DS(C) nº 172/9 del 16/9/2016

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Bien. Buenos días. Se abre la sesión. Vamos a ver. Por la señora secreta... Bueno, primero, ¿hay algún... sustituciones por parte de algún grupo parlamentario? ¿Partido Socialista?

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Buenos días. Y gracias, señora presidenta. Antes de citar las sustituciones querría hacer una cuestión de orden sobre el orden del día de esta convocatoria de esta sesión, en la que vuelvo a lamentar –y ya no es la primera, y creo que ni la segunda vez- cómo se ha conformado el orden del día de esta sesión. Hemos vuelto a asistir a una actuación por parte de la presidenta que no nos parece razonable; una actuación en la que se nos solicita que aportemos qué asuntos queremos que se incorporen prioritariamente al orden del día, y, lamentablemente, no se ha tenido en cuenta ninguna de nuestras peticiones. En este caso eran varias solicitudes de comparecencia de la consejera, que arrastra muchísimas pendientes todavía, y para lo que no se ha fijado ni siquiera un mínimo calendario de comparecencias, que, desde luego, insto a la presidenta a que al menos intentemos que la... o que intente usted la comparecencia, una vez al mes, de la consejera. Creo que, sabiéndolo de antemano, es fácil cerrar un calendario con ella y garantizar que se sustancian las comparecencias. Porque, si no, tendremos que entender que esto es una burla absoluta de la Junta de Castilla y León a las Cortes de Castilla y León, con su anuencia y con su connivencia, y, por tanto, no nos agradaría tentar... tener que entrar en esa dinámica en la que, evidentemente, utilizaríamos otro tipo de medios para exigir la comparecencia de la consejera.

Y, por tanto, nos gustaría que realmente el orden del día se conformara de manera parecida a como se hace en el Pleno de la sesión... las sesiones del Pleno, en la que los portavoces dicen cuáles son los asuntos que quieren que se incorporen, porque asistimos no solo con esto de las comparecencias, sino con las proposiciones no de ley, en las que usted elige exclusivamente las que sean más cómodas para la Junta de Castilla y León y propicien un debate probablemente menos intenso.

Y ya para concluir, me gustaría que, además, en la manera de hacer las cosas, nos condujéramos con otras formas, porque usted quedó pendiente de devolverme una llamada para ver si era posible que compareciera la consejera en esta Comisión, y con lo que me encontré no fue con la llamada, sino fue con la convocatoria del orden del día directamente, sin ni siquiera habernos planteado la posibilidad de elegir alguna proposición no de ley después de esa llamada que nunca se produjo.

Por tanto, cambie las formas y procure que la consejera venga a esta Comisión. Es usted la presidenta de la Comisión, la presidenta de todos, y no la presidenta en representación de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias.

Le digo las sustituciones. Pedro González Reglero sustituye a José Francisco Martín y Consolación Pablos sustituye a Luis Briones.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Izquierdo. ¿Por el Grupo Parlamentario Podemos? ¿Ciudadanos? ¿Partido Popular?

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario Popular tiene dos sustituciones. Don Francisco Julián Ramos Manzano sustituye a don Alejandro Vázquez Ramos, y don José Máximo López Vilaboa sustituye a don José María Bravo Gozalo.

Y yo también, en aras a continuar con lo que ha planteado el Grupo Socialista, quiero recordar única y exclusivamente lo que dice el Artículo 72.2 del Reglamento de esta Cámara, y quiero manifestar además, porque me consta, que la presidenta ha tenido en cuenta lo que han planteado los grupos, y, de hecho, las solicitudes de algunos grupos concretas respecto a PNL se han incorporado.

También he de decir que las comparecencias de los consejeros están reguladas, y lo que plantea, además, el Grupo Socialista es que la consejera compareciese en el día de hoy, y me consta que hoy no podía comparecer la consejera. Las comparecencias de los consejeros se regulan en función, también, de la agenda del Ejecutivo, y la consejera tiene la voluntad de comparecer en la Comisión. De hecho, en el último periodo de sesiones hubo tres comparecencias, y habrá comparecencias de la consejera, pero los consejeros tienen agenda, tienen una actividad propia del Ejecutivo, y tampoco se puede plantear que venga aquí a la carta, cuando quiere un portavoz, para tratar los asuntos que se plantean.

Y respecto de las PNL incorporadas al Pleno, creo que se han incorporado por orden de las que estaban pendientes, y incluso, en algún caso, de su grupo –hable con su grupo-, habían pedido que se incorporase una PNL concretamente, señor Izquierdo: la de las cooperativas; a mí, como portavoz, se me había pedido que se pudiese incorporar a este grupo, así que mejoren la comunicación interna. Y creo que esta Comisión está trabajando perfectamente, y no se puede derivar toda la responsabilidad única y exclusivamente en la presidenta, que, como digo, dice claramente el 72.2 lo que dice: oídos los portavoces, fija el orden del día. Y se ha fijado así históricamente, y se han tenido en cuenta, además, los criterios que se han fijado; y lo puede usted consultar con algún otro miembro de la Comisión, que incluso pidió que se retirasen PNL y se han retirado. Lo que no se puede hacer es un orden del día a la carta, en función de lo que a usted le interesa. Nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Cruz. Aclaradas las posturas, por la señora secretaria se dará lectura del primer punto del orden del día.

PNL/000480

LA SECRETARIA (SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, presidenta. Primer punto del orden del día: Proposición No de Ley 480, presentada por los procuradores don José Ignacio Martín Benito, don Luis Briones Martínez, doña Virginia Barcones Sanz, doña Ana María Muñoz de la Peña González y don José Francisco Martín Martínez, para instar a la Junta a que publique antes de finales de junio de dos mil dieciséis la oferta pública de empleo en la Agenda de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial, con acceso libre y de promoción interna, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 101, de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora secretaria. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, el señor Benito.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Bueno, muchísimas gracias, señora presidenta. La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización –un nombre un poco cacofónico, pero es el que es- es un organismo dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y de León, y presidida... y preside esta Agencia la titular de la Consejería.

Como cualquier otra Administración, la Agencia está obligada a aprobar y publicar su oferta pública de empleo. Lo recuerda y lo confirma además, para que no quede ninguna duda, una sentencia del Tribunal Supremo de hace tres años; concretamente, con fecha veintitrés de septiembre de dos mil trece. No solamente se reconocía en dicha sentencia la obligación, sino, al mismo tiempo, se destacaba que se habían publicado ofertas de empleo público con anterioridad, hasta el año dos mil, las cuales dieron lugar a la contratación de 98 trabajadores, de los cuales quedaban en activo, a la fecha de redactar esta Proposición No de Ley 80, según reconoció... –perdón, a fecha de la sentencia- según reconoció también la junta de personal en la denuncia que formalizó. A partir del cambio de siglo y del cambio de milenio no se ha vuelto a convocar oferta pública de empleo alguna.

Por recordarles a sus señorías la citada sentencia, les leeré el fundamento tercero, que decía lo siguiente: sin embargo, tales argumentos no parecen suficientes para exonerar a la ADE de la obligación de aprobar las correspondientes ofertas públicas de empleo, pues, como señala el Ministerio Fiscal, aunque no exista un procedimiento formal para elaborar tal oferta, ello no impidió a la Agencia hacerlo así en otras ocasiones, ya que el hecho probado quinto se asevera que 98 trabajadores, de los 189 que tiene la Agencia, accedieron por tal procedimiento, y ello nos conduciría a estimar la demanda.

Bueno, a pesar de esta sentencia, la Agencia lleva ya los dieciséis años del nuevo milenio sin aprobar su oferta pública de empleo. En la actual Agencia hay, según la última RPT, 208 trabajadores, de los que 80 accedieron por la oferta de empleo público; por tanto, hay 128 puestos de trabajo que se han cubierto sin oferta pública de empleo, accediendo de manera directa desde empresas públicas y participadas –entiéndase fundaciones-. Esto quiere decir que más de un 60 % de los trabajadores de la Agencia no lo han hecho por oferta de empleo público. Como bien es sabido, la Administración está obligada a publicar dichas plazas, ya sea por promoción interna o por acceso libre. No solamente no lo ha hecho, sino, en lugar de hacerlo, la Agencia, mediante un nuevo convenio -que se ha firmado en agosto de este año-, ha pretendido blindar la estabilidad de esos trabajadores a costa de impedir la promoción interna, el concurso de traslados y el acceso a las libres designaciones de quienes sí accedieron con oferta de empleo público.

Las organizaciones sindicales han venido denunciando que la inmensa mayoría de ese 60 % de trabajadores indefinidos –no fijos- proceden de empresas y fundaciones que se encontraban en el momento de refundirse con una elevadísima deuda; y, por otro lado, entendemos que debería tenerse en cuenta, en defensa de esta proposición no de ley, no solamente las recomendaciones que ha hecho en sus informes el Procurador del Común, sino también lo que las propias Cortes aprobaron en la Ley 19/2010, de veintidós de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León, en su Artículo 41.3, donde imponía el Legislativo una concreta obligación, que decía así: "En los términos previstos en la legislación laboral y de función pública, se llevarán a cabo cuantas actuaciones resulten necesarias para que el personal de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León y de ADE Financiación, S. A., pasen a formar parte de la plantilla de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León, respetando los principios generales de acceso al servicio de las Administraciones públicas".

Nosotros recordábamos que a fecha de presentar esta proposición, que fue veintidós de febrero de dos mil dieciséis -hace ya, por lo tanto, poco más de medio año-, ni la Agencia ni la Junta de Castilla y León habían dado cumplimiento al mandato contenido en el artículo que les he leído. Dicho en otras palabras, después de más de cinco años de la Ley 19/2010, de Medidas Financieras y Creación del Ente Público, de la Agencia, pues ni la propia Agencia ni la propia Junta de Castilla y León han realizado actuación alguna para dar cumplimiento al Artículo 41.3 de la Ley 19/2010.

Por todo ello, nosotros presentamos en su momento una propuesta de resolución, que dirigimos en principio a la Comisión de Presidencia, pero después se ha derivado a esta Comisión, que dice lo siguiente: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que haga pública la oferta pública de empleo en la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE), publicando su convocatoria en el BOCYL"; decíamos entonces "antes de finales de junio de dos mil dieciséis"; es obvio que estamos ya bien pasado junio, y estamos en septiembre, mediados de septiembre de dos mil dieciséis. Por lo tanto, permítanme que modifique la fecha. Puesto que ya no estamos a finales de junio, ya no es posible decir que lo haga, porque ya el tiempo ha pasado; y donde dice "a finales de junio de dos mil dieciséis", suprimamos "de junio" y diga "antes de finales de dos mil dieciséis".

Y el segundo punto quedaría tal cual, del tenor siguiente: "Que las plazas de la ADE sean cubiertas por acceso libre, dejando una parte para la promoción interna de los laborales fijos que puedan demostrar haber accedido mediante convocatoria con publicidad, mérito y capacidad". Nada más. Esperando contar con el apoyo de los grupos de la Cámara, muchísimas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Benito. En ausencia del Grupo Mixto, en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Mitadiel por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias. Creo que los antecedentes de la propia moción explican muy bien cuál es el problema del que estamos hablando, pero voy a hacer algo que no... -seguramente para no consumir más tiempo- no ha hecho el ponente, que es leer el Artículo 39.1, ¿no?, que dice: "La Administración de la Comunidad de Castilla y León seleccionará a su personal, ya sea funcionario o laboral fijo, con criterios de objetividad, previa convocatoria pública, a través de los sistemas de oposición, concurso-oposición o concurso, en los que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad previstos en el Artículo 103 de la Constitución, así como el de publicidad". Y dice la proposición: "Los principios recogidos en esta ley son de aplicación directa también al sistema de acceso para los empleados de la Agencia porque así lo dispone expresamente el mencionado Artículo 41.3".

Es decir, aquí lo que la proposición está planteando, y que compartimos plenamente, es las dudas sobre el cumplimiento de las normas de Función Pública que hace no solo la ADE, sino, en general, toda la Administración institucional.

La proposición no de ley tiene diversos problemas de tipo jurídico, que, bueno, pues no nos impiden... –y ahora los expondré- no nos impiden el decir que, lógicamente, como el espíritu lo compartimos, lo vamos a apoyar, aunque les sugeriría alguna cuestión. En principio, dice, en la parte uno, lo de "publicando su convocatoria en el BOCYL antes de finales de junio de dos mil dieciséis". Nuestro... nuestra idea es que tiene que tener los mismos plazos que el resto de la Administración, es decir, ya se fija para toda la Administración cómo se publican... la obligación de publicar las ofertas públicas de empleo. Entonces, que no haga solamente una referencia a este año, sino que haga una referencia en general; es decir, yo le diría que, en lugar del párrafo que usted pone, con los... añadir "con los mismos plazos establecidos para el resto de la Administración".

Y en el segundo plantea algo que jurídicamente no es posible, cuando dice "puedan demostrar haber accedido mediante convocatoria con publicad, mérito y capacidad". Vamos a ver –y lo digo, sobre todo, fruto de mi experiencia profesional-, cuando alguien es fijo, es fijo, y tiene todos los derechos. Entiendo estupendamente cuál es el sentido de la proposición no de ley, pero la coletilla esa no es jurídica. Es decir, cuando alguien ha accedido por el procedimiento que sea, pero ha consolidado su fijeza, tiene el mismo derecho que el que ha entrado con todos los sacramentos, y, por lo tanto, el añadir esto es que es imposible, de imposible cumplimiento. Es decir, no hay forma de discriminar entre los que han entrado por una forma y los que han entrado por otra. Se lo digo... sí, sobre todo se lo digo en el buen tono de que comparto plenamente el espíritu, y, de hecho, lo vamos a votar a favor.

Y únicamente una matización -bueno, o que no lo sea; seguramente usted lo ha estudiado y lo ha estudiado más profundamente-: cuando dice el 60 % de los trabajadores indefinidos no han pasado por OP, ¿pudiera ser que hubiesen pasado por OP en las empresas de las que proceden? No lo sé. A lo mejor, algunos de ellos sí han pasado por ese procedimiento. Pregunto, ¿eh?, porque ya le digo que no lo conozco.

En todo caso, me quedo con lo sustancial, con lo sustancial, y es que la Administración institucional no ha cumplido las mismas reglas que el resto de la Administración, y en esto todas las empresas que han sido integradas en la ADE son un ejemplo. Además, señala algo que a mí me parece especialmente importante: cuando se produce la fusión de empresas en la ADE, la mayor parte de las empresas están en una situación financiera difícil, y muchas veces tiene que ver con la gestión de los responsables. Entonces, les premiamos haciéndoles fijos, les premiamos integrándoles; bien, maravilloso, es lo que procede hacer. Es decir, en lugar de exigir responsabilidades... porque, además, de estas empresas muchos se fueron a la calle, pero parece que, entre los responsables, menos se fueron a la calle. Entonces, muchas gracias por su atención. Y anuncio que vamos a votar a favor. Y que le pediría al ponente que recoja mis aportaciones. En todo caso, si no las recoge, seguiremos votando a favor. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Mitadiel. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Prieto.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, decir que en Castilla y León la gestión pública afronta dos problemáticas: primero es la existencia de una Administración paralela, y la segunda es la privatización de los servicios y de entidades públicas.

Durante los últimos años, todo el entramado de fundaciones y empresas públicas paralelas han constituido para el Partido Popular un sistema rentista y clientelar, fuera del control público y ciudadano. Funcionarios que antes hacían su trabajo de forma profesional han sido relevados por altos ejecutivos, puestos a dedo, que cobran sueldos desorbitados.

La duplicidad de funciones y de tareas, así como la ineficacia y el dispendio de los recursos, han sido las características distintivas de esta "administración b". No solo nuestro grupo parlamentario, sino también para una gran parte de la opinión pública y de movimientos sociales que están muy comprometidos con la defensa de los derechos y los servicios públicos, tenemos claro que hay que poner fin a esta Administración pública paralela, donde prima una total ausencia de control, y que ha sido la raíz principal de todas esas deudas que ahora resulta que tenemos que pagar entre todas y todos los castellanos y leoneses.

Dicho todo esto, la contratación pública debe respetar los principios de igualdad, concurrencia, transparencia y no discriminación. Sin embargo, en esta proposición no de ley se alude a un convenio, pero es un convenio que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid el pasado día trece de agosto, que va a permitir a titulados sin... o sea, a empleados sin titulación universitaria o de grado medio equipararse a otros empleados públicos que sí disponen de estas titulaciones y que además han ocupado su plaza por oposición.

La Consejería de Economía y Hacienda, de la que depende esta Agencia de Innovación, que es un ente cien por cien público, consigue de esta forma dar legalidad a que determinados trabajadores privados que procedían de una sociedad anónima sean asimilados a laborales del Grupo I y del Grupo II sin haber aprobado una oposición. Esto supone que se está introduciendo a personal de la "administración b" o de la Administración paralela en la Administración general que no ha superado ningún proceso selectivo de los que se exigen en la Función Pública para el personal funcionario.

Recordar otra vez, como ha hecho el proponente: la Ley 19/2010, del veintidós de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León, en su Artículo 41, menciona que el personal de la plantilla debe respetar los principios de acceso a la Función Pública.

Señalar también que en el tercer párrafo del nuevo convenio colectivo se explica que todos los procesos de subrogación e integración de varias entidades de distinta naturaleza en el ADE han supuesto una sucesión de empresas, conforme a los previsto en el Artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de veintitrés de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que en su apartado 4 dispone que "... las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida. Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de la expiración del convenio colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de un nuevo convenio colectivo que resulte aplicable a la entidad económica transmitida". Resumiendo, el objetivo final es una posible integración dentro del convenio colectivo para el personal laboral de la Administración general de la Comunidad de Castilla y León.

Es decir, como no es legal, como no se pueden adherir a dicho convenio, aprueban uno similar. De tal forma que para el nivel uno, titulado superior, serán asimilados a titular superior; y para el nivel dos, titulado medio, o nivel cuatro, jefe de segunda, serán asimilados a título de grado medio, incluso si carecen del correspondiente título académico. Quien esté enmarcado en el Grupo I, que no necesitaría tener un título universitario, puede acceder a remuneraciones superiores a los 56.000 euros, sin contar la antigüedad, remuneraciones que superarían con mucho la del resto de empleados públicos, tanto laborales como funcionarios ordinarios. Por cierto, en la tabla de este convenio no se incluyen los puestos de alta dirección, ya que no están sometidos a este nuevo convenio; nuevo convenio que permite además a trabajadores que no sean fijos -es decir, sin oposición- acceder a los concursos de traslado y optar a las plazas de libre designación. En este caso, se valorará como antigüedad los años de experiencia en empresas y fundaciones, al contrario de lo que ocurre con el resto de empleados públicos.

Así que a los propios trabajadores de ADE no les queda más remedio que, a través de sus representantes en el Comité de Empresa, impugnar en el Juzgado de lo Social el acuerdo de la mesa negociadora que aprueba el convenio que permite asignar puestos de titulados a personal sin titulación universitaria y sin oposición, acuerdo que no firmó el presidente del Comité de Empresa de Valladolid. Y, por lo tanto, tenemos un convenio que ha entrado en vigor, pero que está a expensas de lo que determine el Tribunal Supremo. Este convenio beneficia a quien se designa a dedo, a los empleados de empresas y fundaciones asimiladas, y penaliza a quienes proceden de la Administración, tienen una titulación y han aprobado una oposición. Por lo tanto, nos parece acertada, y suscribimos totalmente, la propuesta de resolución de esta proposición no de ley.

Pero es que resulta que no solo se han asimilado trabajadores: también vamos a asumir y a pagar, con dinero de todos y de todas, la deuda del ente público de derecho privado de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, de la empresa pública ADE Financiación Sociedad Anónima, de la fundación pública ADEuropa, de la empresa participada ADE Internacional Excal, Sociedad Anónima, y de la empresa pública ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León. Una deuda multimillonaria que vamos a pagar, como he dicho antes, entre todas y todos los castellanos y leoneses. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Prieto. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Antolín.

EL SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN:

Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, ante esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, pues vamos a hacer una serie de consideraciones respecto a todo lo que se ha estado diciendo.

En principio, el señor Martín Benito hace referencia a que la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León lleva más de 16 años sin publicar la oferta de empleo público, y lo cierto es que difícilmente puede llevar 16 años sin llevar a cabo esta oferta si no supera su andadura ni siquiera los 5 años. Hay que tener en cuenta que esta Agencia... [murmullos] ... esta Agencia se crea mediante la Ley 19/2010, de veintidós de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial, pero su entrada en funcionamiento efectiva no tiene lugar hasta la entrada en vigor del reglamento general, aprobado mediante Decreto 67/2011, de quince de diciembre.

En cuanto a la presencia de esta Agencia y su surgimiento, pues no es una Agencia que surja directamente de la nada y empiece a contratar de manera indiscriminada a personal para trabajar en ella, sino que, lógicamente, la Agencia aparece como consecuencia de una extinción y sucesión de tres entidades precedentes, que venían operando de manera independiente pero coordinada -el ente público Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, la empresa pública ADE Financiación, S. A., y la Fundación, también pública, ADEuropa-; a la que posteriormente se han ido incorporando otras dos entidades, ADE Internacional Excal, S. A., y ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, todas ellas que ya están extinguidas en la actualidad.

Por tanto, al llevarse a cabo esa unión, pues también ha ocurrido lo mismo con los trabajadores: se ha llevado a cabo una subrogación de todos esos trabajadores, y todo ello se ha hecho, pues de manera perfectamente legal, según las consecuencias previstas en el Artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de veintitrés de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que establece que el nuevo empresario quedará subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, en los mismos términos en que la relación laboral se encontraba en el momento de producirse el cambio de empleadora.

También ha hecho su señoría referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de fecha veintitrés de septiembre de dos mil trece. Y en esta sentencia del Tribunal Supremo se desestima el recurso de casación interpuesto contra la Junta de Castilla y León y contra la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, al entender -y leo textualmente- que "... la oferta pública de empleo se entiende supeditada a las necesidades reales de recursos humanos que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes, necesidades que en este caso deben ser apreciadas por la propia ADE, pero con supeditación, a su vez, a las posibilidades presupuestarias de la Administración de la comunidad a la que pertenece".

Por otro lado, la Ley 7/2005, de veinticuatro de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, a cuyo Artículo 39 se remite el escrito presentado, no es de aplicación a los órganos de la Administración institucional, a tenor de lo previsto en su Artículo 2.1, que determina que su ámbito de aplicación se extiende a todo el personal al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de sus organismos autónomos, como así señalan, entre otras, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, y que se extiende... y en el Recurso de Suplicación 1541/2011, de fecha once del diez de dos mil once, que dispone que en el ámbito regulatorio de la Función Pública se excluye al personal laboral de los entes públicos de derecho privado, que se regirán, también en el caso de la Agencia, por las normas de derecho laboral o privado vigentes en su momento.

El derecho laboral privado, por tanto, es el régimen jurídico bajo el que han quedado reguladas todas las relaciones laborales fruto de la sucesión de empresa que ha dado lugar a la actual Agencia, siendo este, a su vez, el mismo régimen jurídico bajo el que se regulaban las relaciones laborales de las entidades extinguidas.

Por otro lado, no se ajusta a la realidad, también, otra afirmación que se ha efectuado de que determinados trabajadores han accedido a sus puestos de trabajo a través de una oferta de empleo público, ya que en la actual Agencia, al igual que tampoco ocurrió en ninguna de las entidades precedentes, se ha recurrido en ningún momento a la oferta de empleo público para la cobertura de las necesidades de personal, sino a convocatorias públicas para la provisión de puestos de trabajo, cuyos anuncios, además, fueron concretamente publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Y esto es así porque, para entender las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso, el Artículo 70 de la Ley 7/2007, de doce de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, prevé la posibilidad de acudir a la oferta de empleo público, si bien también prevé, alternativamente, la posibilidad de acudir a otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, que, en todo caso, comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas.

Y en esa misma línea también, cabe destacar que, según lo establecido en la Disposición Adicional Primera del Estatuto Básico del Empleado Público, los principios rectores de acceso al empleo público contenidos en el Artículo 55 de dicho texto son en todo caso aplicables en las entidades del sector público estatal, autonómico y local, aun cuando no se encuentren incluidas dentro del ámbito de aplicación de dicha ley, por lo que la obligación de acceso al empleo público, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, era de idéntica aplicación en aquellas entidades de las que proceden los trabajadores subrogados en la Agencia, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 2/2006, de tres de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

Así se pronuncian las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en los recursos de suplicación 766/2013 y 890/2013, al establecer que la sociedad mercantil ADE Financiación forma parte del sector público, y su empleo había de considerarse empleo público a efectos del Artículo 23.2 de la Constitución.

Cuestión distinta es que los procesos selectivos en las entidades de origen no se hayan llevado a cabo en todos los casos bajo la fórmula de concurso, lo que tampoco es exigible a tenor de lo previsto en el Artículo 61 del EBEP. Pero esto no obsta para que, sin embargo, se hayan respetado los principios de publicidad y concurrencia en las convocatorias, cuestión que parece ser obviada en el escrito presentado al hacerse eco de que una inmensa mayoría, como usted decía, de ese 60 % de trabajadores indefinidos no fijos proceden de empresas y fundaciones.

También en su intervención usted ha hecho referencia al Artículo 41.3 de la Ley 19/2010, de veintidós de diciembre, y, bien, hay que tener en cuenta que este artículo establece la obligación de llevar a cabo cuantas actuaciones resulten necesarias para que el personal de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León y de ADE Financiación, S. A., pasen a formar parte de la plantilla de la Agencia, lo que, en todo caso, implicaba previamente un análisis de la condición jurídica de los colectivos de trabajadores en ambas entidades una vez consumados dichos procesos de subrogación. A la vista de los reiterados pronunciamientos judiciales sobre esta cuestión, que consideran que todas las relaciones laborales del sector público, tanto administrativo como empresarial, deben ser consideradas como empleo público, sometido a los mismos principios rectores de acceso, no se identifican hechos diferenciados que condicionen la consideración de ambos colectivos de trabajadores a efectos de su integración en la plantilla de la nueva Agencia.

Por otra parte, también hay que señalar que la previsión contenida en el Artículo 19 del Reglamento General de la Agencia -que dispone que la selección del personal de la Agencia se realizará aplicando los criterios que establezca el órgano competente de la Agencia y de acuerdo, en todo caso, con los principios de igualdad, mérito y capacidad, y mediante convocatoria pública- se viene cumpliendo escrupulosamente desde sus inicios, toda vez que los procesos selectivos que se han resuelto convocar hasta la fecha en la Agencia han sido objeto de la oportuna exposición pública, garantizando la necesaria concurrencia, y han sido desarrollados bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad en la valoración de los candidatos presentados.

Por último, también es de dudosa afirmación lo que hace referencia a que la Agencia, mediante un nuevo convenio, pretende blindar la estabilidad de esos trabajadores, ya que el convenio colectivo de la Agencia, recientemente publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, en fecha trece de agosto de dos mil dieciséis, ha sido suscrito entre la dirección de la Agencia y representantes de las tres organizaciones sindicales con representatividad en la entidad (Comisiones Obreras, UGT y CSIF), y es el resultado del libre ejercicio del derecho a la negociación colectiva, en la que se han garantizado los derechos de todos los trabajadores, evitando diferencias injustificadas en función del colectivo de procedencia.

Bueno, y acabo ya. Por lo anterior, cabe concluir que la Agencia procederá a publicar su oferta pública de empleo, u otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, en el momento en que se valore totalmente justificada su necesidad, y siempre teniendo en cuenta que tiene que estar supeditada a las posibilidades presupuestarias de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Nada más. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Martínez Antolín. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra el señor Benito.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Gracias, presidenta. Muchas gracias también a los señores Manuel Martínez y Ricardo López, de los grupos Ciudadanos y Podemos, respectivamente, por haber manifestado su apoyo a esta proposición no de ley. No sé si tengo que agradecer al señor Jorge Domingo Martínez Antolín, porque ha estado usted once minutos hablando y, al final, no he entendido si van a apoyar o van a rechazar; porque la intervención es para fijar la posición y decir si se va a apoyar, se va a rechazar, se va a presentar enmienda; pero no he oído nada, ni de apoyo ni de rechazo. Entonces, ya sé que no tiene usted la palabra, pero asiéntame o niégueme si va a apoyar o va a rechazar. ¿La va a apoyar? Pues, entonces, no se lo puedo agradecer, porque entiendo que lo va a rechazar. Pero, para eso, tenía tiempo usted para haberlo dicho.

Bien. Bueno, mire, vístalo como usted quiera, señor Antolín; hombre, recurrir al argumento primero, como si fuera el primer mandamiento, del cual se derivan todos los demás, ¿eh?; porque, sabe usted, amar a Dios sobre todas las cosas, y luego vienen todos los demás. Usted el primer argumento que ha utilizado en su intervención es para decir que la Agencia no lleva dieciséis años sin aprobar la oferta pública de empleo, que lleva menos de cinco años. Claro, si se funden, si se fusionan... la fusión es en dos mil trece entre ADE Parques y ADE Financiación, cuando tuvo lugar la fusión de muchas empresas públicas, creo recordar, porque he hablado mucho de esto, de la Fundación Siglo -que yo la prefiero llamar "fundición", porque funde- y Sotur. Pues, claro, pues igual estas. Se fusionan y dice: no, no, no llevan dieciséis años, llevan menos. Bueno, pues mire, aunque la mona se vista de seda, mona es y mona se queda. Vístala usted como quiera. Claro, si ese es el principal argumento al que ha invocado usted, pues los demás, evidentemente, ya se invalidan por sí solos.

Es verdad que la Junta lleva muchos años con la oferta de empleo público congelada, muchos años; en este caso -yo le decía-, con el cambio de milenio, ¿eh? ¿De dónde los ha obtenido la Junta, pues... a los trabajadores? Pues de sociedades, en principio, sociedades anónimas, sin ninguna oposición, como hemos recordado aquí el resto de los grupos de esta Cámara, sin concurso ni oposición alguna.

Y mire, nosotros, cuando registrábamos esta proposición no de ley, anunciábamos el convenio que parece que se oía que se iba a firmar, y el convenio, efectivamente, ha sido una realidad, puesto que se ha publicado en el verano de este año. Y, en definitiva, el personal de ADE va a asumir puestos de licenciado sin título ni oposiciones. Es así la cosa. Y esto ha generado malestar. Ha generado malestar pues en los empleados públicos, en los empleados públicos, porque ven como, por la puerta de atrás, ¿eh?, se accede unos, y otros acceden por una oposición, por un concurso con... en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Y el nuevo convenio del personal laboral al que aquí se ha aludido -y que nosotros no lo recogíamos, lógicamente, en la proposición no de ley, porque entonces no se había firmado- pues va a permitir a empleados de la ADE que no tienen titulación universitaria ni grado medio para... para ello, pues poder equipararse a empleados de la Función Pública que sí disponen de estas titulaciones y que sí han accedido a su plaza por oposición. No les voy a aburrir con cifras: que si el convenio afecta a 175 de los 208 trabajadores, etcétera. Bien, pero, al final... al fin y al cabo, los trabajadores beneficiados son los de oficinas y despachos, trabajadores procedentes de empresas y fundaciones, que se han integrado de manera directa en la Administración por este procedimiento de fusión ADE Financiación, Fundación ADEuropa, lo mismo... o por adquisición global de patrimonio, como el caso de Excal, Parques Tecnológicos, es decir, la antigua... la antigua Gesturcal. Y esta ventaja que le da el convenio no se aplicaría a los trabajadores sometidos al convenio de personal laboral de la Administración, que sí tienen que contar con un título académico correspondiente y haber superado unas pruebas o haber superado una oposición para acceder a la plaza, de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público.

Y por eso les decía que existe malestar en los empleados públicos, porque perjudica a quienes han aprobado una oposición, en beneficio de quienes han accedido directamente a la Administración sin haber pasado por ello. Agrava el malestar la tabla retributiva publicada, en la que el personal que está enmarcado en el Grupo I -que no necesita tener título universitario, como digo- pues puede acceder a remuneraciones superiores a 57.700 euros, eso sí, sin contar además la antigüedad. Tabla, por cierto, que no incluye los puestos de alta dirección, que no están sometidos a este convenio. Y en la Agencia hay 14, catorce, de estos puestos (9 directores territoriales, 4 directores generales de departamento y un secretario general), de modo, que estas remuneraciones superarían las del resto de empleados públicos, tanto laborales como funcionarios y ordinarios. Por no hablar de los traslados, ¿no?, que el nuevo convenio permite además a los trabajadores que no sean fijos, sin oposición, acceder a los concursos de traslados y optar a las plazas de libre designación, al contrario de lo que ocurre con el resto de empleados públicos.

Bueno, yo... en fin, ustedes tienen ya la posición establecida. Supongo que estas Comisiones nadie convence a nadie, cada uno ya viene, una vez que lo ha debatido en el grupo, con la posición, así que yo, que en otras ocasiones lo hago y le digo que reflexione, pues eso es una pura pantomima, si yo lo haría, porque usted ya me ha dicho, ¿eh?, con la cabeza, que no la van a apoyar. Sí que agradezco las aportaciones del señor Mitadiel; entenderá que nosotros, que hemos consensuado con las organizaciones sindicales el texto, pues no estaría... de manera elegante, no sería una... ahora intentar modificarlo, aunque, probablemente, en las aportaciones suyas lleve buena parte de razón. En cualquier caso, bueno, pues como ha dicho que va a apoyar, pues yo le agradezco muchísimo ese apoyo, al igual que lo hago con el Grupo Parlamentario de Podemos. Y, señora presidenta, pues nada más. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Benito, por favor, le agradecería que volviese a leer el texto para fijarlo definitivamente.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

[El orador interviene sin micrófono]. ... finales de dos mil dieciséis, pero el texto es el mismo. [Murmullos]. Sí, quitar de junio, efectivamente, señor letrado. Gracias.

Votación PNL/000480

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Como la propuesta de resolución tiene una variación, si algún grupo parlamentario quiere solicitar la palabra, puede hacerlo. [Murmullos]. Sí, pero es una modificación, señor Benito. ¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir? Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Diecisiete votos emitidos. Ocho a favor. Nueve en contra. Ninguna abstención. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley debatida.

Pasamos ahora al segundo punto del orden del día. Por la señora secretaria se dará lectura del mismo.

PNL/000540

LA SECRETARIA (SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, presidenta. Segundo punto del orden del día: Proposición No de Ley 540, presentada por los procuradores doña María Josefa Rodríguez Tobal, doña Laura Domínguez Arroyo, don Félix Díez Romero y don Ricardo López Prieto, para instar a la Junta a que, en colaboración con las Cámaras de Comercio e Industria, realice un estudio que evalúe la existencia, alcance e incidencia en las consumidoras de la "tasa rosa" y, en función de las conclusiones, adopte medidas para primar a los establecimientos que no la apliquen y promueva una campaña de visibilización e información, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 108, de cuatro de abril de dos mil dieciséis.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, la señora Domínguez.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Gracias. Buenos días. Bueno, presentamos esta propuesta en un intento más por parte de nuestro grupo de denunciar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en nuestra sociedad y cómo estas se dan en distintos ámbitos de la vida, en este caso en el plano económico, generando una situación de mujeres con menor poder adquisitivo debido a que tienen peores salarios, mayor parcialidad y temporalidad y, a la larga, peores pensiones.

En esta Comunidad, con una brecha salarial del 25 %, siendo las mujeres en un 60 % las perceptoras de la Renta Garantizada, y con una tasa de desempleo 5 puntos mayor, encontramos la realidad de que las mujeres somos más pobres que los hombres. Somos conscientes de que el cambio debe ser a muchos niveles; sin embargo, ese esfuerzo a largo plazo, que solo se puede conseguir con políticas integrales y transversales, tiene que irse gestando también en los pequeños micromachismos, como puede ser el que a continuación vamos a exponer en esta proposición no de ley.

El de la tasa rosa no es un fenómeno lo suficientemente estudiado y conocido, a pesar de tener una trascendencia vital en cuanto al engranaje de desigualdades que sufrimos las mujeres en nuestra sociedad. La denominada "tasa rosa" supone que iguales productos, con características similares y con las mismas prestaciones, sean de diferente precio cuando van dirigidas a mujeres. Creo que la explicación se hace mucho más fácil mediante gráficos. [La oradora muestra unas imágenes] Tasa rosa para fragancias: un 61 % pagan más las mujeres normalmente para un producto de igual valor. Tasa rosa para relojes y zapatos, por marcas: Festina un 8 % más, Guess un 12 % más, Seiko un 24 % más; y en cuanto a zapatos... y en cuanto a zapatos, un 3 % más, un 6 % más o un 7 % más, depende de las marcas.

Y esto ya son fotografías de productos exactamente iguales. Cremas depilatorias: 4,79 producto femenino, 4 euros producto masculino; cuchillas: 5 cuchillas para mujeres 1,80, 10 cuchillas para hombres 1,72; desodorantes: 1,80 el formato para mujeres, 1,75 el formato para hombres. Diferentes productos. Crema: 35 euros una para mujeres, 19 euros una para hombres; cremas faciales: 16 euros para mujeres, 12 para hombres; cuchillas otra vez: 12 euros para mujeres, 11 para hombres. Abrigos, de marcas como... –bueno, pensaba que era Mango; no, es otra, pero da igual-: 59 euros para hombres, 99 euros para mujeres. Y juguetes: 42 euros el de niñas y 31 euros el de niños; 24,90 el de niños, un mecano, y 31,50 el de niñas; y cascos de bicicleta exactamente iguales: 9,90 el azul, 11,90 el rosa, que, como todos sabemos, es el color de las mujeres tradicionalmente.

Como han podido comprobar -se ve claramente en estas fotografías-, los productos son exactamente iguales, no hay más costes de producción, se ofrece el mismo producto, y no solo afecta a un tipo de productos, que pueden ser los de higiene o los de estética, sino a juguetes de nuestros niños y niñas.

Hasta el momento, no se ha dado el... suficiente importancia a este gravamen, y ni siquiera se han evaluado los efectos que tiene para la economía de las mujeres, que, como explicaba al principio, ya está por debajo de la de los hombres por sí. Los únicos estudios de los que se tienen constancia son dos de la Universidad de California y uno realizado en la ciudad de Nueva York. La Universidad de California cifró en unos 1.270 euros lo que gasta una mujer más con estas diferencias. Y, recientemente, en Francia se está comenzando un estudio por parte del Gobierno francés para evaluar el impacto económico de esta tasa.

Por todo lo explicado, nuestro grupo parlamentario, que tiene plena conciencia de que las desigualdades empiezan en la raíz y que es ahí donde se debe actuar en primera instancia, se presenta esta proposición no de ley, que está dividida en tres partes, en una función temporal:

La primera parte sería realizar un estudio de incidencia, en colaboración con las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, para evaluar la existencia, alcance e incidencia de los derechos de las consumidoras en cuanto a la tasa rosa.

En segundo lugar, en aras de las conclusiones de ese estudio, se realizarían una serie de medidas, dentro de las competencias que tenga la Junta de Castilla y León, para no trabajar o contratar a proveedores que apliquen la tasa rosa en sus productos o servicios.

Y en tercer lugar, también en aras de las conclusiones de ese primer estudio, promover una campaña para informar a las consumidoras –que somos todas las mujeres- de que existe esta tasa rosa y de cómo incide en nuestra economía. La desigualdad económica, que se materializa en estos datos, sumada al gravamen, supone un agravio a la igualdad y dignidad de las mujeres, así como a los derechos básicos como consumidoras y usuarias; tenemos derecho a la información sobre los productos que consumimos, pero, en el caso de la tasa rosa, nos encontramos con que las propias empresas no son capaces de explicar por qué se aplica este gravamen. De momento, eso es todo. Gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias. En ausencia del Grupo Parlamentario Mixto, en un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Mitadiel.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias, presidente. Me parece interesante la proposición no de ley. Me parece interesante por lo que sugiere y por lo que plantea. Lo que soy más escéptico es sobre nuestra capacidad para intervenir en esa realidad.

Comparto con... con la ponente que hay un cierto consenso –y ella ha dado ejemplos- en que los mismos productos dirigidos a hombres y a mujeres son más caros para las mujeres, que además este es el sector que tiene menor capacidad económica, pero lo cierto es que la formación de los precios es un tema complejo, que no solo depende de la oferta y de la demanda, sino de otras... otros muchos aspectos; entre otros, el "efecto demostración", ¿no?, que tiene que ver con la presentación, tiene que ver con la estética, tiene que ver con... con las relaciones sociales. En todo caso, lo que quiero decir es que la capacidad que podamos tener para influir en los precios es escasa. O sea, eso lo tenemos que dar como punto de partida.

En ese sentido, lo... me parece sensato el que lo primero que tengamos que realizar es un estudio que confirme que efectivamente todo esto sucede, que lo que nos parece que sucede realmente sucede, ¿no? En ese sentido, bueno, pues me parece que nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley, aunque considero que lo más eficaz, casi el único instrumento que tenemos sea el del número 3; es decir, el de hacer visible este fenómeno para que haya una cierta concienciación y pueda posibilitar una respuesta en el consumidor. Porque, en cuanto al número 2, permítame decirle que bien, que la redacción es correcta, pero que me parece más bien un brindis al sol. Es decir, la Junta de Castilla y León, dentro de sus competencias, va a tener una capacidad de actuación muy limitada.

En todo caso, y para no ser redundante o dar los... buena parte de los argumentos que ha dado la ponente, resumir que, efectivamente, parece que a los mismos precios... perdón, a los mismos productos, dirigidos a hombres y a mujeres, se produce un encarecimiento de los precios de las mujeres. Dos, que efectivamente las mujeres tienen un menor nivel de renta, por lo menos en nuestra sociedad, una... unas diferencias importantes y, por lo tanto, de alguna manera sufren mucho más este encarecimiento de los productos. Y tres, que la posibilidad que tenemos de intervenir en la fijación de precios es escasa, y que nuestro único campo de actuación tiene que ver con hacer visible el fenómeno y que la respuesta sea por parte de los consumidores. Dicho todo esto, vamos a apoyar la proposición no de ley. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Mitadiel. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora Acevedo.

LA SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, presidente. Señorías, vaya por delante el apoyo del Partido Socialista a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos.

Como muy bien ha referido la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra a la hora de argumentar sus posiciones, constituye una realidad contrastada que existen productos y servicios utilizados por las mujeres que tienen un gravamen oculto que es superior respecto del mismo producto destinado para un hombre. Y es curioso que los productos en los que se daban mayormente estas diferencias era en todos los que tenía que ver con la higiene, cuidado corporal y servicios estéticos. Se trata de un incremento inexplicable, que no viene dado por una mejora de las prestaciones del mismo ni por un mayor coste de producción, sino que la única diferencia suele ser el color o la denominación del mismo. Ejemplos existen varios, los cuales son públicos y publicados, tal y como ha mostrado la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos –con los que estamos plenamente de acuerdo y que yo no voy a reiterar-, y también manifestar que se extiende a también productos como peluquería y tintorerías.

No se trata de una novedad, ya que también –como ha señalado la portavoz- se hicieron en Estados Unidos eco de esta realidad allá por el año noventa y cinco, y se llegó a determinar la cantidad de dinero que pagábamos de más las mujeres por productos similares, y el Estado de California prohibió la diferencia de precios en función del género.

A nivel europeo no existe un estudio similar. No obstante, desde una asociación francesa, se lleva denunciando esta situación a través... la cual, a través de la iniciativa popular, llegó a la Asamblea Francesa, que acordó que la misma se efectuase desde el Ministerio de Economía y Hacienda, siendo ministro el señor Macron, el cual renunció a su cargo recientemente; esperemos que no afecte al estudio la desaparición por el momento de la política activa del señor este. Respecto al Estado español, el debate acaba de empezar, siendo el Parlamento de Navarra el primero de ellos, continuando por Asturias, y ahora el Parlamento de Castilla y León.

En todo caso, las empresas comercializadoras arguyen en su defensa que los productos y servicios que oferta no son tan tan exactamente iguales, y que el precio de venta es cuestión de cada distribuidor. No obstante, a pesar de que puedan existir unas mínimas diferencias, se ha comprobado que la diferencia en la producción no explica siempre la del precio. Es más, voces autorizadas señalan que la tasa rosa es una cuestión de marketing: las mujeres están dispuestas a pagar mayores precios por su cuidado personal -más que los hombres-, y las marcas se aprovechan. Y el tanto por ciento que pagamos de más se sitúa entre el 7 y el 24. Todo ello en un contexto en que las mujeres que trabajamos en España ganamos un 25 menos... un 25 % menos que los hombres por la realización del mismo trabajo, tenemos mayores dificultades en acceder y permanecer en el mercado laboral, peores condiciones de empleo, mayores tasas de temporalidad, y las que soportamos mayores contratos a tiempo parcial. Es decir, no solo cobramos menos, sino que desenvolvemos un importe mayor que los hombres por el mismo producto. Es decir, las mujeres somos objeto de una triple discriminación: cobramos menos, pagamos más y se vulneran nuestros derechos como consumidoras y usuarias, con lo que está atentando a nuestra dignidad, prevista en el Artículo 10 de la Constitución, violentando el Artículo 14 (de la igualdad, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo), y la Ley de Consumidores y Usuarios.

Desde el ámbito competencial de España y de la Unión Europea, parece ser que en esta última se han incoado conatos de estudio, pero no tenemos constancia de nada definitivo. Además, querría recordar a sus señorías que fue muy notorio en su momento la diferencia que existía, en el derecho de los seguros, en la prima entre hombres y mujeres al contratar los mismos, conforme al cual las aseguradoras aplicaban para el cálculo de algunos de sus productos lo que llamaban "las tablas de mortalidad", de las cuales se contemplaban diferentes primas según el sexo y edad; pero aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que no era legal dar un trato diferente en los seguros por razón de sexo, lo que ha sido un paso importante hacia la igualdad de género en la Unión Europea, que esto ya había desaparecido en los años treinta en Estados Unidos, y aquí sí que intervino la justicia europea.

También es verdad que el Artículo 38 de la Constitución establece la libertad de mercado en el marco... la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado -dentro del Título I, de los Derechos y Deberes Fundamentales, Capítulo segundo, Sección segunda-, con lo que es lícito que cualquier fabricante utilice y fije los márgenes que quiera. Luego, los clientes somos libres de comprarlos o no. Eso sí, para que esa libertad sea real y efectiva los consumidores deben de estar informados de la diferencia, y para ello los distribuidores deben de separar los productos por tipologías, y no por géneros, y así poder comparar los precios más fácilmente.

Centrándonos en las propuestas de resolución, consideramos acertado el informe sobre el alcance, incidencia y las consecuencias de la aplicación de este gravamen oculto. Es un instrumento necesario para aclarar esta situación, poderlas... conocer las empresas que a priori dotan a sus productos de un aumento inexplicable, que son iguales o muy similares a productos ofertados para los hombres, pero que, cuando se destinan al público femenino, simplemente por un cambio de color, incrementan sensiblemente el valor.

Señoría, a pesar de que el Grupo Socialista va a apoyar pues esta proposición no de ley, quería hacerle una breve consideración en relación a este primer apartado de la propuesta de resolución, que nosotros, teniendo en cuenta su ideología, pues echamos de menos que, en vez de hacer el estudio las Cámaras de Comercio e Industria, pues se hubiese establecido, pues que se hiciese a través de convenios con la universidad pública, lo que también nos garantizaría una mayor objetividad e imparcialidad en el resultado, y, con ello, potenciar el importantísimo papel que desarrolla la universidad en el ámbito social, económico y cultural.

Respecto de la campaña de visibilización, estamos totalmente de acuerdo, porque, cuando yo hablé de la fijación de esta PNL, nadie sabía lo que era la tasa rosa, ni habían oído hablar jamás de ello, y desconocían totalmente a lo que se refería.

Y respecto del punto d), para premiar -que ustedes han establecido en el punto segundo-, pues lamentamos que ustedes hayan sido tan reduccionistas, y consideramos que hubiese sido esencial en esta proposición no de ley pues haber establecido alguna medida en concreto, pues para ir haciendo camino. En todo caso, cuentan ustedes con el apoyo del Partido Socialista. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señora Acevedo. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora Cortés.

LA SEÑORA CORTÉS CALVO:

Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días. Bueno, ha quedado suficientemente explicado por las señoras procuradoras que me han precedido en el uso de la palabra lo que es la tasa rosa, no voy a entrar en más definición. Pero sí que me gustaría, por centrar el asunto, que esta es la Comisión de Economía y Hacienda; si ustedes quisieran haber hecho un debate en materia de igualdad exclusivamente, debieran haber dirigido esta proposición no de ley a otra Comisión, que también existe en estas Cortes.

Y lo digo porque lo que... en lo que se refiere a esta proposición no de ley, que, sin duda, constata un hecho que es real, y del que la señora proponente ha dado claro ejemplo, lo que sí que es cierto es que es una cuestión de oferta y demanda. Es una cuestión de estrategia de marketing por parte de las distintas empresas que se dedican a comercializar este tipo de productos, que es legal y que, además, en España existe libertad de precios. Por lo tanto, yo creo que, en ese sentido, la Comisión adecuada para debatirlo es esta, pero el discurso entiendo que debiera ser otro.

En este sentido, las empresas no pueden diferenciar entre compradores o grupos de compradores, pero sí tienen el poder para crear y ofrecer productos ligeramente diferentes para que los colectivos o grupos los identifiquen como idóneos y los seleccionen. En este sentido, tampoco estoy de acuerdo, sin entrar en ese debate, en lo que ha comentado también la proponente del Grupo Parlamentario Podemos con relacionar directamente –y me sorprende, señora Domínguez, en su caso especialmente-, relacionar especialmente el rosa como el color de las mujeres. También le diré que existe otra tasa azul, que también paga el sector masculino, y tampoco ha hecho usted referencia en esta proposición no de ley.

En cualquier caso, este sobreprecio responde al criterio de las empresas, en una estrategia de marketing, para generar mayores beneficios. Y, en este sentido, coincido plenamente con el señor Mitadiel, en que, bueno, pues sobre los precios, pues tiene incidencia quien tiene incidencia, ¿no? La respuesta, entonces, a esta discriminación radica, como digo, en los márgenes de beneficio de las empresas. Según expertos, el mercado femenino está más dispuesto a pagar un diferencial supuestamente para este tipo de productos.

En cuanto a los Parlamentos en nuestro país, como también ha señalado la procuradora socialista, que ya se han adelantado en esta... en este tema, pues es el de... son el de Navarra, el de Asturias y también el de Galicia.

No me quiero extender mucho más en este punto, porque creo que ya está todo prácticamente dicho. Lo que sí que nos gustaría decirles es que podremos... vamos a apoyar el primer punto de su proposición no de ley, añadiendo, además, a las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León "y de Servicios de Castilla y León", porque es así como están denominadas actualmente. Con respecto al añadido de las universidades, yo creo que, siendo muy importantes sus estudios, yo creo que, volviendo al inicio de mi exposición, es una cuestión que corresponde única y exclusivamente a la oferta y la demanda, y yo creo que las Cámaras Oficiales son el ente más adecuado para desarrollar esta labor.

Con respecto a los puntos 2 y 3, considerándolos importantes y que debieran formar parte de ese estudio que se realice, entendemos que debieran ser fruto del análisis realizado, porque, en virtud de las variables que se estudien, pues se determinará que tenga que desarrollarse campañas de sensibilización en un sentido o en otro, y, asimismo, bueno, la información sobre la tasa rosa también dependerá de las conclusiones que se deriven de este estudio. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular apoyará, con el añadido que le he comentado antes, el primer punto, y desestimaría los otros dos, no porque no los considere necesarios e importantes, sino porque, en consecuencia, debieran elaborarse derivándose de las conclusiones del resultado del primer punto. Por nuestra parte, nada más. Y muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señora Cortés. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la señora Domínguez.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Gracias. Bueno, pediría entonces la votación separada del punto 1, si el Partido Popular va a votar a favor, por lo menos para que se realice ese estudio. Y aceptaría también incorporar "Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios", ¿no?, entiendo que esa es la enmienda, para que... para que, efectivamente, por lo menos salga adelante ese punto.

Empezando a contestar a las cuestiones que me han referido. Al señor Mitadiel. Yo entiendo que no se puede intervenir sobre la realidad, y creo que mi propuesta, precisamente, no es esa; no hablo de interceder sobre los precios, sino de realizar un estudio sobre la incidencia que tenemos como consumidoras con la tasa rosa. Entonces, creo que eso sí que es posible; de hecho, se ha aprobado ya en Navarra y Asturias y en las Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa, que ya han comenzado a elaborar ese estudio en sus respectivos territorios. Por lo tanto, la propuesta es eso, no es la intervención en los precios, sino la realización de ese estudio.

En cuanto al punto 2, lo pongo simplemente porque el Ejecutivo debería dar ejemplo de qué no son las desigualdades de género, y por eso creo que no deberían comprar con proveedores o no deberían contratar empresas que apliquen este gravamen que supone una desigualdad para las mujeres; por eso el segundo punto.

Y en cuanto al tercer punto, explicaba que, bueno, que sí que está de acuerdo con visibilizar el fenómeno, y es que precisamente uno de los problemas que es que no hay estudios suficientes, y es por qué las empresas aplican este gravamen. ¿Realmente hay una explicación a que lo apliquen? Luego, cuando me refiera a la portavoz del Partido Popular, haré una incidencia en eso.

En cuanto a lo que planteaba la portavoz del Partido Socialista, entiendo lo que dicen; si hemos especificado Cámaras Oficiales de Comercio, es verdad que quizá desde las universidades... Pero, sobre todo, es que la pregunta a la que se quiere responder es precisamente por qué las empresas son las que aplican este gravamen. Yo creo que es muchísimo más sencillo que sean las propias Cámaras de Comercio las que respondan a esta pregunta, que seguramente haciéndolo desde una universidad, lo cual no quita para que me parezca interesante la propuesta en ese sentido.

En cuanto a la portavoz del Partido Popular, lo primero que me ha planteado directamente es que esto no debería venir aquí, sino a Familia e Igualdad, porque todavía, durante un año -debe ser que no me escucha-, yo he planteado en numerosas ocasiones cómo se debe transversalizar la igualdad de género a todas las Consejerías, y la mejor forma es que, cuando hay una desigualdad de tipo económico, eso se traiga a Economía, que es el lugar donde se debe debatir, y no en la Consejería esa que tienen, cajón estanco, donde se habla de las desigualdades de las mujeres como si fuese una única y no transversalizada a todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, es que no sé si no me entiende o no me explico lo suficientemente bien.

Se han referido otra vez al tema de la libertad de precios, igual que el señor Mitadiel. Cuando esa libertad de precios incide en la desigualdad de género, puede que sea todo lo legal que usted quiera, pero, desde luego, es inmoral y es ilegítima, porque lo único que hace es perpetuar la desigualdad entre hombres y mujeres, y, por lo tanto, es por lo que se trae aquí esta propuesta y es por lo que se habla de que esa libertad de precios debería tener al menos la moralidad de no incidir en las desigualdades de género.

No sé qué es la tasa azul, no me lo ha explicado. Me dice que existe una tasa azul; si quiere, luego me lo explica, y entonces igual también hay que hacer un informe sobre la tasa azul; no lo sé, porque yo la única que conozco es la tasa rosa.

Y ha comentado que una de las respuestas que se da a por qué existe este gravamen es porque las mujeres están dispuestas a pagar ese mayor precio. Pues es que igual también nos tenemos que hacer la pregunta de por qué las mujeres están dispuestas a pagar ese mayor precio. A lo mejor también tiene que ver con las desigualdades que sufrimos a nivel corporal, a nivel de lo que se espera de las mujeres en la vida pública, y ese tipo de cosas. Entonces, hay que plantearse todo eso, relacionado con el hecho de por qué estamos dispuestas a pagar un mayor precio en este tipo de productos, que además no son ese tipo de productos solo de higiene corporal y por el estilo, son los juguetes de nuestras niñas, y estamos pagando más por los juguetes de nuestras niñas. Eso es desigualdad de género y eso lo único que hace es seguir perpetuando estas desigualdades.

Y, por cierto, señor Raúl de la Hoz, no sé si le parece muy divertido el tema que estamos tratando, porque se ríe usted mucho, y a mí no me parece nada divertido. [Murmullos]. Bien.

Por lo... y, bueno, ha dicho que en el punto 2 y el punto 3 se van a... van a votar en contra, porque entienden que, hasta que no existan esas conclusiones... Realmente, las conclusiones de que existe este gravamen están no en un estudio específico en Castilla y León, pero ya existen, solo que es verdad que se tiene que comprobar la incidencia que como consumidoras y usuarias y sobre nuestros derechos tiene este gravamen. Por lo tanto, yo creo que, efectivamente, podemos esperar a que se elabore ese informe, pero espero que, si ese informe da, como esperamos, el resultado positivo de que este gravamen existe y de que incide en la desigualdad entre mujeres y hombres, esos dos puntos se puedan realizar en el futuro. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señora Domínguez. Como se ha producido un cambio en el punto primero, ¿puede decir lo que... cómo queda?

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

[Intervención sin micrófono].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Vale. Como ha habido una modificación del texto, ¿algún grupo parlamentario desea intervenir?

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

[Intervención sin micrófono].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Vale. Repítalo.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Vale. Sería votar por separado el punto primero y añadir "Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León".

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Al haberse producido una modificación sobre la propuesta de resolución inicial, ¿desea intervenir algún grupo parlamentario? Sí. Tiene la palabra la señora Cortés por el Grupo Parlamentario Popular.

LA SEÑORA CORTÉS CALVO:

Muchas gracias, señor presidente. En contestación a las alusiones que ha hecho la señora Domínguez, la que no me entiende es usted a mí. Yo le he dicho que para hacer un discurso... [Murmullos]. ¿Continúo? No, más que nada porque me han preguntado que qué es la tasa azul. Se lo iba a explicar. Y en cuanto al debate, es que no quiero entrar en debate con usted, ni muchísimo menos, sino que comparto con usted que hay que ser trasversales, y que entiendo que se traiga a esta Comisión esta proposición no de ley en relación a la oferta y la demanda, no a un tema que no corresponde a esta Comisión.

Con respecto a la tasa azul, le diré que hay algunos expertos que ya están señalando que hay productos en los que se empieza a dar el efecto contrario, y esto que es que, originada por el hecho de que hay muchos hombres españoles -y esto ya estamos hablando de España- que han incrementado el producto... los productos... el consumo en los productos de belleza, los fabricantes, al igual que con los productos femeninos, lo han notado y también han incrementado ese precio. Y está ocurriendo.

O sea que, al final, tanto una tasa como la otra es una cuestión de oferta y demanda, de marketing de las empresas y de aumentar la venta de productos. Nada más.

Votación PNL/000540

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Muchas gracias, señora Cortés. Finalizado el debate, procedemos a someter a votación por separado. Primera votación, respecto al punto número 1. ¿Votos a favor? Diecisiete. Votos emitidos: diecisiete. Votos a favor: diecisiete. Cero en contra y cero abstenciones. Luego queda aprobado el punto número 1.

Pasamos a votar los puntos 2 y 3 de manera conjunta. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Nueve. Total de votos emitidos: diecisiete. Ocho votos a favor. Nueve votos en contra. Por tanto, no se aprueban los puntos 2 y 3 de la proposición no de ley.

Tercer punto del orden del día.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Sí. Por parte de la señora secretaria se dará lectura del tercer punto del orden del día.

PNL/000686

LA SECRETARIA (SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ):

Tercer punto del orden del día: Proposición No de Ley 686, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la publicación de la información presupuestaria y económico-financiera de los entes y empresas públicas de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 130, de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora secretaria. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación del grupo parlamentario proponente, el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Popular presenta una proposición no de ley en la que se persigue única y exclusivamente seguir potenciando la transparencia en materia económico-financiera de esta Comunidad. Y seguir haciéndolo porque Castilla y León apostó por la transparencia, lo ha hecho desde hace bastante tiempo, desde... concretamente, en materia económico-financiera, desde el año dos mil once se viene publicando el endeudamiento de nuestra Comunidad en la página web, apartado concreto de hacienda y finanzas públicas. Y lo que se persigue en esta proposición no de ley es que se siga avanzando, no solo en el ámbito de la Administración general, sino en el ámbito de las empresas públicas.

Es necesario poner en valor que nuestra Comunidad obtuvo en el último... en la última valoración efectuada por Transparencia Internacional 100 puntos sobre 100 en materia de transparencia económico-financiera; y es necesario recordar que, actualmente, el informe de transparencia en las Comunidades Autónomas está siendo elaborado por Transparencia Internacional en este ejercicio dos mil dieciséis, y en el mes de julio se ha dado traslado al conjunto de las Comunidades Autónomas de las... criterios de valoración, a los efectos de seguir potenciando la transparencia como mecanismo para facilitar una mayor información a la... conjunto de la ciudadanía y también a las empresas y al conjunto de los operadores en materia financiera.

Es necesario el tener una información, que tiene que ser ágil, transparente; y en ese sentido presenta una propuesta de resolución este grupo, que es sencilla, y que no es otra que: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que impulse las actuaciones necesarias en orden a que los entes que integran la Administración institucional y las empresas públicas de la Comunidad publiquen en sus correspondientes páginas web, a lo largo del presente ejercicio, los datos de su endeudamiento, en términos similares a la información que se publica de la deuda de la Administración General"; es decir, en "términos similares" es en formato de datos abiertos.

Y esta proposición no de ley viene a colación de una... de un debate que ya se produjo aquí, en el mes de marzo, ante una proposición no de ley que presentó el Grupo Socialista, en la que desgraciadamente no se pudo llegar a un acuerdo porque, sobre la propuesta de resolución inicial que se había presentado, se establecieron modificaciones creo que con el único objeto de intentar evitar un acuerdo en este sentido.

De hecho, las empresas públicas de la Comunidad, en cumplimiento de lo que establece la Ley de Transparencia de la que nos dotamos en la Comunidad Autónoma en el año dos mil quince, ya están publicando la deuda financiera, pero no la hace en los términos homogéneos, como se plantea en esta propuesta de resolución que presentamos posteriormente a ese debate, con el objetivo de que al menos la Junta de Castilla y León avance y siga avanzando en la publicación de datos de deuda.

Es verdad que el peso de la deuda de estos entes pesa muy poco en el conjunto de la deuda de la Comunidad. Si tenemos en cuenta los datos facilitados por el Banco de España en el día de ayer, en el que, además, Castilla y León salía bien parada, porque ha mejorado una posición respecto a la situación del trimestre anterior en cuanto a endeudamiento, situándose como la séptima Comunidad menos endeudada del conjunto de la Administración autonómica, y con un peso relativo de la deuda de la Comunidad sobre el conjunto de la deuda total de las Comunidades Autónomas, en que Castilla y León tiene únicamente un 4,02 %, y en el que además la evolución de esa deuda en el último trimestre ha sido sustancialmente inferior a la evolución de la... del conjunto de las Comunidades Autónomas. Hay que recordar que la deuda de las Comunidades Autónomas en el último trimestre ha crecido, de media, en torno al 9,1 %, y en Castilla y León lo ha hecho solo en el 5,8.

Como decía, el peso de la deuda del conjunto de la Administración pública se sustancia en la Administración general de la Comunidad. Concretamente, los datos puestos de manifiesto en el día de ayer plantean que, del total de la deuda de la Comunidad -los... a efectos SEC, los 10.996,3 millones de euros-, el 95 % corresponde a la Administración general, el 4 % corresponde a las universidades públicas y el 1 % al resto de los entes. Si computamos, a efectos de deuda, la deuda total de la Comunidad –es decir, aquella que en términos SEC son... como he dicho, son 10.996 más los 167 millones de euros que han de computarse a las empresas públicas que operan en el mercado, concretamente 167 millones de euros-, la deuda total de nuestra Comunidad se sitúa en 11.163 millones de euros, y equivale a un 20,3 % del PIB, cuando en el conjunto de la media de las Comunidades Autónomas se sitúa en un 25,2.

Creo que es importante seguir avanzando en materia de transparencia. Quiero también resaltar que no solo se plantea como valoración del esfuerzo que ha hecho la Junta de Castilla y León, y en el que hay que seguir avanzando y potenciando, los datos que se conocen del último informe de Transparencia Internacional de dos mil catorce; creo que es importante poner en valor la evolución que ha tenido la transparencia económico-financiera: Castilla y León no obtuvo esos 100 puntos ni en dos mil doce ni en dos mil diez; ha tenido una evolución muy positiva, hasta llegar a esa nota máxima, y esperemos que pueda conseguir también una magnífica valoración en este informe que se está elaborando en este ejercicio. Pero es de resaltar también que algunas revistas de prestigio, como por ejemplo la revista Auditoría Pública, ponía de manifiesto en la última edición de la revista que Castilla y León es una de las Comunidades que más progresos ha hecho en materia de transparencia, y creo que eso es fruto del acuerdo, de la voluntad de todos, y también de la apuesta decidida que hizo la Junta de Castilla y León en su momento, cuando nadie hablaba de transparencia –allá por el dos mil once-, por seguir potenciando la transparencia como mecanismo de garantía de cara a los ciudadanos y a las personas o proveedores que trabajan con la Administración.

La propuesta de resolución es sencilla. Se trata de seguir avanzando y de intentar llegar a un acuerdo, dado que –como digo- en aquel debate de marzo del... de este mismo ejercicio, las condiciones que se ponían respecto a que se hiciese pública con quién se había contratado, y otra serie de circunstancias, hacían imposible el poder aceptarla, para, de esta manera, que esta PNL sirva de acicate para que la Junta de Castilla y León siga apostando por la transparencia y pueda llegar, en términos homogéneos, al conjunto de las empresas públicas de la Comunidad, y en los mismos términos en los que se presentan los datos ya en la página web de la Junta de Castilla y León para la deuda de la Administración general. Nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Cruz. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Mitadiel, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias, presidenta. Bueno, creo que esta propuesta de resolución es un paso muy corto, pero también entendemos que es un paso adelante. En ese sentido, lo vamos a apoyar, aunque pensamos que es absolutamente, o bastante, insuficiente.

Y antes hablábamos de un aspecto de la Administración institucional: hablábamos del personal, y hablábamos de cómo se había seleccionado al personal con distintos criterios que a la Administración general. Bueno, pues aquí estamos tocando de... subyace en este tema algo que para nuestro grupo está claro: la Administración institucional es opaca, pero es que es opaca para las propias Consejerías. Es decir, tengo la sensación de que... –y lo he manifestado alguna vez- de que las Consejerías realmente no controlan aquellas instituciones que dependen de ellos.

Como decía antes el ponente del Partido Popular, esto tiene causa de una proposición no de ley que discutimos aquí, que el Partido Popular rechazó con un argumento que es entendible, y es que a las entidades que están fuera de... digamos, de nuestras potestades, no se les puede imponer determinadas obligaciones de información. Cierto, pero también lo que le quiero decir al Partido Popular es que, efectivamente, primero, toda la Administración institucional y todas aquellas entidades en las que la Junta tenga competencias tienen que tener las mismas obligaciones de transparencia que la Administración general. Pero además, en aquellas entidades en las que participemos pero no seamos los que tengamos capacidad de decidir porque tienen otra naturaleza distinta, lo que sí tenemos es una capacidad de influencia, o lo que sí tiene que tener la Junta de Castilla y León es una capacidad de influencia, para imponer este compromiso de transparencia y de información a los ciudadanos en todas las entidades. No tendrá la capacidad legal, pero sí debe tener la capacidad moral y de hecho para poderlo imponer.

En ese sentido, creo que, cuando analicemos en la Comisión que se acaba de crear cada una de las entidades, veremos un poco más claro el tema, y sobre todo veremos un poco más claro las necesidades que tenemos de que estos entes hagan una información, sobre todo una información en cuanto a cuestiones económicas, suficientemente importante. Aquí queda pendiente los temas referidos a la contratación, donde, por cierto, seguimos siendo –digamos- poco cumplidores. Parece que no estamos cumpliendo determinadas compromisos a los que habíamos llegado sobre la publicación de los contratos menores, etcétera, etcétera.

Bueno, dicho eso, creo que aunque la propuesta es de carácter insuficiente, porque solamente toca algo que yo creo que todos tenemos claro, pero que hay que seguir avanzando, como es un paso hacia delante, lo vamos a apoyar. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Mitadiel. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Díez.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Gracias, presidenta. Bueno, en opinión de nuestro grupo parlamentario, esta propuesta es del todo insuficiente, un paso muy pequeño. Como decía la canción: un pasito p'alante, María, un pasito para atrás.

El PP, me acuerdo, en aquella Comisión en la que rechazó la iniciativa, en este caso del Partido Socialista, la rechazó con la excusa de que no podían fiscalizar a los entes, aquellos entes en los cuales no era competente la Administración; pero la Administración, siendo en este caso totalmente responsable, o participando en los mismos, desde luego, nuestro grupo no lo entendemos así; y más cuando han sido esas... esa "administración b" el objeto de una Comisión –en este caso no permanente- que tenemos en este momento, cuando ha sido esta "administración b" el objeto de numerosos procesos judiciales en esta Comunidad Autónoma.

La transparencia, señorías, para nuestro grupo político es algo inherente a nuestra ideología, como es inherente a nuestra creación, que surgió tras aquellas famosas demandas en aquel famoso quince de mayo de dos mil once. Una ciudadanía cansada de información y que, tras sucesivos cambios de Gobierno, tanto del Partido Popular como también del Partido Socialista, tras mayorías absolutas, el Gobierno anterior levantara las alfombras del Gobierno subsiguiente, se encontrara con un reguero de corrupción y mal uso del dinero público, y así sucesivamente. La ciudadanía entendió el mensaje y mandó un mensaje de pluralidad a nuestra sociedad, manifestada en la aparición de nuevos partidos políticos.

Como digo, esa corrupción política generalizada que ha vivido nuestro país, con evidentes conexiones entre el poder político y el poder económico, especialmente el poder financiero de nuestro país, no es ajena Castilla y León, con las conexiones con las Cajas de Ahorro, etcétera. Estas conexiones vienen produciéndose desde el periodo franquista, y no se interrumpen durante la transición y el posterior periodo democrático que estamos viviendo. Estas situaciones han hecho que se generalicen patrones de comportamiento que hacen del mal uso de los recursos públicos una seña de identidad del famoso "régimen del 78"; un régimen que es necesario reformar para implementar medidas urgentes de regeneración democrática y control de la Administración pública. Y Castilla y León, señorías, no es ajeno a estos avatares. De hecho, fue la llegada de este grupo político a la Cámara la que puso encima de la mesa un debate que en nuestra Comunidad no contaba con el impulso necesario, si bien se habían dado pequeños pasos en la anterior legislatura. Pese a los escándalos de las eólicas, la conexión de la Gürtel con nuestra Comunidad Autónoma y el edificio de "la perla negra", no habíamos podido tratar en profundidad y, como se dice popularmente, abordar el toro por los cuernos de la transparencia.

Por eso fuimos ambiciosos, y por eso nuestro grupo parlamentario defendió en estas Cortes un Proyecto de Ley de Cuentas Abiertas para la Administración pública de Castilla y León, que sí se ha aprobado en otras Comunidades Autónomas (se ha aprobado en Extremadura, se ha aprobado en la Comunidad Valenciana), pero que el grupo proponente de esta iniciativa hizo que no prosperara, votando en contra del mismo. Esta iniciativa, de haberse aprobado, evitaría que hoy siguiéramos debatiendo en esta Comisión iniciativas como esta, del todo insuficientes. Porque con esta ley hubieran sido accesibles a cualquier persona todas las cuentas de los organismos y entidades que dependen del sector público autonómico -y digo "dependen", y "no forman", de manera deliberada-, en las que se refiere el Artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de tres de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de Castilla y León.

En coherencia con lo expresado, y aunque la propuesta de resolución no se acerca lo más mínimo a nuestra iniciativa, desde luego, no vamos a rechazar esta PNL, para que los entes que integran la Administración institucional y las empresas públicas de la Comunidad publiquen en sus correspondientes páginas web los datos de su endeudamiento, porque, desde luego, es una herramienta más con la que contamos, aunque ya digo que me parece totalmente insuficiente, porque no vamos a abarcar a esa Administración paralela, que es la que yo creo que debemos controlar con mayor énfasis y ahínco. Porque, aunque estas referencias nos van a proporcionar información y nos van a ayudar a dirimir -en algunos casos sí que es verdad- la integridad, eficacia y responsabilidad de la gestión pública, no tenemos del todo claro que con esta iniciativa podamos llegar a visualizar una suficiente información, como ya digo, de la Administración paralela. Por eso, aunque expresamos nuestra abstención a esta iniciativa, no significa que nos conformemos, y seguiremos demandando una mayor apertura en la Administración para contar con más transparencia.

Nos congratula que el Partido Popular también vaya tomando en consideración las demandas del resto de grupos y, en especial, me quiero acordar de las recomendaciones del Consejo de Cuentas, que año tras año se ven ampliamente desoídas por la Junta de Castilla y León, y que es quien reiteradamente ha pedido la publicación de esta situación económica-financiera, y especialmente presupuestaria, de estos entes que hoy se traen a colación a esta Comisión. Por eso creemos que es justo agradecer hoy también el trabajo del Consejo de Cuentas, aunque no esté. Y, desde luego, señorías, estaremos vigilantes en nuestro papel de control al Gobierno para que se cumpla esta propuesta y podamos tener acceso a esta información clave para una Administración transparente y, por supuesto, para que mejore nuestra labor de oposición, y para que la ciudadanía, esa ciudadanía informada que demanda mayor detalle y mayor precisión en la información, conozca el uso del dinero público y cómo se gestiona en esta Comunidad Autónoma. Muchísimas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Díez. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Izquierdo.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Buenos días de nuevo. Y gracias, señora presidenta. La verdad que es oportuna hoy la... el debate sobre esta iniciativa, que, como bien decía el portavoz proponente, trae colación de una que ya debatimos en esta Comisión en el mes de marzo. Digo que es oportuna por la publicación reciente, ayer mismo, de los datos de endeudamiento de las Comunidades Autónomas, y nosotros, desde luego, hacemos una interpretación bastante diferente a la que hace el Partido Popular en relación con la situación de nuestras cuentas públicas.

Mire, usted obvia algunos datos que nos parecen importantes. Bueno, estar el séptimo de 16 es como estar... -o de 17- es como estar ahí, pues bueno, en la mitad, ni muy bien ni muy mal, ¿no?, una cosa... Pero ese es un dato, bueno, pues muy relativo. Pero, en todo caso, yo sí quiero hacer un repaso de algunos datos de la evolución de la deuda pública en nuestra Comunidad Autónoma, para que veamos cuál ha sido la incidencia del Gobierno del presidente Herrera en la generación de deuda pública.

En el año dos mil, la deuda pública de Castilla y León, según los datos del Banco de España, era de 1.086 millones de euros. En el año dos mil dieciséis, segundo trimestre, los datos recientemente publicados, 10.996 millones de euros, lo que es multiplicar por más de diez la deuda que cogió el presidente Herrera de su antecesor como presidente de esta Comunidad Autónoma. No creo yo que sea un dato para presumir, ¿eh?, y, desde luego, no será una herencia de la que presumir ni estar satisfecho para el siguiente presidente de la Comunidad Autónoma encontrarse con estos datos de endeudamiento. Multiplicar por diez la deuda en un periodo de 15 años, me parece a mí que es una cosa pues, desde luego, no mucho menor y, desde luego, no para presumir.

Datos de la deuda de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma. Cuando el señor Herrera llegó a la Comunidad Autónoma como presidente, nuestras empresas públicas tenían 17 millones de euros de deuda, hoy tienen 167. Nuevamente ha multiplicado por diez la deuda de las empresas públicas de nuestra Comunidad. Pero, fíjese, lo grave de esto es que, además, en el caso de las empresas públicas, en el dos mil ocho la deuda estaba desbocada, estaba en 249 millones. Después se ha asumido por parte de la Administración institucional, fundamentalmente a través de ADE, que se ha llevado toda la deuda de Gesturcal y de ADE Parques, que no era menor, ni mucho menos, y ahí es verdad que, con esa operación de maquillaje, ustedes consiguieron que la deuda pública de las empresas bajara, en el año dos mil diez, a 23. Pero es que desde el dos mil diez al dieciséis la han llevado otra vez a 167 millones. Son ustedes unos manirrotos y, desde luego, unos malos gestores de la deuda pública. Y no lo digo solo porque la hayan multiplicado por diez en el periodo de Gobierno del presidente Herrera, sino lo digo por la estructura de los calendarios de vencimientos que nos esperan para los próximos años [el orador muestra una imagen], que da la sensación, como dijo la consejera de Hacienda en su momento, de que quien venga detrás, que arree.

En el año dos mil dieciséis esta Comunidad Autónoma tiene una deuda, un calendario de vencimientos de deuda, de 530 millones de euros; pero es que esta va a ir creciendo de manera significativa y, en el año dos mil veintiuno, esta Comunidad Autónoma tiene previsto el pago... vencimiento de 1.206 millones de euros de deuda, vencimiento de capital. Sumen los intereses y réstenselo a lo que puede ser el Presupuesto consolidado en este momento de la Junta de Castilla y León, y verán ustedes como, para ese momento, nos quedarán poco más de siete mil y pico millones de euros disponibles que no sean destinados al pago de la deuda de la Comunidad Autónoma.

Es decir, han multiplicado por 10 la deuda total de la Comunidad Autónoma en el periodo de Gobierno del señor Herrera, y están marcando unos calendarios de vencimiento que van a poner en una situación crítica al mantenimiento del estado de bienestar. Por eso ustedes rechazan ese planteamiento que nosotros hacemos de fijar el suelo social en el 12 % del PIB, y hablan siempre del gasto no financiero disponible de las Consejerías, del 80 %. Cuando en dos mil veintiuno el gasto financiero, en lugar de ser ocho mil y pico, como este año, sea siete mil y pico, ustedes seguirán cumpliendo con el 80 %, si quieren, pero habrán recortado pues del orden de 800 millones de euros más al estado de bienestar para esas fechas.

Fíjese la diferencia si no es significativa en cómo fijar el suelo de gasto social que nosotros solicitamos y el que ustedes plantean; la diferencia es tremendamente significativa; y todo eso con una política absolutamente irresponsable de generación de ingresos, con sucesivas bajadas de impuestos a quienes más tienen, a los más ricos de esta Comunidad Autónoma, en los tramos superiores del IRPF, en los tramos también del impuesto del patrimonio y de sucesiones y, por supuesto, también en las tasas de juego, en las que hacen unos regalos que, desde luego, no somos capaces de entender en ningún momento.

Volviendo al contenido exacto de la propuesta que ustedes hacen, no es que no hubiera falta... voluntad de acuerdo en el debate anterior, es que ustedes circunscriben su propuesta a una cosa muy limitada, muy estricta, y desde luego no compartimos el fondo de la cuestión. Mire, yo luego le voy a hacer una propuesta de una enmienda -se la puedo pasar por escrito incluso-, pero lo digo con el ánimo de que seamos capaces de alcanzar un consenso, porque, si no me equivoco, aquella proposición sufrió empate, por tanto, está viva para un próximo debate en el Pleno, y más valdría que hoy nos pusiéramos de acuerdo en esta Comisión y, de paso, que nos ahorráramos un nuevo debate en un sucesivo Pleno en relación con esa proposición, y que pudiéramos llegar a un planteamiento acordado.

Porque la redacción que usted hace se diferencia notablemente de la que nosotros planteábamos, que era que fueran todas las entidades del sector público las que publicaran su deuda en términos generales a las que hace la Administración general de la Comunidad Autónoma. Le puedo admitir un planteamiento de carácter general, que es que cada una lo publique en su web, eso lo puedo admitir, en eso admito que cada entidad publique en su página web el contenido de la deuda. Pero, con su redacción, ustedes estarían dejando fuera a todas las fundaciones de la Comunidad Autónoma, como la Fundación Siglo, la Fundación Patrimonio Natural, la Fundación Tutela, que es cierto que hoy no tienen deuda, pero que nada impide que en un determinado momento puedan tener endeudamiento y, por tanto, desconoceríamos... los ciudadanos desconoceríamos cuál es el alcance de esa deuda.

Ustedes se niegan también a incorporar los consorcios, ¿eh?, que también figuran en el Artículo 2 de la Ley del Sector Público de nuestra Comunidad Autónoma, y, por tanto, quieren ocultar el endeudamiento de la Ciudad del Medio Ambiente, y nosotros nos negamos a eso. Por tanto, ¿ven cómo hay diferencias importantes?

Y también entendemos que hay entidades que tienen... estarían incluidas probablemente o en la letra g) del primero... del primer apartado de ese artículo, o en el apartado segundo, como Sodical o como Iberaval, donde la Junta de Castilla y León tiene una participación mayoritaria, y desde luego que podría hacer algo para que se conociera también la cartera de deuda de esas entidades en las que la Junta de Castilla y León, sin duda, tiene mucho que decir.

Por tanto, ¿usted ve las diferencias que hay entre su planteamiento y el nuestro? Usted quiere excluir algunas entidades que para nosotros es importante que se conozca el nivel de endeudamiento. Y por eso yo le hago una propuesta, que básicamente se la resumo, aunque luego la lea íntegramente. Lo que viene a decir es que aquellas entidades en las que la Junta de Castilla y León participa mayoritariamente, esta haga lo que usted dice, que impulse la publicación de todas las... sus datos de deuda, como hace la Administración general; y añadiríamos también que con quién se contrata, y con qué tipos de interés, y los vencimientos -que es algo que, por cierto, publica la Administración general y, por tanto, pueden hacer perfectamente el resto de entidades-.

Y el segundo aspecto sería que la Junta de Castilla y León instara al resto de entidades del sector público -llámese universidades o las fundaciones en las que no es mayoritaria la Junta de Castilla y León- a que hiciesen lo mismo, en el ánimo de que por lo menos se les solicite a estas entidades un impulso también de transparencia, que en el primero de los apartados pediríamos que se llevara a cabo en todas las entidades que es mayoritaria la Junta de Castilla y León.

De tal manera que la enmienda quedaría de este tenor. Serían dos apartados. El primero diría: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que impulse las actuaciones necesarias para que los entes que integran el sector público autonómico, tal como se definen en el Artículo 2 de la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, en los que su participación sea mayoritaria, publiquen en sus correspondientes páginas web, a lo largo del presente ejercicio, los datos de su endeudamiento en términos similares a la información que se publica de la deuda de la Administración General, a la que se añadirán la información sobre con quién se contrata, tipos de interés y vencimientos de la misma".

Y el segundo punto sería: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que inste al resto de las entidades del sector público autonómico a que publiquen en sus correspondientes páginas webs, a lo largo del presente ejercicio, los datos de su endeudamiento en términos similares a la información que se publica en la deuda de la Administración General". Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Izquierdo. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra el proponente, señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer el apoyo a los grupos que han manifestado su posición favorable a esta iniciativa. Y manifestar, efectivamente, que es un paso adelante, no un paso atrás en ningún caso. Es importante seguir avanzando en materia de transparencia, porque una cosa es predicar y otra es dar trigo.

Y yo lo que quiero poner de manifiesto es algo que... en lo que no puedo estar de acuerdo, en lo que se ha sustanciado una parte del debate, y es que algunos grupos de reciente constitución política se arroguen ahora el término de la transparencia. En materia de transparencia algunos llevan trabajando mucho tiempo. Y lo he puesto de manifiesto, que en el año dos mil once -en el año dos mil once, cuando nadie hablaba de transparencia- Castilla y León ya apostaba por la transparencia. Y antes de que se llegase por parte del Grupo Parlamentario Podemos a esta Cámara, antes, en el año dos mil quince, estas Cortes se dotaron de una ley, de una ley de transparencia, la Ley 3/2015, que fue respaldada por entonces básicamente la mayoría de los grupos que tenían representación en la Cámara, básicamente el Grupo Mixto, Izquierda Unida -ahora sus socios; a lo mejor ellos sí se podían arrogar algo de lo que ustedes no pueden hacerlo-, y por parte de... el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista.

Se han dado pasos, y la primera ley de transparencia en España la hizo un Gobierno del Partido Popular. Y quiero recordarlo, porque se habla mucho de transparencia, pero hay muchos que han estado gobernando durante muchos años y nada han hecho por la transparencia, y ha sido el Partido Popular el que ha hecho una apuesta por la transparencia. Además, y hay que reconocerlo, porque la sociedad demandaba un incremento en materia de transparencia. Y la obligación del legislador es escuchar a la ciudadanía y poner en servicio a las instituciones para que estas puedan mejorar en cualquier ámbito, y desde luego el ámbito de la transparencia ha sido una reclamación en la última legislatura, y creo que se ha dado una respuesta. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar, y esta iniciativa lo que pretende es mejorar en materia de transparencia, en materia de transparencia económico-financiera en el ámbito de la deuda de nuestra Comunidad.

Y quiero centrar ya mi intervención en lo que ha sido no el objeto del debate de la proposición no de ley, sino en la situación de la deuda en la Comunidad, que es donde ha centrado el debate el representante del Grupo Socialista en la Comisión respecto a la situación de la deuda en la Comunidad. Y, efectivamente, usted ha dado un dato que es real: en el año dos mil la deuda de la Comunidad eran 1.086 millones; en el año dos mil dieciséis, segundo trimestre, la deuda de la Comunidad -como hizo ayer público el Banco de España- son 10.996. Y es verdad que la deuda en ese sentido se ha multiplicado por diez, pero lo que usted ha obviado es el por qué se ha incrementado por diez.

Ha llevado un debate... ¿se ha incrementado por diez la deuda? ¿Usted sabe cuándo se ha incrementado la deuda de la Comunidad? La deuda de la Comunidad, en el año... -efectivamente, y ya ha dicho usted- año dos mil, era 1.086 millones. Pero es que en el año dos mil nueve, en el año dos mil nueve, ya después de nueve años del Gobierno de... ocho años del Gobierno de Juan Vicente Herrera, la deuda de esta Comunidad eran 3.227 millones de euros, señor Izquierdo. ¡Qué curioso que a partir de que el modelo de financiación cambia, año dos mil nueve, es cuando se incrementa sustancialmente la deuda, no de esta Comunidad, del conjunto de las Comunidades Autónomas de nuestro país! Fíjese, año dos mil nueve, 3.227 millones de euros, deuda de Castilla y León. Cambia el modelo de financiación, las entregas a cuenta derivan en una pérdida de peso de la financiación del Estado para el conjunto de las Comunidades Autónomas. Ya hemos recibido, en el año dos mil dos, una de las principales competencias que tiene esta Comunidad, que es la sanidad, y es donde se pone de manifiesto la insuficiencia de un modelo de financiación que este grupo parlamentario ha venido denunciando históricamente en esta Cámara y que ustedes, curiosamente, decían que era un traje hecho a la medida de Castilla y León. Eran ustedes los que decían que este modelo de financiación magnífico, que pactó un presidente de Gobierno socialista con una Comunidad Autónoma bilateralmente, bilateralmente, y al que no hubo más remedio que adherirse, era un traje hecho a la medida de Castilla y León.

Pero fíjese, en el año dos mil nueve la deuda de nuestra Comunidad -ocho años de gobierno de Juan Vicente Herrera- eran 3.227 millones de euros; y ha sido a partir de la modificación del modelo de financiación donde se pone de manifiesto, ejercicio tras ejercicio, que las entregas a cuenta del modelo de financiación ni siquiera cubren las necesidades de las tres Consejerías sociales de esta Comunidad. Ejercicio tras ejercicio. Lo hemos visto en el dos mil once, en el dos mil doce, en el dos mil trece, en el dos mil catorce, en el dos mil quince. Y en el último Presupuesto, en el hoy vigente, esas entregas a cuenta son prácticamente 500 millones de euros menos que lo que la Junta destina al gasto sanitario, educativo y social en los Presupuestos del dos mil dieciséis. Por eso, desgraciadamente, hemos tenido que recurrir a la deuda.

Y yo creo que la deuda es bueno recurrir para mantener la calidad de los servicios. Porque lo que usted ha obviado también es que la calidad de los servicios de la Junta de Castilla y León están por encima de la media de la calidad de los servicios que prestan las Comunidades Autónomas, en la que, por cierto, en algunas ustedes gobiernan. Y le voy a dar un ejemplo de lo que redunda y lo que estoy manifestando. Fíjese, una Comunidad históricamente gobernada por ustedes, salvo cuatro años, Castilla-La Mancha: 13.337 millones de euros de deuda. Es la decimotercera Comunidad más endeudada de España.

Si es que ustedes, además, cuando han estado aquí y en la Oposición, sistemáticamente, ejercicio tras ejercicio, lo único que pedían es que pidiésemos más deuda. Repase usted el Diario de Sesiones y vea lo que decían sus compañeros aquí, en esta Cámara, que había que endeudarse más para invertir más, que éramos muy prudentes. De aquella prudencia mantiene hoy todavía Castilla y León una posición cómoda. No digo que sea la mejor, pero desde luego cómoda, porque, como he dicho, Castilla y León es la séptima Comunidad menos endeudada en términos de PIB, y la sexta menos endeudada en términos de deuda por habitante.

Por lo tanto, la principal característica que ha tenido el endeudamiento de la Comunidad es que hemos tenido que recurrir a él para garantizar la calidad de los servicios ante un modelo de financiación en la que, por cierto, nos hemos puesto todos de acuerdo, y ustedes incluso ya han reconocido que ha sido nefasto para esta Comunidad: el modelo de financiación que bilateralmente negoció el Gobierno de España del señor Zapatero con una Comunidad Autónoma, y que ustedes -les recordaba- tildaron como un traje hecho a la medida de Castilla y León.

Y mire, yo no voy a aceptar su propuesta de enmienda. La proposición es una proposición muy básica. Ya he dicho que parte del contenido de la propuesta de resolución ya se está cumpliendo, porque las empresas públicas ya están publicando el endeudamiento. Porque además es obligatorio hacerlo a raíz de la aplicación de la ley de transparencia de la que nos dotamos en esta Cámara en marzo del dos mil quince. Pero creo que se avanza en que sea en términos homogéneos y en datos de formatos abiertos, como lo hace la Administración general de la Comunidad.

Y mire, es verdad que las empresas públicas de la Comunidad tienen deuda, pero yo quiero matizarle: los 167 millones de euros es las empresas públicas -lo digo a efectos de que centremos el debate- que no computan a efectos SEC, porque son las empresas... es una empresa pública, no las empresas públicas, señor Izquierdo, que es la que actúa en actividad de mercado. Por lo tanto, la deuda de las empresas públicas es mayor, no son 167 millones de euros, pero está computada -tranquilícese- en los términos SEC. La deuda total de Castilla y León -y somos transparentes, y los datos son del Banco de España, se lo he dado yo el dato antes- son los 1.996 millones de euros del conjunto de la Administración general, las instituciones, las empresas públicas, sumándole básicamente los 167 millones de euros que no computan en términos del sistema europeo de cuentas porque se obedecen a la deuda de las empresas públicas que operan en el mercado.

Y quiero dejarlo muy claro. El problema de la deuda: hay que seguir manteniendo la calidad de los servicios; y Castilla y León tiene una posición de privilegio junto a otras muchas Comunidades Autónomas. Y yo quiero romper además una lanza al conjunto de las Comunidades Autónomas para acabar mi intervención: cuando se habla, en un discurso generalizado, que las Comunidades Autónomas despilfarran y que son las generadoras de la mayor parte de la deuda, el conjunto de la deuda del país -de las Comunidades Autónomas- sumaba, en los datos del Banco de España ayer, 273.000 millones de euros. De esos 273.000 millones de euros de deuda del conjunto de la Administración autonómica, cuatro Comunidades Autónomas tienen el 60 % de esa deuda. Y hay que decirlo: Cataluña, 74.757 millones de euros; Valencia, 43.164; Andalucía, 32.551; y Madrid, 29.000.

¿Qué quiero decir con esto? Todas las Comunidades Autónomas se han endeudado, pero se han endeudado porque tienen que prestar servicios de calidad, que son los demandados por los ciudadanos. Hay que recordar a la ciudadanía que las Comunidades Autónomas son las que garantizan la prestación de los servicios fundamentales (la educación, la sanidad y los servicios sociales), y todas, en general, han tenido que recurrir al endeudamiento porque el modelo de financiación es un modelo de financiación insuficiente.

Luego ya podíamos entrar en otras circunstancias. Es verdad que hay Comunidades que han gestionado mejor y otras que no lo han hecho. Yo estoy convencido que Castilla y León ha sido una Comunidad prudente en cuanto a la deuda y que ha gestionado bien, porque lo pone de manifiesto la calidad de los servicios que prestamos. Pero hay que relativizar estos datos. Es verdad que la deuda es alta, pero hay que recordar qué servicios prestan las Comunidades Autónomas. No podemos demonizar, desde luego, aquí, en las... en una Cámara legislativa, a las Comunidades Autónomas en cuanto a la deuda. Y, en todo caso, yo creo que Castilla y León tiene una posición razonable en cuanto a su endeudamiento. Desgraciadamente ha tenido que acudir a él, como he puesto de manifiesto, a partir del año dos mil nueve, porque el modelo de financiación es un modelo de financiación insuficiente.

Y, desde luego, la aprobación de esta proposición no de ley avanza en algo importante, en la transparencia, para que los ciudadanos tengan acceso a conocer las cuentas públicas en materia de transparencia económico-financiera.

Y finalizo planteando una... no tiene sentido plantear la deuda de las fundaciones, porque hoy las fundaciones no tienen deuda. Si hubiera deuda en las fundaciones, no tendríamos ningún inconveniente en haberlas incorporado, pero hoy las fundaciones no tienen deuda, como usted ha reconocido en su intervención.

Quiero terminar agradeciendo la posición favorable de los grupos que van... han manifestado su planteamiento en los turnos que me han precedido. Y manifestar que damos un paso más en materia de transparencia, y que esta Comunidad Autónoma ha apostado por ella desde hace tiempo y va a seguir apostando por la transparencia. Nada más. Y muchas gracias.

Votación PNL/000686

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Cruz. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Diez. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Diecisiete votos emitidos. Diez votos a favor. Siete abstenciones. Queda aprobada la proposición no de ley debatida.

Pasamos al cuarto punto del orden del día. Por la señora secretaria se dará lectura del cuarto punto del orden del día.

PNL/000752

LA SECRETARIA (SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ):

Proposición No de Ley 752, presentada por los procuradores don Fernando Pablos Romo, don José Javier Izquierdo Roncero, don José Francisco Martín Martínez y don Juan Luis Cepa Álvarez, para instar a la Junta a remitir a estas Cortes, antes del treinta de septiembre de dos mil dieciséis, un proyecto de ley que modifique la Ley 4/2002, de once de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 148, de veintidós de junio de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora secretaria. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación del grupo proponente, el señor Pablos Romo.

EL SEÑOR PABLOS ROMO:

Gracias, señora presidenta. Con mucha brevedad, porque esta proposición no de ley es sencilla, es una reivindicación de los representantes del sector, que ha trasladado al Grupo Socialista, y que intentaré en esta primera intervención explicar el motivo de la misma.

Desde hace mucho tiempo, varios años, se está en negociaciones con estos representantes para poder actualizar la Ley de Cooperativas de Castilla y León. Una ley antigua, estamos hablando de una ley que es del once de abril del dos mil dos, hace catorce años, más de catorce años, catorce años y medio, y que, desde entonces, han cambiado muchas cosas en el ámbito económico, fundamentalmente, que requiere actualizarla.

Esta actualización se ha producido en buena parte de las Comunidades Autónomas de España, y permítanme que solo ponga un ejemplo -hay muchos más- de cómo se puede mejorar para facilitar que las cooperativas sigan siendo un instrumento de generación de riqueza, que ese es el objetivo.

El Artículo 5 de nuestra ley en vigor dice textualmente: "Número mínimo de socios. Las sociedades cooperativas de primer grado estarán integradas como mínimo por tres socios que realicen actividad cooperativizada, sin perjuicio de lo que para cada clase de cooperativas se determine en esta Ley". Pues bien, este mínimo, en algún tipo de cooperativas, fundamentalmente en las de trabajo asociado, ha sido modificado para que no se pierda ninguna oportunidad de crear riqueza en diferentes Comunidades Autónomas de España.

Así, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, desde el uno de enero de dos mil trece, tras haberse incorporado a la Ley de Medidas Fiscales de esta Comunidad de diciembre del año anterior, se dice textualmente que la ley se modifica para reducir de tres a dos el número de socios necesarios para las cooperativas de trabajo asociado. De forma más general aún, una ley muy reciente, la Ley 12/2015, de nueve de julio, de Cataluña, la Ley de Cooperativas de Cataluña, establece en su Artículo 12: las cooperativas de primer grado deben estar constituidas por un mínimo de dos socios.

Este es uno de los aspectos -hay muchos más- que tienen que ver también con diferentes tipos de cooperativas. La ley no puede ser exclusiva para las cooperativas de trabajo asociado, pero parece razonable que, si tres era un número mínimo, dos también lo sea, y que no perdamos ni una sola oportunidad de crear una cooperativa porque no hay posibilidad de encontrar un tercer socio en algunos casos.

Pues bien, lo que pretende esta iniciativa es, después de mucho tiempo de negociación, que se marque un periodo. El Grupo Socialista es consciente -la registró en el mes de junio, lo marcaba para el treinta de septiembre- que, al día de hoy, el treinta de septiembre no va a ser; pero, desde luego, lo que planteamos es que el conjunto de los grupos respalden esta iniciativa, que nos pongamos de acuerdo en un periodo que no puede ir más allá del principio del siguiente periodo de sesiones, del periodo que empezará a partir del próximo mes de febrero, porque, si no somos capaces de hacerlo, estas... este déficit de modificación legal seguirá incidiendo negativamente, en mayor o menor medida, en el aparato productivo de Castilla y León, y esto, desde luego, el Grupo Socialista considera que el conjunto de las Cortes no debe considerarlo.

Por eso, planteamos al grupo... al resto de los grupos una iniciativa sencilla, que confiemos que pueda ser respaldada.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Pablos. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor Mitadiel.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias, presidenta. Y también muy brevemente, porque los elementos fundamentales ya están dichos. Se trata de una normativa con catorce años de antigüedad. Durante esos catorce años, la realidad económica de... sobre todo del sector agrario y ganadero, pero en general la situación económica ha cambiado de forma sustancial, y, por lo tanto, es necesaria una adaptación. El señor Pablos daba un ejemplo con el número de miembros mínimo para la constitución de una cooperativa. Seguramente hay muchos más que habría que modificar.

Y en cuanto a lo que seguramente va a sostener la polémica, porque creo que todos vamos a estar de acuerdo en la realización, en instar a la Junta para que presenten un proyecto de ley, la clave está en el tema de la fecha. Evidentemente, el treinta de septiembre es algo que no es posible. Pero yo creo que, dentro de lo razonable, es decir, que esto no se dilate indefinidamente, se trata de que recibamos un proyecto suficientemente pensado y elaborado y que no... y que no se dilate. Por eso, pido a los grupos que, en cuanto a fechas, podamos llegar a un acuerdo que sea lo suficientemente próximo y que permita que se presente un presupuesto... perdón, un proyecto suficientemente elaborado.

Por mi parte, naturalmente, vamos a apoyar esta propuesta de resolución. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Mitadiel. Y, en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Díez, por el Grupo Parlamentario Podemos.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Buenos días, señorías. Esta iniciativa se enmarca dentro del impulso al... en este caso, al Ejecutivo por parte del Legislativo. Bien, el mandato constitucional dirigido a todos los poderes públicos de promover diversas formas de participación en la empresa y fomentar, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas se enmarca dentro de los principios y valores de nuestra Constitución.

Con la asunción por las Comunidades Autónomas de la capacidad legislativa en materia de cooperativas, el panorama normativo español ha adquirido una gran complejidad que no... que, en este sentido, se sitúa la Ley 4/2002, de once de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León. Tenemos una ley que tiene catorce años, en el que las Comunidades... y, como digo, gracias a ello, las Comunidades Autónomas pueden ordenar administrativamente los sectores económicos en los que tengan competencia, como son las cooperativas.

Yo, desde luego, evidentemente, he estudiado la ley en profundidad, vamos a decirlo así. Tengo aquí, por ejemplo, un artículo de una revista jurídica de Castilla y León, publicada en el año dos mil siete, en el cual ya se ve como la ley en el año dos mil siete tiene algunos aspectos que podían ser manifiestamente mejorables. Realmente -estamos en el año dos mil dieciséis-, yo creo que es un buen momento para remitir un nuevo proyecto de ley de cooperativas, especialmente necesario en el sector agrario, donde la... ha cambiado mucho en estos catorce años el sector –lo hemos visto con la crisis láctea, lo vamos a ver también con la desaparición de las cuotas en el sector de la remolacha-, y creo que es necesario que antes de que desaparezca, por ejemplo, las cuotas en el sector de la remolacha, tengamos en cuenta estas nuevas realidades y cambiemos -en este caso, si no puede ser con un nuevo proyecto de ley, por lo menos sí con alguna modificación- la Ley de Cooperativas. Desde luego, desde nuestro grupo político pensamos que es un compromiso del señor Herrera y del Partido Popular, al cual se han comprometido y, por lo tanto, creo que deben de cumplirlo.

Por lo tanto, yo no voy a ser... nuestro grupo va a apoyar esta iniciativa; no vamos a entrar mucho en las fechas, esperamos que sea en un plazo razonable, que podamos llegar a un acuerdo, que esta iniciativa salga con el concurso de todos, y en ello estaremos también y por ello abogaremos. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Díez. Y en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cruz.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, presidenta. Y también con brevedad, porque en el fondo, prácticamente, estamos todos de acuerdo. Es necesario acometer una modificación y una adaptación de la Ley de Cooperativas del año dos mil dos -han pasado catorce años-, no solo en el ejemplo, que es un buen ejemplo, de lo que es la composición de las cooperativas, relativa al Artículo 5, que ha puesto como ejemplo el proponente, sino también la adaptación de los procedimientos incluso a las últimas modificaciones que se han producido en el ámbito del procedimiento administrativo común, la adaptación a todo el tema de comunicaciones y nuevas tecnologías, y, por lo tanto, es necesario una adaptación de la ley, en la que -ya quiero manifestar- se está trabajando. Podríamos avanzar que podríamos contar con un anteproyecto suficientemente trabajado a finales de este mismo ejercicio.

El problema está, efectivamente –como se ha puesto de manifiesto-, en el... en tener una fecha firme para que esta Cámara pueda analizar un proyecto de ley. Un proyecto de ley –como los procuradores perfectamente conocen- tiene una serie de requisitos: inicialmente pasa, obviamente –como no puede ser de otra manera-, por abrir un diálogo con los representantes de los sectores a través del Consejo Regional de Economía Social de Castilla y León -con el que ya se está trabajando-; la necesidad de cumplir unos plazos en cuanto es la tramitación ante el Consejo Consultivo, la aprobación previamente por parte del Consejo de Gobierno.

Y, ante esta situación y ante la necesidad –porque, como he dicho, en el fondo, estamos totalmente de acuerdo-, el Grupo Parlamentario Popular lo que propone es una propuesta... es una enmienda a la propuesta de resolución en los siguientes términos, que sería: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a remitir a este Parlamento, en el siguiente periodo de sesiones, el proyecto de ley que modifique la Ley 4/2002, de once de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León". Con el... al establecer en el siguiente periodo de sesiones, estamos delimitando a que antes, claramente, del treinta de junio del dos mil diecisiete, el proyecto de ley entre en esta Cámara, y creo que es un plazo razonable para continuar con el trabajo del anteproyecto, con ese diálogo con el Consejo Regional de Economía Social y las federaciones y uniones de... que representan los intereses de las cooperativas, con la certeza de que durante el año dos mil diecisiete Castilla y León habría adaptado su normativa... su Ley de Cooperativas a una... a la nueva realidad que está demandando la sociedad de nuestra Comunidad.

Creo que es una propuesta razonable. Prácticamente es imposible aprobar... traer un documento con rigor y negociado con los representantes, y con todos los parabienes que... que plantea un proyecto de ley, antes de que finalice el actual periodo de sesiones -estamos prácticamente entrando en el mes de octubre-; por eso se plantea que sea en el siguiente periodo de sesiones... se cumpla con el objeto de lo que se plantea en la propuesta de resolución presentada por el Grupo Socialista. Nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Cruz. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor Pablos Romo.

EL SEÑOR PABLOS ROMO:

Gracias, señora presidenta. Pues con absoluta brevedad. Agradecer al Grupo Ciudadanos, al Grupo Podemos. Es razonable lo que plantea el Grupo Popular en cuanto a tiempo, habida cuenta de la imposibilidad del plazo inicialmente previsto por el Grupo Socialista, y, por lo tanto, solamente esperar que esta Comisión –de la que quien habla no forma parte- sean, como Ponencia, la que desarrolle una buena ley de cooperativas para el conjunto de la Comunidad Autónoma, porque estamos hablando, además, de una forma de generar riqueza, que para los socialistas es muy importante, donde quienes son los partícipes de la misma son personas implicadas desde el principio en su gestación y en el día a día en el desarrollo de la misma. Por lo tanto, decir que aceptamos el planteamiento que hace el Grupo Popular, procedo a leer la propuesta de resolución, y desear que esa ley se haga con el máximo consenso posible, desde luego con el sector, pero también con el conjunto de los grupos parlamentarios de esta Cámara.

Por lo tanto, señora presidenta, sometemos a consideración la siguiente propuesta de resolución: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a remitir a este Parlamento, en el siguiente periodo de sesiones, el proyecto de ley que modifique la Ley 4/2002, de once de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León". Muchas gracias.

Votación PNL/000752

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Pablos. Procedemos, una vez concluido el debate, a la votación. ¿Votos a favor? Diecisiete. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley debatida por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las doce horas cuarenta minutos].