DS(C) nº 223/9 del 18/11/2016

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Buenos días, señorías. Se inicia la sesión. Antes de comenzar con el orden del día, y a petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos, mantendremos un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género asesinada.

[La Comisión guarda un minuto de silencio].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias. Proseguimos ahora con el... con el orden del día. Y, antes de dar paso a las sustituciones que tengan que hacer los distintos grupos, trasladar a la Comisión que, a petición del Grupo Parlamentario Socialista y Podemos, se ha cambiado el orden del día: pasa el punto cuarto a debatirse en primer lugar, después de la respuesta a la pregunta... a la pregunta oral, que es el primer punto del orden del día de hoy.

Dicho lo cual, damos la bienvenida al señor González Montero, director general de Energía y Minas, que comparece hoy ante esta Comisión.

¿Algún grupo parlamentario tiene que anunciar sustituciones? Sí, ¿Grupo Parlamentario Socialista?

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí, buenos días. Y gracias, señora presidenta. Y gracias, en primer lugar, a Podemos, al Grupo Parlamentario de Podemos, por dejarnos alterar el orden del día. Las sustituciones son las siguientes: don Álvaro Lora sustituye a don José Francisco Martín y doña Consolación Pablos sustituye a doña Gloria María Acevedo.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias. ¿Grupo Parlamentario Podemos? Nada. ¿Ciudadanos? Tampoco. El Grupo Mixto no está. ¿Grupo Parlamentario Popular?

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, señora presidenta. En el Grupo Parlamentario Popular la sustitución es: don Jesús Alonso Romero sustituye a doña María Isabel Blanco Llamas.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias. En ausencia de la señora secretaria de la Comisión, dará lectura del primer punto del orden del día el señor vicepresidente de la Comisión.

POC/000169

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Primer punto del orden del día: Pregunta para su respuesta Oral ante Comisión, formulada a la Junta de Castilla y León por los procuradores don Fernando Pablos Romo, doña María Muñoz de la Peña González y don Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a personas que han realizado gestiones para impulsar autorizaciones de explotaciones de minas a cielo abierto en las zonas de Retortillo y Santidad en Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 175, de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor vicepresidente. Para formular la pregunta, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor Cepa.

EL SEÑOR CEPA ÁLVAREZ:

Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Y gracias, señor González Mantero, por acudir a esta Comisión. En el mes de enero de este año, el Grupo Parlamentario Socialista registró esta pregunta, que se publicó el cinco de febrero en el Boletín Oficial de las Cortes, y, al no sustanciarse esta pregunta, fue retirada en el mes de julio, por acabar el periodo de sesiones, y se volvió a formular en el mes de septiembre de este... de este mismo año.

En este periodo se ha debatido sobre el tema de la mina de uranio de Retortillo y Santidad en Villavieja de Yeltes, en la provincia de Salamanca: no hace muchas fechas, una comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente sobre las dudas surgidas en la declaración de impacto ambiental de esta actividad; y en esta Comisión se puso de manifiesto ya la opinión de cada uno de los grupos de esta Cámara respecto al proyecto de extracción de este... de este mineral; también en el mes de junio, en el Pleno... en el Pleno, el portavoz del Grupo Mixto formuló al presidente de la Junta de Castilla y León una pregunta -no igual a esta, sino parecida- sobre las informaciones aparecidas en la prensa sobre lobbies de presión, etcétera.

El proyecto, que acumula más de una década de pesados y farragosos trámites, ha estado siempre rodeado de polémica. Berkeley llegó a alcanzar un acuerdo con los Ayuntamientos de Villavieja de Yeltes y Retortillo para instalar la mina de uranio, que sería prácticamente la única de Europa a cielo abierto; un pacto que se vio empañado por el hecho de que en alguno de los terrenos adquiridos por la mina, para así llevar a cabo el proyecto, eran propiedad de miembros... de algunos de los miembros de la anterior corporación municipal de este... de estos municipios.

Además, Berkeley consiguió el apoyo al proyecto del comisario Arias Cañete, tras la mediación como lobista de Manuel Lamela, ex alto cargo del Ministerio de Agricultura que en su día dirigió el hoy responsable de la cartera comunitaria de Acción por el Clima y la Energía.

Mientras, la autorización previa concedida por el Ministerio de Industria ha acabado en la Audiencia Nacional, que admitió a trámite el recurso presentado por EQUO y Ecologistas en Acción y solicitó la... solicitó al departamento que remitiera toda la documentación que se había estudiado para conceder el permiso provisional.

Sobre la instalación de la mina también pende la sombra de la sospecha, que tal vez... toda vez que la empresa pública ENUSA determinó en su momento que la explotación no era rentable y decía: no es viable ni sostenible en el tiempo. Fue el veredicto empleado por ENUSA para rechazar la propuesta de Berkeley de continuar... de constituir una mesa conjunta para llevar a cabo el proyecto.

Las preocupaciones de los habitantes de la zona pasa por las consecuencias de que podía tener para el ecosistema de la comarca, especialmente las aguas del río Yeltes y las que alimentan el balneario de Retortillo, uno de los reclamos turísticos de la zona. Además, la construcción de la mina supondrá también la citada tala de hasta unas 25.000 encinas.

No cabe duda que este proyecto está creando muchas controversias en los municipios involucrados, y lo digo por experiencia casi personal. De esta tensión, no hace muchas fechas, el Ayuntamiento de Retortillo declaró personas non gratas a algunos miembros de la Plataforma Stop Uranio. Después, otras asociaciones han declarado personas non gratas a los concejales del ayuntamiento. Ahora estos concejales amenazan con abandonar el ayuntamiento si las Administraciones no les ayudan a nivel técnico. Y yo les animaría, y le animaría a usted, a leer el acta del último Pleno del ayuntamiento, en el cual no se pudieron tomar ninguna decisión ni ninguna medida respecto a esta... a este proyecto minero, en concreto de la paralización de las obras de la mina y otras cuestiones, porque, de los cinco concejales, faltaba uno, y los otros dos no podían tomar posición por trabajar para la empresa.

Permítanme, señor director general y señores miembros de esta Comisión, pues este desahogo; desahogo que se aleja un poco de la pregunta que se plantea esta mañana, pero creo que sí es interesante poner encima de la mesa esta situación, que creo que, en algunos casos, puede llegar al absurdo.

Esta pregunta se plantea cuando se empiezan a conocer noticias como la siguiente: Manuel Lamela, número dos de Miguel Arias Cañete, cuando este era ministro de Agricultura, fue contratado como lobista en Bruselas por la empresa mineral Berkeley, un mes después del nombramiento de Cañete como comisario europeo de la Energía. La empresa recibió luz verde del comisario pocos meses después para la polémica apertura de la mina de uranio en Salamanca. Lamela ha sido contratado por Berkeley como representante de los intereses de la compañía en la Unión Europea. De hecho, el despacho profesional de Lamela figura como el único intermediario reconocido de la minería con los organismos europeos.

Fue el veintiséis de diciembre del dos mil catorce cuando Lamela inscribió su despacho personal Acountax en el registro de lobbies de la Unión Europea, declarando a la minería como único cliente y a él como único lobista autorizado. Esta inscripción se produce solo poco más de un mes después del nombramiento de Miguel Arias Cañete como comisario de Energía, que fue el uno de septiembre de ese mismo año. Y parece que la causa está contratando... y parece que la causa de esta contratación fue la siguiente: la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta de Castilla y León de Salamanca rechaza la solicitud presentada por Berkeley, S. A., en un nuevo intento torticero y tramposo de lograr sus objetivos, de que se tramite como dos expedientes distintos el proyecto de explotación de la mina de uranio a cielo abierto de Retortillo-Santidad.

La compañía Berkeley Minera España, S. A., ante las nuevas exigencias planteadas por los organismos competentes para su proyecto de minería de uranio a cielo abierto, el denominado Retortillo-Santidad, que incluye, además de las explotaciones mineras, la planta de procesamiento y cementerio de residuos radioactivos de primera categoría que deberán instalar en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes (Salamanca) cuando el proyecto está en marcha, había solicitado a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, que, a su vez, solicitara informe a la Dirección General para tramitar la autorización de uso de la mina de uranio en dos expedientes distintos, cuando desde el principio la empresa minera abordó este proyecto en un único expediente.

Pues bien, esta Comisión, en reunión celebrada el pasado cuatro de febrero, denegó la solicitud formulada por Berkeley para que eleve informe a la Dirección General de que la actividad minera que pretende desarrollarse en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes sea ahora considerada en dos expedientes distintos.

Posteriormente a esta pregunta, han salido a la luz más información sobre esta explotación minera. El magistrado del Juzgado de Instrucción de Primera Instancia de Ciudad de Rodrigo ha ordenado a la Policía Judicial que investigue los hechos denunciados por la Plataforma Stop Uranio, que agrupa a vecinos y a agrupaciones ecologistas que se oponen al proyecto minero de Berkeley en el municipio de... salmantino de Retortillo.

La querella de Stop Uranio hace referencia a la compra por parte de la empresa Berkeley de 20 hectáreas de un suelo rústico, del dos mil doce, para instalación de las oficinas en Retortillo. Dichos terrenos pertenecían a la familia del anterior alcalde de este municipio, y se da la circunstancia que meses antes de la compra de la finca y del clima de fuerte oposición vecinal se había ya concedido los permisos municipales necesarios para instalar su sede en Retortillo.

En abril de este año también podíamos leer algunas cosas en los medios de comunicación: la Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ministerio de Industria de autorizar el polémico proyecto de una mina de uranio en Salamanca. Industria concedida hace unos meses... Industria concedió hace unos meses el permiso previsto de instalación radiactiva a la planta de fabricación de residuos y que los dos colectivos ecologistas recurrieron. El proyecto de la mina de Berkeley en una zona despoblada, cercana a Portugal, pretende abrir la que sería la única explotación a cielo abierto de uranio en toda Europa. Y la que se volvía a hablar del mismo tema: el proyecto es controvertido no solo por la repercusión medioambiental, sino también por la participación en él de Manuel Lamela, ex alto cargo del exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete. Lamela ha asesorado a Berkeley ante la Comisión Europea, que en mayo de dos mil quince emitió un dictamen favorable al proyecto. Se trata de un documento llamado "Parecer", que no es vinculante, y que en el caso de la mina de Salamanca iba firmado por el señor Arias Cañete. Esta es... esta es una serie de cuestiones que han salido a la... en la prensa, de manera reiterada.

Independientemente de estar a favor o en contra de la explotación minera -el Grupo Parlamentario Socialista ya ha manifestado su oposición a la misma-, es más que conveniente que la Junta de Castilla y León aclare si ha habido o no personas interesadas en el tema, lobbies de presión, etcétera. De ahí nuestra pregunta. Y, de momento, nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Cepa. Para darle respuesta, tiene la palabra el señor director general de Energía y Minas.

EL DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS (SEÑOR GONZÁLEZ MANTERO):

Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Cepa. Gracias por su pregunta. Bueno, yo creo que lo que... lo que se ha preguntado ha sido ampliamente debatido ya en distintos ámbitos de las Cortes, tanto en el Pleno como en comparecencias en Comisiones, y, por tanto, no voy a repetir cosas que ya se han dicho. Pero, fundamentalmente, en la sesión que se celebró el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis con el consejero de Fomento en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, pues allí se... ya se comentaron varias de las cosas que ha dicho usted. Y yo lo que voy a tratar va a ser de dar, sobre todo, información adicional a la que hubiera dado el consejero, ¿eh?, porque, evidentemente, me ratifico en todo lo que ya contestó... contestó él.

En primer lugar, en cuanto a la pregunta concreta que usted me hace, que es quiénes han sido las personas con la que... con las que hemos tratado nosotros a la hora de ver el proyecto de Berkeley, han sido dos, dos personas: Francisco Bellón del Rosal, que es el director general de operaciones de la compañía, y Javier Colilla Peletero, que es el vicepresidente de la compañía, ambos de Berkeley Minera de España.

En segundo lugar, bueno, pues por hacer algunas apreciaciones a mayores de las que... como decía, de las que ya se han vertido aquí, el CSN ha emitido un informe previo, en el que se establece que el estudio de impacto ambiental presentado incluye toda la información que se solicitó al respecto, considerándose que, a efectos de la declaración de impacto ambiental, dicha información es suficiente y adecuada tanto en lo que respecta al proyecto de explotación minera como al de la planta de concentrados prevista.

El informe, preceptivo y vinculante, emitido por la Dirección General de Medio Natural, dice que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de los lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre y cuando el proyecto se ejecute como se ha proyectado; y, por lo tanto, hay un informe con resultado favorable.

En cuanto a la actividad proyectada, significa... si significa un riesgo para la población, el CSN, en su interés... en su informe para la autorización de vertidos, ha afirmado que, teniendo en consideración los informes realizados por el CSN en el marco de la concesión de explotación de la mina y de la autorización previa de la planta, se puede concluir que, de acuerdo con las estimaciones realizadas, la explotación de la mina y el funcionamiento de la planta no suponen un impacto a la población por encima de los límites establecidos.

En cuanto al "Parecer" de la Unión Europea -que yo creo que es un poco el origen de esta polémica, porque yo, en el tema de compra de terrenos, pues, evidentemente, no voy a entrar-, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de Energía Atómica, el Tratado Euratom, Berkeley comunicó a la Comisión el proyecto de inversión mediante escrito de quince de enero del catorce. Conforme al Artículo 43 de dicho Tratado Euratom, la Comisión remitió a la misma y a las autoridades españolas su "Parecer" en fecha de veintiuno de mayo de dos mil quince.

La Comisión, en este "Parecer", considera que, de resolverse satisfactoriamente las cuestiones indicadas, el proyecto cumpliría los objetivos del Tratado Euratom. Así mismo, requirió a Berkeley Minera que le informase acerca de la conclusión de las etapas pendientes del proceso de autorización o licenciamiento del proyecto, y le facilitase información actualizada en caso de cambios adicionales en el curso de la ejecución del proyecto, pudiendo estudiarse la publicación de un "Parecer" suplementario sobre la base de esa información.

Se ha de observar lo siguiente: en primer lugar, el "Parecer" de la Unión Europea es un informe y no una autorización o permiso como tal; el análisis del proyecto se ha basado en garantizar que la tramitación del mismo que estaba realizando siguiendo... se estaba realizando siguiendo todas las directivas europeas aplicables, y en especial aquellas que garanticen la seguridad y la protección al medio ambiente. Y la conclusión del "Parecer" es que, de resolverse satisfactoriamente las cuestiones indicadas -esto es, que termine el proceso de autorización y licenciamiento-, el proyecto de explotación del yacimiento cumpliría los objetivos del Tratado Euratom.

En cuanto a seguridad de abastecimiento, el "Parecer" viene a hacer una revisión de la producción de uranio en la Unión Europea; habla que se producen, fundamentalmente en la República Checa y en Rumanía, alrededor de 420 toneladas al año, y esto satisface del orden del 2 % de las necesidades de las empresas de la Unión Europea. Los suministros más importantes proceden de Kazajistán, de Canadá, Rusia, Níger y Australia, y estos cubren más del 80 % de las necesidades de la UE. En dos mil trece, la demanda de uranio natural de la UE representó aproximadamente un tercio de las necesidades de uranio mundiales. Aunque la producción de uranio de la mina de Retortillo, que será... está prevista que sea en torno a 560 toneladas de uranio al año, solo representaría en torno al 2,5 % de las necesidades actuales de las empresas de la UE, sin embargo, contribuiría, como dice el "Parecer", a satisfacer la demanda y reforzaría la producción interior de uranio de la Unión Europea, duplicándola con respecto al nivel actual.

Hay, además, algunas consideraciones respecto al derecho preferente de compra por parte de la agencia de suministro de uranio de... que tiene... Capítulo 6 del Tratado Euratom, Artículo 57, respecto a... como digo, a esa preferencia de compra, ese derecho preferente.

Por lo tanto, bueno, yo creo que no... no hay ninguna duda al respecto, en cuanto a que las cosas se han hecho con total transparencia, porque, además, como usted ha dicho, la empresa que participó en... el despacho que participó en conseguir ese "Parecer", pues está perfectamente acreditado en los registros de lobbies de la Unión Europea.

Adicionalmente, le quería comentar, porque yo creo que es importante, respecto a las cosas que se han venido diciendo, lo que dice el Reglamento de instalaciones naturales... nucleares y radioactivas, Artículo 6.3. Dice que las autorizaciones o licencias que corresponda otorgar a cualquier Administración pública no podrán ser denegadas o condicionadas por razones de seguridad nuclear o protección radiológica, cuya apreciación corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear. Por tanto, la declaración de impacto ambiental no puede considerar los aspectos radiológicos del proyecto, aunque sí debe analizar los medioambientales.

Y en segundo lugar, y es el informe del CSN, que yo creo que ya he mencionado anteriormente, que dice claramente que el estudio de impacto ambiental presentado incluye toda la información que se solicitó al respecto, considerándose que, a efectos de la declaración de impacto ambiental del mencionado proyecto, dicha información es suficiente y adecuada, tanto en lo que respecta a la explotación minera como al de la planta de concentrados prevista.

Y, finalmente, respecto a lo que ha comentado en cuanto al recurso admitido a trámite en la Audiencia Nacional, sobre ese recurso, en reposición, se ha pronunciado ya el Ministerio de Industria, y le voy a hacer, concretamente, una... comentario respecto a uno de los puntos que se han puesto en duda en esta sede parlamentaria en repetidas ocasiones, que es la competencia para realizar la declaración de impacto ambiental. Dice la resolución del Ministerio que, por lo que se refiere a la cuestión relativa a la emisión de la declaración de impacto ambiental, que, según consideración de los recurrentes, debió corresponder a la Administración general del Estado y en ningún caso la Junta de Castilla y León, su análisis exige recordar que... en qué consiste el proyecto Retortillo-Santidad de la empresa Berkeley Minera, del que tratamos, y la normativa que le resulta de aplicación. El proyecto Retortillo-Santidad es un proyecto de explotación de yacimientos uraníferos y fabricación de concentrados de uranio en la provincia de Salamanca, contempla el aprovechamiento del recurso minero, la planta de beneficio de mineral de uranio, y, de esta circunstancia, se deriva que dicho proyecto requiere la autorización, cuya competencia corresponde a diferentes Administraciones. Así, por un lado, corresponde a la Administración general del Estado la autorización de la planta de beneficio, en tanto que instalación radioactiva de primera categoría, de acuerdo con el Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas; y, por otro lado, el otorgamiento a la empresa Berkeley Minera de la concesión minera corresponde a la Administración autonómica.

El Artículo 2.2 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental dice que, cuando un proyecto se vea afectado por diversos conceptos que precisan autorización o aprobación o, en su caso, control de la actividad y que se hubieren de otorgar o ejercer por distintos órganos de la Administración pública estatal, autonómica o local, se considerará órgano sustantivo aquel que ostente las competencias sobre la actividad a cuya finalidad se orienta el proyecto, con prioridad sobre los órganos que ostenten competencias sobre actividades instrumentales o complementarias respecto de aquellas.

En el caso que nos ocupa, la actividad a cuya finalidad principal se orienta el proyecto es la explotación del mineral, siendo la planta de concentrados una instalación complementaria para el tratamiento del mineral extraído del yacimiento de uranio. En consecuencia, según dice el Ministerio, la competencia sustantiva viene atribuida a la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se ubica el proyecto minero, en concreto la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, correspondiendo a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de dicha Junta la admisión de la DIA en tanto que órgano ambiental, ¿eh?

Yo creo que he tratado de aclararle la mayoría de las cosas que se han comentado. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor director general. En turno de réplica, tiene la palabra el señor Cepa, por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SEÑOR CEPA ÁLVAREZ:

Gracias, señora presidenta. Bueno, pues gracias, señor González, por las explicaciones. La pregunta era muy concreta, que cuáles son las personas que gestionaban esto ante la Junta de Castilla y León. Usted ha dicho que son responsables de la... de la empresa Berkeley. Por consiguiente, entendemos que eso puede ser normal, mientras no haya otro tipo de presiones o de cualquier otra cosa... raras.

El tema del "Parecer" de la... de la Comisión, usted ha expuesto unos temas, pero yo creo que se le han olvidado dos temas que para nosotros son importantes. En ese mismo "Parecer", la Comisión pone en duda los costes de explotación de esta... de esa explotación minera, que cree que es... que realmente son caros; y, sobre todo, que es lo que más nos preocupa a nosotros, y ya lo manifestamos el día de la comparecencia del Consejero de Fomento, es que la creación debe... que es una actividad muy limitada a diez años –nueve, y uno de cierre-, y en el cual... pero que se justificaría por la creación de puestos de trabajo, que es un poco lo que se argumenta y por lo que se defiende el proyecto. Pero, para nosotros, efectivamente, esta mina obviamente creará puestos de trabajo, pero no dice que, a la vez, va a destruir también importantes puestos de trabajo, como son los del balneario de Retortillo. Que le quiero recordar que mala... mal futuro puede tener este balneario, cuando está a 200 metros de la explotación... de la explotación minera.

Respecto del tema del impacto ambiental, las dudas que nosotros planteamos en la Comisión y que han salido esta mañana no es el recurso que han dicho los ecologistas. Nosotros planteábamos que después de la creación de impacto ambiental habían surgido otros... habían surgido otros elementos y que se tenían que haber... se tenían que haber debatido. Pero la duda la seguimos manteniendo igual, un proyecto controvertido, una responsabilidad a la hora de la concesión de los permisos, que hay una parte que le corresponde a la Administración local, en este caso al Ayuntamiento de Retortillo y al Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, ayuntamientos que ya manifestábamos que son... que no tienen capacidad técnica... técnica ni funcionarial para poner en desarrollo sobre todo... simplemente contestar a las alegaciones. Sí que tengo que decir aquí, porque es de fecha muy reciente, que al final –y creo que también dándole un poco las gracias al Partido... al Partido Popular- la Diputación de Salamanca ya ha concedido una... no está claro todavía si una ayuda o un sistema, para que... ponerle la asistencia técnica al ayuntamiento, que le hacía... que le hacía... que le hacía muchísima falta, y eso está ahí.

Pero, independientemente de eso, la controversia; la división de los pueblos; el que esté en los... esté en los tribunales dos... todavía dos cuestiones: la primera, compra de terrenos, y segundo, la competencia o no competencia de quién tiene que dar los permisos; la controversia de que ..... vista... cuando la... cuando la Comisión provincial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca deniega el partirle el expediente, es cuando se contrata al señor Lamela, y, entonces, esas son las dudas que nos han surgido a nosotros, y son las dudas por las cuales nosotros hemos reiterado este tipo... este tipo de pregunta y este tipo de dudas de esta explotación minera.

Y ya, para finalizar, bueno, pues una reflexión que... que es más política, obviamente, que técnica, es si, desde luego, independientemente de los permisos y de todo el tema jurídico y técnico, si la Junta de Castilla y León considera que el desarrollo económico y social de la comarca de Ciudad Rodrigo, de estas zonas, pasa por una explotación minera con una vida de solamente 10 años, y que si es tan importante y tan necesaria para generar toda la problemática que está... toda la problemática que está generando. Y, sobre todo, ¿qué pasa después? Hemos tenido la experiencia de la explotación minera de ENUSA en Saelices el Chico, que durante muchos años tuvo su... tuvo su importancia, pero, una vez que eso se... que eso se cierra, llega el desierto absoluto, sin posibilidades de desarrollo, sin posibilidades de futuro; tenemos experiencia en la comarca de Ciudad Rodrigo. Entonces, muchos sospechamos que un proyecto de estas características, en la cual ya la misma empresa, los mismos proyectos, hablan de solamente una duración de 10 años, no sabemos y no tenemos nada claro... Bueno, sí lo tenemos claro nosotros, que no puede ser y que esto no va... no va a surgir... no va a representar ningún desarrollo ni económico ni social para Retortillo, para Villavieja, para la zona del Yeltes y, sobre todo y por encima de todo, la comarca de Ciudad Rodrigo y la provincia de Salamanca. Y nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Cepa. En turno de dúplica, tiene la palabra el director general.

EL DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS (SEÑOR GONZÁLEZ MANTERO):

Sí. Muy brevemente, porque yo creo que la mayoría de las apreciaciones que ha hecho ya han sido contestadas en la Cámara y, por lo tanto, yo no voy a añadir nada... nada nuevo a lo que ya dijo el consejero de Fomento.

Respecto al estudio de viabilidad, se presenta dentro del proyecto y se analiza por el Servicio de Minas, con lo cual, con el otorgamiento de la concesión se considera adecuado el estudio de viabilidad presentado. Yo creo que, además, hay sucesivas ampliaciones de capital que Berkeley ha ido cubriendo con fondos procedentes de inversores a través de su cotización en bolsa. Y además hay un gasto ejecutado ya importante en relación con el proyecto, y más que se va a ejecutar con el desvío de la carretera, con lo cual, bueno, pues da cierta tranquilidad en cuanto a que parece ser que se considera, desde luego por la empresa, que el proyecto es absolutamente rentable; si no, no estarían gastándose todo lo que se han gastado en este proyecto.

En cuanto al tema que me dice de los 10 años, bueno, yo solamente quiero decir una cosa, y es que estos proyectos donde se garantiza la actividad por 10 años, pues, francamente, no son muchos los que tenemos en la Comunidad de este tipo. Y, de hecho, siempre recuerdo algo que se ha venido diciendo habitualmente en la Consejería de Economía, y es que, por ejemplo, los proyectos aeronáuticos son muy interesantes, pues porque son proyectos, pues eso, a 10 años, a 12 años, donde se empiezan a producir piezas para... para un avión, pues... y son contratos a largo plazo. Con el caso de un proyecto minero, pues es algo parecido, al menos para esos 10 años, o más, porque, evidentemente, se pueden prorrogar si el yacimiento así lo dice y se presentan los proyectos correspondientes, pues es una garantía de trabajo durante bastante tiempo.

Y en cuanto a lo que me comenta de ENUSA, bueno, como sabe, ENUSA está... los proyectos que desarrolló en mina C están en una reserva del Estado y, por tanto, han sido tramitados exclusivamente por la Administración estatal. Pero bueno, ahí yo creo que se viene haciendo pues todo lo que se ha presentado dentro de los proyectos de restauración en cuanto a la mina, y la planta... en Saelices, y la planta de concentrados de Juzbado, pues sigue aportando a toda la zona de Salamanca pues una fuente importantísima de puestos de trabajo, que espero que además sea para... para muchos años. Nada más. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor director. Muchísimas gracias por su comparecencia ante esta Comisión para contestar a una pregunta... una pregunta oral. Seguimos con el... con el orden del día. Les recuerdo que hemos cambiado el orden de los puntos, y ahora pasaremos a leer el cuarto punto del orden del día, que pasa a ser el segundo.

PNL/000985

Segundo punto del... Perdón. Segundo punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL 985, presentada por los procuradores don Ángel Hernández Martínez, don José Ignacio Martín Benito y don José Francisco Martín Martínez, para instar a la Junta al establecimiento de medidas de reparto del Fondo de Compensación Interterritorial para el reparto del volumen total de los proyectos entre las provincias y para que adopte las medidas necesarias para que en la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad estén determinados los proyectos individuales que formarán parte de cada uno de los superproyectos que se presenten al Fondo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 182, de once de octubre de dos mil dieciséis.

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de Grupo Parlamentario Socialista, el señor Hernández Martínez.

EL SEÑOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Muchas gracias, presidenta. Agradecer, lo primero, a todos los grupos el modificar el orden del día de hoy. Y vaya por delante, también, las condolencias, ¿no?, por el... por el hecho del nuevo acto de terrorismo machista que hemos conocido en las últimas... en las últimas horas.

Ya centrándome en la proposición de ley que debatimos hoy, para empezar, quería hacer una pequeña reflexión sobre de dónde proviene este Fondo de Compensación Interterritorial, ya que es un instrumento de solidaridad destinado a promover el avance de los territorios menos desarrollados de España. La propia Constitución reconoce, en su Artículo número 2, el principio de solidaridad entre pueblos, uniéndolo inseparablemente al principio de autonomía como corolario de este y como un deber recíproco de apoyo y mutua lealtad. El Título VIII, Artículo 138, también de la Constitución, explica el desarrollo del principio de solidaridad interterritorial, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.

También la Constitución Española, en su Artículo 158.2, reconoce que, con el fin de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación con destino a los gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas.

La propia Ley 7/1984, de treinta y uno de marzo, articula la gestión del Fondo de Compensación Interterritorial, designando como beneficiarias a las Comunidades Autónomas y vinculando sus recursos a aquellos proyectos de inversión que favorezcan el desarrollo de los territorios más desfavorecidos y a las necesidades del gasto en inversiones derivadas del servicio de traspasados por el Estado.

Existen dos fondos: el Fondo de Compensación, destinado a los gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados; y el Fondo Complementario, que servirá para financiar los gastos necesarios para poner en marcha las inversiones financiadas con cargo al Fondo de Compensación o a este fondo durante un periodo máximo de dos años.

Pero vemos que por parte de la Junta de Castilla y León parece que los objetivos... los objetivos de este fondo no se cumplen, y vale con hacer un análisis de los últimos cinco años, que hemos podido conocer a través de los informes del Consejo de Cuentas, del año dos mil nueve al año dos mil trece. Vemos que la Junta de Castilla y León ha destinado, ¿no?, a través de estos fondos que vienen por parte de los Presupuestos Generales del Estado, casi 246 millones de euros. De esos 246 millones de euros, y si fijamos... si vemos el reparto por provincias, vemos que la provincia de Soria es la que menos ha recibido, con un 2,79 % de ese total en esos cinco años; vemos que la segunda provincia que menos ha recibido ha sido la provincia de Zamora, doblando, eso sí, a la provincia de Soria, con un 6,99 %; la tercera es la provincia de Segovia, con un 7,12 %; y la cuarta es la provincia de Ávila, con un 9,87 %.

Cuando vemos el desarrollo, ¿no?, y el índice de desarrollo de las provincias de Castilla y León, vemos que hay varias provincias que tienen problemas de desarrollo importantes, ¿no?, y algunos incluso reconocidos en el Acuerdo de adhesión de España con la Unión Europea para los Fondos 2014-2020. Ustedes conocerán que en ese Acuerdo de adhesión hay tres provincias españolas que marcan su despoblación como una despoblación gravísima, y está reconocido en ese Acuerdo de adhesión Gobierno de España-Comisión Europea. Y esas tres provincias españolas son: Soria, Cuenca y Teruel. Está reconocido por la Unión Europea, por el Gobierno de España, que Soria es una de las provincias que tiene un gravísimo problema y que hay que... y que hay que corregirlo, y vemos que es la provincia que menos recibe. Zamora, Zamora está sufriendo en los últimos años una sangrante despoblación, está perdiendo población a pasos agigantados, y resulta que es la segunda que menos recibe.

Yo lo que... lo que les quiero proponer es que vamos a hacer que este Fondo de Compensación Interterritorial, que lo que busca es la solidaridad, lo que busca es corregir desequilibrios, sirva para corregir esos desequilibrios, sirva para tener solidaridad entre los territorios. Por eso va el primer punto de la propuesta de resolución: el establecer una serie de medidas en el reparto de los Fondos de Compensación Interterritorial por el que se establezca que el volumen total de los proyectos se reparta entre las provincias de Castilla y León con el objetivo de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo ese principio de solidaridad.

El segundo punto, y creo que también es importante, es la falta de transparencia que tienen estos Fondos de Compensación Interterritorial. Estos Fondos de Compensación Interterritorial no sabemos a dónde van destinados hasta que no tenemos el informe del Consejo de Cuentas. Creo que es importante, ¿no?, que la Junta de Castilla y León ponga encima de la mesa, cada año, con los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, los proyectos que se van a financiar a cargo de estos Fondos de Compensación Interterritorial, para saber cuál es la manera de distribuir los fondos, poniendo medidas, y para saber cuáles son los proyectos que van a financiar esos fondos y a qué provincias, a qué pueblos, a qué municipios o a qué regiones van a ir destinados esos fondos. Por lo tanto, es el segundo punto de la propuesta de resolución el adoptar las medidas necesarias a fin de que, en el momento de la elaboración de los... del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad, para cada ejercicio, estén determinados los proyectos individuales que formarán parte de cada uno de los superproyectos que se presenten al Fondo de Compensación Interterritorial, de forma que los fondos destinados a estos proyectos puedan servir además como un mecanismo de compensación de los desequilibrios territoriales de la propia Comunidad Autónoma.

Lo que pido a todos los grupos es: vamos a poner en marcha realmente el Fondo de Compensación Interterritorial para corregir desequilibrios, con un principio de solidaridad y con transparencia. Esperando el apoyo de todos los grupos. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Hernández. En ausencia del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor Mitadiel, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias, presidenta. Y, al igual que el ponente de la proposición no de ley, quiero comenzar mi intervención lamentando un nuevo asesinato por violencia de género, y lamentar que sea una lacra que no cesa y a la que no vemos cómo hacer frente.

El objeto de la proposición no de ley plantea un problema que nos parece crucial dentro del desarrollo de Castilla y León, y es el de los desequilibrios internos en la Comunidad. Cuando uno tiene una cierta perspectiva y ve cómo se planteó esto hace 20, hace 30 años, se puede comprobar que durante esa época los desequilibrios internos no solo no han disminuido, sino que realmente se han incrementado, y que las comarcas... y quiero hablar en este aspecto de comarcas que, por ejemplo, las fronterizas con Portugal, que siempre han tenido un problema histórico de menores índices de desarrollo que el resto de la Comunidad, siguen estando ahí. A eso se ha añadido, como consecuencia de la crisis minera, pero no solo de la crisis minera, las comarcas del norte de León y de Palencia.

Y, en definitiva, los instrumentos que se han utilizado hasta ahora no han sido suficientemente potentes como para cambiar una dinámica económica. Y lo cierto es que parece que esto tampoco va a suceder en los próximos años, entre otras cosas porque los instrumentos que estamos utilizando y que vamos a utilizar, como es el Plan Director de Promoción Industrial, no va a tener tampoco una capacidad para cambiar esta dinámica. Es bastante complicado, porque esta dinámica solamente se cambia mediante inversión privada; la inversión pública puede ser un motor importante, pero la inversión privada será la básica. Y, en definitiva, si a una empresa no se la va a convencer fácilmente, porque no existen argumentos de tipo económico para que en lugar de instalarse en Valladolid o en Burgos se instale en una comarca con estas características, por razones de proximidad a la clientela o al... o a los proveedores, o por razones de mano de obra cualificada, etcétera, etcétera.

Lo cierto es que, dicho esto, lo que no podemos es renunciar a utilizar los instrumentos que tengamos. Es decir, el Fondo de Compensación Interterritorial, que recuerdo que se dedica a financiar proyectos de infraestructuras, obras públicas, regadíos, ordenación del territorio, vivienda, equipamiento colectivo, mejora del hábitat rural, transportes y comunicaciones, y, en general, aquellas inversiones que contribuyan a disminuir las diferentes... las diferencias de renta y riqueza en el territorio español, teóricamente es el fondo indicado para actuar para corregir este tipo de desequilibrios. Por lo tanto, el que estas... estos criterios se apliquen a nivel de Castilla y León también me parece importante, aunque hay problemas con los criterios.

Primero -aunque seguramente esto excede a la proposición no de ley-, primero, ¿el criterio debe ser anual? Es decir, en concreto, si el reparto se produce equilibrado a nivel anual, puede generar problemas. Es decir, una inversión prioritaria, con alto contenido o alto presupuesto económico, puede hacer que, si la queremos hacer, desequilibre el reparto a nivel provincial. Por lo tanto, el problema de computarlo a nivel anual tiene contradicciones, por lo que habría que considerar este tipo de reparto durante varios años.

Pero, segundo -y no menos importante-, estamos hablando de provincias, y, realmente, no son las provincias las que tienen desequilibrios en general, sino comarcas determinadas. Con lo cual, a lo mejor puede suceder que cumplamos con una provincia poniendo una inversión en una capital de provincia, cuando realmente de donde tendríamos que estarla poniendo es en zonas, digamos, con ese tipo de desequilibrios. Con lo cual, lo de las provincias es absolutamente matizables. A pesar... a pesar de esto, nosotros, en este aspecto, consideramos positivo el que el Fondo de Compensación Interterritorial tenga como criterios el corregir los desequilibrios económicos dentro de Castilla y León. Creemos que forma parte de su naturaleza, por eso vamos a votar favorablemente.

Y con respecto al punto... al punto segundo, que habla de determinarlo en el Proyecto de Presupuestos Generales, también estamos a favor. Y estamos a favor... ya sabemos que las inversiones no se deciden en Castilla y León, que las inversiones se deciden en el Comité de Inversiones Públicas; pero lo que es cierto es que hasta ahora este tipo de inversiones las decide la Junta de forma autónoma. Y el hecho de que fuesen junto con los Presupuestos permitiría el que ese debate se plantease por parte de la Cámara, y que se pudiesen ver distintas opiniones, se pudiesen ofrecer sugerencias o proyectos alternativos que se sometiesen a discusión; en ese sentido, lo consideramos bastante positivo.

Por lo tanto, aunque es una proposición con luces y sombras, nos parece que las luces (criterios para corregir desequilibrios, aunque sean criterios que habría que afinar y que, desde luego, sobrepasan a la propia proposición no de ley; discusión en el ámbito de los Presupuestos Generales) nos parecen positivos y vamos a apoyarla. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Mitadiel. En turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor López Prieto.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Bien, pues con el fin de corregir los desequilibrios económicos entre los territorios y hacer efectivo ese principio de solidaridad, el Artículo 158 de la Constitución Española constituye un fondo de compensación, cuyos recursos son distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas. Este precepto se va a desarrollar a través de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas, donde se recogen los principios generales de los Fondos de Compensación Interterritorial, y posteriormente se plasmará en la Ley 22/2001, que recoge los criterios de distribución y los proyectos que pueden ser financiables a cargo del Fondo Complementario.

El Artículo 4 de esta ley, la Ley 22/2001, recoge los criterios de ponderación de la distribución de los fondos entre las Comunidades Autónomas, y, en este sentido, pues tenemos que lamentar la pésima evolución que han tenido en los últimos años la asignación de estos recursos a Castilla y León, porque si en dos mil nueve disfrutábamos de 84 millones de euros, en dos mil trece nos tuvimos que conformar con algo más de 25 millones de euros, de tal forma que hemos perdido una inversión por habitante, en solo 4 años, de casi 23 euros.

Esto refleja, como en cualquier realidad económica donde pretendamos hacer una valoración, pues una apuesta clara del Partido Popular por los recortes y por la austeridad presupuestaria, lo que provoca que ni paguemos la deuda, ni salgamos de la crisis, ni mejoremos las condiciones de la población. La Ley Orgánica 8/1980 determinó, primero, que estos fondos, como instrumento para hacer efectivo el principio de solidaridad, fueran recursos ordinarios de las Comunidades Autónomas dentro de su esquema de financiación, y, segundo, que su reparto fuera de acuerdo a lo que en el Comité de Inversiones Públicas se establece.

Así que, de acuerdo a la propia información sobre la distribución territorial que facilita la Junta de Castilla y León sobre la inversión facilitada, o efectuada, con la financiación del Fondo de Compensación Interterritorial, hay provincias que reciben unos porcentajes muy bajos del total recibido, a pesar de que estas provincias figuran entre las de menor renta per capita, como por ejemplo Segovia, o con la menor densidad de habitantes de toda la Comunidad, como es Soria. Si bien es cierto que el Fondo de Compensación Interterritorial nace para corregir los desequilibrios entre Comunidades Autónomas, no entre provincias. Cosa distinta es que la Junta de Castilla y León no tenga criterios para aprovechar estos recursos económicos, no los utilice de la mejor forma posible y, de esta forma, pues no sepa o no pueda conseguir un desarrollo equilibrado que corrija los desequilibrios no solo de nuestra Comunidad respecto a otras, sino tampoco entre los territorios de nuestra Comunidad.

Bien es cierto que la Junta en Castilla y León, el Partido Popular, ha dispuesto de otros instrumentos en Castilla y León para corregir los desequilibrios, para corregir las diferentes... las diferencias entre las provincias, entre los territorios o entre las comarcas, y que lo han gestionado –digámoslo así- de la peor... de la peor forma posible. Por ejemplo, mediante la gestión de los fondos públicos otorgados a las cuencas mineras de León y de Palencia, cuantiosas ayudas para reconvertir industrialmente estas zonas, que, sin embargo, creo que no haga falta recordar los resultados. Hablamos de fondos, como los Fondos de Compensación Interterritorial, cuyo criterio es el adicional, se suman a los recursos ordinarios de las Comunidades Autónomas dentro de su esquema de financiación. Por lo tanto, son fondos adicionales incardinados en los planes de desarrollo local o regional.

Así que la Junta de Castilla y León es quien decide unilateralmente y pacta con el Estado dónde considera más conveniente invertir estos recursos públicos para corregir las desigualdades, y, además, lo hace sin ningún criterio cuantificable. Pero lo más grave es que posteriormente destina fondos propios suficientes para corregir las desigualdades territoriales. Es decir, ¿qué ocurre?, pues que utiliza como excusa unos fondos para no invertir los recursos propios.

Entrando en las propuestas de resolución, respecto al punto 1, sobre el establecimiento de medidas para el reparto de estos fondos entre las provincias, nos plantea como poco la prudencia, ¿eh? Los desequilibrios no están entre las capitales de provincia, los desequilibrios están en las comarcas. No es igual la situación de Soria capital que la de El Burgo de Osma, por ejemplo. El Partido Socialista ya conoce nuestra apuesta clara y decidida por las comarcas; si se apuesta únicamente por las provincias en el reparto equilibrado de estos fondos, ¿qué ocurre con las comarcas? Tenemos una Comunidad Autónoma con cuantiosas comarcas, sin embargo solo una reconocida de forma oficial, que fue en el año noventa y uno, que es la Comarca del Bierzo, para la que la Junta creó un Consejo Comarcal, y actualmente es la única comarca reconocida por ley en Castilla y León.

El Bierzo es una comarca dentro de la provincia de León, pero también existen otras provincias... o sea, otras comarcas en nuestra Comunidad, como es... que se extienden a lo largo de varias provincias; por ejemplo, la Tierra de Pinares, en el norte de la provincia de Segovia, en el sur de la provincia de Valladolid; o la Tierra de Campos, que discurre por las provincias de Palencia, de Valladolid, de Zamora y de León.

Así que no entendemos muy bien la fijación del Partido Socialista de anteponer un reparto provincial de algo más de 25 millones de euros, lo que ha percibido la... Castilla y León en dos mil trece de los Fondos de Compensación Interterritorial, cuando en lo que hay que hacer hincapié es en insistir en los 10.000 millones de euros del Presupuesto del año dos mil dieciséis que ha manejado la Junta en Castilla y León, y buscar partidas para intentar corregir la situación dramática que viven algunos de nuestros territorios, porque, como he tratado de explicar, las políticas de cohesión del Partido Popular no funcionan. Y, en este sentido, pues es preciso y es necesario presentar iniciativas más ambiciosas para solucionar los desequilibrios territoriales, como la que se aprobó en el Pleno a propuesta de Podemos Castilla y León, de impulsar a los Gobiernos de Aragón y de Castilla-La Mancha en el reconocimiento jurídico de Soria, de Cuenca y de Teruel como zonas escasamente pobladas, para poder optar a un trato preferencial en la Unión Europea y a fondos especiales que puedan destinarse a revertir la situación, en este caso con fondos europeos.

Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de este provincialismo, un provincialismo que en muchos casos está patrocinado por las diputaciones provinciales, que, como ya hemos repetido en otras ocasiones, hay que ir poco a poco vaciando de competencias para dárselas a las comarcas y a los municipios.

Y respecto al punto 2, pues si el fondo obliga a que el Estado con las Comunidades Autónomas acuerden los proyectos en el seno del Comité de Inversiones Públicas, y es la Junta la quien, de forma unilateral, decide cuáles son estos, pues parece claro que se determinen en el momento de la elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para cada ejercicio. Por lo tanto, nosotros sí que estamos a favor de esta medida, que parece una medida más democrática. Y, si no, pues nosotros pedimos la votación por separado de los puntos. Si no, nos abstendremos de todo... de toda la propuesta. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor López Prieto. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Debatimos un tema que ya es recurrente en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, porque lo es cada vez que se presenta el informe del Fondo de Compensación Interterritorial, el informe de fiscalización que elabora anualmente el Consejo de Cuentas, un informe de mandato legal. Y lo es también porque incluso, hace poco más de un mes, comparecía a una pregunta el director general de Presupuestos, básicamente del mismo contenido, del mismo tenor literal de lo que recoge hoy la proposición no de ley que ha presentado el señor Lora Cumplido, en representación del Grupo Socialista, y que contiene dos propuestas de resolución, en el que el debate, como digo, ya se ha reiterado: una, plantear... plantear, básicamente, que se plantee un reparto del FCI a nivel de las provincias; y que la Junta determine a nivel de proyectos concretos en la elaboración de los presupuestos los proyectos que se van a financiar con el Fondo de Compensación Interterritorial.

En primer lugar, yo quiero recordar para qué nace el Fondo de Compensación Interterritorial, porque creo que el debate que se sustancia aquí se lleva a un ámbito en el que en ningún caso debe plantearse el debate. Si hubiese voluntad de que el Fondo de Compensación Interterritorial corrigiese los criterios de convergencia provinciales, el planteamiento inicial del fondo habría sido financiar a los ayuntamientos y no a las Comunidades Autónomas. Porque hay que recordar que el Fondo de Compensación Interterritorial nace como un mecanismo de financiación ordinario del conjunto de las Comunidades Autónomas, si bien, desgraciadamente, hay que poner de manifiesto que se ha ido reduciendo la cuantía del mismo sustancialmente desde su nacimiento hasta el momento actual.

Hablaba el proponente del periodo dos mil nueve-dos mil trece, yo voy a ampliar ese periodo. En el periodo dos mil nueve-dos mil quince, los fondos totales que han asumido la Junta de Castilla y León por el FCI han sido de 285 millones de euros para inversiones, en el periodo dos mil nueve-dos mil quince.

Las inversiones totales obligadas de la Junta de Castilla y León en ese periodo de tiempo han sido 4.418 millones de euros, lo que supone que el FCI, aproximadamente, puede suponer en torno a un 6 % de la inversión total efectuada por la Junta de Castilla y León. ¿Qué quiero decir con esto?

Creo que se plantea el debate en un error. Si el FCI quisiese corregir desequilibrios provinciales, el mecanismo de financiación se vincularía a los ayuntamientos y no a las Comunidades Autónomas. Porque es un análisis de interés político el que hace el Partido Socialista, pero que lo hace solo cuando le interesa, el comparar cuánto es el reparto del FCI ejercicio a ejercicio.

Y es verdad que en los últimos años, y hay que reconocerlo, las provincias en las que menos se ha invertido han sido las provincias de Soria y de Zamora. Pero se hace un análisis de forma sesgada, porque creo que hay que analizar el conjunto de la inversión pública que efectúa la Junta de Castilla y León, porque el FCI, como digo, solo supone el 6 % de una inversión total obligada en el periodo dos mil nueve-dos mil quince, como he dicho, de 4.418 millones de euros.

Y luego plantea una cuestión que sorprende. Sorprende que plantee el Grupo Socialista sistemáticamente -es verdad que siguiendo una recomendación del Consejo de Cuentas- que se determine en los Presupuestos Generales de la Comunidad, ejercicio a ejercicio, qué proyectos concretos se tienen que financiar con el FCI. ¿Por qué digo esto? Porque es que ninguna Comunidad Autónoma, ninguna Comunidad Autónoma, a excepción, en los últimos ejercicios, de la Comunidad Valenciana, lo hace.

Porque hay que recordar que el Comité de Inversiones de las Cortes Generales, el que determina los proyectos que son elegibles, los determina el ámbito competencial de la inversión, y después, una vez ejecutado, es cuando se da conocimiento concreto si la inversión ha sido elegible o no ha sido elegible.

Y yo creo que obviamos dos datos que son fundamentales. El primero, que la Junta de Castilla y León ha ejecutado al cien por cien el Fondo de Compensación Territorial en los últimos ejercicios fiscalizados por el Consejo de Cuentas. Y esto es un hecho determinante. Le voy a explicar el porqué. Si se plantease lo que está planteando hoy el Grupo Socialista, a nivel de proyectos concretos, el vincular el FCI -que además permite la cofinanciación de otros fondos en los proyectos de inversión- determinaría que, de surgir problemática en un proyecto concreto -y voy a poner un ejemplo muy sencillo que aquellos que han tenido gestión lo conocen-, si lo vinculamos, por ejemplo, en la financiación del FCI a un proyecto concreto, imaginemos un colegio público, que, una vez iniciado el expediente de contratación puede surgir un problema, por ejemplo, la disponibilidad de terrenos, implicaría que esa ejecución presupuestaria posiblemente no llegase al cien por cien. Por eso, nadie vincula a proyectos concretos y sí a los superproyectos en los ámbitos competenciales, que son educación, sanidad, infraestructuras agrarias o en infraestructuras viarias.

Imaginemos un ejemplo de una... por ejemplo, una actuación en una infraestructura agraria vinculada a la ampliación de unos regadíos. Vinculas el dinero concretamente a un proyecto en el presupuesto, a lo largo de la ejecución del proyecto surge un problema concreto en ese proyecto -he puesto un ejemplo que es muy común-, disponibilidad de terrenos, se paraliza una expropiación, hay un problema concreto, ya no podemos ejecutar el cien por cien del Fondo de Compensación Interterritorial. Eso motiva que todas las Comunidades Autónomas vayan a nivel de superproyectos, porque les permite saber qué proyectos, dentro del Capítulo VI, de Inversiones, no tienen problemática añadida para garantizar el hecho determinante que yo ponía de manifiesto, que es que se ejecuta el cien por cien y que el proyecto sea elegible.

Y esa es la realidad que ha puesto de manifiesto el Consejo de Cuentas sistemáticamente. Y por eso ninguna Comunidad Autónoma, ni siquiera, ni siquiera, en aquellas en que gobierna el Partido Socialista históricamente, plantean a nivel de proyecto concreto. Y es una realidad de la gestión. Es una realidad de la gestión.

Miren, avancemos, entonces, en algo que es fundamental, como dos ideas. Primero, hay que corregir los desequilibrios entre las Comunidades Autónomas, que era el objetivo del Fondo de Compensación Interterritorial. Si queremos corregir con el FCI los desequilibrios, se hubiese planteado, como he puesto de manifiesto, la financiación a los ayuntamientos y no a las Comunidades Autónomas. En segundo lugar, me sorprende que el Grupo Socialista, que pegó el mayor recorte de la historia al Fondo de Compensación Interterritorial, se acuerde del Fondo de Compensación Interterritorial ahora, y no cuando a esta Comunidad se la perjudicaba sistemáticamente, en el año dos mil nueve y en el año dos mil once, cuando el Fondo de Compensación Interterritorial caía de media en el conjunto de las Comunidades Autónomas un 9,4 % y en Castilla y León, en el año dos mil nueve, cayó el 20,88 %. O en el año dos mil once, cuando el Fondo de Compensación Interterritorial caía de media en el conjunto de las Comunidades Autónomas el 30 % y en Castilla y León caía el 41 %.

Por tanto, hagamos un análisis de las inversiones del Capítulo VI de forma global y planteemos y dejemos de hacer política simplemente por el interés de los partidos para plantear desequilibrios que, en muchos casos, son inexistentes. Porque, miren, si utilizásemos los criterios del Fondo de Compensación Interterritorial que regula el Artículo 4 de la Ley 22/2001, posiblemente a la provincia de Soria le llegarían menos recursos, señor Lora. Porque sabe ¿por qué? (Digo... perdón. Discúlpeme, discúlpeme. Al proponente). Le voy a decir por qué. El Artículo 4 fija el reparto del FCI entre las Comunidades Autónomas con criterios establecidos en el 4.3. El principal criterio para el reparto del FCI ¿sabe cuál es?, la población: el 87,5 %. Si utilizásemos los criterios similares que fija el FCI por parte de la Junta de Castilla y León para repartir el FCI en las provincias de nuestra Comunidad, por ponerle un ejemplo, seguramente recibiría menos recursos de los que usted ha puesto de manifiesto en la provincia de Soria y en la provincia de Zamora; con esos mismos criterios que establece el Fondo de Compensación en el Artículo 4.3. Es verdad que, si modificamos esos criterios, puede salir un reparto distinto, pero utilizando los mismos criterios que fija el FCI en el Artículo 4.3, que son: 87,5 % del fondo se reparte en proporción a la población relativa; el 1,6 % al saldo migratorio; el 1 % al paro; el 3 % a la superficie del territorio; y el 6,9 % a la dispersión de la población. Ese sería el único criterio fundamental que podría beneficiar a las dos provincias que usted ha puesto de manifiesto, a las provincias de Soria y Zamora; pero el principal en el reparto, que es el 87,5 %, las perjudicaría. Por lo que, posiblemente, de utilizar estos mismos criterios que fija la ley de dos mil uno para plantear un reparto en la Comunidad, el reparto sería más perjudicial.

Pero, fíjese, y voy a terminar, es curioso que ustedes solo plantean esa territorialidad y esos desequilibrios cuando los presupuestos los fijan otros Gobiernos, porque, cuando ustedes hacen los planes de inversiones, por ejemplo, para nada hablan de los repartos que plantean. A mí me sorprendía, y lo decía en el debate plenario la semana pasada, cómo olvida el Grupo Socialista, cuando hace sus propuestas, ese reparto provincial. Porque ¿con qué criterio, en ese famoso Plan de Inversiones Prioritarias, Palencia recibe el 55 % de los fondos y la provincia de Zamora, tan castigada por el Gobierno del PP, solo recibe el 5,5 %? Es que, señores, hay una cosa que es muy distinta: una cosa es predicar y otra es dar trigo. Esa es la verdad. Y hay que mirar desde la globalidad del presupuesto y no hacer un análisis sesgado, que puede ser interesante desde el punto de vista estadístico y parcial en función del interés político que a ustedes les redunda.

Porque, de aprobar hoy su propuesta y utilizar los criterios, estaríamos perjudicando sistemáticamente a las dos provincias que usted está planteando que intenta defender aquí. Por lo tanto, nuestra posición será contraria a la propuesta de resolución que plantea la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, pidiéndole disculpas por confundir el nombre del proponente. Nada más, y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Cruz García. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra el señor Hernández Martínez.

EL SEÑOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Muchas gracias, presidenta. Y voy a ir por orden, ¿no? Primero con el Grupo Ciudadanos, agradecer el voto a favor. Y también lo voy a unir un poco con lo que ha dicho Podemos, por intentar llegar... yo creo que estamos en la misma línea de trabajo. Y voy a modificar el punto 1, en el que aparezca "se repartan entre las provincias y los territorios", ¿no?, para intentar consensuar mucho más ese punto 1 y que Podemos también se pueda... se pueda unir a esta proposición no de ley.

Agradecer a Ciudadanos ese... el voto a favor. Y es verdad que se podrían hacer inversiones no únicamente anuales, sino plurianuales, de varios años, sería interesante, ¿no?, y sería interesante que el Presupuesto global de la Comunidad Autónoma tuviera un criterio de solidaridad, pero parece que no lo tiene.

El señor López, de Podemos, bueno, eso de provincialismo, yo lo que le invito, señor López, es, antes de hablar de comarcas, a que conozca las comarcas de la Comunidad, ya que la comarca de Pinares no está entre Burgos y Valladolid, sino que está entre Burgos y Soria. Así que le invito a conocer las comarcas, a conocer los territorios, porque hay ya mucha gente que hemos hablado de comarcas, así que bienvenido, pero a la cola, pero a la cola.

Hablando de política de cohesión, comparto la opinión del señor López con la política de cohesión. Es verdad que ya está... ya está reconocido, ¿no?, la problemática; y la problemática de un territorio de tres provincias en nuestra... en nuestro país, esa problemática de despoblación.

Y para terminar, con el... con el grupo Popular, señor Cruz, va a hacer usted honor a su apellido, ¿eh?, ya que define la política de la Junta de Castilla y León con la solidaridad y la cohesión territorial, "la cruz del territorio". Yo no sé cómo no ha podido hablar antes con su compañero, el señor Alonso, el señor Alonso. Hace escasamente unas horas escuchaba al señor Alonso en la radio hablar del problema que tiene en su pueblo por la pérdida de habitantes y que va a poner en marcha instrumentos legales para evitar esa pérdida de habitantes. Pero se le olvida, se le olvida, de poner en marcha instrumentos políticos, porque creo que el señor Alonso es un político. Y parece que...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Hernández, cíñase, por favor, al asunto de la proposición no de ley.

EL SEÑOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

(Me ciño, no se preocupe, me ciño. Me ciño, no tengo ningún problema, señora presidenta). ... pues parece mentira que un representante del Ayuntamiento de El Burgo, su alcalde, vaya diciendo a... en los medios de comunicación que pierde... que pierde habitantes, que va a hacer... poner en marcha herramientas legales, y luego, cuando tiene que hacer política en las Cortes de Castilla y León para defender a su pueblo y a su provincia, pues parece que va a votar en contra. Tiene la oportunidad de votar a favor de esta... de esta proposición no de ley.

Continuamos, ¿no? Señor Cruz, todos sus argumentos se basan en la diferencia, en la gran diferencia que el Partido Popular tiene con el Partido Socialista: usted habla de hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. No le he escuchado hablar de solidaridad entre territorios en toda su intervención. No le he escuchado hablar de solidaridad. No le he escuchado hablar de corregir desequilibrios. No le he escuchado hablar de corregir desequilibrios. Y claro que lo entiendo, claro que lo entiendo, porque el propio fondo pone "para financiar gastos de inversiones, de transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas". ¿Saben qué pueden hacer ustedes? Pues marcar unos criterios en unas zonas para mantener los servicios públicos diferentes a otras, a través de este fondo, lo pueden hacer; ustedes ya sé que no quieren, ustedes ya sé que no quieren, que no les gusta, ¿no?, el poder redistribuir la riqueza y hacer propuestas para que la riqueza y los territorios puedan tener la igualdad de posibilidades. Y hay que... y hay que tener en cuenta, ¿no?, que los ciudadanos tienen los mismos derechos vivan en una provincia o vivan en otra. Y la Junta de Castilla y León tiene que reconocer esos derechos, y lo que no puede hacer es dar la espalda a la realidad de la Comunidad, como lo lleva haciendo más de 30 años.

Así que les pido al Grupo Popular que recapaciten y que... sobre todo que sean coherentes con lo que dicen y con lo que hacen, porque, si no, tendrán que dar explicaciones a sus ciudadanos, a sus vecinos y a sus votantes. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Hernández. Entiendo que se modifica el texto propuesto.

EL SEÑOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Cree que el... solo se modifica el punto 1, ¿eh? Si quiere, leo el punto 1.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Sí, por favor.

EL SEÑOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León al establecimiento de medidas en el reparto de los Fondos de Compensación Interterritorial por el que se establezcan que el volumen total de los proyectos se reparta entre las provincias y los territorios de la Comunidad, con el objetivo de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad".

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Hernández. El Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Sí. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a votar a favor, si se hace la corrección y ese volumen total de los proyectos se reparte entre las provincias y los territorios. Si me deja la señora presidenta, y puede repasar el Diario de Sesiones, he dicho Tierra de Pinares, que está entre Valladolid y Segovia, y usted lo confunde con la comarca de Pinares, que está entre Soria y Burgos... [Murmullos]. Por lo tanto, bienvenidos a...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Bueno, señorías, eso lo pueden aclarar ustedes después.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

... bienvenidos a las comarcas, señor Hernández.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, ¿entiendo que quiere usted la votación separada?

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

No, no...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

No.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

... vamos a aceptar...

Votación PNL/000985

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Vale, perfecto. Procedemos entonces a la votación de la proposición de ley. ¿Votos a favor? Ocho. ¿En contra? Nueve. Ninguna abstención. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley debatida.

PNL/000832

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Tercer punto del orden del día: Proposición No de Ley presentada por los procuradores don José Javier Izquierdo Roncero, don José Francisco Martín Martínez, don Luis Briones Martínez, doña Gloria María Acevedo Rodríguez y don Juan Luis Cepa Álvarez, instando a la Junta de Castilla y León a que en los extractos por los que se anuncia la convocatoria de subvenciones del sector público de la Comunidad Autónoma se incluyan los datos relativos a las aplicaciones y dotaciones presupuestarias que las financian, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 167, de cinco de septiembre de dos mil dieciséis.

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, el señor Javier Izquierdo Roncero, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Gracias, señor vicepresidente. Bueno, creo que esta es una proposición no de ley que nos hará tener un debate espero que más breve que en otras ocasiones, creo que no es especialmente complicada ni especialmente difícil de cumplir, y, por tanto, espero también alcanzar el respaldo del resto de los grupos proponentes.

Es una proposición no de ley que se enmarca dentro de los distintos debates que venimos teniendo en relación con la transparencia económica y financiera de la Junta de Castilla y León, y que pretende aportar también un poquito de claridad y de facilidad a la hora de acceder a la información por parte de los ciudadanos, e incluso de los posibles destinatarios de algunas de las subvenciones que aquí ahora comentaré, ¿no?

Hasta ahora, la Junta de Castilla y León viene elaborando... cada convocatoria de subvenciones viene precedida, por supuesto, de su correspondiente orden de bases de las posibles subvenciones, y a partir de ahí hay una orden en la que se concreta las convocatorias específicas que desarrollan las distintas bases. En estas convocatorias de subvenciones se publica un extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León, y el contenido completo de la misma hay que acceder a él a través de la Base Nacional de Datos de Subvenciones, que permite leer íntegramente las órdenes de convocatoria de cada una de las subvenciones.

Y echamos en falta que algunas de las cuestiones que sí están recogidas en la orden de las convocatorias estuviesen también en el extracto que se publica en el Boletín de la Junta de Castilla y León, para facilitar, como digo, la transparencia y facilitar también el acceso a la información. Y fundamentalmente me refiero a los datos que tienen que ver con de dónde surge el dinero e incluso cuáles son las cantidades totales que se destinan a cada una de las convocatorias que se llevan a cabo.

Voy a citarles algunos ejemplos, para que veamos un poco la realidad. Aquí tengo el contenido de las distintas subvenciones que ha elaborado la Consejería de Economía y Hacienda en este último ejercicio, con sus respectivas bases, y las convocatorias de subvenciones que se han publicado en la actualidad para desarrollo de las mismas. En ninguno de estos extractos aparece recogido la aplicación presupuestaria de la que bebe la financiación de cada una de estas convocatorias. Es verdad que está en la orden, pero no está en los extractos, que creo que sería interesante tenerlo y que facilitarían también el acceso a la información por parte de todo el mundo que quisiera conocerlo.

Y, en segundo lugar, hay incluso algún caso de estas órdenes... o de estas convocatorias –perdón- en el que ni siquiera se publica el importe total de las subvenciones o el importe... digamos la consignación presupuestaria en su conjunto. Es decir, cito, por ejemplo, la orden... el extracto de la Orden de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, por las que se establecen las subvenciones a las agrupaciones empresariales innovadoras, donde se citan los contenidos máximos subvencionables para cada... para cada solicitante, pero en el que no viene recogido, por ejemplo, el importe total... la consignación presupuestaria total de estas subvenciones. Y en el resto, en todas las demás, en todos los demás extractos de subvenciones no aparece publicado en ningún caso la aplicación presupuestaria de la que se financiaría cada una de estas subvenciones.

Creo que, por agilidad y por facilitar un poco el acceso a la información a todo el mundo, sería conveniente que esto se incorporara en los textos de los extractos de las convocatorias, evitando el tener que acudir a otras páginas web, cuando esto se puede publicar directamente en ese mismo extracto de la convocatoria.

Es básicamente la propuesta que hace la proposición no de ley, que la Junta de Castilla y León inste... vamos, a que en todas sus Consejerías, cada vez que se publican los extractos de las convocatorias de subvenciones de todo el sector público, se incluyan los datos relativos a la aplicación y a la dotación presupuestaria que financia cada una de esas subvenciones; y -un dato que también nos parece relevante- cuando haya cofinanciación de otras instituciones, ya sea del Estado, de la Unión Europea o de otras entidades, pues que también se especifique el porcentaje en el que participa cada una de estas instituciones, para que sepamos realmente cuánto es del Presupuesto propio ordinario de la Comunidad Autónoma y cuánto es de otras instituciones que pudieran cofinanciar estas actuaciones.

Como les decía, creo que es una proposición sencilla, fácil de cumplir, y, como anunciaba al principio, reitero y espero que sea apoyada por el conjunto de los grupos de la Comisión. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Izquierdo. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor Mitadiel.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias. Voy a ser brevísimo, entre otras cosas, porque creo que tiene poco sentido el volver a repetir las razones que ha dado el proponente. Creo que es una proposición que no ocasiona ningún problema a la Junta de Castilla y León, que permite mejorar la información de los ciudadanos y, por consiguiente, la transparencia, y que, por lo tanto, no debiera plantear ningún problema, ni de realización ni de hacer algo que beneficia a que los subvencionados tengan un conocimiento más amplio del contenido de la subvención, y el resto de los ciudadanos. Por tanto, vamos a apoyar la vigente... la proposición no de ley que se ha propuesto. Gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Mitadiel. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor Félix Díez Romero.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Bueno, yo también voy a procurar ser breve porque creo que, la verdad, se ha explicado de manera suficientemente clara por parte del grupo proponente. Está suficientemente claro en los antecedentes también. Yo me imagino que como todos los procuradores que vamos hoy a intervenir en esta Comisión, en base a esta iniciativa, hemos... nos hemos... hemos accedido, en este caso, al portal de la base de datos nacional de las subvenciones y en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y hemos visto que –como bien dice el proponente-, en este caso, allí se tiene la información necesaria, pero sí que hemos visto que, en este caso, en los proyectos, pues no existe.

Por lo tanto, entendemos que es una cosa bastante fácil de hacer, no creo que requiera una modificación sustancial en este caso, o un aumento del presupuesto, para poder hacerlo; es una cosa sencilla. Creemos que la ciudadanía en este caso, en este caso, y la gente que es subvencionada tiene el mismo derecho a conocer, en este caso, los datos que el resto. Y pensando que es una cosa que va a tener o va a contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, pues, desde nuestro grupo, nos vamos a sumar a apoyar esta iniciativa.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Díez Romero. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora Cortés Calvo.

LA SEÑORA CORTÉS CALVO:

Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días. En relación a esta proposición no de ley, yo siento mucho discrepar con el resto de grupos, y les adelanto que el voto del Grupo Popular va a ser contrario. Y va a ser contrario porque la Ley 15/2014, de racionalización del Sector Público, modifica la Ley General de Subvenciones, dando una nueva redacción a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Así, la base de datos mencionada, en aras a una mayor transparencia y buen gobierno, opera como un sistema nacional de publicidad de las subvenciones, garantizando así el derecho de los ciudadanos a conocer todas las subvenciones convocadas.

Además, la Intervención General del Estado publicará en su web la convocatoria de las subvenciones y se... comunicará a la base de datos el texto de la convocatoria. La base de datos da traslado al diario oficial que corresponde con la finalidad de ofrecer el resumen, para conocer el contenido. El contenido se ajusta a una guía de estilo para la cumplimentación del texto de la convocatoria, que, además, se cuelga en la página web de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Esta guía aconseja que el texto del extracto, no de la totalidad de la convocatoria, contenga los siguientes contenidos: beneficiarios, objeto, bases reguladoras, cuantía, plazo de presentación, así como otros datos. En relación a la cuantía, se indican las aplicaciones presupuestarias y la cuantía -aunque sí que es cierto que no siempre-, y a veces el importe individual de la subvención. No obstante, lo importante es el importe total que aparezca para que el lector del diario oficial, bueno, consulte el resto de la convocatoria.

En cuanto a la cofinanciación, suele constar en el título del extracto, aunque el tanto por ciento de la cofinanciación no suele aparecer. De otro lado, los extractos de las convocatorias que se publican en el BOCYL contienen un enlace a la Base de Datos Nacional donde se obtiene el texto completo. En conclusión, ya que el extracto es un resumen de la convocatoria y debe dar la información necesaria para decidir si se acude o no al lugar donde está publicada la convocatoria completa, no creemos necesario la introducción de los términos que el partido proponente ha trasladado en esta proposición no de ley.

Y, bueno, para terminar, ya que todos los datos relativos a las aplicaciones a las que se va a imputar el gasto de una convocatoria son accesibles de forma sencilla en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, no supone vulneración alguna de los principios de transparencia, de acceso a la información pública y al buen gobierno. Nada más. Y muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señora Cortés Calvo. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que se propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor Izquierdo Roncero.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Gracias, señor vicepresidente. En primer lugar, agradecer al Grupo Parlamentario Podemos y al Grupo de Ciudadanos que... el apoyo a esta iniciativa. Y me va a permitir, ya que además el debate es con la presidenta de la Comisión, una reflexión de carácter general sobre el funcionamiento de esta Comisión. Quizá debiéramos de revisar cuándo se celebra esta Comisión, en qué fechas, porque cada vez que hay Junta de Portavoces, y esto es dos veces al mes, el Grupo Parlamentario Mixto no puede acudir a la... a la Comisión, y esto genera un serio problema de cara al resultado de las votaciones, porque podrían producirse empates, que, por ausencia de los representantes del Grupo Mixto, no se producen. Y esto creo que es una reflexión importante que tenemos que tener en el seno de esta Comisión respecto a cuándo tienen que celebrarse las sesiones de la Comisión, para impedir una situación que va hoy a propiciar que algunas proposiciones, como la anterior que se ha debatido y esta también, pues, por ejemplo, no se produzca el empate y tuvieran que ser elevadas al Pleno de la Cámara. Y creo que esto es una merma a la democracia de esta Cámara, y creo que es una merma que tendremos que tratar de corregir, porque, desde luego, está impidiendo que algunas iniciativas sean debatidas con posterioridad en el Pleno ante el empate que se puede producir en algunas, o se podría producir en algunas de las votaciones. En cualquier caso, ya le anticipo que se lo remitiremos por escrito, y se lo remitiremos también a la presidenta de la Cámara para que lo tenga en consideración, y que esto, en la medida de lo posible, no vuelva a repetirse en ningún caso.

Entrando con carácter ya específico en el debate de las... de las reflexiones que ha hecho la portavoz, en este caso, del Grupo Popular, mire, yo creo que me parece sorprendente que ustedes tomen una guía de estilo como una norma sacrosanta, como si fueran las Tablas de la Ley, porque da la sensación de que, en algunas ocasiones, la ley es absolutamente interpretable para ustedes y, en otros, una mera guía de estilo se convierte pues en las piedras de... las Tablas de la Ley, como digo –perdón-, ahí, perfectamente esculpidas, en las que nadie pueda menearse ni un solo milímetro del conjunto de la propuesta.

Si el debate es muy sencillo, el debate, si ustedes quieren facilitar la transparencia y no marear a los ciudadanos teniendo que ir pinchando en sucesivas webs... -por cierto, la de la Base de Datos Nacional tiene una complejidad importante para acceder a las subvenciones concretas, debido al marasmo que hay tan importante de subvenciones convocadas por todas las Administraciones de este país, las autonómicas y las del Estado-, y, por tanto, nosotros entendemos que estos son datos que facilitarían, sin ningún género de dudas, el acceso a la información por parte tanto de ciudadanos, pero sobre todo también de los grupos parlamentarios, para que sepamos de dónde ustedes pretenden financiar, de dónde sacarían el dinero del Presupuesto para financiar las distintas subvenciones.

Es evidente que ustedes, con la disculpa de la guía de estilo, hoy le vuelven a dar otro portazo a la transparencia y a facilitar el acceso a la información a los distintos grupos políticos y también a la ciudadanía, y, por tanto, están dando una muestra más de... -como bien decía yo el otro día, después de la Comisión de Investigación de la Trama Eólica- ustedes, más que de regeneración democrática, vienen hablando habitualmente de degeneración democrática. Medidas que, con un mero gesto, con una mera... incluso elaboración de guía de estilo de la propia Junta de Castilla y León para determinar el contenido de sus extractos de convocatorias, se podría resolver sin ningún problema. Porque, vamos, no creo que estemos conculcando ningún principio constitucional, ni ninguna fórmula de que estemos motivando inconstitucionalidad porque la Junta de Castilla y León decidiera tener una guía de estilo o determinar cuál es el contenido de los extractos de sus convocatorias de subvenciones. Espero que no estemos vulnerando la Constitución por estos motivos.

Y, por tanto, entiendo que esto es una cuestión meramente de voluntad política; que, evidentemente, ustedes demuestran nuevamente que no tienen y que siguen profundizando en la degeneración democrática.

Yo, señora Cortés, le animo a usted y a su grupo a que reconsideren la posición. Creo que es absurdo no apoyarla, y, además, yo creo que les deja a ustedes en muy mal lugar. Si con menudencias de estas ustedes son tan beligerantes y se ponen de manera tan frontal, no quiero ni pensar lo que podrá ocurrir cuando tengamos que hablar de cuestiones de verdad serias en relación con la transparencia. Algunos ejemplos ya nos han dado, pero me gustaría, la verdad, sinceramente, que cambiaran de estilo y que tuvieran ustedes, usando su terminología y su ejemplo, otra guía de estilo en materia de transparencia. Muchas gracias.

Votación PNL/000832

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Muy bien. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Nueve. ¿Abstenciones? Ninguna. El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: diecisiete. Votos a favor: ocho. Votos en contra: nueve. Por tanto, queda rechazada la proposición no de ley debatida.

PNL/000778

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Segundo... no, segundo no, cuarto punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL 778, presentada por los procuradores doña Natalia del Barrio Jiménez y don Félix Díez Romero, instando a la Junta de Castilla y León a exhortar al Gobierno de la Nación a elaborar un proyecto de ley en relación con la creación de un Registro de Entidades Financieras con el objeto de que se cumplan ciertos requisitos de índole social, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 157, de diecinueve de julio de dos mil dieciséis.

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Podemos, el señor Díez Romero.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Muchas gracias, presidenta. Bien, traemos esta proposición, en este caso, a la Comisión de Economía y Hacienda, para debatir sobre el modelo de control, en este caso, a las entidades financieras por parte de las Administraciones públicas. En el Artículo 4 de la famosa Ley de Contratos del Sector Público, sobre la que tanto hemos tenido la ocasión de debatir en esta Comisión, y sobre la cual la presidenta de esta Comisión le recuerda constantemente al Partido Socialista que es su padre, el padre de esta ley, en este caso excluye de su regulación los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compraventa y transferencia de valores o de otros instrumentos financieros, en particular con las operaciones relativas a la gestión financiera del Estado, así como con otras operaciones destinadas a la obtención de fondos de capital por los entes, organismos y entidades del sector público, así como los servicios prestados por el Banco de España y las operaciones de tesorería. Pensamos que es otra de las deficiencias de esta Ley de Contratos del Sector Público, que esperemos que en esta legislatura seamos capaces de modificar, en aras de velar por un mayor control del dinero público y por un mayor control de las entidades financieras, que se han demostrado en nuestro país verdaderamente incontroladas.

Cabría esperar, por tanto, una regulación sobre los contratos bancarios de deuda pública y gestión de tesorería que siguiera los principios de la citada ley, incluidos los artículos por los que se vela por una contratación pública socialmente responsable, que manifiestamente se vienen incumpliendo sistemáticamente.

Sin embargo, hasta ahora, como ya digo, no se ha cumplido tal expectativa. Esta falta de diligencia por parte del poder legislativo, autonómico y estatal, unido a las características oligopólicas del mercado bancario, ha generado distorsiones y situaciones adversas entre las relaciones entre las Administraciones públicas y, en este caso, el poder bancario o las entidades financieras.

Entre estas distorsiones y comportamientos no deseables podemos citar la elusión fiscal y el uso incívico de paraísos fiscales por parte de estas entidades, que constituyen prácticas habituales, y sobre la cual también este grupo político ha presentado diversas iniciativas en estas Cortes. A la evasión fiscal hay que sumarle también delitos -¿por qué no decirlo?- como el blanqueo de capitales, llevado a cabo por los principales responsables de las entidades financieras de este país, y, en caso concreto, por las principales entidades financieras tenedoras de deuda pública de Castilla y León. Por lo tanto, creemos que es un problema de las Administraciones públicas.

Para nosotros, son conductas que, más allá de sus consecuencias judiciales, deberían tener una reprobación social y comercial, tanto por parte de la ciudadanía como por parte de la Administración de Castilla y León. La indudable aportación de los impuestos a los resultados de las entidades financieras rara vez se plasman en un compromiso de las mismas sobre las personas consumidoras.

La venta de deuda subordinada, participación de preferentes, etcétera, han supuesto la mayor estafa colectiva de la historia de España, con más de 30.000 millones de euros sustraídos y 700.000 personas afectadas, y dejando una profunda huella económica y social en esta Comunidad Autónoma.

Los desahucios también han sido una de las acciones más violentas en las que el Estado y el tejido financiero han ejecutado contra la ciudadanía que los sostiene, y, como posteriormente hemos conocido, con un procedimiento absolutamente ilegal. Solo en Castilla y León, y tomando como referencia las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, 744 familias fueron expulsadas de su vivienda en dos mil catorce, a lo que se añade el agravante de que muchas de estas personas fueron expulsadas de sus viviendas habiendo sido estas entidades rescatadas con dinero del sector público, es decir, dinero que hemos pagado entre todos los castellanos y leoneses y castellanas y leonesas.

La aplicación de cláusulas suelo también constituye otro de los abusos de las entidades financieras, lo que ha supuesto una estafa y un engaño a miles de familias y pequeñas empresas, donde los tribunales también han tenido que empezar a aplicar la ley, una ley que, por cierto, el Gobierno no es capaz de exigir a las entidades financieras; débiles con los fuertes, fuertes con los débiles.

La precariedad del mercado laboral, unida al retroceso del poder adquisitivo y el alarmante crecimiento de la deuda pública, ha hecho difícil la sostenibilidad en el largo plazo de la financiación de los presupuestos públicos, lo que contrasta de manera... de manera opulenta con la sobrerremuneración de beneficios de los directivos de las entidades financieras. Es curioso, para nuestro grupo, que el enorme deterioro de las cuentas públicas se deba en parte a empresas bancarias cuya cuenta de resultados se alimenta en gran medida de forma directa e indirecta de fondos públicos. En dos mil cinco... en dos mil quince, perdón, la suma de beneficios del BBV, del Santander, de Bankia, del Popular, del Sabadell, de Liberbank y de La Caixa fue de 13.000 millones de euros, un 18 % más que en dos mil catorce, equivalente a un 32 % más que el Presupuesto de Castilla y León para dos mil dieciséis. Unas plusvalías de su actividad que no se reparten de forma equitativa entre la ciudadanía que las produce.

Y no voy a hablar ya del rescate bancario, porque, evidentemente, después de habernos vendido que se iba a recuperar el dinero que la ciudadanía ha destinado para rescatar a estas entidades bancarias, nos encontramos con que ya en este año se nos ha dicho que eso no va a suceder. Un rescate bancario que consumió una ingente cantidad de fondos públicos, equivalente a un 21,3 % del PIB. ¡Anda que no han hecho falta recortes a la gente para pagar este rescate bancario, para pagar este festín que se han dado a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, del pueblo español, del pueblo castellano y leonés, las élites financieras, en convivencia con el poder político y el poder judicial en nuestro país!

Ninguna de las tropelías que he descrito anteriormente hubieran sido posibles si los organismos fiscalizadores y el Poder Ejecutivo hubieran actuado conforme a la Constitución Española. Cabe preguntarse, por tanto, cuál han sido las causas por las que los Gobiernos y órganos de control, en este caso, de nuestro país han exhibido tal nivel de dejación de funciones, tal nivel de desamparo con la mayoría de la población de nuestro país, cuando en casos como la aplicación de medidas judiciales y de control contra la morosidad hipotecaria en vivienda habitual o la acción sindical han incrementado su grado de severidad durante los peores años de la crisis, incluso actualmente.

Es en este punto donde surge con gran fuerza para nosotros la sombra de los conflictos de intereses, derivado de la financiación bancaria de los partidos políticos y de las llamadas puertas giratorias, por parte de los dirigentes de estos partidos. Castilla y León puede y debe, a nuestro juicio, a través de una normativa justa y un Gobierno diligente, aplicar comportamientos que generen refuerzos positivos en el mercado bancario, de tal forma que las entidades financieras capten de forma inequívoca el mensaje que la ciudadanía tiene para ellas: control, sumisión y, en este caso, aceptación de la democracia; es decir, el control democrático de la economía por parte de la ciudadanía para la mejora de la calidad democrática en nuestro país.

Por todo ello, planteamos una propuesta de resolución que creemos equilibrada y que debe contar o debería contar con el apoyo de la mayoría de la Cámara, como lo contaría con el apoyo de la mayoría de la población si esta se sometiera a referéndum, que dice lo siguiente:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León -en este caso- a exhortar al Gobierno de la Nación -porque es de su competencia- a realizar un proyecto de ley en el que se contemplen las acciones necesarias para que se cree un registro de entidades financieras con el objetivo de que se cumplan ciertos criterios de índole social, y cuyos resultados sean públicos, de forma on-line, a través del cual las entidades financieras puedan acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: no haber desahuciado a una persona que no tiene otra alternativa habitacional propia en los últimos tres años; cumplimiento de las sentencias judiciales y comunitarias sobre cláusulas suelo; no estar ubicada ni pertenecer a ningún grupo financiero con oficina situada en paraísos fiscales; no haber sido condenada en firme por incumplir la Ley 10/2010, de veintiocho de abril, de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en los últimos diez años; respetar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, y fomentar políticas activas de conciliación de la vida laboral y familiar en su organización; no figurar entre los cinco bancos con más reclamaciones de las principales organizaciones de consumidores y usuarios; demostrar una remuneración razonable de sus directivos y sus consejos de administración; no financiar a partidos políticos ni a sus fundaciones o entidades vinculadas; adherirse a un sistema arbitral de consumo de las Comunidades Autónomas. Y dos, introducir en el proyecto de ley que se puedan incorporar en todos los contratos con entidades financieras cláusulas que favorezcan la contratación con las entidades incorporadas a este registro. Al mismo tiempo, también pensamos en introducir en dichos contratos cláusulas sancionadoras, que incorporen indemnizaciones especialmente severas en los casos en los que se haya producido engaño u ocultación de datos por parte de la entidad financiera a la hora de acreditar el cumplimiento de las condiciones de registro o de renovación anual. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Díez Romero. Tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Mitadiel.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias, presidenta. La proposición que analizamos, en principio, nos había parecido interesante en sus intenciones. Ahora ya, incluso después de la intervención del proponente, nos parece incluso menos interesante. Y no solo encontramos problemas con la redacción. Creíamos que la intención de la proposición era que las Administraciones contraten con empresas con responsabilidad social, pero, claro, le veo hablar de otra serie de cuestiones y, entonces, ya me planteo si al final, a través de esto, no sé si queremos hacer una revolución económico y social, quizá; no sé.

En todo caso, resulta que el objetivo y el texto, después de la proposición, es como bastante más limitado. La... en su exposición habla de temas que son ciertos: el tema de los paraísos fiscales, las participaciones preferentes, los desahucios, las cláusulas suelo, el sueldo de los directivos, el rescate bancario; es decir, de eso no tenemos nada que decir, porque, efectivamente, son prácticas de los bancos y de las cajas de ahorro que nos han generado muchos problemas, que implican insolidaridad social y que, en parte, hemos acabado pagándolos todos los españoles. Por cierto, este comportamiento de los bancos no es demasiado distinto al de las grandes empresas, sobre todo si funcionan en régimen de oligopolio.

Pero resulta que voy... o vamos al contenido de la proposición no de ley, que es la creación de un registro que favorezca la contratación a las entidades que figuren en el registro; la contratación, que se refiere a servicios financieros relacionados con la emisión, compraventa y transferencia de valores o de otros instrumentos financieros, es decir, en mi interpretación, fundamentalmente, estamos hablando de deuda pública y de préstamos.

Y habla también de las operaciones de tesorería, y ahí es donde me entra las dudas de cuál es el ámbito real de esta proposición no de ley. Porque les vamos a pedir a los bancos que cumplan unos requisitos absolutamente exigentes para decirles que no queremos que nos hagan préstamos o que nos compren deuda pública; aunque yo no sé cómo se puede impedir lo de la deuda pública, porque yo no sé si está en el tema de contratación el... la cuestión fundamental, es decir, qué poder... uno de los poderes de la Administración con respecto precisamente a los bancos es las cuentas de recaudación y las cuentas de pagos. Entonces, ¿está eso comprendido? Entre otras cosas, quiero recordar a los proponentes que las cuentas de recaudación normalmente se concede a todas las entidades para que los ciudadanos tengan mayor comodidad, con lo cual, restringirlo, resulta que generaríamos algún problema, y no sé si está incluido precisamente en el texto de la proposición no de ley.

Y que, en cuanto a las cuentas corrientes, que seguramente naturalmente que es un contrato, habitualmente no han sido objeto de una licitación, de un procedimiento de concurso, por lo menos la inmensa mayoría, que proceden de tiempos anteriores. Es verdad que ahora se está haciendo más concursos para conseguir el que cada uno mejore las condiciones en las que trabaja con la Administración.

Entonces, resulta que les vamos a pedir una serie de requisitos -a los que voy a intentar referirme muy brevemente- para que no nos presten dinero o para que no nos compren deuda pública; no sé si es algo más.

Después, resulta que hacemos proposiciones al Gobierno de la Nación. Durante toda la proposición se ha estado hablando de Castilla y León, pero no hacemos ninguna proposición a la Junta de Castilla y León. Que conste, y quiero reconocérselo al proponente, que han hecho diversas propuestas en este sentido y que todas han sido rechazadas; algunas de ellas compartimos buena parte del objetivo, pero que creo que sería un marco donde hablar de Castilla y León.

Con respecto, después, al... a los puntos que les vamos a exigir o que se les piensa exigir a los bancos, pues la verdad es que son bastante fuertes, ¿no? Y voy a relacionar algunas. Bueno, en principio, en cuanto a la b), cumplimiento de sentencias judiciales, bien, lógicamente; pero hay un problema con el tema de las cláusulas suelo. A ver, primero, las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo hacen referencia del nueve de mayo del dos mil trece para acá, de las anteriores no dice nada. Pero una cuestión, realmente lo que las... el Tribunal de Justicia Europeo ha suspendido no es las cláusulas suelo, sino el engaño. Lo que ha... lo que ha suspendido es que la letra pequeña haga que haya un desequilibrio de poder entre que los bancos minimicen el riesgo, pero los clientes no lo minimicen. Con lo cual, no existe nada que impida que las cláusulas suelo sigan existiendo en los contratos, lo que pasa es que deben ir acompañadas de la transparencia correspondiente y de ese equilibrio que yo planteo.

Con respeto a la c), lo de, bueno, pues que no tengan ninguna oficina, su grupo financiero, situadas en paraísos fiscales, yo creo que lo que hay que plantear es que, si estas entidades han realizado actividades ilícitas en paraísos fiscales relacionadas con el blanqueo de capitales, fraude, etcétera, hay que rescindir los contratos con la Administración de manera inmediata; eso es lo que tenemos que plantear. En ese sentido, ser absolutamente exigente.

Con respecto al f), no figurar entre los cinco bancos con más reclamaciones en las principales organizaciones de consumidores o usuarios, dos preguntas: primero, ¿por qué cinco y no seis?, ¿el sexto ya es mejor que el quinto? Pero, evidentemente, los cinco bancos con más reclamaciones lógicamente tienen que ser los cinco más grandes, por ley natural, los cinco que tengan más clientes; con lo cual, digamos que es un criterio sesgado.

Por cierto, en la e), que me la he saltado, las condiciones también son fuertes, "sin que en ningún caso puedan tener sentencias contrarias en firme en los Juzgados de lo Social en los últimos 5 años". Cuando se tienen miles de trabajadores es difícil no tener ninguna sentencia en firme en contrario durante... durante 5 años, ¿no?

Después, en la g), cuando habla de la remuneración razonable de sus directivos, pues la verdad es que pensamos que el tema de la remuneración de los directivos sobre todo es un problema de los accionistas de las distintas empresas. Lo cual no quiere decir que, en la medida en que nosotros somos accionistas de algunas de estas entidades bancarias, en aquellas en las que hemos utilizado dinero para el rescate, naturalmente que pidamos limitaciones, en ese caso, en nuestro papel de accionistas de dichas empresas.

Con respecto a la financiación de partidos políticos, yo creo que habría que aclarar el tema. ¿De qué estamos... de qué estamos hablando, de que no les pueden dar préstamos? Evidentemente, nosotros estamos en contra de las donaciones, es decir, ninguna entidad bancaria puede realizar ninguna donación ni a partidos políticos ni a fundaciones o entidades vinculadas. Pero con respecto a los préstamos, creemos que es un método más de financiación y, desde luego, de lo que estamos en contra es de prácticas que ha habido en este país de condonación de dichos préstamos. Naturalmente que estamos en contra de la condonación, pero no en contra de que un partido político para financiar una campaña electoral pueda pedir un préstamo, como el resto de los... de los mortales, ¿no? Lo que hacemos nosotros con ello.

Para finalizar con respecto a mi intervención, me parece que la proposición no de ley es enormemente exigente para lo que después da. Es decir ¿les pedimos unos requisitos, que tendrían que ser unas empresas modélicas, para que después resulta que lo único que tienen... que tienen que hacer es que tienen una cierta preferencia con respecto a otras entidades bancarias? Pues creo que esto es casi tan irreal como el Código de Buenas Prácticas que sacó el Gobierno Central, allá por el año dos mil trece, que... con la Ley de protección de deudores hipotecarios, restructuración de deuda y alquiler social, que tenía muy buenas intenciones, pero yo creo que no tuvo ningún efecto. Por eso nosotros, dado que, aunque nos parece interesante el... creíamos que era el objeto de esta proposición no de ley, el texto nos sugiere muchas dudas, muchas contradicciones, y en algunas estamos francamente en desacuerdo, vamos a votar en contra. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Mitadiel. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Izquierdo.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Gracias, presidenta. Bien. La verdad es que voy a compartir algunas de las reflexiones que hacía también el señor Mitadiel, el representante de Ciudadanos, y voy a... y a decir algunas otras cuestiones sobre otras que sí que nos parecen que tienen interés.

Yo creo que esta es una proposición que –por resumirlo, ¿no?- plantea un catálogo de entidades financieras que se podían incluir en un determinado registro público, y que hubiera preferencia para contratar con esas entidades por entender que las medidas que se implantan o que esas entidades cumplen responden mejor, digamos, a lo que podría ser la responsabilidad social de las mismas. Claro, el problema es que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no?, y, cuando uno hace un catálogo de criterios que se tienen que cumplir tan estricto y tan exhaustivo, lo que se puede conseguir al final, indirectamente, es que ninguna de las entidades pueda estar dentro de ese registro, y, por tanto, lo que se pretendía, que es contratar solo con entidades con mayor responsabilidad social, acabe convirtiéndose en que se pueda contratar con todas, aunque solo sea por el hecho de que ninguna cumple estos criterios de responsabilidad social. Lo cual, por eso digo que es... lo mejor es enemigo de lo bueno, porque estaríamos consiguiendo la perversión total de lo que pretendía la iniciativa en un momento inicial, ¿no?

Nosotros pensamos que hay algunas de estas cuestiones que son interesantes, ¿no? Desde luego, el tema de los paraísos fiscales, el del blanqueo de capitales, hay algunas otras cuestiones que... la adhesión al sistema arbitral de consumo... Nos parecen muy interesantes y creemos que, bueno, esas podrían debatirse y podríamos plantearlas como medidas que pueden ser razonables para definir ese tipo de registro y, a partir de ahí, primar la contratación de... con esas entidades financieras. Pero claro, aquí es donde abundo un poco en algunas de las reflexiones, y añadiré alguna más en relación con lo que decía el señor Mitadiel. Por ejemplo, el cumplimiento de las cláusulas de la sentencia... las sentencias de las cláusulas suelo, el problema no es que no se cumplan las sentencias, el problema es que hay que pedir que el cumplimiento... o, al menos, habría que decir que las entidades las cumplieran de oficio. Porque al final hay también algunas inconcreciones jurídicas que motivan que este registro, pues tal y como está planteado aquí, pues sea también de una enorme inseguridad jurídica, ¿no? Porque, ¿quién dice que no cumplen las sentencias, si nadie ha instado a su cumplimiento en los casos concretos? Por tanto, tiene una complejidad jurídica algo mayor de lo que en un primer momento parece una redacción muy fácil de cumplimiento de las sentencias. Claro que las sentencias deben cumplirse, lo que ocurre es que en nuestro ordenamiento jurídico, en algunos casos, hay que solicitar al juez su cumplimiento. Y, por tanto, esa es una premisa también para que veamos que algunas de las cuestiones, desde la... desde el punto de vista jurídico, pues tiene muchas lagunas en este planteamiento.

Yo incido en el argumento que decía el señor Mitadiel de los... de las sentencias de los Juzgados de lo Social en los últimos cinco años, porque nos parece que empresas, entidades, con miles de empleados es muy difícil que no tengan algún tipo de conflicto laboral por el que no hayan sido condenado por sentencia firme en los últimos cinco años. Con lo cual, ocurriría lo que les decía antes, podrían quedar excluidas casi con probabilidad, por incumplimiento de esta, todas las entidades financieras y, al final, habría que contratar con todas en igualdad de condiciones, consiguiéndose justo lo contrario de lo que se plantea con esta iniciativa. La zanahoria se convierte en palo para todos y, entonces, no hay ningún tipo de estímulo y, por tanto, hay que contratar con el palo y no con la zanahoria.

Otra cuestión que ustedes plantean: no figurar entre los cinco bancos con más reclamaciones en las principales organizaciones de consumidores y usuarios. Dos cuestiones. Hay tal concentración de nuestro sistema financiero que no hay muchas más de 5 entidades en nuestro país, con lo cual, eso restringiría mucho el número de empresas con las que poder contratar. Incluso eso tendría un problema desde el punto vista de concurrencia a la hora de que ellos fuesen los que fijasen casi las condiciones con las que contratar préstamos con las Administraciones, mermando la competencia y, por tanto, mermando la posibilidad de mejorar las condiciones en las que las Administraciones podrían contratar préstamos o endeudarse con esas entidades financieras. Y en segundo lugar, ¿quién impide...? Porque tampoco, en esas lagunas jurídicas, ¿cuáles son las principales organizaciones de consumidores y usuarios? Porque quiero recordar aquí el caso del sindicato Manos Limpias -que yo llamaría manos negras a la vista de los últimos sucesos- en los que se ha demostrado o hay indicios de que han podido cometer prácticas de extorsión contra algunas entidades financieras. Si hacemos que alguna de estas entidades sea el juez y parte de algunas de las reclamaciones o sea el vehículo para canalizar infinidad de reclamaciones, incluso puede haber prácticas perversas que beneficien a unas entidades financieras en detrimento de otro. Yo creo que en estas cuestiones conviene tener cierto cuidado.

Pero mire, el último de los argumentos que es el que nos... nos plantea a lo que va a ser la posición política, que va a ser de abstención, porque, como le digo, hay algunas cuestiones que nos parecen bien pero otras nos las compartimos, tiene que ver con el de no financiar a partidos políticos ni a sus fundaciones o entidades vinculadas. Y este sí que es un principio democrático. Yo creo que vivimos en un sistema democrático en el que pretendemos que haya igualdad de oportunidades y que haya posibilidades de concurrir a la vida pública en una, más o menos, igualdad de condiciones, que luego es verdad que tampoco es real del todo, pero creo que a veces entramos en la mecánica de discursos excesivamente populistas en el que vemos como se juntan los extremos de la izquierda y los extremos de la derecha. Esta es una propuesta que, sinceramente, nosotros en ningún caso podríamos apoyar, que es que los partidos políticos puedan obtener financiación de las entidades financieras. Podríamos entrar a debatir el aspecto de la condonación de las deudas y otras cuestiones, pero, desde luego, que no podamos acceder al crédito los partidos políticos nos parece una absoluta aberración.

El siguiente paso sería, por el populismo de extrema derecha, plantear lo que Donald Trump, que él, como es suficientemente millonario, no quiere cobrar sueldo de presidente de los Estados Unidos, y acabaremos haciendo, insistiendo o, además, ahondando más en ese mensaje de denostación de la política y del ejercicio de la política como ejercicio digno. Ejercicio que tiene que estar remunerado y que, desde luego, a quien únicamente beneficia es a aquellos que no necesitan de la política para vivir dignamente, sino que ya tienen suficiente cuenta bancaria y suficiente patrimonio como para hacer lo que quieran; es más, hasta llegar a ser presidente de los Estados Unidos y renunciar al salario del mismo. Si entramos por esa dinámica, estaremos limitando el ejercicio de la política a muy pocas personas, precisamente a los que las formaciones de izquierda no nos caracterizamos por defender, fundamentalmente. Estaremos cercenando el ejercicio de la política a los más débiles, a los que no tengan seguridad económica y a los que no tengan un salario o un patrimonio que les permita dedicarse como un ocio más a la política, y yo creo que la política tiene otras componentes mucho más importantes.

Por tanto, esto nos parece de calado, de calado en la propuesta para rechazarla, aunque, como digo, nos abstendremos, porque hay algunas cuestiones que nos parecen interesantes, pero, desde luego, en esta jamás, jamás, podríamos estar de acuerdo, porque creemos que vulnera un principio de igualdad en la participación en la vida pública, con el que el Partido Socialista, desde luego, no puede estar en absoluto de acuerdo.

Por cierto, aclárense ustedes, ahora que van en coalición con Izquierda Unida, en esa formación que se llama Unidos Podemos, porque ese partido de Izquierda Unida, esa coalición, tiene una deuda de más de 10 millones de euros; y, por tanto, no han tenido escrúpulos para pactar con ellos, no le han puesto el reparo de la financiación a través de entidades financieras, cuando quieren ponérselo al resto de las formaciones políticas con esta iniciativa.

Yo creo que, como les digo, hay lagunas jurídicas, hay cuestiones que nos parecen interesantes, hay otras, desde luego, con las que estamos radicalmente en contra, como la posibilidad de acudir a los préstamos por parte de los partidos políticos, y, por eso, consideramos que la propuesta, como les decía, lo mejor es enemigo de lo bueno, y, en todo caso, si hubiera otro tipo de planteamiento, otro tipo de redacción, podríamos plantearnos otra posición, pero, en este caso, ya como les he dicho, nos abstendremos en la... en la misma.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Izquierdo. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Antolín.

EL SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN:

Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues la proposición no de ley que trae hoy aquí el Grupo de Podemos a esta Comisión es una proposición no de ley que viene dentro de una batería de proposiciones no de ley que ya nos viene acostumbrados a traer aquí y que hace referencia a cuestiones que nada tienen que ver con las competencias de la Comunidad Autónoma que nos encontramos. Y, de hecho, usted mismo, señor Díez, lo ha reconocido cuando cerraba prácticamente su intervención con la propuesta de resolución. Por tanto, nosotros consideramos que el lugar idóneo para tratar una cuestión como la que usted hoy nos trae aquí, pues es un lugar en el que ustedes también tienen representación política. Así que, pues le invito a que sean las Cortes Generales donde lo debatan y lo lleven a cabo, porque, de otra manera, esto solo se entiende como una consigna y como una obligación política por parte suya, desde otras personalidades superiores a ustedes para que las lleven a este Parlamento, como así las están llevando a otros Parlamentos autonómicos, y, además, sin tener ningún efecto positivo, porque, como aquí se ha manifestado también en las intervenciones del resto de los portavoces, pues no parece ser que sea algo interesante, porque se muestran muchas incongruencias en lo que usted plantea.

Además, ni siquiera hace alusión en toda su intervención, ni en toda su propuesta, ni en todos sus antecedentes, a cuestiones directamente relacionadas con nuestra Comunidad, que es lo que podía ser verdaderamente interesante, de calado y para poder aquí debatir. Y sí es cierto que ustedes en un primer momento presentan esta proposición no de ley y quince días después presentan otra proposición no de ley para corregir errores; errores que hacen referencia a cuestiones que sí que, efectivamente, trataban temas de la Comunidad y que serían más interesantes para debatir.

Y es que nosotros consideramos que únicamente traen hoy aquí esta proposición no de ley con el ánimo, únicamente, de llevar a cabo un debate político, con una argumentación pues que en muchos puntos es excesivamente genérica, cargada de tópicos, de populismo y con una falta suficiente de rigor; y así, además, también lo han manifestado otros portavoces antes de mi intervención.

Ustedes pretenden apoyarse, con su propuesta, en lo que califican como antecedentes, pero sin conseguirlo. El conjunto evidencia la incoherencia argumental de la proposición presentada. Se empieza señalando una carencia de normativa específica sobre contratos bancarios de deuda pública y gestión de tesorería de las Administraciones públicas, y se consideran producto de dicha carencia y de un pretendido oligopolio en el mercado bancario una serie de comportamientos reprobables que se atribuyen genéricamente y con cierta ligereza a la gran mayoría de las entidades de crédito, comportamientos claramente no tienen nada que ver con la deuda pública y la gestión de la tesorería.

Continúa la argumentación con la acusación, también genérica e inconcreta, de que tales comportamientos reprobables solo han sido posibles porque los organismos fiscalizadores y el Poder Ejecutivo no han realizado su trabajo con diligencia por la existencia de conflictos de intereses que afectarían a los partidos políticos y a sus dirigentes, cuestiones estas que también parecen, en principio, ajenas a la contratación administrativa.

Y, posteriormente, también, en base a esa argumentación, y se supone que con la pretensión de solucionar la importante problemática expuesta en la misma, en vez de proponerse medidas penales reforzadas o normas directamente limitadoras de dichos comportamientos reprobables, lo que se propone es que exista una penalización en la contratación administrativa con ciertas entidades financieras que no figuren inscritas en un nuevo registro cuya creación se pretende.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que también existe cierta inseguridad jurídica en la propuesta que ustedes realizan. Por nuestra parte, debemos destacar que, de acuerdo con la propuesta para ser inscritas en el nuevo registro de entidades financieras, las entidades habrían de demostrar el cumplimiento de un extenso conjunto de circunstancias, cuya acreditación, en muchos casos, requeriría la prueba de hechos negativos y que, además, precisaría de una previa interpretación, en cada caso, de cada uno de los numerosos requisitos que pretenden exigirse; requisitos que, en general, no están vinculados a normas jurídicas concretas, sino a conceptos indeterminados y no siempre estrictamente jurídicos ni de fácil interpretación, apreciación o justificación. Todo ello se aleja de la necesaria seguridad jurídica que debe presidir un Estado de derecho como es el nuestro, dando pie a la arbitrariedad e incrementando la conflictividad.

Por otro lado, también, a través de esta propuesta que usted nos hace aquí hoy, consideramos que supone o supondría un importante incremento de las cargas administrativas. La creación de ese registro llevaría implícita también que, de manera bastante habitual y continua, se tendrían que hacer actualizaciones, de forma permanente, de forma periódica, con el consiguiente incremento de esa carga burocrática; algo que no va en la línea de la legislación actual vigente, que siempre busca agilizar los trámites burocráticos, porque eso también es algo que piden los ciudadanos de Castilla y León.

Por otro lado, también, haciendo referencia a la afirmación que usted hace respecto a las situaciones oligopólicas del mercado bancario, pues es una afirmación muy cuestionable. Hay que tener en cuenta que en España existen una gran cantidad de entidades bancarias, entidades con intereses muchas veces claramente contrapuestos y que, sin embargo, buscan captar al mismo cliente. En ese sentido, por ejemplo, en Castilla y León operan actualmente 30 entidades de crédito, 15 de ellas con más de 40 oficinas, y a ello podíamos añadir todas esas que operan de manera telemática. Por tanto, fíjese que el abanico es muy amplio y es difícil pensar en que exista un oligopolio.

Sí que es cierto que podían darse esas circunstancias de oligopolio con la pretensión que hace usted, al limitar o al reducir ese número de entidades bancarias que estuviesen funcionando en nuestro país o en nuestra Comunidad.

Por otro lado, lo que parece que ustedes buscan, en el fondo, es algo que va relacionado a la política marxista en la que ustedes se amparan, que es un mayor control, un mayor intervencionismo sobre las entidades financieras, cercenando, con ese fin, de forma insuficientemente justificada, la libertad de empresa y sin tenerse en cuenta que ello puede provocar una reducción de la imprescindible financiación tanto a los particulares y empresas como, sobre todo, a los entes públicos, y -ya se ha dicho aquí-, como mínimo, un incremento del coste de la misma; todo ello en contraposición a la afirmación realizada en los antecedentes, en los que ustedes consideran uno de los sectores más importantes para la política económica de nuestra Comunidad.

Por otro lado, también vuelven a repetir el mantra de la cantidad de dinero que ha tenido que ser invertido para el rescate bancario. En concreto, hace usted referencia a 235.521 millones de euros de fondos públicos, según el Banco de España. Y este mantra le repiten y le repiten, y luego le vuelven a añadir o aluden a que, como consecuencia de estas grandes cantidades de dinero que se ha tenido que meter en la banca, se han tenido que hacer numerosos recortes. Bueno, pues es un mantra que repiten, que repiten, y, con el populismo que les caracteriza, es lo que intentan meter en la sociedad.

Le indico que esas inversiones y todas esas ayudas que han sido necesarias para llevarse a cabo ese rescate bancario, pues hay una nota que indica las cantidades que se han invertido, que se han inyectado y, por otro lado, también las cantidades ya que se están recuperando. Entonces, le invito a que lea el "Informe sobre ayudas públicas en el proceso de reestructuración del sistema bancario español 2009-2016", que está... de fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, que presenta el Banco de España, y en el cual pues puede ver que todas esas inyecciones de liquidez, todas esas inyecciones de dinero a los bancos, se reparten en cuatro líneas importantes: una, que es de ayudas financieras desembolsadas para la recapitalización de entidades; una segunda línea, que son las aportaciones del Fondo de Garantía de Depósitos en entidades de crédito para la adquisición de acciones no cotizadas procedentes de la gestión de instrumentos híbridos; una tercera línea, que son avales, garantías y esquemas de protección de carteras de activos; una cuarta línea, que son créditos extraordinarios concedidos a las instituciones financieras; y una quinta línea, que es la aportación de capital público -esta sí- a la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes de la reestructuración bancaria.

Por todo ello, señoría, nosotros consideramos que esta proposición no de ley y esa propuesta de resolución que usted nos plantea no la vamos a apoyar. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias, señor Martínez Antolín. Tiene la palabra, para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, el señor Díez Romero, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Gracias, presidenta. Primero, una noticia: "El Estado da por perdidos 26.300 millones en ayudas públicas a la banca", trece de septiembre de dos mil dieciséis; Mariano Rajoy, presidente del Gobierno.

Comenzamos. Comenzamos diciendo que, vaya, me suena, me parece un déjà vu: el Partido Popular y Ciudadanos votan en contra, y el PSOE se abstiene; trasládenlo al contrario y al Gobierno de la Nación y a lo que hemos vivido en los últimos tiempos. [Risas].

Al Grupo de Ciudadanos... -les rogaría, por favor, respeto a la labor parlamentaria- al Grupo de Ciudadanos les diría que gracias por reconocer que ser democrático parece hoy ser revolucionario. Para nosotros, simplemente, nos reconocemos como conservadores; y nos reconocemos como conservadores porque aspiramos a conservar, en este caso, el proyecto de la Ilustración, y aspiramos a conservar el estado del bienestar. Creo que los revolucionarios los tengo enfrente nuestro, son los revolucionarios neoliberales los que aspiran a destruir el estado del bienestar. Yo simplemente me conformo con conservar lo existente. Por eso creo que Podemos es hoy un partido conservador.

Me parece gracioso, me parece sencillo que siempre hablen de populismo los que creo que temen al pueblo. Y ya me parece el colmo de los colmos que se hable aquí de inseguridad jurídica por parte del Grupo Popular, cuando ustedes están planteando una Ley del Estatuto del Cargo Público que, a todas luces, es inconstitucional, con el apoyo de Ciudadanos. A esto yo sí que le llamo, a todas luces, populismo.

Al Partido Socialista decirle que, si ninguna entidad bancaria cumple estos criterios, no vamos a contratar con todas las entidades. Lo que nosotros planteamos, y que el Partido Popular llama marxismo –no lo sé, no pondré yo etiquetas a lo que es el marxismo o no, pero no me parece que sea marxista-, a mí lo que me parece es que, si la economía, en este caso, o entidades bancarias no se ajustan a la democracia, lo que no hay que hacer es modificar la democracia, como ha venido haciendo el Partido Socialista y el Partido Popular, sino modificar la economía. Porque la democracia, para nosotros y para este grupo, está, desde luego, por encima de la economía.

Sobre las comparaciones interesadas con Trump y el populismo que se han... y las informaciones que se han vertido en esta Comisión, yo le diría al Partido Socialista que cuando uno renuncia a sus ideas, cuando uno no se cree su propio proyecto, cuando uno no es capaz de ofrecer un proyecto de país diferente, más allá de enfrentar a provincias, de enfrentar a Comunidades Autónomas, y de otra serie de cosas que yo sí que creo verdaderamente populistas en el peor sentido del término, no en el sentido teórico, es cuando se produce el ascenso de estos populismos de derechas. No hay que olvidar que Podemos nació como una formación política patriótica, que es un movimiento, efectivamente, nacional popular, que reconoce la pluralidad, en este sentido, del conjunto de los españoles. Se ríen, pero, elección tras elección, van ustedes descendiendo hacia el vacío.

Bueno, con la presentación de esta iniciativa creemos responsable y necesario, como decía el portavoz del Partido Popular, sacar a colación el debate público sobre la necesidad de abordar una nueva forma de gestión, en este caso, con todo lo relacionado sobre... con la deuda pública y el sistema bancario en nuestro país.

Me hablan ustedes de concreción y de que estas no son propuestas para Castilla y León. Pues bien, este pasado fin de semana tuve la ocasión, en este caso, de poner concreción en esta propuesta, concretamente me voy a centrar en el punto 1.b) sobre cláusulas suelo. Como le decía, tuve la ocasión de estar tomando unas cervezas en Medina de Pomar, en un bar, al que suelo acudir habitualmente, cuyo dueño en este momento está de baja, pero como es un buen amigo, buen cliente, pues salió a saludar. Recientemente, esta persona de la que les hablo ha estado ingresada en el Hospital Universitario de Burgos tras sufrir un infarto. Bien, este infarto se produce a consecuencia de sus políticas, se produce porque ha sufrido un aumento prolongado del estrés. ¿Y por qué ha sufrido un aumento prolongado del estrés? Porque voy a personificar...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Díez Romero, por favor, al tema.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Sí, el tema. En este caso, voy a personificar perfectamente por qué sufre un aumento del estrés. En el punto 1.b) de la moción, que habla del cumplimiento de las sentencias judiciales nacionales y comunitarias sobre cláusulas suelo y que se insta, en esta resolución, al Gobierno de la Nación a aplicar, pues no está aplicando, esta persona, a la que hoy ustedes, con su voto, dan la espalda, que empezó a trabajar con 14 años en la construcción, que a los 42 años se quedó en paro y ha tenido que hipotecar su casa por montar un negocio, un bar, para sacar adelante a su familia, sufre un infarto debido al estrés que le provoca estar en permanente conflicto con las entidades bancarias en un proceso judicial para reclamar, en este caso, el que le devuelvan el dinero de la aplicación de la cláusula suelo, que era una cosa que el Gobierno de la Nación, de manera muy sencilla, con esta proposición que les traemos hoy aquí, se puede haber evitado. Esta persona ha sufrido un infarto y ha estado a punto de morir, ha estado ingresado durante un mes. Si cumplimos esta ley, esto que estoy proponiendo hoy aquí, evidentemente, como es de aplicación inmediata, no hubiera pasado. [Murmullos]. Él me lo narraba a mí.

En este caso, yo creo que las políticas en favor de los poderosos, en favor de la banca, que han llevado a cabo, han propiciado el infarto de este hombre. Y esto es poner o politizar el dolor. Porque en España tenemos un Gobierno, como ya he dicho, fuerte con los débiles y débil con los poderosos.

Y esto sucede -y lo vinculo ahora con el punto 1.h)- porque quien paga manda. Por desgracia, en este país, estamos viendo que quien paga, en este caso, a los partidos políticos, quien paga sobresueldos a los diferentes dirigentes del Partido Popular, es los que al final mandan en este país, es decir, esa serie de poderes económicos que no se presentan a las elecciones.

Lo que quiero decir es que hoy, con su voto en contra, están votando también en contra de este paisano y en contra de muchísimos paisanos de Castilla y León, que sufren las consecuencias políticas de las políticas de los últimos años, de recortes del Partido Popular. Para mí esto tiene un nombre, tiene un nombre muy claro, que no voy a decir en esta Cámara, por respeto, pero que, evidentemente, me produce bastante vergüenza, o me produciría bastante vergüenza si yo estuviera, en este caso, enfrente, como están ustedes hoy de mí.

Deben ustedes entender que son las políticas que ha llevado a cabo Zapatero, que son las políticas que ha llevado a cabo Rajoy, las responsables de casos como el que les he narrado; por desgracia, aunque les duela. Y yo les digo una cosa que me decía mi abuela y me decía mi padre, para que ustedes reconsideren su voto: arrepentidos los quiere Dios. Muchas gracias.

Votación PNL/000778

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Díez Romero. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Dos. ¿Votos en contra? Diez. ¿Abstenciones? Cinco. Diecisiete votos emitidos. Dos a favor. Diez en contra. Cinco abstenciones. Queda rechazada la proposición no de ley debatida.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.

[Se levanta la sesión a las doce horas cuarenta y cinco minutos].