específicamente fomenten y que estimulen el acceso tanto a la Formación Profesional y el Bachillerato como a la Universidad.

Medidas que, por cierto, se hacen cada vez más necesarias y urgentes a la luz de las últimas resoluciones del Procurador del Común, en torno al cual –como saben- formulé mi pregunta oral en el último Pleno, dirigida a la Consejería de Educación, la cual, efectivamente, reconoció la existencia de centros gueto en Castilla y León. Es decir, que estamos hablando de un problema que, efectivamente, es real y que, por lo tanto, merece una respuesta. Eso fue reconocido primero por el Procurador del Común y después por la Consejería, la cual, por cierto, la dirige un consejero que sabe bastante de la materia, porque, precisamente, es buen conocedor de la situación, ¿no?

Por lo tanto, la política que tenemos que afrontar es, evidentemente, una política insuficiente y, por lo tanto, es una política que tiene que continuarse. Planteamos también que tiene que haber programas de formación y empleo, empresas de inserción, favorecer el éxito en la inserción laboral, programas de apoyo a la normalización, desarrollo y regularización del comercio ambulante, para asegurar el mantenimiento del medio de vida de muchas familias gitanas, y, por supuesto, programas de erradicación del chabolismo y de la rehabilitación de infraviviendas y entornos urbanos degradados, ¿no? Son algunas de las medidas que hay que asumir con urgencia.

Y, por lo tanto, a nosotros nos parece razonable que se avance en las materias que se plantean en esta proposición no de ley, y nuestro voto va a ser, sin duda alguna, favorable.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don José Ignacio Delgado.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señora presidenta. Desde luego, la población gitana –como bien sabemos todos-, pues es un... uno de los colectivos... –si no el mayor- digamos, como etnia propia que vive con nosotros desde hace muchos siglos, y... vamos que son tan castellano y leoneses como los demás, y, por supuesto, tan españoles. Esa idiosincrasia hace que vivan como... de una manera muy peculiar y que... en fin, todos en nuestros municipios y en nuestra vida diaria, pues vemos esas particularidades.

Es evidente que hay una... digamos, una discriminación negativa, en este caso, hacia ese colectivo, por diferentes motivos: muchas veces son culturales, muchas veces son de la propia manera de... de vivir y de ser, de sus costumbres, etcétera, etcétera, pero que es... es lógico, y es nuestro deber, como sociedad en general, que esa integración tenemos que hacerla entre todos. Los que a veces hemos tenido cargos públicos, y, lógicamente, también hemos tenido ese colectivo, pues contratado, etcétera, etcétera, en nuestros quehaceres diarios, pues hemos visto y hemos comprobado pues esa –digamos- singularidad, a veces un poco especial, y que cuesta, ¿no?, que cuesta que... en fin, que vivamos... convivan en las mismas circunstancias, con las mismas características –por decirlo suave- que los demás.

Yo siempre... desde Ciudadanos somos partidarios que todo el mundo tenga los mismos derechos –eso es por supuesto-, pero sí también me gustaría hacer una reflexión, a que todos también tenemos que tener los mismos deberes. Y me refiero porque a veces este tipo de colectivos, pues pueden... en fin, a veces dejar de... a un lado... a veces dejar de un lado, pues, en fin, todos los derechos... sobre todo... me refiero sobre todo a los de la mujer, etcétera, que a veces confundimos por... por cuestiones culturales... y creo que nos estamos entendiendo. Es decir, aquí todos tenemos que cumplir lo mismo para tener los mismos derechos y oportunidades.

Es verdad que el hecho es el que es, y esos guetos están ahí. Los que somos de la zona de Aranda de Duero, pues ahí tenemos, por ejemplo, un famoso... –me imagino que en Miranda, en cualquier población pasa lo mismo- el famoso Orfeón Arandino, por ejemplo allí, que es un... en fin, un gueto; es un gueto así de viviendas que no hay manera a veces de solucionarlo, pues por diferentes motivos, pero que, lógicamente, aparte que nosotros tenemos que hacer todo lo posible como Junta de Castilla y León y como parlamentarios que estamos aquí, también es verdad que ese Consejo... -en fin- Regional de Gitanos, etcétera, etcétera, todos también se tienen que comprometer día a día a que esto funcione, porque si no llega un momento en que tal... que... que cuesta, ¿no?

Simplemente, hay que apoyar este tipo de... de medidas. Lo vamos a hacer, pero también hay que dejar claro que la continuidad, digamos... mejor dicho, la vigilancia de estas normativas, de estos apoyos y de todo es un... es una manera de todos... –en este caso de la Junta de Castilla y León- es decir, no solo se trata de predicar, sino se trata también de hacer un seguimiento exhaustivo, ante todo y sobre todo, donde todos los derechos de todo el mundo se cumplan, y... en fin, y mantengamos esto.

Desde luego, la crisis es general para todos, no solamente para el colectivo gitano. Ahora mismo se ha ampliado... se ha ampliado para... para otras etnias que acaban de llegar ahora mismo, por la emigración, desde hace muchísimos años de la Comunidad Europea, y lo dice uno que ha... que tiene en su municipio el 25 % de la población... por ejemplo, en mi municipio es búlgara.

En fin, digo porque estamos solapando yo creo que unas etnias con otras, en el sentido de que la inmigración actual, las migraciones que tenemos, pues estamos haciendo una realidad que es la que es. Es decir, y yo recuerdo cuando era pequeño, en un municipio pequeño había dos o tres familias gitanas –ahora ya no están- y, sin embargo, sí que tenemos estas poblaciones. Es así, la realidad es la que es y tal.

Mi trabajo específico, por ejemplo, aunque digo también que es otro tipo de realidad, donde uno trabaja, pues lógicamente, hay colectivos que se están solapando por otros por aquello de... de las nuevas migraciones que tenemos en la actualidad.

Bueno, simplemente que vamos a apoyar a este colectivo, pero sí que haciendo un llamamiento a la responsabilidad de todos, a que desde Ciudadanos, desde luego, no hay que consentir que haya ningún tipo de discriminación y nos parece bien este tipo de medidas. Pero vuelvo a decir que seamos consecuentes, ¿eh?, que está muy bien sobre el papel, pero luego hay que seguirlo, hacerlo y hacer cumplir la ley a todo el mundo, y, desde luego, dar la oportunidad... y, sobre todo, pues me refiero a la infancia, a la gente desfavorecida de estos colectivos, que es lo primordial y lo más importante. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora doña Virginia Jiménez.

LA SEÑORA JIMÉNEZ CAMPANO:

Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, manifestar que el Partido Socialista va a apoyar la proposición no de ley presentada por el Grupo Podemos.

Según los datos más recientes, la comunidad gitana está formada por unas 750.000 personas en España y cerca de 27.000 viven en Castilla y León, siendo nuestra región la quinta Comunidad por población de esta etnia después de Andalucía, Madrid, Valencia y Cataluña; y la mayoría de los gitanos se concentran en Valladolid, que es la quinta provincia con más Comunidad gitana en España, seguida de Burgos, Salamanca y León, e importantes núcleos en municipios como Aranda, Medina del Campo o Peñafiel.

Forman parte de un porcentaje importante de nuestra población que se ve afectada por un estigma de marginación y discriminación, marcada por una imagen social estereotipada y cargada de prejuicios y que afecta a sus derechos fundamentales, como la vivienda, la educación y el empleo, principalmente.

Tres de cada cuatro personas gitanas se encuentran en situación de exclusión social; el 54 % de ellas en exclusión severa, lo que supone cinco veces más que el resto de la sociedad.

El abandono escolar temprano de la juventud gitana, que se sitúa en torno al 64 %, dificulta gravemente la posterior incorporación al mercado laboral, y es necesario garantizar la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, dando apoyo y refuerzo educativo a quienes más lo necesiten, así como a sus familias sobre el valor de los estudios y la necesidad de la implicación a lo largo del proceso de escolarización de sus hijos e hijas. No podemos olvidarnos que gran parte de ese porcentaje son mujeres, viéndose más marcada la situación de vulnavera... vulnerabilidad -perdón-.

Otro dato preocupante es que un 4 % de las familias gitanas siguen viviendo en chabolas y en entornos segregados, situación que se ha visto incrementada por la crisis, produciéndose una segregación a este tipo de vivienda... una regresión a este tipo de vivienda, por la dificultad de hacer frente a pagos de hipotecas, alquileres, gastos de suministro, etcétera. Por lo tanto, se ven expuestos a vivir en condiciones precarias, y que urge dar una solución de carácter integral. Debemos erradicar el chabolismo y la segregación residencial a través de planes de acceso a una vivienda digna y en el que se contemplen medidas de acompañamiento social, y así poder garantizar los derechos fundamentales de las personas.

Se trata de una etnia invisible y discriminada, siendo la que más sufre el aumento de la brecha de la desigualdad. La comunidad gitana sigue siendo uno de los grupos más rechazados y peor valorados socialmente. Ante esta alarmante situación de desventaja social, es imprescindible tomar medidas específicas que garanticen la inclusión social de estas personas y así poderles garantizar unas mejoras de vida. Por lo tanto, nos vemos obligados a mejorar su nivel de instrucción, formación y educación, el acceso al mercado laboral, y, en definitiva, su calidad de vida. Es nuestra obligación promover la igualdad y la lucha contra la discriminación de esta parte de la población.

Como he dicho al principio de mi intervención, nuestro grupo va a apoyar la proposición no de ley presentada por Podemos, por sentido común y por... por sensibilidad hacia estos hombres y mujeres. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de... perdón, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don José Manuel Santiago.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO:

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, yo he estudiado con -les aseguro- muchísima atención el tenor de esta proposición no de ley, que me parece muy ambiciosa, muy amplia, y voy a intentar, con máximo respeto, poner lo que yo considero que son las cosas en sus justos términos.

Empezaré por el principio. Y el principio, que debe ser entendido, porque ya lo entienden así casi todas las Comunidades Autónomas, es que después del Estado de las Autonomías que nos dotamos en la Constitución todos los españoles, los Gobiernos autonómicos tienen amplias competencias en áreas clave para la inclusión social de los grupos más desfavorecidos, y tienen competencias en educación, en la sanidad, en los servicios sociales. Pues bien, el desarrollo de ese estado del bienestar en todas partes, en todas partes, ha apostado, a lo largo de estos años, en propiciar la universalización de los sistemas educativos y sanitarios, y de las pensiones no contributivas, y de la aparición de sistemas de protección al desempleo, y de la instauración y consolidación de un sistema público de servicios sociales, incluyendo sistemas de renta e ingresos mínimos, y las políticas de vivienda social, y un largo etcétera.

Y en todo esto podemos afirmar, sin faltar a la verdad -y tendrán que estar de acuerdo-, que todo esto tiene un impacto positivo extraordinario sobre las condiciones de vida de muchas personas gitanas, porque no hay discriminación en todas estas líneas respecto a los gitanos, y si usted puede señalar alguna, dígamelo. Aquí no se saca una línea de ayudas que digan "gitanos no". De esta forma -créanme, porque, si no, no vamos a avanzar-, por el mero hecho de encontrarse situaciones de desventaja social, no hay en todo estos programas del estado del bienestar ninguna discriminación.

¿Cuál es entonces el camino? Pues este carácter inclusivo que tuvieron las políticas sociales de carácter general dirigidas a toda la población española se ha venido complementando -y así debe ser, y así está siendo en Castilla y León, y ahí podemos entendernos con todo lo que sus señorías han dicho- con medidas específicamente dirigidas a aquellas personas gitanas que tenían más dificultades para acceder a los servicios universales por su situación de desventaja o exclusión social. Y estoy de acuerdo en materias como educación, totalmente de acuerdo; pero no en otras. Y eso -y no voy a decir mucho más-, esto que les digo, es lo que la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020, que es el documento más vigente y el más actualizado, viene a decir.

Es decir, por resumir: la dinámica que se ha traído todos estos años con el estado del bienestar ha contribuido a la consecución de algunos logros muy significativos respecto al pueblo gitano, pero son insuficientes, y quedan grandes desafíos pendientes. ¿Y cuál es el modo de operar que vamos a proponerles, que viene siendo habitual en todas las Comunidades Autónomas y en todos los países de Europa? Pues el modelo es el enfoque que se ha ido conformando, está inspirado por el equilibrio y complemento entre políticas sociales inclusivas -todas estas, todas estas del estado del bienestar, las que he citado-, complementadas, eso sí, con programas específicos para la población gitana allá donde sean necesarios. Eso sería un planteamiento yo creo que muy correcto.

De tal forma que en la PNL que me propone su señoría, yo tengo que -inmediatamente, porque si no el tiempo me va a comer- decirle que no vamos a admitir, fundamentalmente, de sus cinco puntos, los primeros, por razones obvias.

El primero, presentar ante las Cortes un proyecto de ley de igualdad de trato y no discriminación. No existe una legislación nacional en ninguna parte, en ninguna Comunidad Autónoma, si ya... no hay precedentes. ¿Por qué? Porque está la Constitución, porque la igualdad la marca la Constitución; porque aunque esta sala por unanimidad dijera que hay un solo derecho que tenga un gitano de Zamora que no va a tener el resto de España, sería nulo de pleno derecho; porque no podemos soñar con lo que no es, porque tenemos que hacer parlamentarismo real. La Constitución es tan clara que evita la discriminación sin necesidad. Y, además, en este sentido, se lo digo, garantiza los derechos sociales efectivos que garantizan la libertad y la autonomía de las personas al máximo nivel. Y al haber una Constitución en España, en consecuencia, se establece, así mismo, que toda la legislación vigente, toda la que aprobemos, debe llevar un mecanismo efectivo de aplicación que garantice la viabilidad del derecho de igualdad de trato y no discriminación en su triple dimensión: la autonomía, la inclusión activa y la igualdad. Lo tenemos por la Constitución, y no podemos hacer una ley en esta Comunidad; y, si la hiciéramos, no añadiríamos mucho, y, en cualquier caso, sería la primera de toda España. No hay ninguna. ¿No les lleva a reflexión que no la haya en ninguna parte? Pues es para reflexionar.

El segundo punto y el tercero es duplicar los órganos que ya existen a nivel nacional. Me llevaría mucho tiempo despejar el por qué parece que es una forma de... de duplicidad, pero, por avanzar deprisa, ya existe a nivel nacional un Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la No Discriminación de las Personas de Origen Racial, y, asimismo, existe un órgano nacional, que es el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, un órgano colegiado interministerial, consultivo y asesor, que está adscrito al Ministerio de Sanidad. Bueno, en ambos pertenece, o participa claramente la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y además de forma muy determinante, y todas las Comunidades Autónomas. Entonces, en la propia composición del Consejo nacional da cabida, por tanto, a todas las Administraciones públicas de ámbito estatal, autonómico y local, y por eso los nuevos organismos serían crear duplicidades.

La Ley 16/2010, de Servicios Sociales de Castilla y León, que es nuestro referente en materia de igualdad, crea una serie de principios que son, a mi juicio, los que podrían incorporar esa ley que ustedes pedían: la universalidad, la igualdad efectiva, la solidaridad, la prevención, el respeto. No se puede añadir más. Si está dicho en la ley para todo en general, no vamos a hacer una solo para los gitanos, piénsenlo. ¿O está fuera de la Ley de Servicios Sociales los gitanos, respecto a sus derechos sociales? No lo están. Por tanto, yo creo que es... teniendo el máximo respeto, sería añadir, no iríamos sino en contra de un sentido común evidente.

Y, además, esta ley establece como órgano colegiado de carácter asesor en materia de servicios sociales adscrito a la Consejería competente un órgano, que se ha desarrollado por el Decreto 10/2015, que es el Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, y el Consejo de Coordinación Interadministrativa del Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León. Ambos órganos, que no son específicos a los gitanos, incorporan, claramente, como... sistema de participación. En resumen, en el ámbito de los servicios sociales, nuestra Comunidad Autónoma dispone de suficientes canales representativos para hacer efectivas medidas que garanticen la igualdad de trato y la no discriminación. Ya existen.

Pero yo quiero llegar -lo mismo le digo respecto al Consejo Gitano- a los dos últimos puntos: "Establecer un reglamento que desarrolle la citada ley -dicen, señorías-, en el que se incluya un plan de inclusión social para la población gitana". Aquí, y en el punto siguiente, es donde yo sí me he detenido, porque, si el marco de referencia es nuestra Ley de Servicios Sociales -y lo voy a mantener-, y fue aprobada, y sirve para la participación de los colectivos gitanos y para su no discriminación, la Estrategia Nacional para la Inclusión Social -que es esta, que es la que está vigente en toda España, y que viene de las directivas europeas, que no le voy a repetir porque son muy largas, y que es la que debemos continuar- ha sido concebida como una oportunidad para reforzar y profundizar las líneas de trabajo que ya se vienen realizando en las Comunidades Autónomas y las medidas que han venido dando resultados muy positivos en las últimas décadas. Y, de esta forma, yo creo que los objetivos de esa estrategia nacional coinciden directamente con los instrumentos y políticas que la Junta de Castilla y León está llevando a cabo en materia educativa, en materia de salud, en materia de empleo y en materia de vivienda. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Junta de Castilla y León -y fíjense bien- apoya, como casi todas las Comunidades, el enfoque integrado de la estrategia nacional para hacer frente a las múltiples causas de exclusión social; integrado y no sectorial en casi todas partes, en casi toda Europa. Lo cual supone que subyace que las causas de exclusión social que subyace en la población gitana no cuentan con un plan regional para la inclusión de la población gitana porque consideramos ineficiente la planificación sectorial para los gitanos, para los tal... y apostamos por unas políticas genéricas más inclusivas; lo cual no empece, lo cual no quiere decir que, si no elaboramos un plan específico, no conlleve esto –y menos en Castilla y León- la falta de medidas compensatorias, que siguen –y seguimos- aprobando para apoyar programas específicos dirigidos a la población gitana, contribuyendo a conseguir los objetivos recogidos en la estrategia nacional.

Ejemplos de estos para evitar esa exclusión social son muchos; la planificación sectorial en el ámbito de los servicios sociales está en desuso, señorías, en toda Europa, y no ha demostrado mejores resultados que las medidas de inclusión basadas en dar una respuesta rápida y adaptada a las necesidades y problemáticas asociadas a todas las familias, a todas las personas que la demandan. Pero, si no vamos a abordar... a hacer un abordaje sectorial de los servicios sociales, sí que vamos a ser conscientes y compartir con todas sus señorías de que algunas personas, por el hecho de presentar ciertas características –por su edad, por su etnia, por su sexo, procedencia de origen, etcétera, ahora porque sea emigrante-, se encuentran en una situación mayor de vulnerabilidad y personas... y por esto que desde la Gerencia de Servicios Sociales se lleva a cabo medidas compensatorias específicas y se sigue apoyando programas específicos dirigidos a dar respuesta a las necesidades específicas de las distintas etnias.

Y, en este sentido, como así va a seguir siendo, le propongo, además, de que... se han puesto en marcha el Plan Autonómico de Inserción Sociolaboral, que establece en el punto 1 que va dirigido, entre otros colectivos, a las minorías étnicas, y contempla medidas específicas para la población gitana –como actuaciones formativas para la población, etcétera-, medidas específicas sí, sí, pero no duplicidad de órganos, no una ley –que es demasiado-, y por eso yo les propondría, señorías, una enmienda de sustitución muy interesante: las Cortes de Castilla y León debíamos instar a la Junta de Castilla y León a abordar, en la elaboración del Plan Autonómico de Servicios Sociales –que tienen que hacerle-, previsto en la Ley de Servicios Sociales y comprometido por el Gobierno autonómico para esta legislatura... –no pone qué plazo, lo dijo en el Discurso de Investidura- digo, propongo, que en ese Plan Autonómico de Servicios Sociales, previsto en la Ley de Servicios Sociales y comprometido por el Gobierno autonómico para esta legislatura, se prevea la situación y necesidades de las etnias y razas que conviven en Castilla y León, y además, asimismo, se insta a la Junta de Castilla y León a que, en la Sección de Servicios Sociales de responsabilidad pública en el Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León –que ya existe-, se incluya en el orden del día próximo, inmediato –no pongo más-, los asuntos a tratar sobre la problemática y necesidades específicas de este colectivo gitano.

Tratamiento específico sí, pero no debe ir en contra de una política inclusiva general, que en el estado del bienestar social está afectando por igual a todos los sectores. Es decir, política inclusiva, como hasta ahora, y un reforzamiento de políticas específicas a través de...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Señoría, tiene que ir terminando.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO:

... este plan, que necesariamente no han de hacerse mediante normas con rango de ley. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

¿Necesita un receso? ¿No? Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resurrección... de la resolución –perdón- que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la señora doña Laura Domínguez.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Sí. Gracias. Bueno, lo primero dar las gracias al Grupo Socialista, al Grupo Mixto y al Grupo de Ciudadanos. Solo voy a decir, con respecto a la intervención del portavoz de Ciudadanos, que, punto uno, se habla siempre de inclusión y no de integración, porque eso es lo que luego, a largo plazo, puede generar guetos; y, en segundo lugar, que parece que es una integración, pero un poquito, que se apela antes a los deberes que a los derechos y... y con una carga de sospecha, desde los estereotipos, que precisamente es lo que quiere combatir esta PNL. Por lo tanto, su intervención me deja, cuanto menos, atónita.

Y, sobre todo, lo que me ha planteado el portavoz del... del Partido Popular. En primer lugar, sobre la duplicación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y de la posibilidad del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas: el Consejo Estatal del Pueblo Gitano está a nivel nacional y está ya en Cataluña, País Vasco, Extremadura y Castilla-La Mancha; evidentemente, hay duplicidad, porque las Comunidades Autónomas la estructura que tienen se trata de eso; hay una Dirección General de la Mujer a nivel nacional, hay otra a nivel autonómico, y no creo que entre en... en perjuicio el que existan ambos órganos a la vez; y, en segundo lugar, la creación de estos consejos no son reivindicaciones mías, sino que son reivindicaciones de las propias asociaciones gitanas y de otros colectivos en riesgo de exclusión por razón étnica.

Y, luego, una cosa que... que, de verdad, creo que tiene bastante que ver con lo que piensa el Partido Popular que es combatir las desigualdades, y se lo digo con todo el respeto; pero pensar que combatir las desigualdades significa que todos estamos en el mismo escalón y que, por lo tanto, hay que tratar a todas las personas por igual, le dirá cualquier persona que se dedique a los servicios sociales que eso no es combatir las desigualdades, eso simplemente es ayudar de la misma manera a personas que están... no están en la misma situación de partida; y esto es como un escalón: si hay una persona que está en el primer escalón y otra que está en el décimo escalón, evidentemente, la que está en el primero seguramente necesite mucha más ayuda para subir hasta arriba; y usted lo que me ha planteado es que no hay una diferenciación entre colectivo gitano y otro tipo de colectivos en riesgo de exclusión social; y eso no es la mejor manera de abordar los servicios sociales ni de abordar las desigualdades que existen en esta Comunidad Autónoma y en todo el país gracias a sus políticas.

En cuanto a blindarse en que la Constitución garantiza la no discriminación. Pues, efectivamente, la Constitución garantiza la no discriminación, pero, como ustedes modifican la Constitución, como cosas como la modificación del Artículo 135, a su libre albedrío, lo que suele suceder es que la Constitución normalmente no blinda suficientemente los derechos de las personas.

En cuanto a lo que refería de que no pueda existir una ley expresa, es que no es una ley expresa para la comunidad gitana, es una ley expresamente para la no discriminación por razón de etnia y trato, algo que en la Directiva a la que usted se ha referido –la Directiva Europea 2000/43- está establecido que se adapte de alguna manera la legislación de los países y la legislación también –en este caso- de las Comunidades Autónomas, puesto que, como usted ha dicho, las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que usted me diga que eso, en todo caso, sería a nivel nacional. Y a nivel nacional no existe porque ustedes la vetaron, el Partido Popular la vetó cuando se llevó al Congreso de los Diputados, y por eso no existe una ley contra la... contra la discriminación.

Y, por último, se ha referido todo el rato al Plan de Inclusión nacional. Me parece estupendo, porque es que no lo cumplen en ninguno de los... de los tramos. No sé si usted se lo ha leído. Yo, cuando hice esta proposición no de ley, me lo leí, y lo que sugiere es que todo lo que se dice en ese... en ese plan de inclusión no lo están cumpliendo en esta Comunidad Autónoma. Y le voy a poner un ejemplo a tenor de lo que he dicho al principio sobre cómo se tratan las desigualdades en esta Comunidad. Porque me he referido a la Red de Protección de Familias y, por ejemplo, me puedo referir específicamente a la Renta Garantizada de Ciudadanía: no pueden tratar de igual manera a una mujer gitana joven, que, evidentemente, no tiene la misma problemática que un hombre desempleado de cuarenta y cinco años; y ese es el problema de que ustedes traten todas las desigualdades por igual; y no se puede apelar a la Ley de Servicios Sociales y a decir que es la Ley de Servicios Sociales la que blinda que eso se haga así, porque eso es mentira, y, como bien le digo, cualquier persona que se dedique a los servicios sociales sabe esto.

Y el texto, por supuesto, queda como... como está, porque yo les insto a que hagan una PNL con esto, porque, la verdad, está muy bien que... que digan que la Junta de Castilla y León tiene que seguir trabajando en el Plan de Inclusión, porque, como les he dicho, no lo cumplen. Eso es todo.

Votación PNL/000437

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación esta proposición no de ley.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Dieciocho votos emitidos. Nueve votos a favor, nueve votos en contra. Producido el empate, se procede, de conformidad con lo establecido en el Artículo 92 del Reglamento de la Cámara, a someter a una nueva votación esta iniciativa.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Habiéndose producido un segundo empate, procedemos a... a someter a votación, por tercera y última vez, esta proposición no de ley.

¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Habiéndose mantenido el empate tras las tres votaciones previstas, según el Artículo 92 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, esta Presidencia procederá a comunicárselo así a la... a la excelentísima señora presidenta de la Cámara a los efectos previstos en el apartado 3 de ese precepto reglamentario.

Por la señora secretaria dará lectura al tercer punto del orden del día.

PNL/000495

LA SECRETARIA (SEÑORA JIMÉNEZ CAMPANO):

Proposición No de Ley número 495, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del señor Sarrión Andaluz, instando a la Junta de Castilla y León a llevar a cabo diversas medidas para la igualdad de género, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 101, de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra don José Sarrión Andaluz, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Muchas gracias. Bueno, pues el objetivo de esta proposición no de ley, que registramos además cerca de la fecha del ocho de marzo, ocho de marzo, que es una fecha yo creo que interesante acerca de lo que ha sucedido en la evolución cultural e ideológica de este país, porque el ocho de marzo hace años se decía que era... y muchos lo seguimos diciendo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y, poco a poco, hemos ido contemplando cómo con los años se ha pasado a hablar del Día de la Mujer en abstracto, en general; cosa que a nosotros no nos molesta porque nos parezca mal que la mujer tenga un día –que, por supuesto, nos parece extraordinario que lo tenga-, sino porque el objeto del ocho de marzo era precisamente destacar los problemas de carácter social y laboral de las mujeres, ¿no?, los problemas concretamente sociales y laborales del género femenino, los cuales, evidentemente, no agotan la totalidad de los problemas de este género, pero sí que es un elenco de problemas que son determinantes y que tienen una importante influencia en todos los demás. Por eso, nosotros formulamos una proposición que lo que pretende es crear un debate y revisar las políticas de igualdad en torno a la cuestión especialmente relacionada con la igualdad de oportunidades.

Dice un viejo lema feminista -que tiene más actualidad que nunca- que la crisis tiene nombre de mujer. Parece que, efectivamente, si uno contempla los datos de paro y los datos de precariedad laboral en nuestro país parece bastante claro que, efectivamente, es la mujer la que, desgraciadamente, sufre las consecuencias de la catástrofe social y económica en la que estamos viviendo, lo cual, como todos sabemos, tiene una influencia muy importante en todos los demás aspectos de la problemática de género, puesto que los problemas sociolaborales tienen influencia también en el ámbito familiar, en el ámbito de la dependencia, en el ámbito de la violencia de género y con un largo etcétera.

Así, por ejemplo, observamos cómo de manera sistemática hay más mujeres en situación de desempleo que los hombres. En el último trimestre de dos mil quince el desempleo de las mujeres superaba en 5 puntos a la de los hombres en Castilla y León. Vemos cómo la mayoría de las mujeres trabajadoras lo son desgraciadamente a tiempo parcial en la Unión Europea: estamos hablando de un 32,2 %. Esta jornada laboral es desarrollada en nuestro país por un 75,21 % por mujeres. La utilización de este tipo de contrato –como saben- es sinónimo de una baja remuneración, de menor salarización y, por lo tanto, precariedad de las condiciones laborales. En Castilla y León, en el año dos mil once, había un 23 % de mujeres ocupadas a tiempo parcial, que se disparó hasta un 29 % en el último trimestre del año dos mil quince.

Es decir, la crisis ha golpeado una contundencia absolutamente extraordinaria a las mujeres de nuestra Comunidad, y, por lo tanto, creemos que hay que plantear un debate público con mucha claridad en torno a este rango de problemas concretos. Cuando vemos casos como la enorme desalarización de las mujeres, el caso de mujeres que, realizando el mismo trabajo que los hombres –es decir, la conocida como "brecha salarial"-, se encuentra en un 16,4 % en la Unión Europea, en un 24 % en España y en un 25,45 % en Castilla y León -es decir, por encima de la media nacional, y no digamos ya de la media europea-, o cuando vemos que los trabajos de cuidados familiares esencialmente recaen sobre mujeres, ¿no?, el 90 % de los hogares con dependientes, adultos o niños están sustentados por mujeres y, por lo tanto, esto conduce a una situación que, ciertamente, merece una discusión y un debate públicos.

Por eso nosotros planteamos, en el ámbito nacional, medidas como una legislación laboral que regule el trabajo decente, que asegure o que persiga la no discriminación de las mujeres en el puesto de trabajo y en el acceso al mismo; y por eso, en este ámbito autonómico, lo que planteamos es una proposición no de ley instando a realizar un plan de igualdad que se adapte a las circunstancias sociales derivadas de la crisis económica, es decir, a esta situación que acabo de señalar, que acabamos de describir, ante la cual creemos que es necesario actualizar el Plan de Igualdad de Oportunidades y Violencia de Género para atender con especial claridad a la situación de grave discriminación social que estamos contemplando en nuestro mercado laboral y en nuestra sociedad.

Por eso lo que planteamos es que se realice un plan de igualdad de oportunidades efectivo y realista por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, así como también para el desarrollo en la propia política de personal los concursos y los contratos administrativos de la Junta de Castilla y León, que es la primera que tiene que fomentarlo. Y no estoy pensando solamente en la política de personal de la Junta –tanto personal laboral como funcionario-, que no es la que esencialmente nos preocupa, sino que estamos pensando esencialmente en las políticas de contratos administrativos o de concursos, que es en la cual tenemos una capacidad de intervención como Administración autonómica muy potente; al igual que podemos fomentar que se realice también en el ámbito municipal, a través de herramientas como las cláusulas sociales en la contratación, en las licitaciones, etcétera, para que se realicen con una perspectiva de género.

Planteamos también políticas de formación y de fomento de la contratación y la iniciativa económica de las mujeres, la aplicación de la conveniencia de género, o mainstreaming de género, en toda la actividad pública de la Administración de la Junta de Castilla y León, y la aplicación de la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local, de dos mil seis, para promoción transversal de la igualdad en su política de urbanismo, vivienda, educación, servicios sociales, seguridad, empleo y sanidad.

Este es el planteamiento. Sí que quiero decir que estoy abierto al diálogo y a consensuar un texto para que podamos sacar esta iniciativa con... adelante, y, por lo tanto, este es el planteamiento. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don José Ignacio Delgado.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Lo primero agradecer. Gracias, señor presidente... señora presidenta. Agradecer al compañero eso, que tienes un... de consensuar una... que eso a mí siempre... al ciudadano le gusta mucho, porque, vamos, en este país que parece que aquí estamos siempre enfrentados por las comas y por lo puntos...

Mira, mi compañera de... de Podemos, pues nada, vamos a tener mucha... especial inclusión o integración, o tal, pero vamos que usted sabe dónde yo trabajo, en un colectivo especialmente problemático, como son las prisiones, que yo soy funcionario. Y, vamos, creo que uno sabe... o quiere dar a entender lo que uno quiere decir, y creo que nos hemos entendido todos. Yo creo que a veces no hay que quedarse tanto en... en el adorno, sino en el fondo de las cuestiones y de las cosas. Y lo más... y lo más principal creo que todos tenemos que mirar es que los derechos... –y nos entendemos- los derechos de todos no se conculquen nunca, y en eso creo que me está entendiendo. Nunca. Luego, otra cosa son las cuestiones, digamos, identitarias... en fin... o étnicas, o como quiera usted llamarlo, pero ante todo y sobre todo lo primero es lo primero, y son los derechos de las mujeres, que ahora... por eso lo digo, sobre todo... –y creo que lo estamos entendiendo- y de los niños, y, sobre todo, en la infancia.

Vamos, este tipo de... de leyes o de proposiciones yo sinceramente espero que algún día nunca existan, y creo que nos estamos entendiendo, porque, vamos, los que somos relativamente jóvenes –o así nos... nos creemos-, pues ya lo tenemos más que superado, ¿verdad?, lo de la igualdad.

Pero vamos, por ir al grano -yo que hablo bastante bien el castellano; creo que se me entiende-: yo creo que la Junta de Castilla y León, efectivamente, tiene que hacer una política realista y eficaz para... contra esta discriminación que suele existir, y existe -y hay que reconocerlo-, sobre todo salarial y de derechos de la mujer; está... -lo ha dicho el compañero- es decir, cuando se hace concursos, cuando se hacen adjudicaciones de obras, cuando se dan cualquier tipo de subvención, no se puede consentir que una empresa se sepa que la mujer cobra menos que el hombre; no se puede ni se debe de consentir. Es más, hay que denunciarlo todos, y más los ayuntamientos, y, por supuesto, la propia Junta de Castilla y León -que ya lo sabemos que no existe; solo faltaba que la Administración pública conculcara ese derecho-. Pero lo que está claro que sí que tenemos que ser especialmente vigilantes las Administraciones públicas para... exacto, no dar ningún tipo de contrato, ni... ni de obra, ni de concurso a empresas o a empresarios que, de alguna u otra manera, puedan conculcar los derechos de las mujeres.

Es decir... especialmente, es verdad, la realidad es la que es, y es contumaz, y los... y estoy de acuerdo con nuestro compañero de Izquierda Unida que los cuidados familiares recaen familiarmen... mayoritariamente sobre las mujeres, y no sé si el 90 % -iba a decir- o casi el 100 %. En fin, es una realidad que es la que es, y eso sí que por muchas veces que aboguemos por la igualdad... en fin, deja mucho que... que llegar.

Y, desde luego, es así. Es decir, la violencia de género, ahí estamos –yo creo que este año ya vamos por dieciséis o diecisiete asesinatos ya-, es lamentable y hay que intentar que de una vez por todas esto desaparezca. Pero bueno, mientras tanto, yo creo que todas las Administraciones tenemos que apoyar este tipo de proposiciones y este tipo de iniciativas para que de una vez por todas desaparezcan. Y Ciudadanos, por supuesto, va a apoyar esta proposición. Y, si haya que consensuar, vamos, yo creo que, de una vez por todas, lo que sí que esto tiene que ser, por unanimidad, sea el texto el que sea el definitivo, pero yo creo que este tipo de iniciativas hay que hacerlas así. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña María Josefa Rodríguez.

LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Muchas gracias. Bueno. Las propuestas que plantea el Grupo Mixto son efectivamente necesarias, y llamar a las cosas por su nombre también es necesario. Que la Consejería se llame de Familia e Igualdad de Oportunidades, Familia y Mujer, ya nos está colocando en un sitio: en casa y al cuidado de la familia. En la página web de la Consejería, entre las medidas para la conciliación familiar, nos encontramos con deducciones fiscales en las que echamos en falta, como en el resto de las medidas de conciliación, el reconocimiento de que la mayor parte de las veces somos las mujeres las que nos vemos obligadas a conciliar, como nos vemos obligadas a cuidar, encontrándonos con muchos obstáculos, por ello, para la igualdad.

Desde luego, los mecanismos para que se superen las desigualdades por motivos de género o de diversidad sexual hasta ahora habilitados están muy alejados de la realidad cotidiana de la población. No afrontamos la realidad, y las medidas, por tanto, no están bien dirigidas y son insuficientes. Conocemos el Programa IO Empresas, un servicio de asesoramiento y apoyo técnico para empresas que lo requieran para la elaboración, implantación y desarrollo de medidas y planes de igualdad. Estaría bien saber si funciona y cuántas empresas se han interesado por el servicio.

De la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local extraemos que "Integrar la dimensión del género en todas las actividades de los Gobiernos locales y regionales es necesario para que avance la igualdad de mujeres y hombres. La dimensión del género tiene que ser tenida en cuenta en la elaboración de las políticas y también en los métodos e instrumentos que afectan nuestra vida cotidiana". Aquí no se está haciendo, a pesar de que se puede encontrar en la página web de la Junta toda la normativa general, estatal y autonómica en materia de informes de impacto de género.

La incorporación de la perspectiva de género es importantísima en todas las políticas, pero sobre todo en la elaboración y el análisis de los Presupuestos. Entre las disposiciones generales de la Consejería de Hacienda se encuentra la Orden de Hacienda 653 de dos mil catorce, de dieciocho de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León; y dice en su Artículo 18: "A efectos de la elaboración del informe al que se refiere la Ley 1/2011, de uno de marzo, la evaluación del impacto de género en Castilla y León, la Comisión Funcional del Presupuesto determinará tanto los programas de gasto respecto de los cuales se elaborará dicho informe, como los términos en que se concrete el contenido del mismo. Las secciones presupuestarias, conforme a lo dispuesto anteriormente, remitirán en tiempo a la Dirección General de Presupuestos y Estadística un informe analizando el impacto de género de sus respectivos programas de gasto. Dichos informes constituirán la base para la formulación del informe de impacto de género que acompañará al Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León". No se hizo.

En el debate de Presupuestos le hicimos notar a la Consejera que las evaluaciones de impacto de género no cumplen con el protocolo aprobado por la Junta y que la evaluación en la Ley de Medidas Tributarias era inexistente. En su lugar, nos encontramos con una insólita conclusión, asegurando que la Ley de Medidas Tributarias es neutra al género. Esta conclusión –ya lo protestamos en su momento- nos pareció y nos sigue pareciendo inaceptable, teniendo en cuenta la brecha salarial, la temporalidad y la parcialidad involuntarias, el subempleo que nos afecta sobre todo a las mujeres, que a menores ingresos resultamos menos o nada favorecidas de la bajada del IRPF.

La necesidad de las evaluaciones que cumplan con el protocolo de análisis de impacto de género es vital para crear una estrategia de género transversal para todas las leyes aprobadas por las Cortes. Tan importante como realizar un Plan de Igualdad efectivo y realista por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, efectivamente, es que se cumplan la legislación y normativa vigentes.

Definitivamente –y esto sí que es transversal-, el Ejecutivo en nuestra Comunidad es muy deficiente. Apoyaremos –y no podía ser de otra forma- la propuesta del Grupo Mixto.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora María José Díaz-Caneja.

LA SEÑORA DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, adelanto que nuestro grupo también va a aprobar esta propuesta, porque es cierto que la igualdad entre hombres y mujeres continúa siendo un reto en nuestro país y en el resto de Europa, tanto en el desempeño de los cuidados y las tareas domésticas como en el acceso al mercado laboral y en las condiciones laborales y retributivas.

Según María Ángeles Durán, que es la principal investigadora en la materia, por cada 100 horas de empleo se necesitan 127 horas para mantener nuestro estado de bienestar, que no son pagadas, horas gratuitas, que en su inmensa mayoría (el 80 %) son realizadas por las mujeres. Todo este trabajo gratuito es imprescindible para el mantenimiento de nuestra sociedad, pero condiciona a las mujeres en la esfera del empleo remunerado.

La mayor precarización del empleo femenino respecto del masculino no solo se manifiesta por la desigualdad retributiva, también lo constata una menor tasa de actividad, una menor tasa de ocupación y una tasa de paro más elevada. La OIT, en su último informe mundial sobre salarios, muestra que también hay desigualdad entre las propias mujeres en función de que tengan o no hijos. En España se penaliza salarialmente tener hijos (una media del 5 %); además, cuantos más hijos tengan, menos sueldo perciben. Con los hombres ocurre todo lo contrario. Es decir, los cuidados continúan siendo realizados casi en exclusiva por las mujeres, y además ese trabajo gratuito las penaliza en el mercado laboral.

Es urgente remover todos los obstáculos que sitúan a las mujeres en una peor situación en el mercado del trabajo. En este sentido, cabe señalar que la asunción en exclusiva de responsabilidades familiares es determinante de la mayor precarización del empleo femenino frente al masculino y su gran diferencia salarial. La mayor demanda de participación en el mercado laboral de las mujeres no puede realizarse a costa de su extenuación. La conciliación parece seguir siendo un asunto exclusivo de mujeres y actúa situándolas en peores condiciones laborales debido a su hipotética menor disposición en el mercado de trabajo.

Necesitamos que las mujeres se incorporen en pie de igualdad con los hombres al mercado de trabajo; lo necesitamos por justicia y también por eficiencia económica. Ningún país puede ser eficiente si desaprovecha el talento y la capacidad productiva de más de la mitad de su población. No habrá empresas competitivas sin igualdad ni país eficiente sin la incorporación a la economía del trabajo de la mujer.

Sin embargo, para avanzar en la eliminación de la brecha salarial en el ámbito europeo solo contamos con la Directiva Europea de dos mil seis, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. A partir de esa fecha, se han elaborado comunicaciones y resoluciones en la materia que no son de carácter obligatorio para los Estados miembros.

El verdadero debate político para alcanzar la igualdad es recolocar la economía en una dimensión completa y real, una dimensión que integre empleo remunerado y trabajo no remunerado. La clave está en negociar un nuevo pacto de género, porque la expectativa de las mujeres no es seguir aguantando todo ese trabajo de forma gratuita y en solitario mientras sufren mayoritariamente el desempleo y la precariedad laboral.

No obstante, y mientras este debate no se produzca, somos conscientes de que desarrollar políticas de igualdad que ayuden a la conciliación tiene un impacto profundo en la igualdad de género, en el reparto equitativo de las cargas domésticas, en la economía y en la calidad de la sociedad, y por ello vamos a apoyar esta propuesta.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don Emilio Cabadas.

EL SEÑOR CABADAS CIFUENTES:

Sí. Gracias, señora presidenta. Señorías, es cierto; es cierto que es en el ámbito laboral, evidentemente, donde se manifiestan muchas de las desigualdades que afectan hoy a la mujer, ya sea en el acceso al empleo, en el salario que percibe o en las posibilidades de ascenso y promoción.

Propiciar la igualdad de género en la empresa no solo responde a un principio elemental de justicia y equidad social, sino que aporta innegables beneficios en el mundo, en la empresa, en el ámbito laboral, tal y como señalan diversos informes y estudios.

La igualdad de género es importante para el desarrollo, al ser parte de la denominada economía inteligente: no hay desarrollo sin igualdad. En estos momentos de dificultad, la sociedad y la propia economía no puede desperdiciar la formación y el talento –como bien se ha dicho aquí- de la mitad de la población.

Según el informe de la CEOE de octubre de dos mil quince, la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa es mucho más que una cuestión ética, es una cuestión estratégica, un factor de competitividad empresarial, pues a las empresas que comprenden su importancia les va mejor. La patronal instó por primera vez, y de forma muy clara y decidida, a que las empresas apliquen políticas de igualdad, políticas que, como el mismo informe recoge, necesitan un impulso público.

En este ámbito de empleo femenino y de la empresa son también importantes todas las medidas que permitan –y aquí se ha dicho- a la mujer conciliar su vida laboral y profesional con su vida familiar y personal.

En concreto, en Castilla y León contamos con las siguientes medidas –voy a hacer una pequeña enumeración-:

Una amplia red de centros infantiles: 825 centros infantiles con 34.389 plazas, de las que más de 4.000 se han creado desde dos mil once, para niños de cero a tres años. Castilla y León cuenta con una cobertura del 61,7 %, 11 puntos más que en dos mil once, y casi duplica la cobertura recomendada por la Unión Europea del 33 %.

El Programa Crecemos, para niños y niñas de cero a tres años y núcleos de menos de 5.000 habitantes en los que la demanda sea inferior a quince plazas y no cuente con guardería privada. Contamos con 231 centros y 3.234 plazas para niños de cero a tres años en los pueblos incluidos en este Programa Crecemos.

Además, 6.500 niños y niñas son atendidos en verano, Semana Santa y Navidad, a través del Programa Conciliamos. Contamos además con el Programa Madrugadores y Tardes en el Cole, implantado en 297 centros educativos, además de numerosos beneficios fiscales y de apoyo a las familias.

Además existe el compromiso por parte de la Junta de Castilla y León de elaborar un proyecto de ley del sistema de conciliación familiar, personal y laboral de Castilla y León. Dicho proyecto de ley va dirigido especialmente a dar respuesta a las necesidades de conciliación de las familias, que incluirá un conjunto integrado de medidas para hacer efectiva la conciliación personal, laboral y familiar de hombres y mujeres. Sus objetivos serán sensibilizar en materia de conciliación y corresponsabilidad, promover la conciliación en empresas y Administraciones y potenciar los servicios de apoyo.

Por otra parte, estamos totalmente de acuerdo en que los trabajos de cuidados familiares recaen mayoritariamente sobre las mujeres. Por este motivo, la Junta de Castilla y León está priorizando en el sistema a la dependencia las prestaciones profesionales sobre las de cuidados en el entorno familiar.

La Junta de Castilla y León ha venido apostando desde hace años por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en esta Comunidad, tanto en la aplicación de sus propias políticas sectoriales como promocionando y fomentando su efectividad en los diversos sectores, como el empresarial y el laboral. Con el fin de potenciar las políticas de igualdad en todos los ámbitos, se están elaborando ya, tal y como prevé la Ley 1/2011, de uno de marzo, de Evaluación del Impacto de Género en Castilla y León, los correspondientes informes de impacto de género en todos los anteproyectos de ley, proyecto de disposiciones administrativas de carácter general, así como en determinados planes de especial relevancia económica y social.

Con estos informes se valora, desde la perspectiva de género, aspectos de especial trascendencia, como concretar la posición inicial en la que se encuentran las mujeres y los hombres en el ámbito concreto específico que pretende regular la norma o plan, valorar las situaciones de desigualdad detectadas en el ámbito sobre el que va a actuar, y, en su caso, la incorporación de medidas de acción positiva que eviten un impacto negativo de género en la actuación que se pretenda.

Por otra parte, el instrumento clave que orienta la acción de los poderes públicos para la consecución de la igualdad efectiva entre las mujeres y hombres de Castilla y León es el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia de Género de Castilla y León 2013-2018. Este plan establece como uno de los principios rectores del mismo la transversalidad desde la perspectiva de género en todas las áreas de intervención. Esto supone, en definitiva, que todos los organismos de la Administración autonómica se impliquen en que el principio de igualdad se aplique en todos los ámbitos de la gestión política, económica y social. Cada año se realiza una evaluación del grado de ejecución de dicho plan. El seguimiento y la evaluación del plan tendrán por objeto medir su cumplimiento y sus resultados, detectar y solventar los eventuales obstáculos surgidos en su ejecución y determinar su impacto en la sociedad castellana y leonesa.

Por otra parte, en estos momentos la Consejería de Presidencia está trabajando en un plan de igualdad para los empleados públicos de la Junta de Castilla y León y en la incorporación de otros aspectos sociales en la contratación pública, como es tener en cuenta la integración en la perspectiva de género como criterio de adjudicación cuando se incrementen las ventajas comparativas de las ofertas.

Recientemente, se ha puesto en marcha el Plan de Igualdad y Conciliación en el Empleo, fruto del acuerdo que en el marco del diálogo social se firmó el veintisiete de enero de dos mil dieciséis entre el presidente de la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales (Cecale, UGT y Comisiones Obreras), dentro de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional y Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020.

El principal objetivo de este plan es la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso, permanencia y promoción en el trabajo, prestando especial atención a sectores y mujeres con mayor dificultad de inserción. A este fin, y para el año dos mil dieciséis, se destina 1.090.000 euros, que permitirán adoptar medidas como la realización de campañas de sensibilización, fomento del ascenso profesional de la mujer trabajadora, fomento de inserción laboral, potenciación en las empresas, prevención del acoso, apoyo a la reducción de jornada, fomento de contratación de agentes de igualdad por entidades locales de más de 20.000 habitantes, cofinanciados entre la Junta de Castilla y León y las entidades locales.

Ya se han puesto en marcha algunas medidas, como el Programa IO Empresas –igualdad de oportunidades en empresas-, una iniciativa de la Consejería de Familia que por segundo año consecutivo integra un paquete de servicios y ayudas a las empresas y entidades de la Comunidad para la implantación de medidas en materia de igualdad. Este programa cuenta con un presupuesto de 1.400.000 euros y será a desarrollar en seis años. El programa se estructura en diversas áreas con los siguientes resultados en... en la primera convocatoria: asesoramiento para la implantación de medidas de igualdad en la empresa o entidad, se ha dado respuesta a 693 consultas formuladas desde 94 empresas y entidades de Castilla y León; información y sensibilización, se ha creado una página web a tal efecto, se han realizado en todas las provincias de Castilla y León sesiones informativas –en concreto once sesiones informativas y de sensibilización-; formación a empresas, se ha dado o impartido formación especializada a 292 personas de 28 empresas y entidades; líneas de ayudas a empresas y entidades para impulsar la igualdad real entre trabajadores y trabajadoras. En el año dos mil quince fueron 88 empresas y entidades con un total de 6.100 trabajadores y trabajadoras. El pasado ocho de marzo se publicó la segunda convocatoria de ayudas, con un presupuesto de 240.000 euros, con el objeto de continuar implantando medidas y actuaciones concretas en materia de igualdad.

Es preciso poner de manifiesto también que desde la Junta se ha potenciado la colaboración y la participación de los agentes sociales y empresariales mayoritarios de Castilla y León. De esta manera se potencia la figura de los agentes de igualdad, para que promuevan acciones positivas en igualdad de oportunidades. El apoyo de los agentes sociales (Cecale, UGT y Comisiones Obreras) ha permitido la contratación de 69 agentes de igualdad desde el año dos mil once. En el año dos mil quince estos fondos han permitido la contratación de 13 agentes de igualdad. En el año dos mil dieciséis se incrementarán casi hasta doblar la cuantía de dichos fondos.

Fruto de esta colaboración y del papel de los agentes sociales, se han obtenido planes de igualdad y se han implantado –perdón- planes de igualdad en 30 empresas de la Comunidad, se han propiciado la adopción de 143 medidas, se han asesorado a más de 200 empresas y se han negociado 168 convenios colectivos para incorporar medidas de igualdad.

En definitiva, todas estas actuaciones que acabamos de enunciar dan cumplimiento a lo establecido en la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local, de dos mil seis. Tal y como establece esta norma, los Gobiernos locales y regionales deben elaborar planes y programas de acción en materia de igualdad con los medios y los recursos, tanto financieros como humanos, necesarios para su aplicación. De esta manera, han sido plasmados y desarrollados aplicándolos a la realidad social y económica de nuestra Comunidad a través de las medidas anteriormente expuestas. Pero es cierto que es necesario seguir avanzando en esta materia, con el compromiso de toda la sociedad, junto con el hecho de que en el presente año la Unión Europea aprobará un nuevo marco normativo en materia de igualdad.

Y teniendo también en cuenta su disposición para alcanzar un acuerdo en esta materia, proponemos, para su consideración y aprobación, la siguiente enmienda al respecto: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a revisar el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia de Género en Castilla y León 2013-2018 antes de que termine el año dos mil dieciséis, con objeto de adaptar su contenido al contexto económico y social del presente año, así como al nuevo marco normativo que resulte de la futura estrategia para la igualdad de la Unión Europe... para la igualdad de la Unión Europea –sí, perdón-, cuya aprobación está prevista este mismo año". Nada más.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Señoría, ¿desea un receso? [Murmullos]. Dos minutos.

[Se suspende la sesión durante unos minutos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

¿Ya? ¿Sí? Pues, para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la... de la resolución que propone, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don José Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Nada, sencillísimo. Aquí, en este tipo de enmiendas, siempre se... siempre se encuentra uno ante dos alternativas: una es mantener la propuesta en la que uno está convencido que es la correcta, y otra es asumir, evidentemente, un texto un poco rebajado, pero que al menos permita avanzar mínimamente.

A mí lo que, lógicamente, me parecería razonable es aprobar desde ya medidas como las que he definido en mi intervención, relacionadas como... con las cláusulas sociales para la contratación, ¿no?, que es la que tímidamente y de manera muy genérica enunciamos en el punto dos, así como cuestiones como la conveniencia de género. Sin embargo, yo creo que lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a aceptar la... la enmienda para, por lo menos, abrir el debate, que es el objetivo principal de la proposición, plantear a lo largo de este año... a mí me parece razonable que nos marquemos como plazo durante este año ser capaces de adaptar el plan para la nueva realidad socioeconómica, que es lo que motiva nuestra proposición, puesto que, a pesar de todas las intervenciones que ha definido el... muy bien don Emilio, el problema es que, evidentemente, el resultado de las mismas no ha sido productivo. No sé si porque las políticas puedan ser más o menos criticables o porque el contexto ha ido ciertamente a peor –me imagino que la posición del Gobierno será la segunda y la mía se acercará más a la primera-, pero lo cierto es que es evidente que es necesaria una adaptación, porque el contexto económico, efectivamente, así lo exige.

Y lo cierto es que las políticas de género, a día de hoy, lo que han generado de manera inmediata han sido políticas nominales, muy interesantes desde el punto de vista de su texto, de su intencionalidad y de su idea, pero que su efecto sobre la realidad laboral es el que es, es el que es, porque los datos han ido a peor –evidentemente, no como consecuencia de las políticas, solo faltaría-, pero lo cierto es que las políticas han sido incapaces de frenar la situación que tenemos; no solo eso, sino que la situación ha ido a peor, ¿no? Lo cual significa que hay que hacer una transformación muy importante, que hay que hacer una transformación radical y que hay que ir mucho más allá del instar, del potenciar, del facilitar, del informar, y que tenemos que ir a medidas bastante contundentes, ¿no?

A mí me parece que es interesante abrir un debate en torno a esta cuestión y, por lo tanto, revisar el plan. Entiendo que se podrá hacer de manera participativa por los grupos parlamentarios y que se nos permitirá acceder a esa discusión, y que se pasará por el Gobierno Abierto –entiendo- para que por lo menos podamos fijar nuestra posición; y, por lo tanto, el hecho de que se revise ya nos parece algo interesante.

Desde luego, como sospechamos que por ahora esa revisión no va a ser de nuestro agrado, lo que anunciamos desde este momento es que damos nuestra... damos nuestra flexibilidad, aceptando esta enmienda, para que se revise y, por lo tanto, que se pueda iniciar un debate sobre la necesaria adaptación de este plan a la realidad socioeconómica actual –la cual, además, es reconocido por el Grupo Popular al plantear esta enmienda-, y lo que planteamos es que estaremos presentes y estaremos participando activamente en esa revisión, y estaremos proponiendo a lo largo de este año para ser capaces de diseñar un plan capaz de afrontar el problema que tenemos por delante. Ya pongo por adelantado que las propuestas que yo he formulado inicialmente en mi proposición formarán parte de nuestra propuesta de revisión de dicho plan.

Por ahora, aceptar el texto para que se pueda iniciar ese debate, para que podamos iniciar por lo menos la revisión. Y, por mi parte, nada más.

Votación PNL/000495

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Con lo cual ¿el texto es completamente íntegro como la enmienda que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular? ¿Sí? Pues, habiéndose... bueno, una vez que se ha debatido y se ha fijado el texto definitivo, creo que, por asentimiento, ¿podríamos dar aprobada esta proposición? ¿Sí? Sí. Pues está.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Cuarto punto del orden del día. Por la señora secretaria se dará lectura del cuarto punto del orden del día.

PNL/000551

LA SECRETARIA (SEÑORA JIMÉNEZ CAMPANO):

Proposición No de Ley número 551, presentada por los procuradores doña Ana María Muñoz de la Peña González, doña María Josefa Díaz-Caneja Fernández, don Álvaro Lora Cumplido, don Jesús Guerrero Arroyo y doña Virginia Jiménez Campano, instando a la Junta de Castilla y León a elaborar un Decreto de estructura orgánica de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que unifique su estructura y todos los órganos, direcciones y áreas dependientes de la Consejería, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 111, de siete de abril de dos mil dieciséis.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Tiene la palabra la señora Ana María Muñoz.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, presidente. Esta tarde vamos a... hemos hablado de categorías profesionales, hemos hablado de discriminación por cuestiones de etnia o de género, y ahora vamos a hablar de dar una estructura a quien se ocupa, se encarga, de gestionar todas... o de paliar o poner los medios para paliar todas estas discriminaciones de las que esta tarde hemos hablado aquí.

Al inicio de cada legislatura, obviamente, una vez constituidas las Cortes de Castilla y León, aún el que es candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León se somete a la confianza de las Cortes. Una vez otorgada la confianza de las Cortes, el que ya deja de ser candidato -es directamente presidente de la Junta de Castilla y León, evidentemente- conformará el Gobierno de la Junta y se ocupará de dirigir sus acciones y coordinar a sus miembros; nombrará a los vicepresidentes o a los consejeros que estime oportuno y lo comunicará a las Cortes. Evidentemente, se emite y se aprueba el decreto, en este caso, en el caso de Castilla y León y para esta legislatura, el Decreto 2/2015, de siete de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el cual se procede a la reestructuración de Consejerías y recoge la actual estructura básica y orgánica que tenemos en la Comunidad Autónoma; es decir, determina cuántas Consejerías existen, establece y fija la organización departamental de la Administración y la distribución de competencias que tendrá cada uno de ellos en términos, evidentemente, generales. Cada uno de los vicepresidentes o vicepresidentas o consejos propuestos, o los consejeros propuestos tomarán posesión y, acto seguido, procederán a conformar su propia Consejería, así como la Vicepresidencia, a conformar, por lo tanto, su propio proyecto y estructura; esto es, establecerán lo que es la Secretaría General –por cierto, única obligatoria dentro del organigrama-, determinarán en cuántas Direcciones Generales se subdividirá la... cada Consejería para coordinar y dirigir los servicios administrativos que dependan de cada uno de ellos; si van a contar o no con viceconsejeros o con viceconsejeras; incluso pueden existir diversos organismos autónomos y empresas públicas dependientes de cada una de las Consejerías, que también hay que estructurar. Es decir, determinará que se articule cómo va a ser la articulación de cada una de las Consejerías, cómo se articularán cada uno de sus servicios administrativos, por qué sí unos y no otros; y se conformarán las Direcciones Generales, por qué se conforman unas Direcciones Generales y no otras. Esto es en términos generales lo que es el procedimiento, la estructura y el procedimiento general.

Pues bien, la Ley 3 del año dos mil uno, de tres de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el Artículo 37 establece que los órganos directivos centrales... hace referencia a la estructura y composición de los órganos directivos centrales. En el apartado 1 dice que cada órgano desarrollará sus competencias con una Secretaría General –por tanto, en todo caso siempre es preceptiva o, en este caso, obligatoria- y Direcciones Generales –sin establecer ni determinar cuántas, cuáles, ni de qué manera-. Además, y de manera potestativa, podrán existir o no Viceconsejerías. Por tanto, obligatoriamente: Secretaría General y Direcciones Generales, sin establecer el número, ni cuántas, ni el objeto al que se dedicarán.

El apartado 2 de la ley referida dice textualmente: "Los decretos de estructura orgánica determinarán las competencias de los distintos órganos directivos centrales, y las correspondientes órdenes de desarrollo delimitarán las funciones de los órganos y unidades administrativas en que se organicen, con sujeción a las directrices que, en su caso, pueda establecer la Consejería competente en materia de función pública". Además, el Artículo 45 hace referencia a la creación, modificación o supresión, estableciendo también el mecanismo de todo el proceso.

De esta manera, en esta legislatura, el Decreto 3 del dos mil quince, del siete... de siete de julio, atribuye determinadas funciones a la vicepresidenta, ajustándonos a este Artículo 23 de la Ley de Gobierno y Administración. El Decreto 4 del dos mil diecisiete... perdón, de dos mil quince, de diecisiete de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León, crea y regula las Viceconsejerías.

De igual forma, el Boletín número 142 del año dos mil quince, de veinticuatro de julio –o sea, apenas el mismo mes en el que se toma posesión-, publica los decretos estableciendo las estructuras orgánicas de las siguientes Consejerías: en el caso de la Consejería de Presidencia es el Decreto 40; en el caso de la Consejería de Economía y Hacienda, el Decreto 41; la Consejería de Empleo, el Decreto 42; la de Fomento y Medio Ambiente, el Decreto 43; la de Agricultura y Ganadería, el Decreto 44; la de Educación, el Decreto 45; y la de Cultura y Turismo, el Decreto 46. Por tanto, no se aprobó con posterioridad, ni se hizo en julio ni se ha hecho hasta ahora, el decreto que establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en su conjunto.

Sí es verdad que se mantienen diferentes decretos de organización y estructura orgánica, que no me resisto a dejar de enumerar. En primer lugar, por ejemplo, respecto a la Secretaría General, el Decreto 33 del año dos mil catorce, que establece la estructura orgánica de la Secretaría General, pero solo de la Secretaría General; la Dirección General de la Mujer y el Comisionado Regional para la Droga lo regula el Decreto 34 del año dos mil catorce, que modificó el Decreto 2 del año noventa y ocho; el Decreto 41 del año dos mil once modificó también otra vez el Decreto de hace dieciocho años, el Decreto de mil novecientos noventa y ocho, que aprobó, este... este Decreto de hace dieciocho años lo que aprobó fue el Reglamento General de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, y estableció una nueva estructura, hace dieciocho años, de lo que era la Gerencia, y constituyó, en aquel momento, una Dirección General de Familia y Políticas Sociales que sustituye a la Dirección General de Política Social y Atención a la Dependencia, asumiendo las atribuciones de esta última y de la Dirección General de Familia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades; el Instituto de la Juventud se regula por el Decreto 81 del año dos mil trece, que también modificó el Decreto 37 del año dos mil once. O sea, un batiburrillo impresionante solo que se... que se puede resolver solo y exclusivamente con la aprobación de un único decreto al inicio de legislatura, estableciendo lo que es la estructura orgánica de la propia Consejería.

Por tanto, cuatro decretos de organización: uno de hace dieciocho años, con dos modificaciones posteriores –tres, como veremos más adelante-; otro decreto del año dos mil trece, que también modifica otro decreto del año... de hace dieciocho años; otro decreto del año dos mil catorce. En fin.

Ahora, respecto a la Gerencia de Servicios Sociales, el Decreto 41 del dos mil once modifica de nuevo el Decreto del año mil novecientos noventa y ocho, y... que aprobó el reglamento de la Gerencia, y establece una nueva estructura de la Gerencia reordenando los servicios existentes en diferentes Direcciones Técnicas, con objeto de optimizar y mejorar la gestión de los servicios sociales de Castilla y León. Posteriormente, el Decreto 34 del año dos mil catorce también vuelve a modificar de nuevo el decreto de hace dieciocho años y aprueba el Reglamento General de la Gerencia de Servicios Sociales.

Esto, al final, lo que es es un batiburrillo de normas, de decretos, solo para establecer una estructura de organización y de funcionamiento, de división de lo que es la Consejería, una Consejería, por cierto, ni más ni menos complicadas que pueden ser otras; más o menos la misma... en la misma línea, en la misma estructura. Una dispersión normativa en la... en la estructura orgánica de la Consejería que, desde luego, para nada es recomendable -en ningún caso es recomendable ni aconsejable-, y que solo puede dar lugar a confusión y a inseguridad jurídica, y, desde luego, refleja un desorden que no se corresponde con la Consejería de la que nos estamos ocupando hoy.

Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de resolución: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a elaborar y aprobar un decreto de estructura orgánica de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que unifique su estructura y todos los órganos, direcciones y áreas dependientes de la Consejería".

Esperando contar con el respaldo y con el apoyo de todos los grupos políticos, y dado que, evidentemente, es una necesidad práctica y rápida que en un momento determinado hay que abordar y que creo que se debería haber hecho ya, no se ha hecho, pero que hay que hacer de manera yo creo que ya inmediata. Por el momento, presidente, nada más. Gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Sí. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor Sarrión, José Sarrión.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bueno, pues muchísima brevedad, porque nosotros estamos completamente de acuerdo con la argumentación que motiva la proposición. Estamos de acuerdo en que, efectivamente, esta... esta Consejería precisa de una reestructuración y de una reordenación, y, efectivamente, somos críticos con la forma de organización de esta Consejería, y que creemos que podría ser una estructura mucho más interesante y mucho mejor formada.

Estamos de acuerdo en que hay una confusión, pero el problema es que una cosa es definir el problema y otra cuestión es el ver qué tipo de solución se le va a dar. Es decir, coincidimos completamente con el Grupo Socialista en que hay que plantear una revisión, pero la cuestión es que casi casi tendría que esperar a escuchar cuál es la propuesta que va a hacer el Grupo Popular, que, al final, casi que es la que va a determinar el sentido de mi voto, más –diría yo- que la del proponente, en el supuesto de que el Grupo Popular formule una propuesta y en el supuesto de que el proponente la aceptara, ¿no?, evidentemente.

Yo creo que el sentido del voto no tengo capacidad de decidirlo en ausencia de conocer si va a haber algún tipo de concreción en torno... en torno a esta propuesta de resolución, porque, en sí mismo, la unificación de estructura, órganos, direcciones y áreas de la Consejería se puede plantear de una manera o se puede plantear de otra, ¿no? Sí estamos completamente de acuerdo con el carácter caótico de la misma y sí que creemos que tendría que elaborarse una propuesta alternativa para dicha Consejería, pero sí que vamos a esperar a ver si, como resultado del debate, hay algún tipo de concreción o algún tipo de apuesta concreta por el tipo de organización que se podría plantear aquí.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Sí. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor José Ignacio Delgado.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señor presidente. Bueno, desde Ciudadanos, la verdad es que, en fin, tanto decreto para arriba y tanto decreto para abajo, estamos un poco así... a estas horas ya... Está claro y es evidente que esto hay que estructurarlo bien.

Por lo que nos hemos informado... -y, lógicamente, comparto con mi compañero anterior- por lo que nos hemos informado, el Partido Popular parece ser que tiene ya previsto una reestructuración, en fin, de todas estas cuestiones que estamos diciendo, de órganos, direcciones, etcétera, que es verdad que hace mucho tiempo que... Pero, vamos, por eso también vamos a esperar a ver lo que nos explica el Partido Popular, que, al final y al cabo, es el que... el que gobierna.

Y, lógicamente, eso sí, que nos gustaría, pues en fin, llegar a un acuerdo y a ver si hay una... vamos, unanimidad en este sentido de ponernos de acuerdo de que, efectivamente, esta... esta Consejería, pues hay que estructurarla como Dios manda. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Sí. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña Laura Domínguez.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Gracias. Bueno, comparto un poco la reflexión que ha hecho el portavoz del... del Grupo Mixto. Esta Consejería a nuestro grupo parlamentario siempre nos ha resultado preocupante desde su propia nomenclatura -antes mi compañera se ha referido también a ello-: el término "familia" ya no responde a la realidad social. El otro día debatimos aquí sobre los hogares monoparentales, pero podríamos referirnos a los hogares de una única persona –hombre o mujer-, a las parejas homosexuales o a otros realidades sociales con las que muchos colectivos no se ven reflejadas en el término "familia", que está dotado de un contenido que no es ampliable a las estructuras múltiples de los hogares actuales. Esto es algo que han denunciado asociaciones de mujeres, de hogares monoparentales, etcétera, y pueden ustedes buscar en la RAE el concepto de familia, y verán como no se puede llamar a la Consejería que lleva –entre otras muchas cosas- los servicios sociales "familia", porque eso implica que muchas personas no estarían dentro de los servicios sociales.

Y no solo eso; ámbitos como la igualdad de género se tratan en esta Consejería bajo la denominación "igualdad de oportunidades", como si la igualdad –y me remito a mi intervención anterior- fuera susceptible de tratarse en un compartimento estanco y como si la igualdad entre sexos, producto de la exclusión social, económica, por razón racial, etcétera, fuese todo uno. Si han escuchado mi anterior intervención sobre discriminación racial y étnica, tal vez hayan entendido lo de las desigualdades acumuladas.

La dispersión es tal que la PNL que hemos tratado en el primer punto, que era una propuesta sobre funcionariado público, se ha tratado aquí como un asunto de servicios sociales.

Esta Consejería es el "mezcle y agítese" que nos da como resultado la confusión a la que se refiere el Partido Socialista en su propuesta. Por tanto, empezamos mal hasta por el nombre.

Los cambios relatados en esta PNL ponen de manifiesto que no saben qué hacer con esta Consejería. Parece evidente que el núcleo duro son los servicios sociales, pero ahí está luego juventud, con tercera edad, con diversidad funcional, con igualdad de género, en un totum revolutum ingobernable.

Los cambios a los que se han aludido no parecen presentar un plan concreto. De ahí que el decreto al que se ha aludido, Decreto 2/2015, de siete de julio, del presidente de la Junta de Castilla y León de reestructuración de Consejerías, manifiesta que el resto de Consejerías –entre las que se encuentra esta- enumeradas en el Artículo 1.1 de este decreto ejercerán las competencias hasta ahora atribuidas y mantendrán la adscripción de las entidades de la Administración institucional actual.

Es decir, lo que está vigente son los decretos anteriores, que ha enumerado la portavoz del Partido Socialista, y que han ido modificando a parches cada una de las partes de la Consejería: Dirección General de la Mujer, por un lado; Comisionado de la Droga, por otro; Gerencia de Servicios Sociales, por otro. Hay un problema de muchos decretos y poca concreción, y por eso entiendo que se pide la unificación.

Entonces, comparto los antecedentes en los que se basa el Partido Socialista para presentar esta propuesta, pero el problema es que quiero algo más específico, porque, quizá, el decreto que salga del Partido Popular no lo compartamos desde nuestro grupo parlamentario. Quisiera en la siguiente exposición, si el Partido Socialista tiene una propuesta, en qué se basaría esta reestructuración, porque, aunque entiendo que la propuesta es instar a que se haga ese decreto, me preocupa el contenido. Y le pongo el ejemplo de la igualdad de género, que es lo que a mí más me ocupa: nuestro grupo parlamentario tiene una PNL registrada que sugiere la reestructuración de este ámbito en la Junta de Castilla y León, sacándolo de esta Consejería. En su propuesta hablan de unificar la estructura, órganos y direcciones, pero esa unificación, ¿bajo qué criterio se va a realizar y qué lugar ocuparía cada una de las direcciones, áreas inferiores? E insisto en que no nos vale cualquier reestructuración de la Consejería.

Quiero decir que comparto el hecho de que se necesita una estructura uniforme y unificada. Me preocupa el contenido. Por tanto, me voy a quedar a la espera de las intervenciones que pueda haber, pues quizá no voy a compartir los criterios y contenidos a seguir para hacer que esta Consejería funcione desde un punto de vista más puesto en la realidad social, en ejes transversales de funcionamiento, en criterios de mejora de los servicios sociales y en la separación del tratamiento de las desigualdades desde la diferencia, y salvando la exclusión mediante trabajo interconsejerías. Hace falta más de todo eso y menos en los despachos y las direcciones de una Consejería que no tiene rumbo ni criterio.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña María Ángeles García.

LA SEÑORA GARCÍA HERRERO:

Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, vamos a ver si nos centramos; nos dejamos de definiciones, e incluso de hablar de otras Consejerías. Estamos aquí en la Consejería... en la Comisión de... de Familia e Igualdad de Oportunidades. Creo que lo que pase en... en la definición de cualquier diccionario lo podemos solucionar y solventar, que es el camino que nosotros podemos marcar dentro de esta Consejería, que somos cómplices del camino a seguir dentro de esta Consejería. También le digo: esta PNL habla de estructura, no habla de definiciones. Y vamos a ver si nos centramos y nos aclaramos un poco.

Esta Consejería forma parte de la estructura de la Administración General de la Comunidad –hasta ahí claro- y tiene un organismo autónomo adscrito, que es la Gerencia de Servicios Sociales. Al ser un organismo autónomo tiene personalidad jurídica propia, y esto es lo que motiva que tanto la Consejería como la Gerencia de Servicios Sociales tenga una estructura orgánica propia y diferenciada.

Decir que la estructura de la Consejería, en su versión vigente, viene regulada por el Decreto 33/2014, de treinta y uno de julio, y la estructura de la Gerencia se recoge en el Decreto 2/1998, del ocho de enero. Dos decretos.

En esta Consejería, por el devenir de la vida, aparecen nuevas prestaciones en el ámbito de los servicios sociales como: promoción de la autonomía personal y atención a las personas mayores en situación de dependencia; la Renta Garantizada de Ciudadanía; aparece la Ley 16/2010; aparece la transversalidad del principio de igualdad de género –Artículo 14 del Estatuto de Autonomía-; resultando ser la Gerencia el órgano más adecuado para estas actuaciones, por lo que la Junta de Castilla y León está preocupada e intenta velar por los ciudadanos, que es lo que realmente es importante.

La vida, las preocupaciones han ido cambiando, como hemos visto con los ejemplos que he puesto, y esta Consejería se ha ido adaptando a estos cambios, y así que la Gerencia de Servicios Sociales puede garantizar la igualdad de oportunidades a todos los castellanos y leoneses. Vemos claro que la asistencia social debe de tener su organigrama –puesto que es un organismo integrador- de las prestaciones del sistema de servicios sociales de Castilla y León.

Los principales cambios han consistido en la asunción de determinadas competencias que correspondían a la Consejería por la Gerencia de Servicios Sociales, para poder hacer una gestión integrada en materia de servicios sociales más eficiente y eficaz.

Todo esto se ha efectuado con diversas modificaciones en los dos únicos decretos: el decreto que aprueba la estructura orgánica de la Consejería, cuyo texto –como he dicho antes- está vigente, el Decreto 33/2014, del treinta y uno de julio, que no ha sido modificado en esta legislatura, porque sigue, continúa siendo la misma estructura, como ocurre en otras Consejerías que no se han modificado sus estructuras; y el Decreto 2/1998, del ocho de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Gerencia de Servicios Sociales.

Todos estos cambios –quiero que se quede claro- no han dado lugar a... en ningún caso a supuestas confusiones ni inseguridad jurídica. Tampoco se puede afirmar que se mantengan diferentes normas de organización y funcionamiento, salvo de las que exige una distinta naturaleza por personalidad jurídica.

Es cierto que la búsqueda de un texto normativo único de la estructura orgánica de la Consejería o de la Gerencia de Servicios Sociales puede resultar no muy sencillo, aunque –repito- se mantiene en vigor únicamente dos... dos decretos. Por lo que quiero destacar una cosa bastante importante –que supongo que es por lo que han comentado algunas de sus señorías y están un poco a la espera-, y es que actualmente se está tramitando un proyecto de decreto sobre el desarrollo de las estructuras orgánicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que sentará las bases para poder desarrollar las estructuras orgánicas del desarrollo de estos dos decretos de los que estamos hablando, y cuya publicación está prevista a lo largo de este año, y entendemos que clarificará y dará mayor visibilidad a la organización de las que estamos hablando, de esta estructura.

Por lo que... vamos a ver, si llegamos a una Comisión intentando llegar a acuerdos, intentando llegar a un entendimiento, puesto que se está trabajando en ello, a un nivel de la Administración de la Comunidad, nosotros proponemos el siguiente texto: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a elaborar en el plazo máximo de un mes un texto consolidado del Decreto 2/1998, por el que se aprueba el Reglamento General de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, que incorpore las modificaciones efectuadas en dicha norma, con el fin de mejorar su conocimiento. Así mismo, se insta a la Junta de Castilla y León a facilitar su acceso a través de la página web de la Junta de Castilla y León para que cuente con la mayor y mejor difusión posible".

Espero que... que lo tengan en cuenta, espero que lo valoren y sin nada más. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Sí. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que... que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, doña Ana María Muñoz de la Peña. ¿Sí? [Murmullos]. No me compliquen mucho. ¿Quién pide un receso? ¿Un receso? ¿Un receso de cuánto, de...? Pues un receso de dos minutos.

[Se suspende la sesión durante unos minutos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Bueno. Pues, terminado el receso y, como dije, para cerrar el... el debate y fijar el texto... Sí, por favor. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, doña Ana María Muñoz de la Peña.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, presidente. Vamos a ver si somos capaces o soy capaz de explicarme de forma que puedan entenderme y, una vez así, entenderán que el razonamiento es absolutamente lógico. No planteamos una revisión, porque lo que... porque no se puede revisar lo que no existe; no hay un decreto de estructuración orgánica de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades; como no lo hay, no se puede revisar. Por tanto, lo que planteamos es la creación de este decreto de estructura. ¿Que hay que hacer las cosas como Dios manda? Efectivamente, esto es lo que estamos planteando, que se hagan las cosas como Dios manda, como lo han hecho el resto de las Consejerías: la Consejería de Presidencia tiene el Decreto 40, de su propia estructura orgánica, de la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, que aprobó al inicio de legislatura –en este caso, el veinticuatro de julio del dos mil quince-, como en el dos mil once aprobó el de la legislatura del dos mil once, como así, sucesivamente, legislatura tras legislatura; igual lo tiene Economía y Hacienda, que es el Decreto 41; igual le tiene Empleo, que es el Decreto 42; e igual le tiene la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que es el Decreto 43; Agricultura, que es el 44; Educación es el 45; Cultura y Turismo, el 46.

¿Qué supone este decreto de organización y de estructura de la Consejería? Pues lo que hace es que determina los órganos directivos centrales que va a tener, esto es, cuántas Direcciones Generales va a tener; en nuestro caso ya las tenemos, porque la Consejería está funcionando, pero está funcionando sin el organigrama que le dice cómo debe de funcionar. Tenemos la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, la Dirección General de la Mujer, el Comisionado Regional para la Droga, el Instituto de la Juventud, la Gerencia de Servicios Sociales y la Secretaría General. Pues muy bien, hay un decreto al inicio de legislatura que se tiene que aprobar, que establece esta estructura orgánica, y que diga que esto es lo que tenemos y las competencias que va a tener cada uno de ellos; porque, por orden de cada Dirección General, después organizaré estructuras, su... se estructurará su propia Dirección General. Por tanto, esto es lo que hay.

En defecto de que no exista, ¿a qué nos amparamos? Pues nos amparamos al Decreto de Presidencia, al que aprueba Herrera, que dice cómo quiere configurar su Gobierno de la Junta; es decir, determina: quiero una Consejería de Hacienda; ahora, además, quiero unir la Consejería de Economía con la Consejería de Hacienda, y esta legislatura unifica Hacienda con Economía, como la legislatura pasada unificó Fomento con Medio Ambiente, perfectamente. Claro, ahí sí aparece la Consejería de Familia –como aparecen todas-, pero luego se necesita el decreto específico de la Consejería de Familia para aprobar su propia estructura a inicio de legislatura; porque no existe, señoría. Porque lo que existe es aquí un batiburrillo, la estructura orgánica en un decreto (el 33/2014), parte de la estructura orgánica. Claro, asimilar un... asimilar un decreto de hace dieciocho años, de mil novecientos noventa y ocho, que lo que establece es el reglamento de la Gerencia... vamos a ver, es que ha... es el reglamento de la Gerencia, el reglamento de la Gerencia; no podemos aprovechar, modificar un reglamento para meter una estructura orgánica de Direcciones Generales que nada tienen que ver con la Gerencia. O sea, seguimos enredando más... mareando más el ovillo. No tiene mucho sentido.

Además, es que, como práctica legislativa, es que no tiene mucho sentido no... y se considera además una práctica legislativa, si no errónea, es bastante desacertada, el... un decreto, o una orden, o una ley o un reglamento destinado a un objetivo aprovecharlo para meter otros objetivos en estos reglamentos; no tiene mucho sentido.

El tema es tan sencillo como que... estructurar por escrito la Consejería, con sus competencias y sus funciones; que no vamos más allá, que el decreto no va más allá, como en este caso planteaba el Grupo Podemos; porque decía "mezcle y agítese". Pues, por Dios, que no se mezcle más, que no se mezcle más, porque, si ya tenemos... tenemos aquí al menos cinco decretos –uno del noventa y ocho, otro es de dos mil trece, otro de dos mil catorce- para reestructurar, para dar un contenido o... o reflejar qué es la Consejería de Familia, pues, por Dios, que de verdad no se mezcle, no se agite más.

Criterios y contenidos. No hablamos de criterios y contenidos, hablamos de estructura. Esto es crear las bases para luego hacer el edificio, es de lo que estamos hablando: aquí se ha hecho un edificio sin bases, sin estructura, sin definir; eso es lo que estamos pidiendo: defínase el edificio, créese la estructura del edificio, luego le damos contenido al edificio; en el contenido no entramos, esta propuesta no pretende entrar en el contenido, porque el contenido... y tenemos que tener muy claro que el contenido le corresponde al Ejecutivo, y nosotros somos Legislativo. Por tanto, señoría, este grupo le aseguro que no se siente cómplice de esta Consejería en ningún sentido; no somos cómplices, este grupo no es cómplice de las decisiones, los acuerdos que adopta la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Nuestra... nuestro cometido, como Legislativo, es controlar la acción de ese Gobierno. Pero somos Legislativo, igual que usted; tampoco es cómplice, sustenta a ese Gobierno, pero no... pero no toma las decisiones. Por tanto, diferenciemos qué es el Ejecutivo y qué es el Legislativo, y qué hacemos aquí como legisladores.

Aparecen nuevas prestaciones. Mire, la Ley de la Dependencia no puede decir que, hombre, que hemos empezado la legislatura en el año dos mil quince y que... que esto no se ha hecho antes, pues porque han aparecido nuevas prestaciones y muchas cosas. No, es que mire, la Ley de la Dependencia la aprobó un Gobierno socialista en el año dos mil seis, en el año dos mil seis. Desde luego, ya no se modificó la estructura de la Consejería, que era de mil novecientos noventa y ocho -ya se podía haber aprovechado en el dos mil seis para modificarse, eso todavía estamos esperando-. No tiene nada que ver; y, desde luego, hay prestaciones mucho... en vigor, mucho anteriores al año dos mil quince, al verano del dos mil quince, que es cuando se inició esta legislatura y cuando se debería haber aprobado el decreto de organización y estructura de la Consejería de Familia.

Mire, no vamos a aceptarle la enmienda que plantea por dos razones: primero, porque persiste e insiste en el batiburrillo que en este momento tiene la Consejería. Plantear un texto consolidado no nos vale. Plantear un texto consolidado de una norma de hace dieciocho años con una norma de hace dos años no tiene ningún sentido. Si tiene que hacerse un nuevo reglamento de la Gerencia, hágase un nuevo reglamento de la Gerencia, pero solo el reglamento de la Gerencia, no se aproveche el reglamentar la Gerencia para introducir la estructura orgánica de la Consejería de Fomento... de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que estamos hablando de familia, de políticas sociales, de mujer, de Comisionado Regional de la Droga, de la... del Instituto de la Juventud... Hombre, meter todo esto en el reglamento de... incluso la Secretaría General; meter todo esto en el reglamento de la Gerencia no tiene ningún sentido. Por tanto, plantear un texto consolidado de dos decretos en los que está supuestamente dividida esta estructura orgánica de la Consejería para hacer... unificar los textos en uno no tiene mucho sentido; es mucho más fácil hacer el decreto y decir: la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se divide en Secretaría General, Gerencia de Servicios Sociales, Dirección General tal, Dirección tal... con las siguientes competencias: pum, pum, pum, pum. Las competencias las tiene... las establece el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Punto. Tan fácil como esto.

Mire, el decreto que habla de desarrollo, de estructura orgánica, afecta a toda la Comunidad Autónoma, que depende de Presidencia; el compromiso de Presidencia es de aprobarlo en el año dos mil dieciséis. Es el equivalente al Decreto 2 del dos mil quince, por el que el presidente Herrera estructura la Junta de Castilla y León, evidentemente, con más detalle y con más profundidad: ¿ahí va a ir Familia? Pues como va a ir... van a ir todas... todo el resto de las Consejerías; no va a ir solo Familia.

Eso no sirve, eso no es lo que esta iniciativa plantea, esto no es lo que esta propuesta plantea. Esta propuesta lo que plantea es que se ordene, se organice y se estructure las... los servicios, las Direcciones Generales y las competencias de esta Consejería, que están sin hacer.

Esperando contar con el apoyo y respaldo de todos los grupos políticos, que no contribuyan más a este batiburrillo que plantea orgánicamente la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, nada más, presidente, y muchas gracias.

Votación PNL/000551

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Repito. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley.

Sí. ¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? [Murmullos]. ¿Quién ha levantado la mano, perdón? Discúlpenme, que estoy en funciones. Pues... [Risas]. Bueno. Votos a favor, ocho. ¿Votos en contra? Nueve. ¿Abstenciones? Una. El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: dieciocho. Votos a favor: nueve. Votos en contra: ocho. Abstenciones: una. En consecuencia, queda aprobada la proposición... No, perdón, queda rechazada la proposición no de ley.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las diecinueve horas treinta minutos].