DS(C) nº 235/9 del 2/12/2016

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Buenos días, señorías. Se inicia la sesión. ¿Por parte de los grupos parlamentarios hay alguna sustitución que anunciar? ¿Grupo Socialista?

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Buenos días y gracias, señora presidenta. Don Álvaro Lora Cumplido sustituye a don José Francisco Martín Martínez.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias. Grupo Parlamentario Podemos, no. Ciudadanos, tampoco. ¿Grupo Parlamentario Popular?

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, presidenta. Buenos días. Don Vidal Galicia Jaramillo sustituye a don José María Bravo Gozalo.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias. Por parte de la señora secretaria se dará lectura del primer punto del orden del día.

Propuestas de Resolución Informe Fiscalización

LA SECRETARIA (SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ):

Gracias, presidenta. Primer punto del orden del día: Debate y votación de las propuestas de resolución presentadas en relación con el Informe de Fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión regulada en la legislación de contratación pública aplicable por las Entidades del Sector Público de la Comunidad Autónoma, en coordinación con el Tribunal de Cuentas, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora secretaria. Debatido en Comisión el informe de fiscalización del Consejo de Cuentas al que se acaba de referir la señora secretaria, en relación con el mismo han presentado propuestas de resolución, admitidas a trámite por la Mesa de la Comisión, el Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular.

De conformidad con lo establecido en la norma quinta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, para la presentación y defensa de la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Mitadiel, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias, presidenta. Al menos es la tercera vez que hablamos del tema de las encomiendas. Ya hablamos cuando se presentó el informe de fiscalización del Consejo de Cuentas; después, a raíz de... a raíz de una proposición no de ley que... de Podemos que hacía énfasis en los medios de las entidades encomendatarias, y nuevamente ahora.

En aquel momento hemos... señalamos que la encomienda es... está ligada íntimamente a la eficiencia en la Administración, y que se ha dicho reiteradamente, cuando hablamos del tema de los medios propios, que una encomienda en la que la entidad encomendada no tiene los medios para llevarla a cabo es sospechosa o de buscar una legislación que permite eludir controles o de utilizarse para justificar la existencia de una estructura artificial, por lo que no tiene sentido encomendar algo a alguien si no tiene medios propios para realizarlo.

En este sentido, cabe recordar lo que dice el Consejo de Cuentas: "La encomienda de prestaciones de naturaleza contractual a medios propios y servicios técnicos creados al efecto supone una modalidad organizativa y de actuación administrativa que excepciona los principios contractuales públicos contemplados en el Artículo 1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con especial incidencia en la anulación del principio de concurrencia y las correspondientes consecuencias que se producen sobre el mercado.

La decisión de renunciar al mercado y acudir a otras fórmulas que implican el aumento del sector público, y normalmente del gasto, debe fundamentarse, por tanto, en circunstancias suficientemente acreditadas que así lo justifiquen.

Obviamente, dicha justificación no puede ser exclusivamente el cambio de régimen jurídico y de procedimiento aplicable a la prestación, que es indisponible para el órgano administrativo, y que implica menores garantías para los intereses públicos".

El Tribunal de Cuentas es aún más rotundo, cuando dice que "un medio propio lo es precisamente porque goza de los instrumentos necesarios para llevar a cabo los encargos que se le encomienden, esa es una de las principales causas de la encomienda, que la Administración instrumental tiene medios para llevarlo a cabo...". "Lo contrario equivaldría a entender la figura de la encomienda de gestión como un fraude a la legislación de contratos públicos".

Como ustedes conocen, las recomendaciones son consecuencia de un informe de fiscalización que había extraído como conclusiones las siguientes:

Primero, la actividad de la Administración de la Comunidad en materia de encomiendas de gestión no obedece a una apropiada planificación, en base a unos criterios preestablecidos y bajo los principios que informan la gestión pública, sino a decisiones puntuales de cada órgano gestor, sobre la base de criterios de oportunidad.

Otra de las conclusiones que a mí me parecieron destacables es que las encomiendas se realizan a entidades que reúnen formalmente los requisitos legales, pero que no son idóneos para la ejecución por sí mismos de la totalidad o una parte de la actividad, por carecer de los medios materiales, personales y técnicos necesarios para ello. En este caso, en este informe se exceptuó al Grupo TRAGSA y sus filiales y el ITACYL en la prestación de determinados servicios.

Otra de las... de las conclusiones de dicho informe es que no se justifica la utilización del recurso a la encomienda; se efectúan genéricas referencias a la insuficiencia, o no, de adecuación de los medios propios de las entidades encomendantes. Asimismo, que en varias encomiendas se puede incurrir en la atribución de funciones públicas a las encomendatarias, incumpliendo lo establecido en el Artículo 15.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Otra de las conclusiones que justifican las recomendaciones que aquí se presentan es que no ha sido posible determinar los criterios por los que las actuaciones análogas en las diferentes Consejerías en unos casos son objeto de encomienda y en otros se procede a una licitación pública. No existe una tramitación uniforme de las encomiendas, no se establecen órganos específicos de seguimiento, supervisión y control de las encomiendas ni queda constancia en la documentación de los expedientes que se haya realizado ninguna labor de supervisión.

Asimismo, y por último, de las que me llaman la atención, que en varias de las encomiendas se señala que se han realizado mediante la contratación con terceros –volvemos al tema de los medios propios-, lo que pone en duda la justificación de la propia encomienda, al actuar las entidades encomendatarias como meras intermediarias y no aportar ningún valor añadido a la prestación.

Por todo ello, hemos aceptado en su integridad las recomendaciones del Consejo de Cuentas, que hacen referencia a obligación de justificar la encomienda -parece obvio-; que los destinatarios cuenten con medios propios que les permitan realizar al menos una parte sustancial del encargo -también parece de sentido común a la luz de todo lo que hemos dicho-; que no encubran una falta de medios propios de naturaleza estructural ni se usen en sustitución de contratos o subvenciones de manera encubierta.

En... la siguiente es que haya un informe jurídico en todos los casos. Y aquí la modificación que realizo con respecto a las recomendaciones del Consejo de Cuentas tiene que ver, precisamente, con el darle un énfasis imperativo a la existencia del informe jurídico. Que las órdenes de encargo tengan una pormenorizada definición de su objeto, creo que también es algo de... elemental; sobre todo porque, si hay una definición del objeto pormenorizada, podemos determinar si hay transferencia de competencias o permitir un mejor control. Que definan con claridad las tarifas, también tiene su sentido para que no encubran una financiación encubierta, y también para facilitar el control.

Y una recomendación –que lo pone el Consejo de Cuentas- que para mí me parece que es absolutamente obvia, pero que la recojo porque lo dice el Consejo de Cuentas: respetar las normas de procedimiento administrativo y las de índole presupuestaria. Yo entiendo que, lógicamente, estamos ante una Administración y parece de sí que deben respetar las normas de procedimiento administrativo y las de índole presupuestaria.

Otra que es de sentido común: que se haga seguimiento y control. Naturalmente, si se le encomienda algo a alguien, hay que controlar cómo lo ha hecho –parece también evidente-. Y que se defina qué partes o aspectos de la obra o servicio pueden ser objeto de contratación por terceros. Tiene que ver con la utilización de... o con la tenencia de medios propios para realizar el encargo, que... digamos que supone acotar un poco más el tema de cuándo se pueden realizar esas encomiendas.

Las únicas matizaciones que yo considero importantes, con respecto al texto del Consejo de Cuentas, es que en algunos casos –el 4 y el 8- utilizamos el imperativo, porque creemos que hay que obligar a determinadas circunstancias, que no puede quedar a la potestad de la Administración, entre otras cosas, porque, como hemos visto en el propio informe del Consejo de Cuentas, primero, los criterios de las Consejerías no son homogéneos, da la impresión de que cada uno lo hace según su mejor leal saber y entender, pero que en absoluto responde a un criterio planificado; y, por otra parte, que, dada la utilización que se ha hecho de la encomienda -aunque se nos diga que la Comunidad Autónoma de Castilla y León no es precisamente una Comunidad que las utilice en tanta profusión como otras Comunidades Autónomas-, la existencia de un informe jurídico nos parece bastante elemental.

Y termino diciendo que las conclusiones que inspiran estas recomendaciones es que no tiene sentido encomendar algo a alguien si no tiene medios propios para realizarlo; que solo se deben utilizar intermediarios cuando incorporen valor a la ejecución de la obra o servicio; y, por último, que hay que controlar la ejecución de las encomiendas. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Mitadiel. ¿Algún grupo quiere utilizar el turno en contra? No. Para la presentación y defensa de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos, en representación de dicho grupo, tiene la palabra el señor Díez Romero.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, desde mi grupo político también nos llama... nos llama la atención que es la tercera vez que debatimos ya sobre... en este caso, sobre la utilización del instrumento de la encomienda de gestión. Han tenido que ver las tres veces, evidentemente, con este informe presentado por el Tribunal de... vamos, hecho por el Tribunal de Cuentas, en coordinación con el Consejo de Cuentas de nuestra Comunidad Autónoma, sobre la utilización de la encomienda de gestión regulada en la legislación de la contratación pública aplicable por las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma.

Para nuestro grupo político es evidente que este instrumento de gestión es importante para controlar, en este caso, la forma en la cual la Administración lleva a cabo las contrataciones, en este caso, con diferentes entes o empresas públicas de la Comunidad o del conjunto del Estado. Como ya dijimos en su momento, y no quiero repetirme –tampoco voy a extenderme mucho-, consideramos que el instrumento de la encomienda de gestión es un instrumento útil, es un instrumento eficaz, pero consideramos que se ha pervertido su uso, en este caso, con el uso que hacen las distintas Administraciones públicas.

Tuvimos un amplio debate en esta Comisión, hace aproximadamente un mes, en el cual los diferentes grupos políticos expusieron sus puntos de vista acerca de la utilización o no de este instrumento de gestión y cómo lo utilizaba la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Se habló también del uso de este instrumento en otro tipo de Comunidades.

En nuestro grupo nos llama poderosamente la atención, evidentemente, sobre todo que no se cumplan las normas, o con este instrumento se sorteen las normas -en este caso vamos a decir se sorteen- de la Ley de Contratos del Sector Público, y se relaje, en este caso, su cumplimiento. Nosotros hemos propuesto una pequeña modificación, en este caso, en las propuestas que han presentado... vamos, en las propuestas de resolución en las que hace hincapié el Consejo de Cuentas de Castilla y León, y es en el punto 2, que yo creo que es bastante interesante. Que dice así: las encomiendas de gestión deberán tener como destinatarios medios propios o servicios técnicos dotados de los medios materiales, humanos, técnicos suficientes para realizar la totalidad o al menos –hemos puesto- el 50 % de los encargos –porque, al final, una parte sustancial de los encargos pues simplemente no especifica ningún tipo de porcentaje-. Consideramos que es importante que al menos la mitad de los encargos se realicen por parte de estas entidades encomendatarias. ¿Por qué? Porque todo el mundo conocemos aquí casos en los cuales, evidentemente, vamos a decir que prácticamente se ha encomendado, en este caso, a un ente público o a una fundación, y esta fundación, en este caso, ha subcontratado el cien por cien prácticamente de este trabajo. Por lo tanto, consideramos que poniendo "al menos el 50 % de los encargos" evitamos esas situaciones, en este caso, que vamos a decir desleales para las diferentes empresas de la Comunidad que se presentan a un concurso público, en este caso, amparadas por la Ley de Contratos del Sector Público.

Por eso, desde nuestro grupo político nos gustaría que el resto de grupos tuvieran en consideración votar, en este caso, nuestra Enmienda 2, porque consideramos -y lo digo sinceramente- que es, en este caso, mucho más clara que la del resto de los grupos políticos. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Díez Romero. Para la presentación y defensa de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Izquierdo.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Gracias de nuevo, señora presidenta. Bueno, aquí tenemos nuevamente un ejemplo de lo que supone el trabajo de los grupos políticos en relación con los... las propuestas de resolución como consecuencia de los informes del Consejo de Cuentas. Y aquí podemos ver como ejemplo, que se repite ya en varias sesiones de este tipo, cómo jugamos al quita y pon. El Partido Popular quita recomendaciones de las que plantea el Consejo de Cuentas en sus propuestas de resolución, mientras que los socialistas añadimos, además de las recomendaciones que formula el Consejo de Cuentas, pues procuramos añadir, en los aspectos que nos parecen más importantes, algunas aportaciones, para tratar de mejorar el funcionamiento de la Administración pública, del sector público de Castilla y León. De hecho, hemos añadido, en concreto, dos resoluciones más a las recomendaciones que planteaba el propio Consejo de Cuentas. Y a ellas me referiré después de hacer alguna valoración general sobre lo que suponen las encomiendas de gestión.

Tuvimos un debate aquí en relación con estas encomiendas, a la vista del informe del Consejo de Cuentas. Un informe la verdad que creo que era bastante duro en cuanto a la utilización, por parte de la Junta de Castilla y León, de esta figura. Ya decíamos en aquel momento que nosotros no es que pongamos en cuestión la figura como tal, sino el uso que se hace de la misma. Y, por tanto, esto es lo que conviene perfilar y ajustar con las resoluciones que nosotros estamos planteando en este debate.

Recordarán que el Consejo de Cuentas hablaba de la encomienda de gestión como la utilización de medios... de instrumentos... o sea, de medios instrumentales de la Administración pública, pero con... por falta de dotación de medios de la propia Administración, pero siempre y cuando estos entes instrumentales, estas, digamos, herramientas que puede utilizar la Junta de Castilla y León con la encomienda de gestión estuviesen dotadas suficientemente de medios materiales y humanos para poder ejecutar la encomienda, y que no se buscara, con esta figura de la encomienda de gestión, pues, digamos, retorcer algunas de las... del marco legal que tiene que ver con la contratación pública, tanto de los... de obras, servicios, etcétera, etcétera, como del personal al servicio de la Administración pública.

Recordarán además que el Consejo de Cuentas hacía algunas advertencias respecto a algunas de las encomiendas que estaban empezando a convertirse ya en encomiendas de carácter estructural, porque, al final, lo que hacen es generar una dependencia del encomendante hacia el ente encomendado. Y se citaban algunos ejemplos, en los que, por ejemplo, la propia utilización de, por ejemplo, la Fundación Tutela, ponía de manifiesto que, al final, había digamos que una situación de dependencia de la Gerencia de Servicios Sociales hacia esa fundación, toda vez que el manejo de las... de los expedientes de Renta Garantizada de Ciudadanía o de dependencia son especialmente complejos, son técnicamente difíciles, y cuando esa función se sustrae a la Administración pública lo que ocurre es que la propia Administración acaba siendo cautiva del encomendante y, por tanto, acaba perdiendo de facto la competencia. Y en ese caso concreto además decíamos que en estas dos gestiones, la de Renta Garantizada de Ciudadanía como en la de dependencia, se estaban gestionando datos de carácter muy sensible, que entendemos que no deberían estar en manos de nadie más que de la Administración pública.

Junto a eso, advertía el Consejo de Cuentas de algunos otros problemas, como que realmente se utilizara a estos entes instrumentales como una vía para soslayar tanto la contratación pública, la Ley de Contratos del Sector Público, toda vez que al externalizar estas entidades encomendadas, después lo que hacían era externalizar los contratos por su falta de medios y se recordaba cómo en el caso de CYLSOPA, con tan solo tres trabajadores, era absolutamente incapaz de desarrollar las encomiendas que le hacía la Consejería de Economía y Hacienda, y cómo, por tanto, la encomienda solo se convierte en una manera de relajar las exigencias de la Ley de Contratos Públicos para acabar externalizando esos servicios que se encomendaban desde la Administración a las entidades encomendadas. Lo mismo ocurría con las obras que ejecuta el ITACYL, con las obras que ejecutaba la entonces PROVILSA, hoy embutida en SOMACYL, etcétera, etcétera.

Y, a mayores de eso, cómo todos estos procesos suponían un encarecimiento de los precios de... o sea, el coste para la Administración pública de las encomiendas, toda vez que implicaba unos gastos, con los que había que retribuir a las entidades encomendadas, que suponían encarecimiento, como digo, y, por tanto, lastrando la eficacia y la eficiencia que se debería de perseguir por parte de la Administración pública en todo momento.

Bueno, es evidente que hay un trasfondo en el manejo de la encomienda de gestión que no es el adecuado y que, por tanto, conviene matizar y que conviene ajustar y conviene aclarar para que se eviten estos problemas, como que se esté encomendando a quien no tiene capacidad para hacer las cosas, pues cosas, que se encomienden obras, que se encomiende la gestión de expedientes administrativos; o que se esté también facilitando que, al encomendar a algunas de estas entidades, pues se estén sustrayendo también los mecanismos de acceso a la Función Pública, al empleo público, en igualdad de condiciones, que deberían de tener todos los ciudadanos. Cuando se descarga la Administración pública en fundaciones o en otros entes cuyos procesos de contratación están muy lejos de reunir los requisitos que se requieren para acceder a cualquier empleo público en la Administración general de la Comunidad Autónoma, es evidente que hay otro problema.

Por tanto, por concluir, de los riesgos que veía el Consejo de Cuentas y que nosotros compartíamos: encarecimiento de los precios; incapacidad, y por tanto externalización de las encomiendas de gestión, porque los... como digo, los encomendados no tienen capacidad para llevar a cabo esas encomiendas; y, sobre todo, la falta de transparencia en la contratación pública, en cuanto a que se relajan los objetivos o las exigencias –perdón- de la Ley de Contratos; y también falta de transparencia en la contratación del personal toda vez que no se exigen los mismos requisitos de acceso que los tendría cualquier órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma.

Bueno, hay una serie de resoluciones que nosotros planteamos, que están en consonancia con lo que establece el Consejo de Cuentas como recomendaciones, y que el Partido Popular borra completamente. De las propuestas que plantea el Consejo de Cuentas, el Partido Popular...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Sí. Perdón. [Murmullos]. Sí.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Es por economía... [murmullos] ... por economía, por economía...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias, señor Cruz. [Murmullos]. Muchas gracias, señor Cruz. Señor Izquierdo, le ruego que defienda su postura...

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

... yo creo que, por economía...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

... y, si quiere utilizar después el turno en contra, cuando haya enunciado su posición el Grupo Popular, que lo haga, por favor.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

... por economía de tiempo, para no utilizar el turno en contra, yo creo que podemos sustanciar las dos cuestiones en un único turno de defensa, y, por tanto, creo que es mucho más operativo que entrar en un turno...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Izquierdo, es una... señor Izquierdo, perdóneme, es una cuestión de orden. Plantee usted su posición, y, si cree oportuno y necesario establecer una posición en contra del Grupo Parlamentario Popular, hágalo y... nos lleve el tiempo que nos lleve.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Bien. Bien, nosotros, desde luego, estamos de acuerdo con algunas de las cuestiones que plantea el Consejo de Cuentas y que no están otros grupos -entre ellos el Partido Popular- de acuerdo. Y tiene que ver, por ejemplo... nos parece muy correcto las propuestas 3 y 4 que plantea como... nuestras resoluciones, y que asumimos de las que plantea el Consejo de Cuentas, que tienen que ver con algunas cuestiones relativas a la dotación de medios que tiene que tener la entidad encomendada, y que las órdenes de encargo vayan precedidas de informes de los servicios de la Junta de Castilla y León para determinar si de verdad esta vía de la encomienda es mucho mejor que cualquier otra para gestionar la contratación pública.

Igual que nos parece adecuado, y que no le parece al Partido Popular, que, como dice el Consejo de Cuentas, no haya una retribución adicional para la encomendataria, porque esto es lo que está suponiendo un encarecimiento de las encomiendas y, por tanto, una financiación de estos entes del sector público de la Administración institucional de la Comunidad Autónoma, que entendemos que es absolutamente injustificada y que no deben de soportar las arcas públicas, porque, al final, lo único que sirven es para -como decíamos- soslayar la contratación pública y soslayar la contratación de personal por los mecanismos ordinarios; y, por tanto, con muchas más garantías de igualdad de acceso para tanto las empresas en la contratación pública como los ciudadanos en el acceso al empleo público.

Y, por último, quiero detenerme en las dos últimas resoluciones que nosotros planteamos, la 10 y la 11, en las que lo que venimos a decir, en resumidas cuentas, es, precisamente, cómo evitar esos dos problemas que nosotros entendemos que hay en el uso de las encomiendas de gestión.

En primer lugar, lo que pedimos es que las entidades del sector público, todas ellas, utilicen los mismos requisitos que exige la Ley de Contratos para la Administración general de la Comunidad Autónoma, de tal manera que tanto los límites de los procedimientos negociados, de la contratación menor, etcétera, etcétera, sean... todos los requisitos de publicidad, de concurrencia, sean exactamente los mismos en todo el sector público como medida de garantía para todas las empresas y todos los que quieran concurrir, y como medida de transparencia también hacia los ciudadanos.

Y, en segundo lugar, la número 11 lo que plantea también es que se evite, precisamente, lo que nosotros entendemos que es una forma de contratación pues probablemente viciada, de amiguismo en muchos casos, y lo que decimos es que el acceso a todas las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma se haga a través de las previsiones que contempla el Estatuto Básico del Empleado Público, con los principios de igualdad, capacidad y mérito, con los procedimientos y criterios que establece, como digo, el Título IV del Estatuto Básico del Empleado Público.

Son las dos cuestiones que añadimos, que tratan de paliar o de evitar, como digo, esos dos vicios que puede haber con las encomiendas de gestión: la de eludir las exigencias de la contratación pública y, en segundo lugar, las de eludir los requisitos que establece el Estatuto Básico del Empleado Público para la contratación de personal. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Izquierdo. Para la presentación y defensa de la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el procurador señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, presidenta. Efectivamente, debatimos de nuevo las encomiendas de gestión, un instrumento jurídico que está incorporado en la ley de... en el texto refundido de la contratación pública; además, que fue regulado por un Gobierno socialista; y que, como efectivamente ha puesto de manifiesto el Consejo de Cuentas en un informe en coordinación con todos los OCEX y con el Tribunal de Cuentas, en el que se ha analizado la encomienda de gestión del conjunto de la Administración autonómica, es un instrumento que, efectivamente, tiene un uso desigual.

Y, efectivamente, aquí se genera mucha alarma sobre las encomiendas de gestión que lleva la Junta de Castilla y León, ante la insuficiencia, supuestamente, de medios, pero yo quiero recordar que Castilla y León es la Comunidad Autónoma -en ese ejercicio de derecho comparado que nos permite de los informes publicados por el conjunto de los OCEX- que menos utiliza la encomienda de gestión. Y eso pone de manifiesto que una cosa es predicar y otra es dar trigo, porque es verdad que se dice aquí que hay que mejorar sustancialmente, y todos los grupos plantean que, bueno, que es un mecanismo que se utiliza para eludir... -y quiero recordar lo que se ha puesto de manifiesto- soslayar la contratación pública, eludir las exigencias de contratación, pero, curiosamente, donde menos se utiliza es en Castilla y León, y, curiosamente, donde más se utilizan es donde gobiernan aquellos que plantean aquí lo contrario. Porque una cosa es venir aquí, y cuando... y plantear perfectamente un criterio, y una cuestión distinta es, cuando se gobierna, hacer todo lo contrario de lo que se plantea en esta Cámara.

Dicho esto, y quiero recordar los datos, en el Gobierno de Asturias... en ese mismo ejercicio, en Castilla y León hubo 47 encomiendas de gestión, de ellas 31 encomendadas a TRAGSA; creo recordar además que ese informe del Consejo de Cuentas ponía, efectivamente, que TRAGSA tiene medios suficientes para poder acometer las encomiendas de gestión que se le habían realizado, y solo se han cuestionado 16 encomiendas de esas 47 por el ámbito... en el ámbito del Consejo de Cuentas. Y yo voy a dar un dato, un dato para que conste; además, un dato que es muy significativo, y para que quede constancia en el Diario de Sesiones: en el año dos mil once, que el Partido Popular no estaba en el Gobierno de España, un Gobierno, un Gobierno socialista, utilizó la encomienda de gestión a nivel estatal por un importe total de 2.500 millones de euros. No sé si estaba soslayando o no la contratación pública, pero ahí queda la cifra: 2.500 millones de euros en encomiendas de gestión, año dos mil once. Supongo que no tendría intención de soslayar la contratación pública para nada.

Pero, efectivamente, hay que mejorar el mecanismo de las encomiendas de gestión desde un punto de vista de la regulación. Y yo recordaba en la intervención de aquel informe de fiscalización que me llamaba la atención como otros OCEX habían puesto de manifiesto que la principal recomendación que efectuaban a la Administración no era a la Administración autonómica, era a la Administración estatal, y que echaba de menos que el Consejo de Cuentas de Castilla y León no fuese en ese mismo sentido. Es verdad que el presidente del Consejo de Cuentas nos trasladaba que él había delimitado su actuación al ámbito competencial de la Junta de Castilla y León, pero creo que lo fundamental era haber planteado una recomendación, como han hecho otros OCEX, sino que haya una mejora de la legislación básica del Estado en el ámbito de la contratación pública para establecer, por ejemplo, criterios como el que ha manifestado –creo, con acierto- el portavoz del Grupo Podemos cuando dice que no tiene ningún sentido que en el ámbito de la contratación pública se limite la subcontratación al 60 % y en el ámbito de la encomienda de gestión no exista ningún límite legal a la subcontratación. Y esa es una realidad que viene motivada por la legislación básica, que es una legislación que tiene importantes carencias.

Y, en este sentido, en el ámbito de mejorar, este grupo, y dentro de la autonomía parlamentaria -que parece que a algunos no les gusta-, plantea una propuesta de resolución con seis puntos, que asume íntegramente, prácticamente, de lo que ha planteado... las recomendaciones del Consejo de Cuentas, en el que se plantea, efectivamente, que hay cuestiones que son mejorables dentro del ámbito de la Administración autonómica, pero debemos de contextualizar en qué situación se encuentra Castilla y León, como he puesto de manifiesto en la primera parte de mi intervención, frente a otras Comunidades Autónomas, donde se pone claramente de manifiesto que este recurso de la encomienda de gestión es poco utilizado en nuestra Comunidad, frente a la masiva utilización que tiene en otras Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta ya no el volumen de expedientes –yo decía antes 135 en Asturias, 148 en Aragón, 2.500 millones de euros año dos mil once el Estado-, sino el volumen de recursos. Estamos hablando de Comunidades Autónomas que tienen un mayor volumen de expedientes, pero además que gestionan un importante... una cuantía muy inferior de recursos. Con lo que se pone de manifiesto que la utilización se hace de manera masiva en otras Comunidades Autónomas, y no es el caso de Castilla y León.

Y centrándonos ya, para finalizar la intervención, en lo que deben ser mejoras sustanciales, nosotros hemos asumido seis de los puntos que plantea el Consejo de Cuentas.

Es necesario, efectivamente, que las encomiendas de gestión se justifiquen suficientemente por los órganos gestores y para cada caso concreto, aportando los estudios o informes suficientes para que prueben las ventajas de índole organizativa o económica.

Es necesario que las encomiendas de gestión deban tener como destinatarios medios propios o servicios técnicos dotados de los medios materiales; creo que en eso coincidimos todos los grupos, porque es fundamental, y se ha puesto de manifiesto que esa es la tónica general de lo que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León en ese ejercicio dos mil trece en cuanto a las encomiendas de gestión. El mejor ejemplo es que, de las 47, 31 se han realizado a una empresa pública de nivel estatal que tiene capacidad reconocida y que cuenta, ni más ni menos –y quiero recordarlo-, con más de 10.000 trabajadores. Si ahora vamos a cuestionar que TRAGSA no tiene capacidad para desarrollar las encomiendas de gestión que le ha hecho la Junta de Castilla y León, creo que ese sería otro debate, pero para nosotros, desde luego, TRAGSA tiene capacidad y medios. Y lo pone de manifiesto el hecho de que la gran mayoría de las encomiendas de gestión efectuadas por la Junta de Castilla y León hayan sido a la empresa pública TRAGSA en los efectos de ejecución sobre todo de obra pública vinculada al ámbito de la actividad agrícola y ganadera, y especialmente las concentraciones parcelarias. Parece razonable que se deba seguir en esa línea y que los medios estén perfectamente garantizados y tengan la suficiente encargo.

Nosotros no hemos asumido uno de los criterios que se ha puesto de manifiesto aquí respecto a que no se retribuya la encomienda de gestión. La encomienda como tal tiene que retribuirse; si uno hace un encargo, tendrá que retribuir en un concepto. Y por eso planteamos que deben tener unas tarifas ajustadas, pero eso no elimina la posibilidad de que pueda tener un beneficio la entidad encomendataria respecto a la gestión que le ha realizado la Administración.

Respaldamos también que en la tramitación de los expedientes administrativos se deben respetar todas las normas del procedimiento administrativo y de índole presupuestaria contempladas en la normativa general de aplicación, y que se debe hacer un seguimiento del control de la ejecución de las encomiendas de gestión.

Eso son las propuestas de resolución que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, dentro de su autonomía parlamentaria, y con un criterio: hay que mejorar, en el ámbito concreto de la Administración autonómica, en esos puntos que hemos presentado. Y entendemos que pasa, sobre todo en la mejora de las encomiendas de gestión, por una mejor y más racional utilización -no decir aquí una cosa y practicar cuando se gobierna lo contrario-; y plantear, además, una mejora de la normativa básica del Estado en este sentido, que, como he puesto de manifiesto en mi intervención, tiene importantes incongruencias. Nada más. Y muchas gracias.

Votación Propuestas Resolución

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Cruz. Concluido el debate de las propuestas de resolución, vamos a proceder a su votación. Sometemos a votación de forma agrupada, en primer lugar, los puntos 1, 5, 7 y 8 del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que tienen el mismo sentido que las propuestas de resolución 1, 5, 7 y 8 del Grupo Parlamentario Socialista; las número 1, 5, 7 y 8 del Grupo Parlamentario Podemos; y los puntos 1, 3, 5 y 6 del Grupo Parlamentario Popular, pero con una distinta redacción. En el caso de que se aprobasen estos puntos de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Ciudadanos, decaerían las propuestas y puntos anteriormente citados de los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos y Popular. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Tres. ¿En contra? Nueve. ¿Abstenciones? Cinco. Diecisiete votos emitidos. Tres a favor. Nueve en contra. Cinco abstenciones. Quedan rechazados los puntos de la propuesta de resolución que se acaban de votar.

Al no haber sido aprobados estos puntos de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sometemos a votación de forma agrupada las propuestas de resolución 1, 5, 7 y 8 del Grupo Parlamentario Socialista; 1, 5, 7 y 8 del Grupo Parlamentario Podemos; y 1, 3, 5 y 6 del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? Diecisiete.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Un momento. Quería hacer una matización. Creo que hay una discrepancia entre el... Espere un segundo, a ver... Ya, con tanto... Perdón, nada, nada.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Vale. Proseguimos. Diecisiete votos emitidos. Diecisiete votos a favor. Quedan aprobadas las propuestas de resolución que se acaban de votar.

A continuación, sometemos a votación de forma agrupada, al ser iguales, la Propuesta de Resolución número 2 del Grupo Parlamentario Socialista y el punto 2 del Grupo Parlamentario Popular. Estas propuestas son incompatibles, por ser solo parcialmente coincidentes con el punto 2 de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Podemos... no, perdón, Ciudadanos, y con la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Podemos, que, a su vez, también son incompatibles entre sí. Decaerán, por tanto, en el caso de que fuesen aprobadas estas propuestas de resolución, el punto 2 de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Ciudadanos y la Propuesta 2 del Grupo Parlamentario Podemos. Sometemos entonces a votación la Propuesta de Resolución número 2 del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? Catorce. ¿En contra? Dos. ¿Abstenciones? Una. Diecisiete votos emitidos. Catorce a favor. Dos en contra. En consecuencia, quedan aprobadas las propuestas de resolución que se acaban de votar.

A continuación, vamos a someter a votación de forma agrupada, al ser iguales, los puntos de la Propuesta de Resolución 3 y 9 del Grupo Parlamentario Ciudadanos, 3 y 9 del Grupo Parlamentario Podemos y 3 y 9 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? Ocho. ¿En contra? Nueve. ¿Abstenciones? Ninguna. Diecisiete votos emitidos. Ocho a favor. Nueve en contra. Quedan rechazadas las propuestas de resolución que se acaban de votar.

A continuación, vamos a someter a votación el punto 4 de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que es incompatible al no coincidir en la redacción, si bien tiene la misma finalidad con las propuestas de resolución número 4 del Grupo Parlamentario Podemos y número 4 del Grupo Parlamentario Socialista, que son idénticas. En el caso de que fuese aprobado este punto, decaerían estas últimas propuestas de resolución y, por el contrario, si fuese rechazado, se someterían a votación. ¿Votos a favor? Ocho. ¿En contra? Nueve. Diecisiete votos emitidos. Ocho a favor. Nueve en contra. Queda rechazado el punto de la propuesta de resolución que se acaba de votar.

Al no haber sido aprobado este punto 4 de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sometemos a votación de forma agrupada las propuestas de resolución 4 del Grupo Parlamentario Socialista y 4 del Grupo Parlamentario Podemos. ¿Votos a favor? Ocho. ¿En contra? Nueve. Ninguna abstención. Diecisiete votos emitidos. Ocho a favor y nueve en contra. Quedan rechazadas las propuestas de resolución que se acaban de votar.

Seguidamente, vamos a someter a votación el punto 6 de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que es incompatible, al ser solo parcialmente coincidente, con las propuestas de resolución 6 del Grupo Parlamentario Podemos y 6 del Grupo Parlamentario Socialista, que son, a su vez, idénticas entre sí, y con el punto 4 de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular, que es incompatible con todas ellas al ser solo parcialmente coincidente. En el caso de que fuese aprobado el punto 6 del Grupo Parlamentario Ciudadanos, decaerían las propuestas de resolución citadas y, si fuese rechazado, se someterían a votación, primero, la propuesta de resolución número 6 del Grupo Parlamentario Podemos y Socialista; en el caso de que fuesen rechazadas, se sometería a votación el punto 4 de la resolución del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? Uno. ¿En contra? Nueve. ¿Abstenciones? Siete, ¿no? Siete. Bueno. Diecisiete votos emitidos. Uno a favor. Nueve en contra. Siete abstenciones. Queda rechazado el punto 6 de la propuesta de resolución que se acaba de votar.

Al no haber sido aprobado este punto 6 de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sometemos a votación, de forma agrupada, las propuestas 6 del Grupo Parlamentario Socialista y 6 del Grupo Parlamentario Podemos. ¿Votos a favor? Ocho. ¿En contra? Nueve. Diecisiete votos emitidos. Ocho a favor. Nueve en contra. Quedan rechazadas las propuestas de resolución que se acaban de votar.

Al no haber sido aprobadas las propuestas de resolución 6 del Grupo Parlamentario Socialista y 6 del Grupo Parlamentario Podemos, se somete a votación el punto 4 de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? Nueve. ¿En contra? Tres. ¿Abstenciones? Cinco. Diecisiete votos emitidos. Nueve a favor. Tres en contra. Cinco abstenciones. Queda aprobado el punto 4 de la propuesta de resolución que se acaba de votar.

Y por último, sometemos a votación las propuestas de resolución 10 y 11 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? Seis. ¿En contra? Nueve. ¿Abstenciones? Dos. Diecisiete votos emitidos. Seis a favor. Nueve en contra. Y dos abstenciones. Quedan rechazadas las propuestas de resolución que se acaban de votar.

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma sexta de la Resolución de la Presidencia de la Cámara de siete de abril de dos mil nueve, antes citada, en la redacción dada a la misma por la Resolución de la Presidencia de la Cámara del veintinueve de agosto de dos mil doce, esta Presidencia trasladará a la presidenta de las Cortes de Castilla y León las resoluciones que acaban de ser aprobadas por la Comisión, junto con el informe de fiscalización sobre el que versan, en orden a la publicación de dichas resoluciones en el Boletín Oficial de la Cámara y en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Pasamos al segundo punto del orden del día. Por la señora secretaria se dará lectura del segundo punto del orden del día.

Propuestas de Resolución Informe Fiscalización

LA SECRETARIA (SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ):

Gracias, presidenta. Segundo punto del orden del día: Debate y votación de las propuestas de resolución presentadas en relación con el Informe de Fiscalización de las subvenciones destinadas por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, a la bonificación de préstamos y pólizas de crédito para financiar inversiones empresariales que mejoren la competitividad y capital circulante realizadas por emprendedores, autónomos y pymes, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora secretaria. Debatido en Comisión el informe de fiscalización del Consejo de Cuentas al que se acaba de referir la señora secretaria, en relación con el mismo se han presentado propuestas de resolución, admitidas a trámite por la Mesa de la Comisión, por parte del Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en la norma quinta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, para la presentación y defensa de la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Díez Romero, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Bueno, no me voy a... tampoco a repetir, en este caso, mucho sobre las... en este caso, sobre las propuestas de resolución. Creo que también tuvimos ocasión de debatir en aquel informe que presentó, en este caso, el Consejo de Cuentas sobre esta fiscalización de las subvenciones destinadas por la ADE, en este caso, de Castilla y León, en este caso, la bonificación de préstamos y pólizas de crédito para financiar aquellas inversiones empresariales, con el objetivo de mejorar también la competitividad y el capital circulante realizada por emprendedores, autónomos y pymes en nuestra Comunidad Autónoma.

Las propuestas de resolución por parte de nuestro grupo creo que son claras, son coincidentes, en este caso, con el Consejo de Cuentas de Castilla y León, y hace referencia, en la primera propuesta, a que se debe elaborar un plan estratégico de subvenciones en el que se detalle cada línea de subvención. Hablábamos también durante aquel debate de que no estaba suficientemente detallado –así lo expuso el presidente del Consejo de Cuentas- las diferentes líneas de subvenciones por parte de la ADE. ¿Por qué? Para permitir, en este caso, un grado de consecución, medir los costes y las fuentes de financiación para cada convocatoria. Hablábamos también de lo que eran los planes, en este caso, de la planificación en cualquier actividad económica, de la planificación en nuestra vida, y, en este caso, hablábamos de que sin evaluar era imposible, en este caso, saber si nos estábamos... estábamos haciendo lo correcto o nos estábamos equivocando.

Respecto al punto 2, decía que la Consejería de Economía y Hacienda debería probar bases reguladoras menos genéricas y, en este caso, estrictamente adecuadas a cada línea de subvención. Tuvimos un amplio debate aquí sobre si era mejor o peor la generalidad, en este caso, para las líneas de subvención, porque se puso de manifiesto que probablemente había muchas empresas que, si se adecuaba más la línea de subvención, no pudieran optar a esta subvención. Pero nosotros creemos que, cuando los recursos son escasos, precisamente lo que hay que hacer es concretar. ¿Para qué? Porque si estamos fijando, en este caso, unos objetivos, si concretamos, en este caso, y te... seamos un poco más concretos, podemos decir que más o menos el dinero que pretendemos dar o lo que pretendemos hacer puede ir, en este caso, a aquellas empresas que lo necesiten. Por eso creemos que es importante la modificación de estos elementos, que debe ir asociado a la tramitación de una nueva Orden de bases o a la modificación, en este caso, de la existente por parte de la Consejería.

Respecto al punto 3, en este caso, de que la ADE debe prestar especial atención a la necesaria concordancia entre las bases reguladoras aprobadas por el titular de la Consejería a la que se encuentra adscrita y a la resolución de convocatoria aprobada por su presidente, consideramos, en este caso, que simplemente es un poco cumplir la normativa vigente, y, cuando se modifica esta Orden de bases reguladoras, como ya hemos hablado, hay que abstenerse de introducir modificaciones en la convocatoria, porque puede distorsionar, en este caso, el principio de la libre concurrencia de las empresas.

Con respecto al punto 4, también, en este caso, hablábamos de que también la Consejería de Economía y Hacienda y la ADE deben garantizar que las obligaciones de justificación asumidas por los beneficiarios de las subvenciones sean públicas y, sobre todo y especialmente, publicidad y transparencia, es decir, que sean conocidas por estos con un grado suficiente de detalle. No podemos repetir convocatorias anteriores en que el grado de detalle sencillamente era bastante bajo. Por eso, en el momento de presentar la solicitud o en el momento de aceptar la concesión, pensamos, por parte de nuestro grupo político, al igual que el Consejo de Cuentas, que deben estar claramente reflejadas en las bases reguladoras de la subvención y en la convocatoria, en este caso, estas obligaciones de justificación asumidas por los beneficiarios de las subvenciones.

Respecto al punto 5 que planteamos, hablamos de que las subvenciones que se financian o que financian necesidades de circulante, tanto por parte de la Consejería, también, como por parte de la ADE deben establecer claramente la obligatoriedad de seguimiento de la aplicación de los fondos a la subsanación de esta situación, de la misma manera que se establece para las subvenciones que financian proyectos de inversión. Es decir, tenemos que tener un mayor control, en este caso, del dinero público gestionado por esta Agencia.

Respecto al punto 6, también yo creo que es bastante claro, y es que la ADE -y esto creo que lo consideramos todos los grupos o deberíamos considerarlo- debe iniciar los procedimientos encaminados a regularizar la situación de los expedientes analizados en aquella muestra fiscalizada. ¿Por qué? Porque se han detectado, en este caso, incumplimientos de la normativa vigente. Aquí hablamos largo y tendido, en este caso, en el debate que tuvimos en aquella Comisión –yo no quiero repetirme-, pero creo que, vamos, que es de justicia, evidentemente, si no se ajustan a la ley o a la normativa determinados expedientes, que se regularicen, en este caso, a la mayor brevedad posible. ¿Por qué? Porque, evidentemente, estamos hablando de una empresa pública o semipública, o un ente público, en este caso, dependiente de la Comunidad Autónoma. Y es evidente que la ciudadanía demanda, en este caso, que nos ajustemos a la ley y que seamos vigilantes con el control de las actividades de estos entes.

Desde nuestro grupo, nada más que añadir, y esperamos que las propuestas sean aceptadas en su totalidad, porque creemos que son de justicia y, sobre todo, creemos que pueden servir para controlar, en este caso, a esta Agencia, que ha dado tantos quebraderos de cabeza en el pasado -como ya hemos visto- en procedimientos judiciales y en las polémicas que se han desatado, en este caso, con la contratación del personal, que también tuvimos ocasión de debatir en esta Comisión. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Díez Romero. Para la presentación y defensa de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Izquierdo.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Gracias de nuevo, señora presidenta. Bueno, nuevamente una batería de propuestas de resolución, que derivan, fundamentalmente, de las recomendaciones del Consejo de Cuentas, a las que hemos añadido algunas cuestiones más que surgieron a colación del debate que mantuvimos aquel día con el presidente del Consejo de Cuentas los distintos grupos en relación con este tipo de subvenciones.

Por recordar algunos de los elementos claves de aquel debate, que yo creo que eran bastante importantes, había una serie de cuestionamientos por parte del Consejo de Cuentas en relación con cómo se formulan las bases reguladoras de este tipo de subvenciones y cómo, con carácter posterior, a través de la Orden de publicación de la convocatoria de las mismas, se producían modificaciones de facto en esas bases, o se cambiaban los requisitos o se cambiaban algunas cuestiones, en lugar de acudir a la vía ordinaria, de modificar la Orden de bases, en lugar de cambiar los requisitos a través del extracto de la convocatoria.

Esta es una cuestión que nos parece importante, porque, al final, en aquella... aquel extracto de la convocatoria se introdujeron nuevos requisitos, que coartaron bastante las posibilidades de quienes querían acceder a estas subvenciones y, sobre todo, establecieron algunas condiciones que conducían mucho quién tendría que ser, digamos, el intermediario o el gestor de las subvenciones, como ahora, a continuación, detallaré.

Veníamos a decir que además esa práctica lo que suponía de facto también era un encarecimiento de la financiación en nuestra Comunidad Autónoma, y que, por tanto, estaba siendo pues todo lo menos positiva que podría ser cualquiera de estas convocatorias que pretendiera beneficiar los préstamos y las pólizas de crédito para financiar inversiones empresariales en nuestra Comunidad Autónoma.

Hay algunas cosas que queríamos aportar en las propuestas de resolución, fundamentalmente son tres cuestiones nuevas al conjunto de reflexiones, que van encaminadas precisamente a evitar lo que nosotros entendemos que son algunos problemas y que, como digo, acaban en la consecuencia... como consecuencia con que la financiación para estas empresas sea más cara de lo que el mercado, incluso en algunas ocasiones, podría ofrecer.

Porque cuando el Consejo de Cuentas hablaba de que se modificaba la Orden de bases con la convocatoria, se estaba refiriendo, por ejemplo, en que se pedía que la entidad gestora de las ayudas fuese una sociedad de garantía recíproca. Y nosotros planteamos a este respecto dos cuestiones.

La primera es que ADE tendrá que justificar si no tiene medios suficientes y si, por tanto, tiene que acudir a la contratación de una entidad colaboradora para gestionar esas subvenciones, porque estaríamos un poco incurriendo en el mismo debate que hemos tenido antes con las encomiendas de gestión sobre la capacidad o no, en este caso, de ADE para desarrollar sus funciones y la necesidad, por tanto, de encomendar la gestión de estas ayudas a una... a una entidad colaboradora externa a la Administración pública.

En caso de que se necesitara que se justificara, efectivamente, la necesidad de contar con una entidad colaboradora para la gestión de esas subvenciones, lo que nosotros decíamos también es que no se circunscribiera estrictamente a que esa entidad colaboradora fuese una sociedad de garantía recíproca. Esta es una de las cosas que se introdujo en el extracto de la convocatoria que no estaban inicialmente en las bases, y que, por tanto... -y que yo le exponía... les hacía el relato de cuántas sociedades de garantía recíproca hay en nuestro país, cuántas en nuestra Comunidad Autónoma- y que, por tanto, parece que ya se estaba predeterminando, a la hora de contratar la entidad colaboradora, quién iba a ser definitivamente la misma, a la vista de establecer ese requisito de que fuese una sociedad de garantía recíproca.

Proponíamos también que la entidad colaboradora fuese incompatible con la condición de entidad que pudiera financiar las actuaciones y que fuesen subvencionables, porque, al final, es una manera también de incidir en el mismo problema. Nosotros buscamos una entidad, o la Junta busca una entidad, a través de ADE, que es una sociedad de garantía recíproca, porque ya le hemos puesto nombre y apellidos, y además solo hay una en Castilla y León, que se llama Iberaval; en segundo lugar, esa es una de las entidades que financia fundamentalmente los préstamos, ya sea vía los avales, y, por tanto, estamos poniendo un poco a quien va a financiar a decidir qué es lo que se financia. Y eso nos parece que es una rémora, cuando si, desde luego, lo que pretendemos es que el sector público está para paliar alguna de las carencias de financiación que ofrece el sector privado, es decir, por ejemplo, la asunción de algo más de riesgo del que asumiría una entidad pública.

Cuando quien tiene que determinar el riesgo, quien tiene que determinar la viabilidad de un proyecto es el mismo que lo va a financiar, pues es evidente que hay una colisión de intereses entre lo público y lo privado, que no es en absoluto concebible. Por eso planteamos que si se va a... se justifica, en primer lugar, la necesidad de una entidad colaboradora, que la condición de esta entidad colaboradora sea incompatible con la de financiadora de las actuaciones subvencionables.

Y, en tercer lugar, decíamos, porque entendíamos que además esto estaba suponiendo claramente un encarecimiento de la financiación en Castilla y León, lo que decíamos es que... porque era otra de las cosas que se había modificado con el extracto de la convocatoria de las cuestiones que venían en la Orden reguladora de las bases de las mismas, que la convocatoria introdujo un requisito a mayores de cuáles eran las garantías que tenían que ofrecer los posibles perceptores de las subvenciones. Se establecía como único aval posible para recibir subvenciones el que fuese otorgado por una sociedad de garantía recíproca, cuando hay otros mecanismos de garantías, avales u otro tipo de garantías, incluso de tipo personal, que pudieran sustentar la inversión, y que, por tanto, no fuese estrictamente la necesidad de contar con un aval de una sociedad de garantía recíproca lo que condicionara el acceso a este tipo de subvenciones.

Son tres resoluciones que inciden fundamentalmente en lo mismo, y que, al final, como digo, tienen un perjuicio claro para la financiación de las actividades económicas que quieran acogerse a este tipo de subvenciones. Porque, como digo, si elegimos a una sociedad de garantía recíproca como entidad colaboradora, si la sociedad de garantía recíproca es además una de las que pueden financiar las operaciones, y exigimos como requisito que para recibir subvenciones tenga que estar avalado por una sociedad de garantía recíproca, incidimos en el mismo círculo vicioso en el que la sociedad de garantía recíproca decide quiénes son los beneficiarios de las subvenciones. Y esto lo hará desde la perspectiva estrictamente del interés... de sus intereses como sociedad de garantía recíproca, pero no, desde luego, de los intereses públicos, que tienen que primar sobre todo la mejora de la financiación de las entidades privadas.

Y, por tanto, lo que proponíamos era eliminar lo que entendemos que son claras restricciones a la competencia en el acceso a ser sociedad... entidad colaboradora, en la gestión de las subvenciones, en la oportunidad de ofertar financiación a los proyectos que puedan ser subvencionables y, desde luego, en el tipo de las garantías que hay que exigir a quienes puedan recibir subvenciones de este tipo de convocatorias. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Sí, señor Cruz.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Para un turno en contra a las propuestas de resolución que se han presentado, un turno conjunto para los dos grupos, dado que hay una coincidencia en seis de ellas.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Tiene la palabra.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Con brevedad. Nosotros vamos a fijar una posición en contra respecto a las propuestas de resolución que se han presentado por el Grupo Podemos y por el Grupo Socialista, como he dicho, para justificar mi intervención, seis de ellas coincidentes, que son las que planteaba como recomendaciones el Consejo de Cuentas, en función de algo en el que nosotros habitualmente presentamos propuestas de resolución a los informes del Consejo de Cuentas. Y ha habido dos informes, concretamente en la última época, de los que han sido presentados por el Consejo de Cuentas en el que no hemos presentado propuestas de resolución.

Justificábamos nuestra posición en un informe que fue presentado el mismo día, en el seno de esta Comisión de Hacienda, por el Consejo de Cuentas, relativa al informe de fiscalización de las políticas activas en materia de empleo, en el que justificábamos la ausencia de una propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular en que las recomendaciones que había efectuado el Consejo de Cuentas habían sido... habían sido tenidas todas ellas en cuenta por parte de la Consejería de Empleo. De hecho, se centró una parte del debate del compañero que intervino en aquel informe de fiscalización, mi compañero Raúl de la Hoz, que justificó, efectivamente, que el Consejo de Cuentas había efectuado las recomendaciones, pero que todas ellas habían sido asumidas por el... la Consejería de Empleo en cuanto a tal.

Y, en este sentido, esto es algo que no sucede, efectivamente, en este informe del Consejo de Cuentas, en el que, en primer lugar, yo quiero recordar que se planteó un cumplimiento estricto de la legalidad por parte del Consejo de Cuentas; en el que, además, debemos contextualizar el momento en el que se efectuaba. Es verdad que se habla de encarecimiento de la financiación, y yo aquí quiero recordar que lo que encareció la financiación en aquel momento es la situación de riesgo que tenía la economía española y que motivó prácticamente un cierre de los mercados, como puso de manifiesto el informe, en el que se ponía de manifiesto que, a pesar de que la ADE incrementó las cuantías para las subvenciones en 2.000.000 de euros, ni siquiera se cubrió el importe total, por lo que no hubo ningún perjudicado; quiero recordarlo concretamente.

Pero creo que no tiene ningún sentido que estas Cortes se pronuncien sobre algo y publiquen hoy algo que ya no hace la ADE. Vamos a requerir a la ADE que haga algo que no hace ya desde hace algún tiempo. Por lo tanto, no tendría ningún sentido que esta línea de subvenciones, que ya no se está tramitando por parte de ADE, lleva ya creo que son dos ejercicios concretamente en el que no hay esta línea de subvenciones, no la convoca la ADE. No tiene ningún sentido que esta Cámara se pronuncie, porque parece que está ajena a la realidad de lo que sucede en el ámbito de la ejecución y del control de la acción de gobierno. Porque, como digo, no hay una convocatoria de subvenciones de ADE y no tiene ningún sentido que instemos a un... en este caso, a una entidad institucional de la Administración autonómica a que haga algo que ya no hace. Es que no hace... no hay convocatoria de esta línea de subvenciones, y, por lo tanto, eso ha motivado que este grupo no haya presentado ninguna propuesta de resolución.

Sí quiero plantear que, en todo caso, sí se han aprobado unas nuevas bases reguladoras genéricas en el seno de la Consejería de Economía para todo el tema de las subvenciones. Pero esta línea concreta que fue objeto de la fiscalización, que eran las subvenciones destinadas por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León a la bonificación de préstamos, no se convoca por la ADE. Y creo que no tiene ningún sentido que esta Cámara se pronuncie, haciendo recomendaciones sobre algo que ya no lleva a cabo la Administración autonómica. Por lo que nuestra posición será contraria a las propuestas de resolución presentadas.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Cruz. Concluido el debate de las... Sí, señor Izquierdo.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Haciendo uso del Artículo 78.1 del Reglamento, como ha habido una posición en contra por parte del Grupo Popular, tenemos derecho...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

No. No, no, no. [Murmullos].

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

... tenemos derecho...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

No hay... no ha lugar, no ha lugar.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Esto ha ocurrido en el Pleno en muchas ocasiones. [Murmullos]. Es un turno en contra, yo tengo... El Reglamento dice claramente, en su Artículo 78.1, que cuando alguien sea contradicho en sus argumentaciones, tiene derecho a un turno de réplica por una vez y de cinco minutos. Y, por tanto, exijo ese derecho que me otorga el Reglamento.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

En estas Comisiones, en principio, no se aplica.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Yo... pero esto no vale, quiero decir, el Reglamento es muy claro. [Murmullos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Sí.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

El artículo al que hace referencia se refiere al debate en el ámbito del Pleno para fijar la posición contraria, que tiene derecho a réplica. En la Comisión, precedentes no ha habido. En todo caso, este grupo no tiene ningún problema. Obviamente, si hay réplica, habrá objeto de dúplica.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Tiene la palabra el señor Izquierdo.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Bueno, yo creo que la argumentación que esgrime el portavoz del Partido Popular se aleja mucho de la realidad, porque lo circunscribe a unas consideraciones en relación con una convocatoria concreta de bases de subvenciones, que, efectivamente, probablemente la Junta en este momento ya no esté convocando. Pero es cierto que las consideraciones que hace el Consejo de Cuentas son absolutamente genéricas, referidas a todas las líneas de subvenciones, porque no se hace una mención específica a que se refieran solo a esa convocatoria.

Porque lo que se viene a decir, y esta es una práctica que se puede volver a producir con las convocatorias... con las bases de subvenciones y las convocatorias que ha llevado a cabo la ADE en este último año, se puede volver a producir que las convocatorias vuelvan a modificar las bases. Y esta es una recomendación que nos parece perfectamente asumible.

Usted cita además que no hay incumplimiento de la legalidad, y cuando el Consejo de Cuentas dice: con carácter general se cumple la legalidad, salvo las siguientes observaciones, y se está diciendo que la Orden de la convocatoria está modificando los requisitos de las bases de las convocatorias, hay un flagrante y evidente incumplimiento de la legalidad por parte de ADE. Y creemos que son, por tanto, recomendaciones que tienen un carácter general para todas las bases y para todas las convocatorias de subvenciones que haga ADE o que haga incluso la Junta de Castilla y León -porque no solo es ADE la que lleva a cabo este tipo de convocatorias-, y creemos, por tanto, que son resoluciones perfectamente asumibles.

Fíjese, le podría admitir su argumentación en las que nosotros planteamos, porque son tres resoluciones que sí que se ciñen concretamente a las que tienen que ver con una convocatoria de subvenciones de la bonificación de los préstamos, de los intereses de los préstamos, o de las líneas de crédito que obtienen las empresas. En esas tres le podría llegar a admitir esa argumentación, pero, hombre, yo creo que en las otras seis que plantea el propio Consejo de Cuentas, que son absolutamente genéricas y que valen para las convocatorias de subvenciones y para las... tanto las bases reguladoras como para las convocatorias de cualquiera de las Consejerías de la Junta de Castilla y León y de ADE, creo que serían perfectamente asumibles, o al menos que ustedes tuvieran una posición política al respeto. Porque, si no, va a dar la sensación de que a ustedes, en materia de subvenciones, les importa muy poco si la Junta hace o no de su capa un sayo, y si desde la Consejería de Agricultura, desde la de Cultura, desde la de Educación, etcétera, etcétera, cada vez que se hagan programas... hagan líneas de subvenciones, a ustedes parece que les importe poco si la convocatoria modifica o no las bases reguladoras de las subvenciones.

Y esta es una cuestión crucial. Yo, por tanto, le pido que reconsidere su posición y que al menos las seis que ha planteado el Consejo de Cuentas sean apoyadas por su grupo. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Izquierdo. En turno de dúplica, tiene la palabra el señor Cruz.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, presidenta. La justificación del Grupo Parlamentario Popular es la misma. Yo he comentado no solo el hecho de que esta línea de subvenciones... que, quiero recordar, las recomendaciones se dirigen a la ADE, y las recomendaciones que plantea el Grupo Socialista se dirigen a la ADE, no hay más que ver su propuesta de resolución, y es copia literal de las recomendaciones. Y leo: "La ADE debe elaborar un plan estratégico de subvenciones en el que detalle para cada línea de subvención los objetivos". "La Consejería de Hacienda debe elaborar nuevas bases reguladoras". He dicho que la Consejería de Hacienda ya ha aprobado unas nuevas bases reguladoras. Pero no, es que ya está aprobado, no tiene ningún sentido que se pronuncie las Cortes de Castilla y León sobre algo que ya se ha hecho.

La propuesta número 3 es la ADE, la Consejería y la ADE, y la ADE. Y es verdad -que no me podrá discutir- que las tres concretas que ustedes han planteado es sobre esto, que ya no se hace. No hay una línea de subvenciones como la que había en el año dos mil trece por la ADE para la financiación de préstamos y pólizas de crédito. No se ha sacado en los últimos tiempos, y no tiene ningún sentido que nos pronunciemos e instemos a que la Administración haga algo, modificando algo que no está saliendo. Sería como plantear, por ejemplo, que una línea de subvenciones que pueda surgir en cualquier otro ámbito de la Administración que no se está sacando, que instemos a que se modifiquen las bases reguladoras de esa línea de subvención. Pero si ya no se saca. No tiene ningún sentido. No tendría ningún sentido. Esa es la posición del Grupo Parlamentario Popular.

Y, desde luego, en materia de subvenciones, lecciones por parte del Grupo Socialista, pocas. Y no quiero entrar en más detalles. Porque, si quiere, hablamos de lo que sucedió en las otras Comunidades Autónomas con subvenciones vinculadas al empleo y a otra serie de cuestiones. Desde luego, creo que lecciones en materia de dejar... de transparencia y de hacer soslayos, no. Vamos a ser coherentes, y, si no hay una convocatoria que no ha salido, no vamos a instar desde estas Cortes a que se produzcan recomendaciones de algo que la Administración ya no hace. Nada más. Y muchas gracias.

Votación Propuestas Resolución

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Cruz. Concluido el debate de las propuestas de resolución, vamos a proceder a su votación. En primer lugar, sometemos a votación de forma agrupada, por ser idéntico su contenido, las propuestas de resolución 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León y las propuestas de resolución 1, 2, 3, 7, 8 y 9 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Nueve. Diecisiete votos emitidos. Ocho a favor. Nueve en contra. Quedan rechazadas las propuestas de resolución que se acaban de votar.

A continuación, vamos a someter a votación las propuestas de resolución 4, 5 y 6 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Una. Diecisiete votos emitidos. Siete a favor. Nueve en contra. Una abstención. Quedan rechazadas las propuestas de resolución que se acaban de votar.

Finalizada la tramitación de estas propuestas de resolución sin haber sido aprobada ninguna de ellas, esta Presidencia procederá a comunicar este hecho a la Presidencia de las Cortes, a los efectos oportunos, junto con el traslado del informe de fiscalización sobre el que han versado dichas propuestas de resolución.

Pasamos al tercer punto del orden del día. Por la señora secretaria se dará lectura del tercer punto del orden del día.

Propuestas de Resolución Informe Fiscalización

LA SECRETARIA (SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, presidenta. Debate y votación de las Propuestas de Resolución presentadas en relación con el Informe Anual sobre las Cuentas del Sector Público Local de Castilla y León, ejercicio 2014, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora secretaria. Debatido en Comisión el informe de fiscalización del Consejo de Cuentas al que se acaba de referir la señora secretaria, en relación con el mismo han presentado propuestas de resolución, admitidas a trámite por la Mesa de la Comisión, el Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León y el Grupo Parlamentario Popular.

De conformidad con lo establecido en la norma quinta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, para la presentación y defensa de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, tiene la palabra el señor López Prieto.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Gracias, presidenta. Bueno, pues para reforzar esa labor fiscalizadora del Consejo de Cuentas sobre la contratación y la fiscalización, en este caso, del sector público de Castilla y León, y que guarda relación directa con la transparencia, con el acceso público a la información y el buen gobierno de nuestras Administraciones públicas, y entendiendo básicamente que la omisión de la rendición de cuentas puede guardar relación directa con hipotéticas dificultades derivadas de procesos administrativos, pues hemos propuesto una serie de propuestas de resolución que van en base a que las propias entidades locales pues dicten normas estandarizadas que regulen los procesos administrativos a seguir en la gestión contable, y también para que las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo imparta las correspondientes acciones formativas.

Entendemos que esta formación debe potenciar el cierre y la apertura de la contabilidad y la formación y la rendición de la cuenta general, con un único objetivo: el de contribuir a una mayor autonomía de los funcionarios responsables de la contabilidad. En ese sentido, también presentamos una propuesta para que las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo dirijan sus esfuerzos a reforzar la asistencia y la cooperación jurídica, y, por supuesto, también a la formación.

Entendemos que las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo deben planificar y dimensionar sus plantillas para apoyar de forma rápida y eficaz a las entidades locales en los procesos... sobre todo en los procesos de rendición telemática, y sobre todo para mejorar la cobertura a funcionarios con habilitación de carácter nacional, sobre todo para que eviten situaciones de riesgo, como puede ser una falta prolongada de cobertura en algún ayuntamiento.

Tanto a las diputaciones y al Consejo Comarcal del Bierzo y a la Junta de Castilla y León, que también deberán atender de forma inmediata las correspondientes peticiones de los presidentes de las corporaciones afectadas. En este sentido, la Junta de Castilla y León entendemos que debe proceder a una revisión, y, en su caso, sostener los puestos de trabajo de secretaría y adaptarlos a... con criterios racionales, y restringiendo al máximo –por supuesto- la acumulación de funciones... de funciones de varias entidades en un solo funcionario.

Por lo tanto, creemos que la... si la omisión de la rendición de cuentas obedece a causas que no son razones de falta de cultura administrativa –como así lo reflejó el propio Consejo de Cuentas- y que guardan relación con hipotéticas dificultades derivadas de procesos administrativos, consideramos que es necesario asumir estas propuestas por todos los grupos, porque van a corregir los incumplimientos reiterados. Son propuestas que van a impedir tanto dar... tanto cumplir los plazos de... con la obligación de rendir cuentas dentro de los plazos legales como una fiscalización y un control adecuado. Porque hay que recordar que hay una tendencia ya descendente en los municipios a rendir cuentas a tiempo; entre los años dos mil trece y dos mil catorce, concretamente de tres puntos. Y en este sentido, pues algún grupo parlamentario preguntó, antes de que acabara el plazo, en la presentación del informe, al presidente del Consejo de Cuentas, por los porcentajes de los municipios de Castilla y León que ya habían.... o que ya iban rindiendo cuentas de la cuenta del dos mil quince, y hoy ya sabemos que en dos mil quince hay un descenso de seis puntos respecto al año dos mil catorce, en relación con los municipios –vuelvo a decir- que rinden cuentas a tiempo.

Entonces, consideramos necesario que la Junta de Castilla y León afronte este problema, que asuma su responsabilidad y que adapte la normativa a las particularidades de Castilla y León, sobre todo en aras del buen gobierno y la trasparencia. Porque creemos que difícilmente, si esto no es así, el Consejo de Cuentas pueda desempeñar su función fiscalizadora sobre los tipos de contrato, sobre los procedimientos de adjudicación y sobre los criterios de valoración de las ofertas del sector público en Castilla y León. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor López Prieto. Para la presentación y defensa de la propuesta de la... de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la señora Acevedo.

LA SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, presidenta. Señorías. Presenta el Grupo Parlamentario Socialista una serie de propuestas de resolución que tiene como fin activar plenamente el cumplimiento de la rendición de cuentas. Y, aunque llevábamos una tendencia alcista hasta el año dos mil trece, es verdad que en el año dos mil catorce se ha producido un ligero descenso, y -tal como ha señalado el procurador que me ha precedido en el uso de la palabra- en el año dos mil quince tenemos un descenso de seis puntos en el cumplimiento de esta obligación. Y entendemos que es necesario hacer unas propuestas que vinculen a las entidades locales a la rendición de cuentas, porque ello coadyuva a la transparencia de la gestión de los recursos públicos. Y a tal efecto, teniendo en cuenta los antecedentes previos a estas propuestas de resolución, que radican en los informes que ha elaborado el Tribunal de Cuentas, en el que se han analizado tanto las causas como globalmente una serie de datos, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que son procedentes las resoluciones, las propuestas de resolución que realiza el Tribunal de Cuentas, y que nosotros asumimos y que, brevemente, son las que siguen.

Entendemos que desde las entidades locales existe un importante punto de inflexión en cuanto a los incumplimientos temporales respecto de la aprobación de lo... del presupuesto, lo que contribuye a que luego se ralentice y se incumpla el plazo final de presentación de la cuenta. Entonces, entendemos que este esfuerzo debe estar constreñido a que desde las propias entidades locales, pues se realice con la suficiente antelación un borrador que permita la discusión del presupuesto con la suficiente antelación y que conlleve, finalmente, al cumplimiento de la obligación de la presentación de dichos instrumentos.

Entendemos que, en relación a la cuenta general, pues se debe de respetar la normativa aplicable y que se deben de seguir las instrucciones de la contabilidad para la Administración local. Y es verdad que el Tribunal de Cuentas señala puntos de inflexión en relación a la comunicación de los datos que vienen contenidos en la misma y que se transmiten a través de la plataforma, con lo cual es necesario que desde las entidades locales, pues se utilice el validador y así se eviten las posibles incidencias que distorsionan la transmisión de los datos de la cuenta general, y además la misma debe ser enviada una vez que esté aprobada.

Respecto al incumplimiento reiterado e inaceptable de las mancomunidades y los consorcios, entendemos que dicha situación debe de ser subsanada a través de mecanismos e instrumentos de control de las propias entidades que los constituyen, que propicien estas propias entidades la rendición de cuentas y que realicen una actividad de control respecto de aquellas que tienen inactividad, para poder valorar su disolución, y teniendo en cuenta... teniendo en cuenta que además la rendición de cuentas es obligatoria hasta la extinción total de la personalidad jurídica. Además, pues es indispensable la remisión de toda la información contractual respecto de las entidades locales.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista respaldamos el Acuerdo de dieciocho de mayo del dos mil dieciséis. No obstante, entendemos que la aplicación de estas medidas debe de ser con carácter prioritario las acciones encaminadas al apoyo de las entidades locales, y que debe de ser este apoyo realizado por las diputaciones y por el Consejo Comarcal del Bierzo. Es necesario que estas entidades ayuden a establecer programas y procedimientos administrativos para el adecuado registro de todos los instrumentos contables. Además, pues la realización de acciones formativas para el registro adecuado de las operaciones propias de las mismas, y así como las actividades de concienciación de todos los miembros de las corporaciones locales encaminadas a la transparencia de... inherente a la rendición de cuentas. Las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo también deben de organizarse, con el fin de responder a las necesidades de las entidades que lo precisen, para el cumplimiento pleno y efectivo de esta obligación. No obstante, es una realidad que, aunque exceda de los debates... de las propuestas de resolución que hoy tenemos aquí, pues es verdad que aunque hay una plena disposición por parte del Consejo Comarcal del Bierzo a asumir todas estas competencias en relación a las entidades locales, es verdad que el número de personas y de instrumentos que tiene para poder hacer frente a las mismas, pues son insuficientes, y que necesitaría de una financiación adecuada para poder hacer frente al cumplimiento de todas las necesidades que tienen las entidades locales.

Y, después, todos estos instrumentos que funcionan como coadyuvantes de la... del cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas entendemos que es necesario una mayor provisión y un mayor control de las vacantes de los funcionarios de habilitación nacional, y para ello los... las Administraciones implicadas en este control, pues deben de ser tanto desde la Administración de la Comunidad Autónoma como respecto desde los presidentes de las propias corporaciones. Y entendemos que este control debe ser exhaustivo, porque la... el recurso a la acumulación, respecto de estos funcionarios, debe ser una medida excepcional en la medida en que toda esta cuestión produce una sobrecarga en estos funcionarios y es inviable –como conocemos algunos casos- respecto de que haya un secretario que además de atender a su propio municipio, pues atienda a 21 juntas vecinales.

En todo caso, nosotros apoyamos todas estas medidas con carácter prioritario, que todas estas medidas tengan su expansión plena para que el cumplimiento de la rendición de cuentas sea pleno y efectivo, y como último procedimiento, pues el establecimiento de las multas coercitivas y el condicionamiento de las ayudas y de las subvenciones que sean los últimos mecanismos de utilización para coaccionar a la... al rendimiento de cuentas por parte de las entidades locales. Muchas gracias. Y nada más.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora Acevedo. Finalmente, para la presentación y defensa de la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cruz García, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, presidenta. Y con brevedad, porque este es un tema recurrente, ejercicio tras ejercicio, en cuanto a las recomendaciones que efectúa el Consejo de Cuentas, en el que hay muy pocas diferencias en las posiciones de los grupos parlamentarios en este sentido. Sí una breve consideración: la responsabilidad máxima respecto a la rendición o no de la cuenta general no la tiene que asumir la Junta de Castilla y León, tendrá que asumirla los responsables de los ayuntamientos y, también, las personas vinculadas a la secretaría-intervención, junto con los alcaldes.

Y es ahí, en ese ámbito, donde este grupo manifiesta una posición distinta respecto a lo que fija el Consejo de Cuentas en sus recomendaciones, que se convierten en propuestas de resolución, y la posición que fijan algunos grupos, que son de matices, pero en el que nosotros estamos por la vía de las multas coercitivas, algo que ya en la modificación de la Ley de instituciones propias de la Comunidad se fijó en el año dos mil trece, y no en la retirada de las subvenciones.

Pero, además, quiero matizar que estamos en el sentido de las multas coercitivas cuando sea realmente necesario. Es verdad que, inicialmente, a lo largo del año dos mil dieciséis la rendición de cuentas ha caído un poco respecto... -en el ámbito del periodo de rendición inicialmente previsto, que, como todos sabemos, finaliza el treinta y uno de octubre- ha caído un poco respecto a ejercicios anteriores, pero yo creo que hay que analizar la tendencia. Y la tendencia y la evolución en cuanto a la rendición de cuentas por parte de las Administraciones locales, de los 2.248 municipios, y también de las entidades locales menores, ha sido una tendencia muy positiva en los últimos años.

Es verdad que hubo un punto diferencial y clave, que fue la puesta en funcionamiento de la plataforma de rendición, que generó unos años de caída significativa ante, en muchos casos, la imposibilidad que tenían muchos ayuntamientos de acceder a estos sistemas informáticos y la utilización de los mismos. Pero la evolución desde el año dos mil siete hasta el momento actual ha sido positiva, y estamos convencidos, además, que en el periodo final que cierra el plazo de presentación, aunque sea fuera de plazo, el Consejo de Cuentas, el treinta y uno de diciembre, habrá pocas diferencias con lo que ha sido la rendición en los últimos años. Porque hay que reconocer que se ha hecho un esfuerzo importante por el conjunto de la Administración, también por el Consejo de Cuentas, en la concienciación como principal vía, fuera del ámbito de la retirada de las subvenciones y de las multas coercitivas, para concienciar a los alcaldes y a los secretarios interventores de la necesidad de la transparencia en la rendición de la cuenta.

Hay un elemento que empieza a ser preocupante, que ya no es la rendición de la cuenta, y yo creo que hacer hincapié, como ha hecho algún portavoz que me ha precedido, que es el ámbito de la contratación pública. Es verdad que el volumen de contratación de los ayuntamientos pequeños en nuestra Comunidad no es muy alto, pero llama poderosamente la atención, como pone de manifiesto el Consejo de Cuentas en su propuesta de resolución y que nosotros recogemos en el punto –creo recordar- número 8, que en el ámbito de la contratación es muy poca la información que se transfiere al Consejo de Cuentas. Y este es un ámbito en el que se debe tenderse a mejorar.

Y las diferencias que plantea nuestra propuesta de resolución -que es coincidente, básicamente, en lo general, en cuanto al ámbito de formación, diputaciones, Consejo Comarcal- son dos aspectos.

Lo que he dicho antes, nosotros no estamos a favor de la retirada de las subvenciones, a pesar de que en el ámbito nacional se hace –y lo he dicho y mantenemos una posición propia este grupo parlamentario-, porque entendemos que se está castigando al conjunto de la ciudadanía. Al final, el retirar una subvención a un ayuntamiento porque el alcalde y el secretario no hayan rendido la cuenta en tiempo y en forma, incluso a lo mejor no se ha podido rendir porque no se ha aprobado la cuenta, porque la corporación entiende que la aprobación de la cuenta implica un respaldo a la iniciativa política, cuando no es así, implicaría el castigo, o el ámbito coercitivo, al conjunto de la ciudadanía, no a los responsables. Creemos que la vía principal es la concienciación y, en último término, el establecimiento de multas coercitivas para los responsables de la rendición de la cuenta, y, desde luego, nunca el retirar las subvenciones, que, como digo, benefician al conjunto de la ciudadanía. Y los ciudadanos no pueden ser culpables de algo en el que no tienen capacidad de solventar y que es responsabilidad de los alcaldes y de los secretarios interventores, en la mayoría de los casos, de esos 2.248 municipios.

Y la otra es la referida a las agrupaciones de municipios; porque el Consejo entiende que es una tónica general, y la realidad es distinta. En Castilla y León hay 54 agrupaciones de municipios, de un volumen como el que tenemos de municipios, creo que es una excepción a la tónica general.

Y, desde luego, esas son las pequeñas matizaciones que plantea nuestra propuesta de resolución frente a la que han presentado el resto de los grupos, como he explicado. Por lo tanto, nada más. Y muchas gracias.

Votación Propuestas Resolución

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Cruz. Concluido el debate de las propuestas de resolución, vamos a proceder a su votación. En primer lugar, sometemos a votación de forma agrupada, por ser idéntico su contenido, las propuestas de resolución 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Grupo Parlamentario Socialista y los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? Quince. ¿En contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Dos. Diecisiete votos emitidos. Quince a favor. Ninguno en contra. Dos abstenciones. Quedan aprobadas las propuestas de resolución que se acaban de votar.

A continuación, sometemos a votación, de forma agrupada, todas las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, propuestas de la 1 a la 6, que son incompatibles, por ser solo parcialmente coincidentes o tener diferente redacción con algunos de los apartados de la propuesta de resolución 9 del Grupo Parlamentario Socialista y 9 del Grupo Parlamentario Popular, propuestas también incompatibles entre sí. ¿Votos a favor? Tres. ¿En contra? Nueve. ¿Abstenciones? Cinco. Diecisiete votos emitidos. Tres a favor. Nueve en contra. Cinco abstenciones. Quedan rechazadas las propuestas... la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León que se acaban de votar.

Seguidamente, sometemos a votación la propuesta de resolución 9 del Grupo Parlamentario Socialista, incompatible, por ser solo parcialmente coincidente con el punto 9 de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular. En el caso de aprobarse, decaería este punto 9 de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular y no se sometería a votación. ¿Votos a favor? Cinco. ¿En contra? ¿Abstenciones? Tres. Diecisiete votos emitidos. Cinco a favor. Nueve en contra. Tres abstenciones. Queda rechazada la propuesta de resolución 9 del Grupo Parlamentario Socialista.

Y, finalmente, sometemos a votación el punto 9 de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? Nueve. ¿En contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Ocho. Diecisiete votos emitidos. Nueve a favor. Ninguno en contra. Ocho abstenciones. Queda aprobado el punto 9 de la propuesta de resolución que se acaba de votar.

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma sexta de Resolución de la Presidencia de la Cámara de siete de abril de dos mil nueve, antes citada, esta Presidencia trasladará a la presidenta de las Cortes de Castilla y León las resoluciones que acaban de ser aprobadas por la Comisión, junto con el informe de fiscalización sobre el que versan, en orden a la publicación de dichas resoluciones en el Boletín Oficial de la Cámara y en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Concluido el orden del día de esta Comisión, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las doce horas cinco minutos].