DS(C) nº 294/9 del 20/4/2017









Orden del Día:




1. Proposición No de Ley, PNL/001286, presentada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Fernando Pablos Romo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, para instar a la Junta a que inste al Gobierno para que impulse las medidas normativas para que, en el ámbito de pymes y micropymes, se cree una figura con las mismas funciones que un Delegado de Prevención y se aplique la prohibición de contratar con la Administración de la Comunidad a aquellas empresas que hayan sido objeto de condena por delitos contra la seguridad en el trabajo o infracciones administrativas en materia social calificadas como muy graves, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 231, de 9 de febrero de 2017.

2. Proposición No de Ley, PNL/001315, presentada por las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero, instando a que la Junta de Castilla y León inste al Gobierno de la Nación para que establezca los mecanismos de financiación que hagan viable la Seguridad Social, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 237, de 23 de febrero de 2017.

3. Proposición No de Ley, PNL/001333, presentada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, instando a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España para impulsar las modificaciones necesarias en la Ley General de la Seguridad Social para abordar los diversos casos de acceso de jubilación anticipada, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 243, de 14 de marzo de 2017.

4. Proposición No de Ley, PNL/001341, presentada por las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero, para instar a la Junta a impulsar un Plan para la promoción de la economía cooperativa, social y solidaria, impulsar líneas específicas para promover a entidades vinculadas a ese tipo de economía e impulsar un programa de prácticas profesionales en esas empresas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 243, de 14 de marzo de 2017.


Sumario:






 ** Se inicia la sesión a las diecisiete horas.

 ** El presidente, Sr. Pablos Romo, abre la sesión.

 ** Intervención del procurador Sr. Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos) para comunicar sustituciones.

 ** Intervención del procurador señor Fernández Santiago (Grupo Popular) para comunicar sustituciones.

 ** El presidente, Sr. Pablos Romo, comunica que, por acuerdo de los grupos, se unifican los debates de los puntos segundo y tercero.

 ** Primer punto del Orden del Día. PNL/001286.

 ** La letrada, Sra. Seseña Santos, da lectura al primer punto del orden del día.

 ** Intervención del procurador Sr. González Reglero (Grupo Socialista) para presentar la proposición no de ley.

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Pascual Álvarez (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Galicia Jaramillo (Grupo Popular).

 ** Intervención del procurador Sr. González Reglero (Grupo Socialista) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo.

 ** El presidente, Sr. Pablos Romo, somete a votación el texto definitivo de la proposición no de ley debatida. Es aprobado.

 ** Segundo y tercer puntos del Orden del Día. PNL/001315 y PNL/001333.

 ** La letrada, Sra. Seseña Santos, da lectura al segundo y tercer puntos del orden del día.

 ** Intervención de la procuradora Sra. Pascual Álvarez (Grupo Podemos CyL), para presentar la Proposición No de Ley número 1315.

 ** Intervención del procurador Sr. González Reglero (Grupo Socialista) para presentar la Proposición No de Ley número 1333.

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Maroto del Olmo (Grupo Popular).

 ** Se suspende la sesión durante unos minutos.

 ** Intervención de la procuradora Sra. Pascual Álvarez (Grupo Podemos CyL) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la Proposición No de Ley número 1315.

 ** Intervención del procurador Sr. González Reglero (Grupo Socialista) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la Proposición No de Ley número 1333.

 ** El presidente, Sr. Pablos Romo, somete a votación el texto definitivo de las proposiciones no de ley debatidas. Son aprobados.

 ** Cuarto punto del Orden del Día. PNL/001341.

 ** El vicepresidente, Sr. Galicia Jaramillo, da lectura al cuarto punto del orden del día.

 ** Intervención de la procuradora Sra. Pascual Álvarez (Grupo Podemos CyL) para presentar la proposición no de ley.

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Álvarez Domínguez (Grupo Socialista).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. López Vilaboa (Grupo Popular).

 ** Intervención de la procuradora Sra. Pascual Álvarez (Grupo Podemos CyL) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo.

 ** El presidente, Sr. Pablos Romo, somete a votación el texto definitivo de la proposición no de ley debatida. Es rechazado.

 ** El presidente, Sr. Pablos Romo, levanta la sesión.

 ** Se levanta la sesión a las diecinueve horas.




Texto:

[Se inicia la sesión a las diecisiete horas cinco minutos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Empleo convocada para esta tarde. Permítanme que, antes de preguntar a los grupos por las posibles sustituciones, felicite, en nombre de los miembros de la Mesa, a don José Manuel Fernández Santiago, que a partir de hoy será el portavoz del Grupo Popular en esta Comisión. Y comenzamos. ¿Por parte del Grupo Socialista hay alguna sustitución que comunicar? No. Grupo Podemos Castilla y León, tampoco. Grupo Ciudadanos, señor Castaño.


EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Sí, presidente. David Castaño sustituye a Manuel Mitadiel. Gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias a usted. ¿Grupo Popular?


EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO:

Gracias, presidente. José María Bravo Gozalo sustituye a Pedro Antonio Heras Jiménez; en esta ocasión, José Manuel Fernández Santiago sustituye a Raúl de la Hoz Quintano y Jorge Domingo Martínez Antolín sustituye a Emilio José Cabadas Cifuentes.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Fernández Santiago. Vamos a dar comienzo al orden del día. Por acuerdo entre los grupos, se unificarán los debates, por ser de una temática similar, de los puntos 2 y 3; por tanto, en los siguientes, cuando correspondan, habrá dos intervenciones, porque son proponentes distintos, para iniciar, y dos intervenciones finales para fijar los textos definitivos.

Por parte de la señora letrada se va a dar lectura al primer punto del orden del día.

PNL/001286


LA LETRADA (SEÑORA SESEÑA SANTOS):

Primer punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL/001286, presentada por los Procuradores don Pedro Luis González Reglero, don Óscar Álvarez Domínguez, don Fernando Pablos Romo, doña Laura Pelegrina Cortijo y doña María Consolación Pablos Labajo, para instar a la Junta a que inste al Gobierno para que impulse las medidas normativas para que, en el ámbito de pymes y micropymes, se cree una figura con las mismas funciones que un Delegado de Prevención y se aplique la prohibición de contratar con la Administración de la Comunidad a aquellas empresas que hayan sido objeto de condena por delitos contra la seguridad en el trabajo o infracciones administrativas en materia social calificadas como muy graves, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 231, de nueve de febrero de dos mil diecisiete.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchísimas gracias, señora letrada. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, por un tiempo máximo de diez minutos, don Pedro Luis González Reglero.


EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Gracias, presidente. Y buenas tardes. Bueno, pues dicha... esta proposición no de ley no viene sino a recoger una demanda que, allá por el mes de... allá por el mes de enero, planteaban en una rueda de prensa que daban los sindicatos de aquí, de Castilla y León, en el que se advertía del importante aumento de la siniestralidad laboral que en aquellos momentos se estaba dando en Castilla y León. Hacían una breve mención, o una mención, al número de accidentes de trabajo que se habían producido en Castilla y León allá por el mes de noviembre –ya digo- del año pasado, que fue de 10.047 accidentes, y que venía a coincidir prácticamente con la misma cifra que producidos en todo el año... en todo el año anterior, en el año dos mil quince, que fue de 10.060.

Desgraciadamente, el número de fallecidos fue de 15, igual que el año precedente, y este año dos mil diecisiete se iniciaba con dos fallecidos a lo largo del mes de enero, los dos por accidentes de trabajo, evidentemente, uno en Golmayo, en Soria, y otro en Soto de la Vega, en la provincia de León.

Según denunciaban, o según ponían de manifiesto los agentes sociales, detrás de ese incremento del número de accidentes pues viene a estar lo que en reiteradas ocasiones se ha dicho por parte tanto de los agentes sociales como de mi grupo parlamentario, que no es otra cosa que la precariedad laboral existente en el conjunto del país y, por añadidura, en el conjunto de la Comunidad de Castilla y León; y que no viene a ser como consecuencia pues de la aplicación de esa nefasta reforma laboral que a día de hoy están sufriendo el conjunto de los trabajadores.

Una excesiva temporalidad, una falta de formación, una escasa inversión por parte de la parte empresarial en materia de prevención, y creemos también que pudiera darse el escaso seguimiento o el escaso número de la Inspección de Trabajo, aunque es verdad que se dotaron y se incrementaron con un acuerdo que, como viene siendo habitual, el Gobierno de la Comunidad pues lo hizo a bombo y platillo, incrementaban creo recordar que era en número de 3 los inspectores de trabajo, pero era una denuncia que venían haciendo tanto –ya digo- los agentes sociales como alguna proposición no de ley que nosotros presentamos también a raíz de una recomendación que venía por parte del Consejo Económico y Social, por parte del CES.

Y, bueno, pues queríamos trasladarla en forma de proposición no de ley, que recogiese esa demanda y que asumiese cada una de las partes la responsabilidad: uno, las empresas, y dos, las Administraciones públicas; cada uno en su ámbito, por supuesto, pero que los trabajadores, a la hora de trasladarse, cuando vamos a trabajar diariamente a nuestro puesto de trabajo, pues que tuviésemos "la fortuna" –eso entre comillas- de que pudiéramos regresar al trabajo en las mismas condiciones en las que habíamos acudido.

Es verdad que para corregir, como decía anteriormente, pues hay que dotar de más medios a la Inspección de Trabajo -se han dotado, nosotros creemos que son insuficientes- y, por supuesto, exigir que se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y derogar esa nefasta reforma laboral, como decía anteriormente. Creíamos también, y aquí es donde viene un poco la iniciativa o la proposición no de ley en la que se basa toda esta serie de antecedentes, que es poner en marcha el delegado de prevención, tanto en las pequeñas empresas como en las pymes, como en las micropymes. Es, a modo de información, pues en algunos de los casos hasta empresas –creo recordar- de 7 trabajadores, en aquellas que puede haber o que acepta el empresario que haya elecciones sindicales, el delegado de personal asume las funciones de delegado de prevención, tal y como dispone la ley, pero hay otras muchísimas microempresas, no solo en el conjunto del país, sino en el conjunto de la Comunidad, pues que carecen de esa figura de delegado de personal y, por lo tanto, de delegado de prevención.

Se trataría de crear una figura nueva en cada provincia, con esa capacidad, para poder acceder a todas las empresas en las mismas condiciones, ya digo, que un delegado de prevención. Igualmente, también, aquellas empresas que incumpliesen la Ley de Prevención de Riesgos no deben tener contrato alguno con las Administraciones públicas. Aquí quiero hacer un breve parón, una breve mención, porque es verdad que la propia Ley de Contratos del Sector Público lo recoge en su Artículo 60, habla de las prohibiciones de contratar; el real decreto habla en algunos de los diferentes apartados que, en el caso de que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave -en concreto en el apartado c)- en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o por infracción muy grave en materia social, incluidas en las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con los dispuesto, bueno, en las diferentes normativas y en las diferentes leyes, no podrán contratar con el sector público; en concreto, es a lo que hace mención.

Nosotros, en una de las... en concreto, en el segundo apartado de la propuesta de resolución, hablamos de extremar las medidas. Sabemos que no se puede contratar a aquellas empresas -como dice el propio real decreto- que hayan sufrido algún tipo de sanción, pero lo que creemos es que hay que ir un poco más allá. Yo no sé si el verbo adecuado pudiera ser "extremar" -en este sentido estamos abiertos a cualquier otro verbo que pudiera conjugar-, pero con el fondo o con el objetivo prioritario de que se extremase ese control y que hubiese ese seguimiento, y se aplicase todo el rigor a la hora de prohibir contratar con la Administración de la Comunidad Autónoma y su sector público. Digo esto porque, si acaso... no sé si alguno de los grupos pudiese poner encima de la mesa que ya existe; es cierto, yo quiero dejar mención que es verdad, que ese real decreto lo recoge, pero nosotros queremos ir un poco más allá. Pudiera ser que el verbo más adecuado hemos encontrado que sea "extremar", pero ya digo que estaríamos abiertos a cualquier otra alternativa que se pudiese plantear, pero siempre bajo la base de ese control, y se aplique a esas empresas que han sido sancionadas.

Y el punto primero: instamos, queremos instar al Gobierno también, a fin de que por el mismo se impulsen las modificaciones normativas oportunas a fin de que, con un ámbito de actuación referido a las pequeñas y medianas empresas y a las micropymes, se cree una figura con capacidad suficiente para acceder a todas las empresas en las mismas condiciones y con las mismas funciones que el delegado de prevención. Aquí hago otro breve apartado, otra breve introducción. En este sentido, es verdad que la ley de prevención lo dice meridianamente claro, pero bueno, pues, con ánimo de recoger esas propuestas, y en aras a que estoy convencido de que el grupo que sustenta al Gobierno, tan proclive al diálogo social como es en la mayoría de los casos, pues será sensible a la reclamación o a la petición que está haciendo, en este caso, los sindicatos de Castilla y León, los sindicatos mayoritarios. Y, por lo tanto, pues creemos que estará en buena lid o en buena disposición de poder acordar.

Brevemente, yo creo que lo he intentado resumir. En los antecedentes viene prácticamente cuál es el fondo de la cuestión y cuál es el objetivo prioritario en la propuesta de resolución, y, como consecuencia del incremento del número de accidentes que ha habido, en los antecedentes creo que queda meridianamente reflejado y meridianamente claro cuál es el propósito de dicha iniciativa por parte del Grupo Socialista. Esperando que sea tenido en cuenta por parte de los diferentes grupos, pues nada más. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor González Reglero. En ausencia del Grupo Mixto, en un turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don David Castaño Sequeros.


EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Muchas gracias, señor presidente. Señor González, nosotros también por supuesto que compartimos la preocupación del Partido Socialista sobre el aumento del número de accidentes, que es completamente cierto, y seguramente es completamente cierto también que es debido al aumento de la precariedad laboral, y seguramente a las medidas de seguridad, que también se han reducido.

Es verdad que ha habido una demanda de los sindicatos para intentar reducir esta siniestralidad. Es verdad que usted ha hablado de la Inspección de Trabajo. Nosotros pensábamos que también es el camino adecuado, ¿no?, el aumentar la Inspección de Trabajo y que, sobre todo, que se cumpla la ley. Lo que sí, también, antes de crear una figura nueva, como usted nos está proponiendo, sí que me gustaría, antes de emitir nuestro voto, que usted nos aclarara si de verdad hay un consenso de todos los sindicatos para esta nueva figura; si goza del consenso de todos los sindicatos.

En cuanto al punto segundo, pues, efectivamente, nosotros también vemos adecuado extremar las medidas de control, si bien es cierto que ese paso más debería usted definirlo un poquito mejor en su segunda intervención. Y le digo por qué: porque, depende de cómo sea el paso, nos preocupa que, si bien es cierto que hay que cumplir la ley, nos preocupa que una empresa pueda terminar cerrando porque no pueda trabajar para la Administración pública y que al final lo terminen pagando los que no deben pagarlo, por supuesto, que son los trabajadores. Por tanto, como ya le he comentado, esperaré a su segunda intervención para emitir el voto de mi partido. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Castaño. En un turno de fijación de posiciones, por un tiempo máximo de diez minutos, y por el Grupo Podemos Castilla y León, tiene la palabra doña Adela Pascual Álvarez.


LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Buenas tardes. Gracias, presidente. Bueno, hoy hablamos de nuevo de la siniestralidad laboral, pero desde dos puntos de vista distintos. Compartimos la exposición de motivos de la PNL, pero no tenemos claro que la figura necesaria para realizar las labores de vigilancia correspondan a una persona asimilada a un delegado de prevención, por cualificarlo de alguna manera. Habría que ver cómo se nombra a esa figura, la formación exigida, quiénes la seleccionan, de qué órgano depende; no sé, creo que son muchas las dudas. Desde nuestro punto de vista, la clave está en la Inspección de Trabajo, con más medios, más personal, más inspectores, que garanticen el trabajo sin riesgos. Y esto de "sin riesgos" lo entrecomillaría, ya que, lógicamente, todos sabemos que el riesgo cero no existe.

Cuando hablan ustedes de crear una figura con capacidad suficiente para acceder a todas las empresas en las mismas condiciones que los delegados de prevención, creo que faltan muchos datos a fin de poder tomar una posición responsable como grupo parlamentario. ¿Qué plantean, una figura ajena a la empresa con funciones y competencias de delegados de prevención? Parece que apuntan uno en cada provincia, ¿quién sería? ¿De nuevo en aras de un acuerdo? No lo sé si bajo el ámbito del diálogo social crearíamos otra figura de ámbito privado con dinero público. Actualmente las pymes y micropymes están obligadas a cumplir con la legislación; bien es cierto que a veces se les exige al mismo nivel que las grandes empresas, y, por tanto, se forma a trabajadores; incluso en muchos casos es el propio empresario quien asume la parte técnica de la prevención; y, si no, contrata un servicio de prevención ajeno, que son técnicos expertos en materia, que llevan de la mano a las pequeñas empresas para realizar estas tareas preventivas.

Creemos que no necesitamos nuevas figuras en la Administración pública, lo que necesitamos es dotar de más medios humanos y económicos a la Inspección de Trabajo, para que inspectores y subinspectores puedan desarrollar su trabajo con los medios adecuados y libremente. Los empleados públicos de la Inspección de Trabajo velan por el cumplimiento y aplicación de la cultura preventiva. Dotémoslos de medios para que puedan realizar su trabajo, y seguro que será un punto fundamental para la... para que la siniestralidad laboral disminuya.

Por tanto, en este primer punto de la propuesta de resolución adelanto que vamos a pedir votación separada, a falta... porque entendemos que hay falta de desarrollo, a fin de poder valorar si esta figura cumple con lo que nosotros esperamos o se trata –como decía- de una figura más bajo esa dependencia de una empresa privada mantenida con fondos públicos.

En cuanto al segundo punto de la propuesta de resolución, estamos totalmente de acuerdo y lamentamos la cantidad de veces que instamos los grupos parlamentarios a que se cumpla la ley y compromisos adquiridos por los gobiernos. No deja de llamar la atención que los representantes elegidos democráticamente tengamos que exigir permanentemente que se cumpla la ley. El informe de la Comisión Europea advierte que España carece de una política de contratación pública a nivel nacional que garantice la competencia y la transparencia. También desde el Observatorio de Contratación Pública se ha puesto de manifiesto el abuso de los contratos menores por parte de la Administración, pues su uso se ha extralimitado y generalizado, convirtiéndose en la mayoría de los casos en adjudicaciones a dedo; el 90 % de la contratación de la Junta de Castilla y León en dos mil dieciséis ha correspondido a contratos menores.

A principios de este año, el Consejo de Cuentas denunciaba, en un informe referido al año dos mil catorce, que los órganos de contratación de la Administración regional habían realizado un escaso cumplimiento del acuerdo por el que se aprueban directrices vinculantes sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, al no ser estas introducidas regularmente en los pliegos ni justificar en los expedientes la imposibilidad de hacerlo por la naturaleza del contrato. Ante esto, la Junta de Castilla y León respondió que en dos mil dieciséis había sido un año clave para avanzar en el compromiso con la contratación pública socialmente más responsable, aprobando nuevas directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. Pero esto no es suficiente; el empleo sí importa. El número de trabajadores y la estabilidad de sus puestos deben ser criterios de peso. ¿Y qué decir de la importancia del cumplimiento de la normativa para que se garantice la seguridad en el trabajo? El índice de siniestralidad en Castilla y León aumentó en dos mil dieciséis en más del 8 % con respecto al año anterior. Esto debería hacernos pensar que algo se está haciendo mal.

La contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europea 2020 como uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos. La contratación pública puede potenciar los derechos laborales y sociales o puede contribuir a aumentar la precariedad laboral. Actualmente, la Ley de Contratos del Sector Público establece que no podrán contratar con el sector público las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos contra los derechos de los trabajadores, o sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o por infracción muy grave en materia social, incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.

El principal problema respecto a las prohibiciones para contratar es que para que surtan efecto no basta con que suceda el incumplimiento, sino que este debe constituir un delito sobre el que haya recaído una sentencia firme, o una infracción muy grave sobre la que haya recaído una sanción, una sanción firme. Es más, el órgano de contratación no puede aplicar de oficio la prohibición para contratar, y esta estará condicionada a su inscripción en el Registro Oficial de Licitaciones y Empresas Clasificadas.

Como todos sabemos, actualmente en el Congreso de los Diputados se está debatiendo el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por lo que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 de la Unión Europea, 2014/24/UE, de veintiséis de febrero del dos mil catorce, y 121/2. Como bien puede imaginar, Unidos Podemos ha presentado una enmienda a la totalidad sobre este proyecto, y además una serie de enmiendas que bien podemos aplicar a la proposición no de ley que hoy nos ocupa. Se deberían habilitar como causas de prohibición de contratar con empresas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional, por incumplimiento de las obligaciones que deriven del correspondiente convenio colectivo, de falseamiento de la competencia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, de extranjería, medioambiental, laboral o social. Todo el sistema de freno a la participación de empresas que puedan haber cometido delitos contra derechos de los trabajadores de carácter ambiental, de fraude fiscal, de vulneración de derechos fundamentales, pivotan sobre una base absolutamente ineficiente.

Pero todo esto es solo una mínima parte de lo que la nueva ley de contratos debería contemplar. Y así, por ejemplo, debería impedirse que empresas con relación económica ilegal en paraísos fiscales puedan competir con empresas que tributan en España; se debería habilitar causas de prohibición de contratar que blindaran el contrato público de la competencia desleal; criterios de solvencia técnica de carácter social y ambiental; diseñar sistemas de adjudicación específicos que abrirán la contratación pública a segmentos empresariales necesitados de una discriminación positiva, como empresas sociales y determinados segmentos de la pequeña y mediana empresa, muy especialmente de titularidad femenina, tal como recuerda el propio Consejo de Estado.

Cuando el Partido Socialista, en esta proposición no de ley, habla de extremar medidas de control a fin de que se aplique con rigor la prohibición de contratar, parece que pone en duda que hasta ahora no se haga. Por lo tanto, mi grupo parlamentario apoyará cualquier medida que defienda los derechos de los trabajadores y trabajadoras de esta Comunidad, y que además cumpla con las normas de eficiencia y transparencia, de la que estamos tan necesitados.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Pascual. En un turno de fijación de posiciones, por un tiempo máximo de diez minutos, y por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Vidal Galicia Jaramillo.


EL SEÑOR GALICIA JARAMILLO:

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Pues, efectivamente, hoy estudiamos una propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Socialista donde se plantean dos cuestiones: por un lado, instar al Gobierno a fin de crear esta nueva... esta nueva figura de los delegados de prevención, y, por otro lado, el relativo a prohibiciones de contratar. Voy a... en mi breve intervención, refiriéndome a las dos partes de la resolución.

Yo creo que, indudablemente, tal y como ha quedado aquí puesto de manifiesto, pues todos estamos preocupados por la prevención, indudablemente. Todos estamos de acuerdo en intentar disminuir los accidentes laborales. Esa es una... un fin y un objetivo de todos.

Entonces, con relación a esta propuesta, a esta primera parte, nosotros, bien, pues en principio no nos parece nada descabellado. Lo que pasa que lo que sí ponemos de manifiesto es que notamos que quizá deba de matizarse la primera parte de la propuesta, y en este sentido dejo caer una transaccional de nuestro grupo hacia el grupo proponente, añadiendo un matiz. Estamos planteando instar a... directamente al Gobierno a que modifique la legislación para crear estos... concretamente estos delegados de prevención en riesgos laborales en las pequeñas y medianas empresas. Creemos que, en la modificación de esta ley, hacerlo de una forma, por decirlo de alguna forma, incondicional –modifíquese, y esta es nuestra postura- debería matizarse; y esta es, en este sentido, la propuesta que hacemos de la transaccional para que la primera parte se transaccione. Y es, sencillamente, dirigirnos al Gobierno... –y estaríamos de acuerdo- dirigirnos al Gobierno, pero para que, por parte del Gobierno, pues se estudie, se estudie una modificación legislativa –que es lo que tiene que hacer-, se estudie por el órgano pertinente, por el foro que proceda, en la mesa del departamento que proceda, esta iniciativa. De ahí... –y quizá pues esto sirva un poquito también de contestación- pues de ahí se sacarán las conclusiones que se tengan que sacar y la decisión que se tenga que sacar.

Entonces, yo traslado la transaccional con relación al punto número 1, en el sentido de que, si se modifica y fuese en el sentido de instar al Gobierno a fin de que se someta a estudio y valoración en el foro y mesa adecuado –que es lo que incluimos, el impulsar las modificaciones normativas oportunas a fin de que, con un ámbito de actuación referido a las pymes y a las micropymes, se cree una figura con capacidad suficiente para acceder a todas las empresas en las mismas condiciones y con las mismas funciones que un delegado de prevención-, entonces estaríamos de acuerdo en aprobar y aceptar la propuesta de resolución con relación a ese punto número 1.

Y luego, la segunda parte de la... de la propuesta de resolución, pues, sencillamente, como muy bien ha dicho y como ha puesto de manifiesto el señor González Reglero, es una situación que está recogida. Cuando se incurre en infracciones graves, en infracciones muy graves -ya no digo cuando estemos ante situaciones de delito, que indudablemente lleva consigo el haber incurrido en determinadas infracciones-, está establecida la prohibición de contratar con la Junta de Castilla y León por parte de esas empresas, y así lo recoge y lo regula del Real Decreto Legislativo 3/2011, de catorce de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos, en su Artículo 60, tal y como...

Y, sincera y honestamente, no nos preocupa la expresión "extremar" -que se haga todo el máximo posible-, ni la mayor rigidez, porque entendemos que es un tema que ya, de hecho, la Junta está extremando y está tomando todas las medidas, porque, en definitiva, lo que hace la Junta es aplicar la ley. Y, cuando digo que se está extremando y se está poniendo todo el celo por parte de la Junta de Castilla y León, pues también a la vez digo que por parte de la Junta de Castilla y León hay previstas pues la publicidad y dar a conocer cuándo una empresa incurre en situaciones de estas, para, precisamente, intentar evitar el máximo posible estas situaciones.

Y quiero señalar que precisamente estas empresas y sus actuaciones pues son controladas por órganos gestores encargados de tramitar un expediente de contratación, por cuanto el mismo es objeto de control por los órganos internos correspondientes, velando por el cumplimiento de la normativa vigente, tanto en el aspecto económico como el jurídico. Existe un Real Decreto, el 597/2007, de cuatro de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. Establece, además, el procedimiento para hacer públicas... –que este es la expresión a la que me quería referir- hacer públicas las sanciones, así como los datos objetos de publicación, y la creación –y esto también está establecido- de un registro de consulta pública en cada una de las Administraciones competentes.

La Junta de Castilla y León ha establecido, a través del Decreto 30/2009, del treinta de abril, un procedimiento para dar publicidad a las sanciones -con esto quiero decir que se está haciendo con el máximo celo- por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, definir los datos objeto de publicación, así como crear un registro de empresas sancionadas y el correspondiente fichero de datos de carácter personal en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El citado real decreto establece en su Artículo 2.4 que "Trimestralmente –además- se publicará en la página Web de la Consejería competente en materia laboral, la relación de empresas sancionadas por la comisión de infracciones muy graves". Es por ello que el que a toda la persona que quiera consultarlo se le facilita con esta publicidad y con esta página web.

Por lo tanto, vuelvo a repetir, a reiterar, que aceptaríamos la propuesta de resolución si se acepta la transaccional con relación al punto 1, en los términos establecidos, y aceptaríamos sin ningún problema la propuesta de resolución en los términos trasladados del punto número 2. Nada más y muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Galicia. Finalmente, para fijar el texto definitivo de la proposición que se propone a debate, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, don Pedro Luis González Reglero.


EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Gracias. Gracias, presidente. Y, bueno, pues algunas aclaraciones que parece ser que, o no quedaban claras en los antecedentes, o no sé si me han interpretado mal o se me ha entendido mal. Preguntaba el portavoz de Ciudadanos si hay un consenso de todos los sindicatos. Pues, hombre, yo en este sentido decir que yo creo que no va a haber ningún problema por parte ni de los que estamos aquí ni de los que están fuera en que los accidentes de trabajo es una lacra que entre todos tenemos que solucionar, que reducir y, si es posible, que erradicar.

Es verdad que el objetivo propuesto de cero accidentes de trabajo es difícil, pero, bueno, avancemos en este sentido. Por lo tanto, a nosotros, venga la propuesta de donde venga, o quien se quiera reunir con nosotros para trasladar cualquier iniciativa en este sentido, pues no andamos ni preguntando ni mirando si tiene el consenso de todos; es algo que nos parece loable, nos parece lógico, nos parece razonable, y con el objetivo que decía el propio portavoz de Ciudadanos de que estamos todos involucrados en que haya una reducción lo máximo posible de los accidentes. Esta era una idea que nos parece atrayente, que nos parece interesante y que nos parece que, bueno, pues es dar un paso más, que desde luego no es excluyente para nada con el resto de los pasos que se están dando. Uno, aunque nos pueda parecer insuficiente como grupo parlamentario, como es el de dotar de más medios a la Inspección de Trabajo, proposición no de ley que ya recogimos aquí y que se debatió hace tiempo también; creemos que todavía son insuficientes los inspectores de trabajo que están a pie de calle, pues es verdad que cada vez hay más trabajo administrativo el que realizan el equipo de la Inspección; y, por lo tanto, creemos que no es excluyente, sí complementario, a la hora de intentar, pues eso, reducir lo máximo posible el número de accidentes de trabajo.

Por lo tanto, yo creo que en esto no sé si habrá consenso o no de todos los sindicatos; es una cosa de sentido común y es una cosa que a nosotros nos parece de lo más loable, de lo más factible y de lo más lógico, y por eso es por lo que hemos traído aquí esta proposición. Yo la pregunta, igual, se la devolvería a usted, ¿le han comunicado a usted algún sindicato que no esté de acuerdo con esta proposición no de ley? Es la reflexión que quizás le trasladaría a usted. Yo, hasta la fecha, por lo menos con los que hemos hablado, nos han dicho que están totalmente de acuerdo en este sentido.

Y en el punto 2, en relación con lo de "extremar", o el verbo, no sé si lo que no puede ser que le parezca bien, o no haya entendido bien, he dicho que es verdad que la Ley de Contratos del Sector Público define claramente, en el Real Decreto de miércoles dieciséis de noviembre del dos mil once, cuáles son las prohibiciones de contratar. Yo he leído unas... -por resumirlo, la portavoz de Podemos ha sido un poco más extensa-, creo que queda meridianamente claro. Es verdad que ahora hay un proceso, un procedimiento, de que se están negociando, amén de las enmiendas que cada grupo parlamentario allá en el Congreso quiera hacer, a la totalidad o la no totalidad, pero creemos que es ir un poco más allá.

Por supuesto que el que esté incumpliendo la ley se le sancione, faltaría más. ¿Y quién somos nosotros para decir que se pueda vulnerar la ley? Por supuesto que al que... al que... ya digo, que al que incumpla la ley se le sancione, no se contrate, en este caso, con el sector público o con la propia Administración pública. Pero queremos ir un paso más allá, por eso dije en mi primera intervención que yo no sé si el término o el verbo "extremar" es el más adecuado; vigilar, persuadir, convencer, bueno, cualquier verbo nos podría parecer bien con el ánimo y el objetivo prioritario, que es el que decía en mi primera intervención, que es el intentar reducir el número de accidentes de trabajo no solo de nuestra Comunidad, sino del conjunto del país. No sé si han servido las explicaciones o las aclaraciones, espero que sí.

Decía el portavoz, o la portavoz, de Podemos que no tenía claro que cómo iba a ser. Pues mire, a nosotros nos da igual de qué fórmula, lo único que queremos es que haya más personal a pie de calle, más personal que visite las obras, o los tajos, o las pequeñas y medianas empresas. Sabe usted que ahora, hoy día, el empresario, en alguno de los casos, asume esas competencias, incluso las propias mutuas, pero, bueno, pues usted conoce, seguramente tanto... tan bien como yo, qué tipo de formación se les da a los recién iniciados o a aquellos trabajadores que tienen un contrato de una semana, que ni tan siquiera se les explica... bueno, en alguno de los casos ni se les dan los EPIS correspondientes para poder trabajar.

Por lo tanto, nosotros lo que queremos es ir un poco más allá. Y vuelvo a insistir en lo mismo que decía anteriormente: creemos que esto es complementario y no es excluyente. ¿Que tiene que ser en el marco del diálogo social? Nosotros, autonomía de las partes, lo hemos dicho... respeto a la autonomía de las partes, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Habrá cosas que nos guste más, habrá cosas que nos guste menos, pero, desde luego, somos respetuosos con esa autonomía que puedan tener los participantes en el marco del diálogo social. Queremos ir, ya digo, un poco más allá, y queremos que, bueno, pues a través de un órgano independiente -yo no sé si tendrá que ser a través de los agentes sociales, de los agentes empresariales o de la propia Administración-, el dotar de más medios. La Administración tiene lo que tiene; tendrá que ser personal público, personal contratado, a través de una oposición, a través de las personas formadas oportunamente, pero yo creo que el seguimiento lo están haciendo, y las visitas, por lo menos en un sector que yo conozco, como es el de la construcción, sabe usted que hay visitas a través de la Fundación Laboral, hay visitas a determinadas empresas en este sector en concreto.

Pero bueno, que no queremos ser excluyentes y decir quién lo tiene que hacer. No; que se haga. Y mediante el procedimiento el más adecuado. Que se visite mucho más a aquellas pequeñas... a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas, con ese objetivo, que es formar, informar, prevenir y, si es posible, reducir también el número de accidentes.

Si usted quiere que votemos separadamente, pues por nuestra parte tampoco hay ningún problema, votamos separadamente cada uno de los puntos. Ya digo que el objetivo es... yo creo que es compartido por todos los que estamos en esta mesa, y seguramente también por los que están fuera.

En cuanto al PP, no hay ningún problema, señor Vidal, aceptamos la transacción que usted nos propone. La verdad es no hay tampoco mucha diferenciación; nosotros decimos: instar al Gobierno de España a fin de que por el mismo se impulsen las medidas... las modificaciones normativas oportunas a fin de que, con un ámbito de actuación referido a las pequeñas y medianas empresas y micropymes, se cree una figura... tal, tal, tal; y ustedes dicen: instar al Gobierno a fin de que se someta a estudio y valoración en el foro y mesa adecuado el impulsar las modificaciones normativas. Nos vale, no hay ningún problema. Usted quiere, bueno, pues esperar a que, en el órgano adecuado -y esta ley ya sabe que, bueno, lo conoce usted como yo, que es de carácter estatal-. Pues, probablemente, desde el año noventa y cinco, ha llegado la hora de retocarla, reformarla por parte de todos y con el mayor de los consensos; en eso, desde luego, que estamos de acuerdo; con la opinión, si es posible, de los expertos, los que conocen la aplicación o la no aplicación en algunos casos de esta propia ley. Pero no hay ningún problema en aceptarle la transacción.

Y, bueno, pues en el segundo punto ustedes también están de acuerdo. Ya digo que, si hay algún grupo que por aquello del verbo, de extremar o no extremar, no está convencido o quiere que le demos otra entonación o otro... una modificación, con el objetivo prioritario de cuál es el fondo de la cuestión, tampoco hay ningún problema; ya digo que es un pequeño granito de arena más a sumar a la obligación que tenemos nosotros, como representantes públicos también, de intentar ayudar, en la medida de lo posible, a esta lacra social como es el número de accidentes de trabajo. Nada más y muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Gracias, señor González Reglero. Si no he entendido mal, entonces acepta la transacción del Grupo Popular en el punto 1, y, por de pronto, mantiene el punto 2 tal y como estaba. ¿Algún grupo quiere intervenir al respecto? Sí, Grupo Podemos.


LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Simplemente matizar mi petición de votación separada. [Murmullos]. Perfecto.

Votación PNL/001286


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Entonces, procedemos a votar el primer punto del orden del día en los términos en los cuales han sido fijados por acuerdo a propuesta del Grupo Popular.

¿Votos a favor? Quince votos a favor. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Dos. Bien. Queda aprobado este primer punto... la primera parte del primer punto del orden del día.

Procedemos a votar ahora la segunda parte del primer punto del orden del día. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Queda, por tanto, aprobada al completo la proposición no de ley, tal y como ha sido fijada por el proponente. Bien.

Por parte de la señora letrada va a procederse a leer, como planteábamos antes, conjuntamente los puntos dos y tres del orden del día, que tendrán un debate unificado.

PNL/001315 y PNL/001333


LA LETRADA (SEÑORA SESEÑA SANTOS):

Segundo punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL 1315, presentada por las Procuradoras doña Adela Pascual Álvarez y doña Lorena González Guerrero, instando a que la Junta de Castilla y León inste al Gobierno de la Nación para que establezca los mecanismos de financiación que hagan viable la Seguridad Social, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 237, de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete.

Tercer punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL 1333, presentada por los Procuradores don Pedro Luis González Reglero, doña Laura Pelegrina Cortijo, don Óscar Álvarez Domínguez, don Fernando Pablos Romo y doña María Consolación Pablos Labajo, instando a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España para impulsar las modificaciones necesarias en la Ley General de la Seguridad Social para abordar los diversos casos de acceso de jubilación anticipada, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 243, de catorce marzo de dos mil diecisiete.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Gracias, señora letrada. Para la presentación de las proposiciones no de ley, tiene la palabra, en primer lugar, por un tiempo máximo de diez minutos, doña Adela Pascual Álvarez.


LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias, presidente. Bueno, el sistema público de pensiones de España, según las estimaciones del propio Gobierno del Partido Popular, en dos mil dieciséis ha sufrido un desequilibrio que podría situarse entre los 17 y los 18.000 millones de euros, y que, según el Plan de Presupuestos 2017 –Informe de acción efectiva-, reconoce que el déficit del sistema de Seguridad Social al término de dos mil diecisiete se situará en los 19.000 millones de euros.

Por otro lado, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha sufrido un deterioro acelerado durante los últimos años, pasando de 66.815 millones de euros en dos mil once a 24.207 millones en dos mil dieciséis, el nivel más bajo desde su constitución. Como vemos, es lo que queda por destruir del estado del bienestar social configurado en mil novecientos setenta y ocho.

En Castilla y León, la proporción entre afiliados y pensionistas ya es insuficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema, y, aunque el número de cotizantes y afiliados está creciendo, la cotización media de los nuevos cotizantes es mucho más baja que en otros momentos, llegando a mínimos históricos. A uno de enero de dos mil diecisiete había 607.053 pensiones contributivas en Castilla y León, lo que supuso un incremento del 0,5 %. Aunque el número de pensionistas crece, no el importe de la pensión, que sigue estando por debajo de la media de España.

El Artículo 50 de la Constitución Española afirma que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiente... la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.

A la vista de tales datos, hay que recordar que en un Estado social, como el que propugna el Artículo 1.º de nuestra Constitución, es inconcebible, y en todo caso inaceptable, que las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Para Podemos, todos los recursos del Estado son los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, por lo que defendemos que las pensiones, en tanto que los derechos subjetivos de los ciudadanos establecidos en la Constitución tienen la consideración de gastos obligatorios, que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios ni a la evolución de una determinada fuente de ingresos, deben ser cubiertas por las aportaciones del Estado.

El pasado catorce de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el denominado Plan Presupuestario 2017 –Informe de acción efectiva, como ya he comentado-, a fin de remitirlo a la Comisión Europea en el marco del procedimiento del déficit excesivo regulado en el Reglamento 473/2013, de veintiuno de mayo de dos mil trece, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro. El plan, que incorpora una actualización del cuadro macroeconómico para el dos mil diecisiete, ha provocado un ambiente de inseguridad en la ciudadanía, alentando una conciencia de precariedad en el acceso presente a... y en el mantenimiento futuro de la protección dispensada por el poder público a través de la pensión de jubilación. Este documento reconoce que el sistema de Seguridad Social alcanzará en dicho ejercicio el déficit más alto de su historia, situándose en el 1,7 % del producto interior bruto.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó el pasado treinta de marzo lo que el Gobierno ya adelantó a la Unión Europea en su plan presupuestario: que la Seguridad Social sufre el mayor déficit de su historia. Según las cifras de ejecución presupuestaria que ha presentado Montoro, la Seguridad Social registró una desviación del 1,62 %, lo que supone un déficit de más de 18.000 millones, cifra inédita en nuestro país.

Como ha reconocido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, esta situación está relacionada con la devaluación salarial provocada por las reformas laborales. Paralelamente, la situación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha sufrido un deterioro acelerado durante los últimos cuatro años, pasando de 66.815 millones de euros en dos mil once a 24.207 en dos mil dieciséis (el nivel más bajo desde su constitución). Según datos del Ministerio del Empleo y Seguridad Social, el veinte de julio de ese año el Gobierno detrajo 1.000 millones de euros para liquidar el IRPF de los pensionistas, que se suma a los 8.700 millones retirados el uno de junio para hacer frente a las prestaciones. En total, la quita producida durante ese mes ascendió a 9.700 millones de euros, una cifra que no tiene precedentes en la historia del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

A la vista de tales datos, hay que recordar que en un Estado social como el propugnado... el que propugna el Artículo 1 de la Constitución es inconcebible y, por supuesto, inaceptable, como he comentado. La separación entre Seguridad Social y Estado es meramente administrativa y contable, pero no económica, y mucho menos política; es más, el hecho de que la sanidad y otros tipos de prestaciones que antes se imputaban a la Seguridad Social se encuentren hoy en los Presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas prueba que se trata de una separación convencional. El Artículo 50 de la Constitución Española afirma que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Las pensiones, en tanto que derecho subjetivo de los ciudadanos establecido en la Constitución, tienen la consideración de gasto obligatorio por su naturaleza. El Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para aseverar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto, y si las cotizaciones no son suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase entre ingreso y gasto ha de ser cubierto por otras aportaciones del Estado.

En estas circunstancias no es de recibo que sea la Seguridad Social quien corra con los costes de las medidas de fomento del empleo adoptadas en los últimos ejercicios, que implican una reducción en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Debería ser con la introducción progresiva de financiación por vía impositiva, sobre la base de un sistema tributario justo y progresivo, que tenga en cuenta la capacidad económica de las empresas y sitúe la presión fiscal en niveles similares a las de otros países de nuestro entorno. Entendemos que se trata de asumir una realidad, y no es precisamente la que plantea el Fondo Monetario Internacional cuando pide bajar pensiones por el riesgo de que la gente viva más de lo esperado, porque eso lo dice quienes cobran más de 335.000 euros al año, y que cobran... y que cobrarán lo que se ha venido en denominar "pensiones de oro". Porque lo que ya no esconden estas políticas -lo plantea abiertamente el Fondo Monetario Internacional- es que las aseguradoras privadas cubran el riesgo de longevidad. Ya me dirán ustedes de dónde se puede sacar cuando lo que se... lo que crece son las personas trabajadores pobres. Es por la defensa de unos derechos injustamente arrebatados por lo que pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios.

Y, para finalizar, sabemos que el Gobierno, sindicatos y patronal están reuniéndose en una mesa creada con el propósito de buscar alternativas al sistema público de pensiones. Una de las propuestas sobre la mesa -creo que es de Comisiones Obreras- es la de eliminar los topes de las bases de cotización; una medida que podría suponer una inyección de más de 8.626 millones anuales para la Seguridad Social, según estima en un informe el propio sindicato, que defiende la propuesta como forma de apoyar la sostenibilidad del sistema.

Pedimos, como digo, el apoyo para instar al Gobierno de la Nación para establecer los mecanismos de financiación que haga viable el Sistema de Seguridad Social, y, específicamente, a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción progresiva de financiación por vía impositiva, sobre la base de un sistema -como decía- tributario progresivo, en función de los ingresos.

Al respecto de la Proposición No de Ley 1333, que presenta el Grupo Socialista, decir que iguala en derechos el acceso a la jubilación contributiva. Estamos viendo como unos trabajadores, en una edad determinada, dependiendo de empresas y sectores, pueden acceder a prejubilaciones en unas condiciones mucho más ventajosas que otros a los que, con la misma edad y períodos cotizados, se ven abocados a la exclusión. Y en muchos casos, además, teniendo en cuenta que grandes empresas que propician esas prejubilaciones más ventajosas además lo hacen, o lo han hecho, recibiendo cuantiosos recursos públicos. Por lo tanto, estamos en condiciones de apoyar clarísimamente esta proposición que propone el Partido Socialista. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Pascual. Para defender la otra proposición de ley que se ha incorporado a este debate conjunto, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, don Pedro Luis González Reglero.


EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Gracias, presidente. Bueno, quiero en primer lugar trasladar el saludo a los miembros de la Plataforma... -que ayer estuve con ellos reunido- la Plataforma Jubilación sin Penalizar, que, según me decían hace un momentín, pues están viéndonos a través de las redes sociales, creo, ¿no?, o a través del vídeo, o del directo que pueda tener las Cortes de Castilla y León de cara al resto de la opinión pública. Quiero, en primer lugar, pues trasladar ese saludo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

Haré unas breves introducciones, también, antes de lo que es desarrollar propiamente nuestra proposición no de ley; proposición no de ley que ha sido ya debatida en algunas Comunidades Autónomas, que ha ido impulsada en algunos casos por mi grupo parlamentario y en otros casos por otros grupos parlamentarios. En Asturias, Aragón, Andalucía han sido debatidas ya, y han sido presentadas también en Madrid, en... aquí, en Castilla y León, en Navarra, Valencia, Canarias y en Cataluña, y que se debatirán próximamente.

Las personas afectadas en el conjunto del país pueden ser, aproximadamente, un millón y medio de personas, las que están afectadas por esta situación que más adelante explicaré; y en Castilla y León pueden estar alrededor de unas 50.000 personas. Los sectores afectados, los trabajadores de los sectores, pues son, principalmente, las grandes empresas: sectores del auto en nuestra Comunidad, sector de RENFE, las siderurgias en el País Vasco y, en algunos de los casos, también la hostelería, por aquello de que empezaban a trabajar desde muy jovencitos, desde los... desde los catorce o los quince años.

Es verdad que el debate de fondo quizás -lo decía la portavoz de Podemos, y mi grupo parlamentario lo comparte- es la sostenibilidad del sistema público de pensiones, pero yo creo que ahí habría que hacer una reflexión más exhaustiva. Es verdad que hay una mesa abierta dentro de lo que es el marco del Pacto de Toledo, de la Mesa del Pacto de Toledo, y yo creo que es más vía ingresos que vía gastos, ¿no?, del propio sistema, que desde luego nosotros compartimos también, que debe ser vía impuestos como se debe mantener, y compartimos esa reflexión, que también está encima de la mesa, que el sindicato Comisiones Obreras, yo creo que hace cuatro o cinco días, ponía encima de la mesa, como era el de eliminar los topes de cotización. Yo creo que es un principio de solidaridad, y, desde luego, que el que más gana pues, desde luego, tendrá que pagar más para poder mantener el sistema.

Decía que esta es una proposición no de ley a raíz de la presentación o de la reunión que mantuvimos con el colectivo de Jubilación sin Penalizar, y que no viene sino a... bueno, pues a relatar o a poner encima de la mesa aquella situación por las que trabajadores que empezaron su período de cotización allá por los catorce-quince años, en unas condiciones labores pues... pues yo creo que complicadas, y que en algunos casos pues valían no solo de sustento de ellos mismos, sino de la propia familia, y que recuerdo... y que podemos recordar aquella figura que hablaba del botones, del aprendiz o del mozo.

Y me gustaría también hacer alguna breve puntualización sobre los antecedentes, más que nada, digo, porque yo creo que la han leído todo el mundo, pero que sí que conviene, por lo menos, que en el Diario de Sesiones quede reflejado cuál es la posición y cuál son los antecedentes.

Nuestro Artículo 41 de la Constitución configura un sistema de Seguridad Social de naturaleza público, de cuantía suficiente en cuanto a su nivel de protección, de carácter universal e irregresivo. Diversas normas pertenecientes al sector laboral y de Seguridad Social del ordenamiento jurídico establecen sistemas de jubilación gradual y flexibles, posibilitándose la anticipación de la misma si se reúnen los requisitos que establece la propia ley, e imponen un quebranto económico en función de dicha anticipación, discriminatorio por sectores o profesiones, contraviniéndose la naturaleza contributiva de esta prestación, el derecho constitucional a una pensión suficiente al cumplirse la edad legal de jubilación, y vulnerándose la irregresividad, que debe ser objeto de especial consideración para las personas jubiladas a partir de los 65 años, en una interpretación concurrente del citado Artículo 41 de la norma fundamental y el Artículo 50 de la misma.

Debe considerarse que no todas las prejubilaciones son de carácter voluntario. Por el contrario, el mayor porcentaje de las mismas se corresponde con la ejecución de planes de reconversión industrial que afectan a sectores maduros de nuestra economía y que señala al trabajador de edad como presa fácil de los ajustes, utilizando la variable de la jubilación anticipada como un elemento de economía de estos ajustes de plantillas.

Así, el perfil mayoritario del trabajador que está afectado por esta penalización vitalicia actualmente, que se hace por medio de la aplicación de los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas, es el de trabajadores con muy largas carreras laborales y de cotización, que fueron los jóvenes que en los años del desarrollismo español, allá por los años sesenta y principios de los setenta, no podían aspirar, por razones económicas, a continuar con sus estudios, y que se vieron abocados al mercado laboral. Independientemente de que, a posteriori, sus largas carreras de trabajadores hayan podido añadir exitosas carreras profesionales y estudios superiores. En esto, yo lo confirmo, lo reafirmo y conozco algún que otro caso.

Así, era frecuente ver a casi niños –catorce, quince años, ¿quién nos lo iba a imaginar?, ¿nos lo podríamos imaginar que alguno de nuestros hijos, hoy día, con catorce o quince años se introdujese ya en el mercado laboral?- que, bajo esa figura de los botones, aprendiz, mozo, realizaban en muchos casos tareas de adultos con el pretexto de aprendizaje de un oficio y con salarios que en muchas ocasiones eran las propinas, y sin ninguna regulación, contribuyendo de forma opaca al milagro del desarrollo y la productividad española de aquellos años.

Pues bien, contrariamente a la más elemental justicia y equidad que debe regir el sistema de protección social consagrado en la Constitución, estos trabajadores ven como su vida laboral se alarga con cada modificación del sistema, pudiendo alcanzar hasta los cincuenta años, o cuarenta y ocho si su situación les permite aceptar esas penalizaciones por anticipación, esos coeficientes reductores, a la hora de la futura... de la jubilación. Un flagrante agravio comparativo con los que cumplen justo la ley.

Bueno, en las introducciones hacemos también una serie de menciones a las diferentes regulaciones en materia de Seguridad Social, y, fundamentalmente, nosotros lo que queremos instar es al Gobierno... a la Junta de Castilla y León para que se dirija al Gobierno de España a fin de que... considerar como una penalidad la edad temprana de inicio del trabajo, esos catorce o quince años, y, considerando los efectos económicos que ello ha aportado al sistema público de pensiones mediante las largas carreras de cotización, proceda:

Uno. A impulsar las modificaciones necesarias en la Ley General de Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de treinta de octubre, con el fin de que los casos de acceso a la jubilación anticipada por voluntad del interesado o interesada, en los que se acredite un período de cotización efectiva de cuarenta años... –yo no sé si algunos de los que se están incorporando al mercado laboral hoy día llegarán a tener esos cuarenta años de cotización, difícil... difícil lo veo; y yo creo que es un principio de solidaridad también con estos trabajadores que se incorporaron tan pronto a trabajar- decía que, en los que se acredite ese período de cotización de cuarenta años, sean excluidos y excluidas de la aplicación de los coeficientes reductores establecidos en el Artículo 207, 8 y 10, apartado 3, de la citada ley.

Dos. Impulsar... –y aquí es... aquí quiero hacer un breve parón porque es verdad que en la proposición no de ley que presenta el Grupo Podemos es similar a la nuestra, pero este apartado en concreto el Grupo Parlamentario Podemos no le ha incluido, y a nosotros nos parece de vital importancia esos coeficientes que pueden tener por cada uno de los trimestres que se anticipe su jubilación- impulsar las modificaciones necesarias del Artículo 210, apartado 4, de la citada ley, para incluir, entre las excepciones que se citan en la aplicación de la penalización complementaria si la pensión resultante es superior a la máxima (ese 0,5 % por trimestre anticipado sobre la pensión máxima), a los trabajadores que superen los 40 años trabajados.

Y tres. Impulsar las modificaciones necesarias en la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de treinta de octubre, con el fin de que, en los casos de acceso a la jubilación anticipada por parte del interesado o la interesada en los que se apliquen coeficientes reductores por trimestre o fracción de trimestre que le falte al trabajador o trabajadora para cumplir la edad legal de jubilación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 205.1, apartado a), del mismo texto legal, dejen de aplicarse los coeficientes reductores desde el momento en el que el pensionista o la pensionista cumpla la edad legal de jubilación.

Me parecía interesante leer... -me imagino que todos los presentes lo conocerán, pero me parecía interesante- leer esta proposición no de ley, en qué está fundamentada, cuáles son los antecedentes, en qué está basada, y... pues esa importancia que puede tener, por varias circunstancias. Porque yo creo que este es un colectivo en el que, haciendo un estudio -que lo veíamos ayer, o me lo pasaban ayer-, de cada 100 euros esos de incremento que puedan tener en su futura pensión por jubilación, vía impuestos, 20 euros de esos 100, 20 van a revertir al Estado, vía impuestos. Ese 20 %... otros 20 euros restantes irán al impuesto... al IVA, con lo cual revierte prácticamente al Estado, y el 60... los 60 euros restantes o el 60 % restante será para consumo propio, con lo cual servirá también para revitalizar la economía de nuestro país.

Decir que hay alrededor de más de 400.000 firmas apoyando esta propuesta. Esta propuesta ha sido presentada en el Congreso de los Diputados también, a los diferentes grupos políticos, por parte del sindicato UGT, que es quien se ha hecho, o ha querido coger, en algunos casos, las reivindicaciones de este... de este colectivo. Próximamente, también se va a debatir en el Congreso, a raíz de una iniciativa de otro grupo parlamentario. Me consta que los grupos parlamentarios aquí presentes lo conocen. Se han reunido con ellos, les han trasladado esta necesidad o esta inquietud que en algunos de los casos pueden... pueden tener.

Y que creemos que, bueno, pues yo creo que es de justicia social el reconocer el período amplio de cotización que tuvieron estos... estos trabajadores, algunos de ellos hoy día en activo, otros ya jubilados, y que, lejos de... de beneficiarles de alguna manera, pues lo que se les está es perjudicando con esa menor pensión a raíz de la anticipación en la edad de jubilación y a raíz de esos coeficientes reductores, en unos casos el 6 o el 8 %, en función de las pensiones que cada uno pudiera... de los topes de las pensiones que cada uno pudiera tener. Y nosotros creemos que es... -vuelvo a insistir- que es de justicia social con una generación que ha... que contribuyó y que está contribuyendo al sostenimiento de las pensiones -presentes, por lo menos-, y que a nosotros nos parece, ya digo, que es de justicia.

Yo no sé si se me podrá decir por el grupo mayoritario, porque así nos... nos lo han trasladado esta asociación o esta... esta asociación constituida, Jubilación sin Penalizar, que se ha debatido en otros sitios, que es verdad que hay una mesa abierta en este sentido y que se tendrá que reflexionar sobre la totalidad del Pacto de Toledo, y ahí han pasado expertos de todos los gustos y colores. Algunos, a mi grupo parlamentario, desde luego que les chirría bastante las... las conclusiones que allí... o los informes o las propuestas que allí sacaron o expusieron. Pero, desde luego, yo creo que es un buen punto de partida... un buen punto de partida en el que, desde estas Cortes de Castilla y León, se traslade o se diga al Gobierno de la Nación que existe un colectivo bastante importante en el conjunto del país, y en el conjunto de la Comunidad, que ha sido, que está siendo y que podrá ser penalizado, y que en su día contribuyeron al desarrollismo de ese... de nuestro país, al desarrollismo también de esta Comunidad Autónoma, y a la contribución al sostenimiento público de las pensiones.

Por lo tanto, esperando la aprobación y el apoyo por parte de todos los grupos parlamentarios, pues muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor González Reglero. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don David Castaño Sequeros.


EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Muchas gracias, señor presidente. Señora González, señor Pascual, pues, efectivamente, nosotros compartimos la exposición de motivos de sus diferentes aunque parecidas PNL. Aunque sí que es verdad que la propuesta de resolución del Partido Podemos, nos gustaría hacer una enmienda in voce, si lo tiene en cuenta la... la proponente.

Y en cuanto a la proposición no de ley del Partido Socialista, estamos absolutamente convencidos de lo que ha dicho el señor González y creemos absolutamente que es de justicia. Lo que no sé es si será ahora mismo realizable sin que haya una revisión profunda, como él también ha dejado entrever, del sistema de Seguridad Social y, por supuesto, recuperar al 100 % el Pacto de Toledo.

En cuanto... me vale la argumentación yo creo que para las dos proposiciones no de ley. Es verdad que tenemos un problema de sostenibilidad del sistema de pensiones, seguramente debido a todos estos años de crisis; también, gracias a Dios, debido a que hay mejor salud y vivimos más años -eso tampoco nos podemos quejar de ello-. Ya les he comentado que había que recuperar el Pacto de Toledo. Por supuesto, habría que recuperar la actualización, vía IPC, de las pensiones para garantizar, sobre todo, el poder adquisitivo, que no esté por debajo de lo que sube el nivel de la vida.

¿El modelo de financiación? Pues, efectivamente, señora González, seguramente con esa revisión haya que "pescar" -entre comillas- del sistema tributario. Lo que no tengo yo muy claro es la propuesta de resolución que hace usted en cuanto dice "capacidad económica de las empresas"; bueno, yo creo que podría quedarse la propuesta de resolución en una especie de... de instar al Gobierno a que haya una reforma, a que todos los grupos se pongan de acuerdo e intentar... Porque, efectivamente, usted ha dicho una cosa que es absolutamente cierta: la hucha de las pensiones se acaba, se va a acabar. Tampoco tenemos que hacer un drama de ello, porque yo creo que las pensiones están absolutamente garantizadas si hay voluntad de que se garanticen. Es verdad que va a haber que recuperar o pescar del sistema tributario, pero tampoco debe usted acotarlo, acotarlo a la capacidad económica solo de las empresas; habrá que acotarlo a la capacidad económica de todo, ¿no?

Entonces, no lo sé, es que tampoco entiendo yo muy bien si se... se está refiriendo, a lo mejor, a ajustes del impuesto sobre sociedades, a, por ejemplo, acabar con ciertas deducciones que hacen que muchas empresas prácticamente no paguen impuesto sobre sociedades, en lo cual estaríamos absolutamente de acuerdo. En cuanto al IRPF, vamos a ver, yo creo que los que más ganan más pagan. Se podría hablar de aumentar los impuestos, sí, pero la progresividad está así. [Murmullos]. Hombre, es un sistema progresivo el IRPF, absolutamente. Otra cosa es que tenga unos topes y, a partir de ese tope, ya no se cobra más. Si ustedes lo que están intentando decir es que se acabe con ese tope, pero siempre tendrá que haber un tope, ¿no? Porque entonces todo tendería al cien por cien, como en cualquier ecuación matemática, cero. Siempre tiene que haber algún tope, obligatorio.

En cuanto... en cuanto al Partido Socialista, como ya le he comentado, creo que usted, señor González, ha hecho... ha hecho una buena exposición de motivos, y tiene, sí, tiene absolutamente toda la razón. No creemos que una persona que haya cotizado ya 40 o más años deba tener problemas, a la hora de jubilarse, de reducir esa jubilación. Nosotros abogamos por una jubilación por lo menos a los 65 años, o voluntaria, pero la situación está como está. Si se han hecho reducciones y se ha ampliado la edad de jubilación, quizás, quizás -y esto usted me tiene que dar la razón- haya sido porque con el actual sistema que tenemos no ha habido más remedio. Yo creo que todos quisiéramos a los 65 -si pudiera ser a los 63, pues incluso mejor-, pero, debido a nuestro sistema, debido a que hay déficit, debido a que, por desgracia, en los últimos años muchísima gente se ha ido al paro, ha habido que tomar decisiones, en algunos casos... pues seguramente los gobernantes, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, no querían acometer, pero hubo que hacerla. Y le sigo diciendo que habría que intentar negociar entre todos los grupos; por supuesto, volver a ese Pacto de Toledo -yo creo que era buenísimo-; sentarse, refinanciar, revisar profundamente el sistema, y llegar a un acuerdo de todos los grupos. Yo creo que sería quizá lo lógico.

En todo caso, sí apoyaremos su propuesta de resolución. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Castaño. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Marta Maroto del Olmo.


LA SEÑORA MAROTO DEL OLMO:

Gracias, presidente. Bien, pues por un lado, en una de las dos PNL que debatimos en este momento, se propone que se exima de la aplicación de los coeficientes reductores a aquellos trabajadores que acceden a la jubilación con 40 años cotizados. Y, por otro, se insta a dejar de aplicar dichos coeficientes en el momento en que se alcance la edad ordinaria de jubilación, lo que supone que tiene que haber un cambio en la... en la Ley General... vamos, dos cambios en la Ley General de Seguridad Social, importantes, y que por supuesto que se tienen que debatir en el foro adecuado, nosotros pensamos.

Por lo que respecta a las actuales políticas de la Unión Europea en la materia, estas recomiendan la prolongación de la vida activa y la reducción de las jubilaciones anticipadas, optando por elevar la edad ordinaria de jubilación, eliminar las jubilaciones anticipadas y promover una continuidad en la vida laboral más allá de cumplida la edad de jubilación. Concretamente, el libro blanco de la Comisión Europea subraya la necesidad de reformar los sistemas de pensiones para asegurar el mantenimiento de un nivel de vida razonable tras la jubilación, y para limitar el riesgo de pobreza en la vejez, ante la perspectiva del aumento de la esperanza de vida -de aquí a dos mil sesenta- y la reducción de la tasa de sustitución por disminución proporcional del número de personas en edad laboral; esto, unido a la situación financiera y económica, a la caída de los niveles de empleo en estos últimos años, que afortunadamente se van recuperando, y que afecta a los sistemas de reparto y del valor de los activos y la bajada de rendimientos, afecta a los planes de capitalización. Esto hace que el sistema, el sostenimiento del sistema, pues ahora mismo esté en una situación que nos lleva a debatir este tipo de cuestiones, aunque, insisto, no en el foro adecuado.

Por otro lado, las últimas reformas en los sistemas de pensiones de otros países de nuestro entorno marcan una tendencia equivalente a lo que marca la Unión Europea. No voy a citar todos los cambios que se han ido produciendo en cada uno de los países de nuestro entorno, porque todos van en el mismo sentido: aumentar la edad de jubilación progresivamente -incluso en algunos países distinguen entre hombres y mujeres el aumento progresivo de esa edad, haciéndolo algo más lento en el caso de las mujeres-; y en algunos países como Italia, por ejemplo, pues tienen otro modelo, que es el de las cuentas nocionales; o sea, modelos hay muchos, pero todos con la misma tendencia.

No podemos obviar que la expulsión de los trabajadores de mayor edad del mercado laboral se ha convertido en una realidad estructural. En este sentido, consideramos que cualquier cambio que se realice en los sistemas de pensiones ha de ir de la mano de la adopción de nuevas políticas de empleo que posibiliten el mantenimiento del empleo y la recolocación de los trabajadores de mayor edad.

Dado que todas las medidas propuestas, incluida también la otra proposición no de ley -que, bueno, de momento no me he referido específicamente a ella, pero la incluyo aquí también-, son susceptibles de generar un mayor coste económico, concluimos que existe la necesidad de observar una adecuada cautela respecto a los cambios legislativos que se plantean en relación tanto a la jubilación anticipada como a los mecanismos de financiación del sistema de Seguridad Social.

Si bien la postura de este grupo y la de la Junta de Castilla y León es favorable a cualquier propuesta que mejore la acción protectora del sistema de Seguridad Social, entendemos que estas deben plantearse en base a fundamentos claros y con sometimiento a estrictos criterios de sostenibilidad, que en los últimos años se han ido incorporando en normas como la Ley 23/2013, de veintitrés de diciembre, ya que de lo contrario se incurriría en riesgo de suscitar falsas expectativas o, lo que es peor, de menoscabar la viabilidad del sistema.

Por ello, manifestamos nuestra disposición no tanto a aprobar incondicionalmente estas dos proposiciones no de ley como a someterla a una valoración en el foro adecuado, que consideramos que es la Comisión Permanente del Pacto de Toledo, especialmente cuando se trata de llevar a cabo un cambio como el que se plantea en la Proposición 1315, la del Grupo Podemos, con la introducción de financiación por vía impositiva, algo que requiere un largo e intenso debate, y que, de hecho, ya está iniciado; pues sí que los grupos que forman parte de las distintas formas de gobierno de nuestro país están debatiendo sobre este tema, cada uno con sus ideas, pero es un debate largo, intenso, importante, y que no debemos nosotros lanzar a la ligera desde una Comisión de Empleo en las Cortes.

Todos los cambios que se introduzcan han de buscar un amplio consenso, atendiendo al criterio asentado desde la aprobación del Pacto de Toledo de mil novecientos noventa y cinco, ya que entendemos que las pensiones no deben estar sujetas a decisiones políticas unilaterales, con un sesgo ideológico, sino que deben estar suficientemente consensuadas entre las fuerzas políticas y sociales mayoritarias. La Comisión Permanente del Pacto de Toledo se creó para sacar la regulación de las pensiones del debate parlamentario; ese fue el objetivo de la creación de esa Comisión Permanente. Por tanto, somos partidarios de que se valore el contenido de estas dos proposiciones no de ley.

Independientemente de que seamos más afines o menos afines a alguno de los contenidos, manifiesto aquí claramente que la implantación de esa vía impositiva que se plantea desde el Grupo Podemos no es lo que ideológicamente más nos acerca, pero, incluso con eso, nosotros creemos que estas proposiciones no de ley se deben debatir en el foro adecuado. Y por eso planteamos que en ambos casos se introduzca un texto en el sentido de que la Junta de Castilla y León inste al Gobierno a fin de que se someta a estudio y valoración en la Comisión Permanente del Pacto de Toledo el contenido de cada una de las dos PNL. Con lo cual, si les parece adecuado, si están dispuestos a que lo apoyemos de esta manera, pues podemos redactarlas para que queden de esta manera. No lo tengo redactado tal cual, pero ahora mismo lo vemos, ¿vale? Bueno, pues, si les parece, ¿hacemos un receso de dos minutos?


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Ningún problema. Por esta Presidencia, si van a llegar a un acuerdo en tema de Seguridad Social, que es fundamental, no hay ninguna pega al respecto. Por tanto, hacemos el receso.

[Se suspende la sesión a las dieciocho horas diez minutos y se reanuda a las dieciocho horas veinte minutos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muy bien, señorías. Se reanuda la sesión. Para fijar el texto definitivo de la proposición que propone, tiene, por un tiempo máximo de diez minutos, la palabra doña Adela Pascual Álvarez.


LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Vale. Gracias, presidente. Bueno, evidentemente, estamos hablando de la Ley General de Seguridad Social. En su preámbulo ya nos lo dice: basada en criterios de reparto, criterios de solidaridad. Entonces, entendemos que es de justicia que una determinada coyuntura económica, cuando nos encontramos ante carreras de cotización de 40 años, pues que, realmente, no exista esta exclusión del sistema de pensiones, por lo menos con unas mínimas garantías. Después de todo esa... toda esa capacidad de trabajo y de ingreso en las arcas de la Seguridad Social, que no quede –digo- excluida ninguna persona que, por una coyuntura económica, en los últimos años de su vida laboral esté fuera de esa actividad. Entonces, entendemos que es de recibo, porque es evidente que con estas PNL que hemos... que hemos debatido esta tarde se intenta defender la igualdad y los derechos de la clase trabajadora, de toda la población de Castilla y León; una población envejecida, por lo que esta Comunidad debería tener especial interés en que se garanticen estas pensiones.

Nos ha... nos preocupa muchísimo que, efectivamente, ese fondo, ese fondo de reserva, haya sido utilizado a veces para otras cuestiones que no eran puramente las que tendrían que haber sido, por otras necesidades que ha podido haber. Por lo tanto, sí que entendemos que a través de una política impositiva, desde luego siempre progresiva -¿vale?-, que grave las rentas o las posibilidades económicas de los que más posibilidades tienen.

Y lo siento decirle al procurador de Ciudadanos que la proposición se queda... bueno, pues como la acabamos... la vamos a definir ahora mismo, y que, efectivamente, se centra expresamente teniendo la capacidad económica de las empresas -creo que queda bastante claro- y sitúe la presión fiscal a niveles similares a los de otros países de nuestro entorno. Por lo tanto, creo que las pensiones –no podemos olvidarlo- forman parte de las políticas sociales y se basan en la concepción de proteger a las personas cuando terminan su ciclo de trabajo o cuando este se ve cortado involuntariamente, que es algo sobre lo que hoy estamos haciendo especial énfasis. En definitiva, a través de las políticas sociales se construye una sociedad más justa y más solidaria.

Por tanto, la propuesta de resolución quedaría de la siguiente forma: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a instar al Gobierno de la Nación a fin de someter a estudio y valoración en la Comisión Permanente del Pacto de Toledo el establecer los mecanismos de financiación que hagan viable el Sistema de Seguridad Social, y específicamente... y, específicamente, garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones... –perdón- la sostenibilidad del sistema de pensiones –sí- con la introducción progresiva de financiación por la vía impositiva, sobre la base de un sistema tributario justo y progresivo que tenga en cuenta la capacidad económica de las empresas y sitúe la presión fiscal en niveles similares a los de otros países de nuestro entorno". Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Pascual. Para fijar el texto definitivo de la proposición que propone, tiene, por un tiempo máximo de diez minutos, la palabra don Pedro Luis González Reglero.


EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Sí. Gracias, presidente. Bueno, el texto definitivo lo fijaré al final del todo, pero sí me voy a permitir, y dentro del respeto, señora Maroto, hacer alguna consideración que, desde luego, no es compartida por mi grupo parlamentario. Y a Ciudadanos también yo creo que alguna aclaración, que yo no sé –y quiero que se me entienda bien- si por desconocimiento, o he tomado yo mal las notas de alguna de las cosas que haya dicho, si era realizable o no era realizable. En política todo es realizable, dependiendo de la voluntad que cada cual se tome en el interés de las cosas -y lo estamos viendo hace casi casi horas-; realizable es todo. Por lo tanto, ya digo que, con el debido respeto y la discrepancia de opiniones -que cada uno opina... opina como opina-, la sostenibilidad del sistema, señor Castaño, es un problema de ingresos, no es un problema de otra cosa.

Y en el Pleno de antes de ayer el portavoz del Grupo Socialista aquí en las Cortes de Castilla y León, el portavoz de Empleo, se lo dijo al consejero, señor Carriedo: ¿cuál han sido los ingresos por cotizaciones en los últimos años? Y todavía, si nos quieren vender la moto –si vale la expresión- de que se está creando empleo, pues estamos viendo qué tipo de empleo. Sí, personas dadas de alta hay más, sí, pero ingresos por cotización cada vez son menores. Por lo tanto, no hace falta ser ningún lumbreras en materia de seguridad social ni en materia de empleo, qué tipo de empleo se está creando. Y es ahí donde viene, pues la debacle que está ocurriendo y el dilapidar, como ha dilapidado el Partido Popular, la hucha de las pensiones. En el año dos mil once –me lo pasaba mi compañera Chelo- había 63.800 millones de euros; lo dejó un Gobierno, el Gobierno Zapatero, ese que tanto denosta todo el mundo. Hoy, hoy, hoy –los últimos datos-, hay un déficit de 2.600 millones de euros. Los brillantes gestores, pues yo creo que se cae... se cae ese paradigma que muchas veces nos quieren presentar.

Por lo tanto, aquí ha habido un problema de ingresos, un problema del tipo de contratación que se estaba viendo. Cuanto... con el contrato, cuanto más precario es, de duración parcial, incluso por horas, la cotización es menor. Para esto no hace falta... ¿Que se ha incrementado el gasto en pensiones? Para eso estaba la hucha. Si eso es como usted o yo; seguramente que ahorremos en nuestra casa, pero si a un vaso lo único que hago es sacarle agua, y no le inyecto un poquito, pues ese vaso se va a quedar vacío, que es lo que ha pasado. Ha sido una nefasta gestión como consecuencia de una aplicación... –y ya se dijo allá por el año dos mil doce- de una aplicación y puesta en marcha de una reforma laboral nefasta a todas luces; y los resultados son estos, hoy, a día de hoy.

Decía la portavoz del Partido Popular también que en Europa ha habido una serie de recomendaciones. Pues mire, me lo mandaba... –yo no quiero atribuirme ningún argumentario que no es mío- me lo mandaba el portavoz aquí, en Valladolid, de la asociación Jubilación sin Penalizar: en Alemania y Francia acaban de aprobar, modificando las leyes, reforzando la opción de que las largas carreras se pueden ir antes. Alemania y Francia. Merkel; creo que, por lo menos con este grupo parlamentario, pues mucho no tiene que ver. Francia lo llamaban Départ carrière longue, que es "una carrera más larga", y permite irse a todo el que haya empezado antes de dieciocho años a trabajar, y cotizando al menos treinta y ocho años y medio, y hayan cumplido los sesenta –Francia-. En Alemania, el pacto de Merkel con nosotros, con los socialistas, incluyó este punto, a petición del... nuestro, de los socialistas en Alemania: salvaguardar los derechos de las carreras largas. Por lo tanto, Europa dice una cosa, pero en otros países se está legislando de otra manera diferente. Lo puede comprobar, en Internet, en Google, se entra muy rápido y se ve. Por lo tanto, mire, en esto, en esto, señora Maroto, es tener voluntad.

¿Y han caído los niveles de empleo? No, lo que ustedes ha sido dilapidar más de 63.000 millones de euros como consecuencia de un problema de ingresos. Se lo ha dicho el portavoz el otro día al consejero; en la comparecencia del consejero de la anterior, de primeros de abril, se lo volví a insistir yo, que quería que me hablase del tipo de empleo que se estaba creando en esta Comunidad, y que el problema son los ingresos a la Seguridad Social.

Porque podemos decir que tenemos... vamos a llegar al 1.000.000 de ocupados, que es el objetivo que la Junta de Castilla y León se había propuesto al finalizar la legislatura, pero, hombre, si todos los... el resto que falta –que creo que son ciento y pico mil- van a ser por una hora, sí, hemos llegado al 1.000.000 de ocupados, pero ¿qué tipo de contrato?, ¿qué tipo de ocupados? Y eso los datos los tiene igual que yo, que son datos estadísticos, y es cuestión de tirar de datos, y eso es un argumento... -vamos, un argumento- unos datos que han salido del propio Congreso de los Diputados. Por lo tanto, ni a mi compañero ni a mí, y, si usted se lo hace... yo con mucha satisfacción luego se lo paso, lo ve, y lo va a analizar usted que yo... porque usted de esto yo creo que algo conoce. Por lo tanto, es un problema de ingresos -lo vuelvo a repetir, y lo diré hasta la saciedad-, es un problema de ingresos, de los tipos de contratos que se están haciendo en este país desde el año dos mil doce, el que nos ha llevado a la deriva y a dilapidar esa famosa hucha de las pensiones.

Estoy de acuerdo que hay una mesa creada, que es el Pacto de Toledo, y que tendrán que pasar... que han pasado por ahí muchos de los expertos, todos, y que lo ideal sería que todos los grupos parlamentarios se pusiesen de acuerdo. Pero en este caso de lo que estamos hablando, por lo menos de esta proposición no de ley que mi grupo trae y el Grupo Podemos también, es de no penalizar a aquellas carreras largas y a aquellos trabajadores que, por mor de las circunstancias, se tuvieron que incorporar al mercado laboral con 14 años. Seguramente usted tenga un hijo, yo también le tengo; yo no veo a mi hijo con 14 años incorporarse al mundo laboral. Entonces... -con esa edad-, bueno, pues sirvió para el desarrollismo –como decía los antecedentes- de nuestra sociedad. Pues, hombre, por lo menos no les penalicemos, no les penalicemos, les tengamos en consideración esas carreras largas, que seguramente los que se incorporen a día de hoy al mercado laboral yo creo que no van a tener ni... no sé si la mitad, ¿eh? Porque se están incorporando con 25, 30 o 35 años, aquel que tiene la fortuna de incorporarse. Por lo menos, ese es el planteamiento que mi grupo hace y que mi grupo plantea.

La vamos a aceptar, señora Maroto, la proposición que nos... la enmienda de sustitución que nos quiere trasladar, que hay que leerla, creo recordar, más que nada porque nos parece fundamental, y en eso sí que, bueno, pues es digno de agradecérselo, y no hay ningún problema en agradecérselo, a fin de que se considere la penalidad... la incorporación de la edad temprana al inicio del trabajo y los efectos económicos. Eso yo creo que era algo que yo creo que lo compartíamos todos los presentes aquí, y que es bueno que se tenga en consideración.

Lo que no tengo muy claro tampoco es, cuando llegue al cajón del Ministerio correspondiente, qué hará con ello. Como otras muchas cosas que se aprueban aquí. Pero, desde luego, satisfacción por todo ese colectivo, en España y en Castilla y León, que se ha visto afectado por esta situación, y que desde luego que en esto pues coincidimos. ¿Hay que leerla, presidente? "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que se dirija al Gobierno de España a fin de que se someta a estudio y valoración en la Comisión Permanente del Pacto de Toledo el considerar como una penalidad la edad temprana de inicio al trabajo, y considerando los efectos económicos que ello ha aportado al sistema público de pensiones mediante largas carreras de cotización, y proceda también a sustituir y valorar el...", los diferentes puntos que han quedado, que no les voy a leer todos, que son los otros tres. Gracias.

Votación PNL/001315 y PNL/001333


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchísimas gracias, señor González Reglero. Según establece el Reglamento, habiéndose modificado los textos, hay posibilidad de algún turno de alguno de los portavoces. ¿Alguien quiere hacer uso del mismo?

¿Pueden darse entendidas por unanimidad las dos propuestas de resolución? Pues muy bien.

Señorías, para finalizar, el señor vicepresidente dará lectura al cuarto punto del orden del día.

PNL/001341


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Gracias, presidente. Cuarto punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL/001341, presentada por las Procuradoras doña Adela Pascual Álvarez y doña Lorena González Guerrero, para instar a la Junta a impulsar un Plan para la promoción de la economía cooperativa, social y solidaria, impulsar líneas específicas para promover a entidades vinculadas a ese tipo de economía e impulsar un programa de prácticas profesionales en esas empresas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 243, de catorce de marzo de dos mil diecisiete.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor vicepresidente. Para la presentación de la proposición no de ley, en nombre de las señoras procuradoras proponentes, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, doña Adela Pascual Álvarez.


LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias, presidente. Vamos a hablar de economía social, vamos a hablar de economía social productiva. El Consejo de Europa reconoce la importancia de la economía social y pide que apoye la economía social ante las autoridades nacionales y locales en aquellos países en los que los índices de desempleo, y en especial el desempleo juvenil femenino y de los grupos vulnerables, son elevados; es decir, economía social como herramienta para el desarrollo. Porque hablar de economía social es hablar de empresas competitivas, que generan empleo y puestos de trabajo estables y de calidad, que generan riqueza y desarrollo económico local en zonas donde la empresa convencional no está, o bien porque se ha ido, o no le interesa instalarse; y que, además, estas empresas de economía social contribuyen a construir una sociedad más rica en valores democráticos. La economía social, por su misión, sus valores y los principios que le son propios, le legitima como una de las fórmulas empresariales más adecuadas para fomentar y promover este desarrollo rural del que estamos tan necesitados, ya que concilia la eficiencia empresarial con la responsabilidad social.

Pero no les voy a contar las bonanzas de la economía social, pues cada vez que algún cargo público, bien de la Comunidad, de España, de Europa e incluso de América tiene que... tienen que referirse a economía social, todo son alabanzas, se remarcan los valores, pero se suelen quedar en meras palabras y poco más. Hace unos días se han entregado los premios de la economía social en Castilla y León. El consejero de Empleo, señor Carriedo, tuvo ocasión de relatar lo que les acabo de decir, e incluso apoyado con datos económicos.

Pero sí quiero llamarles la atención de un hecho importante: Castilla y León fue, y hace ya algunos años, un referente nacional de apoyo a la economía social. Un apoyo al que respondieron las entidades con estabilidad, compromiso y empleo. No en vano, en este período de crisis, las empresas de economía social han destruido un 6 % menos de empleo. Lo voy a repetir varias veces en mi intervención: las empresas de economía social aguantan mejor los vaivenes de la economía.

En palabras de presidente del CEPES, la economía social se perfila como el modelo que se adapta a las necesidades actuales, con principios como la solidaridad, la participación democrática y la equidad, permitiendo un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Esta es una realidad empresarial potentísima, con más de 2.000.000 de empresas, que emplean 14,5 millones de personas y que genera el 8 % del PIB de toda la Unión Europea.

¿Qué les proponemos con esta PNL? Pues se trata, en primer lugar, de evitar una percepción que se pudiera generalizar de que la economía social está circunscrita a un determinado colectivo o actividades. Se trata de revertir esta percepción y vincularla a la solución de problemas que padece nuestra Comunidad, pues lo que nos ha enseñado la experiencia es que la economía social es una forma diferente de organizar el sistema productivo, que compite en eficiencia y generación de empleo con los modelos más tradicionales de empresas, sacándoles ventajas. Y, en segundo lugar, les quiero plantear la necesidad de impulsar un plan para la promoción de proyectos que estimulen la economía cooperativa, social y solidaria, con el objetivo de promover este modelo y generar empleo estable para combatir las desigualdades.

Este plan está prácticamente hecho. Lo tiene la Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y la Responsabilidad Social de las Empresas, del Ministerio de Trabajo, con 4 objetivos claros: uno, mejorar las condiciones en las que se desarrollan sus actividades las entidades de economía social; dos, internacionalización de la economía social; tres, aumento del protagonismo de la economía social; cuatro, impulso de la responsabilidad social en la economía social.

Además, lo acompañan de 7 ejes: uno, impulso a la creación y fortalecimiento de las entidades de economía social; dos, revisión y actualización del marco jurídico -sabemos que está en curso la ley de cooperativas de Castilla y León, y en dos mil quince se publicó la Ley 44, de Sociedades Laborales-; tres, apoyo a la internacionalización e innovación de las entidades de economía social; cuatro, desarrollo de la economía social en el marco de la Agenda Europea y Mediterránea; cinco, fomento y fortalecimiento de la participación institucional en el marco de la economía social; seis, promoción y difusión de la economía social; siete, buen gobierno y responsabilidad social en el marco de las entidades de economía social.

Se trata de desarrollo, de fijar población, de crear empleo, de crear economía y partir de un plan para la promoción de proyectos que estimulen la economía cooperativa y social... social y solidaria, con el objetivo de promover este modelo y generar empleo estable para combatir las desigualdades. De hecho, hay muchísimos estudios que lo avalan. La economía social siempre ha tenido vínculos importantes con el desarrollo rural: instituciones de crédito, como las cooperativas de crédito; a través de empresas societarias, cooperativas, sociedades laborales, sociedades agrarias de transformación. Planteamos la implantación de una línea específica para impulsar y acompañar, con formación y recursos, a entidades vinculadas a la economía social y solidaria impulsadas por mujeres y compuestas mayoritariamente por ellas, y con recursos limitados. Las razones son obvias: la pobreza, la marginación, la exclusión tienen nombre de mujer.

Y por último, impulsar un programa de prácticas profesionales que tengan por objetivo acercar estudiantes universitarios a estas empresas, la necesidad de contribuir a la implantación de otra cultura empresarial, a otra forma de entender la economía. Hasta ahora, la política rural española se ha venido apoyando, fundamentalmente, en la Política Agraria Comunitaria y en sus objetivos, programas e instrumentos financieros. La constatación de que el medio rural español sigue mostrando un diferencial de desarrollo con respecto al medio urbano, especialmente acusado en determinadas zonas rurales, ha puesto de manifiesto las carencias de este modelo esencialmente agrarista y la necesidad de realizar un cambio en el enfoque de las políticas públicas que, para entender a territorios y poblaciones frecuentemente marginados, debía pasar de un enfoque agrarista y sectorial a un enfoque fundamentalmente territorial e integral, plenamente adaptado a las condiciones económicas, sociales y medioambientales particulares del medio rural español, que permita procurar un desarrollo sostenible sobre el medio rural.

Este enfoque territorial e integral tiene algunos peligros, porque la tierra no es solamente un recurso, la tierra es mucho más que eso, es un espacio de vida y una herramienta de transformación. Alguno de estos peligros podrían ser la sobreexplotación de recursos, deforestación, problemas de degradación y erosión, la contaminación química, la pérdida de biodiversidad, los problemas de contaminación de los acuíferos, la sobreexplotación de los recursos forestales y la pesca, el acceso a las fuentes de agua y su utilización. Y el peligro de los peligros, que no sería otro que asumir los peligros para justificar la falta de oportunidades y servicios, y prestarle... y presentarles como inevitables, como daños colaterales, para la mejora en la calidad de vida, a fin de evitar la despoblación de las zonas rurales y su envejecimiento, cuando lo apropiado sería la implantación y el desarrollo de alternativas viables, más allá de lo agrario, que potencien su economía y que a buen seguro encontrarían en el modelo de economía social el marco adecuado para su implantación y desarrollo.

Ninguno de estos problemas mencionados se vuelve con... se resuelve, perdón, con más mercado, y sí, probablemente, con responsabilidad, justicia y más democracia. Gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Pascual. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don David Castaño Sequeros.


EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Muchas gracias, presidente. Pues, efectivamente, señora Pascual, la economía social puede ser... puede ser, y es, una herramienta para el desarrollo sobre todo –como ha dicho usted- en ciertos sectores. Es verdad que es muy difícil que se deslocalice y es verdad que es más solidaria y, seguramente, también más sostenible.

Bien. Poco más puedo añadir de lo que ha añadido usted. Lo que sí que me gustaría era analizar un poquito la propuesta de resolución. Yo le pediría -porque, bueno, en cuanto al punto 2, más discriminaciones positivas para la mujer, y el punto 3, nos parece bien, nos parece correcto-, sí que le pediría... -porque usted lo ha reconocido, ha reconocido que ya hay planes, un plan o varios planes; ha hablado de las cooperativas, que, por supuesto, pertenecen a este tercer sector-, sí que me gustaría hacerle una enmienda in voce para el punto 1, que dijera de esta manera –y ahora le explico-: "Evaluar los planes desarrollados hasta la actualidad para impulsar un plan integral, un plan integral para la promoción de proyectos que estimulen...", etcétera. Ahí ya no cambiaría ni una palabra de su propuesta de resolución, la número 1. Se lo digo porque, efectivamente, ya hay planes. Efectivamente, se pueden mejorar. Nosotros somos conscientes de ello, y yo creo que el Partido Popular también. Pero sí que es verdad que habría, primero, que evaluar, porque es que no es uno, son bastantes planes; habría que evaluarlos primero, ver cómo se puede mejorar, y a partir de ahí sí que nosotros creemos que sí que sería bastante positivo hacer una especie de plan integral que aunara esfuerzos y que pudiera impulsar la economía de este tercer sector.

Si usted lo tiene en cuenta y a favor de lo que le he dicho, pues votaríamos a favor de su propuesta de resolución, por supuesto. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Castaño. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don Óscar Álvarez Domínguez.


EL SEÑOR ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ:

Muchas gracias, presidente. Efectivamente, hablar de economía social es hablar de democracia social, de socialdemocracia también -si me lo permiten-. Es hablar de valores, es hablar de compromisos, es hablar de un modelo económico en el que prima la equidad, la igualdad, el principio de trabajo en sentido amplio, trabajo remunerado y trabajo voluntario, de trabajo colectivo, de trabajo solidario. Es hablar de sostenibilidad ambiental, es hablar del principio de cooperación entre personas, es hablar de un modelo económico que... cuyo fin último no es solo el fin lucrativo, sino también es el fin social. Y se trata también de un modelo que está ampliamente comprometido con el entorno, con el medio ambiente.

En Castilla y León, los últimos datos que hemos podido conocer, a través de la página web del Observatorio de Economía Social, son del año dos mil doce. Por aquel año, en el año dos mil doce, había 9.884 personas trabajando en 1.800... en 1.578 empresas, ya fueran cooperativas o sociedades laborales, con un porcentaje de un 80 % de contratos indefinidos. Por tanto, se trata de un sector que, después del sector industrial, genera contratos indefinidos, de esos que tanta falta nos hacen.

Y sucede que en Castilla y León podemos observar cómo la sociedad se ha autogestionado, se ha autorregulado, a través de esta nueva forma, de esta economía social, mientras que los poderes públicos, víctimas yo creo que de la propia inflexibilidad de los poderes públicos y de falta de sensibilidad en algunos casos, pues no van de la mano, no van acordes, no van a la par, no van a la vez que la sociedad, que se está –como digo- autogestionando y autoorganizando en este modelo. Y yo sé que el Partido Popular es poco amigo de los cambios, y menos en esta tierra, en su eterno Día de la Marmota, ¿no?, una tierra que está muriendo por inanición. Pero hay que decir... hay que decidir ya de qué lado se va a estar, si vamos a apostar por este modelo, que yo creo que es momento de poder apostar por este modelo.

Hace recientemente unos días, unas semanas, hemos firmado por un amplio acuerdo, por un amplio consenso en estas Cortes, un pacto por la reindustrialización de Castilla y León. Yo creo que es momento de poder ir un poquito más allá, creo que es el momento de poder ir a un acuerdo mucho más amplio, también, en ese mismo sentido, por la economía... por la economía social.

Como digo, el compromiso debe ir más allá de tener webs obsoletas o de tener concursos que premian la economía social. Esto yo creo que va de otra cosa, va de apoyar a la sociedad, va de animar a la sociedad a que encuentre mecanismos a través de la economía social. Una sociedad que ha encontrado en esta fórmula una salida... una salida a los grandes recortes, a los grandes recortes que ha habido en los últimos... en los últimos años.

Por cierto, no me resisto a decir aquí, en esta Comisión, que tuvimos ya la votación de una proposición no de ley, a instancias del Partido Socialista, sobre los Centros Especiales de Empleo, que también forman parte de esta economía social; una proposición no de ley en la que acordamos que la Junta de Castilla y León negociaría con la Federación de Empresarios de los Centros Especiales de Empleo una serie de condiciones, incluso económicas, de cara al Presupuesto del año dos mil diecisiete, y que podremos comprobar la semana que viene si ese compromiso... si ese compromiso se ha cumplido.

Entonces, como digo, vamos a ver el nivel de compromiso. Nosotros vamos a apoyar esta proposición... esta proposición no de ley –como digo- porque nos parece que coincide plenamente con las... con los principios, con los valores que defiende el Grupo Parlamentario Socialista, y nos sentimos ampliamente identificados con este nuevo modelo. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor portavoz del Grupo Socialista. Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Popular y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don Máximo López Vilaboa.


EL SEÑOR LÓPEZ VILABOA:

Sí. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Efectivamente, muchos de los principios que se han señalado aquí por parte de la señora Pascual Álvarez pues nos suenan bien. También hay que señalar que es un tema muy amplio, con muchas facetas, con muchos matices, y ya digo que... que muy amplio, como es la economía social. Y esta proposición pensamos que parte de una serie de postulados, cuya propuesta de resolución desconoce totalmente pues lo que es la realidad de Castilla y León y algunas de las actuaciones que ya se están poniendo en marcha por parte de la Junta de Castilla y León. Probablemente, ya digo que no sé si el Grupo de Podemos ha partido de una serie de generalidades y principios que lo mismo se pueden presentar en Castilla León que en otras Comunidades, y ya digo que desconozco si esto puede partir de un formulario que se haya presentado en términos absolutamente idénticos en distintos Parlamentos regionales, o incluso en Plenos de entidades locales, obviando totalmente lo que se está haciendo realmente desde cada organismo público.

En el caso de Castilla León son muchas las actuaciones que se han... se están llevando a cabo en materia de promoción, creación y mantenimiento de la economía social y de las empresas de la economía social. Y la propia interviniente, por parte del Grupo de Podemos, ha señalado que Castilla León es un referente a nivel nacional en economía social, y entendemos que algo habrá hecho la Junta de Castilla y León para que esto sea así.

Y en el propio organigrama de la Junta de Castilla y León existe una Dirección General de Economía Social y Autónomos. Esto es un ejemplo muy gráfico de que en el propio actuar diario de la Junta de Castilla y León esto es algo muy... muy presente, y sí que debemos de señalar que las políticas activas de empleo tienen como objetivo mejorar la accesibilidad de los trabajadores a los cambios cada vez más frecuentes de la economía globalizada y la reincorporación de los desempleados al mercado laboral en el menor tiempo posible. Algo muy presente también en la... en lo que se ha venido en llamar la economía social.

Las políticas activas pretenden también conseguir el acceso al empleo de las personas desempleadas mediante acciones formativas, orientación e intermediación laboral, ayuda personalizada en la búsqueda de empleo e incentivos al empleo. Y aquí también debemos de señalar pues esa II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en el que tan presente está la economía social. Su desarrollo se asienta sobre dos grandes prioridades generales, como es la apuesta por el empleo de calidad y la protección y ayuda a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos. Junto a estos dos grandes objetivos se definen otros que son de interés para la economía cooperativa, social y solidaria, como son: el impulso del emprendimiento a los trabajadores, a la cohesión territorial, al apoyo al empleo rural, y potenciar las medidas que promuevan la igualdad de oportunidades.

Y en este sentido, pues es importante señalar que las políticas que se desarrollan desde la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Economía Social y Autónomos de la Consejería de Empleo, dirigidas a los trabajadores y trabajadoras autónomos y a las empresas de economía social, pues son una serie de actuaciones muy diversas, como es:

Subvencionar el espíritu emprendedor a través de organizaciones representativas del trabajo autónomo y la economía social.

También subvencionar las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores que tengan reconocida la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, y cuyo fin es la realización de actividades profesionales.

También es subvencionar las cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes a las mujeres que se den de alta en el régimen de trabajadores por cuenta propia o autónomos a través del sistema especial para trabajadores por cuenta propia, agrarios, de la Seguridad Social.

Asimismo, también, subvencionar... una línea de subvenciones destinadas a promover la afiliación, en régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, de los habitantes de municipios muy concretos, como son esos municipios mineros de León y Palencia, muy afectados por la reestructuración de la minería del carbón.

También subvenciones específicas para la incorporación con carácter indefinido como socios trabajadores o trabajo en cooperativas y sociedades laborales, así como apoyar el desarrollo de proyectos de creación y modernización de este tipo de empresas.

Asimismo, también, subvencionar la constitución de empresas de economía social por trabajadores procedentes de crisis empresariales.

También financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de los trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los Centros Especiales de Empleo.

También subvenciones en el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.

Asimismo, la financiación de costes salariales de los trabajadores en situación o riesgo de exclusión social en las empresas de inserción.

Subvenciones, también, a inversiones en Centros Especiales de Empleo vinculadas a la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad.

Otras líneas de subvenciones, también, a inversiones en cooperativas y sociedades laborales que contribuyan a la creación, consolidación o mejora de competitividad.

Y, asimismo, financiar el personal de acompañamiento en las empresas de inserción laboral, y subvenciones al empleo con apoyo para personas con discapacidad en empresas ordinarias.

Vemos que... pues distintas líneas que tienen en cuenta la economía social, dentro de ese... también, de esa II Estrategia Integrada de Empleo que hemos señalado anteriormente. En muchos casos, elaborándose distintos planes, protocolos, estrategias, programas, libros blancos, códigos de buenas prácticas. Con distintos instrumentos de planificación, podemos irnos a duplicidades que en algún sentido pues no obedece a ese objetivo general de promover determinadas buenas prácticas, sino de lo que se trata es de impulsar, desde una serie de principios sólidos, esos principios que yo creo que debemos de tener claro de la economía cooperativa, social y solidaria, que deben de iluminar de una manera transversal distintas líneas de actuación del Gobierno regional.

Muchas veces, el hacer un plan específico no garantiza, por sí mismo, algo si no se tiene en cuenta de una manera sólida en todas esas líneas de actuación que hemos señalado anteriormente y que yo pienso que en este caso pues sí que se cumplirían.

Todo ello también pues se deberá de hacer, y se está haciendo, dentro de ese diálogo social, tan presente en Castilla León. Es lógico que, dentro de esa economía social, se tenga muy en cuenta y tenga un protagonismo central el diálogo social. Y también, pues bueno, pues es algo lógico también que se tenga en cuenta un diálogo específico pues con ciertos... las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, los Centros Especiales de Empleo, las empresas de inserción o asociaciones y fundaciones que tienen muy en cuenta todo esto que estamos hablando sobre la economía social.

Por todo lo anteriormente expuesto, no resulta... pensamos que no resulta necesario un plan específico y nuevo, que igual podría crear una duplicidad respecto a instrumentos de planificación que ya existen. Y pensamos que esto se puede hacer a través de otro tipo de estrategias. Por lo cual, pues pensamos que, existiendo ya instrumentos que promuevan esta economía cooperativa, social y solidaria, pues entendemos que igual es duplicarlo. Y, por lo tanto, no vamos a apoyar esta proposición que se presenta hoy. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor López Vilaboa. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la proposición que se propone, tiene la palabra doña Adela Pascual Álvarez.


LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer el apoyo a los grupos que han captado y han entendido un poco de lo que estamos hablando, es decir, Ciudadanos y Partido Socialista. Porque nos habla –me dirijo al Partido Popular- de duplicidad, nos está hablando... Miren, Castilla y León fue un referente en materia de economía social, en materia de economía social productiva, es decir, cooperativas -todo el cooperativismo- y sociedades laborales. Pero hablo en pasado. Quizá es el momento de avanzar, dar un paso adelante y recuperar un poco el terreno perdido de alguna manera, y fomentar, incentivar el modelo, porque estamos ávidos de este tipo de políticas, porque van dirigidos a nuestra Comunidad, Castilla y León, despoblada, se despuebla, la gente se va. Y tenemos que hacer propuestas muy apegadas al territorio.

Sí, me ha hecho o nos ha hecho una retahíla de todas las ayudas y... que existen, que las conocemos, las subvenciones por incorporación de socios... Pero es que el modelo hay que divulgarlo, el modelo hay fomentarlo, hay que ponerlo en contacto –como se dice en la propuesta de resolución- con las universidades. Hay que... la verdad, hay que avanzar y ahondar mucho más en él. Pero básicamente por una razón: nosotros, cuando lo hacemos, lo hacemos porque creemos en nuestra Comunidad y creemos en su gente.

Aquí hemos escuchado, en esta Comisión, cómo a veces se nos ha dicho que "qué lo vamos a hacer, se nos deslocalizan empresas porque se toman decisiones a muchos kilómetros de aquí, que no podemos hacer nada". Pues aprendamos algo, sin rechazar nada, ¿eh?, abramos nuevas brechas y nuevos caminos, porque realmente nos resulta imprescindible.

Y es que realmente hay razones suficientes para apoyar esta propuesta de resolución. Las empresas de economía social se apoyan en las personas, los socios son los propietarios. Estamos diciendo por todos los sitios, y además es cierto, que contamos con la juventud más preparada; pues imagínense, ¿cómo no van a ser capaces de crear su propio proyecto, desarrollarlo y defenderlo? Si son buenos para trabajar para otros, seguramente sean mucho mejores trabajando para su propio proyecto empresarial.

Estamos hablando de empresas con ánimo de lucro, ¿por qué no?, lógicamente, de obtención de beneficios, ¿eh? Estamos hablando de un tipo de empresa diferente. Quizá sea el concepto de empresa del siglo XXI, ¿eh? Las sociedades laborales es la empresa del siglo XXI. Y lo podemos... podemos tardar más o menos tiempo en darnos cuenta de ello; desde luego que a nosotros nos toca tener en cuenta todo esto.

Y es que realmente hay muchísimas aportaciones que nos está haciendo este tipo de economía, este tipo de empresas –insisto, empresas en su forma jurídica, sociedad limitada laboral, sociedad anónima laboral, cooperativas de trabajo asociado; estamos hablando de trabajo productivo-, que generan valor añadido, como hemos dicho; que, además, crean cohesión e inclusión social; que desarrolla capital social incrementando las relaciones de confianza entre las personas; crea empleo estable; crea... aguanta mucho mejor los vaivenes de la economía -porque no olvidemos que, sí, hemos vivido y estamos viviendo una crisis muy profunda, pero la economía, a lo largo de la historia, siempre ha tenido dientes de sierra, ¿verdad?, en su evolución, épocas mejores, épocas de bonanza y épocas de retrocesos-; fomenta el espíritu emprendedor -y, fíjese, quizá haya muchas políticas, que bienvenidas sean, de apoyo a los autónomos, pero es que aquí estamos hablando de apoyo al trabajo asociativo, es decir, proyecto... una forma de empresa, un proyecto de empresa compartido, que entendemos que crea mejor y mayor tejido productivo; creo que caminamos mejor, hacemos más... nos resulta más fácil el camino si unimos fuerzas, ¿verdad?, que de forma aislada-; fomenta, por supuesto, el espíritu emprendedor que tanto necesitamos.

Y, como le digo, el siglo XXI se tiene que... se tienen que desarrollar estrategias que permitan a los seres humanos situarse en lógicas cooperativas más que en las lógicas de lucha o guerras, que en la economía tradicional se llamaban lógicas competitivas. Las empresas de economía social son empresas eficaces, pero, por supuesto, eficientes, que es uno de los objetivos que perseguimos. Y, en fin, ya lo dejaré aquí.

La propuesta de resolución quedaría, aceptando la enmienda que nos hace Ciudadanos: "Las Cortes de Castilla y León instan al Gobierno de la Junta de Castilla y León a, primero, evaluar los planes desarrollados hasta la actualidad para impulsar un plan integral para la promoción de proyectos que estimulen la economía cooperativa, social y solidaria, en el objetivo de promover este modelo y generar empleo estable para combatir las desigualdades.

Segundo. Impulsar una línea específica para promover y acompañar con formación y recursos a entidades vinculadas a la economía social y solidaria impulsadas por mujeres y compuestas mayoritariamente por ellas y con recursos limitados.

Tres. Impulsar un programa de prácticas profesionales que tengan por objeto acercar estudiantes universitarios a estas empresas". Gracias.

Votación PNL/001341


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Pascual. Habiéndose modificado el texto, ¿algún portavoz desea intervenir? Bien. Pues sometemos a votación la proposición no de ley debatida. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Nueve. Ninguna abstención. El resultado de la votación es el siguiente. Diecisiete votos emitidos. Ocho a favor. Nueve en contra. Por tanto, queda rechazada la proposición no de ley debatida.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las diecinueve horas].


DS(C) nº 294/9 del 20/4/2017

CVE="DSCOM-09-000294"





Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Comisión de Empleo
DS(C) nº 294/9 del 20/4/2017
CVE: DSCOM-09-000294

DS(C) nº 294/9 del 20/4/2017. Comisión de Empleo
Sesión Celebrada el día 20 de abril de 2017, en Valladolid
Bajo la Presidencia de: Fernando Pablos Romo
Pags. 12696-12732

ORDEN DEL DÍA:

1. Proposición No de Ley, PNL/001286, presentada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Fernando Pablos Romo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, para instar a la Junta a que inste al Gobierno para que impulse las medidas normativas para que, en el ámbito de pymes y micropymes, se cree una figura con las mismas funciones que un Delegado de Prevención y se aplique la prohibición de contratar con la Administración de la Comunidad a aquellas empresas que hayan sido objeto de condena por delitos contra la seguridad en el trabajo o infracciones administrativas en materia social calificadas como muy graves, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 231, de 9 de febrero de 2017.

2. Proposición No de Ley, PNL/001315, presentada por las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero, instando a que la Junta de Castilla y León inste al Gobierno de la Nación para que establezca los mecanismos de financiación que hagan viable la Seguridad Social, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 237, de 23 de febrero de 2017.

3. Proposición No de Ley, PNL/001333, presentada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, instando a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España para impulsar las modificaciones necesarias en la Ley General de la Seguridad Social para abordar los diversos casos de acceso de jubilación anticipada, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 243, de 14 de marzo de 2017.

4. Proposición No de Ley, PNL/001341, presentada por las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero, para instar a la Junta a impulsar un Plan para la promoción de la economía cooperativa, social y solidaria, impulsar líneas específicas para promover a entidades vinculadas a ese tipo de economía e impulsar un programa de prácticas profesionales en esas empresas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 243, de 14 de marzo de 2017.

SUMARIO:

 ** Se inicia la sesión a las diecisiete horas.

 ** El presidente, Sr. Pablos Romo, abre la sesión.

 ** Intervención del procurador Sr. Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos) para comunicar sustituciones.

 ** Intervención del procurador señor Fernández Santiago (Grupo Popular) para comunicar sustituciones.

 ** El presidente, Sr. Pablos Romo, comunica que, por acuerdo de los grupos, se unifican los debates de los puntos segundo y tercero.

 ** Primer punto del Orden del Día. PNL/001286.

 ** La letrada, Sra. Seseña Santos, da lectura al primer punto del orden del día.

 ** Intervención del procurador Sr. González Reglero (Grupo Socialista) para presentar la proposición no de ley.

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Pascual Álvarez (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Galicia Jaramillo (Grupo Popular).

 ** Intervención del procurador Sr. González Reglero (Grupo Socialista) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo.

 ** El presidente, Sr. Pablos Romo, somete a votación el texto definitivo de la proposición no de ley debatida. Es aprobado.

 ** Segundo y tercer puntos del Orden del Día. PNL/001315 y PNL/001333.

 ** La letrada, Sra. Seseña Santos, da lectura al segundo y tercer puntos del orden del día.

 ** Intervención de la procuradora Sra. Pascual Álvarez (Grupo Podemos CyL), para presentar la Proposición No de Ley número 1315.

 ** Intervención del procurador Sr. González Reglero (Grupo Socialista) para presentar la Proposición No de Ley número 1333.

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Maroto del Olmo (Grupo Popular).

 ** Se suspende la sesión durante unos minutos.

 ** Intervención de la procuradora Sra. Pascual Álvarez (Grupo Podemos CyL) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la Proposición No de Ley número 1315.

 ** Intervención del procurador Sr. González Reglero (Grupo Socialista) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la Proposición No de Ley número 1333.

 ** El presidente, Sr. Pablos Romo, somete a votación el texto definitivo de las proposiciones no de ley debatidas. Son aprobados.

 ** Cuarto punto del Orden del Día. PNL/001341.

 ** El vicepresidente, Sr. Galicia Jaramillo, da lectura al cuarto punto del orden del día.

 ** Intervención de la procuradora Sra. Pascual Álvarez (Grupo Podemos CyL) para presentar la proposición no de ley.

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Álvarez Domínguez (Grupo Socialista).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. López Vilaboa (Grupo Popular).

 ** Intervención de la procuradora Sra. Pascual Álvarez (Grupo Podemos CyL) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo.

 ** El presidente, Sr. Pablos Romo, somete a votación el texto definitivo de la proposición no de ley debatida. Es rechazado.

 ** El presidente, Sr. Pablos Romo, levanta la sesión.

 ** Se levanta la sesión a las diecinueve horas.

TEXTO:

[Se inicia la sesión a las diecisiete horas cinco minutos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Empleo convocada para esta tarde. Permítanme que, antes de preguntar a los grupos por las posibles sustituciones, felicite, en nombre de los miembros de la Mesa, a don José Manuel Fernández Santiago, que a partir de hoy será el portavoz del Grupo Popular en esta Comisión. Y comenzamos. ¿Por parte del Grupo Socialista hay alguna sustitución que comunicar? No. Grupo Podemos Castilla y León, tampoco. Grupo Ciudadanos, señor Castaño.


EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Sí, presidente. David Castaño sustituye a Manuel Mitadiel. Gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias a usted. ¿Grupo Popular?


EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO:

Gracias, presidente. José María Bravo Gozalo sustituye a Pedro Antonio Heras Jiménez; en esta ocasión, José Manuel Fernández Santiago sustituye a Raúl de la Hoz Quintano y Jorge Domingo Martínez Antolín sustituye a Emilio José Cabadas Cifuentes.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Fernández Santiago. Vamos a dar comienzo al orden del día. Por acuerdo entre los grupos, se unificarán los debates, por ser de una temática similar, de los puntos 2 y 3; por tanto, en los siguientes, cuando correspondan, habrá dos intervenciones, porque son proponentes distintos, para iniciar, y dos intervenciones finales para fijar los textos definitivos.

Por parte de la señora letrada se va a dar lectura al primer punto del orden del día.

PNL/001286


LA LETRADA (SEÑORA SESEÑA SANTOS):

Primer punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL/001286, presentada por los Procuradores don Pedro Luis González Reglero, don Óscar Álvarez Domínguez, don Fernando Pablos Romo, doña Laura Pelegrina Cortijo y doña María Consolación Pablos Labajo, para instar a la Junta a que inste al Gobierno para que impulse las medidas normativas para que, en el ámbito de pymes y micropymes, se cree una figura con las mismas funciones que un Delegado de Prevención y se aplique la prohibición de contratar con la Administración de la Comunidad a aquellas empresas que hayan sido objeto de condena por delitos contra la seguridad en el trabajo o infracciones administrativas en materia social calificadas como muy graves, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 231, de nueve de febrero de dos mil diecisiete.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchísimas gracias, señora letrada. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, por un tiempo máximo de diez minutos, don Pedro Luis González Reglero.


EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Gracias, presidente. Y buenas tardes. Bueno, pues dicha... esta proposición no de ley no viene sino a recoger una demanda que, allá por el mes de... allá por el mes de enero, planteaban en una rueda de prensa que daban los sindicatos de aquí, de Castilla y León, en el que se advertía del importante aumento de la siniestralidad laboral que en aquellos momentos se estaba dando en Castilla y León. Hacían una breve mención, o una mención, al número de accidentes de trabajo que se habían producido en Castilla y León allá por el mes de noviembre –ya digo- del año pasado, que fue de 10.047 accidentes, y que venía a coincidir prácticamente con la misma cifra que producidos en todo el año... en todo el año anterior, en el año dos mil quince, que fue de 10.060.

Desgraciadamente, el número de fallecidos fue de 15, igual que el año precedente, y este año dos mil diecisiete se iniciaba con dos fallecidos a lo largo del mes de enero, los dos por accidentes de trabajo, evidentemente, uno en Golmayo, en Soria, y otro en Soto de la Vega, en la provincia de León.

Según denunciaban, o según ponían de manifiesto los agentes sociales, detrás de ese incremento del número de accidentes pues viene a estar lo que en reiteradas ocasiones se ha dicho por parte tanto de los agentes sociales como de mi grupo parlamentario, que no es otra cosa que la precariedad laboral existente en el conjunto del país y, por añadidura, en el conjunto de la Comunidad de Castilla y León; y que no viene a ser como consecuencia pues de la aplicación de esa nefasta reforma laboral que a día de hoy están sufriendo el conjunto de los trabajadores.

Una excesiva temporalidad, una falta de formación, una escasa inversión por parte de la parte empresarial en materia de prevención, y creemos también que pudiera darse el escaso seguimiento o el escaso número de la Inspección de Trabajo, aunque es verdad que se dotaron y se incrementaron con un acuerdo que, como viene siendo habitual, el Gobierno de la Comunidad pues lo hizo a bombo y platillo, incrementaban creo recordar que era en número de 3 los inspectores de trabajo, pero era una denuncia que venían haciendo tanto –ya digo- los agentes sociales como alguna proposición no de ley que nosotros presentamos también a raíz de una recomendación que venía por parte del Consejo Económico y Social, por parte del CES.

Y, bueno, pues queríamos trasladarla en forma de proposición no de ley, que recogiese esa demanda y que asumiese cada una de las partes la responsabilidad: uno, las empresas, y dos, las Administraciones públicas; cada uno en su ámbito, por supuesto, pero que los trabajadores, a la hora de trasladarse, cuando vamos a trabajar diariamente a nuestro puesto de trabajo, pues que tuviésemos "la fortuna" –eso entre comillas- de que pudiéramos regresar al trabajo en las mismas condiciones en las que habíamos acudido.

Es verdad que para corregir, como decía anteriormente, pues hay que dotar de más medios a la Inspección de Trabajo -se han dotado, nosotros creemos que son insuficientes- y, por supuesto, exigir que se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y derogar esa nefasta reforma laboral, como decía anteriormente. Creíamos también, y aquí es donde viene un poco la iniciativa o la proposición no de ley en la que se basa toda esta serie de antecedentes, que es poner en marcha el delegado de prevención, tanto en las pequeñas empresas como en las pymes, como en las micropymes. Es, a modo de información, pues en algunos de los casos hasta empresas –creo recordar- de 7 trabajadores, en aquellas que puede haber o que acepta el empresario que haya elecciones sindicales, el delegado de personal asume las funciones de delegado de prevención, tal y como dispone la ley, pero hay otras muchísimas microempresas, no solo en el conjunto del país, sino en el conjunto de la Comunidad, pues que carecen de esa figura de delegado de personal y, por lo tanto, de delegado de prevención.

Se trataría de crear una figura nueva en cada provincia, con esa capacidad, para poder acceder a todas las empresas en las mismas condiciones, ya digo, que un delegado de prevención. Igualmente, también, aquellas empresas que incumpliesen la Ley de Prevención de Riesgos no deben tener contrato alguno con las Administraciones públicas. Aquí quiero hacer un breve parón, una breve mención, porque es verdad que la propia Ley de Contratos del Sector Público lo recoge en su Artículo 60, habla de las prohibiciones de contratar; el real decreto habla en algunos de los diferentes apartados que, en el caso de que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave -en concreto en el apartado c)- en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o por infracción muy grave en materia social, incluidas en las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con los dispuesto, bueno, en las diferentes normativas y en las diferentes leyes, no podrán contratar con el sector público; en concreto, es a lo que hace mención.

Nosotros, en una de las... en concreto, en el segundo apartado de la propuesta de resolución, hablamos de extremar las medidas. Sabemos que no se puede contratar a aquellas empresas -como dice el propio real decreto- que hayan sufrido algún tipo de sanción, pero lo que creemos es que hay que ir un poco más allá. Yo no sé si el verbo adecuado pudiera ser "extremar" -en este sentido estamos abiertos a cualquier otro verbo que pudiera conjugar-, pero con el fondo o con el objetivo prioritario de que se extremase ese control y que hubiese ese seguimiento, y se aplicase todo el rigor a la hora de prohibir contratar con la Administración de la Comunidad Autónoma y su sector público. Digo esto porque, si acaso... no sé si alguno de los grupos pudiese poner encima de la mesa que ya existe; es cierto, yo quiero dejar mención que es verdad, que ese real decreto lo recoge, pero nosotros queremos ir un poco más allá. Pudiera ser que el verbo más adecuado hemos encontrado que sea "extremar", pero ya digo que estaríamos abiertos a cualquier otra alternativa que se pudiese plantear, pero siempre bajo la base de ese control, y se aplique a esas empresas que han sido sancionadas.

Y el punto primero: instamos, queremos instar al Gobierno también, a fin de que por el mismo se impulsen las modificaciones normativas oportunas a fin de que, con un ámbito de actuación referido a las pequeñas y medianas empresas y a las micropymes, se cree una figura con capacidad suficiente para acceder a todas las empresas en las mismas condiciones y con las mismas funciones que el delegado de prevención. Aquí hago otro breve apartado, otra breve introducción. En este sentido, es verdad que la ley de prevención lo dice meridianamente claro, pero bueno, pues, con ánimo de recoger esas propuestas, y en aras a que estoy convencido de que el grupo que sustenta al Gobierno, tan proclive al diálogo social como es en la mayoría de los casos, pues será sensible a la reclamación o a la petición que está haciendo, en este caso, los sindicatos de Castilla y León, los sindicatos mayoritarios. Y, por lo tanto, pues creemos que estará en buena lid o en buena disposición de poder acordar.

Brevemente, yo creo que lo he intentado resumir. En los antecedentes viene prácticamente cuál es el fondo de la cuestión y cuál es el objetivo prioritario en la propuesta de resolución, y, como consecuencia del incremento del número de accidentes que ha habido, en los antecedentes creo que queda meridianamente reflejado y meridianamente claro cuál es el propósito de dicha iniciativa por parte del Grupo Socialista. Esperando que sea tenido en cuenta por parte de los diferentes grupos, pues nada más. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor González Reglero. En ausencia del Grupo Mixto, en un turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don David Castaño Sequeros.


EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Muchas gracias, señor presidente. Señor González, nosotros también por supuesto que compartimos la preocupación del Partido Socialista sobre el aumento del número de accidentes, que es completamente cierto, y seguramente es completamente cierto también que es debido al aumento de la precariedad laboral, y seguramente a las medidas de seguridad, que también se han reducido.

Es verdad que ha habido una demanda de los sindicatos para intentar reducir esta siniestralidad. Es verdad que usted ha hablado de la Inspección de Trabajo. Nosotros pensábamos que también es el camino adecuado, ¿no?, el aumentar la Inspección de Trabajo y que, sobre todo, que se cumpla la ley. Lo que sí, también, antes de crear una figura nueva, como usted nos está proponiendo, sí que me gustaría, antes de emitir nuestro voto, que usted nos aclarara si de verdad hay un consenso de todos los sindicatos para esta nueva figura; si goza del consenso de todos los sindicatos.

En cuanto al punto segundo, pues, efectivamente, nosotros también vemos adecuado extremar las medidas de control, si bien es cierto que ese paso más debería usted definirlo un poquito mejor en su segunda intervención. Y le digo por qué: porque, depende de cómo sea el paso, nos preocupa que, si bien es cierto que hay que cumplir la ley, nos preocupa que una empresa pueda terminar cerrando porque no pueda trabajar para la Administración pública y que al final lo terminen pagando los que no deben pagarlo, por supuesto, que son los trabajadores. Por tanto, como ya le he comentado, esperaré a su segunda intervención para emitir el voto de mi partido. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Castaño. En un turno de fijación de posiciones, por un tiempo máximo de diez minutos, y por el Grupo Podemos Castilla y León, tiene la palabra doña Adela Pascual Álvarez.


LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Buenas tardes. Gracias, presidente. Bueno, hoy hablamos de nuevo de la siniestralidad laboral, pero desde dos puntos de vista distintos. Compartimos la exposición de motivos de la PNL, pero no tenemos claro que la figura necesaria para realizar las labores de vigilancia correspondan a una persona asimilada a un delegado de prevención, por cualificarlo de alguna manera. Habría que ver cómo se nombra a esa figura, la formación exigida, quiénes la seleccionan, de qué órgano depende; no sé, creo que son muchas las dudas. Desde nuestro punto de vista, la clave está en la Inspección de Trabajo, con más medios, más personal, más inspectores, que garanticen el trabajo sin riesgos. Y esto de "sin riesgos" lo entrecomillaría, ya que, lógicamente, todos sabemos que el riesgo cero no existe.

Cuando hablan ustedes de crear una figura con capacidad suficiente para acceder a todas las empresas en las mismas condiciones que los delegados de prevención, creo que faltan muchos datos a fin de poder tomar una posición responsable como grupo parlamentario. ¿Qué plantean, una figura ajena a la empresa con funciones y competencias de delegados de prevención? Parece que apuntan uno en cada provincia, ¿quién sería? ¿De nuevo en aras de un acuerdo? No lo sé si bajo el ámbito del diálogo social crearíamos otra figura de ámbito privado con dinero público. Actualmente las pymes y micropymes están obligadas a cumplir con la legislación; bien es cierto que a veces se les exige al mismo nivel que las grandes empresas, y, por tanto, se forma a trabajadores; incluso en muchos casos es el propio empresario quien asume la parte técnica de la prevención; y, si no, contrata un servicio de prevención ajeno, que son técnicos expertos en materia, que llevan de la mano a las pequeñas empresas para realizar estas tareas preventivas.

Creemos que no necesitamos nuevas figuras en la Administración pública, lo que necesitamos es dotar de más medios humanos y económicos a la Inspección de Trabajo, para que inspectores y subinspectores puedan desarrollar su trabajo con los medios adecuados y libremente. Los empleados públicos de la Inspección de Trabajo velan por el cumplimiento y aplicación de la cultura preventiva. Dotémoslos de medios para que puedan realizar su trabajo, y seguro que será un punto fundamental para la... para que la siniestralidad laboral disminuya.

Por tanto, en este primer punto de la propuesta de resolución adelanto que vamos a pedir votación separada, a falta... porque entendemos que hay falta de desarrollo, a fin de poder valorar si esta figura cumple con lo que nosotros esperamos o se trata –como decía- de una figura más bajo esa dependencia de una empresa privada mantenida con fondos públicos.

En cuanto al segundo punto de la propuesta de resolución, estamos totalmente de acuerdo y lamentamos la cantidad de veces que instamos los grupos parlamentarios a que se cumpla la ley y compromisos adquiridos por los gobiernos. No deja de llamar la atención que los representantes elegidos democráticamente tengamos que exigir permanentemente que se cumpla la ley. El informe de la Comisión Europea advierte que España carece de una política de contratación pública a nivel nacional que garantice la competencia y la transparencia. También desde el Observatorio de Contratación Pública se ha puesto de manifiesto el abuso de los contratos menores por parte de la Administración, pues su uso se ha extralimitado y generalizado, convirtiéndose en la mayoría de los casos en adjudicaciones a dedo; el 90 % de la contratación de la Junta de Castilla y León en dos mil dieciséis ha correspondido a contratos menores.

A principios de este año, el Consejo de Cuentas denunciaba, en un informe referido al año dos mil catorce, que los órganos de contratación de la Administración regional habían realizado un escaso cumplimiento del acuerdo por el que se aprueban directrices vinculantes sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, al no ser estas introducidas regularmente en los pliegos ni justificar en los expedientes la imposibilidad de hacerlo por la naturaleza del contrato. Ante esto, la Junta de Castilla y León respondió que en dos mil dieciséis había sido un año clave para avanzar en el compromiso con la contratación pública socialmente más responsable, aprobando nuevas directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. Pero esto no es suficiente; el empleo sí importa. El número de trabajadores y la estabilidad de sus puestos deben ser criterios de peso. ¿Y qué decir de la importancia del cumplimiento de la normativa para que se garantice la seguridad en el trabajo? El índice de siniestralidad en Castilla y León aumentó en dos mil dieciséis en más del 8 % con respecto al año anterior. Esto debería hacernos pensar que algo se está haciendo mal.

La contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europea 2020 como uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos. La contratación pública puede potenciar los derechos laborales y sociales o puede contribuir a aumentar la precariedad laboral. Actualmente, la Ley de Contratos del Sector Público establece que no podrán contratar con el sector público las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos contra los derechos de los trabajadores, o sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o por infracción muy grave en materia social, incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.

El principal problema respecto a las prohibiciones para contratar es que para que surtan efecto no basta con que suceda el incumplimiento, sino que este debe constituir un delito sobre el que haya recaído una sentencia firme, o una infracción muy grave sobre la que haya recaído una sanción, una sanción firme. Es más, el órgano de contratación no puede aplicar de oficio la prohibición para contratar, y esta estará condicionada a su inscripción en el Registro Oficial de Licitaciones y Empresas Clasificadas.

Como todos sabemos, actualmente en el Congreso de los Diputados se está debatiendo el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por lo que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 de la Unión Europea, 2014/24/UE, de veintiséis de febrero del dos mil catorce, y 121/2. Como bien puede imaginar, Unidos Podemos ha presentado una enmienda a la totalidad sobre este proyecto, y además una serie de enmiendas que bien podemos aplicar a la proposición no de ley que hoy nos ocupa. Se deberían habilitar como causas de prohibición de contratar con empresas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional, por incumplimiento de las obligaciones que deriven del correspondiente convenio colectivo, de falseamiento de la competencia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, de extranjería, medioambiental, laboral o social. Todo el sistema de freno a la participación de empresas que puedan haber cometido delitos contra derechos de los trabajadores de carácter ambiental, de fraude fiscal, de vulneración de derechos fundamentales, pivotan sobre una base absolutamente ineficiente.

Pero todo esto es solo una mínima parte de lo que la nueva ley de contratos debería contemplar. Y así, por ejemplo, debería impedirse que empresas con relación económica ilegal en paraísos fiscales puedan competir con empresas que tributan en España; se debería habilitar causas de prohibición de contratar que blindaran el contrato público de la competencia desleal; criterios de solvencia técnica de carácter social y ambiental; diseñar sistemas de adjudicación específicos que abrirán la contratación pública a segmentos empresariales necesitados de una discriminación positiva, como empresas sociales y determinados segmentos de la pequeña y mediana empresa, muy especialmente de titularidad femenina, tal como recuerda el propio Consejo de Estado.

Cuando el Partido Socialista, en esta proposición no de ley, habla de extremar medidas de control a fin de que se aplique con rigor la prohibición de contratar, parece que pone en duda que hasta ahora no se haga. Por lo tanto, mi grupo parlamentario apoyará cualquier medida que defienda los derechos de los trabajadores y trabajadoras de esta Comunidad, y que además cumpla con las normas de eficiencia y transparencia, de la que estamos tan necesitados.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Pascual. En un turno de fijación de posiciones, por un tiempo máximo de diez minutos, y por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Vidal Galicia Jaramillo.


EL SEÑOR GALICIA JARAMILLO:

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Pues, efectivamente, hoy estudiamos una propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Socialista donde se plantean dos cuestiones: por un lado, instar al Gobierno a fin de crear esta nueva... esta nueva figura de los delegados de prevención, y, por otro lado, el relativo a prohibiciones de contratar. Voy a... en mi breve intervención, refiriéndome a las dos partes de la resolución.

Yo creo que, indudablemente, tal y como ha quedado aquí puesto de manifiesto, pues todos estamos preocupados por la prevención, indudablemente. Todos estamos de acuerdo en intentar disminuir los accidentes laborales. Esa es una... un fin y un objetivo de todos.

Entonces, con relación a esta propuesta, a esta primera parte, nosotros, bien, pues en principio no nos parece nada descabellado. Lo que pasa que lo que sí ponemos de manifiesto es que notamos que quizá deba de matizarse la primera parte de la propuesta, y en este sentido dejo caer una transaccional de nuestro grupo hacia el grupo proponente, añadiendo un matiz. Estamos planteando instar a... directamente al Gobierno a que modifique la legislación para crear estos... concretamente estos delegados de prevención en riesgos laborales en las pequeñas y medianas empresas. Creemos que, en la modificación de esta ley, hacerlo de una forma, por decirlo de alguna forma, incondicional –modifíquese, y esta es nuestra postura- debería matizarse; y esta es, en este sentido, la propuesta que hacemos de la transaccional para que la primera parte se transaccione. Y es, sencillamente, dirigirnos al Gobierno... –y estaríamos de acuerdo- dirigirnos al Gobierno, pero para que, por parte del Gobierno, pues se estudie, se estudie una modificación legislativa –que es lo que tiene que hacer-, se estudie por el órgano pertinente, por el foro que proceda, en la mesa del departamento que proceda, esta iniciativa. De ahí... –y quizá pues esto sirva un poquito también de contestación- pues de ahí se sacarán las conclusiones que se tengan que sacar y la decisión que se tenga que sacar.

Entonces, yo traslado la transaccional con relación al punto número 1, en el sentido de que, si se modifica y fuese en el sentido de instar al Gobierno a fin de que se someta a estudio y valoración en el foro y mesa adecuado –que es lo que incluimos, el impulsar las modificaciones normativas oportunas a fin de que, con un ámbito de actuación referido a las pymes y a las micropymes, se cree una figura con capacidad suficiente para acceder a todas las empresas en las mismas condiciones y con las mismas funciones que un delegado de prevención-, entonces estaríamos de acuerdo en aprobar y aceptar la propuesta de resolución con relación a ese punto número 1.

Y luego, la segunda parte de la... de la propuesta de resolución, pues, sencillamente, como muy bien ha dicho y como ha puesto de manifiesto el señor González Reglero, es una situación que está recogida. Cuando se incurre en infracciones graves, en infracciones muy graves -ya no digo cuando estemos ante situaciones de delito, que indudablemente lleva consigo el haber incurrido en determinadas infracciones-, está establecida la prohibición de contratar con la Junta de Castilla y León por parte de esas empresas, y así lo recoge y lo regula del Real Decreto Legislativo 3/2011, de catorce de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos, en su Artículo 60, tal y como...

Y, sincera y honestamente, no nos preocupa la expresión "extremar" -que se haga todo el máximo posible-, ni la mayor rigidez, porque entendemos que es un tema que ya, de hecho, la Junta está extremando y está tomando todas las medidas, porque, en definitiva, lo que hace la Junta es aplicar la ley. Y, cuando digo que se está extremando y se está poniendo todo el celo por parte de la Junta de Castilla y León, pues también a la vez digo que por parte de la Junta de Castilla y León hay previstas pues la publicidad y dar a conocer cuándo una empresa incurre en situaciones de estas, para, precisamente, intentar evitar el máximo posible estas situaciones.

Y quiero señalar que precisamente estas empresas y sus actuaciones pues son controladas por órganos gestores encargados de tramitar un expediente de contratación, por cuanto el mismo es objeto de control por los órganos internos correspondientes, velando por el cumplimiento de la normativa vigente, tanto en el aspecto económico como el jurídico. Existe un Real Decreto, el 597/2007, de cuatro de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. Establece, además, el procedimiento para hacer públicas... –que este es la expresión a la que me quería referir- hacer públicas las sanciones, así como los datos objetos de publicación, y la creación –y esto también está establecido- de un registro de consulta pública en cada una de las Administraciones competentes.

La Junta de Castilla y León ha establecido, a través del Decreto 30/2009, del treinta de abril, un procedimiento para dar publicidad a las sanciones -con esto quiero decir que se está haciendo con el máximo celo- por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, definir los datos objeto de publicación, así como crear un registro de empresas sancionadas y el correspondiente fichero de datos de carácter personal en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El citado real decreto establece en su Artículo 2.4 que "Trimestralmente –además- se publicará en la página Web de la Consejería competente en materia laboral, la relación de empresas sancionadas por la comisión de infracciones muy graves". Es por ello que el que a toda la persona que quiera consultarlo se le facilita con esta publicidad y con esta página web.

Por lo tanto, vuelvo a repetir, a reiterar, que aceptaríamos la propuesta de resolución si se acepta la transaccional con relación al punto 1, en los términos establecidos, y aceptaríamos sin ningún problema la propuesta de resolución en los términos trasladados del punto número 2. Nada más y muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Galicia. Finalmente, para fijar el texto definitivo de la proposición que se propone a debate, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, don Pedro Luis González Reglero.


EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Gracias. Gracias, presidente. Y, bueno, pues algunas aclaraciones que parece ser que, o no quedaban claras en los antecedentes, o no sé si me han interpretado mal o se me ha entendido mal. Preguntaba el portavoz de Ciudadanos si hay un consenso de todos los sindicatos. Pues, hombre, yo en este sentido decir que yo creo que no va a haber ningún problema por parte ni de los que estamos aquí ni de los que están fuera en que los accidentes de trabajo es una lacra que entre todos tenemos que solucionar, que reducir y, si es posible, que erradicar.

Es verdad que el objetivo propuesto de cero accidentes de trabajo es difícil, pero, bueno, avancemos en este sentido. Por lo tanto, a nosotros, venga la propuesta de donde venga, o quien se quiera reunir con nosotros para trasladar cualquier iniciativa en este sentido, pues no andamos ni preguntando ni mirando si tiene el consenso de todos; es algo que nos parece loable, nos parece lógico, nos parece razonable, y con el objetivo que decía el propio portavoz de Ciudadanos de que estamos todos involucrados en que haya una reducción lo máximo posible de los accidentes. Esta era una idea que nos parece atrayente, que nos parece interesante y que nos parece que, bueno, pues es dar un paso más, que desde luego no es excluyente para nada con el resto de los pasos que se están dando. Uno, aunque nos pueda parecer insuficiente como grupo parlamentario, como es el de dotar de más medios a la Inspección de Trabajo, proposición no de ley que ya recogimos aquí y que se debatió hace tiempo también; creemos que todavía son insuficientes los inspectores de trabajo que están a pie de calle, pues es verdad que cada vez hay más trabajo administrativo el que realizan el equipo de la Inspección; y, por lo tanto, creemos que no es excluyente, sí complementario, a la hora de intentar, pues eso, reducir lo máximo posible el número de accidentes de trabajo.

Por lo tanto, yo creo que en esto no sé si habrá consenso o no de todos los sindicatos; es una cosa de sentido común y es una cosa que a nosotros nos parece de lo más loable, de lo más factible y de lo más lógico, y por eso es por lo que hemos traído aquí esta proposición. Yo la pregunta, igual, se la devolvería a usted, ¿le han comunicado a usted algún sindicato que no esté de acuerdo con esta proposición no de ley? Es la reflexión que quizás le trasladaría a usted. Yo, hasta la fecha, por lo menos con los que hemos hablado, nos han dicho que están totalmente de acuerdo en este sentido.

Y en el punto 2, en relación con lo de "extremar", o el verbo, no sé si lo que no puede ser que le parezca bien, o no haya entendido bien, he dicho que es verdad que la Ley de Contratos del Sector Público define claramente, en el Real Decreto de miércoles dieciséis de noviembre del dos mil once, cuáles son las prohibiciones de contratar. Yo he leído unas... -por resumirlo, la portavoz de Podemos ha sido un poco más extensa-, creo que queda meridianamente claro. Es verdad que ahora hay un proceso, un procedimiento, de que se están negociando, amén de las enmiendas que cada grupo parlamentario allá en el Congreso quiera hacer, a la totalidad o la no totalidad, pero creemos que es ir un poco más allá.

Por supuesto que el que esté incumpliendo la ley se le sancione, faltaría más. ¿Y quién somos nosotros para decir que se pueda vulnerar la ley? Por supuesto que al que... al que... ya digo, que al que incumpla la ley se le sancione, no se contrate, en este caso, con el sector público o con la propia Administración pública. Pero queremos ir un paso más allá, por eso dije en mi primera intervención que yo no sé si el término o el verbo "extremar" es el más adecuado; vigilar, persuadir, convencer, bueno, cualquier verbo nos podría parecer bien con el ánimo y el objetivo prioritario, que es el que decía en mi primera intervención, que es el intentar reducir el número de accidentes de trabajo no solo de nuestra Comunidad, sino del conjunto del país. No sé si han servido las explicaciones o las aclaraciones, espero que sí.

Decía el portavoz, o la portavoz, de Podemos que no tenía claro que cómo iba a ser. Pues mire, a nosotros nos da igual de qué fórmula, lo único que queremos es que haya más personal a pie de calle, más personal que visite las obras, o los tajos, o las pequeñas y medianas empresas. Sabe usted que ahora, hoy día, el empresario, en alguno de los casos, asume esas competencias, incluso las propias mutuas, pero, bueno, pues usted conoce, seguramente tanto... tan bien como yo, qué tipo de formación se les da a los recién iniciados o a aquellos trabajadores que tienen un contrato de una semana, que ni tan siquiera se les explica... bueno, en alguno de los casos ni se les dan los EPIS correspondientes para poder trabajar.

Por lo tanto, nosotros lo que queremos es ir un poco más allá. Y vuelvo a insistir en lo mismo que decía anteriormente: creemos que esto es complementario y no es excluyente. ¿Que tiene que ser en el marco del diálogo social? Nosotros, autonomía de las partes, lo hemos dicho... respeto a la autonomía de las partes, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Habrá cosas que nos guste más, habrá cosas que nos guste menos, pero, desde luego, somos respetuosos con esa autonomía que puedan tener los participantes en el marco del diálogo social. Queremos ir, ya digo, un poco más allá, y queremos que, bueno, pues a través de un órgano independiente -yo no sé si tendrá que ser a través de los agentes sociales, de los agentes empresariales o de la propia Administración-, el dotar de más medios. La Administración tiene lo que tiene; tendrá que ser personal público, personal contratado, a través de una oposición, a través de las personas formadas oportunamente, pero yo creo que el seguimiento lo están haciendo, y las visitas, por lo menos en un sector que yo conozco, como es el de la construcción, sabe usted que hay visitas a través de la Fundación Laboral, hay visitas a determinadas empresas en este sector en concreto.

Pero bueno, que no queremos ser excluyentes y decir quién lo tiene que hacer. No; que se haga. Y mediante el procedimiento el más adecuado. Que se visite mucho más a aquellas pequeñas... a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas, con ese objetivo, que es formar, informar, prevenir y, si es posible, reducir también el número de accidentes.

Si usted quiere que votemos separadamente, pues por nuestra parte tampoco hay ningún problema, votamos separadamente cada uno de los puntos. Ya digo que el objetivo es... yo creo que es compartido por todos los que estamos en esta mesa, y seguramente también por los que están fuera.

En cuanto al PP, no hay ningún problema, señor Vidal, aceptamos la transacción que usted nos propone. La verdad es no hay tampoco mucha diferenciación; nosotros decimos: instar al Gobierno de España a fin de que por el mismo se impulsen las medidas... las modificaciones normativas oportunas a fin de que, con un ámbito de actuación referido a las pequeñas y medianas empresas y micropymes, se cree una figura... tal, tal, tal; y ustedes dicen: instar al Gobierno a fin de que se someta a estudio y valoración en el foro y mesa adecuado el impulsar las modificaciones normativas. Nos vale, no hay ningún problema. Usted quiere, bueno, pues esperar a que, en el órgano adecuado -y esta ley ya sabe que, bueno, lo conoce usted como yo, que es de carácter estatal-. Pues, probablemente, desde el año noventa y cinco, ha llegado la hora de retocarla, reformarla por parte de todos y con el mayor de los consensos; en eso, desde luego, que estamos de acuerdo; con la opinión, si es posible, de los expertos, los que conocen la aplicación o la no aplicación en algunos casos de esta propia ley. Pero no hay ningún problema en aceptarle la transacción.

Y, bueno, pues en el segundo punto ustedes también están de acuerdo. Ya digo que, si hay algún grupo que por aquello del verbo, de extremar o no extremar, no está convencido o quiere que le demos otra entonación o otro... una modificación, con el objetivo prioritario de cuál es el fondo de la cuestión, tampoco hay ningún problema; ya digo que es un pequeño granito de arena más a sumar a la obligación que tenemos nosotros, como representantes públicos también, de intentar ayudar, en la medida de lo posible, a esta lacra social como es el número de accidentes de trabajo. Nada más y muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Gracias, señor González Reglero. Si no he entendido mal, entonces acepta la transacción del Grupo Popular en el punto 1, y, por de pronto, mantiene el punto 2 tal y como estaba. ¿Algún grupo quiere intervenir al respecto? Sí, Grupo Podemos.


LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Simplemente matizar mi petición de votación separada. [Murmullos]. Perfecto.

Votación PNL/001286


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Entonces, procedemos a votar el primer punto del orden del día en los términos en los cuales han sido fijados por acuerdo a propuesta del Grupo Popular.

¿Votos a favor? Quince votos a favor. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Dos. Bien. Queda aprobado este primer punto... la primera parte del primer punto del orden del día.

Procedemos a votar ahora la segunda parte del primer punto del orden del día. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Queda, por tanto, aprobada al completo la proposición no de ley, tal y como ha sido fijada por el proponente. Bien.

Por parte de la señora letrada va a procederse a leer, como planteábamos antes, conjuntamente los puntos dos y tres del orden del día, que tendrán un debate unificado.

PNL/001315 y PNL/001333


LA LETRADA (SEÑORA SESEÑA SANTOS):

Segundo punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL 1315, presentada por las Procuradoras doña Adela Pascual Álvarez y doña Lorena González Guerrero, instando a que la Junta de Castilla y León inste al Gobierno de la Nación para que establezca los mecanismos de financiación que hagan viable la Seguridad Social, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 237, de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete.

Tercer punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL 1333, presentada por los Procuradores don Pedro Luis González Reglero, doña Laura Pelegrina Cortijo, don Óscar Álvarez Domínguez, don Fernando Pablos Romo y doña María Consolación Pablos Labajo, instando a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España para impulsar las modificaciones necesarias en la Ley General de la Seguridad Social para abordar los diversos casos de acceso de jubilación anticipada, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 243, de catorce marzo de dos mil diecisiete.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Gracias, señora letrada. Para la presentación de las proposiciones no de ley, tiene la palabra, en primer lugar, por un tiempo máximo de diez minutos, doña Adela Pascual Álvarez.


LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias, presidente. Bueno, el sistema público de pensiones de España, según las estimaciones del propio Gobierno del Partido Popular, en dos mil dieciséis ha sufrido un desequilibrio que podría situarse entre los 17 y los 18.000 millones de euros, y que, según el Plan de Presupuestos 2017 –Informe de acción efectiva-, reconoce que el déficit del sistema de Seguridad Social al término de dos mil diecisiete se situará en los 19.000 millones de euros.

Por otro lado, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha sufrido un deterioro acelerado durante los últimos años, pasando de 66.815 millones de euros en dos mil once a 24.207 millones en dos mil dieciséis, el nivel más bajo desde su constitución. Como vemos, es lo que queda por destruir del estado del bienestar social configurado en mil novecientos setenta y ocho.

En Castilla y León, la proporción entre afiliados y pensionistas ya es insuficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema, y, aunque el número de cotizantes y afiliados está creciendo, la cotización media de los nuevos cotizantes es mucho más baja que en otros momentos, llegando a mínimos históricos. A uno de enero de dos mil diecisiete había 607.053 pensiones contributivas en Castilla y León, lo que supuso un incremento del 0,5 %. Aunque el número de pensionistas crece, no el importe de la pensión, que sigue estando por debajo de la media de España.

El Artículo 50 de la Constitución Española afirma que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiente... la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.

A la vista de tales datos, hay que recordar que en un Estado social, como el que propugna el Artículo 1.º de nuestra Constitución, es inconcebible, y en todo caso inaceptable, que las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Para Podemos, todos los recursos del Estado son los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, por lo que defendemos que las pensiones, en tanto que los derechos subjetivos de los ciudadanos establecidos en la Constitución tienen la consideración de gastos obligatorios, que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios ni a la evolución de una determinada fuente de ingresos, deben ser cubiertas por las aportaciones del Estado.

El pasado catorce de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el denominado Plan Presupuestario 2017 –Informe de acción efectiva, como ya he comentado-, a fin de remitirlo a la Comisión Europea en el marco del procedimiento del déficit excesivo regulado en el Reglamento 473/2013, de veintiuno de mayo de dos mil trece, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro. El plan, que incorpora una actualización del cuadro macroeconómico para el dos mil diecisiete, ha provocado un ambiente de inseguridad en la ciudadanía, alentando una conciencia de precariedad en el acceso presente a... y en el mantenimiento futuro de la protección dispensada por el poder público a través de la pensión de jubilación. Este documento reconoce que el sistema de Seguridad Social alcanzará en dicho ejercicio el déficit más alto de su historia, situándose en el 1,7 % del producto interior bruto.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó el pasado treinta de marzo lo que el Gobierno ya adelantó a la Unión Europea en su plan presupuestario: que la Seguridad Social sufre el mayor déficit de su historia. Según las cifras de ejecución presupuestaria que ha presentado Montoro, la Seguridad Social registró una desviación del 1,62 %, lo que supone un déficit de más de 18.000 millones, cifra inédita en nuestro país.

Como ha reconocido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, esta situación está relacionada con la devaluación salarial provocada por las reformas laborales. Paralelamente, la situación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha sufrido un deterioro acelerado durante los últimos cuatro años, pasando de 66.815 millones de euros en dos mil once a 24.207 en dos mil dieciséis (el nivel más bajo desde su constitución). Según datos del Ministerio del Empleo y Seguridad Social, el veinte de julio de ese año el Gobierno detrajo 1.000 millones de euros para liquidar el IRPF de los pensionistas, que se suma a los 8.700 millones retirados el uno de junio para hacer frente a las prestaciones. En total, la quita producida durante ese mes ascendió a 9.700 millones de euros, una cifra que no tiene precedentes en la historia del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

A la vista de tales datos, hay que recordar que en un Estado social como el propugnado... el que propugna el Artículo 1 de la Constitución es inconcebible y, por supuesto, inaceptable, como he comentado. La separación entre Seguridad Social y Estado es meramente administrativa y contable, pero no económica, y mucho menos política; es más, el hecho de que la sanidad y otros tipos de prestaciones que antes se imputaban a la Seguridad Social se encuentren hoy en los Presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas prueba que se trata de una separación convencional. El Artículo 50 de la Constitución Española afirma que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Las pensiones, en tanto que derecho subjetivo de los ciudadanos establecido en la Constitución, tienen la consideración de gasto obligatorio por su naturaleza. El Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para aseverar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto, y si las cotizaciones no son suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase entre ingreso y gasto ha de ser cubierto por otras aportaciones del Estado.

En estas circunstancias no es de recibo que sea la Seguridad Social quien corra con los costes de las medidas de fomento del empleo adoptadas en los últimos ejercicios, que implican una reducción en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Debería ser con la introducción progresiva de financiación por vía impositiva, sobre la base de un sistema tributario justo y progresivo, que tenga en cuenta la capacidad económica de las empresas y sitúe la presión fiscal en niveles similares a las de otros países de nuestro entorno. Entendemos que se trata de asumir una realidad, y no es precisamente la que plantea el Fondo Monetario Internacional cuando pide bajar pensiones por el riesgo de que la gente viva más de lo esperado, porque eso lo dice quienes cobran más de 335.000 euros al año, y que cobran... y que cobrarán lo que se ha venido en denominar "pensiones de oro". Porque lo que ya no esconden estas políticas -lo plantea abiertamente el Fondo Monetario Internacional- es que las aseguradoras privadas cubran el riesgo de longevidad. Ya me dirán ustedes de dónde se puede sacar cuando lo que se... lo que crece son las personas trabajadores pobres. Es por la defensa de unos derechos injustamente arrebatados por lo que pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios.

Y, para finalizar, sabemos que el Gobierno, sindicatos y patronal están reuniéndose en una mesa creada con el propósito de buscar alternativas al sistema público de pensiones. Una de las propuestas sobre la mesa -creo que es de Comisiones Obreras- es la de eliminar los topes de las bases de cotización; una medida que podría suponer una inyección de más de 8.626 millones anuales para la Seguridad Social, según estima en un informe el propio sindicato, que defiende la propuesta como forma de apoyar la sostenibilidad del sistema.

Pedimos, como digo, el apoyo para instar al Gobierno de la Nación para establecer los mecanismos de financiación que haga viable el Sistema de Seguridad Social, y, específicamente, a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción progresiva de financiación por vía impositiva, sobre la base de un sistema -como decía- tributario progresivo, en función de los ingresos.

Al respecto de la Proposición No de Ley 1333, que presenta el Grupo Socialista, decir que iguala en derechos el acceso a la jubilación contributiva. Estamos viendo como unos trabajadores, en una edad determinada, dependiendo de empresas y sectores, pueden acceder a prejubilaciones en unas condiciones mucho más ventajosas que otros a los que, con la misma edad y períodos cotizados, se ven abocados a la exclusión. Y en muchos casos, además, teniendo en cuenta que grandes empresas que propician esas prejubilaciones más ventajosas además lo hacen, o lo han hecho, recibiendo cuantiosos recursos públicos. Por lo tanto, estamos en condiciones de apoyar clarísimamente esta proposición que propone el Partido Socialista. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Pascual. Para defender la otra proposición de ley que se ha incorporado a este debate conjunto, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, don Pedro Luis González Reglero.


EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Gracias, presidente. Bueno, quiero en primer lugar trasladar el saludo a los miembros de la Plataforma... -que ayer estuve con ellos reunido- la Plataforma Jubilación sin Penalizar, que, según me decían hace un momentín, pues están viéndonos a través de las redes sociales, creo, ¿no?, o a través del vídeo, o del directo que pueda tener las Cortes de Castilla y León de cara al resto de la opinión pública. Quiero, en primer lugar, pues trasladar ese saludo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

Haré unas breves introducciones, también, antes de lo que es desarrollar propiamente nuestra proposición no de ley; proposición no de ley que ha sido ya debatida en algunas Comunidades Autónomas, que ha ido impulsada en algunos casos por mi grupo parlamentario y en otros casos por otros grupos parlamentarios. En Asturias, Aragón, Andalucía han sido debatidas ya, y han sido presentadas también en Madrid, en... aquí, en Castilla y León, en Navarra, Valencia, Canarias y en Cataluña, y que se debatirán próximamente.

Las personas afectadas en el conjunto del país pueden ser, aproximadamente, un millón y medio de personas, las que están afectadas por esta situación que más adelante explicaré; y en Castilla y León pueden estar alrededor de unas 50.000 personas. Los sectores afectados, los trabajadores de los sectores, pues son, principalmente, las grandes empresas: sectores del auto en nuestra Comunidad, sector de RENFE, las siderurgias en el País Vasco y, en algunos de los casos, también la hostelería, por aquello de que empezaban a trabajar desde muy jovencitos, desde los... desde los catorce o los quince años.

Es verdad que el debate de fondo quizás -lo decía la portavoz de Podemos, y mi grupo parlamentario lo comparte- es la sostenibilidad del sistema público de pensiones, pero yo creo que ahí habría que hacer una reflexión más exhaustiva. Es verdad que hay una mesa abierta dentro de lo que es el marco del Pacto de Toledo, de la Mesa del Pacto de Toledo, y yo creo que es más vía ingresos que vía gastos, ¿no?, del propio sistema, que desde luego nosotros compartimos también, que debe ser vía impuestos como se debe mantener, y compartimos esa reflexión, que también está encima de la mesa, que el sindicato Comisiones Obreras, yo creo que hace cuatro o cinco días, ponía encima de la mesa, como era el de eliminar los topes de cotización. Yo creo que es un principio de solidaridad, y, desde luego, que el que más gana pues, desde luego, tendrá que pagar más para poder mantener el sistema.

Decía que esta es una proposición no de ley a raíz de la presentación o de la reunión que mantuvimos con el colectivo de Jubilación sin Penalizar, y que no viene sino a... bueno, pues a relatar o a poner encima de la mesa aquella situación por las que trabajadores que empezaron su período de cotización allá por los catorce-quince años, en unas condiciones labores pues... pues yo creo que complicadas, y que en algunos casos pues valían no solo de sustento de ellos mismos, sino de la propia familia, y que recuerdo... y que podemos recordar aquella figura que hablaba del botones, del aprendiz o del mozo.

Y me gustaría también hacer alguna breve puntualización sobre los antecedentes, más que nada, digo, porque yo creo que la han leído todo el mundo, pero que sí que conviene, por lo menos, que en el Diario de Sesiones quede reflejado cuál es la posición y cuál son los antecedentes.

Nuestro Artículo 41 de la Constitución configura un sistema de Seguridad Social de naturaleza público, de cuantía suficiente en cuanto a su nivel de protección, de carácter universal e irregresivo. Diversas normas pertenecientes al sector laboral y de Seguridad Social del ordenamiento jurídico establecen sistemas de jubilación gradual y flexibles, posibilitándose la anticipación de la misma si se reúnen los requisitos que establece la propia ley, e imponen un quebranto económico en función de dicha anticipación, discriminatorio por sectores o profesiones, contraviniéndose la naturaleza contributiva de esta prestación, el derecho constitucional a una pensión suficiente al cumplirse la edad legal de jubilación, y vulnerándose la irregresividad, que debe ser objeto de especial consideración para las personas jubiladas a partir de los 65 años, en una interpretación concurrente del citado Artículo 41 de la norma fundamental y el Artículo 50 de la misma.

Debe considerarse que no todas las prejubilaciones son de carácter voluntario. Por el contrario, el mayor porcentaje de las mismas se corresponde con la ejecución de planes de reconversión industrial que afectan a sectores maduros de nuestra economía y que señala al trabajador de edad como presa fácil de los ajustes, utilizando la variable de la jubilación anticipada como un elemento de economía de estos ajustes de plantillas.

Así, el perfil mayoritario del trabajador que está afectado por esta penalización vitalicia actualmente, que se hace por medio de la aplicación de los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas, es el de trabajadores con muy largas carreras laborales y de cotización, que fueron los jóvenes que en los años del desarrollismo español, allá por los años sesenta y principios de los setenta, no podían aspirar, por razones económicas, a continuar con sus estudios, y que se vieron abocados al mercado laboral. Independientemente de que, a posteriori, sus largas carreras de trabajadores hayan podido añadir exitosas carreras profesionales y estudios superiores. En esto, yo lo confirmo, lo reafirmo y conozco algún que otro caso.

Así, era frecuente ver a casi niños –catorce, quince años, ¿quién nos lo iba a imaginar?, ¿nos lo podríamos imaginar que alguno de nuestros hijos, hoy día, con catorce o quince años se introdujese ya en el mercado laboral?- que, bajo esa figura de los botones, aprendiz, mozo, realizaban en muchos casos tareas de adultos con el pretexto de aprendizaje de un oficio y con salarios que en muchas ocasiones eran las propinas, y sin ninguna regulación, contribuyendo de forma opaca al milagro del desarrollo y la productividad española de aquellos años.

Pues bien, contrariamente a la más elemental justicia y equidad que debe regir el sistema de protección social consagrado en la Constitución, estos trabajadores ven como su vida laboral se alarga con cada modificación del sistema, pudiendo alcanzar hasta los cincuenta años, o cuarenta y ocho si su situación les permite aceptar esas penalizaciones por anticipación, esos coeficientes reductores, a la hora de la futura... de la jubilación. Un flagrante agravio comparativo con los que cumplen justo la ley.

Bueno, en las introducciones hacemos también una serie de menciones a las diferentes regulaciones en materia de Seguridad Social, y, fundamentalmente, nosotros lo que queremos instar es al Gobierno... a la Junta de Castilla y León para que se dirija al Gobierno de España a fin de que... considerar como una penalidad la edad temprana de inicio del trabajo, esos catorce o quince años, y, considerando los efectos económicos que ello ha aportado al sistema público de pensiones mediante las largas carreras de cotización, proceda:

Uno. A impulsar las modificaciones necesarias en la Ley General de Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de treinta de octubre, con el fin de que los casos de acceso a la jubilación anticipada por voluntad del interesado o interesada, en los que se acredite un período de cotización efectiva de cuarenta años... –yo no sé si algunos de los que se están incorporando al mercado laboral hoy día llegarán a tener esos cuarenta años de cotización, difícil... difícil lo veo; y yo creo que es un principio de solidaridad también con estos trabajadores que se incorporaron tan pronto a trabajar- decía que, en los que se acredite ese período de cotización de cuarenta años, sean excluidos y excluidas de la aplicación de los coeficientes reductores establecidos en el Artículo 207, 8 y 10, apartado 3, de la citada ley.

Dos. Impulsar... –y aquí es... aquí quiero hacer un breve parón porque es verdad que en la proposición no de ley que presenta el Grupo Podemos es similar a la nuestra, pero este apartado en concreto el Grupo Parlamentario Podemos no le ha incluido, y a nosotros nos parece de vital importancia esos coeficientes que pueden tener por cada uno de los trimestres que se anticipe su jubilación- impulsar las modificaciones necesarias del Artículo 210, apartado 4, de la citada ley, para incluir, entre las excepciones que se citan en la aplicación de la penalización complementaria si la pensión resultante es superior a la máxima (ese 0,5 % por trimestre anticipado sobre la pensión máxima), a los trabajadores que superen los 40 años trabajados.

Y tres. Impulsar las modificaciones necesarias en la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de treinta de octubre, con el fin de que, en los casos de acceso a la jubilación anticipada por parte del interesado o la interesada en los que se apliquen coeficientes reductores por trimestre o fracción de trimestre que le falte al trabajador o trabajadora para cumplir la edad legal de jubilación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 205.1, apartado a), del mismo texto legal, dejen de aplicarse los coeficientes reductores desde el momento en el que el pensionista o la pensionista cumpla la edad legal de jubilación.

Me parecía interesante leer... -me imagino que todos los presentes lo conocerán, pero me parecía interesante- leer esta proposición no de ley, en qué está fundamentada, cuáles son los antecedentes, en qué está basada, y... pues esa importancia que puede tener, por varias circunstancias. Porque yo creo que este es un colectivo en el que, haciendo un estudio -que lo veíamos ayer, o me lo pasaban ayer-, de cada 100 euros esos de incremento que puedan tener en su futura pensión por jubilación, vía impuestos, 20 euros de esos 100, 20 van a revertir al Estado, vía impuestos. Ese 20 %... otros 20 euros restantes irán al impuesto... al IVA, con lo cual revierte prácticamente al Estado, y el 60... los 60 euros restantes o el 60 % restante será para consumo propio, con lo cual servirá también para revitalizar la economía de nuestro país.

Decir que hay alrededor de más de 400.000 firmas apoyando esta propuesta. Esta propuesta ha sido presentada en el Congreso de los Diputados también, a los diferentes grupos políticos, por parte del sindicato UGT, que es quien se ha hecho, o ha querido coger, en algunos casos, las reivindicaciones de este... de este colectivo. Próximamente, también se va a debatir en el Congreso, a raíz de una iniciativa de otro grupo parlamentario. Me consta que los grupos parlamentarios aquí presentes lo conocen. Se han reunido con ellos, les han trasladado esta necesidad o esta inquietud que en algunos de los casos pueden... pueden tener.

Y que creemos que, bueno, pues yo creo que es de justicia social el reconocer el período amplio de cotización que tuvieron estos... estos trabajadores, algunos de ellos hoy día en activo, otros ya jubilados, y que, lejos de... de beneficiarles de alguna manera, pues lo que se les está es perjudicando con esa menor pensión a raíz de la anticipación en la edad de jubilación y a raíz de esos coeficientes reductores, en unos casos el 6 o el 8 %, en función de las pensiones que cada uno pudiera... de los topes de las pensiones que cada uno pudiera tener. Y nosotros creemos que es... -vuelvo a insistir- que es de justicia social con una generación que ha... que contribuyó y que está contribuyendo al sostenimiento de las pensiones -presentes, por lo menos-, y que a nosotros nos parece, ya digo, que es de justicia.

Yo no sé si se me podrá decir por el grupo mayoritario, porque así nos... nos lo han trasladado esta asociación o esta... esta asociación constituida, Jubilación sin Penalizar, que se ha debatido en otros sitios, que es verdad que hay una mesa abierta en este sentido y que se tendrá que reflexionar sobre la totalidad del Pacto de Toledo, y ahí han pasado expertos de todos los gustos y colores. Algunos, a mi grupo parlamentario, desde luego que les chirría bastante las... las conclusiones que allí... o los informes o las propuestas que allí sacaron o expusieron. Pero, desde luego, yo creo que es un buen punto de partida... un buen punto de partida en el que, desde estas Cortes de Castilla y León, se traslade o se diga al Gobierno de la Nación que existe un colectivo bastante importante en el conjunto del país, y en el conjunto de la Comunidad, que ha sido, que está siendo y que podrá ser penalizado, y que en su día contribuyeron al desarrollismo de ese... de nuestro país, al desarrollismo también de esta Comunidad Autónoma, y a la contribución al sostenimiento público de las pensiones.

Por lo tanto, esperando la aprobación y el apoyo por parte de todos los grupos parlamentarios, pues muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor González Reglero. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don David Castaño Sequeros.


EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Muchas gracias, señor presidente. Señora González, señor Pascual, pues, efectivamente, nosotros compartimos la exposición de motivos de sus diferentes aunque parecidas PNL. Aunque sí que es verdad que la propuesta de resolución del Partido Podemos, nos gustaría hacer una enmienda in voce, si lo tiene en cuenta la... la proponente.

Y en cuanto a la proposición no de ley del Partido Socialista, estamos absolutamente convencidos de lo que ha dicho el señor González y creemos absolutamente que es de justicia. Lo que no sé es si será ahora mismo realizable sin que haya una revisión profunda, como él también ha dejado entrever, del sistema de Seguridad Social y, por supuesto, recuperar al 100 % el Pacto de Toledo.

En cuanto... me vale la argumentación yo creo que para las dos proposiciones no de ley. Es verdad que tenemos un problema de sostenibilidad del sistema de pensiones, seguramente debido a todos estos años de crisis; también, gracias a Dios, debido a que hay mejor salud y vivimos más años -eso tampoco nos podemos quejar de ello-. Ya les he comentado que había que recuperar el Pacto de Toledo. Por supuesto, habría que recuperar la actualización, vía IPC, de las pensiones para garantizar, sobre todo, el poder adquisitivo, que no esté por debajo de lo que sube el nivel de la vida.

¿El modelo de financiación? Pues, efectivamente, señora González, seguramente con esa revisión haya que "pescar" -entre comillas- del sistema tributario. Lo que no tengo yo muy claro es la propuesta de resolución que hace usted en cuanto dice "capacidad económica de las empresas"; bueno, yo creo que podría quedarse la propuesta de resolución en una especie de... de instar al Gobierno a que haya una reforma, a que todos los grupos se pongan de acuerdo e intentar... Porque, efectivamente, usted ha dicho una cosa que es absolutamente cierta: la hucha de las pensiones se acaba, se va a acabar. Tampoco tenemos que hacer un drama de ello, porque yo creo que las pensiones están absolutamente garantizadas si hay voluntad de que se garanticen. Es verdad que va a haber que recuperar o pescar del sistema tributario, pero tampoco debe usted acotarlo, acotarlo a la capacidad económica solo de las empresas; habrá que acotarlo a la capacidad económica de todo, ¿no?

Entonces, no lo sé, es que tampoco entiendo yo muy bien si se... se está refiriendo, a lo mejor, a ajustes del impuesto sobre sociedades, a, por ejemplo, acabar con ciertas deducciones que hacen que muchas empresas prácticamente no paguen impuesto sobre sociedades, en lo cual estaríamos absolutamente de acuerdo. En cuanto al IRPF, vamos a ver, yo creo que los que más ganan más pagan. Se podría hablar de aumentar los impuestos, sí, pero la progresividad está así. [Murmullos]. Hombre, es un sistema progresivo el IRPF, absolutamente. Otra cosa es que tenga unos topes y, a partir de ese tope, ya no se cobra más. Si ustedes lo que están intentando decir es que se acabe con ese tope, pero siempre tendrá que haber un tope, ¿no? Porque entonces todo tendería al cien por cien, como en cualquier ecuación matemática, cero. Siempre tiene que haber algún tope, obligatorio.

En cuanto... en cuanto al Partido Socialista, como ya le he comentado, creo que usted, señor González, ha hecho... ha hecho una buena exposición de motivos, y tiene, sí, tiene absolutamente toda la razón. No creemos que una persona que haya cotizado ya 40 o más años deba tener problemas, a la hora de jubilarse, de reducir esa jubilación. Nosotros abogamos por una jubilación por lo menos a los 65 años, o voluntaria, pero la situación está como está. Si se han hecho reducciones y se ha ampliado la edad de jubilación, quizás, quizás -y esto usted me tiene que dar la razón- haya sido porque con el actual sistema que tenemos no ha habido más remedio. Yo creo que todos quisiéramos a los 65 -si pudiera ser a los 63, pues incluso mejor-, pero, debido a nuestro sistema, debido a que hay déficit, debido a que, por desgracia, en los últimos años muchísima gente se ha ido al paro, ha habido que tomar decisiones, en algunos casos... pues seguramente los gobernantes, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, no querían acometer, pero hubo que hacerla. Y le sigo diciendo que habría que intentar negociar entre todos los grupos; por supuesto, volver a ese Pacto de Toledo -yo creo que era buenísimo-; sentarse, refinanciar, revisar profundamente el sistema, y llegar a un acuerdo de todos los grupos. Yo creo que sería quizá lo lógico.

En todo caso, sí apoyaremos su propuesta de resolución. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Castaño. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Marta Maroto del Olmo.


LA SEÑORA MAROTO DEL OLMO:

Gracias, presidente. Bien, pues por un lado, en una de las dos PNL que debatimos en este momento, se propone que se exima de la aplicación de los coeficientes reductores a aquellos trabajadores que acceden a la jubilación con 40 años cotizados. Y, por otro, se insta a dejar de aplicar dichos coeficientes en el momento en que se alcance la edad ordinaria de jubilación, lo que supone que tiene que haber un cambio en la... en la Ley General... vamos, dos cambios en la Ley General de Seguridad Social, importantes, y que por supuesto que se tienen que debatir en el foro adecuado, nosotros pensamos.

Por lo que respecta a las actuales políticas de la Unión Europea en la materia, estas recomiendan la prolongación de la vida activa y la reducción de las jubilaciones anticipadas, optando por elevar la edad ordinaria de jubilación, eliminar las jubilaciones anticipadas y promover una continuidad en la vida laboral más allá de cumplida la edad de jubilación. Concretamente, el libro blanco de la Comisión Europea subraya la necesidad de reformar los sistemas de pensiones para asegurar el mantenimiento de un nivel de vida razonable tras la jubilación, y para limitar el riesgo de pobreza en la vejez, ante la perspectiva del aumento de la esperanza de vida -de aquí a dos mil sesenta- y la reducción de la tasa de sustitución por disminución proporcional del número de personas en edad laboral; esto, unido a la situación financiera y económica, a la caída de los niveles de empleo en estos últimos años, que afortunadamente se van recuperando, y que afecta a los sistemas de reparto y del valor de los activos y la bajada de rendimientos, afecta a los planes de capitalización. Esto hace que el sistema, el sostenimiento del sistema, pues ahora mismo esté en una situación que nos lleva a debatir este tipo de cuestiones, aunque, insisto, no en el foro adecuado.

Por otro lado, las últimas reformas en los sistemas de pensiones de otros países de nuestro entorno marcan una tendencia equivalente a lo que marca la Unión Europea. No voy a citar todos los cambios que se han ido produciendo en cada uno de los países de nuestro entorno, porque todos van en el mismo sentido: aumentar la edad de jubilación progresivamente -incluso en algunos países distinguen entre hombres y mujeres el aumento progresivo de esa edad, haciéndolo algo más lento en el caso de las mujeres-; y en algunos países como Italia, por ejemplo, pues tienen otro modelo, que es el de las cuentas nocionales; o sea, modelos hay muchos, pero todos con la misma tendencia.

No podemos obviar que la expulsión de los trabajadores de mayor edad del mercado laboral se ha convertido en una realidad estructural. En este sentido, consideramos que cualquier cambio que se realice en los sistemas de pensiones ha de ir de la mano de la adopción de nuevas políticas de empleo que posibiliten el mantenimiento del empleo y la recolocación de los trabajadores de mayor edad.

Dado que todas las medidas propuestas, incluida también la otra proposición no de ley -que, bueno, de momento no me he referido específicamente a ella, pero la incluyo aquí también-, son susceptibles de generar un mayor coste económico, concluimos que existe la necesidad de observar una adecuada cautela respecto a los cambios legislativos que se plantean en relación tanto a la jubilación anticipada como a los mecanismos de financiación del sistema de Seguridad Social.

Si bien la postura de este grupo y la de la Junta de Castilla y León es favorable a cualquier propuesta que mejore la acción protectora del sistema de Seguridad Social, entendemos que estas deben plantearse en base a fundamentos claros y con sometimiento a estrictos criterios de sostenibilidad, que en los últimos años se han ido incorporando en normas como la Ley 23/2013, de veintitrés de diciembre, ya que de lo contrario se incurriría en riesgo de suscitar falsas expectativas o, lo que es peor, de menoscabar la viabilidad del sistema.

Por ello, manifestamos nuestra disposición no tanto a aprobar incondicionalmente estas dos proposiciones no de ley como a someterla a una valoración en el foro adecuado, que consideramos que es la Comisión Permanente del Pacto de Toledo, especialmente cuando se trata de llevar a cabo un cambio como el que se plantea en la Proposición 1315, la del Grupo Podemos, con la introducción de financiación por vía impositiva, algo que requiere un largo e intenso debate, y que, de hecho, ya está iniciado; pues sí que los grupos que forman parte de las distintas formas de gobierno de nuestro país están debatiendo sobre este tema, cada uno con sus ideas, pero es un debate largo, intenso, importante, y que no debemos nosotros lanzar a la ligera desde una Comisión de Empleo en las Cortes.

Todos los cambios que se introduzcan han de buscar un amplio consenso, atendiendo al criterio asentado desde la aprobación del Pacto de Toledo de mil novecientos noventa y cinco, ya que entendemos que las pensiones no deben estar sujetas a decisiones políticas unilaterales, con un sesgo ideológico, sino que deben estar suficientemente consensuadas entre las fuerzas políticas y sociales mayoritarias. La Comisión Permanente del Pacto de Toledo se creó para sacar la regulación de las pensiones del debate parlamentario; ese fue el objetivo de la creación de esa Comisión Permanente. Por tanto, somos partidarios de que se valore el contenido de estas dos proposiciones no de ley.

Independientemente de que seamos más afines o menos afines a alguno de los contenidos, manifiesto aquí claramente que la implantación de esa vía impositiva que se plantea desde el Grupo Podemos no es lo que ideológicamente más nos acerca, pero, incluso con eso, nosotros creemos que estas proposiciones no de ley se deben debatir en el foro adecuado. Y por eso planteamos que en ambos casos se introduzca un texto en el sentido de que la Junta de Castilla y León inste al Gobierno a fin de que se someta a estudio y valoración en la Comisión Permanente del Pacto de Toledo el contenido de cada una de las dos PNL. Con lo cual, si les parece adecuado, si están dispuestos a que lo apoyemos de esta manera, pues podemos redactarlas para que queden de esta manera. No lo tengo redactado tal cual, pero ahora mismo lo vemos, ¿vale? Bueno, pues, si les parece, ¿hacemos un receso de dos minutos?


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Ningún problema. Por esta Presidencia, si van a llegar a un acuerdo en tema de Seguridad Social, que es fundamental, no hay ninguna pega al respecto. Por tanto, hacemos el receso.

[Se suspende la sesión a las dieciocho horas diez minutos y se reanuda a las dieciocho horas veinte minutos].


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muy bien, señorías. Se reanuda la sesión. Para fijar el texto definitivo de la proposición que propone, tiene, por un tiempo máximo de diez minutos, la palabra doña Adela Pascual Álvarez.


LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Vale. Gracias, presidente. Bueno, evidentemente, estamos hablando de la Ley General de Seguridad Social. En su preámbulo ya nos lo dice: basada en criterios de reparto, criterios de solidaridad. Entonces, entendemos que es de justicia que una determinada coyuntura económica, cuando nos encontramos ante carreras de cotización de 40 años, pues que, realmente, no exista esta exclusión del sistema de pensiones, por lo menos con unas mínimas garantías. Después de todo esa... toda esa capacidad de trabajo y de ingreso en las arcas de la Seguridad Social, que no quede –digo- excluida ninguna persona que, por una coyuntura económica, en los últimos años de su vida laboral esté fuera de esa actividad. Entonces, entendemos que es de recibo, porque es evidente que con estas PNL que hemos... que hemos debatido esta tarde se intenta defender la igualdad y los derechos de la clase trabajadora, de toda la población de Castilla y León; una población envejecida, por lo que esta Comunidad debería tener especial interés en que se garanticen estas pensiones.

Nos ha... nos preocupa muchísimo que, efectivamente, ese fondo, ese fondo de reserva, haya sido utilizado a veces para otras cuestiones que no eran puramente las que tendrían que haber sido, por otras necesidades que ha podido haber. Por lo tanto, sí que entendemos que a través de una política impositiva, desde luego siempre progresiva -¿vale?-, que grave las rentas o las posibilidades económicas de los que más posibilidades tienen.

Y lo siento decirle al procurador de Ciudadanos que la proposición se queda... bueno, pues como la acabamos... la vamos a definir ahora mismo, y que, efectivamente, se centra expresamente teniendo la capacidad económica de las empresas -creo que queda bastante claro- y sitúe la presión fiscal a niveles similares a los de otros países de nuestro entorno. Por lo tanto, creo que las pensiones –no podemos olvidarlo- forman parte de las políticas sociales y se basan en la concepción de proteger a las personas cuando terminan su ciclo de trabajo o cuando este se ve cortado involuntariamente, que es algo sobre lo que hoy estamos haciendo especial énfasis. En definitiva, a través de las políticas sociales se construye una sociedad más justa y más solidaria.

Por tanto, la propuesta de resolución quedaría de la siguiente forma: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a instar al Gobierno de la Nación a fin de someter a estudio y valoración en la Comisión Permanente del Pacto de Toledo el establecer los mecanismos de financiación que hagan viable el Sistema de Seguridad Social, y específicamente... y, específicamente, garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones... –perdón- la sostenibilidad del sistema de pensiones –sí- con la introducción progresiva de financiación por la vía impositiva, sobre la base de un sistema tributario justo y progresivo que tenga en cuenta la capacidad económica de las empresas y sitúe la presión fiscal en niveles similares a los de otros países de nuestro entorno". Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Pascual. Para fijar el texto definitivo de la proposición que propone, tiene, por un tiempo máximo de diez minutos, la palabra don Pedro Luis González Reglero.


EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Sí. Gracias, presidente. Bueno, el texto definitivo lo fijaré al final del todo, pero sí me voy a permitir, y dentro del respeto, señora Maroto, hacer alguna consideración que, desde luego, no es compartida por mi grupo parlamentario. Y a Ciudadanos también yo creo que alguna aclaración, que yo no sé –y quiero que se me entienda bien- si por desconocimiento, o he tomado yo mal las notas de alguna de las cosas que haya dicho, si era realizable o no era realizable. En política todo es realizable, dependiendo de la voluntad que cada cual se tome en el interés de las cosas -y lo estamos viendo hace casi casi horas-; realizable es todo. Por lo tanto, ya digo que, con el debido respeto y la discrepancia de opiniones -que cada uno opina... opina como opina-, la sostenibilidad del sistema, señor Castaño, es un problema de ingresos, no es un problema de otra cosa.

Y en el Pleno de antes de ayer el portavoz del Grupo Socialista aquí en las Cortes de Castilla y León, el portavoz de Empleo, se lo dijo al consejero, señor Carriedo: ¿cuál han sido los ingresos por cotizaciones en los últimos años? Y todavía, si nos quieren vender la moto –si vale la expresión- de que se está creando empleo, pues estamos viendo qué tipo de empleo. Sí, personas dadas de alta hay más, sí, pero ingresos por cotización cada vez son menores. Por lo tanto, no hace falta ser ningún lumbreras en materia de seguridad social ni en materia de empleo, qué tipo de empleo se está creando. Y es ahí donde viene, pues la debacle que está ocurriendo y el dilapidar, como ha dilapidado el Partido Popular, la hucha de las pensiones. En el año dos mil once –me lo pasaba mi compañera Chelo- había 63.800 millones de euros; lo dejó un Gobierno, el Gobierno Zapatero, ese que tanto denosta todo el mundo. Hoy, hoy, hoy –los últimos datos-, hay un déficit de 2.600 millones de euros. Los brillantes gestores, pues yo creo que se cae... se cae ese paradigma que muchas veces nos quieren presentar.

Por lo tanto, aquí ha habido un problema de ingresos, un problema del tipo de contratación que se estaba viendo. Cuanto... con el contrato, cuanto más precario es, de duración parcial, incluso por horas, la cotización es menor. Para esto no hace falta... ¿Que se ha incrementado el gasto en pensiones? Para eso estaba la hucha. Si eso es como usted o yo; seguramente que ahorremos en nuestra casa, pero si a un vaso lo único que hago es sacarle agua, y no le inyecto un poquito, pues ese vaso se va a quedar vacío, que es lo que ha pasado. Ha sido una nefasta gestión como consecuencia de una aplicación... –y ya se dijo allá por el año dos mil doce- de una aplicación y puesta en marcha de una reforma laboral nefasta a todas luces; y los resultados son estos, hoy, a día de hoy.

Decía la portavoz del Partido Popular también que en Europa ha habido una serie de recomendaciones. Pues mire, me lo mandaba... –yo no quiero atribuirme ningún argumentario que no es mío- me lo mandaba el portavoz aquí, en Valladolid, de la asociación Jubilación sin Penalizar: en Alemania y Francia acaban de aprobar, modificando las leyes, reforzando la opción de que las largas carreras se pueden ir antes. Alemania y Francia. Merkel; creo que, por lo menos con este grupo parlamentario, pues mucho no tiene que ver. Francia lo llamaban Départ carrière longue, que es "una carrera más larga", y permite irse a todo el que haya empezado antes de dieciocho años a trabajar, y cotizando al menos treinta y ocho años y medio, y hayan cumplido los sesenta –Francia-. En Alemania, el pacto de Merkel con nosotros, con los socialistas, incluyó este punto, a petición del... nuestro, de los socialistas en Alemania: salvaguardar los derechos de las carreras largas. Por lo tanto, Europa dice una cosa, pero en otros países se está legislando de otra manera diferente. Lo puede comprobar, en Internet, en Google, se entra muy rápido y se ve. Por lo tanto, mire, en esto, en esto, señora Maroto, es tener voluntad.

¿Y han caído los niveles de empleo? No, lo que ustedes ha sido dilapidar más de 63.000 millones de euros como consecuencia de un problema de ingresos. Se lo ha dicho el portavoz el otro día al consejero; en la comparecencia del consejero de la anterior, de primeros de abril, se lo volví a insistir yo, que quería que me hablase del tipo de empleo que se estaba creando en esta Comunidad, y que el problema son los ingresos a la Seguridad Social.

Porque podemos decir que tenemos... vamos a llegar al 1.000.000 de ocupados, que es el objetivo que la Junta de Castilla y León se había propuesto al finalizar la legislatura, pero, hombre, si todos los... el resto que falta –que creo que son ciento y pico mil- van a ser por una hora, sí, hemos llegado al 1.000.000 de ocupados, pero ¿qué tipo de contrato?, ¿qué tipo de ocupados? Y eso los datos los tiene igual que yo, que son datos estadísticos, y es cuestión de tirar de datos, y eso es un argumento... -vamos, un argumento- unos datos que han salido del propio Congreso de los Diputados. Por lo tanto, ni a mi compañero ni a mí, y, si usted se lo hace... yo con mucha satisfacción luego se lo paso, lo ve, y lo va a analizar usted que yo... porque usted de esto yo creo que algo conoce. Por lo tanto, es un problema de ingresos -lo vuelvo a repetir, y lo diré hasta la saciedad-, es un problema de ingresos, de los tipos de contratos que se están haciendo en este país desde el año dos mil doce, el que nos ha llevado a la deriva y a dilapidar esa famosa hucha de las pensiones.

Estoy de acuerdo que hay una mesa creada, que es el Pacto de Toledo, y que tendrán que pasar... que han pasado por ahí muchos de los expertos, todos, y que lo ideal sería que todos los grupos parlamentarios se pusiesen de acuerdo. Pero en este caso de lo que estamos hablando, por lo menos de esta proposición no de ley que mi grupo trae y el Grupo Podemos también, es de no penalizar a aquellas carreras largas y a aquellos trabajadores que, por mor de las circunstancias, se tuvieron que incorporar al mercado laboral con 14 años. Seguramente usted tenga un hijo, yo también le tengo; yo no veo a mi hijo con 14 años incorporarse al mundo laboral. Entonces... -con esa edad-, bueno, pues sirvió para el desarrollismo –como decía los antecedentes- de nuestra sociedad. Pues, hombre, por lo menos no les penalicemos, no les penalicemos, les tengamos en consideración esas carreras largas, que seguramente los que se incorporen a día de hoy al mercado laboral yo creo que no van a tener ni... no sé si la mitad, ¿eh? Porque se están incorporando con 25, 30 o 35 años, aquel que tiene la fortuna de incorporarse. Por lo menos, ese es el planteamiento que mi grupo hace y que mi grupo plantea.

La vamos a aceptar, señora Maroto, la proposición que nos... la enmienda de sustitución que nos quiere trasladar, que hay que leerla, creo recordar, más que nada porque nos parece fundamental, y en eso sí que, bueno, pues es digno de agradecérselo, y no hay ningún problema en agradecérselo, a fin de que se considere la penalidad... la incorporación de la edad temprana al inicio del trabajo y los efectos económicos. Eso yo creo que era algo que yo creo que lo compartíamos todos los presentes aquí, y que es bueno que se tenga en consideración.

Lo que no tengo muy claro tampoco es, cuando llegue al cajón del Ministerio correspondiente, qué hará con ello. Como otras muchas cosas que se aprueban aquí. Pero, desde luego, satisfacción por todo ese colectivo, en España y en Castilla y León, que se ha visto afectado por esta situación, y que desde luego que en esto pues coincidimos. ¿Hay que leerla, presidente? "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que se dirija al Gobierno de España a fin de que se someta a estudio y valoración en la Comisión Permanente del Pacto de Toledo el considerar como una penalidad la edad temprana de inicio al trabajo, y considerando los efectos económicos que ello ha aportado al sistema público de pensiones mediante largas carreras de cotización, y proceda también a sustituir y valorar el...", los diferentes puntos que han quedado, que no les voy a leer todos, que son los otros tres. Gracias.

Votación PNL/001315 y PNL/001333


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchísimas gracias, señor González Reglero. Según establece el Reglamento, habiéndose modificado los textos, hay posibilidad de algún turno de alguno de los portavoces. ¿Alguien quiere hacer uso del mismo?

¿Pueden darse entendidas por unanimidad las dos propuestas de resolución? Pues muy bien.

Señorías, para finalizar, el señor vicepresidente dará lectura al cuarto punto del orden del día.

PNL/001341


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Gracias, presidente. Cuarto punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL/001341, presentada por las Procuradoras doña Adela Pascual Álvarez y doña Lorena González Guerrero, para instar a la Junta a impulsar un Plan para la promoción de la economía cooperativa, social y solidaria, impulsar líneas específicas para promover a entidades vinculadas a ese tipo de economía e impulsar un programa de prácticas profesionales en esas empresas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 243, de catorce de marzo de dos mil diecisiete.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor vicepresidente. Para la presentación de la proposición no de ley, en nombre de las señoras procuradoras proponentes, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, doña Adela Pascual Álvarez.


LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias, presidente. Vamos a hablar de economía social, vamos a hablar de economía social productiva. El Consejo de Europa reconoce la importancia de la economía social y pide que apoye la economía social ante las autoridades nacionales y locales en aquellos países en los que los índices de desempleo, y en especial el desempleo juvenil femenino y de los grupos vulnerables, son elevados; es decir, economía social como herramienta para el desarrollo. Porque hablar de economía social es hablar de empresas competitivas, que generan empleo y puestos de trabajo estables y de calidad, que generan riqueza y desarrollo económico local en zonas donde la empresa convencional no está, o bien porque se ha ido, o no le interesa instalarse; y que, además, estas empresas de economía social contribuyen a construir una sociedad más rica en valores democráticos. La economía social, por su misión, sus valores y los principios que le son propios, le legitima como una de las fórmulas empresariales más adecuadas para fomentar y promover este desarrollo rural del que estamos tan necesitados, ya que concilia la eficiencia empresarial con la responsabilidad social.

Pero no les voy a contar las bonanzas de la economía social, pues cada vez que algún cargo público, bien de la Comunidad, de España, de Europa e incluso de América tiene que... tienen que referirse a economía social, todo son alabanzas, se remarcan los valores, pero se suelen quedar en meras palabras y poco más. Hace unos días se han entregado los premios de la economía social en Castilla y León. El consejero de Empleo, señor Carriedo, tuvo ocasión de relatar lo que les acabo de decir, e incluso apoyado con datos económicos.

Pero sí quiero llamarles la atención de un hecho importante: Castilla y León fue, y hace ya algunos años, un referente nacional de apoyo a la economía social. Un apoyo al que respondieron las entidades con estabilidad, compromiso y empleo. No en vano, en este período de crisis, las empresas de economía social han destruido un 6 % menos de empleo. Lo voy a repetir varias veces en mi intervención: las empresas de economía social aguantan mejor los vaivenes de la economía.

En palabras de presidente del CEPES, la economía social se perfila como el modelo que se adapta a las necesidades actuales, con principios como la solidaridad, la participación democrática y la equidad, permitiendo un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Esta es una realidad empresarial potentísima, con más de 2.000.000 de empresas, que emplean 14,5 millones de personas y que genera el 8 % del PIB de toda la Unión Europea.

¿Qué les proponemos con esta PNL? Pues se trata, en primer lugar, de evitar una percepción que se pudiera generalizar de que la economía social está circunscrita a un determinado colectivo o actividades. Se trata de revertir esta percepción y vincularla a la solución de problemas que padece nuestra Comunidad, pues lo que nos ha enseñado la experiencia es que la economía social es una forma diferente de organizar el sistema productivo, que compite en eficiencia y generación de empleo con los modelos más tradicionales de empresas, sacándoles ventajas. Y, en segundo lugar, les quiero plantear la necesidad de impulsar un plan para la promoción de proyectos que estimulen la economía cooperativa, social y solidaria, con el objetivo de promover este modelo y generar empleo estable para combatir las desigualdades.

Este plan está prácticamente hecho. Lo tiene la Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y la Responsabilidad Social de las Empresas, del Ministerio de Trabajo, con 4 objetivos claros: uno, mejorar las condiciones en las que se desarrollan sus actividades las entidades de economía social; dos, internacionalización de la economía social; tres, aumento del protagonismo de la economía social; cuatro, impulso de la responsabilidad social en la economía social.

Además, lo acompañan de 7 ejes: uno, impulso a la creación y fortalecimiento de las entidades de economía social; dos, revisión y actualización del marco jurídico -sabemos que está en curso la ley de cooperativas de Castilla y León, y en dos mil quince se publicó la Ley 44, de Sociedades Laborales-; tres, apoyo a la internacionalización e innovación de las entidades de economía social; cuatro, desarrollo de la economía social en el marco de la Agenda Europea y Mediterránea; cinco, fomento y fortalecimiento de la participación institucional en el marco de la economía social; seis, promoción y difusión de la economía social; siete, buen gobierno y responsabilidad social en el marco de las entidades de economía social.

Se trata de desarrollo, de fijar población, de crear empleo, de crear economía y partir de un plan para la promoción de proyectos que estimulen la economía cooperativa y social... social y solidaria, con el objetivo de promover este modelo y generar empleo estable para combatir las desigualdades. De hecho, hay muchísimos estudios que lo avalan. La economía social siempre ha tenido vínculos importantes con el desarrollo rural: instituciones de crédito, como las cooperativas de crédito; a través de empresas societarias, cooperativas, sociedades laborales, sociedades agrarias de transformación. Planteamos la implantación de una línea específica para impulsar y acompañar, con formación y recursos, a entidades vinculadas a la economía social y solidaria impulsadas por mujeres y compuestas mayoritariamente por ellas, y con recursos limitados. Las razones son obvias: la pobreza, la marginación, la exclusión tienen nombre de mujer.

Y por último, impulsar un programa de prácticas profesionales que tengan por objetivo acercar estudiantes universitarios a estas empresas, la necesidad de contribuir a la implantación de otra cultura empresarial, a otra forma de entender la economía. Hasta ahora, la política rural española se ha venido apoyando, fundamentalmente, en la Política Agraria Comunitaria y en sus objetivos, programas e instrumentos financieros. La constatación de que el medio rural español sigue mostrando un diferencial de desarrollo con respecto al medio urbano, especialmente acusado en determinadas zonas rurales, ha puesto de manifiesto las carencias de este modelo esencialmente agrarista y la necesidad de realizar un cambio en el enfoque de las políticas públicas que, para entender a territorios y poblaciones frecuentemente marginados, debía pasar de un enfoque agrarista y sectorial a un enfoque fundamentalmente territorial e integral, plenamente adaptado a las condiciones económicas, sociales y medioambientales particulares del medio rural español, que permita procurar un desarrollo sostenible sobre el medio rural.

Este enfoque territorial e integral tiene algunos peligros, porque la tierra no es solamente un recurso, la tierra es mucho más que eso, es un espacio de vida y una herramienta de transformación. Alguno de estos peligros podrían ser la sobreexplotación de recursos, deforestación, problemas de degradación y erosión, la contaminación química, la pérdida de biodiversidad, los problemas de contaminación de los acuíferos, la sobreexplotación de los recursos forestales y la pesca, el acceso a las fuentes de agua y su utilización. Y el peligro de los peligros, que no sería otro que asumir los peligros para justificar la falta de oportunidades y servicios, y prestarle... y presentarles como inevitables, como daños colaterales, para la mejora en la calidad de vida, a fin de evitar la despoblación de las zonas rurales y su envejecimiento, cuando lo apropiado sería la implantación y el desarrollo de alternativas viables, más allá de lo agrario, que potencien su economía y que a buen seguro encontrarían en el modelo de economía social el marco adecuado para su implantación y desarrollo.

Ninguno de estos problemas mencionados se vuelve con... se resuelve, perdón, con más mercado, y sí, probablemente, con responsabilidad, justicia y más democracia. Gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Pascual. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don David Castaño Sequeros.


EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Muchas gracias, presidente. Pues, efectivamente, señora Pascual, la economía social puede ser... puede ser, y es, una herramienta para el desarrollo sobre todo –como ha dicho usted- en ciertos sectores. Es verdad que es muy difícil que se deslocalice y es verdad que es más solidaria y, seguramente, también más sostenible.

Bien. Poco más puedo añadir de lo que ha añadido usted. Lo que sí que me gustaría era analizar un poquito la propuesta de resolución. Yo le pediría -porque, bueno, en cuanto al punto 2, más discriminaciones positivas para la mujer, y el punto 3, nos parece bien, nos parece correcto-, sí que le pediría... -porque usted lo ha reconocido, ha reconocido que ya hay planes, un plan o varios planes; ha hablado de las cooperativas, que, por supuesto, pertenecen a este tercer sector-, sí que me gustaría hacerle una enmienda in voce para el punto 1, que dijera de esta manera –y ahora le explico-: "Evaluar los planes desarrollados hasta la actualidad para impulsar un plan integral, un plan integral para la promoción de proyectos que estimulen...", etcétera. Ahí ya no cambiaría ni una palabra de su propuesta de resolución, la número 1. Se lo digo porque, efectivamente, ya hay planes. Efectivamente, se pueden mejorar. Nosotros somos conscientes de ello, y yo creo que el Partido Popular también. Pero sí que es verdad que habría, primero, que evaluar, porque es que no es uno, son bastantes planes; habría que evaluarlos primero, ver cómo se puede mejorar, y a partir de ahí sí que nosotros creemos que sí que sería bastante positivo hacer una especie de plan integral que aunara esfuerzos y que pudiera impulsar la economía de este tercer sector.

Si usted lo tiene en cuenta y a favor de lo que le he dicho, pues votaríamos a favor de su propuesta de resolución, por supuesto. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Castaño. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don Óscar Álvarez Domínguez.


EL SEÑOR ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ:

Muchas gracias, presidente. Efectivamente, hablar de economía social es hablar de democracia social, de socialdemocracia también -si me lo permiten-. Es hablar de valores, es hablar de compromisos, es hablar de un modelo económico en el que prima la equidad, la igualdad, el principio de trabajo en sentido amplio, trabajo remunerado y trabajo voluntario, de trabajo colectivo, de trabajo solidario. Es hablar de sostenibilidad ambiental, es hablar del principio de cooperación entre personas, es hablar de un modelo económico que... cuyo fin último no es solo el fin lucrativo, sino también es el fin social. Y se trata también de un modelo que está ampliamente comprometido con el entorno, con el medio ambiente.

En Castilla y León, los últimos datos que hemos podido conocer, a través de la página web del Observatorio de Economía Social, son del año dos mil doce. Por aquel año, en el año dos mil doce, había 9.884 personas trabajando en 1.800... en 1.578 empresas, ya fueran cooperativas o sociedades laborales, con un porcentaje de un 80 % de contratos indefinidos. Por tanto, se trata de un sector que, después del sector industrial, genera contratos indefinidos, de esos que tanta falta nos hacen.

Y sucede que en Castilla y León podemos observar cómo la sociedad se ha autogestionado, se ha autorregulado, a través de esta nueva forma, de esta economía social, mientras que los poderes públicos, víctimas yo creo que de la propia inflexibilidad de los poderes públicos y de falta de sensibilidad en algunos casos, pues no van de la mano, no van acordes, no van a la par, no van a la vez que la sociedad, que se está –como digo- autogestionando y autoorganizando en este modelo. Y yo sé que el Partido Popular es poco amigo de los cambios, y menos en esta tierra, en su eterno Día de la Marmota, ¿no?, una tierra que está muriendo por inanición. Pero hay que decir... hay que decidir ya de qué lado se va a estar, si vamos a apostar por este modelo, que yo creo que es momento de poder apostar por este modelo.

Hace recientemente unos días, unas semanas, hemos firmado por un amplio acuerdo, por un amplio consenso en estas Cortes, un pacto por la reindustrialización de Castilla y León. Yo creo que es momento de poder ir un poquito más allá, creo que es el momento de poder ir a un acuerdo mucho más amplio, también, en ese mismo sentido, por la economía... por la economía social.

Como digo, el compromiso debe ir más allá de tener webs obsoletas o de tener concursos que premian la economía social. Esto yo creo que va de otra cosa, va de apoyar a la sociedad, va de animar a la sociedad a que encuentre mecanismos a través de la economía social. Una sociedad que ha encontrado en esta fórmula una salida... una salida a los grandes recortes, a los grandes recortes que ha habido en los últimos... en los últimos años.

Por cierto, no me resisto a decir aquí, en esta Comisión, que tuvimos ya la votación de una proposición no de ley, a instancias del Partido Socialista, sobre los Centros Especiales de Empleo, que también forman parte de esta economía social; una proposición no de ley en la que acordamos que la Junta de Castilla y León negociaría con la Federación de Empresarios de los Centros Especiales de Empleo una serie de condiciones, incluso económicas, de cara al Presupuesto del año dos mil diecisiete, y que podremos comprobar la semana que viene si ese compromiso... si ese compromiso se ha cumplido.

Entonces, como digo, vamos a ver el nivel de compromiso. Nosotros vamos a apoyar esta proposición... esta proposición no de ley –como digo- porque nos parece que coincide plenamente con las... con los principios, con los valores que defiende el Grupo Parlamentario Socialista, y nos sentimos ampliamente identificados con este nuevo modelo. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor portavoz del Grupo Socialista. Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Popular y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don Máximo López Vilaboa.


EL SEÑOR LÓPEZ VILABOA:

Sí. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Efectivamente, muchos de los principios que se han señalado aquí por parte de la señora Pascual Álvarez pues nos suenan bien. También hay que señalar que es un tema muy amplio, con muchas facetas, con muchos matices, y ya digo que... que muy amplio, como es la economía social. Y esta proposición pensamos que parte de una serie de postulados, cuya propuesta de resolución desconoce totalmente pues lo que es la realidad de Castilla y León y algunas de las actuaciones que ya se están poniendo en marcha por parte de la Junta de Castilla y León. Probablemente, ya digo que no sé si el Grupo de Podemos ha partido de una serie de generalidades y principios que lo mismo se pueden presentar en Castilla León que en otras Comunidades, y ya digo que desconozco si esto puede partir de un formulario que se haya presentado en términos absolutamente idénticos en distintos Parlamentos regionales, o incluso en Plenos de entidades locales, obviando totalmente lo que se está haciendo realmente desde cada organismo público.

En el caso de Castilla León son muchas las actuaciones que se han... se están llevando a cabo en materia de promoción, creación y mantenimiento de la economía social y de las empresas de la economía social. Y la propia interviniente, por parte del Grupo de Podemos, ha señalado que Castilla León es un referente a nivel nacional en economía social, y entendemos que algo habrá hecho la Junta de Castilla y León para que esto sea así.

Y en el propio organigrama de la Junta de Castilla y León existe una Dirección General de Economía Social y Autónomos. Esto es un ejemplo muy gráfico de que en el propio actuar diario de la Junta de Castilla y León esto es algo muy... muy presente, y sí que debemos de señalar que las políticas activas de empleo tienen como objetivo mejorar la accesibilidad de los trabajadores a los cambios cada vez más frecuentes de la economía globalizada y la reincorporación de los desempleados al mercado laboral en el menor tiempo posible. Algo muy presente también en la... en lo que se ha venido en llamar la economía social.

Las políticas activas pretenden también conseguir el acceso al empleo de las personas desempleadas mediante acciones formativas, orientación e intermediación laboral, ayuda personalizada en la búsqueda de empleo e incentivos al empleo. Y aquí también debemos de señalar pues esa II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, en el que tan presente está la economía social. Su desarrollo se asienta sobre dos grandes prioridades generales, como es la apuesta por el empleo de calidad y la protección y ayuda a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos. Junto a estos dos grandes objetivos se definen otros que son de interés para la economía cooperativa, social y solidaria, como son: el impulso del emprendimiento a los trabajadores, a la cohesión territorial, al apoyo al empleo rural, y potenciar las medidas que promuevan la igualdad de oportunidades.

Y en este sentido, pues es importante señalar que las políticas que se desarrollan desde la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Economía Social y Autónomos de la Consejería de Empleo, dirigidas a los trabajadores y trabajadoras autónomos y a las empresas de economía social, pues son una serie de actuaciones muy diversas, como es:

Subvencionar el espíritu emprendedor a través de organizaciones representativas del trabajo autónomo y la economía social.

También subvencionar las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores que tengan reconocida la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, y cuyo fin es la realización de actividades profesionales.

También es subvencionar las cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes a las mujeres que se den de alta en el régimen de trabajadores por cuenta propia o autónomos a través del sistema especial para trabajadores por cuenta propia, agrarios, de la Seguridad Social.

Asimismo, también, subvencionar... una línea de subvenciones destinadas a promover la afiliación, en régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, de los habitantes de municipios muy concretos, como son esos municipios mineros de León y Palencia, muy afectados por la reestructuración de la minería del carbón.

También subvenciones específicas para la incorporación con carácter indefinido como socios trabajadores o trabajo en cooperativas y sociedades laborales, así como apoyar el desarrollo de proyectos de creación y modernización de este tipo de empresas.

Asimismo, también, subvencionar la constitución de empresas de economía social por trabajadores procedentes de crisis empresariales.

También financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de los trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los Centros Especiales de Empleo.

También subvenciones en el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.

Asimismo, la financiación de costes salariales de los trabajadores en situación o riesgo de exclusión social en las empresas de inserción.

Subvenciones, también, a inversiones en Centros Especiales de Empleo vinculadas a la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad.

Otras líneas de subvenciones, también, a inversiones en cooperativas y sociedades laborales que contribuyan a la creación, consolidación o mejora de competitividad.

Y, asimismo, financiar el personal de acompañamiento en las empresas de inserción laboral, y subvenciones al empleo con apoyo para personas con discapacidad en empresas ordinarias.

Vemos que... pues distintas líneas que tienen en cuenta la economía social, dentro de ese... también, de esa II Estrategia Integrada de Empleo que hemos señalado anteriormente. En muchos casos, elaborándose distintos planes, protocolos, estrategias, programas, libros blancos, códigos de buenas prácticas. Con distintos instrumentos de planificación, podemos irnos a duplicidades que en algún sentido pues no obedece a ese objetivo general de promover determinadas buenas prácticas, sino de lo que se trata es de impulsar, desde una serie de principios sólidos, esos principios que yo creo que debemos de tener claro de la economía cooperativa, social y solidaria, que deben de iluminar de una manera transversal distintas líneas de actuación del Gobierno regional.

Muchas veces, el hacer un plan específico no garantiza, por sí mismo, algo si no se tiene en cuenta de una manera sólida en todas esas líneas de actuación que hemos señalado anteriormente y que yo pienso que en este caso pues sí que se cumplirían.

Todo ello también pues se deberá de hacer, y se está haciendo, dentro de ese diálogo social, tan presente en Castilla León. Es lógico que, dentro de esa economía social, se tenga muy en cuenta y tenga un protagonismo central el diálogo social. Y también, pues bueno, pues es algo lógico también que se tenga en cuenta un diálogo específico pues con ciertos... las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, los Centros Especiales de Empleo, las empresas de inserción o asociaciones y fundaciones que tienen muy en cuenta todo esto que estamos hablando sobre la economía social.

Por todo lo anteriormente expuesto, no resulta... pensamos que no resulta necesario un plan específico y nuevo, que igual podría crear una duplicidad respecto a instrumentos de planificación que ya existen. Y pensamos que esto se puede hacer a través de otro tipo de estrategias. Por lo cual, pues pensamos que, existiendo ya instrumentos que promuevan esta economía cooperativa, social y solidaria, pues entendemos que igual es duplicarlo. Y, por lo tanto, no vamos a apoyar esta proposición que se presenta hoy. Muchas gracias.


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor López Vilaboa. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la proposición que se propone, tiene la palabra doña Adela Pascual Álvarez.


LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer el apoyo a los grupos que han captado y han entendido un poco de lo que estamos hablando, es decir, Ciudadanos y Partido Socialista. Porque nos habla –me dirijo al Partido Popular- de duplicidad, nos está hablando... Miren, Castilla y León fue un referente en materia de economía social, en materia de economía social productiva, es decir, cooperativas -todo el cooperativismo- y sociedades laborales. Pero hablo en pasado. Quizá es el momento de avanzar, dar un paso adelante y recuperar un poco el terreno perdido de alguna manera, y fomentar, incentivar el modelo, porque estamos ávidos de este tipo de políticas, porque van dirigidos a nuestra Comunidad, Castilla y León, despoblada, se despuebla, la gente se va. Y tenemos que hacer propuestas muy apegadas al territorio.

Sí, me ha hecho o nos ha hecho una retahíla de todas las ayudas y... que existen, que las conocemos, las subvenciones por incorporación de socios... Pero es que el modelo hay que divulgarlo, el modelo hay fomentarlo, hay que ponerlo en contacto –como se dice en la propuesta de resolución- con las universidades. Hay que... la verdad, hay que avanzar y ahondar mucho más en él. Pero básicamente por una razón: nosotros, cuando lo hacemos, lo hacemos porque creemos en nuestra Comunidad y creemos en su gente.

Aquí hemos escuchado, en esta Comisión, cómo a veces se nos ha dicho que "qué lo vamos a hacer, se nos deslocalizan empresas porque se toman decisiones a muchos kilómetros de aquí, que no podemos hacer nada". Pues aprendamos algo, sin rechazar nada, ¿eh?, abramos nuevas brechas y nuevos caminos, porque realmente nos resulta imprescindible.

Y es que realmente hay razones suficientes para apoyar esta propuesta de resolución. Las empresas de economía social se apoyan en las personas, los socios son los propietarios. Estamos diciendo por todos los sitios, y además es cierto, que contamos con la juventud más preparada; pues imagínense, ¿cómo no van a ser capaces de crear su propio proyecto, desarrollarlo y defenderlo? Si son buenos para trabajar para otros, seguramente sean mucho mejores trabajando para su propio proyecto empresarial.

Estamos hablando de empresas con ánimo de lucro, ¿por qué no?, lógicamente, de obtención de beneficios, ¿eh? Estamos hablando de un tipo de empresa diferente. Quizá sea el concepto de empresa del siglo XXI, ¿eh? Las sociedades laborales es la empresa del siglo XXI. Y lo podemos... podemos tardar más o menos tiempo en darnos cuenta de ello; desde luego que a nosotros nos toca tener en cuenta todo esto.

Y es que realmente hay muchísimas aportaciones que nos está haciendo este tipo de economía, este tipo de empresas –insisto, empresas en su forma jurídica, sociedad limitada laboral, sociedad anónima laboral, cooperativas de trabajo asociado; estamos hablando de trabajo productivo-, que generan valor añadido, como hemos dicho; que, además, crean cohesión e inclusión social; que desarrolla capital social incrementando las relaciones de confianza entre las personas; crea empleo estable; crea... aguanta mucho mejor los vaivenes de la economía -porque no olvidemos que, sí, hemos vivido y estamos viviendo una crisis muy profunda, pero la economía, a lo largo de la historia, siempre ha tenido dientes de sierra, ¿verdad?, en su evolución, épocas mejores, épocas de bonanza y épocas de retrocesos-; fomenta el espíritu emprendedor -y, fíjese, quizá haya muchas políticas, que bienvenidas sean, de apoyo a los autónomos, pero es que aquí estamos hablando de apoyo al trabajo asociativo, es decir, proyecto... una forma de empresa, un proyecto de empresa compartido, que entendemos que crea mejor y mayor tejido productivo; creo que caminamos mejor, hacemos más... nos resulta más fácil el camino si unimos fuerzas, ¿verdad?, que de forma aislada-; fomenta, por supuesto, el espíritu emprendedor que tanto necesitamos.

Y, como le digo, el siglo XXI se tiene que... se tienen que desarrollar estrategias que permitan a los seres humanos situarse en lógicas cooperativas más que en las lógicas de lucha o guerras, que en la economía tradicional se llamaban lógicas competitivas. Las empresas de economía social son empresas eficaces, pero, por supuesto, eficientes, que es uno de los objetivos que perseguimos. Y, en fin, ya lo dejaré aquí.

La propuesta de resolución quedaría, aceptando la enmienda que nos hace Ciudadanos: "Las Cortes de Castilla y León instan al Gobierno de la Junta de Castilla y León a, primero, evaluar los planes desarrollados hasta la actualidad para impulsar un plan integral para la promoción de proyectos que estimulen la economía cooperativa, social y solidaria, en el objetivo de promover este modelo y generar empleo estable para combatir las desigualdades.

Segundo. Impulsar una línea específica para promover y acompañar con formación y recursos a entidades vinculadas a la economía social y solidaria impulsadas por mujeres y compuestas mayoritariamente por ellas y con recursos limitados.

Tres. Impulsar un programa de prácticas profesionales que tengan por objeto acercar estudiantes universitarios a estas empresas". Gracias.

Votación PNL/001341


EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Pascual. Habiéndose modificado el texto, ¿algún portavoz desea intervenir? Bien. Pues sometemos a votación la proposición no de ley debatida. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Nueve. Ninguna abstención. El resultado de la votación es el siguiente. Diecisiete votos emitidos. Ocho a favor. Nueve en contra. Por tanto, queda rechazada la proposición no de ley debatida.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las diecinueve horas].


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Sede de las Cortes de Castilla y León