DS(C) nº 241/9 del 15/12/2016

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Buenas tardes a todos. Se abre la sesión. ¿Por algún grupo parlamentario tiene que comunicar alguna sustitución? ¿Grupo Socialista?

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

No, presidenta, no hay sustituciones.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. ¿Grupo Podemos?

LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Sí. Adela Pascual Álvarez sustituye a Laura Domínguez Arroyo.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Gracias. ¿Grupo Ciudadanos?

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Sí. En sustitución de José Ignacio Delgado, María Belén Rosado.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Grupo Mixto, nada. Grupo Popular.

LA SEÑORA GONZÁLEZ PEREDA:

Perdón, no tenemos sustitución.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Pues por la señora secretaria se dará lectura del primer punto del orden del día.

PNL/000652

LA SECRETARIA (SEÑORA JIMÉNEZ CAMPANO):

Gracias, presidenta. Buenas tardes. Proposición No de Ley número 652, presentada por las Procuradoras doña Laura Domínguez Arroyo y doña María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a modificación del Acuerdo 59/2012 de la Junta de Castilla y León con el fin de que contemple un régimen sancionador ante el incumplimiento del mismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 126, de diez de mayo de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, doña María Josefa Rodríguez Tobal.

LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Muchas gracias, presidenta. Bien. Buenas tardes. Como saben, las cláusulas sociales son criterios específicos en la contratación pública, que sirven no solo para favorecer la inclusión en el empleo, sino para favorecer la eliminación de desigualdades y la formación en el empleo.

La Ley de Contratos del Sector Público español ya contempla la inclusión de cláusulas sociales, refiriéndose a ellas de este modo. Permiten introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social y medioambiental, configurándolas como condiciones especiales de ejecución del contrato o como criterios para valorar las ofertas, prefigurando una estructura que permita acoger pautas de adecuación de los contratos a nuevos requerimientos éticos y sociales. La inclusión de cláusulas sociales está blindada a nivel normativo en directrices europeas, en la legislación española también, y sobre todo de manera amplia y pionera en la legislación autonómica, gracias a la Ley 2/2013, de quince de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que implica cláusulas sociales para personas con diversidad funcional.

También en el Acuerdo 59/2012, de veintiséis de julio, por el que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de las Administraciones de la Comunidad de Castilla y León sobre la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. La consecución de este acuerdo –no lo dudamos- fue fruto, seguro, del esfuerzo y el consenso con los agentes sociales y con colectivos que venían reivindicando esta implantación. Celebramos que Castilla y León fuese pionera en el mismo. No obstante, tres años después vemos que el problema sigue vigente, debido al incumplimiento sistemático de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública.

No nos gustaría dejar de incidir en que las Administraciones públicas debieran velar también por la inclusión de cláusulas sociales en la contratación privada, que deberíamos blindar por ley, lo que no viene a significar otra cosa que el derecho al empleo digno para todas las personas, sean cuales sean sus especificidades. Pero teniendo en cuenta que ni las propias Administraciones públicas cumplen con las normativas de las que se dotan, pues vemos muy muy lejana la posibilidad de que insten a la empresa privada a hacer lo que en un Estado democrático debiera ser obligación moral y social.

Hecha esta reflexión, con lo que nos topamos es que la contratación pública –la que tiene competencia y posibilidad directa- no cumple con estos criterios. Hemos analizado diversos pliegos de contratación en que las cláusulas sociales no son un elemento obligatorio. Cierto es –supongo que eso servirá de argumento a su intervención posterior- que siempre hay un porcentaje para personas con discapacidad en las contrataciones mayores, no obstante, esto no ocurre en la totalidad de contratos. Y no solo eso, sino que además no supone la obligación de todo lo que se estipula en el citado acuerdo. Para que se entienda: se respeta el porcentaje de personas con discapacidad, pero no siempre ni con carácter obligatorio. Por otro lado, el resto de colectivos que en el acuerdo se presuponen como colectivos de difícil inserción laboral -esto es, personas con discapacidad física, psíquica o sensorial o con enfermedades mentales que tengan posibilidades de inserción en el mundo laboral, personas perceptoras de la Renta Mínima Garantizada, jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 provenientes de instituciones de protección de menores, personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentran en proceso de rehabilitación y reinserción social, y parados de larga duración mayores de 45 años- no se contemplan en una amplísima mayoría de los contratos.

Por todo lo expuesto, es por lo que planteamos la siguiente propuesta de resolución: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a modificar el Acuerdo 59/2012, de veintiséis de julio, de la Junta de Castilla y León, con el objeto de que contemple un régimen sancionador ante el incumplimiento del mismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico; modificar el Acuerdo 59/2012, de veintiséis de julio, de la Junta de Castilla y León, apartado 4, para incluir a los siguientes colectivos en el 20 % previsto en la ejecución del contrato: personas desempleadas de larga duración, personas desempleadas mayores de 45 años, personas de centros penitenciarios en régimen de condicional o exreclusos, personas inmigrantes en riesgo de exclusión social y personas de distinto origen étnico; y, por último, dotar a la Consejería competente de los mecanismos necesarios para asegurar el control de cumplimiento de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública". Es todo por ahora. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don José Sarrión.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Muchas gracias, presidenta. Bien. La inserción de cláusulas de responsabilidad social en los procesos de contratación pública y en el otorgamiento de subvenciones, a nuestro juicio, es una oportunidad para integrar de manera efectiva criterios sociales, ambientales y éticos en toda Administración pública y en su acción de gobierno.

Los poderes públicos y sus entes instrumentales –y singularmente la Junta de Castilla y León y su sector público- deben ser un referente en esta materia, en la medida en que a través de la contratación administrativa se hace uso de importantes recursos públicos que pueden producir efectos positivos en las personas o colectivos a veces más vulnerables. Para ello es necesario se superen las dificultades existentes, como pueda ser el desconocimiento de las posibilidades que ofrece a día de hoy la normativa vigente o la falta de materiales, si se quiere, didácticos de apoyo a los órganos de contratación.

Las cláusulas de responsabilidad social son una herramienta que permite la inclusión de aspectos sociales, ambientales y éticos en la contratación y en las subvenciones, lo que las convierte en un mecanismo no solo de satisfacción de necesidades de la sociedad en la búsqueda por el interés general, sino también de promoción de políticas públicas tales como el acceso al empleo, el comercio ético, la igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación salarial, etcétera.

Las subvenciones públicas constituyen una actividad de fomento, siendo su objetivo el fomento de una actividad de utilidad pública, interés social o de promoción de una finalidad pública. La inclusión de cláusulas de responsabilidad social en las bases reguladoras y en las convocatorias puede convertir a la subvención en un instrumento de desarrollo de políticas públicas. Asimismo, la contratación pública es una pieza clave en la Estrategia Europa 2020, "Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador", establecido en la Comunicación de la Comisión de tres de marzo de dos mil diez como uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos.

La contratación pública genera un impacto económico -de creación de empleo-, social y ambiental de gran importancia en nuestra Comunidad Autónoma. Así, puede convertirse en una herramienta de las Administraciones públicas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, la creación de empleo para colectivos desfavorecidos y la sostenibilidad medioambiental. Incorporar las cláusulas sociales supone una oportunidad para las Administraciones, creando nuevos espacios de políticas sociales y medioambientales. Las cláusulas sociales son criterios que, una vez incorporados en el proceso de la contratación pública, favorecen la incorporación sociolaboral de colectivos desfavorecidos y las prácticas medioambientales sostenibles. Estas cláusulas están jurídicamente contempladas y favorecidas en la normativa de contratación pública.

El empleo es una de las vías necesarias para proteger los derechos sociales, pues a través de él se alcanza el progreso económico de una sociedad; pero, además del valor económico, el empleo tiene sobre todo un valor social, ya que se configura como uno de los instrumentos más eficaces de inclusión. Prueba de ello es la prioridad que a la generación de oportunidades de empleo destinadas a colectivos desfavorecidos se da en las políticas de cohesión social que se realizan desde instancias locales, autonómicas, nacionales y europeas.

La inserción de cláusulas de índole social forma parte del movimiento de responsabilidad social impulsado desde la Unión Europea, cuyos inicios se recogieron en el libro verde La Contratación Pública en la Unión Europea: Reflexiones para el Futuro. Esta posibilidad de insertar aspectos sociales en la contratación pública se recogía en la Directiva 2004/18, sobre procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios, y en la Directiva 2004/17, para los sectores especiales; directivas que fueron incorporadas íntegramente en la legislación española.

La Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del Consejo, del veintiséis de febrero de dos mil catorce, sobre contratación pública, revisa y moderniza las normas vigentes sobre contratación pública a fin de incrementar la eficiencia en el gasto públicos facilitando, en particular, la participación de pequeñas y medianas empresas en la contratación pública, y de permitir que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes.

La nueva directiva impulsa definitivamente la contratación pública como herramienta política para conseguir objetivos sociales. La Administración contrata para satisfacer su necesidad de suministros de servicios y obras, pero esta contratación no puede limitarse a esto, sino que debe utilizarse como un instrumento para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: la cohesión social, la redistribución de la riqueza, la igualdad y la justicia.

Las cláusulas que se pueden impulsar tanto en la contratación pública como en los procedimientos de subvenciones –entre otras- y considerarlas como tasadas son, por un lado, cláusulas sociales relacionadas con la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social, elevar la calidad del empleo, el apoyo a la economía social, la diversidad funcional, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, etcétera, o, por otro lado, las cláusulas ambientales, como la selección de productos de bajo consumo, la eficiencia energética, la reducción de emisiones, el reciclado de residuos, etcétera.

En definitiva, nosotros estamos completamente de acuerdo con lo se plantea en la proposición, allá donde hemos tenido oportunidad de gobernar las hemos intentado poner en práctica, y, por lo tanto, nuestro voto será positivo.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora doña Belén Rosado.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, presidenta. Pues el voto de Ciudadanos es a favor de esta proposición no de ley. Tenemos un ordenamiento jurídico que es complicado, pero la inclusión de cláusulas sociales pues va en beneficio de todos, va en beneficio de nuestra sociedad. Las cláusulas sociales es una reivindicación social, el tercer sector lo está reivindicando; es también una oportunidad; es ejemplarizante, son medidas ejemplarizantes; y, sobre todo, es una medida de voluntad política en muchas... en muchos casos.

Por lo tanto, dentro de la normativa y dentro de la ley, estamos totalmente de acuerdo en dotar a la Consejería competente de los mecanismos necesarios para asegurar el control del cumplimiento de la inclusión de cláusulas sociales y también de toda la propuesta de resolución. Por lo tanto, nuestro voto a favor. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don Álvaro Lora.

EL SEÑOR LORA CUMPLIDO:

Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. En la tarde de hoy debatiremos la inclusión de las cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública. Hay que recordar que la inclusión de estas cláusulas sociales viene motiva por una directiva europea del año dos mil catorce, en concreto la Directiva 2004/18 del Parlamento Europeo.

Es cierto que en el año dos mil doce la Junta de Castilla y León, como bien ha indicado la señora Tobar, fue pionero... fue pionera la Junta de Castilla y León en cuanto a la inclusión de cláusulas sociales. En el Acuerdo 59/2012, dice, y leo textualmente: "Establecer una serie de medidas vinculantes para todos los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad con el fin de integrar los objetivos de política social en la contratación pública". Además añade "cláusulas sociales en los Pliegos de las Cláusulas Administrativas Particulares y de prescripciones técnicas particulares y, en otros contratos menores, en los documentos que en cada caso se incorporen al mismo". También –y esto llama bastante la atención, señorías- dice –y vuelvo a leer textualmente-: "Si por la naturaleza del contrato no fuera posible introducir este tipo de cláusulas, deberá motivarse suficientemente esta circunstancia en el expediente".

Por lo tanto, no entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista cómo la Junta de Castilla y León intentó ser innovadora respecto a este tipo de inclusión de estas cláusulas sociales, cómo intentó ser pionera, y cómo lo ha dejado perder.

En cuanto a la propuesta de resolución... en cuanto a la propuesta de resolución, en el punto 1 desde luego que estamos de acuerdo. Entendemos que es viable y apoyamos esta propuesta, ya que entendemos que si realmente se hacen normas y se proponen normas desde la Junta de Castilla y León, entendemos que es para cumplirlas. Desde luego, sí que tenemos una duda en cuanto a la viabilidad jurídica que pueda tener.

Respecto al punto cuarto, entendemos que desde el año dos mil doce, desgraciadamente, se ha incrementado muchos colectivos en riesgo de exclusión, y, por lo tanto, entendemos, entendemos esta modificación. Incluso, digamos, nos planteamos, ¿no?, si puede ser posible incluso incluir a otros colectivos dentro de esta lista.

En cuanto al punto tercero, entendemos también que, cuando se hacen normas, se tienen que cumplir, y, para que se puedan cumplir, hay que dotarlas de un presupuesto. Por lo tanto, quiero decir que... quiero adelantar que el voto del Grupo Parlamentario Socialista será favorable a esta propuesta de resolución.

Y a este procurador le llama bastante la atención que sea hoy, precisamente hoy, cuando se debata esta iniciativa, y quiero explicar por qué. Sin ser vinculante, como sabemos todos, en estos momentos se está tramitando el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo; en concreto, la 2014/23 y 2014/24, de veintiséis de febrero de dos mil catorce, en el Congreso de los Diputados. Ayer, justo ayer, catorce de diciembre, terminó el plazo de enmiendas, y sería importante conocer, en relación con las cláusulas sociales, qué se aprobará definitivamente a nivel estatal, de cara a las modificaciones que planteamos. Simplemente este apunte, pese a que estamos, como le indiqué anteriormente, a favor de esta propuesta de resolución. Y nada más, presidenta. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don Emilio Cabadas.

EL SEÑOR CABADAS CIFUENTES:

Gracias, señora presidenta. Bien, señorías, vamos a votar a favor de esta resolución. El Acuerdo 59/2012, al que hace referencia la resolución, ya ha sido modificado por el Acuerdo 44/2016, de veintiuno de julio; por lo tanto, aceptamos y votaremos a favor de la resolución por tanto y cuando entendemos que ya ha sido cumplida.

En cuanto al nuevo Acuerdo 44/2016, de veintiuno de julio, que sustituye al anterior, recoge en el punto 3.º del apartado cuarto que "Las cláusulas sociales incorporadas a los pliegos deberán ser calificadas bien como condición especial de ejecución estableciendo penalidades para el caso de incumplimiento, bien como obligación contractual esencial a efectos de resolución del contrato si no se cumplen". No solo se ha recogido en el nuevo Acuerdo 44/2016 algunos de los colectivos enumerados por el Grupo Parlamentario Podemos, sino que se ha ido más allá, incluyendo colectivos que no estaban incluidos en esta resolución que ustedes proponen, y se amplía el alcance de los ya incluidos.

Indicar que el seguimiento de la aplicación y efectividad del acuerdo se estructura mediante los informes semestrales que las Consejerías remitirán a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. En estos informes debe detallarse la incorporación de los aspectos sociales en la contratación relativa al ámbito competencial de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que lo comunicará a la Junta de Castilla y León en un resumen sobre la aplicación del acuerdo, y, en su caso, propondrá los ajustes que considere necesarios, señorías. Por tanto, existe ya un control suficiente y un seguimiento del acuerdo.

Respecto a los aspectos sociales de la contratación pública, señalar, únicamente, que la Junta de Castilla y León está dando un fuerte impulso a la inclusión de aspectos sociales en la contratación pública: la evolución en el marco jurídico y social, configurado por la Estrategia Europea 2020 y la Directiva 2014/24 del Parlamento y del Consejo Europeo, y la experiencia adquirida por la aplicación del Acuerdo 59/2012, que ha sustentado no la modificación del mismo, sino la aprobación de un nuevo acuerdo que permita afianzar los beneficios sociales obtenidos y establecer un escenario favorable para la implantación de la contratación socialmente responsable en nuestra Comunidad Autónoma.

A los efectos del acuerdo, se entiende por aspectos sociales aquellas políticas públicas integradas en la Estrategia Europa 2020, que tiene por objeto conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, mediante la utilización de un nuevo planteamiento global más eficiente en el uso de los recursos públicos. De este fondo, en la ejecución del gasto se incorporan medidas como el fomento del empleo, de personas en situación o riesgo de exclusión social, la inserción laboral de personas con discapacidad, el fomento de la estabilidad en el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y el impulso de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar en las empresas. Con este objetivo, el acuerdo aprueba una serie de directrices de carácter vinculante sobre la incorporación de aspectos sociales en todas las contrataciones desarrolladas por la Administración general e institucional de Castilla y León.

Las cláusulas sociales se aplican a cualquier contrato siempre que resulten compatibles con el objeto del contrato y su régimen jurídico, mediante su incorporación tanto en los pliegos de cláusulas administrativas particulares como en los pliegos de prescripciones técnicas. Para facilitar la labor de los órganos de contratación, el acuerdo incorpora un catálogo de clausas... cláusulas sociales –perdón- que pueden ser incorporadas a los contratos públicos, sin perjuicio de que pueda incorporarse a cualquier otra cláusula que potencie la responsabilidad social en la contratación pública.

Como modelo de cláusulas sociales a utilizar como criterio de adjudicación, se propone la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social, la presentación de planes de inserción sociolaboral por el licitador, la subcontratación de prestaciones con un centro especial de empleo o una empresa de inserción, la contratación de personas con discapacidad con mayores dificultades de empleabilidad y la contratación de víctimas de violencia de género.

La segunda línea de actuación prevista en el acuerdo la constituye la reserva de contratos. En esta materia se recoge como principal novedad la posibilidad de reservar contratos, además de a centros especiales de empleo, a las empresas de inserción sociolaboral, con el fin de potenciar su crecimiento y consolidación en nuestra Comunidad. El conjunto de los contratos reservados representarán, en el cómputo global anual, el 6,8 % del presupuesto total adjudicado en el ejercicio presupuestariamente inmediatamente anterior para el conjunto de actividades que, por su naturaleza, sean susceptibles de reserva a este tipo de centros y empresas.

Por otra parte, los proyectos de inserción sociolaboral constituyen el tercer pilar de la contratación socialmente responsable fomentado por la Junta de Castilla y León y son la gran innovación del Acuerdo 44/2016. Se entiende por proyectos de inserción sociolaboral las actuaciones de fomento de la contratación de personas residentes en Castilla y León en situación de riesgo o exclusión social con ocasión de la tramitación de contratos del sector público.

Los colectivos, como le señalaba antes, señoría, en situación o riesgo de exclusión social que incluye el Acuerdo son: los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía o cualquier otra prestación igual o de similar naturaleza; personas que no puedan acceder a las prestaciones mencionadas por falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento o bien por haber agotado el periodo máximo de percepción legalmente establecido; jóvenes mayores de 18 y menores de 30 años procedentes de instituciones de protección de menores, así como mayores de 16 años que se encuentren en centros de menores infractores o en situación de libertad vigilada y... y exinternos, perdón, menores de 30 años; personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentran en proceso de rehabilitación y reinserción social; internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo; menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, regulada... que regula la responsabilidad penal de los menores; personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizado por las Comunidades Autónomas; personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizadas por la Comunidad Autónoma.

Es decir, este nuevo acuerdo concreta, de manera más específica que la propuesta de resolución, los colectivos más vulnerables, puesto que sería mejor hablar de beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía o cualquier otra prestación similar, de similar naturaleza, personas que no puedan acceder a las prestaciones mencionadas por alguna de las causas que recoge el acuerdo, como haber agotado el periodo máximo, antes que hablar de personas desempleadas de larga duración, tal y como recogen ustedes en la resolución. Lo mismo ocurre respecto a las personas de centros penitenciarios en régimen de condicional o exreclusos, personas inmigrantes y personas de distinto origen étnico que se recogen en la resolución.

No obstante, sí debo reconocer que sería conveniente, a la vista de las nuevas necesidades que surjan y que han de venir, que la Junta de Castilla y León siga modificando en los próximos años este acuerdo en relación a las cláusulas sociales en los procedimientos de contrataciones públicas para seguir ampliando y potenciando su carácter protector a nuevos colectivos.

En cuanto al tercer punto que mencionan ustedes del incumplimiento del acuerdo, bien, sepan ustedes que, para garantizar el cumplimiento de este acuerdo, el apartado 3.º del Acuerdo 44/2016 determina que las cláusulas sociales incorporadas a los pliegos deben ser calificadas, bien como condición especial de ejecución, estableciendo penalidades para el caso de incumplimiento, bien como obligación contractual esencial a efectos de resolución del contrato si no se cumplen. De esta manera, se prevé la existencia de un régimen de sanciones que, con mayor o menor intensidad, dependiendo de la naturaleza del contrato y de las cláusulas sociales que lleve incorporadas, penalizará en caso de incumplimiento.

En todo caso, debe tenerse en cuenta, señorías, que en cuanto a todo contrato realizado con la Junta de Castilla y León se sujeta, obviamente, a la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo Artículo 60 incluye las circunstancias por las que no se podrá contratar con entidades, entre las cuales se incluye el haber incumplido las cláusulas que son la esencia del contrato, lo cual se puede considerar suficientemente penalizada la empresa que incumple con estas... con estas cláusulas, perdón.

El seguimiento de la aplicación y efectividad de este acuerdo se estructura mediante los informes semestrales que las Consejerías remitirán o remiten a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, quien comunica a la Junta de Castilla y León un resumen sobre la... sobre el cumplimiento y la aplicación del acuerdo y propondrá los ajustes que considere necesarios.

Por tanto, señoría, por todo lo expuesto, vamos a votar favorablemente a su resolución. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora doña María... María Josefa Rodríguez.

LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Pues muy bien. Muchísimas gracias a todos los grupos. Nuestro agradecimiento sincero, porque es un tema importantísimo. De todas formas, pues no está de más que quede claro que la inclusión de cláusulas sociales no es poner un parrafito en que se refieran los porcentajes de dichos colectivos; se trata de que todo el planteamiento contractual se rija por estos parámetros. Es decir, si queremos blindar socialmente la contratación, cuando se requieran ciertos equipos técnicos para desarrollar un trabajo, pues deberemos ser conscientes de la adaptación de los mismos a personas con diversidad funcional. Esto supone ser conscientes de inicio y en todo el... y en todo el proceso del tipo de discapacidad y de la consecuente adaptación.

Es absurdo y perverso creer que el añadido de un párrafo con porcentajes ya supone la implicación social. Se trata de una inclusión total que presupone pensar desde el primer momento en el tipo de empleos que se generan. Esto se ve con especial claridad, teníamos un ejemplo, cuando se trata de las cláusulas que aluden a la igualdad de género y que también se contemplan en dicho acuerdo. Les pongo, por ejemplo, las contrataciones que se hacen con el Plan de Empleo Local, que en sí ya debiera ser objeto de revisión por otros de sus criterios, en las entidades menores que están financiadas por la Junta de Castilla y León obedecen a una tipología de empleos que están claramente masculinizados. Esto tiene como consecuencia pues que solo en la mayoría de los... que la mayoría de los contratados son hombres y, además de eso, apenas se presentan mujeres al concurso. Es decir, las mujeres son desestimadas desde el inicio.

Por tanto, pues bien, seguir instando a que cumplan la normativa. Y creíamos imprescindible, no obstante, y a pesar del éxito –digamos- de la propuesta, traer este debate aquí para hacerles visible que la realidad no aguanta todo como el papel.

Bueno, su partido no consiguió en tres años hacer realidad el acuerdo y veamos si con estos mecanismos conseguimos de verdad hacerlo objetivamente real. Muchas gracias a todos.

Votación PNL/000652

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Concluido el... Entiendo... no ha leído el texto definitivo, pero entiendo que sigue siendo el mismo, ¿verdad? Vale. Concluido el debate, y habiendo escuchado a los... a las señorías que han intervenido, ¿podemos dar aprobada esta proposición no de ley por asentimiento? ¿Sí? Pues queda aprobada.

Por la señora secretaria se dará lectura del segundo punto del orden del día.

PNL/000925

LA SECRETARIA (SEÑORA JIMÉNEZ CAMPANO):

Proposición No de Ley 925, presentada por los Procuradores don Luis Fuentes Rodríguez, don Manuel Mitadiel Martínez, don David Castaño Sequeros, doña María Belén Rosado Diago y don José Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para desarrollar programas de formación en materia de alfabetización digital y empoderamiento de las mujeres rurales e impulsar el Plan para la Promoción de las Mujeres Rurales 2015-2018, profundizando asimismo la Ley de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 182, de once de octubre de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, la señora doña Belén Rosado, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, presidenta. Bueno, pues estaremos todos de acuerdo que es necesario avanzar en el compromiso de la defensa y la promoción de la igualdad como base de una sociedad madura y avanzada, igualdad en todos los ámbitos y lucha contra cualquier tipo de discriminación en razón de sexo, orientación sexual o/y identidad de género. Si esto es así para cualquier entorno, más aún, si cabe, para el entorno rural, en una absoluta prioridad. La igualdad entre sexos y en el mundo rural se enfrenta a hándicaps extras en lo que puede ser obviados y que precisan de mecanismos correctores.

Es importante ver que las mujeres jóvenes de hoy están... del mundo rural están decididas a buscar futuro en los pueblos que las vieron nacer y criarse, pero, ante la falta de oportunidades, tienen que marcharse a otros núcleos urbanos mayores, lo que provoca la pérdida paulatina de población en unas zonas rurales que, en algunos casos, ya están con proporciones de 130 hombres por cada 100 mujeres. Ello dificulta el mantenimiento de la actuación de índices de población por la escasa creación de nuevos núcleos familiares en tales municipios, y no olvidemos que la mujer es un pilar fundamental dentro de la familia.

Todo ello nos conduce a la necesidad de fomentar la creación de empleo femenino en estas zonas. Junto a ello, cabe destacar que, en los últimos años, el papel de las mujeres emprendedoras está alcanzando un... cada vez un mayor protagonismo, pero sobre todo en la economía rural. En este entorno, el 54 % de las personas que deciden emprender un negocio son mujeres, frente al 46 % de hombres. Mientras que si hablamos del mundo urbano, el porcentaje de mujeres empresarias desciende hasta el 30 %, frente al 70 % de hombres. Casi ocho de cada diez, el 79 % de las empresarias rurales, son autónomas, y apuestan por poner en marcha iniciativas empresariales que oferten productos o servicios de los que carecen su entorno.

Las mujeres del medio rural, sobre todo las más jóvenes, han entendido perfectamente las posibilidades que abren con la diversificación de la economía en sus territorios a través de las actividades que complementan con agricultura y ganadería, como es el turismo rural, el ecoturismo, el agroturismo, el turismo de experiencia, la artesanía y oficios artesanales, así como la transformación de productos autóctonos y el sector de agroalimentación, entre otros.

Las nuevas tecnologías también juegan un papel clave e importante, y constituyen una vía que se está consolidando cada vez más en las mujeres del medio rural español, a través de la puesta en marcha de plataformas de comercio electrónico, por medio de los cuales pueden acceder a nuevos mercados con los que... para ofrecer sus productos. Ahora mismo lo que... la tendencia del mercado es hacer plataformas de proximidad, que son cooperativas, que el objetivo es promover la producción y el consumo de los productos ecológicos, artesanales y de comercio justo, y que en su producción y distribución sean respetuosos con el medio ambiente. Pues, señorías, esto es digitalización y esto es futuro. O sea, que cuando hablamos de alfabetización digital estamos hablando de darle una oportunidad a la mujer de que se quede en el medio rural. Todo... se está desarrollando ahora mismo todo un sistema de plataformas de proximidad. Aquí, en Valladolid, existen varias plataformas, y es una forma y un mercado nuevo que se está abriendo y que las mujeres están entrando en este tipo de plataformas.

En España ahora mismo existen 11.838 empresas cooperativas de todo tipo que dan trabajo a 214.000 personas; de ellas casi 6.500 son cooperativas de trabajo asociado, dentro de las cuales encontramos el 37,6 % del empleo cooperativo, ya que dan trabajo a 80.673 personas. Las mujeres son también las que llevan el mayor peso de las cooperativas, ya que el 54... el 55,5 % de las personas que trabajan en este tipo de cooperativas son mujeres, siendo la creación de cooperativas de trabajo asociado una salida viable a la creación de empleo femenino en el medio rural.

El camino, por lo tanto, es el empoderamiento de las mujeres rurales. Existe el Plan para la Promoción de Mujeres del Medio Rural 2015-2018. Este plan -si ustedes lo han podido leer- tiene en Presupuestos –porque está presupuestado-, para el dos mil diecisiete, 5.890 millones de euros, para repartir en una serie de propuestas, de acciones, de empleo, todo para la mujer rural; entonces, vamos a intentar en Castilla y León que parte de ese... de estos fondos vengan, porque, sinceramente, hay muchas medidas y muchas medidas que pueden asentar población, y sobre todo población joven y mujer, en nuestra... en nuestra Comunidad. Pero este plan no lo podemos dejar dormir en un cajón, este plan hay que impulsarlo, y es lo que viene a decir nuestra propuesta de resolución, que es: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación a impulsar todas las medidas necesarias para desarrollar programas de formación en materia de alfabetización digital y empoderamiento de las mujeres rurales e impulsar el Plan para la Promoción de Mujeres Rurales 2015-2018, profundizando asimismo la Ley de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias. Así mismo se establecerán y aplicarán los controles de seguimiento necesarios para garantizar el cumplimiento y el buen desarrollo". Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don José Sarrión.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Muchas gracias, presidenta. Bien, como dice la propia introducción al Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural 2015-2018, la singularidad de las mujeres en el medio rural requiere una atención específica acorde a sus diferentes necesidades y expectativas. Evidentemente, desde mi grupo político estamos completamente de acuerdo con esta afirmación y en que conseguir la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres tiene que ser uno de los objetivos prioritarios en al ámbito rural, mucho más en una Comunidad como la nuestra, donde el peso que tiene el medio rural es de sobra conocido. Por lo tanto, nuestro voto va a ser afirmativo.

Igualmente vemos con interés la noción de la titularidad compartida, este tipo de titularidad compartida en la explotación agraria, es decir, unidad económica sin personalidad jurídica y susceptible de imposición a efectos fiscales, que se constituye por matrimonio o por pareja análoga, que nos parece un modelo que puede ser interesante para el caso de la gestión conjunta de explotaciones agrarias. Por lo tanto, nuestro voto de principio va a ser favorable.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora doña María Josefa Rodríguez.

LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Muchas gracias. Pues la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dice que desde la Junta de Castilla y León se apoyarán y serán efectivas en la Comunidad todas las iniciativas que se pongan en marcha por parte del Ministerio en pro de la mujer del medio rural, aunque, claro, también dicen que a día de hoy no hay pobreza energética en nuestra Comunidad y ya sabemos lo que ocurre. Se ve que, al igual que nosotras, el Grupo Ciudadanos tiene dudas razonables sobre la veracidad de las declaraciones de la consejera, y por eso su propuesta.

El Plan para la Promoción de Mujeres del Mundo Rural 2015-2018 está aprobado por el Ministerio. "La Junta y el Ministerio intensifican su colaboración para promover la igualdad entre mujeres y hombres, esencialmente en el medio rural" reza entre las noticias del Gobierno autonómico, y que este Plan para la Promoción de las Mujeres del Mundo Rural 2015-2018 será muy importante para Castilla y León como Comunidad eminentemente rural. Efectivamente. Pero, bueno, lo cierto es que revisando el plan vemos que se sustenta en un número importante de normativas que apelan a derechos que en realidad no son efectivos: "Mejorar su acceso a los sistemas de seguridad social, financiación, servicios sanitarios, educación y empleo", imposible si se siguen suprimiendo servicios de las zonas rurales; que aprendan a manejarse en internet, claro, pero primero habrá que asegurar que hay internet en todos los pueblos.

Un plan que contiene medidas inconcretas para animar a las mujeres a permanecer en los pueblos, y nos choca que no se tenga en cuenta a la población masculina. Un ambiente de igualdad no se consigue trabajando solo con una parte. La educación en igualdad es tanto o mucho más necesaria para los hombres. No contempla el plan ni una sola medida en este sentido. Y, después, ese empeño de que todas las mujeres sean... seamos emprendedoras. Casi todas las medidas son para animar al emprendimiento, que viene a ser un sálvese quien pueda como pueda.

En fin, todo lo dicho y 23.114.710... o sea, 23.114.000 euros a repartir entre diecisiete Comunidades, más Ceuta y Melilla, sin especificar cuánto se destina a cada una, no es mucho dinero. Impreciso, incompleto, elaborado con un desconocimiento total de las necesidades en el mundo rural, y sin forjado que dé firmeza. Así es como nosotros vemos este plan.

En cualquier caso, apoyaremos la medida. Claro, su propuesta la apoyaremos, sin duda, como hemos hecho hasta ahora con casi todas, por si tuviera un mínimo de efectividad; tristemente, aprobamos mínimos que luego ni siquiera se llevan a efecto. Esto es todo. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don Jesús Guerrero.

EL SEÑOR GUERRERO ARROYO:

Muchas gracias, presidenta. Bueno. Vamos a ver, estamos ante una proposición no de ley que, desde nuestro punto de vista, es demasiado escueta, tanto en la exposición de motivos, que apenas justifica la petición, y es verdad que en la exposición previa que ha hecho doña Belén Rosado, pues nos ha tranquilizado un poquito más, pero, desde luego, en lo que hemos leído inicialmente en la exposición de motivos de la PNL pues era demasiado... demasiado escueta, como decíamos, ¿no?

Creemos que es necesario profundizar y concretar qué programas de formación y de empoderamiento se quieren desarrollar, y por parte de qué Administración, puesto que cualquiera podría pensar que se quiere dejar a la Junta al margen y que sea solamente el Gobierno quien lleve a cabo la totalidad de las acciones que están poniéndose encima de la mesa, por lo que queda, desde nuestro punto de vista, algo coja la propuesta, tanto... por los dos lados, tanto si está dirigida en exclusiva al Gobierno de la Nación –que deberíamos pedir también, en este caso, que se impulsara la Ley de Desarrollo Rural con financiación concreta en los nuevos Presupuestos, incluyendo programas destinados a la mujer- como, por otro lado -y esa es la parte que nos corresponde a nosotros como grupos de Oposición, hacer impulso y control a la acción del Gobierno regional-, hacia la Junta; y esta PNL ni lo toca, ¿eh? En ese sentido, no es que esté coja, es que podríamos decir que obvia competencias claras de la Junta en este campo. Tengo la impresión de que complacerá bastante al Grupo Popular de estas Cortes porque no le obliga a nada, solo a seguir pidiendo al Gobierno algunas generalidades que están ya encima de la mesa.

Si esto es lo que en definitiva se quería, pues a lo mejor lo más oportuno hubiera sido llevarlo al Congreso de los Diputados, no tanto a estas Cortes. Pero, ahora bien, queremos pensar que lo que se quiere son que los compromisos que hay encima de la mesa sean efectivos de verdad y que se contribuya a mejorar la situación de la mujer en el medio rural. Y, en ese sentido, estamos plenamente de acuerdo con la propuesta que ha expuesto doña Belén.

Hoy en día es indiscutible que la mujer es un elemento de referencia en el medio rural de Castilla y León de primer orden; es, y podía serlo mucho más con el respaldo de las políticas oportunas, un agente directo para el mantenimiento de la población en nuestro territorio. Y es que la despoblación es un hecho indiscutible: las últimas previsiones que hemos visto del INE para los próximos 15 años son verdaderamente terribles, anuncian una pérdida de 225.000 habitantes, casi un 10 % de nuestra población, y es una masa de habitantes mayor que la que tienen cinco de nuestras nueve provincias; eso lo dice todo.

Se cumpla o no se cumpla ese pronóstico, ese terrible pronóstico, la situación es evidente que es insostenible se mire como se mire. Y debe afrontarse desde mucho ámbito... desde muchos ámbitos, también el de Castilla y León, no solo el europeo y el del Estado, que es lo que le gusta a la Junta echando balones fuera y diciendo que esto es un problema de muchos, como si no fuera solo nuestro en el ámbito más importante. Por eso, yo creo que entre las medidas que hay que adoptar –como estamos diciendo- están las acciones dirigidas precisamente hacia la mujer en el medio rural.

Sin promocionar su papel, sin reforzarlo, sin trabajar para que la mujer rural sea eje vertebrador con las políticas concretas por parte de la Junta de Castilla y León, el Gobierno de la Nación y todas las Administraciones competentes, estamos destruyendo lo poquísimo que nos queda para mantener un mínimo de estructura poblacional en nuestro territorio.

En el PSOE este planteamiento lo tenemos muy claro y hemos trabajado, precisamente, con este objetivo. Así, en nuestro programa electoral para las elecciones generales, proponíamos un programa específico para el apoyo de las mujeres rurales que, relacionado con los programas de desarrollo rural, incluyera varios ámbitos, como establecer acciones concretas para la incorporación de las mujeres rurales a la actividad emprendedora con criterios de prioridad, beneficios fiscales y bonificaciones en las cotizaciones sociales; dos, prestar una especial atención a las medidas de conciliación y corresponsabilidad adaptando los planes y medidas de igualdad de las Administraciones públicas en el ámbito rural; tres, impulsando la Ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, aprobada por el anterior Gobierno socialista, que no se ha puesto en marcha por falta de voluntad política del Partido Popular; y cuatro, impulsar un plan de igualdad específico para reducir la brecha digital en materia de género, que facilite y promueva una mayor presencia en la sociedad digital de las mujeres como creadoras de contenidos en la red y promotoras de proyectos TIC.

Y, además, en Castilla y León defendemos, en nuestro programa autonómico, la creación de un pacto por las mujeres en el ámbito rural, consensuado con las asociaciones de mujeres rurales, estableciendo medidas y financiación concretas, con el fin de incidir especialmente en la cotitularidad de las explotaciones, el empleo, la igualdad... la igualdad salarial, la formación profesional, la ayuda a las mujeres emprendedoras, el fomento del cooperativismo, el transporte público, la conciliación, el acceso a las nuevas tecnologías, la atención a las víctimas de violencia de género, la educación y la sensibilización social.

Además, desde el PSOE en el Gobierno de España se tuvo como una de las prioridades a las mujeres del mundo rural, como queda patente en las dos leyes más importantes que se aprobaron en los últimos años dirigidas al medio rural y específicamente a las mujeres: la citada Ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias y la Ley de desarrollo sostenible del medio rural.

Otros, el Partido Popular, deben de asumir las responsabilidades de haberlas arrinconado, de no desarrollarlas y no profundizar en las mismas eliminando los presupuestos que las hubieran hecho factibles, lo mismo que ha pasado con la Ley de Dependencia, que precisamente ayer cumplió su décimo aniversario, y que también tiene o debería de tener un fuerte impacto positivo en el medio rural de Castilla y León.

Creemos que hay que activar cuanto antes estas dos leyes socialistas y profundizar en las mismas. De esa manea se conseguiría, por un lado, el reconocimiento del trabajo de las mujeres en la parte más sensible de nuestro territorio, donde su aportación ha sido fundamental para el desarrollo de las explotaciones agrarias, y, por otro, apostar firmemente por el empleo y el empoderamiento de las mujeres en las zonas rurales. Y todo ello para dotarlas de los instrumentos básicos que permitan que se constituyan como pilares esenciales del mantenimiento de la población en nuestros pueblos.

Por ello, les proponemos una enmienda de adición en esta línea, que incluya dos puntos más en su propuesta de resolución. Y sería de la siguiente manera. "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

Uno. Exigir al Gobierno de la Nación a incluir en los Presupuestos del año dos mil diecisiete los recursos necesarios para desarrollar la Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural, junto con el compromiso de participar con sus propios Presupuestos autonómicos a tal fin.

Y dos. Elaborar un pacto por las mujeres en el ámbito rural, consensuado con las asociaciones de mujeres rurales, que contemple específicamente, al menos, las siguientes medidas con financiación en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma: apoyo a la cotitularidad en explotaciones agropecuarias, plan de empleo a la mujer rural, programa para la igualdad salarial, medidas de fomento de la formación profesional, ayudas a las mujeres emprendedoras, fomento del cooperativismo de mujeres en el medio rural, mejoras del transporte público, programa específico de conciliación familiar en el ámbito rural, facilidades para el acceso en las nuevas tecnologías, programa de atención a las víctimas de violencia de género y acciones de mejora de la educación y la sensibilidad social".

Esperemos que le guste y acepte esta enmienda que hacemos a su propuesta. Por lo demás, aunque como hemos dicho que demasiado general, votaríamos a favor, pero, evidentemente, creemos que enriquecería bastante la propuesta con la enmienda que les presentamos. Nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular y en un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora Irene Cortés.

LA SEÑORA CORTÉS CALVO:

Sí. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Bien, voy a empezar mi intervención como pensaba haberla iniciado, dando el apoyo a la propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, entendiendo que es una necesidad el seguir desarrollando medidas de consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y sobre todo en el medio rural. Yo creo que su argumentación ha sido clara y que ha sido, además, coherente con la resolución que propone.

Sin embargo, el resto de mi intervención la voy a... la voy a cambiar porque creo que hay una serie de conceptos que no están claros o que creo que están confundidos por el resto de portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.

En este sentido... -bueno, a excepción del Grupo Mixto, eso sí que lo tengo que decir- en este sentido, decir que el Plan para la Promoción de Mujeres Rurales es un plan que se desarrolla y que nace a nivel estatal, con la connivencia y la colaboración de todos los Gobiernos autonómicos que componen este país. Por lo tanto, las medidas y las políticas a las que hay que instar obviamente son las del Gobierno de nuestro país, ¿eh?

Y, refiriéndome al portavoz del Grupo Socialista, con respecto a las peticiones que hayan de hacerse en relación a la Junta de Castilla y León, digamos que –si se me permite la ocasión... la expresión, perdón- es harina de otro costal. Las políticas de la Junta de Castilla y León en materia de igualdad son una cosa y aquellas actuaciones que emanan de la puesta en funcionamiento del Plan nacional para la Promoción de las Mujeres Rurales, pues son otras.

En este sentido -añadiré después a una propuesta... una enmienda in voce-, el ámbito en el que se debe desarrollar estas propuestas es la Conferencia Sectorial de Igualdad; no por nada, ni por capricho ni de este grupo ni del Gobierno de la Junta de Castilla y León ni de nadie más, sino porque es el órgano en el que se debaten las políticas en materia de igualdad a nivel nacional, en el que están representados los responsables de las distintas Consejerías en materia de igualdad en el conjunto de España. Y es ahí, señora portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, donde se hace el reparto presupuestario de los Presupuestos nacionales en relación a este plan y en relación a otras medidas que han de repartirse en el conjunto, o entre el conjunto de los Gobiernos autonómicos y Ceuta y Melilla; no por capricho de nadie, sino porque esto está establecido así. En su caso, puesto que no han llegado a gobernar todavía, lo entiendo; pero, aunque sean Oposición, señores del Partido Socialista, ustedes sí que gobiernan en otros sitios. Me sorprende muchísimo que estén trasladando en esta Comisión planteamientos como los que han trasladado. Le diré, en este sentido, que la Junta de Castilla y León tiene un Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020; un Plan específico de apoyo a las mujeres del medio rural de Castilla y León 2010-2015, que tuvo como objetivo consolidar la igualdad de oportunidades y apoyar la permanencia de las mujeres en el medio rural, un Plan específico de apoyo a las mujeres del mundo rural que contó con 190 millones de euros. Se han realizado actuaciones de formación, asesoramiento para el empleo y el emprendimiento. Está todavía en funcionamiento el Plan IO Empresas para la promoción en el empleo de las mujeres entre las empresas del mundo rural.

Otra de las variables que hay que tener en cuenta además, como bien decía la portavoz de Podemos, en el medio rural no es que sean autónomas, sino que tengan también los servicios necesarios para que les permita quedarse a vivir en el medio rural y que, de esa manera, como también ha explicado la portavoz proponente, se fije la población en el medio rural, porque uno de los elementos fundamentales de la fijación de población en el medio rural es que la mujer tenga condiciones para poder desarrollar su vida en el medio rural.

Y, en este sentido, la Junta de Castilla y León mantiene 3.655 consultorios locales de pequeños municipios, con presencia de médicos y enfermeras. Más de 700 escuelas unitarias en los pequeños pueblos, para garantizar la educación, 379 son escuelas unitarias, que funcionan con una unidad de... y 328 con dos unidades. El fomento de la red sanitaria y educativa en las áreas rurales, en un año todos los centros educativos públicos de la Comunidad... de todos ellos, 851 de ellos están en municipios de menos de 5.000 habitantes, que además tienen acceso a internet a través de banda ancha, con 40 millones de euros de inversión en los próximos cinco años. Hay 119 Ceas, 63 % del total en el medio rural. Hay más de 800 centros infantiles, ubicados en el medio rural un total de 54. Y 232 centros y 3.248 plazas del Programa Crecemos, para niñas y niños de 0 a 3 años, en los pueblos, que ha creado además 330 empleos y que se han ampliado en 16 centros, lo que suponen 280 plazas nuevas financiadas, 98 de ellas de nueva creación. Y, luego, además, tenemos aprobadas las directrices para la promoción de la mujer, con 68 pautas de discriminación positiva a favor de la mujer en el sector primario, especialmente en el del empleo.

En relación a la labor, en este sentido, que ha desarrollado el Gobierno de nuestro país, decir que se han desarrollado programas, como el Atenea, un programa que dota a las mujeres usuarias de red de herramientas de confianza y seguridad, que hacen que el manejo en las redes... en las nuevas tecnologías, perdón, sea lo más útil y seguro posible. Y otro programa, el Programa CERES, dirigido a la alfabetización digital y empoderamiento de la mujer en el medio rural específicamente. Además de otro, ADA, que es un programa de formación en las TIC en el ámbito educativo.

Por lo tanto, reitero mi apoyo a la propuesta, dejando claro una serie de principios y de premisas que yo creo que no se habían aclarado lo suficiente. Y, en este sentido, ya que ya he explicado y mostrado que se están desarrollando políticas en este sentido, a través de distintos programas, a través de distintas y variadas acciones en Castilla y León, y como también he citado que el ámbito en el que se hace el reparto presupuestario y en el que, además, se debaten y discuten todas las políticas referidas a este ámbito es la Conferencia Sectorial de Igualdad, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente enmienda in voce: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación a impulsar todas las medidas necesarias para seguir desarrollando programas de formación en materia de alfabetización digital y empoderamiento de las mujeres rurales e impulsar el Plan para la Promoción de las Mujeres Rurales 2015-2018, profundizando asimismo en la Ley de Titularidad compartida de Explotaciones Agrarias. Asimismo, se establecerán y aplicarán los controles de seguimiento necesarios para garantizar su cumplimiento y buen desarrollo a través de la Conferencia Sectorial de Igualdad".

Y en este punto, también decir que en el caso de que se incluyeran las enmiendas del Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Popular votaría en contra de la propuesta del grupo proponente. Nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Yo no sé si, antes de fijar el texto definitivo, necesita un receso de un minuto. ¿No? ¿Lo tiene claro? Vale. Pues para fijar el texto definitivo y cerrar el debate, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la señora Belén Rosado.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, presidenta. Pues mi agradecimiento a los grupos parlamentarios por su voto a favor de esta proposición no de ley.

En cuanto a reflexiones que se han hecho aquí en cuanto a esta proposición no de ley, pues decir que, en este caso, al Grupo Parlamentario Podemos, que bien es cierto que el Plan de Promoción de Mujeres del Medio Rural habla mucho de emprendimiento, quizás a lo mejor puede ser que demasiado, pero el emprendimiento es una alternativa. O sea, cuando... la mujer, para fijarse en el medio rural, y en eso estamos todos de acuerdo, necesita empleo, y solo hay dos opciones, o por cuenta propia o por cuenta ajena. También les he hablado de cooperativas, que la cooperativa es una solución a estar en el medio rural y puedes elegir estar por cuenta ajena dentro de una... de una cooperativa, no tiene que ser por cuenta propia.

Por lo tanto, es población, y que la mujer esté en el medio rural es directamente proporcional a tener un empleo, y por eso este plan se desarrolla en esa línea. Son 5.890 millones los que dan en el dos mil diecisiete, y 5.890 millones en el dos mil dieciocho, en total unos 23.000 millones; 23.000 millones bien aprovechados y bien gestionados, desde luego, podrían estar... podrían fijar esa población que necesitamos y fijar a la mujer en el medio rural, darle esos cursos de alfabetización digital, que son necesarios.

Y en cuanto al Partido Socialista, quiero decirle que, si bien es cierto que la exposición de motivos era corta, pues su propuesta de resolución a nuestro grupo le parece demasiado larga, que podría ser una proposición no de ley perfectamente. Y que, desde luego, yo le anuncio que, si ustedes presentan esta proposición no de ley, tendrán nuestro voto a favor. Por lo tanto, yo no se la puedo aceptar, porque descontextualiza el sentido de esta proposición no de ley, que es instar al Gobierno de la Nación. E instar al Gobierno de la Nación porque él es el que tiene que impulsar este Plan de Promoción de Mujeres Rurales 2015-2018, que nosotros consideramos que está dormido, que está dormido y del que se puede sacar muchísimo provecho para nuestra Comunidad. Por lo tanto, no se lo puedo aceptar, pero sí le agradezco el trabajo que ha hecho enmendándolo, porque esta proposición no de ley, como proposición no de ley, es buena y insta además a la Junta a que tome medidas no solo a nivel nacional, sino a nivel de la Comunidad de Castilla y León.

Y en cuanto al Partido Popular, a su grupo, pues agradecerles... agradecerles su voto a favor. Sí le aceptamos la enmienda, porque "seguir desarrollando programas", es cierto que sí que se están desarrollando programas. Hay que hacer mucho más, pero es un camino, es un paso, y, por lo tanto, sí es seguir desarrollando programas. Y a través de la Conferencia Sectorial de Igualdad, pues puede hacer que se establezcan y se apliquen los controles de seguimiento muchísimo mejor de lo que se están aplicando ahora mismo. Por lo tanto, sí acepto su proposición... su enmienda de sustitución.

Y nada, y decir que es fundamental la mujer en el medio rural. Que tenemos que poner todos nuestros grupos el esfuerzo, el esfuerzo y presentar propuestas, porque la mujer y el empoderamiento de las mujeres rurales es fundamental para que la Comunidad de Castilla y León tenga futuro y pueda seguir adelante, y sobre todo para el problema de despoblación que estamos teniendo. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Señoría, como ha aceptado la enmienda del Grupo Popular, ¿nos puede leer el texto, por favor? ¿O nos lo pasan por escrito? Me comenta el letrado que si nos lo pasa por escrito...

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Lo leo y queda...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Aunque lo lea, luego nos lo pasa por escrito, ¿vale?

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Vale. El texto es: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar todas las medidas necesarias para seguir desarrollando programas de formación en materia de alfabetización digital y empoderamiento de las mujeres rurales e impulsar el Plan de Promoción de Mujeres Rurales 2015-2018, profundizando asimismo la Ley de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias. Así mismo, se establecerán y aplicarán los controles de seguimiento necesarios para garantizar el cumplimiento y el buen desarrollo a través de la Conferencia Sectorial de Igualdad". Gracias.

Votación PNL/000925

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Procedemos a someter a votación esta proposición no de ley. ¿Votos a favor? Perfecto. Es que no se me había quedado claro su posición. Vale. Dieciocho votos a favor. Con lo cual, queda aprobada esta proposición no de ley.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Por la señora secretaria se dará lectura del tercer punto del orden del día.

PNL/000926

LA SECRETARIA (SEÑORA JIMÉNEZ CAMPANO):

Proposición No de Ley 926, presentada por los Procuradores don Luis Fuentes Rodríguez, don Manuel Mitadiel Martínez, don David Castaño Sequeros, doña María Belén Rosado Diago y don José Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar un Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 182, de once de octubre de dos mil dieciséis.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Gracias, señora secretaria. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, doña Belén Rosado, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias. Pues, desde Ciudadanos, consideramos que es necesario activar de manera permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, así como aumentar los recursos para los juzgados de violencia de género y activar el acompañamiento judicial personalizado; establecer, a su vez, protocolos específicos para la atención integral a las mujeres que reiteren una denuncia por violencia de género o estén en situaciones de riesgo. Es preciso impulsar medidas que garanticen el acceso prioritario y continuo a los servicios públicos y apostar por la intervención rápida e individualizada, con planes específicos para cada caso.

La lucha contra esta lacra social ha de ser una cuestión de Estado plasmada en un gran pacto social, político e institucional. Esto lo hemos hablado muchas veces aquí, en esta Cámara. Lo que necesita la lucha contra la violencia de género, lo que necesita es un gran pacto social, político e institucional. Así mismo, se puede apostar por la revisión constante de los protocolos existentes, reforzar la prevención y formación mediante campañas innovadoras de sensibilización que utilicen nuevas técnicas y tecnologías para promover la participación activa de profesionales y de toda la sociedad.

Incluiremos en el ámbito de estas medidas la violencia doméstica, la violencia del compañero íntimo, el tráfico de seres humanos -que afecta principalmente a mujeres y niñas-, los crímenes de mutilación genética femenina y otras formas de violencia contra las mujeres (matrimonios forzados y delitos del honor, por ejemplo), apoyando todos los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra esta lacra, que afecta a todos los países del mundo.

Es necesario modificar la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género para adaptar la legislación española a las exigencias del Convenio de Estambul y las recomendaciones de la CEDAW, que España ha ratificado.

Por lo tanto, necesitamos que ese Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género esté activado. Ese plan tiene unos ejes temáticos, que son siete, que son: justicia, seguridad, salud, servicios sociales, información, educación... Lo hemos dicho muchas veces en esta Cámara, es fundamental educar en la igualdad entre hombres y mujeres y en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, desde la infancia y hasta la educación de personas adultas, implicando a padres y madres y al conjunto de la comunidad educativa, y, en particular, a los órganos directivos de los centros de enseñanza. Constituye, a su vez, una tarea primordial dotar de los instrumentos que permiten la detección precoz de la violencia de género que se produzca en la familia del alumnado y en el seno del entorno escolar.

También la comunicación. Los y las profesionales de las agencias de comunicación y publicidad que desempeñen un papel fundamental en la transmisión de valores y principios, que, en lugar de fomentar la existencia de estereotipos discriminatorios, ayuden de forma efectiva a combatir el fenómeno de violencia contra las mujeres.

Y en ejes trasversales tenemos cinco, que son: la investigación y estudio; la formación, la especialización de profesionales, que es igualmente importante garantizar que los y las profesionales que atienden a este fenómeno violento dispongan de una formación que les permita la prevención, la detección precoz, la asistencia y la atención a víctimas y a la rehabilitación del agresor.

También movilización de actores. Se trata de fomentar la movilización de la sociedad en general, y en concreto de determinados actores, como las ONG, asociaciones de mujeres, organizaciones sindicales y patronales, empresas, trabajadoras, trabajadores y otras redes nacionales e internacionales, pues la violencia de género es un problema social que exige que así sea entendido y asumido por el conjunto de la sociedad, cual debe posicionarse frente a esta violencia.

También la coordinación. Promover la coordinación y la colaboración de los distintos actores implicados en el objetivo de erradicación de la violencia de género interinstitucional y también intrainstitucional, y en términos de cooperación activa y corresponsabilidad de las actuaciones.

Y por último, el seguimiento y la evaluación. El plan nacional debe estar sometido a un seguimiento y a una evaluación continua para velar por su cumplimiento y valorar cómo se van adecuando la realidad al fenómeno violento a combatir. Este seguimiento debe posibilitar la redefinición de actuaciones concretas, reforzar las que se... ofrecen buen resultado y la elaboración de nuevas líneas de actuación prioritaria.

La comisión de seguimiento del plan, establecida en la ley integral, será la encargada y es la encargada ahora mismo de evaluar la forma continua del cumplimiento de objetivos y acciones realizadas, y el Observatorio estatal también contribuye al desarrollo de este eje.

Por lo tanto, en esta PNL es una oportunidad para que hoy nos comprometamos todos los grupos políticos y dejemos atrás todos nuestras diferencias ideológicas, porque lo que aquí se pide es un pacto por el Estado... un pacto de Estado contra la violencia de género. Por lo tanto, la propuesta de resolución que hace nuestro Grupo Ciudadanos es que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación a impulsar un pacto de Estado contra la violencia de género para reforzar la lucha contra esta lacra social por medio de un gran pacto social, político e institucional, dotándolo de los medios económicos necesarios. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Bien. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don José Sarrión.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Evidentemente, estamos todos de acuerdo con lo que aquí se plantea, lo que pasa es que yo veo una propuesta que me parece un poco vaga, ¿no?, es decir, me parece un poco generalista. Es decir, un pacto de Estado en contra de la violencia de género, bien, evidentemente lo vamos a votar a favor, lógicamente, pero yo tengo la sensación de que llevamos un año aprobando resoluciones en torno a esta temática y que no llegamos a una concreción clara. Yo lancé una serie de medidas hace poco, cuando hablábamos de elevar... perdón, de rebajar el nivel de riesgo para situar las tobilleras de seguridad para las mujeres que se encuentran en situación... pulseras de seguridad para las mujeres que se encuentran en situación de riesgo, para bajar lo de riesgo extremo al riesgo medio-alto. Yo creo que se pueden plantear medidas concretas, ¿no?, ir a cuestiones, a reforzar lo que son los albergues y los espacios de acogida, lo que son los centros de día. Es decir, yo creo que el debate lo tenemos que plantear más hacia la concreción.

Evidentemente, la defensa de un pacto de Estado contra la violencia de género nos parece algo muy bien, pero tenemos la sensación de que tenemos una tendencia al debate abstracto cada vez que llegamos a estas cuestiones y cada vez que sacamos estos temas, que tenemos una tendencia a realizar resoluciones generalistas de condena y con, seguramente, muy buenas voluntades, cosa que no vamos a poner en duda, pero carentes de una concreción y de medidas claras y concretas para atajar el asunto, que nos parece que es por donde tendría que ir la cuestión.

Dicho esto, por supuesto, estamos convencidos de que la violencia de género, como un mal estructural de nuestra sociedad, sigue invadiendo todos los espacios, y que esta no puede ser erradicada sin que todas sus manifestaciones sean tratadas de forma integral.

La Ley contra la Violencia de Género tiene que contemplar todos los aspectos en que ella se manifiesta. Nosotros apostamos por que tiene que abarcar aspectos como la segregación laboral, la discriminación salarial, el acoso y la explotación sexual, la infrarrepresentación, la objetualización de la mujer, la perpetuación de los roles sexistas; que tenemos que hacer de ello, además, parte de nuestra acción política central, incidir y desarrollar medidas y acciones preventivas dirigidas a la erradicación de la violencia y sus orígenes; que estas medidas, además, tienen que tener un importante grado de coordinación con todas las Administraciones públicas, especialmente con los municipios, y que tienen que tener una dotación presupuestaria suficiente y preferente, que es donde generalmente terminan viniendo los problemas, por el lado presupuestario; y que, evidentemente, tiene que haber un plan de sensibilización tanto a través de medios de comunicación como del sistema educativo que tiene que ser absolutamente prioritarias.

En la lucha contra la violencia de género, además, es importante tener en cuenta que el pilar fundamental que sustenta este tipo de violencia es esencialmente la desigualdad. Si se desarrollan políticas encaminadas a abolir esas desigualdades, igual que si se desarrollan políticas encaminadas a la abolición de la prostitución -que es una forma de explotación sexual, y, por lo tanto, de violencia de género, con tanta entidad de violencia como cualquier otra-, pues se podrá promover... o algún tipo de... ¿Pero me está diciendo que no el Grupo Popular, que la prostitución no es violencia contra la mujer? Ah, de acuerdo, vale, vale. Es que como me negaba que no con la cabeza, digo "a lo mejor la vamos a tener". Vale, vale. [Risas]. Me alegro... me alegro de que no sea así.

Y, por lo tanto, pues estamos por... convencidos de que es necesario desarrollar políticas encaminadas a estas cuestiones como forma extrema –insisto- de violencia de género. Promover, por lo tanto, una regulación también de la publicidad en los medios audiovisuales y escritos que esté libre de contenidos sexistas, evitar esta objetualización que genera finalmente los valores dominantes en nuestra sociedad y, finalmente, enfrentar todo lo que constituyan atentados contra la integridad de las mujeres, sea cual sea el tipo de violencia utilizado.

La violencia contra las mujeres que ha recorrido la historia y que aún en la actualidad ensombrece nuestro estado del bienestar ha de tener, por tanto, sus días contados. Nadie puede hoy poner en duda la necesidad de que todas y cada una de las piezas que componen nuestra sociedad ha de movilizarse para acabar con ella. Erradicar la violencia, por lo tanto, fundamentalmente, es una cuestión de justicia, a juicio de este grupo político, y, por lo tanto, nuestro voto será favorable a esta petición de un pacto de Estado contra la violencia de género, si bien insistimos en que nos parece una medida que está bien como principio, pero que tiene que rellenarse con cuestiones mucho más concretas.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, tiene la palabra la señora procuradora doña María Josefa Rodríguez, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Bien. Muchas gracias. Señorías, como saben, esta propuesta sobre el pacto de Estado contra la violencia de género ha sido recientemente debatida en el Congreso de los Diputados, a instancia del Partido Socialista. Allí nuestro grupo votó a favor, como lo haremos aquí, sin embargo creemos necesarias algunas consideraciones.

Nuestro grupo es consciente de la falta de sensibilización colectiva en esta cuestión. Es consciente también de la necesidad de la consecución del objetivo común que es que dejen de asesinarnos. Sin embargo, no es la primera vez ni será la última en que este grupo cuestione que, aunque el objetivo sea común, ni compartimos el análisis previo ni los métodos de intervención ni el significado de violencia machista. Es por esto que nos parece complicado llegar a un pacto común.

Saben que fue un pacto común la ley estatal contra la violencia y la ley estatal de igualdad. Lo fueron porque anunciaban algo nuevo: el compromiso de poner sobre el tablero político las desigualdades entre hombres y mujeres y las herramientas para convertirlas.

¿Deberíamos revisar esas leyes? Pues sin duda. Es necesario evaluarlas, trabajar sus objetivos, lo no conseguido, la falta de recursos, los problemas encontrados, la necesidad –en su caso- de reformarlas. No pretendemos santificar esta legislación, pero sí debemos tener claro que no fue la legislación la errónea, lo fue su ejecución. Es necesario repetirlo, pues da la impresión de que estamos perdiendo la perspectiva, y –lo repito- la legislación -susceptible de revisión- supuso un pacto y los partidos ejecutores durante estos años han sido los culpables de romper ese pacto. Por eso nos preocupa sobremanera este ímpetu por los pactos de Estado. ¿Quieren un pacto de Estado? Eduquen a los... en los colegios a niños y niñas en igualdad. ¿Quieren un pacto de Estado? Introduzcan estudios propios de género en todas las universidades. ¿Quieren un pacto de Estado? Formen agentes en igualdad. ¿Quieren un pacto de Estado? Dispongan mecanismos de protección multidisciplinares y especializados en violencia machista. ¿Quieren un pacto de Estado? Blinden, sin fisuras y sin demora, en estos mismos Presupuestos que están por venir el presupuesto destinado a la violencia machista.

Sin todo ello, pasará como se dio con la legislación: papel mojado. No queremos más papel, queremos una realidad que nos mantenga con vida y sin violencia. Porque no nos vale con pactos que se evaporan. Menos lacitos violetas los 25N y más sensibilización colectiva en nuestro entorno, nuestras familias y nuestros partidos políticos.

No queremos decir con esto que estemos en contra de un pacto de Estado, pero nos gustaría saber si esto va a servir para algo más que no sea la visibilización del problema social, que, desde luego, no decimos que no sea importante, pero es que, oigan, eso debiera de haberse hecho a finales de los años noventa, cuando la problemática estructural de la violencia machista dejó de estar en el ámbito privado y paso al ámbito público.

Hoy un pacto de Estado creemos que sustancia el fracaso de esta Comunidad y de este país por no haber sido capaces de desarrollar plenamente la lucha integral contra la violencia machista. Quisiéramos creer que este pacto solucionará la problemática machista, pero mucho nos tememos que las medidas que lo sustancien seguirán sin cumplirse. Damos un segundo paso sin haber afianzado el primero.

Otra cosa nos preocupa: ¿se contemplará en este pacto las múltiples violencias?, ¿ajustaremos medidas para atajar la violencia sexual, la violencia simbólica o la violencia económica? Sinceramente, un pacto contra la violencia machista en los términos propuestos supondría creer que todos los partidos políticos compartimos los mismos análisis, la misma perspectiva feminista y las mismas ideas sobre qué significa la violencia machista. Sin embargo, y discúlpenme, el partido político proponente se vio obligado a quitar, en segundas elecciones, de su programa político la simetría penal en casos de violencia, algo que habían defendido sin pudor antes. Igualaban violencia de género a violencia doméstica. Hasta una de sus representantes se atrevió a decir que tan malo es que un niño vea a su padre matar a su madre como al revés.

El grupo proponente aboga por la custodia compartida sin acuerdo, por la maternidad subrogada, afirma la existencia del síndrome de alienación parental, no creen en las cuotas y pretendían una reforma de permisos de paternidad y maternidad que era perjudicial para las mujeres. Por tanto, disculpen si les molestó –como afirmó tan vehemente su portavoz hoy aquí en el Pleno- nuestra compañera Laura cuando les dijo que no defendían los derechos de las mujeres, pero es que sus medidas políticas son nefastas para las políticas de igualdad, y en consecuencia nefastas para luchar contra la violencia machista.

Y lo mismo nos sucede con el grupo... con el Partido Popular, que más veladamente recorta los derechos de las mujeres con sus políticas antipersona. Son los culpables de la nula implantación de las leyes de igualdad y contra la violencia. ¿O tenemos que recordarles el recorte respecto al plan de igualdad y el de violencia, antes separados, con un presupuesto diferenciado, y ahora juntos, bajo el mismo presupuesto, que es menor respecto de los dos anteriores? Ustedes, que tampoco están a favor de las cuotas o que han votado en contra en el Congreso de los permisos de maternidad-paternidad iguales e intransferibles. El partido que a nivel nacional destina 0,0005 % del Presupuesto a políticas en prevención de violencia. Y me dirán: no, si las competencias son autonómicas. Recortes, recortes, recortes, a nivel autonómico también.

De verdad, discúlpenme, pero nuestro grupo no está por la labor de mirar para otro lado mientras parece que todos los grupos asumimos ese pacto como lo mismo. Un pacto basado en las buenas intenciones seguirá sin cumplirse; sin blindar un presupuesto específico cada año; sin dar importancia a la educación de menores; a la formación integral de especialistas en intervención; a mecanismos contra el agresor y desvictimización de las mujeres; a campañas contundentes que condenen el machismo; a mejor intervención multidisciplinar, con más recursos y más personal. Seguiremos sin hacer nada productivo. Ojalá aprobar el pacto de Estado supusiera cumplirlo.

Nosotras votaremos a favor de su aprobación con la total convicción de que quien hasta ahora no ha compartido el machismo... no ha combatido el machismo que nos asesina no lo va a empezar a hacer hoy por votar a favor de esto. Insisto, menos lazos violetas y más lucha contra el machismo asesino.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor... la señora procuradora doña María José Díaz-Caneja.

LA SEÑORA DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias. Como ha dicho la procuradora del Grupo Parlamentario Podemos, en el Pleno del Congreso de Diputados celebrado el día quince de noviembre, se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados una iniciativa acordada por el Partido Socialista y el Partido Popular para promover un pacto de Estado para luchar contra la violencia de género.

No fue una propuesta abstracta, tiene doce puntos completos y en... son la base... porque son la base para negociar y recuperar el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, que se fraguó vinculando a todos en un compromiso no solo contra la violencia de género, sino también contra el sexismo que la alimenta. Además esta iniciativa aprobada por unanimidad crea el marco adecuado para negociar un pacto, que todavía el pacto no existe. Primero hay que crear una subcomisión que elabore, en el plazo de cuatro meses, un informe en el que se identifiquen los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia machista y proponga las reformas que deben acometerse. Además, en este texto aprobado se crea una comisión de seguimiento del pacto, que se reunirá siempre que lo requieran las circunstancias y, en todo caso, al menos una vez al año. Esto en cuanto a las iniciativas a nivel nacional.

En el ámbito autonómico, en el pasado... en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día veintidós de noviembre, se debatió la Proposición No de Ley 1083, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en el que instábamos a la Junta de Castilla y León a la adopción de diversas medidas contra la violencia de género y, a su vez, que instara al Gobierno de España para poner en marcha otras actuaciones.

Si nos quedamos únicamente a los doce... nos fijamos únicamente en los doce puntos de la propuesta aprobada en este Parlamento, en los que se insta al Gobierno en el punto 2.1 –y leo textualmente-, hemos aprobado entre todos "Promover un Pacto social, institucional, político y contra la violencia de género, que, en el plazo de seis meses, incremente las medidas de prevención, asegure la protección de las mujeres en riesgo, combata toda complicidad con los agresores, incorpore al sistema de protección a los hijos e hijas menores, sancione con eficacia a los culpables y proporcione medios y medidas para la atención a las víctimas". Este plazo coincide exactamente con el acordado también en el Congreso de los Diputados para que se... para que se acuerde el pacto con los representantes de las Comunidades Autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, Administraciones de Justicia, asociaciones sindicales, empresariales y asociaciones civiles.

Los puntos... el resto de esos doce puntos coinciden básicamente con los recogidos en la enmienda aprobada en el Congreso de los Diputados, pero aquí, a mayores, se aprobaron otros dos puntos que a nuestro juicio son esenciales para luchar contra la violencia de género, que son: el punto 2.6, que insta a publicar la lista de maltratadores con sentencia firme como herramienta de prevención de la violencia de género; y el 2.8, que insta a elaborar de manera urgente un plan de acción contra la violencia sexual en todos los ámbitos, que incluya la recogida y difusión de datos para la sensibilización social y la elaboración y evaluación de objetivos, medidas de prevención, servicios de atención a las víctimas sin discriminación alguna, asistencia letrada y tratamiento judicial especializados con enfoque de género. Un plan de acción contra la violencia sexual para hacer frente al rearme del machismo producido por el avance de la igualdad.

Aunque en el año dos mil quince ya instamos a la Junta a exigir al Gobierno de España la adopción de este acuerdo social, político e institucional contra la violencia de género y obtuvimos una respuesta negativa, es un buen síntoma que esta propuesta fuera aprobada por la unanimidad de todos, porque es esencial llegar a un acuerdo que comprometa a toda la sociedad y porque son necesarias respuestas contundentes y eficaces frente a la violencia de género, y, además, es necesario hacerlo de manera urgente, acotando los plazos.

Por ello, aunque este grupo parlamentario siempre va a votar a favor de cualquier pacto que... encaminado a erradicar la violencia de género, sí quisiéramos que, dentro de la propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, se acotaran los tiempos. Por eso, en una enmienda in voce, que la única modificación que le queremos hacer es que añadiera el plazo de seis meses. Lo voy a leer cómo quedaría. Quedaría: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación a impulsar, en el plazo de 6 meses, un pacto de Estado contra la violencia de género para reforzar la lucha contra esta lacra social por medio de un gran pacto social, político e institucional, dotándolo de los medios económicos necesarios". Lo que varía únicamente es un plazo para acotar. Esto es todo. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña María Ángeles García.

LA SEÑORA GARCÍA HERRERO:

Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y, como se ha dicho aquí, la violencia que se ejerce contra las mujeres es una de las principales causas de vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas, y, como tal, resulta inadmisible en un Estado democrático y de derecho del que formamos parte todos, señora Rodríguez, independientemente de la ideología política de cada persona. Pero, en un Estado de derecho, del que formamos parte todos, están incluidas todas las mujeres.

Cada persona, desde cualquier ámbito, puede implicarse activamente para... en la eliminación de estereotipos y barreras que dificultan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En este sentido, el presidente de la Junta de Castilla y León se comprometió a impulsar un gran pacto social que unificara en una sola voz la repulsa ante la violencia de género, y que cada uno pudiera aportar su granito de arena para conseguir una convivencia basada en los principios fundamentales de respeto e igualdad.

Y todo esto, en nuestra Comunidad, el veinticinco de noviembre de dos mil nueve, se transformó en la aprobación de la declaración conjunta en Cortes de todos los grupos parlamentarios presentes en aquel momento de un Pacto Social contra la Violencia de Género. Un gran pacto donde ser recoge el rechazo de cualquier comportamiento de violencia y actitudes de desigualdad y discriminación por razones de género, y donde se asumen compromisos en la lucha contra la violencia de género en Castilla y León.

La finalidad del Pacto Social en Castilla y León, señor Sarrión –que ahora mismo no se encuentra-, fue vincular a toda la sociedad para conseguir un rechazo a la violencia de género y fomentar la convivencia basada en el respeto y en la igualdad -se lo comentaba porque no entendía muy bien lo que era... lo que se pretendía con un pacto, pues le estaba explicando un poquito lo que se pretendió con el Pacto Social en Castilla y León, ¿no?-, y se trata de trabajar en pro de una sociedad activa, donde la vida y las personas sean el centro de las actuaciones, donde se reconozca la convivencia pacífica como eje vertebral de la sociedad y de las vidas de todas las personas.

El Pacto Social contra la Violencia de Género fue una iniciativa de movilización y... y sensibilización, perdón, de toda la sociedad; todas las personas, las organizaciones empresariales, las instituciones, las asociaciones, las organizaciones sindicales, los medios de comunicación, los distintos centros educativos formamos parte de la sociedad, y todos y todas tenemos la obligación moral de implicarnos en la erradicación de este grave problema.

Este pacto es un documento abierto a toda la sociedad castellano y leonesa para que cualquier entidad o persona, a título individual, pueda manifestar su adhesión, a través de un formulario disponible desde la web de la Junta de Castilla y León. Por lo que es un objetivo prioritario para la Junta de Castilla y León prevenir las actitudes de violencia de género, asistir y proteger a las víctimas.

Por ello, estamos inmersos en la implantación del modelo de atención integral a víctimas de violencia de género, con el programa Objetivo Violencia Cero, que usted, señora Rosado, es lo que ha definido, prácticamente, en sus peticiones para el gran pacto nacional que... al que insta al Gobierno de España. Y por el que... por este Objetivo de Violencia Cero es por el que se establecen las directrices de funcionamiento construidas con el trabajo en red de todos los agentes públicos y privados que actualmente intervienen en la atención a las víctimas de violencia de género en esta Comunidad.

Por este motivo, entendemos positiva y aceptamos esta iniciativa de solicitar al nuevo Gobierno de la Nación un pacto de Estado contra la violencia de género, tal y como se ha realizado en Castilla y León.

Este grave problema creo que nos preocupa a toda la sociedad, y prueba de ello, como también se ha dicho aquí, recientemente, todos los partidos políticos del Congreso de los Diputados han aprobado, por unanimidad, una proposición no de ley comprometiéndose con un pacto de Estado en materia de violencia de género.

Señorías, todos han visto, todos tenemos claro la necesidad de trabajar de forma conjunta en la erradicación del ataque a los derechos humanos de las mujeres que supone la violencia de género. Y esto... y esto se lo digo a usted, señora Rodríguez Tobal, que parece que hay mujeres que se lo merecen por tener una ideología y mujeres que no existimos por tener otra ideología -lo dijeron ayer, lo vuelven a repetir hoy-, esto no es cuestión... –y lo vuelvo a repetir- esto no es cuestión de ideología política; esto es cuestión de intentar erradicar este grave problema. No es cuestión de ser de una ideología o de otra. Esto es cuestión, y ojalá que con este gran pacto social, si se llega adelante y se cumple, y ojalá que se consiga, se consiga erradicar este grave problema y esta lacra que sufrimos toda la sociedad, no solamente en Castilla y León, sino a nivel nacional. Nada más. Y muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, doña Belén Rosado.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, vicepresidente. Pues hoy estamos a quince de diciembre de dos mil dieciséis, y lo único que veo, es cierto, es una propuesta genérica y es una propuesta que nunca tendría que haber llegado a estas Cortes, pero es que no está hecho el pacto de Estado contra la violencia de género. Y en una sociedad como la nuestra parece increíble que, a quince de diciembre de dos mil dieciséis, pues todavía no esté firmado. Genérico sí, pero es que no está. Y como no está, pues Castilla y León tiene que posicionarse, las Cortes de Castilla y León tienen que instar a la Junta para que solicite al nuevo Gobierno pues que esté, que esté este pacto de Estado contra la violencia de género. Que, además, en la propuesta de resolución lo pone claramente, que refuerce la lucha contra esta lacra social -porque es una lacra social- por medio de un gran pacto social, político -de todas las fuerzas políticas- e institucional -de todas las instituciones-, y que lo dote... -porque este pacto, sin dotación presupuestaria, es cierto, no valdría para nada- que lo dote de medios económicos necesarios. Por lo tanto, lo que... lo que quiere decir esta proposición no de ley es que se firme ya, que se... que se impulse ya.

Quiero agradecer el voto a favor de todas las fuerzas políticas. Y quiero al partido... al Grupo Parlamentario Socialista decirle que si puede aceptar, en vez de "impulsar en 6 meses", "impulsar en un año" el pacto, puesto que en 6 meses va a ser casi imposible porque están... están los Presupuestos. Luego, si no, lo... hacemos una recesión y lo... un receso y lo... y lo debatimos.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Tiene que fijar usted el texto, si acepta o no acepta, el texto definitivo que fije la posición. [Murmullos]. ¿Está pidiendo... está pidiendo un receso?

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Un receso para acordar con el Partido Socialista...

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Vale. De acuerdo. ¿Hacemos un receso de un minuto, por ejemplo? ¿Dos minutos? Vale, pues hacemos un receso de dos minutos.

[Se suspende la sesión durante unos minutos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Sí. Pues, si les parece, reanudamos. Tiene usted el uso de la palabra para fijar, por favor, el texto definitivo de la resolución.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Pues, una vez consensuado con las fuerzas políticas, sería: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación a impulsar, en el plazo de 6 meses, un pacto de Estado contra la violencia de género para reforzar la lucha contra esta lacra social por medio de un gran pacto social, político e institucional, dotándolo de los medios económicos necesarios". Gracias.

Votación PNL/000926

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Bien. Como se ha modificado el texto definitivo de la resolución, si cualquier grupo parlamentario quiere hacer uso de la palabra... No. Bueno, pues, no siendo así, concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Pues el resultado de la votación es: votos emitidos, dieciocho; dieciocho votos a favor. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley debatida.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Por la señora secretaria se dará lectura del cuarto y último punto del orden del día.

PNL/000555

LA SECRETARIA (SEÑORA JIMÉNEZ CAMPANO):

Proposición No de Ley 555, presentada por los Procuradores doña Ana María Muñoz de la Peña González, doña María Josefa Díaz-Caneja Fernández, don Álvaro Lora Cumplido, don Jesús Guerrero Arroyo y doña Virginia Jiménez Campano, instando a la Junta de Castilla y León a elaborar y a aprobar en el primer semestre del 2016 el Programa de Comunicación que desarrolle las medidas comprendidas en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 111, de siete de abril de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, y por un tiempo máximo de diez minutos, doña Ana María Muñoz de la Peña.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, presidenta. Nuevamente el Grupo Socialista trae para su debate y sometimiento a votación una iniciativa que plantea el desarrollo de la Ley 2 del año dos mil trece, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, una ley carente de reglamento que amplíe el articulado de esta ley, que concrete, que fije y determine esta ley. Pues, en ausencia de este reglamento, evidentemente, lo que estamos tratando es de impulsar el cumplimiento... el cumplimiento de esta ley allí donde no se está cumpliendo, con objeto de favorecer el uso, pues, por ejemplo, de sistemas alternativos de comunicación para mejorar la accesibilidad a la información y a los servicios de las personas con discapacidad.

La Disposición Adicional Tercera de la ley establece -y leo textualmente- que "En el plazo máximo de dos años -desde la entrada en vigor de la ley- la Junta de Castilla y León aprobará el Programa de Comunicación de duración cuatrienal que desarrollará todas las medidas necesarias comprendidas en la ley en materia de comunicación y discapacidad".

Pues bien, la Junta de Castilla y León, dentro de su ámbito competencial, debería adoptar medidas de acción positiva para atender a las personas con discapacidad, mejorar su calidad de vida y autonomía personal y posibilitar su incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social. Estas medidas deberían adecuarse, o deberán adecuarse a las necesidades específicas de comunicación, y concretas, que tenga cada una de las personas con discapacidad.

Necesitan contar con apoyos específicos destinados a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que las personas con discapacidad presentan en sus necesidades de comunicación. Contar, por ejemplo, con las ayudas y servicios auxiliares como sistemas aumentativos, alternativos, sistemas de apoyo a la comunicación oral, lenguaje de signos, sistema de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación. Una cuestión, desde luego, de... hablamos de educación, de sensibilización, hablamos de inclusión, de concienciación, hablamos básicamente de igualdad. Hablamos del derecho fundamental a... de acceso a la información, que en muchas personas con discapacidad se ve limitado por sus especiales circunstancias, que le impiden en muchos casos a acceder a esta información, a esta comunicación.

Por tanto, es necesario desarrollar la ley. Y las leyes las hacemos para cumplirlas, por lo tanto, es imposible no aplicar la ley allí donde no se ha completado su regulación, o donde no se han articulado los mecanismos necesarios para activar esta ley, ponerla en marcha y, desde luego, contar con los recursos necesarios que estas personas necesitan para plantear la comunicación.

Evidentemente, si la ley establece un plazo de dos años para confeccionar un programa específico de comunicación para las personas con discapacidad, pues simplemente, y la iniciativa es tan sencilla como que hágase, cúmplase la ley. Facilitemos la información, comunicación, acceso a la documentación y a la información, en todos los ámbitos posibles, a las personas con discapacidad, de manera que tengan sus programas específicos, tal y como establece la Ley de Igualdad para las Personas con Discapacidad. Esperando contar con el apoyo y respaldo de todos los grupos políticos, por el momento, nada más. Presidenta, gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don José Sarrión.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Muchas gracias. Nada, con muchísima brevedad. Nosotros estamos de acuerdo con lo que se plantea, tanto en la argumentación como en la propuesta de resolución. Y, por lo tanto, vamos a emitir un voto favorable para que se apruebe el programa de comunicación en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. En definitiva, que se cumpla la ley, ¿no? A ver si es posible que dejemos de debatir iniciativas y proposiciones que van dirigidas a que se cumpla la normativa realmente existente, ¿no?, que es una cosa que es una costumbre y que empieza a producirse ya en bastantes Comisiones.

Yo, esta misma mañana, denunciaba públicamente, y he registrado una proposición no de ley también, porque se está... no se está cumpliendo una posibilidad que abría el Gobierno de España en relación con acreditaciones profesionales para trabajadoras... –digo trabajadoras porque es un colectivo sencillamente feminizado- de atención a la dependencia en residencias y ayuda a domicilio.

Hace poco hemos estado debatiendo también otras proposiciones acerca de incumplimientos o falta de desarrollo, sencillamente, de normativas y de leyes. Y, en definitiva, pues, como hemos dicho muchas veces en esta Comisión, que las leyes son para desarrollarse y son para cumplirse. Por lo tanto, parece bastante evidente que hay emitir un voto claramente positivo en esta proposición.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora Belén Rosado.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, presidenta. Pues nuestro voto a favor también de esta proposición no de ley, porque, cuando nos reunimos siempre con los colectivos de discapacidad y con todas las asociaciones, siempre dicen que uno de los... lo primero que quieren es que se cumpla, que haya este cumplimiento de la ley en ciertas... en más facetas, pero también en esta del programa de comunicación. Por lo tanto, nuestro voto a favor. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora Rodríguez.

LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Muchas gracias. Pues bueno, claro que apoyaremos esta propuesta del Grupo Socialista. Efectivamente, la Disposición Adicional Tercera de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad establece que la Junta tendría que aprobar, en un plazo máximo de dos años, el programa de comunicación, de duración cuatrienal, que desarrollaría todas las medidas necesarias comprendidas en esta ley en materia de comunicación y discapacidad. El veinticuatro de mayo de dos mil trece se publicó en el BOCYL, con lo que vamos para dos años de retraso. Y estamos en lo de siempre: un Ejecutivo que no ejecuta; que incumple sistemáticamente las leyes aprobadas por el Legislativo, sin ningún pudor, y que pone de manifiesto la urgencia de regeneración de una Administración caduca y plagada de vicios.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. [Murmullos]. Señora Tobal, por favor... En turno de fijación de posiciones, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, a través de la señora doña Mar González.

LA SEÑORA GONZÁLEZ PEREDA:

Gracias, presidenta. Señora Muñoz, voy a empezar ya, para que nos dé tiempo, a través de mi discurso... Le voy a presentar una enmienda, porque su propuesta de resolución, en primer lugar, dice "... en el primer semestre de dos mil dieciséis", como comprenderán ustedes, es imposible, si han leído la propuesta de resolución. Y en último... tal, dice "... la ley de..." o sea "... de las medidas comprendidas en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas..."; mi enmienda va en esta línea, y trataré de explicarme.

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a la elaboración y aprobación en esta legislatura –añadimos-, en colaboración con el CERMI de Castilla y León, del Programa de Comunicación que desarrolle las medidas comprendidas en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad".

Creo, señoría, de verdad, profundamente, que es verdad que en el fondo estamos de acuerdo, en el fondo de la cuestión, incluso asumimos la tardanza de estas medidas, y que... pero, aun así, pensamos que esto recoge mucho mejor el sentido de las políticas. En todo caso, ya le adelanto que, si no se aceptase, votaríamos incluso a favor de la suya, pero me parece que sería mucho más coherente, y lo voy a decir así.

Y lo digo porque consideramos esencial, en primer lugar, constituir un grupo de trabajo, en el que incluyan las aportaciones del Comité Autonómico de las Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León, que es el CERMI, de ahí que proponemos, puesto que esta es la plataforma de representación, defensa y acción de los ciudadanos de Castilla y León y con discapacidad.

Y hoy hemos hablado muchísimo del tercer sector, y esta, una vez más, yo creo que es una forma de incluir dicho sector en la misma, si realmente, tal como quedó patente hoy en el debate que hemos tenido esta mañana, todos los grupos estamos a favor de ellos; y los hechos se demuestran andando.

Dicho grupo de trabajo estaría formado, lógicamente, por profesionales y expertos. ¿Y por qué planteamos ese segundo... coletilla del guion? Porque incluso los expertos, y así hemos recogido sus consideraciones, creen que es mucho mejor incluir las directrices del programa de comunicación dentro del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad, que fue mucho más reciente la aprobación. Luego, señorías, se sigue actuando, los planes... se desarrollan los programas y se hacen planes y estrategias de actuación, y, además, este fue presentado en julio de dos mil dieciséis, por eso creemos. Y nos parece además mucho más acertado meter estas medidas de comunicación de una forma más completa y actual ajustadas al mismo.

Es cierto que, dentro del impulso normativo en relación con la comunicación de las personas con discapacidad, las nuevas tecnologías son una magnífica oportunidad para las personas con discapacidad, y así viene recogido en el último Informe de Tecnología y Discapacidad, publicado en julio de dos mil quince, donde dice que seis de cada diez personas con discapacidad han mejorado su calidad de vida integral gracias a las nuevas tecnologías.

Por tanto, reconocemos que corresponde a los poderes públicos poner en marcha todas aquellas medidas necesarias para que estas nuevas tecnologías sean accesibles a todos, y especialmente a aquellos individuos que tienen mayores dificultades en el acceso a la información, por lo tanto, permitir que lleguen a una información accesible para todos.

Cuando hablamos de accesibilidad, a veces, hablamos de barreras arquitectónicas. Y no solo son esas barreras visibles; hay unas barreras invisibles que son muy importantes y en las que podríamos hablar de comunicación, la información o el conocimiento. Y, en este caso, yo creo que todos estamos hablando de este tipo de barreras.

Aun así, me gustaría decir que en Castilla y León se han aprobado dos leyes claves en este sentido. Una fue la 7 de dos mil diez, de marzo... del treinta y uno de marzo, General de Comunicación Audiovisual; no me voy a extender en ellas, pero sí que quiero hacer referencia al Artículo 6, que es la accesibilidad para las personas con discapacidad, y el Artículo 8, que habla de los derechos de estas personas. Y, en segundo lugar, una Ley, que es la 2/2013, que es a la que usted se está refiriendo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, y en que en el Artículo 5 es donde habla de las tecnologías de la información y de la comunicación.

Aun así, como le he dicho anteriormente, reconociendo que es verdad que existe un retraso en este programa de comunicación, y sin que sirva de justificación, pero, en todo caso, es verdad que así ha sido, la consecuencia de la misma es que la elaboración del plan estratégico ha sido una elaboración compleja, muy compleja, a la hora de enmarcar este Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, que he dicho que fue presentado en julio.

En todo caso, quiero poner... o darle voz a lo que dijo en aquel momento, en la aprobación, el presidente de CERMI, Francisco Sardón, que afirmó en la presentación del propio plan que era... que esto significaba un cambio radical y muy importante del modelo, que estábamos hablando, en este momento, de pasar de un modelo hasta ahora meramente asistencial a un modelo que atendía sobre todo a los derechos.

Y le he cambiado, en vez de la Ley de Igualdad, el plan, porque, mire, el plan dedica, en el eje 8, a las medidas de accesibilidad universal y uso de bienes y derechos para las personas con discapacidad, recoge un apartado específico de comunicación, que tiene muchísimas medidas. Yo le voy a decir: impulsar el acceso a las nuevas tecnologías de la sociedad, desarrollar la incorporación del diseño visual de la comunicación audiovisual pública y señalización de edificios y espacios, mantener condiciones para garantizar la accesibilidad al diseño, facilitar documentación básica, las webs... Bueno, estas son las que están.

Y, luego, respecto a CERMI... y hoy, de verdad, me gustaría hacer hincapié en esta organización, porque dentro de ellas están organizaciones y federaciones -que hablamos de los colectivos-, con amplia representación, las más representativas y numerosas del sector de la discapacidad y que forman parte de esta junta directiva. Y, al hacerlo, estoy hablando de Aspace, Autismo, Fapas, la Federación de Asociaciones Sordas, Feacem, Feafes, la Plena Inclusión, Síndrome de Down, ONCE, la Asociación Estatal en favor de la Discapacidad Física o la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.

En todo caso, señoría, existe una buena parte de este trabajo, que ya está realizado, y un punto fundamental de partida, que es ese eje de accesibilidad y las medidas de comunicación contempladas, como le he dicho, en ese plan estratégico; y que creo que sería un punto de partida con un trabajo ya realizado. Nada más. Y espero que nos pongamos de acuerdo.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. ¿Antes de cerrar el debate desea...? ¿No? Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, doña Ana María Muñoz de la Peña.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, presidenta. Estoy, señoría, o estamos, en parte de acuerdo con lo que plantea; en parte, solo en parte. Y voy a tratar de explicar por qué y cuál es la razón. Ciertamente, la fecha... se ha tardado en debatir la iniciativa, ha quedado caducada, y realmente lleva dos años esperando, año y medio esperando, pues porque espere medio año más yo creo que tampoco le va a pasar nada. Lo que, claro, esperar una legislatura completa va a ser mucho tiempo, yo creo que excede y va a ser mucho tiempo. Podemos dejarlo "en el primer semestre del dos mil diecisiete" si le parece bien, o "en el dos mil diecisiete", por ejemplo; bueno, bien, acotar el tiempo. La legislatura completa va a ser mucho esperar, puesto que estamos caducados.

Completamente de acuerdo con la participación del CERMI en el diseño del programa de comunicación. Lo que no estamos de acuerdo... el hecho de crear el grupo de trabajo, ciertamente, es una buena aportación, estamos de acuerdo, una buena aportación. Porque contar con las personas que sufren diariamente esta falta de posibilidades de acceder a la comunicación, porque no tiene recursos, porque esta comunicación no es accesible, evidentemente, nadie mejor que ellos para plantear el problema donde se presenta, y la solución que ellos aportan. O sea, perfecto, sin ninguna duda.

Pero mire, incluir el programa de comunicación, que la ley establece como algo independiente, aparte, que la ley lo eleva a la misma categoría que el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, incluir esto dentro... el programa de comunicación dentro del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades creo que es rebajar de categoría el programa que plantea la ley. Porque, mire, señoría, la ley dice, en la Disposición Adicional Primera, establecer un sistema arbitral, que hemos debatido aquí también. Disposición Segunda, elaborar el Plan de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad. En la Disposición Adicional Tercera, elaborar en el plazo de dos años el Programa de Comunicación. Quiero decir, está en disposiciones adicionales de la ley, está en el mismo nivel de categoría que el Plan de Igualdad de Oportunidades, entendemos que necesita su programa específico de comunicación.

De manera que, en parte, sí aceptamos la aportación del CERMI, sí aceptamos modificar la fecha, pero, desde luego, no podemos aceptar que se sustituya el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad por el Programa Estratégico. Mire, programas... el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, Plan Estratégico que está presentado... está presentado en el mes de junio, o en el mes de julio, con el CERMI, efectivamente, pero que no consta aprobación ninguna, no hay un Consejo de Gobierno que lo haya aprobado, no hay una publicación en el BOCYL con el Plan Estratégico, no conocemos cuándo se aprobó este plan. Una cosa es presentarlo públicamente, igual que se ha estado elaborando y ha habido plazo y oportunidad de presentar alegaciones a este plan, y presentar aportaciones, y una cosa es que se presente públicamente y otra cosa es que esté en marcha, y que esté operativo, y que esté aprobado realmente. No nos consta ninguna aprobación. Si usted conoce exactamente qué Consejo de Gobierno lo aprobó, en qué BOCYL se publicó, pues le agradecería que nos lo dijera, pero no nos consta que esté aprobado.

Entonces, cada cosa... es una cosa distinta, no puede mezclarlo. Porque me doy cuenta también en su intervención, cuando hace referencia a las nuevas tecnologías, "una magnífica oportunidad", pues sí, si estamos de acuerdo, pero es que también la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad te dice... dice, en la Disposición Adicional Cuarta, que se elaborará un programa de nuevas tecnologías. Que creo que es una iniciativa también registrada por este grupo, pendiente de debate, que cualquier día debatiremos aquí. Quiero decir, no podemos estar impulsando continuamente el que la Junta de Castilla y León cumpla las leyes que aprueba; es que es su obligación; a nadie se le ocurre plantear que la Constitución Española no se cumpla. ¿A alguno se nos ocurre aquí pensar que no cumplimos la Constitución? Pues sí que cumplimos la Constitución, claro, evidentemente; pues las leyes están para cumplirse, hay que cumplirlas. Y si la ley establece un plazo, bueno, pues a lo mejor te puedes ir de tiempo en el plazo, pero, desde luego, lo que no puedes es perder el objetivo y el horizonte de elaborar aquello que la ley establece. Por tanto, ahí, lo siento, señoría, pero no podemos ponernos de acuerdo; mantenemos la propuesta de resolución. Si quiere medio minuto, ajustamos el texto antes de que fije la propuesta.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Vamos a ver, señora... señora Muñoz de la Peña, yo antes de que tomase usted la palabra le he ofrecido el interrumpir la sesión un par de minutos para la hora de tener que fijar el texto definitivo; usted ha hecho uso de la palabra, con lo cual, entiendo... [murmullos] ... que usted tiene que fijar su texto definitivo.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Fijo el texto definitivo... [murmullos] ... porque también he entendido que, en cualquier caso, parece que iban a aprobarlo. [Murmullos]. De cualquier forma, el texto quedaría de la siguiente manera: Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a la elaboración y aprobación en el... en este caso ya segundo... el primer semestre del año dos mil diecisiete, del programa de comunicación que desarrolle las medidas comprendidas en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad contando con la colaboración, acuerdo, de, en este caso, CERMI.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Es que ha terminado diciendo el CERMI. Contando con la colaboración del CERMI.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Sí, sí, con las aportaciones, o en colaboración con el CERMI.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Como se ha modificado el texto... el texto definitivo, ¿hay alguno de sus señorías que hayan intervenido que quieran tomar uso de la palabra? [Murmullos]. Tiene la palabra doña Mar González.

LA SEÑORA GONZÁLEZ PEREDA:

Perdón, presidenta. Por una cuestión de orden, y más que nada le pediría al letrado. Es que creo que tendría que haber sido antes la modificación del texto, no sé si en este momento la proponente puede hacer una modificación del texto. Simplemente, pues una mera aclaración.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Tiene que fijar el texto, señora González. El texto, tiene que fijar el texto. [Murmullos]. Por favor, ¿lo puede leer de nuevo?

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a la elaboración y aprobación, en colaboración con el CERMI, en el primer semestre del año dos mil diecisiete, el Programa de Comunicación que desarrolle las medidas comprendidas en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad".

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Bueno, lo dicho. Como se ha modificado el texto, ¿hay alguna de las personas intervinientes que quiera hacer uso de la palabra? Sí, señora Rodríguez Tobal, tiene la palabra.

LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Gracias. Solo es una... solo es un apunte, y es: ¿por qué limitar la colaboración al CERMI?

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Cíñase... cíñase a si acepta o no acepta el texto que se ha modificado.

LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Sí. Está aceptado. Sí.

Votación PNL/000555

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

¿Sí? De acuerdo. ¿Alguna de sus señorías que haya intervenido quiere hacer uso de la palabra? ¿No? Procedemos a someter a votación esta proposición no de ley. ¿Votos a favor? Por unanimidad, queda aprobada.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las diecinueve horas cinco minutos]