DS(C) nº 274/9 del 13/3/2017

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Buenas tardes. Se abre la sesión. ¿Algún grupo parlamentario tiene que comunicar alguna sustitución? ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista?

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Sí. Muy buenas tardes, señora presidenta. Sí, José Luis Aceves va a sustituir a Virginia Barcones. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

¿Por el Grupo Podemos?

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Buenas tardes. Félix Díez sustituye a Juan Pablo Fernández.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

¿Por el Grupo Ciudadanos?

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

José Ignacio Delgado Palacios sustituye a Luis Fuentes.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

¿Por el Grupo Popular?

LA SEÑORA VALDEÓN SANTIAGO:

José María Bravo Gozalo sustituye a Ángel Ibáñez Hernando.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Por la señora secretaria se dará lectura del primer punto del orden del día.

PNL/000941

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Primer punto del orden del día: Proposición No de Ley 941, presentada por los Procuradores don Luis Fuentes Rodríguez, don Manuel Mitadiel Martínez, don David Castaño Sequeros, doña María Belén Rosado Diago y don José Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para transformar el Senado en estricta cámara territorial con funciones vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 182, de once de octubre de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para la presentación de la proposición no de ley tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, por un tiempo máximo de diez minutos, don José Ignacio Delgado.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señora presidenta. En el contexto de modernización de la democracia española, consideramos que no tiene sentido el mantener órganos constitucionales que se nos han ofrecido como órganos ineficaces y reductos de la vieja política. Las razones históricas no son suficientes muchas veces para mantener el Senado, organización que, como bien sabemos, siempre ha sido amplia y profusamente criticada.

Tampoco necesitamos cámaras de representación del territorio. La experiencia nos dice que el Senado nunca ha representado verdaderamente a estos territorios, y solo a los partidos a los que están adscritos los senadores. Por eso hemos visto cuestiones tan singulares y espectáculos, a veces, tan poco edificantes. Si queremos realmente que los intereses territoriales tengan transcendencia en orden a la articulación de la política del Estado, es imprescindible ofrecer y transmitir otras alternativas.

Desde Ciudadanos apostamos por transformar el Senado en una estricta cámara territorial, con funciones vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado. Como principales funciones, figurarán la determinación del sistema de financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras de transporte o la determinación de niveles comunes en los grandes servicios públicos, y sobre todo en las competencias comunes para todas las Comunidades Autónomas. De este mismo modo, consideramos que es necesaria la reducción sustancial del número de senadores, que al fin y al cabo votan en bloque, siendo más o menos igual número; es decir, votan siempre a un partido o una idea, con lo cual el número también podía ser proporcionalmente inferior.

Por eso, la propuesta de resolución es que "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para transformar el Senado en estricta cámara territorial con funciones vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado".

Sinceramente, yo creo que a nadie se le escapa que el Senado, desde que se instaura la democracia, no ha funcionado; no bien, ni siquiera yo creo que medianamente bien. Desde que está la democracia, yo creo que todos somos conscientes -y aquí hay muchos también representantes del mundo del municipalismo-, donde el Senado no solamente ha representado a las Comunidades Autónomas... no ha representado; tampoco ha representado a los ayuntamientos -el tercer poder, digamos, tan olvidado, y, sin embargo, tan fundamental para que los ciudadanos se sientan servidos si prestamos los servicios que son necesarios-. Y vemos que el Senado se ha convertido pues en lo que todos más o menos sabemos, y unos decimos más ampliamente y con voz grave y potente, y otros dicen en pequeños corros y... de la trastienda. Pero se ha convertido en lo que se ha convertido, es decir, en un aparcamiento de "personas ilustres" -entre comillas-, en un cementerio de elefantes, que dirían algunos otros; en fin, en retiros dorados -se supone que por los servicios prestado en algunos casos, y en otros de dudosa prestación-; pero, desde luego, el espectáculo es bochornoso muchas veces.

Yo, me van a permitir ustedes que cuente una pequeña anécdota de... en fin, de una de las veces que era presidente de una mancomunidad, de La Yecla, en este caso, que nos afectaba la construcción de la presa de Castrovido. Que, por cierto, ya por fin termina esa famosa presa, después de no sé cuántos aplazamientos, costando más del doble de lo que iba a costar en un principio, pero bueno, son cuestiones, ¿verdad?, de la política, donde curiosamente los propios representantes públicos tampoco a veces son responsables de esta dilapidación del dinero público. Pero bueno, estuvimos ahí, en aquella visita, en el Senado. Creo recordar que había comparecencia de ministros -y lo digo con... como una anécdota curiosa-. Conté los senadores que aquel día había -y eso que asistía, en fin, Barrionuevo, la señora Narbona... en fin, no sé cuántos ministros-, y había 41 senadores. En total, ¿eh?, 41. Y lógicamente, como íbamos un poco a protestar por aquello de la presa de Castrovido, pues nos desalojaron, nos dijeron aquello: "Váyanse ustedes". Yo recuerdo que al señor presidente le dije desde arriba, digo: "No, si ya está desalojado, no hace falta que lo desalojen ustedes, porque aquí no hay nadie", ¿no?

Y, bromas aparte, pues es lo que a veces ha pasado con el Senado. La gente no entendemos muy bien para qué sirve, en el sentido de que hemos sido incapaces de que realmente unos políticos -muy bien pagados, por otra parte, y hay que reconocerlo y decirlo, muy bien pagados-, digamos, no han transmitido o no han hecho el trabajo que realmente tienen que hacer, ¿no?; que es, sobre todo, el de coordinar esa labor y esa representación que en un principio estaba destinado el Senado, que era la representación de las Comunidades Autónomas.

Por eso nosotros apostamos por la creación del Consejo de Presidentes -desde Ciudadanos- de las Comunidades Autónomas, ¿no?, en ese contexto de modernización de la democracia española. Consideramos que no tiene sentido el mantener órganos constitucionales que se nos han ofrecido como órganos ineficaces y reductos de la vieja política. Las razones históricas no son suficientes para mantener el Senado. Tiene que ser razones operativas y objetivas, que no las tienen. Tampoco necesitamos cámaras de representación del territorio. La experiencia nos dice que el Senado nunca ha representado a los territorios, pero sí -y muy bien, muchas veces- a los partidos políticos; a esos partidos que están adscritos los senadores. Si no ha representado a los territorios, si queremos realmente que los intereses territoriales tengan transcendencia en orden a la articulación de la política del Estado, es imprescindible ofrecer otras alternativas, y ahí tenemos que trabajar todos los partidos políticos juntos para que así sea.

Hemos considerado que la experiencia alemana, al menos parcialmente, puede servir a los objetivos expuestos, en un contexto de reforzamiento de la representatividad del Congreso de los Diputados, mediante, por un lado, el cambio del régimen electoral, y, por otro, la modificación del procedimiento legislativo. Una única Cámara sería suficiente para que nuestra legislación sea más democrática, más eficaz y más efectiva. La segunda lectura solo ha de reservarse a ciertas leyes más directamente relacionadas con las Comunidades Autónomas, y en particular la financiación. La financiación es la madre de todas las cuestiones, y, desde luego, la financiación para competencias que deben –deben, resalto-, deben ser iguales para todos, como son la sanidad, la educación y todos los derechos de familia, en fin, o sea, derechos asistenciales y de dependencia.

Por eso, al margen quedarían las fórmulas organizativas de coordinación y colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Necesitamos, por lo tanto, un órgano legislativo que exprese, a través de los representantes cualificados de las Comunidades, el parecer de cada Comunidad en relación con los temas centrales de la gobernación de España, y a tal fin proponemos la creación del Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Estará compuesto por todos los presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. No habrá participación de ningún representante del Estado central. La presidencia será rotatoria durante el plazo que se fije, y la sede será la del presidente de la Comunidad Autónoma que ocupe la presidencia de dicho consejo. No obstante, podrá contar, lógicamente, con una oficina administrativa central, si así lo deciden entre los presidentes.

El Consejo de Presidentes funcionará en pleno y en comisiones. En el pleno sus miembros dispondrán de un voto ponderado en función de la población de las respectivas Comunidades. Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla contarán cada una de ellas con un voto, y a partir de ahí se atribuirá al resto de Comunidades un voto por fracción de población, pero con carácter proporcional regresivo, con el fin de moderar la influencia de las más pobladas. Integrarán las comisiones los consejeros competentes, lógicamente, por razón de la materia. Corresponderá a estas comisiones preparar las resoluciones que hayan de ser tratadas y, en su caso, adoptadas por el pleno.

Serán competencias del pleno la aprobación, en segunda lectura, del voto mayoritario de sus miembros, de tres apartados fundamentales: la legislación de financiación de las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como las medidas económicas que afecten a su funcionamiento, incluyendo el cálculo del cupo vasco y navarro mientras subsista; la legislación del Estado, en el ámbito de las competencias compartidas con las Comunidades, cuando ostente carácter prevalente por estar destinada a garantizar las condiciones de vida equivalentes en todo el territorio nacional, el mantenimiento de la unidad jurídica y económica o la igualdad básica de los españoles en todo el territorio nacional en relación a los derechos y deberes -y resaltamos lo de la igualdad básica de todos los españoles-; y tercero, los planes de infraestructuras y planes hidrológicos, por ejemplo, que afecten a más de una Comunidad Autónoma, como es lógico.

En caso de discrepancia, en el Congreso de los Diputados, lógicamente, se crearía una comisión de coordinación destinada a consensuar una posición común. En el supuesto que no fuese posible lograrlo, prevalecerá, en última instancia, la decisión del Congreso, que al fin y al cabo es el órgano fundamental de representación de todo el Estado.

Queremos decir con eso –por resaltar- que, sinceramente, no nos podemos permitir que el Senado funcione más años y más legislaturas como hasta ahora lo está haciendo. Yo creo que desde Ciudadanos esta medida obedece a la medida 101 de las 150 que hemos pactado con el Partido Popular, y además en ese bloque de transparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción, en ese apartado también de más fortaleza de las instituciones democráticas. Este apartado 101, que es el transformar el Senado. Y vamos a leer la propuesta de resolución para que quede claro: "Las Cortes de Castilla y León instan... (a ver, ahora la he perdido... ustedes me van a permitir; con tanto lío... aquí está) las Cortes de Castilla y León instan –con tanto papeleo- a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para transformar el Senado en estricta Cámara territorial con funciones vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado". Esperando que todos se apoyen y nos lo apoyen, esperamos su comprensión. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don José Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Muchas gracias, presidenta. Bueno, nosotros nos vamos a abstener porque, aunque estamos de acuerdo con la música, tenemos diferencias en una parte de la letra. Estamos de acuerdo en la necesidad de una reforma del Senado. Esto es evidente, nosotros lo llevamos manifestando también durante mucho tiempo desde Izquierda Unida, que estamos ante un modelo en el cual el Senado, tal y como existe hoy, no tiene sentido.

Y, efectivamente, estamos de acuerdo en que el Senado tiene que reconvertirse hacia una Cámara de representación territorial. En ese debate podemos coincidir. Sí que tenemos diferencias, en cambio, en el modo de concreción de esa reforma que se nos ha planteado, que, además, no lo olvidemos, se encuentra en el marco de los acuerdos de Gobierno. Por lo tanto, nosotros tenemos serias dudas de que esos objetivos que aquí se manifiestan y esa intencionalidad que se manifiesta acerca de reconvertir el Senado en una Cámara de representación territorial, que es un aspecto en el cual estamos de acuerdo, tenemos serias dudas de que, a través del desarrollo político del actual acuerdo de Gobierno, vaya a permitir alcanzarse ese objetivo. En todo caso, si así fuera, estaremos participando en el debate.

En primer lugar, el Senado es un... está regido por un sistema actual que permite que con menos del 30 % del voto se pueda tener una mayoría absoluta, lo cual se puede ver en los últimos veinte años, durante los cuales el PP ha tenido un control total de esta segunda Cámara, a pesar de que no siempre ha tenido mayoría en los votos. Las funciones que tiene el Senado atribuidas son además pocas, y generalmente la mayoría de ellas subordinadas al Congreso. Quizá la más importante sea la de resultar imprescindible para la reforma de la Ley Electoral. Nosotros –como he dicho al principio- plantearíamos la necesidad de un Senado diferente al actual, que, tal y como ha manifestado el ponente, se parece, efectivamente, más a un cementerio de elefantes, o incluso al refugio de determinadas personas sometidas a investigación, que una verdadera Cámara legislativa. Y es así porque se trata de una Cámara con un escaso margen de actuación, que en el marco, además, de nuestro actual Estado de las Autonomías no parece tener mucho sentido, puesto que es una Cámara que tendría más lógica en el marco de un modelo centralista que no en el modelo actual.

Por lo tanto, nosotros creemos que la utilidad real sería reconvertirse en una Cámara de representación territorial, ya que, aunque así lo defina la actual Constitución, es territorial por la forma de elección de sus representantes, pero muy poquito más.

Por otro lado, a la hora de plantear este tipo de reformas creemos que hay que ir más allá, creemos que no hay que quedarse solamente en las cuestiones que aquí se han definido. No olvidemos que uno de los elementos centrales que han sucedido en los últimos años en el país es que al proceso de descentralización del Estado y de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas no ha habido de manera paralela un aumento de las competencias hacia los municipios, y especialmente me refiero a la fiscalidad. Los ayuntamientos, para la gestión de las competencias que tienen, perciben en este momento tan solo el 13 % de lo que recauda el Ministerio de Hacienda, lo cual es, evidentemente, escaso para poder mantener las competencias que tienen estas entidades.

Y nosotros creemos que, efectivamente, sería urgente una Cámara de coordinación de los territorios que forman actualmente el Estado, algo necesario además para proteger la diversidad que tiene el conjunto de la sociedad española. Nosotros, sin embargo, creemos que la reforma del Senado se tiene que enmarcar en una reforma mucho más profunda. Nosotros apostamos por un proceso constituyente en su totalidad, que permita a este país comenzar de nuevo, puesto que una reforma parcial sería dirigida de nuevo por las élites, lo cual lo único que hará será poner algún parche, mientras que en el caso de un debate integral se podría incluir al conjunto de la sociedad. Nosotros creemos que de lo que se trata, en definitiva, es de cambiar las bases de la sociedad, la correlación de fuerzas completa, frente a quienes quieren imponer nuevas reglas de juego sobre el terreno conquistado.

Por lo tanto, desde Izquierda Unida sí que estamos a favor de la reforma del Senado como una verdadera Cámara de representación territorial que ejerza de contrapeso y que evite abusos por parte del Estado central en cuanto al desarrollo de las competencias de territorios, con una potestad legislativa propia. Estamos a favor de eliminar la actual elección directa de senadores en líneas abiertas y que se determine a todos los miembros del Senado sean designados por los Parlamentos autonómicos, atendiendo tanto a la proporcionalidad territorial como a la pluralidad política, y, por lo tanto, nosotros creemos que hay que ser más ambiciosos en la propuesta que se plantee. Por lo tanto, nuestro voto será de abstención.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador Félix Díez... Ah, no, Natalia, perdón, Natalia del Barrio.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, presidenta. Bueno, como bien ha indicado el señor Delgado, esto se trata de... la propuesta de resolución es la medida 101 de los 150 compromisos para mejorar España que Ciudadanos firmó, el documento de investidura firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos, que, como ya sabemos todos, pues el señor Maíllo ha dicho que no va a cumplir, ¿no? Y indica textualmente: "Transformar el Senado en estricta cámara territorial con funciones vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado". Exactamente igual que la propuesta de resolución que trae hoy aquí el Grupo Ciudadanos. Además, a mayores, en la propuesta 26 del Programa Electoral de Ciudadanos, en relación a sus propuestas de regeneración democrática institucional, hablaba de la supresión del Senado y creación de un Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas.

Donde queremos llegar con todo este asunto es... con estos dos asuntos, es: el primero, que quieren trasladar aquí, a Castilla y León, el pacto de Gobierno que hicieron a nivel estatal con el Partido Popular, a pesar de que aquí también están apoyando al Partido Popular. Y, claro, esto es algo paradigmático, porque ustedes están con la regeneración democrática y nosotros insistimos en que el Partido Popular es el primer partido imputado en la historia de la democracia por ser una organización criminal, y es un partido al que ustedes están apoyando a nivel estatal, ¿no? Y, con lo cual, la coherencia política pues en este tipo de propuestas pues no la entendemos.

Por supuesto, nosotros estamos a favor de una reforma del Senado, y el Senado tiene que convertirse –ahí sí que estamos de acuerdo- en una verdadera Cámara de representación de los derechos e intereses territoriales, partiendo, por supuesto, y en primer lugar, reformando y reduciendo pues todos los privilegios y retribuciones que tiene en la actualidad en Senado. Porque en lo que se ha convertido el Senado, no solo en una Cámara de elefantes, como aquí se ha indicado, que no representa a nadie, sino que lo que representa es –digamos- a los políticos que han servido y que han prestado favores a los diferentes políticos de turno. Y el ejemplo palmario pues lo tenemos aquí en Castilla y León con el expresidente Juan José Lucas, o con Óscar López, o con el recién elegido Ignacio Cosidó.

Es evidente que hay que reducir el número de representantes y que hay que... y que en el Senado se tiene que participar de manera más activa, sobre todo en lo que se refiere a la aprobación de leyes que afecten principalmente –esto debería de ser así- a los intereses territoriales, y por supuesto debe tener un papel más importante en la Conferencia de Presidentes. Es decir, debemos de contemplar el Senado, pues como se recoge, como una auténtica Cámara Alta. Según la tradición de la democracia liberal europea del siglo XIX, que no de la economía liberal, la Cámara Alta, grosso modo, era aquella que se ocupaba de moderar, vigilar y controlar los posibles excesos de la Cámara Baja, que en este caso sería el Congreso de los Diputados. Y se ha pervertido tanto este sistema aquí, en España, que en la actualidad el Senado puede considerarse como la Cámara que más excesos realiza, lo que supone, desde luego, en relación a lo que entendemos por democracia, pues una perversión absoluta.

Cuando nosotros hacemos referencia a que se tiene que llegar a nuevos consensos, y que los pactos del setenta y ocho están rotos, nos referimos a situaciones como esta, por ejemplo, la del Senado. Nos referimos a que, en los debates constituyentes, la idea de que España fuera unicameral pues estaba presente también, y se llegó a esta solución intermedia, que es lo que tenemos ahora, con un Senado con funciones muy reducidas, que no representa los intereses territoriales y que, además, se blindó con un sistema electoral mayoritario para que siempre estuviera constituido por una mayoría conservadora; y este es el sistema que tenemos en la actualidad. Esto hace, por tanto, que nuestro Senado tenga un papel menos destacado, que no represente a los intereses territoriales y que no actúe como se supone que debía hacerlo, según y acorde con la Constitución, como una Cámara de representación territorial.

Y hay que reformar el Senado porque -también lo ha indicado el procurador de Ciudadanos- no representa los intereses territoriales, sino que se hacen votaciones partidistas, se hacen votaciones por grupos parlamentarios y no por territorios. En la actualidad es cierto que, de alguna manera, el Senado –y digo "de alguna manera" entre comillas- forma parte del procedimiento legislativo, y, entre este blindaje que se le ha hecho para llenarle de mayorías conservadoras, lo que hace principalmente la Cámara Baja pues es bloquear cierta iniciativa legislativa del Congreso de los Diputados, ¿no? Con lo cual, creemos ahí que hay incumplimiento flagrante de la Constitución, donde lo que se supone que es una Cámara territorial, que debería defender los intereses territoriales, pues, insisto, no los defiende, ¿no?

Nosotros nos vamos a abstener en esta propuesta principalmente por dos razones: la primera de ellas, creo que es obvia, y porque no queremos ser cómplices del pacto de gobierno que Ciudadanos y el Partido Popular tienen a nivel estatal; y, en segundo lugar, porque la verdad es que en la propuesta de resolución no se especifica el modelo del Senado que se quiere, no sabemos qué tipo de reforma propondría Ciudadanos y el Partido Popular, y, como comprenderán ustedes, pues no nos podemos fiar de una proposición tan ambigua, y más teniendo en cuenta -e insisto- que el señor Maíllo, digamos, que ha firmado este pacto, pues ha dicho que no lo va a cumplir, con lo cual no nos fiamos de lo que ahí, de esa reforma, salga.

Desde Podemos, ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, abogamos por conformar un Senado con representantes de los Gobiernos autonómicos, intercambiables, con voto en bloque, y que tenga una capacidad legislativa equilibrada, con participación en los Presupuestos Generales del Estado y con la capacidad de nombramientos de órganos del Estado a través, también, de cuotas de rechazo. De todas maneras, yo supongo que esto lo sabrá Ciudadanos: el Gobierno no puede manificar... no puede modificar de manera unilateral la funcionalidad del Senado, y por eso, como también hemos indicado en múltiples ocasiones, supongo que también apoyará a nivel estatal una reforma de la Constitución, como bien indica en los antecedentes de esta propuesta, en el contexto de la modernización de la democracia. Y, como ya les hemos indicado, como no queremos bloquear este debate de reforma, pero tampoco apoyarlo, pues nos abstendremos en esta ocasión. Nada más. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Luis Briones Martínez.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Sí. Señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Con relación a esta proposición no de ley que presenta Ciudadanos, yo empezaría por ver la parte resolutiva, qué es lo que dice, porque claramente, en relación con la parte expositiva, pues no tiene nada que ver, ¿eh? Nos encontramos que, bueno, pues al principio es una iniciativa que –sabe con todo el respeto que le tenemos- no sabemos por dónde cogerla, ¿eh?, porque si la parte expositiva, la verdad, es pobre -es verdad que la ha ampliado un poquito-, pero ahí existe, el desarrollo de la propuesta, bueno, pues no tiene realmente nada que ver. A nuestro entender, está llena de vaguedades, la parte expositiva es genérica y no concreta medida alguna, solo habla de una Cámara territorial con funciones vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado.

Le dijimos ya en el pasado Pleno que este grupo parlamentario estaría en la dirección de reformar el Senado para convertirlo en una auténtica verdadera Cámara territorial. Y le hablábamos de las propuestas que nosotros planteábamos, como eran redefinir las funciones para vincularlas fundamentalmente a las que derivan de la dimensión territorial, a la legislación básica, al estado de las leyes, con... leyes con incidencia territorial, leyes de financiación, etcétera, etcétera; hablábamos de revisar la estructura y composición, optando entre un modelo intergubernamental.... perdón, gubernamental, o un modelo representativo de las Comunidades; hablábamos de incluir el principio de lealtad federal entre el Estado y las Comunidades Autónomas; en impulsar también los instrumentos de colaboración y cooperación –perdón- entre las Administraciones; en clarificar también los elementos esenciales del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas conforme a los principios de certeza, estabilidad y equilibrio en el reparto de los recursos públicos y de la autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad interterritorial, definiendo la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera; también en prestar atención a lo que... la precisión del Tribunal Constitucional de que la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa a quien contribuye, impulsando asimismo la convergencia de renta y riqueza entre las Comunidades que permita garantizar el principio de igualdad y el reconocimiento de los imprescindibles instrumentos de cohesión, equilibrio y convergencia territorial.

Mire, señor Delgado, estas son parte de nuestras propuestas, y nos gustaría realmente que Ciudadanos elaborara otro tipo de proposición, no la que viene aquí, porque todos los argumentos que se han dado hablan de suprimir el Senado, crear un Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas, pero yo en la parte resolutiva eso no lo veo. Por lo tanto, a nuestro entender, es verdad que son unas medidas que parecen que se han llevado a acuerdo con otro grupo político, pero la propuesta que ustedes plantean en esta proposición realmente se queda coja. Es decir, prácticamente se habla de todo y no comprometerse a nada, es dar un cheque realmente en blanco, sería dar un cheque en blanco al Gobierno -el que sea- para que transforme el Senado a su antojo, sin ponerle condición alguna. Porque, a nuestro entender, existe una falta total de coherencia, como hemos dicho, entre la parte expositiva y la resolutiva, que es un contrasentido.

Luego, también, igual que plantearon el otro día en el Pleno, le gustaría que se redujera el número de senadores. No se dice tampoco nada, no sabemos ni cuántos ni cómo. Dicen ustedes en el relato de su PNL que "Las razones históricas no son suficientes para mantener el Senado. Tampoco necesitamos cámaras de representación del territorio. Y la experiencia nos dice que el Senado nunca ha representado a los territorios y solo a los partidos a los que están adscritos los senadores". Pueden tener sus razones, pero, vamos a ver, realmente lo que hay que plantearse es una serie de medidas para transformar el Senado, fundamentalmente, en una estricta cámara territorial. Todos los argumentos que usted ha dado aquí, y los que se han dado fundamentalmente en las propuestas que ustedes llevaron en su programa electoral, y que parece que han pactado con el grupo mayoritario del Congreso de los Diputados, ¿eh?, son en relación, parece ser, a la desaparición del Senado, pero no vemos... no vemos en la parte resolutiva que se diga nada de eso. Realmente, creemos que, en ese sentido, bueno, pues habría que precisarla mejor.

Nosotros consideramos realmente que, bueno, pues hay que hacer otro planteamiento. Porque además ustedes hablan también, realmente, del voto ponderado en función de la población de la respectiva Comunidad. En fin, nosotros no vamos a perder mucho más tiempo, se lo digo claramente, ni se lo vamos a hacer también perder al resto. Creemos que no está claramente definida su proposición, creemos que si ustedes quieren hacer una reforma deberían presentar un proyecto de ley, trabajarlo en ese sentido, dar la participación para que lo puedan... puedan trabajar el resto de los grupos políticos. Y, en ese sentido, bueno, pues nos van a... nos van a tener, desde luego, al Grupo Socialista, para facilitar todas aquellas propuestas que nosotros creemos que podrían ir en... sobre todo para mejorar lo que sería el verdadero Senado.

Es verdad que aquí ahora, bueno, pues se ha dicho realmente... porque ustedes mismos nos han hecho una política absolutamente de tierra quemada con el Senado. ¿Cómo se puede estar diciendo que el Senado es lo que es -y no voy a repetir lo que usted ha dicho-, y después plantear esa parte resolutiva que no conduce, a nuestro entender, a nada?

También decir al resto de los grupos que ese cementerio de elefantes en el que están... también hay alguno que no es tan elefante, ¿eh?, pero a la vez está ostentando dos puestos -no es ni del Grupo Popular ni del Grupo Socialista-. Y, bueno, que, si no creen en el Senado, lo normal es que no hubieran presentado representantes, como han hecho, o se hubieran presentado a las elecciones. Pero, claro, no se puede poner aquí al señor Lucas o a otro... a otro señor del Partido Socialista, y no hablar de Ramón Espinar, que es portavoz -si no me equivoco- y senador, y predicar por lo tanto con el ejemplo.

Nosotros nos vamos a abstener, en primer lugar, porque no creemos que esté definida claramente la propuesta que llevan ustedes para el Senado; es una especie de cheque en blanco, la van a apoyar sin... prácticamente sin nada. Lo segundo, porque es un acuerdo al que han llegado ustedes con los... con el Partido Popular. Y, en tercer lugar, estaríamos dispuestos a colaborar, pero siempre y cuando veamos que la propuesta que se trae es una propuesta absolutamente razonable y coherente, y en estos momentos no la vemos. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la procuradora doña Rosa Valdeón.

LA SEÑORA VALDEÓN SANTIAGO:

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Destacaría que, aunque los grupos que se han manifestado ya han advertido de su abstención, yo voy a empezar por lo que tendría que ser el final, y decir que vamos a apoyar esa propuesta. Pero sí quiero decirles muy claramente, porque ha surgido en este tema: aquí no venimos a defender un pacto que tienen nuestros respectivos partidos a otro nivel, aquí somos procuradores de Castilla y León.

Mi planteamiento, el planteamiento del Grupo Popular en este momento, es que la situación, la legalidad, la existencia del Senado, está claramente avalada por nuestra Constitución. Pero lo que es cierto, y no solamente es una demanda ciudadana, sino una demanda yo creo que de cualquier grupo político, es que hay algo que no nos gusta. Ustedes, aun manteniendo que no están de acuerdo con la proposición que se ha efectuado, en ningún momento pues he visto una defensa férrea de la utilidad del Senado. Por eso creo que es un momento de ser valientes y decir que el Senado, de una u otra forma, pues tenemos que evaluarlo. Son ya suficientes años los que lleva funcionando este sistema bicameral y tenemos que valorar hasta qué punto es útil, es útil para hacer política; y hacer política es decidir lo que es mejor para los ciudadanos.

Si vemos en este... repasamos las funciones que puede tener el Senado, nos encontramos que tanto la representación del pueblo, las iniciativas legislativas, todas, son en concurrencia con el Congreso de los Diputados, es decir, que ahí, bueno, pues hay algo que nos choca. Pueden tomar en consideración proposiciones de ley, proyectos de ley, pero después pasan otra vez al Congreso de los Diputados. La única razón auténtica que tiene el Senado de existencia es esa parte de homologación, esa parte territorial, esa parte de armonización de Comunidades Autónomas -y más cuando estamos en un momento en el que las Comunidades Autónomas se han desarrollado pues de una forma muy intensa, afortunadamente, nosotros creemos en el Estado autonómico-, y esa parte de representación territorial y de armonización que tendría que hacer el Senado pues desgraciadamente no se hace.

Por eso, yo creo que tenemos que ser y hacerlo claramente. No voy a llegar al nivel de detalle que plantea el portavoz de Ciudadanos -en qué sentidos o en qué momentos hay que... o en qué partes hay que reformarlo-. Lo que sí que está claro es que hay, como les decía, no solamente informes, estudios... los que quieran, pero hay uno que a mí, en particular, pues me parece muy importante, y es el que hace el Consejo de Estado, en el que vuelve a ratificar que, efectivamente, como Cámara de representación territorial tiene un papel; en el resto es un papel secundario. Por eso, tendremos que plantearnos evaluar claramente y, en función de los acuerdos políticos, llegar; porque tampoco se puede plantear en ningún momento pues la reforma del Senado, sea en la línea que sea, si no hay un gran consenso político. Ahí pues tendremos -iba a decir- que pelearnos, en el sentido coloquial de la palabra. Cada uno tendrá que decir qué tipo de Senado quiere, pero lo que es cierto es que algo hay que hacer.

Por eso, les insisto en que ha habido reformas parciales; no han servido para lo que se buscaba. Tenemos que intentar, de alguna forma, sentarnos todos, plantear esta reforma en serio. Hay base doctrinal y hay base legal para ello. Tendremos que, como les decía, pues... Además, nos va a servir para ratificar y, en este caso, mejorar nuestro modelo autonómico. Y, si ustedes recuerdan, ya en el Debate de Investidura, el presidente Herrera, uno de los planteamientos era que defendemos que el Senado se convierta en una verdadera Cámara territorial, que ahora no lo es. Cuando un grupo político tiene... o necesita una Comunidad Autónoma una iniciativa legislativa, se habrán dado cuenta que va a su correspondiente grupo político al Congreso, no va al Senado. Luego entonces falla, está fallando en lo que es su verdadera función.

Por eso, y para evitar que... Además, creo que estamos en unos momentos en los que los propios ciudadanos nos están pidiendo que las instituciones, no es que tengamos que ser transparentes, transparentes por supuesto, pero sobre todo útiles. Y en este caso, insisto, creo que, con los años que han pasado, no ha dado pues la funcionalidad que se le exige de armonizar las diversas legislaciones de Comunidades Autónomas, de intentar que esa representación territorial sea eficaz, y por eso es el momento, y por eso vamos a apoyar esta propuesta para instar al Gobierno. Y como nosotros -les vuelvo a decir- no estamos diciendo lo que tiene que hacer el Gobierno, pero lo que sí le estamos diciendo es que desde Castilla y León sí creemos, en el Grupo Popular, que algo hay que hacer, así no puede seguir; por eso le anuncio pues nuestro voto favorable.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el procurador don José Ignacio Delgado.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señora presidenta. La verdad, vamos a ir respondiendo poco a poco a los intervinientes. Agradecer de antemano, bueno, las opiniones de todos, y especialmente pues en este caso del Partido Popular, que va a apoyar nuestra medida; que es una medida, que la verdad que no es que sea de los dos, sino que ojalá sea... hubiera sido de todos los grupos parlamentarios.

Efectivamente, dice mi compañero de Izquierda Unida, del Grupo Mixto, que claro, como es un acuerdo del PP-Ciudadanos, pues ya mala cosa. Es lo que hemos empezado diciendo, pues normal, ya lo entendemos, hombre. Yo creo que, sinceramente, no es por eso. Es decir, se puede... Y lo primero que voy a decir, y para todos los grupos además, es que, efectivamente, aquí nadie tiene la panacea ni la solución a cuál puede ser el Senado mejor, es decir, yo creo que es una labor que tenemos que hacer entre todos, porque todos tenemos mucho que aportar. Yo creo que la experiencia es tan nefasta, la que tenemos hasta la fecha, tan nefasta, en el sentido que hemos tenido un Senado que no sirve absolutamente para nada -y hay que decirlo y hablarlo en castellano: para nada-, que nos está costando muchos sueldos y mucho dinero, y sobre todo mucha pérdida de tiempo, que, sinceramente, yo creo que es la peor de todas. Es decir, cuando nuestros ciudadanos ponen esperanzas en estos organismos públicos que se supone que tienen que velar por sus intereses, y luego pues pasa lo que está pasando, pues es totalmente lamentable.

Y estoy de acuerdo con usted, y eso es verdad, que menos del 30 % de los votos, a veces, con este sistema electoral tan nefasto que tenemos, efectivamente, acapara, en fin... Y por eso estamos todos de acuerdo, ahí sí que estamos -sobre todo los minoritarios- de acuerdo en que la ley electoral hay que cambiarla. Hay que... en eso estamos, ¿verdad?, porque los dos grandes parece ser que hasta la fecha les va bastante bien como están, "y ahora te quitas tú y me pongo yo, y pasado mañana hacemos lo contrario".

Pero, bueno, cuestiones aparte, efectivamente, yo creo que... bueno, yo creo que es obvio lo que hemos dicho todos: pues que son para personas que... a veces no sé si es un cementerio de elefantes o para refugiarse algunos. Sinceramente, también... y me ha gustado su alusión que ha hecho a los ayuntamientos y a ese 13 % de las cuestiones de la hacienda.

Hombre, se supone que cuando se instauró la democracia... yo recordaba, en fin, de chavalillo y tal, y todo el mundo lo decía, "pues hombre, aquí tres tercios para... hay que hacerlo claro, en un treinta y tres coma -¿verdad?, ¿te acuerdas?-, 33,3 para los ayuntamientos, otro 33,3 de los presupuestos para las Comunidades Autónomas y otro 33,3 % para el Estado. Y así todos lo vamos a tener... la financiación más cercana, porque los ayuntamientos y Comunidades Autónomas, fíjense ustedes, va a sumar el 66,6 %; vamos a ver cómo nuestros impuestos, que es de lo que se trata, los vamos a ver más de cerca, cómo nuestras escuelas, nuestros centros médicos, todo va a evolucionar y tal". Y a la fecha de hoy... y creo que se ha quedado por encima, porque ni el 13 % me parece a fecha... es el 12,9 o por ahí. Bueno, en fin, depende qué baremos económicos entremos.

Y, sinceramente, hay que resaltar –a colación del Senado- que los ayuntamientos son los grandes olvidados y que la financiación municipal sigue siendo una... en fin, una asignatura pendiente no, ya ni se sabe. Y que, sin embargo, que nosotros, los que hemos sido alcaldes –y nos miramos- y concejales lo vemos y lo padecemos, somos incapaces –parece ser- que nuestros grandes partidos –y ahí sí que son los que mandan- tomen cartas en el asunto, no sabemos por qué condiciones o situaciones.

Sobre Podemos, hombre, claro, pues ya más clarito todavía. Dice: esto es el punto 101 del partido... del acuerdo Partido Popular y Ciudadanos. Ya está. Y no se puede votar y nos vamos a abstener. Pues ya está. Pues nos parece lógico, y de acuerdo. Pero, hombre, yo sinceramente se lo agradezco mucho lo... cuando dice que si nosotros apoyamos al Partido Popular, sobre todo en temas de corrupción y tal tal. Ha reiterado varias veces que el señor Maíllo... que creo que es el señor de las lentejas, que se va a hacer bastante famoso por ello. Bueno, pues ese señor debe tener un problema con las lentejas y con algunas cosas más, pero eso es una cuestión, sinceramente, me imagino que del Partido Popular y de quien le aguante.

Los de Ciudadanos lo tenemos muy clarito, ¿eh?, nosotros hacemos acuerdos para cumplirlos. Es decir... y con esa intención lo hacemos y lo mantenemos. Y, sinceramente, a veces lo que nos parece es ser bastante desafortunadas ese tipo de expresiones, y más por ser quien es y tal. Pero sí que entendemos que, claro, que es quien es; es decir, este viene de donde viene, ¿eh? Ya dije en el Pleno que este viene de ser presidente de la Diputación Provincial de Zamora, que eso da mucho glamur, ¿eh? –vamos a decirlo así-, eso da mucho glamur, sobre todo en política, ¿no?, porque las diputaciones provinciales a nadie se le escapa pues que, vamos, aparte que son un nido, ¿verdad?, de lo que son -no digo de corrupción, ni mucho menos, pero digo... vamos, Dios no lo permita-, pero sí que, digamos, que desde luego que las diputaciones son... no son paradigma de buen gobierno... [murmullos] ... no son paradigma, precisamente, de democracia, y, desde luego, sí que el caciquismo y el tema...

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Señor Delgado, por favor, vaya a la cuestión, porque...

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Sí. Exacto. También es verdad.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

... se ha cambiado de Administración, ¿vale?

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Sí, sí. Tiene usted razón, señora presidenta, y usted permite, pero es que, claro, a veces, cuando a uno se le hace... pues se te va un poco, ¿no?, las cuestiones.

Con lo cual, quiero decirle que usted tranquila, que Ciudadanos se va a dedicar a lo que se va a dedicar, que es a lo que quiero decir, y el Partido Popular se dedicará a lo que... a lo que buenamente entienda. Pero vamos, vuelvo a decir que los pactos –igual que lo hicimos con el Partido Socialista- siempre que los firmamos es para que se cumplan.

¿En el Partido Socialista? Pues yo, sinceramente... Dices "pobre, lleno de vaguedades, no sé qué..." Claro, curiosamente, cuando lo firmamos con el Partido Socialista, a lo mejor ni era pobre, ni estaba lleno de vaguedades ni tal. Yo creo que a veces las expresiones y las calificaciones se demuestran por sí solas, querido compañero. Yo hay veces... o sea, que cuando... si pactas conmigo, está... es bastante bueno este acuerdo; pero claro, como has pactado con el otro, ya no es tan bueno. Bueno, pues yo creo que cada uno que se lo haga mirar, y, sinceramente, yo creo que esta cuestión no es así.

Vuelvo a decir y reiterar: Ciudadanos no quiere hacer ningún pacto con el Partido Popular, quiere hacer un pacto para esta cuestión con todos los partidos políticos. La reforma del Senado –y lo ha dicho muy bien la procuradora del Partido Popular-, vamos, es una cuestión evidente y obvia que hay que cambiar sí o sí, y, si no, seremos ineficaces todos y no cumpliremos con nuestra obligación y nuestra misión. Lo demás es buscar problemas donde no existen y decir calificativos. Porque, claro, es que el Partido Socialista a veces se le olvida... yo es que... se le olvida que ha gobernado durante ochos años hace poco, ¿verdad?, con una gran legislatura, dos legislaturas del señor Zapatero. Pues hombre, podían ustedes haber intentado al menos modificar el Senado. Yo recuerdo que también dijeron y propusieron también eliminar las diputaciones y luego dieron un frenazo que casi nos quedamos todos ahí en el parabrisas. Claro, pues oye, ese tipo de cosas, cuando se tiene el poder y las oportunidades, hay que cumplirlas y hacerlas. Lo demás, lógicamente, pues vamos, pasa lo que pasa.

Hombre, le doy toda la razón en que no solamente hay elefantes de dos colores en el Senado; los hay de todos, y cuántos más partidos haya, también. Y a este paso, con todo lo que está pasando con lo del tema catalán y tal, pues me imagino que de todos los colores y más colores. Pero no se trata de eso, se trata, sinceramente, de que los senadores y el Senado se dedique a las Administraciones territoriales y que se dedique, sobre todo, a que todas las competencias para todas las Comunidades Autónomas sean iguales, y que sea un lugar donde podamos discutir, eso, sobre Administración territorial, que ahora mismo ni se hace, ni se la está, ni se la espera.

Y luego, simplemente -pues por no reiterar más-, simplemente al Partido Popular: pues hombre, efectivamente, hay que ser valientes; vamos a ser valientes todos, y lo que es evidente, obvio, palmario y... y, vamos, y más claro que el agua, pues cuando una institución no funciona, lo que tenemos que hacer es cambiarla y lo que tenemos que hacer es que, de una vez por todas, funcione. Porque, si no, pues estamos, lógicamente, perdiendo la credibilidad ante nuestros votantes y ante nuestros ciudadanos, somos incapaces de que... vale, porque esté en la Constitución, efectivamente... y decía la de Podemos: pues sí, habrá que hacer una reforma constitucional. Pues bueno, pues claro, pactadas entre todos. Si en eso estamos y para eso estamos.

Ahora, yo no sé si el tema referéndum para todo va a ser lo mejor. Pues seguramente no, porque aquello que, si vamos aquí... Pero bueno, fórmulas hay, eso está claro. Lo importante es llegar a consensos lo más ampliamente posible y lo más rápidamente posible, y más cuando en una cuestión... obvias como... como la del Senado, que vemos y sabemos que no funciona. Pues vamos a ponernos manos a la obra y, desde luego, pues a convertir –lo que decíamos todos- en esa verdadera Cámara territorial –si existe de alguna manera-, que es lo que tiene que hacer. Y, como es obvio y es evidente, sinceramente agradecer a todos la paciencia. Y gracias por el apoyo a los que nos han apoyado, y comprendemos las razones a los demás. Muchas gracias.

Votación PNL/000941

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Diez. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Ocho. Por tanto, votos emitidos: dieciocho. A favor: diez. Abstenciones: ocho. Queda aprobada la proposición no de ley debatida. Segundo...

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Por acuerdo de los diferentes grupos parlamentarios se procede a la agrupación de los puntos dos y tres del orden del día. Por la señora secretaria se dará lectura de ese segundo y tercer punto del orden del día.

PNL/000942 y PNL/000943

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Segundo punto del orden del día: Proposición No de Ley 942, presentada por los procuradores don Luis Fuentes Rodríguez, don Manuel Mitadiel Martínez, don David Castaño Sequeros, doña María Belén Rosado Diago y don José Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para endurecer el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos tras su cese, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 182, de once de octubre de dos mil dieciséis.

Y tercer punto del orden del día: Proposición No de Ley 943, presentada por los procuradores don Luis Fuentes Rodríguez, don Manuel Mitadiel Martínez, don David Castaño Sequeros, doña María Belén Rosado Diago y don José Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para encomendar a un organismo independiente la supervisión de las funciones de la Oficina de Conflictos de Intereses en materia de buen gobierno, conflictos de intereses y régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado, así como de cualquier otra competencia en relación con el procedimiento de nombramiento de altos cargos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 182, de once de octubre de dos mil dieciséis.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señora secretaria. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, el señor Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias. Pues, en fin, con la mayor brevedad posible. En nuestro partido siempre hemos defendido la lucha por los intereses generales contra el negocio del conflicto de intereses y las puertas giratorias para los representantes públicos. No deseamos que ningún privilegio establezca una discriminación injustificada respecto a que los demás ciudadanos o los distraiga, lógicamente, de su cometido. Se deben defender los intereses generales, luchando contra el desvío del ejercicio del poder en beneficio de los intereses particulares, evitando en particular –valga la redundancia- los conflictos de intereses y acotando y regulando el fenómeno de las llamadas "puertas giratorias". Ejemplos tenemos para aburrir, por desgracia, en nuestro panorama político. Luego hablaremos de ellas.

Se debe exigir que el régimen de incompatibilidades de todos los representantes públicos, y en particular de los diputados, sea transparente, riguroso, y se cumpla de manera efectiva, estableciendo un sistema de sanciones para casos de incumplimiento de las obligaciones impuestas o, en algunos de los casos, cuando sean graves, su expulsión.

Algunas de las medidas desde Ciudadanos... que desde Ciudadanos consideramos que se deben implementar son las siguientes:

Dotar de verdadera independencia a la Oficina de Conflicto de Intereses, convertida en agencia, que debe rendir cuentas no solo al Parlamento y cuyo presidente debe de ser nombrado en la manera prevista para las instituciones de supervisión y control. Debe ser competente para conocer de todos los posibles conflictos de intereses y de las incompatibilidades, incluidas las de los actos... la de los altos cargos de las instituciones. Los informes elaborados por este organismo deben de ser públicos siempre.

Reforzar la normativa existente en materia de incompatibilidades de modo que aquellas personas que hayan ocupado cargos políticos de relevancia no puedan, durante un plazo prudencial suficientemente amplio, trabajar después para la empresa privada en los que... en los sectores en los que ha actuado durante su periodo de actividad pública, impidiendo los trucos y subterfugios –como hemos visto muchas veces- que existen actualmente y que posibilitan burlar esa normativa, como trabajar para filiales, que no es la matriz, y no para empresa matriz, entre otros, etcétera, subterfugios varios.

Dinamizar, así mismo, el control de las incompatibilidades, de modo que exista a cargo de la agencia independiente una vigilancia y supervisión durante todo el período de incompatibilidad. Es esencial que se presenten al principio y al final de cada legislatura o mandato para cada cargo electo o para cada cargo público o alto cargo de las correspondiente... las correspondientes declaraciones completas de bienes, actividades e intereses, así como, lógicamente, las declaraciones de la renta. Su falta de presentación debe impedir la toma de posesión del cargo o ser causa de cese inmediato en el supuesto de altos cargos. Los ejemplos y la ejemplaridad tiene que ser muy clara.

Por eso, vamos a unir las dos proposiciones no de ley: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para endurecer el régimen de incompatibilidades de los altos cargos públicos tras su cese, en caso de incorporaciones ex novo a empresas, así como a fundaciones o entidades dependientes de ellas, de un sector en el que no tenían experiencia profesional previa o hayan tenido responsabilidades de regulación en su gestión". Así mismo, la segunda proposición no de ley dice: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para encomendar a un organismo independiente la supervisión de las funciones de la Oficina de Conflictos de Intereses en materia de buen gobierno, conflictos de intereses y régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración general del Estado, así como de cualesquiera otras competencias en relación con el procedimiento de nombramiento de altos cargos". Quedan así unidas las dos.

Obedecen al pacto, vuelvo a decir, también de las 150 medidas de investidura; es la número 107 y el punto 108, en el apartado de más transparencia y ejemplaridad de la gestión pública.

Para nosotros, para Ciudadanos, son medidas fundamentales. Yo creo que los ejemplos que todos tenemos en nuestros oídos y en nuestra retina, no muy recientes, de la última legislatura, fueron totalmente insufribles, perniciosos y totalmente... con la voluntad que no se vuelvan a repetir. Y estamos hablando de aquellos que... por ejemplo, a don Pedro Gómez de la Serna, que todos vimos, con el señor Gustavo de Arístegui, en fin, dos altos cargos, uno embajador, que sí que dimitió, pero el otro, que era diputado, que sin embargo se aferraban a su sillón y, lamentablemente, supuestamente, porque "tenían permiso" –entre comillas-. La propia Cámara del Congreso hacían lo que hacían, que era nada más y nada menos que dedicarse a cualquier cosa, ¿verdad?, y a cualquier cuestión menos el bien común de los ciudadanos. Y, a buen entendedor, pocas palabras.

Yo creo que estas cuestiones son totalmente incalificables. No se pueden volver a repetir, y, es más, le puede pasar a cualquier grupo parlamentario, como es obvio, pero, desde luego, tiene que haber un sistema que nos proteja de este tipo de individuos, por decirlo suave, ¿no? Esto es totalmente, vuelvo a decir, incalificable, y no se puede poder tolerar muchas más veces estas cuestiones. Desde luego, en fin, es mejor a veces casi casi totalmente olvidarnos y centrarnos en que lo importante es que hagamos todos un código ético y de austeridad, y desarrollemos; pero no por hacer códigos, sino porque realmente tengamos la voluntad de todos los partidos políticos, y así tiene que ser. Por eso los reglamentos es para todos, para que esto se vuelva y se cumpla, y, desde luego, no veamos casos tan lamentables como los que hemos visto no hace mucho tiempo entre todos.

La Oficina de Conflictos de Intereses para nosotros es fundamental, y, desde luego, es la encargada de dirimir si los altos cargos incumplen la ley. Así, se precisa que en el portal de la transparencia, que también especifica lo que está prohibido para los altos cargos públicos: ejercer actividades privadas, salvo la docencia, o dar conferencias, por ejemplo. Tampoco... en fin, algo también se podrá hacer, pero dejar claro que los intereses privados y asesoramientos, como hemos visto, además millonarios y totalmente incalificables, se vuelvan a repetir.

Y deja claro el límite. Dice: el desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en los que esté interviniendo, haya intervenido en los últimos dos años o tenga que intervenir por razón de puesto público. Y añade: se incluye, en especial, en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quien se está obligado a atender en el desempeño del puesto público.

Lo que no es de recibo es que alguien diga: no, es que yo tengo un buen bufete de abogados y por eso me contratan; casualmente, soy diputado del Congreso o senador, pero no, si la cuestión es que a mí me suelen contratar porque soy un prestigioso abogado. Hombre, mire usted, con lo que está lloviendo, con lo que ha llovido y que estamos cansados de mojarnos siempre con lo mismo, este tipo de, digamos, excusas sobran, y, desde luego, no se pueden ni se deben de volver a producir.

Yo creo que estamos cansados, porque esto va, al fin y al cabo, en contra de todos. Es decir, cuando estamos consintiendo que tengamos políticos que hacen lo que están haciendo, o hacían, vuelvo a decir que hace que la credibilidad en la política y en nosotros mismos cada vez esté más lejana y cada vez esté mucho más, en fin, perdida en el tiempo.

Se me está acabando el tiempo, pero, vamos, yo quiero simplemente recordar que Ciudadanos aquí, también en las Cortes de Castilla y León, hemos iniciado el proceso para impedir esas puertas giratorias, ¿verdad?, con la Ley de Altos Cargos que hemos aprobado, en fin, donde ahí, lógicamente, pues también se legislaba para evitar los conflictos de intereses, el evitar pues hechos de ver de cómo todos los altos dirigentes de todos los partidos, tanto... en fin, sobre todo en el Gobierno -Partido Popular, Partido Socialista, etcétera-, pues estén en Endesa, en Iberdrola, en Telefónica, etcétera. Es una casualidad, me imagino que será que tienen un prestigio espectacular; no nos habíamos dado cuenta hasta ahora, y curiosamente suele pasar cuando terminan de ejercer, ¿verdad?, durante varias legislaturas y tal. Es una cosa... debe ser que, no sé, las cuestiones divinas les infunden un halo de excepcional prestigio para... laboral. En fin, yo creo que no son bromas. Es una cuestión que yo creo que todo el mundo está cansado, y lo que tenemos que hacer, sinceramente, entre todos, y esperemos que... apoyar, contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios estas iniciativas por la transparencia, por la regeneración política, se cumplan y se hagan efectivas. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Delgado Palacios. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Muchas gracias. De nuevo vamos a emitir un voto de abstención. No se piense que es simplemente por ser una medida del acuerdo, porque no se trata simplemente de eso. Se trata de que ya hemos visto en numerosas ocasiones cómo supuestas legislaciones que conducen a combatir la corrupción se quedan muchas veces en meras declaraciones de intenciones.

Y lo hemos visto en las Cortes de Castilla y León, lo hemos visto con una regulación del Estatuto de Alto Cargo, que es, evidentemente, insuficiente, y lo hemos visto con la aprobación de la ley de informantes, que finalmente lo que termina estableciendo es un régimen que, en lugar de proteger al informante, lo que le convierte es en objeto de investigación por parte de un órgano dependiente jerárquicamente de la Junta de Castilla y León. Yo creo que son casos claros acerca de que la mera declaración de una legislación no implica necesariamente que se alcance dicho objeto declarado.

Por lo tanto, nosotros, estando de acuerdo con la intencionalidad que se ha mostrado y con lo que aquí se ha narrado, nosotros nos vamos a abstener, porque no vamos a votar en contra de esta proposición, pero tampoco creemos que con la formulación que aquí se nos trae se asegure que el objetivo que se plantea pueda ser alcanzado. Nosotros estaríamos a favor de votar a favor una proposición que fuera más concreta y que avanzara en propuestas concretas acerca de cómo regular los objetivos que aquí se plantean y los elementos que aquí se plantean como deseables, y en lo cual estamos completamente de acuerdo. Porque lo cierto es que estamos contemplando una simbiosis desde hace mucho tiempo entre el poder privado y el poder público, que lo que termina generando es que haya procesos de corrupción en aras del beneficio privado, algo que, por cierto, debería formar parte del debate público. A nuestro juicio, con tanta intensidad como se habla de quién recibe el dinero debería hablarse también de quién lo da. Algo en lo que seguramente estaremos completamente de acuerdo.

Lo cierto es que estamos viendo cómo representantes del poder público se convierten en meros títeres de las grandes empresas y de grandes fortunas que les han influido o les han cooptado directa o indirectamente. Y por eso nosotros creemos que hay que plantear medidas muy contundentes y muy claras para evitar que lo que se haga es crear regulaciones que aparentemente persigan la corrupción o que incluso consigan buenos titulares de prensa que logren lavar la cara a los partidos del Gobierno, pero que finalmente no terminen logrando los objetivos que dicen perseguir.

Nosotros, por ejemplo, estamos de acuerdo con hablar de incompatibilidades, pero plantearíamos una regulación enormemente estricta durante el ejercicio de los cargos públicos, evitando cualquier forma de simultaneidad con la participación en entidades privadas, con la excepción evidente de la docencia, divulgación o investigación. Una incompatibilidad radical para la gestión y contratación del servicio... del sector público por empresas que cuenten en sus órganos de gestión o que abonen cualquier tipo de servicio a quienes como gestores o responsables del sector público hayan trabajado en la Administración los tres años anteriores. Impedir también que los tres años siguientes al cese de sus funciones puedan ejercer funciones o a empresas privadas o prestar servicios remunerados en las mismas que desarrollen actividades en los sectores en que desplegaron directamente responsabilidades en el ejercicio de su cargo cuando las empresas hayan sido objeto de privatización o se beneficien de contratos públicos, de servicios externalizados, ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza contractual.

Por otro lado, nosotros estamos a favor de una extensión del régimen de incompatibilidades a los diputados y senadores para dotar de mayor efectividad el marco jurídico vigente en materia de incompatibilidades y el conflicto de intereses de miembros del Gobierno, de altos cargos de la Administración y demás cargos públicos, para garantizar la separación entre las actividades privadas y las públicas, y para que ejerzan sus funciones oficiales en régimen de dedicación exclusiva; impedir de todas las maneras las puertas giratorias y plantear una reforma de la Ley de Incompatibilidades para restringir las posibilidades del paso de cargos ejecutivos a la empresa privada del sector en el que se había ejercido el cargo.

En tercer lugar, en lo que se refiere a la oficina de regulación del registro de intereses de los diputados -que es una propuesta también de Izquierda Unida-, nosotros creemos que debe ampliarse a diputados, senadores, miembros del Gobierno, altos cargos de la Administración, y que dicha oficina sea el órgano encargado de la vigilancia y la supervisión del estricto cumplimiento de la legislación vigente en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses, con las características que he enunciado hace un momento, así como de la custodia de los registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales.

Por otro lado, un registro público de actas de reuniones de todos los diputados, senadores y altos cargos de la Administración pública con cualquier entidad privada; y lo hago pensando en los lobbies. Aquí se ha mencionado un caso muy evidente, el caso Gómez de la Serna, el cual lo más dramático quizá de este caso es que la actividad que estaba desempeñando era perfectamente legal. Y esto no indica que la actividad fuera correcta, sino que la ley es injusta, que la ley es incorrecta porque ampara funcionamientos, porque ampara elementos como los que se ha descrito por parte del ponente. Y por eso una medida que es fundamental es que haya un registro público de todas las reuniones que se realicen con cualquier entidad privada, para que abarcara así a los lobbies, que en este momento se encuentran, lógicamente, desregulados, y que además yo no soy favorable a regularlos para no darles carta de naturaleza, porque los lobbies sencillamente no deben existir como tales.

Nosotros precisamente en el año dos mil dos planteamos una propuesta para endurecer el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios y de los altos cargos y crear la agencia estatal de vigilancia en materia de incompatibilidades y ética pública, ¿no? Entre algunos elementos, planteamos también la reforma de la LOREG para el mandato de los diputados y senadores que se ejerza en régimen de dedicación exclusiva, prohibiendo así ejercer las actividades de dirección, representación, asesoría o servicios a cualquier empresa o entidad privada que implique la colisión entre las funciones parlamentarias y los intereses propios.

Por otro lado, otorgar temporalmente a la agencia estatal de vigilancia en materia de incompatibilidades la mera administración del patrimonio personal o familiar cuando incluya participaciones de más del 10 % en actividades empresariales o profesionales que tengan relación de cualquier tipo con las Administraciones públicas o entidades que pertenezcan a sectores regulados total o parcialmente por el Estado, así como a empresas privatizadas hace menos de diez años.

Por otro lado, también reformas en la ley de incompatibilidades de altos cargos, de modo que el ejercicio de estos puestos no pueda compatibilizarse –como decía antes- con cualquier actividad privada, con independencia de que sean retribuidas o no, exceptuando la docencia, divulgación o investigación –como señalaba hace un momento-. La agencia estatal, también, para salvaguardar el escrupuloso respeto a la legislación y la preservación del código ético público, que controlaría la actividad de altos cargos titulares de órganos superiores y directivos de los ministerios, y cargos cuyo nombramiento dependa de las Cortes, el Gobierno y los cargos citados anteriormente, y los miembros de los consejos de administración y directivos de empresas privatizadas. Algunos de estos elementos precisamente los planteamos como enmienda en la... reciente debate sobre la ley de alto cargo y nos fue rechazado por el Grupo Popular. Y, por otro lado, también la creencia de que administración de la administración temporal de patrimonios prevista anteriormente -el órgano del que hablaba hace un momento- debería encargarse también de investigar y, en su caso, exigir responsabilidades administrativas, y trasladar al Ministerio Fiscal las posibles conductas.

Por lo tanto, nosotros creemos que un debate de esta radicalidad y de esta profundidad sí podría permitir una lucha efectiva contra la corrupción, y ante una propuesta que no plantee estos niveles de concreción y de avance, pues nosotros, cautelarmente, nos decantamos por una abstención.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Sarrión Andaluz. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor Díez Romero.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Gracias, vicepresidente. Bueno, lo primero agradecer al proponente, al señor Delgado Palacios, su explicación clara y concisa sobre el asunto. Y ya le digo que, aunque no vamos a apoyar esta iniciativa, desde luego, nuestro grupo político no la va a bloquear. Y no la vamos a apoyar pues por lo que han expresado ya anteriormente mi compañera Natalia, lo que ha expresado el señor procurador de Izquierda Unida, Sarrión, sobre lo que hace el Partido Popular con los acuerdos, y en qué los convierte. Concretamente, en qué convirtió, por ejemplo, el acuerdo sobre los informantes en las Cortes de Castilla y León, ese mismo acuerdo que ustedes tuvieron la oportunidad de pactar con ellos. Desde luego, no nos... a nosotros no nos gustó y, desde luego, creo que pervirtieron totalmente el objeto de la cuestión.

Desde luego, para nuestro grupo político las urgencias de un buen Gobierno deberían ser las mismas que las de la mayoría social del país al que gobierna. Urgencias ciudadanas, las que deben estar en el centro de la acción política, y, desde luego, no los caprichos de las élites de turno o determinadas ideologías.

En la situación actual, la tarea de un Gobierno, para nosotros, de un Gobierno patriótico al servicio de su pueblo, debería ser restaurar la dignidad, en este caso, de las personas que peor lo están pasando por la crisis, sobre todo golpeadas no solo por una gestión económica, sino por una gestión política creemos que también nefasta, sacar de la precariedad a las clases populares y devolver las instituciones a la gente, que es lo que otorga sentido al Estado de derecho, y que es el objeto de la proposición que hoy trae aquí, a esta Cámara -yo creo-, el Grupo Ciudadanos.

Nuestra propuesta política, desde luego, no va a ser... no va a servir para que el Partido Popular o el Partido Socialista se den un barniz de regeneración democrática, como acostumbran, cada vez que en esta legislatura pactan supuestas reformas que responden, en este caso, a demandas sociales de regeneración, pero que luego en sus manos no dejan de ser un mero maquillaje de quien no entiende y no quiere cambio alguno. La comunidad internacional, no solo en nuestro país, ha tomado conciencia del grave problema que supone la corrupción, del grave problema que supone una corrupción, esta sí, legal, pero que no deja de ser corrupción, cuando esta afecta a la res pública, quebranta derechos humanos y es incompatible con los fundamentos más básicos de la democracia. Además, conlleva también, yo creo, una pérdida de confianza de las personas en las instituciones y en quien las lidera y, como hemos sufrido en los últimos años en nuestro país, el desánimo y la fuga de tantos jóvenes y talentos como también podemos comprobar en Castilla y León.

La destrucción causada por esta corrupción perjudica el interés general y pone trabas e incluso impide el desarrollo económico. Se necesita una voluntad política fuerte y constante para combatir la corrupción, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, como también en el de Castilla y León, no solo porque hemos adoptado convenios internacionales para ello, sino porque debemos ser ejemplares y predicar con el ejemplo cuando hablamos del dinero público.

Un cargo público suele ser un cargo de gran responsabilidad, que incluye la capacidad de crear leyes, asignar presupuestos o modificar modelos de gestión. No obstante, cuando un cargo público deja su responsabilidad y pasa a incorporarse a la empresa privada, desde Podemos pensamos que muchas veces estos cargos llegan a alcanzar puestos de gran remuneración no solo por su valía profesional, sino por los intereses o contactos de los que disponen después de haber sido cargos públicos o estar al servicio de determinados Gobiernos. Estas relaciones entre política y grandes empresas son un fenómeno que la sociedad española demanda que deben regularse, y es evidente que en esto vamos a estar todos de acuerdo. Efectivamente, en la solución quizá nosotros proponemos una solución distinta a la que proponen ustedes, o etcétera, pero, desde luego, como ya le digo, no vamos a bloquear este debate.

El fenómeno de la puerta giratoria, a la que ha hecho también mención el proponente, especialmente cuando no se da en una situación de transparencia, conlleva no solo una problemática ética y deontológica por la intromisión de las esferas de interés general de las grandes empresas con las del interés general público; es decir –y para... traducido a que todo el mundo lo entienda-, cuando hablamos de que determinados políticos legislan en favor de determinadas empresas y no en favor de la mayoría social, hablamos, por ejemplo, de cómo en el dos mil seis el Partido Socialista perdona 3.500 millones de euros a las eléctricas; hablamos, por ejemplo, también, de cómo el Partido Popular bloquea el desarrollo de las energías renovables con el impuesto al sol; es decir, vamos a poner nombres y apellidos a todo esto que llamamos puertas giratorias.

Desde Podemos, desde luego, planteamos extender y clarificar las incompatibilidades de cargos políticos -altos cargos de la Administración central y autonómica y directivos de empresas públicas- una vez finalizada su prestación como tales. Tampoco queremos que esta gente no trabaje, tampoco queremos que esta gente simplemente viva de una pensión, pero si querremos y queremos que trabajen en algo que no pueda estar, en este caso, directamente relacionado con la función que han venido desempeñando en la política. Creemos que es de sentido común, y de lógica y de coherencia. ¿Por qué? Porque nos puede costar esto muchísimo más, a todos los españoles, que lo que nos puede costar, en este caso, incluso una pensión –vamos a decirlo así-, aunque nos gustaría, desde luego, que trabajaran en otro tipo de actividades.

Por eso hemos propuesto, o propusimos, en una proposición no de ley durante el pasado ejercicio: extender un mínimo de 10 años hasta que un exalto cargo pueda intervenir en un ámbito afectado directamente por una decisión adoptada por él durante el ejercicio de su responsabilidad pública; impedir que cualquier exalto cargo participe en consejo de administración de empresas que operan en sectores estratégicos del Estado, y ahí nos referimos –y lo vamos a decir claramente- a los consejos de administración, probablemente, de las eléctricas o los consejos de administración de empresas participadas por el Estado, como, por ejemplo, pueda ser también Abengoa; prohibir también –ya se ha hecho referencia por parte del proponente- que desde los lobbies se contrate a los diputados o a los asistentes; es, por desgracia, una práctica habitual que hemos visto y que nos repugna totalmente; obligar a que, si desde los lobbies se emplea a antiguos miembros del Gobierno, estos lobbies informen de quiénes son sus clientes, a qué representantes políticos contactan, qué temas tratan y en qué gastos incurren durante su trabajo.

Por eso, también, defendemos crear a nivel estatal, y también en cada Comunidad Autónoma, una oficina de registro de conflicto de intereses e incompatibilidades que vele por el cumplimiento de estas normas y que esté dotada de independencia y capacidad inspectora. Por eso, desde el Congreso de los Diputados hemos instado al Gobierno a una serie de puntos, que fueron nueve puntos: el primero hacía referencia a promover una normativa, en este caso, que establezca la prohibición absoluta para ocupar puestos en consejos de administración; el segundo punto hacía referencia a reforzar el régimen de incompatibilidades y aumentar en diez años –como le he dicho- el período de carencia para que los cargos remunerados no puedan prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por sus decisiones; el punto tercero hablaba de extender las prohibiciones e incompatibilidades a la gente que ocupara puestos de personal eventual y asimilados, o de asistencia a los propios diputados; el punto cuatro hablaba de promover una normativa que regulara la actividad de estos grupos de presión y un registro; el punto cinco acordaba también prohibir que de estos grupos de presión se contrate a diputados, diputadas o asistentes; el punto seis, obligar a que si dichos grupos de presión, después del período señalado, se contrataran, se hiciera un registro público; el punto siete obligaba a los cargos enumerados a declarar todas esas nuevas funciones que tuvieran; el punto ocho hablaba de reforzar la trasparencia; y el punto nueve hablaba de reforzar las actuales incompatibilidades para que al final fuera de cualquier manera incompatible, y en este caso para los cargos electos, evitando las puertas giratorias, y para que en el ejercicio del cargo se realizara con las máximas condiciones de trasparencia, legalidad y ausencia de conflictos.

Era una legislación dura, evidentemente, pero, claro, en el caso de España pensamos que es necesario aplicar mano dura con estos políticos que tanto han defraudado a la sociedad, con estos políticos que tanto avergüenzan a nuestro pueblo y con estos políticos que han puesto los intereses privados, los intereses de las grandes trasnacionales, por encima de los intereses del pueblo español de una manera tan flagrante y vergonzosa. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Díez Romero. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de diez minutos, intervendrán la procuradora doña Gloria Acevedo Rodríguez y doña Ana María Muñoz de la Peña. En primer lugar, doña Gloria Acevedo Rodríguez tiene la palabra.

LA SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, vicepresidente. Señorías, buenas tardes. Mire, nos presenta el Grupo Parlamentario Ciudadanos una iniciativa sobre las llamadas "puertas giratorias", y ustedes proponen una serie de medidas para controlar el régimen de incompatibilidades, que se circunscriben a la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses, reforzar la normativa existente en un espacio temporal amplio, así como el ámbito objetivo respecto de la estructura de la propia empresa y una declaración completa de bienes, actividades, cuya falta de presentación dé lugar a impedir la toma de posesión; y la causa... y la no presentación pues produzca el cese inmediato.

Entendemos, con todo el respeto al procurador de Ciudadanos, que la presente iniciativa pues es un totum revolutum que afecta tanto al fondo y a la forma. Y entendemos que si aquí se ha hablado de utilidad, y no teniendo competencia estas Cortes para el tema que estamos tratando, pues el señor José Ignacio pues debería de dar una mayor explicación sobre la presente proposición no de ley. Y creemos que lo único que se hace en razón a esta proposición no de ley es cumplir un mecanismo de propia organización de partido y no profundizar en el tema. Y sería estrictamente necesario que para que los grupos políticos pudiésemos fijar nuestra posición y tomar una decisión, no porque suponga un pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular, debería usted concretar las medidas en las que usted base este régimen de incompatibilidades respecto de los cargos públicos.

Y entendemos que este totum revolutum se circunscribe, en cuanto a la forma, empezando porque la propuesta de resolución es una propuesta de resolución muy complicada de entender, bajo mi humilde punto de vista, porque no entra en conexión directa los antecedentes que ustedes están relatando, es una propuesta de resolución general y nada en ella se concretiza.

Y entendemos que el supuesto de hecho al que usted se refiere en la propuesta de resolución, cuando usted dice: "...el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos tras su cese, en caso de incorporaciones ex novo a empresas, así como a fundaciones o entidades dependientes de ellas, de un sector en el que no tenían experiencia profesional previa y hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión". Entendemos que usted... que ustedes se están refiriendo a un único supuesto de hecho: imposibilidad de incorporación a una empresa cuyo objeto social no tenían experiencia con carácter previo a ser cargo público, pero como consecuencia de ser cargo público y de la actividad desarrollada en el Ejecutivo adquieren experiencia, y ahora pasan a ser parte de la empresa como consecuencia de la experiencia adquirida. Yo esa propuesta de resolución, ese supuesto de hecho, no llego a comprenderlo en la medida en la que ustedes lo explicitan aquí en esta propuesta de resolución, porque creo que las puertas giratorias se refieren a un espectro, a un abanico mucho más amplio de personas y de requisitos que hacen que no estemos de acuerdo con estas puertas giratorias.

Pero, en todo caso, las puertas giratorias pues también tienen respecto de... -sin entrar en conflictos con Podemos- respecto de aquellas personas también que acceden a la política sin ningún tipo de... carente de formación... de formación, sin capacidad técnica o experiencia. Y me vuelvo a referir.... no, estoy refiriéndome a un supuesto en concreto, a un supuesto en concreto. Ustedes también se refieren a supuestos individualizados de los nuestros, con lo cual yo también me refiero a supuestos de los suyos. Y, en todo caso, consideramos que las que... que este tema necesita una serie de reflexiones, una serie de reflexiones respecto a su regulación, porque yo también me pregunto para aquellos casos de, por ejemplo, jueces, fiscales, abogados del Estado, inspectores de Hacienda que van a la política, y después dejan la política y vuelven al sector privado, y aquí tampoco se hace referencia a ello.

Entonces, también nosotros entendemos por eso que usted debería de haber profundizado mucho más en este tema, porque sí que tenemos filtros en este tipo de cuestiones en referencia a la actividad propia en el sector privado, como, por ejemplo, también el régimen de la abstención, también. ¿Qué pasa, que toda la gente que accede al sector... al sector privado desde el sector público no tiene capacidad de reconocer su incompatibilidad? Eso existe en muchos ámbitos en los cuales nos desarrollamos toda la vida, y hay muchas reflexiones sobre el tema del régimen de incompatibilidades. También hay gente que piensa que tampoco podemos provocar la muerte civil de una persona que ha dedicado parte de su vida al sector público y que no pueda ingresar en el... en el sector privado.

Entendemos que todo tiene que ser hilado y justificado en su estricta medida, con lo cual nosotros abogamos por la no prohibición, pero sí por el control exhaustivo. Y además entendemos que, incluso en estos supuestos a los que ustedes hacen referencia, existen personas que no han... que no han accedido al sector público habiendo transcurrido entre cuatro y cinco años desde que dejaron el sector, con lo cual entendemos que es necesario que... –y parece que se me va acabando el tiempo-.

Entonces, pues nosotros nos vamos a abstener en este sentido, porque consideramos que, no siendo una iniciativa de nuestra competencia, si ustedes hubiesen querido que nosotros nos pronunciásemos, deberían de haber ustedes... haber profundizado más en esas medidas que deben de regularse para la incompatibilidad respecto de los cargos públicos. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señora Acevedo Rodríguez. Tiene la palabra la señora Ana María Muñoz de la Peña.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, presidente. De manera muy rápida. Si bien estamos de acuerdo con el espíritu que plantean en la iniciativa, el espíritu que se vislumbra en el fundamento, desde luego tenemos muchas dudas respecto luego a la propuesta de resolución final que plantean.

Dos problemas, a nuestro juicio, según nuestro criterio, tiene su iniciativa: uno de comprensión, no entendemos claramente qué quiere decir respecto a esto del organismo independiente, esperamos que pueda aclararnos en este sentido; y se queda muy corta, se centra básicamente en iniciativas planteadas a nivel nacional, a nivel estatal, olvidando a la Comunidad Autónoma.

No tengo mucho tiempo, puesto que se ha visto reducido, de manera que no voy a entrar en el análisis del fundamento, porque, en realidad, y lo importante, finalmente, es la propuesta de resolución que fijan, y centrada claramente en el Gobierno central, desaprovechando una buena ocasión para proponer la aplicación de mejoras, de medidas de control y de transparencia en los órganos de Gobierno y altos cargos de la propia Junta de Castilla y León, olvidando -un olvido imperdonable en el caso de su grupo, que sustenta al Gobierno, que de alguna manera facilitó la investidura del presidente de la Junta de Castilla y León-, olvidar claramente medidas concretas de control, transparencia, puertas giratorias, también a nivel de la Comunidad Autónoma.

En cualquier caso, más allá del fundamento, lo que ciertamente y verdaderamente es importante es lo que plantea en la propuesta de resolución, que dicen: "Encomendar a un organismo independiente la supervisión de las funciones de la Oficina de Conflictos de Intereses". Esto es, crean un órgano para supervisar a otro órgano que ya existe. Y aquí es donde aparecen los problemas para el Grupo Parlamentario Socialista. O sea, un organismo independiente que no concretan; no entendemos a qué se refieren cuando dicen que un organismo independiente. ¿De qué organismo independiente hablan? Como, antes, de la agencia; en el fundamento se refieren a una agencia, ¿a una agencia de qué?, ¿con qué criterio, con qué forma jurídica, con que competencias? Pues lo mismo pasa con el órgano independiente, ¿se refieren a entes públicos, a entes no públicos, a una empresa privada, a una institución benéfica, a una fundación? ¿A Transparencia Internacional, a lo mejor, que sea Transparencia Internacional quien evalúe a España? ¿O a otro organismo distinto, nacional o internacional? Claramente. O sea, no entendemos qué alcance tiene este organismo independiente.

Desde luego, ninguno de estos nos ofrece a nosotros ninguna garantía -garantía de independencia-; unos tienen, y tendrán, claramente, intereses empresariales o intereses económicos; o, en caso de que este organismo independiente se tratara de una empresa, no entendemos claramente... Necesitará financiación. Desde luego, al Grupo Socialista, que sea una empresa privada, un organismo autónomo independiente, una agencia, quien controle a la labor que ahora mismo está haciendo la Oficina nos parece ciertamente un despropósito. Se trataría, en todo caso, de que... una Oficina de Conflictos de Intereses independientes, y fuera verdaderamente independiente, no de buscar un órgano que la supervise.

Entendemos que, en todo caso, la supervisión de esta Oficina correspondería al Parlamento, que creo que es quien debería nombrar al director y asumir las competencias que debería tener esta Oficina. Porque, en realidad, al final lo que piden es que dé cuentas al Parlamento. O sea, ¿una empresa privada va a dar cuentas al Parlamento?, ¿una agencia?, ¿un organismo independiente?, ¿una fundación?, ¿Transparencia Internacional? Bueno, pues, lógicamente, si van a dar... rendir cuentas al Parlamento, sea el propio Parlamento quien controle a la Oficina. Sería lo más... lo más lógico en todo caso. El nombramiento también que lo haga el Parlamento.

Por tanto, está farragosa, no acabamos de entender qué quieren determinar con la agencia, qué quieren determinar con este organismo independiente. Bueno, nuestra votación, claramente, será abstención, en tanto en cuanto... Hombre, si modifica ahora la propuesta de resolución y fija claramente el alcance de esta... de este organismo independiente, pues podríamos cambiar de criterio. Pero, en principio, tal y como la plantean, nos genera muchísimas dudas, no se concreta los términos en los que fija la propuesta de resolución.

Y, desde luego, no estamos de acuerdo tampoco en duplicar organismos, crear entes, agencias, para control de lo que ya existe; desde luego, ese no es nuestro modelo. Nada mejor y nada ofrece más garantías que el propio Parlamento, que representa a la soberanía nacional, y que sea el propio Parlamento quien, en este caso, pueda controlar a la agencia. Puesto que es la agencia quien rinde cuentas al Parlamento, pues que sea el Parlamento -que en realidad nos representa a todos, y todos estamos representados en el Parlamento- quien asuma estas funciones.

Y, por último, una recomendación; una recomendación, y es que convertir en iniciativas los acuerdos de Gobierno que hicieron con la Junta o con el Partido Popular no tiene mucho sentido puesto que ya los tienen firmados. Lógicamente, no tiene sentido que los conviertan en iniciativas. Yo creo que lo que deberían hacer era exigir el cumplimiento de estos acuerdos, controlar a aquellos con quienes firmaron el acuerdo; que estos acuerdos, efectivamente, los cumplan, y, desde luego, instarles, en el caso de que no se estén cumpliendo, a que los cumplan, no intentar hacernos cómplices a todos de aquellos acuerdos que han firmado con otros grupos políticos. Exíjanles que los cumplan, pero no nos conviertan en sus cómplices, porque no, es evidente que no podremos serlo. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señora Muñoz de la Peña. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, en un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora Sopeña Ballina.

LA SEÑORA SOPEÑA BALLINA:

Gracias, vicepresidente. Compartimos que una correcta y rigurosa regulación de los posibles conflictos de intereses representan un elemento crucial para la mejora de nuestro sistema institucional. Especialmente, evitar que los cargos públicos aprovechen de forma indebida los resultados del ejercicio de su actividad, a favor propio o de un tercero, una vez que hayan abandonado sus responsabilidades, es, sin duda, un importante elemento a favor de la regeneración de la política.

Ya en el año dos mil, el Consejo de Europa definió estos conflictos de intereses como "Aquellas situaciones en la cual –leo textualmente- el funcionario público tiene un interés privado que influye o parece influir en el cumplimiento imparcial y objetivo en sus funciones oficiales, entendiéndose por privado cualquier ventaja para él mismo, su familia, parientes, amigos y personas u organizaciones con las que ha tenido relaciones empresariales o políticas".

El Partido Popular ha asumido esta orientación, incorporándola en las recientes leyes sobre regulación de cargos públicos tanto en el Estado, a través de la Ley 3/2015, de treinta de marzo, reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración general del Estado, como también en Castilla y León mediante la reciente Ley 3/2016, de treinta de noviembre, del Estatuto de Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Ambas contemplan estrictos criterios tanto para el acceso al ejercicio de las responsabilidades públicas como a la hora de contemplar sus compatibilidades profesionales a su cese en el tránsito del cargo público al sector privado, buscando evitar así las llamadas puertas giratorias.

Vinculados sus contenidos con la... con las dos proposiciones no de ley que nos presentan hoy, pues lo primero, como principio general inicial, en ambas normas se define lo que se ha de entender como "conflicto de intereses". Para la Ley 3/2015, del Estado, se entiende que un alto cargo está incurso en el mismo "cuando la decisión que vaya a adoptar pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio de los mismos". En Castilla y León hemos querido ser más rigurosos en esta exigencia, ampliando el posible campo de conflicto más allá de la concreta... a la naturaleza económica o profesional de los intereses personales afectados. De esta manera, según la Ley 3/2016 de Castilla y León, se entenderá que existe conflicto de intereses para el alto cargo en toda situación en la que sus intereses personales, directos o indirectos, puedan comprometer el ejercicio de sus funciones con la debida imparcialidad o independencia.

Cabe destacar que en esta nueva normativa se contempla un sistema de alerta temprana para detectar posibles conflictos de intereses. Así, en el caso de la Administración general del Estado, la Ley 3/2015 contempla que sea la Oficina de Conflictos de Intereses quien informe al alto cargo de los asuntos o materias sobre los que -y con carácter general- debe abstenerse. La ley de Castilla y León ha optado, por su parte, por una solución más directa y de eficacia más inmediata: ante un posible caso de abstención, el alto cargo comunicará tal circunstancia por escrito a su superior jerárquico inmediato, el cual resolverá lo que proceda.

También en la PNL se insiste en el control de las incompatibilidades y la supervisión de las mismas durante todo el periodo en el que el alto cargo ejerce su función, considerando esencial a este fin que se presenten al principio y al final de cada legislatura o mandato del cargo público una declaración completa de bienes, actividades e intereses. Tal exigencia se encuentra ya ampliamente contemplada en la actual normativa, tanto en la Ley 3/2015 del Estado, en la que se establece un plazo de tres meses para la toma de posesión o cese, y el alto cargo debe de presentar una declaración de actividades, la copia de la declaración del IRPF, el certificado de la declaración del impuesto sobre el patrimonio y, tras su nombramiento, el certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias.

En la Ley 3/2016 de Castilla y León se muestra también aquí más exigente en estos requisitos. Por un lado, reduce los plazos de presentación de la documentación requerida a dos meses y, por otro lado, además de las mismas exigencias de orden tributario -contempla por ley estatal declaraciones del IRPF y patrimonio al inicio y al final de su mandato o estar al corriente de las obligaciones con el fisco-, también aquí hay que presentar tres tipos de declaraciones: la primera, de no estar incursos en ninguna causa de incompatibilidad previstas en el ordenamiento; la segunda, de todas las actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos; y también otra notarial sobre sus bienes, derechos y obligaciones patrimoniales. Declaraciones que deben volver a presentarse en el mes siguiente a su cese.

La ley autonómica establece de manera expresa la obligación de los altos cargos de observar todo lo establecido en el código ético y de austeridad.

También en la PNL se insiste en reforzar la normativa existente en materia de incompatibilidades, de manera que aquellas personas que hayan ocupado cargos políticos de relevancia no puedan, durante un plazo prudencial suficiente amplio, trabajar para la empresa privada en los sectores en los que haya actuado durante su periodo de actividad pública, e impedir los trucos y subterfugios que existen actualmente y posibilitan burlar la normativa.

Se trata del núcleo fundamental, las llamadas "puertas giratorias", una circunstancia que ya también está regulada a día de hoy. La Ley 3/2015 del Estado contempla una compensación económica mensual, como saben sus señorías, del alto cargo, por un máximo de dos años. En este periodo de tiempo se le impone, como contrapartida, importantes restricciones a su actividad. Además de las declaraciones tributarias y sobre su actividad, deben presentar, al comienzo y al final de su responsabilidad, lo siguiente: durante los dos años siguientes a la fecha de su cese no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por las decisiones en las que hayan participado, prohibición extendida también en las entidades a las que pertenezcan al mismo grupo societario; y durante esos dos años los altos cargos cesados no podrán realizar, por sí mismos o a través de entidades participadas por ellos, directa o indirectamente, en más del 10 %, contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con la Administración pública en la que hubiesen prestado servicios, directa o mediante empresas contratistas o subcontratistas, siempre que guarden relación directa con las funciones que el alto cargo ejercía.

Por su parte, la ley de Castilla y León vuelve a ser más exigentes en las limitaciones derivadas del cese del alto cargo. Así, durante los dos años siguientes al mismo, no podrán prestar servicio en entidades privadas de un sector en el que no tuviesen experiencia profesional previa a su nombramiento y sobre el que hubiesen tenido responsabilidades durante el ejercicio de sus funciones. Tampoco podrán prestar servicios en entidades privadas que hubiesen sido afectadas por decisiones en las que hubiese participado individual y directamente. Tampoco podrán, por sí mismos o por entidades participadas por ellos, directa o indirectamente, en más del 10 %, celebrar contratos con la Administración de la Comunidad ni con sus entidades adscritas, siempre que guarden relación directa con las funciones que ejercían como alto cargo.

Y también insistir en que, durante estos dos años, deberán comunicar con carácter previo a su inicio las actividades privadas que pretenden desarrollar y esperar antes de comenzarlas el pronunciamiento oportuno sobre su compatibilidad.

Todos estos puntos yo creo que es lo que usted exige en la proposición no de ley. Y también señala el dotar de verdadera independencia a la Oficina de Conflictos de Intereses, convertida en agencia, que debe rendir cuantas... solo al Parlamento, y cuyo presidente debe de ser nombrado en la manera previa para las instituciones de supervisión y control. A este respecto, le tengo que decir que ya se garantiza que la misma tiene plena autonomía funcional en el ejercicio de sus funciones, y que su director debe comparecer, previamente a su nombramiento, ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, a fin de examinar si su experiencia, formación y capacidad son los adecuados para el cargo.

Por su parte, la ley autonómica atribuye a la Inspección de Servicios la recepción y el control de la documentación requerida a los altos cargos y al... y también decirle que simplemente le vamos a... por todo esto, le vamos a apoyar las dos proposiciones de ley que presenta, porque pensamos que hemos ido más lejos incluso que el Estado en estas cuestiones, y que, además, creemos que se debe de seguir mejorando todo lo que sea posible en estos aspectos. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señora Sopeña. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señor presidente. Vamos a empezar casi por el final. Efectivamente, yo creo que el Partido Popular, en las explicaciones -y agradeciendo, lo primero, su apoyo-, pues ha sido más profusa en las explicaciones que sobre todo el Partido Socialista decía de qué concreciones. Pues fíjate tú si nos ha concretado. Es decir, yo, ahí, cuando he estado haciendo mi exposición, la verdad es que no me ha dado tiempo, y estaba hablando ya pues de esta ley que hemos hecho en Castilla y León, efectivamente, ley de altos cargos, que puede ser un ejemplo perfectamente pues para la que luego se tenga que hacer a nivel estatal, ¿no?, en ese Artículo 8, 11, en fin, donde yo creo que con bastante precisión la procuradora nos la ha explicado. En fin, yo creo que son leyes bastante ya restrictivas. Con lo cual, el tema de que dice que, bueno, que es un totum revolutum, que, bueno, que esto es hablar por hablar, pues, sinceramente, en otras cosas puede, pero en esta, precisamente, más clarito que lo que se está haciendo aquí, sobre todo por intentar, intentar... porque a veces yo no sé si es aquí se nos olvidan las cosas. Porque, claro, hoy aquí el Partido Socialista... que a lo mejor estamos hablando, no sé, ¿de qué estamos hablando? Pues se lo puedo decir muy fácilmente. Mire, las puertas giratorias, usted va a cualquier sitio de internet, ¿verdad?, y empezamos a ver puertas giratorias. Pues sobre todo aparecen dos partidos políticos, ¿no?, como usted comprenderá: Partido Popular y Partido Socialista. Señor Ángel Acebes, Felipe González, José María Aznar, José María Michavila, Josep Piqué, José María Eguiagaray, Luis Atienza, Miguel Boyer, Narcís Serra, Rodrigo Rato, Elena Salgado. Pero, fíjese, las puertas giratorias no solo se quedan ahí, en los organismos públicos, ¿no? Sobre todo la banca, los grandes, ¿verdad? Lo que sabemos todos: Santander, etcétera, etcétera. Pues seguimos, si quiere, ¿eh? Abel Matutes, Benita Ferrero-Waldner, Braulio Medel, Carlos Rojo Malayo, Carmen Becerril, Enrique Martínez Robles, Elena Salgado, Felipe Fernández, Felipe González, Fernando Becker. En fin. En fin, yo creo que una larga relación de personas, y que todos sabemos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de evitar este tipo de cuestiones.

Con lo cual, yo, sinceramente, que se nos diga, y más, no sé, viniendo del Partido Socialista, en fin, que hacemos aquí todos proposiciones no de ley, que ya se las recordaré yo cuando venga el tiempo, porque, vamos, esto es como aquel que decía "¿hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia?", ¿no?, que se decía mucho. Pues, hombre, si es que, que me diga usted eso... Porque aquí proposiciones no de ley, pues unos instando, bueno, a todas las instituciones y de muchos modos y maneras, ¿no? Y mire que yo, el que la suscribe, que creo que nos vamos conociendo, también es verdad que nos gustaría que todo fuera más concreto, sobre aquí a Castilla y León, y más, en fin, en necesidades de las Cortes Regionales.

Pero, sinceramente, creo que esta, estas, este tipo de acuerdos tiene un calado tan importante que tampoco pasa nada porque... hacer recordar, en este caso al Partido Popular y a todos los grupos políticos que hay que recordar lo que hemos pactado, lo que hemos pactado. Pero no se pacta entre... –en este caso- entre dos partidos; se pacta para que todos lo cumplamos y para que estas tristes listas no se vuelvan a repetir, que es de lo que se trata. Y que, al fin y al cabo, estamos todos para gobernar y legislar pues lo mejor posible, y hay cuestiones que, efectivamente –y dice la procuradora socialista-, no se trata de hacer la muerte civil de los políticos, y estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que parece ser que aquí, porque uno ha sido cargo público, ya hay que, eso, hacerle un cementerio, no de elefantes, sino de los malos, y hala, a tomar... quédate por ahí, que tú ya ni puedes hacer nada. Hombre, no se trata de eso. Pero también le digo una cosa: si cuando accedemos a la política todos -¿verdad?- ya vamos con los deberes hechos, y tenemos un oficio, pues no pasa nada, porque volvemos al oficio que tenemos. Yo perfectamente sé de dónde vengo, y no se preocupe usted, que el día que me vaya de aquí también sé dónde voy a ir, y no me preocupa.

Lo lamentable y lo peligroso... –al Ministerio del Interior, en mi caso, efectivamente; soy un funcionario del Estado y... cuando hacía algo, y mi esfuerzo me costó-. Pero claro, lo peligroso en este caso es que sabemos de muchos políticos, ¿verdad?, de muchos colores... y aquí incluso vienen también nuestros amigos de Podemos, que acaban de empezar, pero ya van teniendo algún problema, ¿no? -aquí vamos llegando al baile, como decía mi abuela-. ¿Por qué? Porque, claro, el poder, ¿qué tendrá el poder que corrompe a todo el mundo, no? Eso siempre decían los filósofos, y aquí tengo uno a mi izquierda, ¿no? El poder es una cosa omnímoda, omnipresente. ¿Qué pasará? Oye, acabáis de tener una presidenta en Baleares y ya empieza... no acaba de empezar, y, coño, ya parece que se equivoca, y legisla un poco y ayuda a los amigos, ¿no?, para comprar palacetes y tal. Pero si eso le puede pasar a cualquiera. Por desgracia... [murmullos] ... hay que evitar que no nos pase a cualquiera; es decir, que no le pase a nadie. Y esto no lo digo en broma, aunque lo parezca. Se trata de legislar para que este tipo de situaciones no pasen nunca. Porque, efectivamente, alguien ha hecho la referencia –creo que el de Izquierda Unida o Podemos- pues a las personas con mala situación económica, claro. De eso se trata, de que aquellos ciudadanos que pasan la vida casi casi con el salario mínimo interprofesional, que están dependiendo pues de la Ley de Dependencia, y que no les llega ni el aliento ni el dinero para llegar a final de mes, pues, encima, no se tengan que regalar con este tipo de listados y no tengan que estar escuchando todo el día las barbaridades de esta cuadrilla de juerguistas o de gente impresentable que se dedica a cualquier cosa menos a lo que nos han votado los ciudadanos, que es a legislar y a intentar mejorar nuestras situaciones.

Y por eso, efectivamente, también me quedo con una apreciación de Podemos: tan importante, efectivamente, es el que cobra como el que paga. Y en eso estamos todos de acuerdo. Y desde Ciudadanos hemos dicho siempre que no nos gusta el "capitalismo de amiguetes", no nos gusta; y nos gusta la transparencia, y nos gusta y queremos saber lo que cuesta realmente la luz, y queremos saber cómo se emite la luz, y queremos saber cómo se conduce la luz, y cuándo... y cuánto cuesta. Y, efectivamente, no podemos entender por qué no se potencian más los parques eólicos, que ahí está el viento, que hasta la fecha es gratis, que yo sepa; a no ser que decidan un día que donde haya ricos haya aire y donde haya pobres no haya aire, pero vamos, de momento sopla en todos los lados; y que el sol también, ¿eh? -nihil novum sub sole-, pues nace para todos también, de momento. Entonces, lo que no entendemos es ese tipo de cuestiones. Es totalmente inadmisible.

Yo el otro día, hablando con un grupo de procuradores en otra Comisión –recuerdo-: ¿usted sabe que hay pantanos, o embalses grandes, en Castilla y León y en España, con turbinas y con todo preparado para producir energía eléctrica, y que no se está funcionando? ¿Usted se cree que se puede consentir eso? Y no creo que me vaya de la cuestión porque... [murmullos] ... porque es de lo mismo; porque es que luego aparecen los que están pagando; es decir, las grandes compañías eléctricas. ¿Usted se cree que esto es normal? No es normal, es totalmente incalificable, es inasumible, y no se puede consentir. Y cuando esto, por desgracia, pasa tantas veces, lo que no podemos hacer nosotros –desde aquí o desde allá, donde estemos- es, pues como acostumbrarnos al cólera: "Coño, de vez en cuando hay cólera o hay una peste, viene el catarro en invierno, ya se pasará; hay unos golfos por ahí viviendo la vida, déjales". No, hombre, no, los golfos a la cárcel, si puede ser, y sobre todo que devuelvan lo que están cobrando ilegalmente, que nos cuesta a los demás mucho cobrarlo; y de cárcel algunos sabemos mucho más que otros.

Pero es así la historia, y por eso estamos desde Ciudadanos diciendo que... vamos, agradeciendo a todos las reflexiones, por una parte, y el apoyo, en este caso, del Partido Popular; que también nos hubiera gustado, sinceramente, que el Partido Socialista también lo hubiera hecho. Pero bueno, entendemos a todos las razones; ahora, entendemos las que entendemos. Por eso decimos: contra la corrupción, cero, no se puede consentir nada; contra los... la promoción de leyes de altos cargos donde haya toda la responsabilidad posible, cero también. No se puede consentir ni una duda de... en fin, de legalidad y de honradez, porque, por lo menos, en fin, el valor se presupone –igual que la honradez-, y, si no se tiene, apaga y vámonos.

Sinceramente, me decía... claro, y se lo voy a decir, sí. Porque yo cuando lo estaba leyendo –que yo tampoco crea que comulgo mucho con... suelo ser muy crítico con todo; conmigo mismo lo primero, ¿eh?, que hay que leer las cosas-, efectivamente, ese organismo independiente que fiscaliza a otro organismo. Pero claro, ¿sabe lo que pasa?, ¿sabe lo que pasa?, ¿sabe lo que pasa? [Murmullos]. Sí, sí, sí, ¿y sabe lo que pasa? Que la Comisión Nacional de Valores de... ¿verdad?, también la tenemos ahí, que se supone que es una comisión independiente, que tenía que... ¿verdad?, que va... ¿Y qué hace? Lo que usted y yo sabemos. ¿Y el Banco de España? Hombre, por favor, no me diga usted que el Banco de España. El Banco de España, por favor, unos funcionarios públicos que tienen que velar por el bien común de todos, y que tal, y que no se enteraron del tema de Bankia; que no se enteraron, que no lo vieron. Ni de la Caixa, ni de nada. No se enteran de nada. ¡Hombre, por favor! Por eso usted comprenderá –y bromas aparte- que desde Ciudadanos instemos, lógicamente, esa... esos, digamos, organismos independientes... Hombre, claro, tienen que estar por el Parlamento elegidos; eso sí, de un grupo de expertos con una carrera profesional cualificada, con una, en fin, ..... digamos un probidad evidente y una honradez evidente, en fin, y una cualificación.

Porque nos gustan los méritos; a nosotros nos gusta la meritocracia más que la dedocracia, porque el día que este país haya menos dedo y más mérito y capacidad vamos a elegir muchos mejores profesionales. Eso está claro. Y cada uno sabemos de lo que sabemos, pero lo que... cuando personas que cambian... y por eso decía usted "y qué curioso, el que no sabe de algo y luego sale sabiendo de tal". Pues está muy claro, está muy claro: hay políticos que, eso, que no sabían de algo y luego resulta que salen expertos en energía eólica, en telefonía; vamos, unos fieras, unos linces. No sé dónde han aprendido tanto, hombre. Yo creo que hay que ser serios y, desde luego, no hay que jugar con el dinero de todos los españoles y de todos los castellanos y leoneses, en este caso. Y, sinceramente, yo creo que este tipo de iniciativas, a pesar de que parece que a veces perdemos el tiempo, yo creo que no lo perdemos. Haríamos un gran favor a todos si realmente esto vaya adelante y lo logramos entre todos. Muchas gracias.

Votación PNL/000942 y PNL/000943

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Delgado Palacios. Concluido el debate, procedemos a someter a votación las dos proposiciones no de ley de manera conjunta.

¿Votos a favor? Diez. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Ocho. Queda aprobada la proposición no de ley debatida con diez votos a favor y ocho abstenciones.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Cuarto punto del orden del día. Por la señora secretaria se dará lectura del cuarto punto del orden del día.

PNL/000861

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Proposición No de Ley número 861, presentada por los procuradores doña Natalia del Barrio Jiménez, don Juan Pablo Fernández Santos, para instar a la Junta a publicar en el Portal Abierto todos los informes de fiscalización y auditorías de los órganos externos de control, así como de las empresas contratadas con el dinero público para dicha función, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 176, de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, por un tiempo máximo de diez minutos, la procuradora doña Natalia del Barrio Jiménez.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, presidenta. Bueno, pues, como explicamos en los antecedentes de esta proposición no de ley, la corrupción y el fraude es una de las mayores preocupaciones de los españoles en la actualidad. El último barómetro del CIS así lo demuestra: se trata de la segunda preocupación para los españoles, con un 37,7 %, por encima casi 10 puntos de los problemas de índole económica y por encima de otros problemas como la sanidad; e incluso ya es percibido como un... como un problema que afecta personalmente a los ciudadanos españoles.

Como también indicamos en los antecedentes, el eurobarómetro especial de dos mil once sobre la corrupción también mostró que España era uno de los países del sur de Europa donde el deterioro y la percepción de la corrupción ha sido más pronunciado; también lo ha indicado así el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Con lo cual, no es una cosa que nos estemos inventando nosotros, sino que llega avalado por múltiples estudios, informes y barómetros.

¿Y por qué hacemos referencia y hacemos esta introducción sobre la corrupción? Pues porque creemos y entendemos que las auditorías y los informes de fiscalización son muy importantes para controlar y evitar estas cosas. Hay que hacer auditorías regulares de los organismos públicos con los objetivos principales de revisar los estatutos y eliminar vacíos de contenido o prestación al público duplicados; porque hay que asegurar que el sector público sea independiente del aparato y de los intereses de los partidos políticos; porque hay que recuperar aquellas competencias y potestades públicas privatizadas o externalizadas; porque hay que revisar las encomiendas de los entes instrumentales para revertir los servicios subcontratados, a través de una dotación adecuada de puestos y recursos, para la estructura del sector público. Para eso sirven las auditorías y los informes de fiscalización.

En la actualidad, en Castilla y León el Consejo de Cuentas realiza una excelente labor de fiscalización y publica -es cierto- todos sus informes en la página web, pero la Administración autonómica debería hacer públicos aquellos -en el portal de transparencia- que hagan referencia a las Consejerías, por una razón fundamental; porque nosotros siempre hemos criticado, y lo seguiremos haciendo, que, a pesar de los dieces o nueves -porque ya no tiene un diez la Junta de Castilla y León- que se le dé en transparencia, la página web y el portal de Gobierno Abierto no es para nada ni transparente, y principalmente por una sencilla razón: que no permite una búsqueda y que no es accesible; no permite tampoco el cruce de datos. Y me explico con un ejemplo clarísimo: en la actualidad toda la información vertida en la página web de transparencia hace imposible, por ejemplo, examinar posibles fraccionamientos indebidos de contratos; publicar los informes del Consejo de Cuentas en la página web de transparencia relativos a los diferentes entes que ha fiscalizado resultaría un avance muy importante.

Como también hemos indicado en los antecedentes de esta iniciativa, creemos que el Consejo de Cuentas realiza una gran labor publicando y realizando estos informes de fiscalización, y lo que tendría que hacer la Junta de Castilla y León es tomar en cuenta las recomendaciones que le hace el Consejo de Cuentas. Pero sobre todo nuestro grupo parlamentario está especialmente interesado y ve fundamental aquellos relativos a las empresas externas que sean contratadas con dinero público para dicha función. En primer lugar, porque, como indica la propia Ley 3/2015, de cuatro de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, la transparencia de la actuación de los poderes públicos, al permitir el acceso de la ciudadanía a las fuentes de información administrativa, refuerza el carácter democrático de las Administraciones públicas, y porque el conocimiento de la actuación de los poderes públicos, de sus objetivos, motivaciones, resultados y valoración, permite a la ciudadanía formarse una opinión crítica y fundada sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas. Y supongo que aquí nadie le va a negar la opinión crítica y fundada sobre el estado de la sociedad y las autoridades públicas a la ciudadanía.

En segundo lugar, porque estos informes que se pagan a empresas externas se hacen con dinero público, y, como dinero público que es, los ciudadanos deberían estar enterados de qué se hace con su dinero, deberían conocer el contenido de estos informes, para saber si ha existido... si han existido irregularidades en el ente auditado, o si los informes son a precio de oro, como los que hacía –y ya ha salido en esta Comisión- el diputado del Partido Popular Gómez de la Serna, que cobraba 400 euros por página.

En tercer lugar, porque la participación ciudadana consiste no solo en tener acceso a esta información, sino también a la capacidad de controlar al Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma.

En cuarto lugar, porque se gasta mucho dinero público en todos estos informes en empresas, que luego sirven –y antes hablábamos de las puertas giratorias- para que acudan cargos; y, si no, que se lo pregunten a Begoña Hernández, que está investigada por el edificio de "la perla negra" y ahora es directiva de KPMG España; o también se lo pueden preguntar a Georgina de la Lastra, que firmó contratos con empresas externas para hacer auditorías de cuentas.

En quinto lugar, porque es necesaria la transparencia para el control del Gobierno, porque si el Gobierno... el Gobierno no puede hacer lo que quiera y tiene que dar esta información. Y mire, y yo le voy a poner un ejemplo práctico que ha pasado en estas Cortes de Castilla y León. Los contratos que antes mencionábamos de Georgina de la Lastra, unos contratos de auditorías externas a 4 entes de la Comunidad Autónoma, como eran el ADE, el ITACYL, el Ente Regional de la Energía y Gical, se solicitó la copia de esos informes de auditoría a la Junta de Castilla y León, ¿y sabe lo que respondió la Junta de Castilla y León? La Junta de Castilla y León contesta: "En relación a la petición de la documentación referida, los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desarrollo de las funciones de control interno realizado por la Intervención General de la Administración de la Comunidad solo podrán utilizarse para esos fines y, en su caso, para la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o delito". ¿Cómo vamos a poder hacer un control o denunciar hechos constitutivos de infracción administrativa si no podemos acceder a estos informes? ¿Sabe lo que ocurrió? Que nosotros pedimos amparo a la Mesa de estas Cortes, y resulta que le ha obligado a la Junta de Castilla y León a proporcionar la copia de estos informes de auditoría. Esto... la Mesa de las Cortes indica que se tiene que facilitar estos informes el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, de forma urgente y a la mayor brevedad posible, y estamos a marzo de dos mil diecisiete y la Junta de Castilla y León todavía no ha proporcionado estos informes de auditoría. Con lo cual, creo que es imprescindible que se publiquen estos informes de auditorías externas que se hagan en la página de la Junta de Castilla y León.

Y ya por último, simplemente decir que se tienen que publicar estos informes, porque es una promesa del consejero de Presidencia. Lo dijo en su discurso, lo dijo. Dice: "Especialmente exigente será la ampliación de la transparencia en el área económico-financiera". Y dice: "Y haremos públicas las cuentas anuales que deban rendirse, así como los informes de auditoría y fiscalización de los órganos externos de control". Con lo cual, entendiendo que es una promesa del consejero de Presidencia el publicar los informes de las auditorías externas que se hagan, pues supongo que ningún grupo político, y menos el partido que sustenta al Gobierno, el Partido Popular, pues tenga ningún inconveniente en que esto se haga público en la página del Gobierno Abierto. Nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don José Sarrión.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Muchas gracias. Bueno, evidentemente, nuestro voto va a ser favorable, lógicamente. Nosotros estamos de acuerdo en la proposición no de ley, porque ahonda y hace realidad una parte de la reciente Ley del cuatro de marzo de dos mil quince, la Ley 3/2015, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. Creemos que el desarrollo de esta ley es lo que provocará que la ley se haga una realidad y que no quede en los buenos propósitos. El espíritu de esta ley, tal y como queda reflejado en el primer párrafo de la Exposición de Motivos, dice textualmente -abro cita-: "La transparencia de la actuación de los poderes públicos al permitir el acceso de la ciudadanía a las fuentes de información administrativa, frente a la idea de secreto y reserva, refuerza el carácter democrático de las Administraciones Públicas, que quedan sujetas al control ciudadano. El conocimiento de la actuación de los poderes públicos, de sus objetivos, motivaciones, resultados y valoración permite a la ciudadanía formarse una opinión crítica y fundada sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas, favorece su participación en los asuntos públicos y fomenta la responsabilidad de las autoridades públicas" -cierro cita-.

Por lo tanto, parece evidente que la aprobación de esta proposición no de ley debería contar con la unanimidad de todos los grupos, y especialmente de los que hayan impulsado esta ley. Nosotros estamos convencidos de que la transparencia debe ser empujada y que uno de los caminos, efectivamente, es la publicación de determinados elementos de documentación. Hemos realizado varias propuestas en materias de la página web. Nosotros creemos que el Portal de Abierto Gobierno de la Junta de Castilla y León debería llenarse de contenido, a la vez que debería ser más intuitivo para que la ciudadanía castellana y leonesa pueda acceder a él de una forma más ágil que en la actualidad, porque en la actualidad es muy difícil que una persona que no sea muy experta en la materia pueda acceder a los datos que hay tanto en esta parte de la web de la Junta de Castilla y León como con toda ella en su totalidad.

En materia... la materia que nos ocupa y que define esta proposición no de ley, habría que indicar que uno de los puntos fundamentales de la ley de transparencia es precisamente el acceso a los informes de fiscalización, estos informes que hace el Consejo de Cuentas, que fueron 19 en el dos mil quince, y cuya importancia radica en que, además de toda la fiscalización que realiza sobre un tema concreto, hace también recomendaciones. Recomendaciones que no siempre son tenidas en cuenta si tenemos... si vemos el dato de que, de las 241 recomendaciones emitidas en el año dos mil catorce, solo 122 se tuvieron en cuenta, y no siempre en su totalidad; es decir, un 50 %; que, si hubieran sido tenidas en cuenta en su totalidad, sí podríamos estar hablando de un cierto resultado esperanzador, pero que siéndolo solo parcialmente nos parece enormemente escaso. Porque los informes de fiscalización no pueden ser papel mojado, sino que tienen que servir para analizar los logros, las lagunas, las irregularidades, y dar propuestas de corrección y de mejora del servicio.

Y, por otro lado, nos parece especialmente grave que se realicen muchos informes de fiscalización por empresas externas, de cuyos resultados y conclusiones no nos enteramos, es decir, que no pueden ser utilizados por la ciudadanía para conocer y hacer propuestas sobre los temas analizados, lo cual parece una importante anomalía en una sociedad democrática, que se debe corregir cuanto antes mejor, porque este trabajo está realizado, la inversión en tiempo y en recursos económicos deben aprovecharse y estar sometidos para información del conjunto de la ciudadanía, en lugar de meterse en un cajón.

Nosotros estamos completamente de acuerdo, y vamos a votar a favor esta proposición no de ley para profundizar y para avanzar un poco más en la transparencia de las empresas externas que realicen auditorías o informes de fiscalización. E incluso propondríamos -para profundizar en este... en esta filosofía que plantea el Grupo Podemos, y con la cual estamos completamente de acuerdo-, propondríamos que se añadiera el siguiente punto, una enmienda de adición, que propondría en el siguiente sentido: "Publicar en el portal de Gobierno Abierto todos los contratos que la Junta conceda a empresas externas para la elaboración de informes de fiscalización y auditorías, reflejando claramente la materia a fiscalizar, los plazos y los costes". Que no es más que un desarrollo, al fin y al cabo, de la idea que se plantea en la proposición.

A través de esta propuesta, lo que se pretende es que la ciudadanía castellana y leonesa no tenga no solamente acceso al informe final, sino que en todo momento se sepa qué informes de fiscalización y auditorías se están llevando a cabo por los diferentes órganos externos, y también, ¿cómo no?, cuál es el coste, y que en todo momento se pueda acceder a ello. Porque nosotros, al igual que el grupo proponente, estamos convencidos de que todos los informes que se puedan realizar de forma directa por la Junta de Castilla y León se hagan a través de los medios propios que tenemos, y que, cuando sea la necesaria la contratación de empresas externas, pueda tener conocimiento de todos los datos el conjunto de toda la ciudadanía. Por lo tanto, como he anunciado al principio de mi intervención, nuestro voto será, evidentemente, favorable.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don José Ignacio Delgado.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Ciudadanos, desde luego, todo lo que sea relacionado con la transparencia y la participación ciudadana vamos a apoyar todo este tipo de medidas, no muchas veces porque tengamos fe ciega en ello, sino porque creemos que tenemos que ahondar en una cuestión que para nosotros nos parece evidente.

Pero, por recordar simplemente esta Ley 3/2015, de cuatro de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, la exposición de motivos ya lo dice clarita, clarísimamente: "La transparencia de la actuación de los poderes públicos al permitir el acceso de la ciudadanía a las fuentes de información administrativa, frente a la idea de secreto y reserva, refuerza el carácter democrático de las Administraciones Públicas, que quedan sujetas al control del ciudadano. El conocimiento de la actuación de los poderes públicos, de sus objetivos, motivaciones, resultados y valoración permite a la ciudadanía formarse una opinión crítica y fundada sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas, favorece su participación en los asuntos públicos y fomenta la responsabilidad de las autoridades públicas". Yo, sinceramente, más claro no se puede decir, y si lo que tenemos que hacer, y apoyamos y promulgamos leyes como esta, de la transparencia y participación ciudadana, lo que tenemos que hacer es intentar que se cumplan por todos los medios.

Por ser breve, y por no redundar más en lo evidente, lo que sí ya, lógicamente, queremos decir es que si encima hay empresas externas, que las pagamos nosotros, es decir, los ciudadanos de Castilla y León, que hacen este tipo de auditorías, lo lógico, solo faltaba, es que se cuelgue en este portal de Gobierno Abierto para que se puedan ver por todos los castellanos y leoneses, viendo, sinceramente, lo que es público y lo que es transparente, aparte de, en fin, que sean unas cuestiones a veces privadas por cuestiones, yo que sé, de control o etcétera, se tiene que saber, y más –vuelvo a decir y reincidir- cuando se paga con dinero de todos, dinero público. Por eso vamos a apoyar esta proposición no de ley. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador don José Ignacio Martín Benito.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Muchas gracias, presidenta. Por una vez, y sin que sirva de precedente, voy a hacer una de las intervenciones más cortas en esta Comisión, porque como todo ha quedado explicado, y bastante bien, por cierto, pues simplemente anunciar que nuestro grupo va a apoyar la propuesta de resolución del proponente, en este caso de Podemos. Y esperemos que todos lo hagan, sobre todo el Grupo Popular, porque, al fin y al cabo, pues el propio consejero de Presidencia, en su Programa de Gobierno, adquirió ese compromiso de hacer públicas tanto los informes de auditoría como los de fiscalización. De modo y manera que nosotros tenemos obligatoriamente que apoyar a favor, a pesar, somos conscientes, de que los informes de fiscalización del Consejo de Cuentas están publicados en la propia página web del Consejo, pero, vamos, no está de más que se pregunte... que se publique también en la página de Gobierno Abierto de la Junta, y que se incorporen también las auditorías.

Como le había dicho a mis compañeros que no iba a estar hablando más de minuto y medio, no quiero contradecirme. Nada más. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Manuel García.

EL SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ:

Muy bien. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Bueno, pues a nuestro grupo nos toca discrepar con lo que aquí se ha dicho, como no puede ser de otra forma, ¿no?, en este caso. Tanto que les gusta a los señores de Podemos hablar de la Transparencia Internacional y demás, pues en todos... en todos estos estudios nos dan una puntuación rozando los 100 puntos, en casi todos, ¿no? En el derecho al acceso a la información, 100 puntos sobre 100; en transparencia en materias de ordenación del territorio, 95 sobre 100; en transparencia en contrataciones, convenios, subvenciones y costes de servicios, casi 90 puntos sobre 100; en la página web Relaciones con los ciudadanos, la sociedad y la participación ciudadana, 100 puntos sobre 100; en transparencia económico-financiera, 90 puntos sobre 100; en transparencia activa e información sobre la Comunidad Autónoma, casi 95 puntos sobre 100; y así podríamos seguir. Bueno, pues, a lo mejor, de lo que se ha dicho aquí, no todo es... o no es del todo cierto, o a lo mejor es que las explicaciones han sido dirigidas hacia una forma de... interesada de buscar unas explicaciones.

Es importante decir que, actualmente, en la página web de Gobierno... del Gobierno se incluyen los siguientes enlaces –a lo mejor sus señorías no lo tienen claro en ese sentido-:

Un enlace a la página web del Consejo de Cuentas de Castilla y León, en la que se pueden consultar los informes de fiscalización que se realizan. Hay que tener en cuenta que el Consejo es el único órgano de control externo que realiza informes de fiscalización y auditorías, por lo que en este momento la Junta ya estaría cumpliendo la primera parte de su proposición, o de su propuesta de resolución planteada en esta PNL.

La Junta de Castilla y León también tiene publicado en el Gobierno Abierto un enlace a la cuenta general de la Comunidad y a las cuentas anuales en las que las entidades forman parte del sector público de la Comunidad, en la que se encuentran incluidos los informes de auditoría realizados por las empresas externas. Además, estos informes corresponden a las empresas y fundaciones públicas que, conforme a la Ley 22/2015, del veinte de julio, de la Auditoría de Cuentas, tengan la obligación de auditarse, que son las empresas y fundaciones que reúnan durante dos años consecutivos dos de las... de los siguientes tres requisitos: uno, una facturación superior a 5,7 millones de euros; un activo total superior de 2,85 millones de euros; o más de 50 trabajadores.

Igualmente sería obligatorio someter las cuentas a auditoría si durante un ejercicio se reciben subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas o a fondos de la Unión Europea por un importe total acumulado de 600.000 euros. O cuando durante el ejercicio económico se hubiesen realizado obras, gestiones de servicios públicos, suministros, consultoría y asistencia y servicios de las Administraciones públicas por el anterior importe. En algunas de las ocasiones, la auditoría puede ser también requisito fijado estatutariamente.

En el caso de las empresas y fundaciones públicas que tengan obligación de auditarse de acuerdo con los criterios que se acaban de exponer, dicha auditoría debe realizarse de cuenta y cargo de la propia entidad, y son objeto de contratación con empresas externas. Por ejemplo, la última cuenta general publicada incluye los siguientes informes de auditoría externa de empresas y fundaciones públicas de la Comunidad que tenían obligación de auditarse, y de que... otras que aún no han tenido esa obligación incorporan a sus cuentas dicho informe. Por lo tanto, señorías, esta segunda parte de la resolución está cumplida igualmente.

Pero es que, además, esos informes de auditoría figuran publicados en la página web de las respectivas empresas y fundaciones en el apartado de transparencia; al menos sobre las que la Junta de Castilla y León tiene capacidad de decisión. Así, el informe de auditoría de la Fundación Universidades se puede consultar en el apartado transparencia de la fundación, según consta en su página web.

Tengo que destacar también que la Comunidad viene manteniendo una calificación de sobresaliente en los indicadores de transparencia de la organización de Transparencia Internacional y que su compromiso es avanzar y seguir mejorando también en la transparencia y accesibilidad de la información.

Por lo tanto, votaremos en contra de la proposición... propuesta de resolución planteada. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la procuradora doña Natalia del Barrio Jiménez.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Muchas gracias, presidenta. Bueno, lo primero que quiero es agradecer el apoyo de los partidos... o sea, de los grupos que van a votar a favor. Espero que no les importe, porque me parece que sí que es verdad que complementa el hecho de que se publiquen las auditorías... o sea, las empresas externas que auditan, lo que ha indicado el procurador, si nadie tiene ningún inconveniente, lo que ha indicado el procurador de Izquierda Unida. Yo no tengo ningún inconveniente, vamos; espero que el resto de grupos tampoco lo tenga.

El Consejo de Cuentas. El Consejo de Cuentas es cierto que hace los informes de fiscalización, pero usted sabrá que el Consejo de Cuentas es un órgano dependiente de las Cortes de Castilla y León, y que no solo hace informes de fiscalización de la Junta de Castilla y León, sino que también hace informes de ayuntamientos y de otras... ¿No? Vale.

Entonces, la cuestión está, y se lo vuelvo a indicar, que es que... la página del Gobierno Abierto, como aquí ya lo han dicho, y no solo lo hemos dicho nosotros, la página del Gobierno Abierto es muy poco intuitiva y no está ordenada. Es complicadísimo encontrar la información. No permite el cruce de datos, no permite las... la búsqueda. No permite el cruce de datos porque las tablas, por ejemplo, en una cosa tan sencilla como que tendrían que venir en un formato de cruce de datos, tipo Excel o lo que sea, no pueden cruzar datos porque las tablas, al igual que las respuestas parlamentarias, las ponen en un formato que no se puede... en un formato de Word, por ejemplo, se lo digo, ¿no? Y entonces eso hace imposible seguir y hacer un control del Gobierno y de forma transparente, ¿no?

Con lo cual, no estaría de más que la página del Gobierno Abierto lo que tiene que hacer es poner el link al informe en concreto de auditoría al que se está refiriendo y al informe de la Consejería correspondiente. No, si queremos ir al informe, tenemos que ir a la página web, el enlace de la página de los informes del Consejo de Cuentas, y de la página del informe del Consejo de Cuentas, buscar exactamente cuál estamos buscando. Pues ¿no cree usted que sería más sencillo que, si queremos buscar un informe de fiscalización del Consejo de Cuentas referente, por ejemplo, a la Fundación Patrimonio Natural, venga ahí: informes de fiscalización de la Fundación Patrimonio Natural? Yo creo que es una cosa muchísimo más sencilla, muchísimo más transparente y que facilita el control de Gobierno.

Claro, ustedes me dicen que... si yo se lo he dicho, yo no he puesto en duda los informes... yo no me he referido al informe de Transparencia Internacional que hace referencia al 10, que, por cierto, ya no tienen ustedes un 10 en el último, han bajado de la primera posición a la décima posición. Con lo cual, ustedes ya me dirán si van avanzando en transparencia o si bajar de la posición 1 a la 10 es bajar en transparencia, ¿no? Sí, sí. Estaban, estaban. Claro.

Claro, no sé si usted ha hecho referencia a este informe en concreto de manera interesada, como hace siempre el Partido Popular; porque yo del informe que le estaba hablando es del del índice... el que le he dicho es el informe de Transparencia Internacional referida al índice de percepción de la corrupción. Es al que yo me he hecho referencia y al que hace referencia esta PNL. Yo no he hecho referencia al que tiene la Junta de Castilla y León. ¿Y sabe cuál es la puntuación que tiene España, en concreto, en el índice de referencia de percepción de la corrupción? Un 5,4. ¿Le parece eso que usted está cercano al 10? Y eso no viene por ciencia infusa y por arte divino. La gente no se levanta por las mañanas y dice: ¡uy!, pues hoy voy a estar muy preocupado por la corrupción. No, y de hecho se lo he indicado. Lo dice el barómetro del CIS, el último barómetro del CIS, es la segunda cuestión que más importa a los españoles actualmente, por encima de otras cuestiones. Y lo dice el barómetro del CIS ¿O no creemos al barómetro del CIS?

Y es que incluso es más grave todavía, y se lo he dicho al principio, lo que pasa es que, como ustedes no escuchan, pues se lo he dicho, que es que la corrupción es ya una cuestión que la gente tiene interiorizada como que le afecta personalmente. Es decir, que la gente sabe que el que haya tanta corrupción, el que se paguen informes, el que no se sepan esos informes -no le digo que vaya a ser la panacea la publicación de esos informes- le está perjudicando personalmente en su vida cotidiana. ¿Y por qué le perjudica? Porque, mientras hay corrupción y se gastan millones y millones de euros en cosas, no habrá dinero para los servicios y los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos. Es una cuestión de sentido común. Y yo no tengo nada más que decir.

De todas las formas, le digo que, si ustedes se conforman... son muy poco conformistas, porque lo que tendrían que ir es a por la matrícula de honor, en vez de para el sobresaliente. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Sí. Por favor, fije el texto definitivo.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Lo he fijado. He dicho que acepto la enmienda... ¿Lo tengo que leer? Pues el primer punto quedaría igual que la PNL. Y se añadiría un segundo punto que sería: "Publicar en el portal de Gobierno Abierto todos los contratos que la Junta conceda a empresas externas para elaboración de informes de fiscalización y auditorías, reflejando claramente la materia a fiscalizar, los plazos y los costes".

Votación PNL/000861

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Como se ha modificado el texto, ¿algún grupo quiere tomar la palabra? ¿No? Pues, entonces, pasamos a la votación.

¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Habiéndose producido un empate en la votación de esta proposición no de ley, se procede, de conformidad con lo establecido en el Artículo 92 del Reglamento de la Cámara, a someter a nueva votación dicha iniciativa parlamentaria.

¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Habiéndose... [Murmullos]. Perdón. Bueno. Vamos a ver. Habiéndose producido un nuevo empate en la votación, ¿algún grupo parlamentario desea que se suspenda? ¿No? Pues, no siendo así, procedemos a someter a votación por tercera vez la proposición.

¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Habiéndose mantenido el empate tras las tres votaciones previstas en el Artículo 92 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, esta Presidencia procederá a comunicárselo así a la excelentísima señora presidenta de la Cámara a los efectos previstos en el apartado 3 de este precepto reglamentario.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las diecinueve horas veinticinco minutos].