DS(C) nº 295/9 del 20/4/2017









Orden del Día:




1. Proposición No de Ley, PNL/000924, presentada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para incrementar el control de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 182, de 11 de octubre de 2016.

2. Proposición No de Ley, PNL/001088, presentada por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Álvaro Lora Cumplido, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Virginia Jiménez Campano, para instar a la Junta a equiparar a las parejas de hecho con las unidas por vínculo matrimonial, la normativa sobre familias numerosas, a abordar el reglamento previsto en el apartado 5 del art. 35 de la Ley 1/2007, de 7 de marzo, y a solicitar al Gobierno que remita un Proyecto de Ley de reforma de Protección a las Familias Numerosas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 204, de 25 de noviembre de 2016.

3. Proposición No de Ley, PNL/001089, presentada por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Álvaro Lora Cumplido, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Virginia Jiménez Campano, para instar a la Junta a solicitar al Gobierno que remita un Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Protección a las Familias Numerosas en los casos de unidades familiares surgidas tras la separación o el divorcio, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 204, de 25 de noviembre de 2016.

4. Proposición No de Ley, PNL/001111, presentada por las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, para instar a la Junta a introducir en los nuevos criterios de acreditación de las entidades que prestan la ayuda a domicilio los elementos que se detallan, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 204, de 25 de noviembre de 2016.


Sumario:






 ** Se inicia la sesión a las diecisiete horas cinco minutos.

 ** La presidenta, señora García Herrero, abre la sesión.

 ** Intervención de la procuradora Sra. González Pereda (Grupo Popular) para comunicar sustituciones.

 ** Primer punto del Orden del Día. PNL/000924.

 ** La secretaria, Sra. Jiménez Campano, da lectura al primer punto del orden del día.

 ** Intervención del procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos) para presentar la proposición no de ley.

 ** La presidenta, señora García Herrero, comunica que las votaciones de todas las proposiciones no de ley se harán al final de la sesión.

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Rodríguez Tobal (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Lora Cumplido (Grupo Socialista).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Cabadas Cifuentes (Grupo Popular).

 ** Intervención del procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo.

 ** Segundo punto del Orden del Día. PNL/001088.

 ** La secretaria, Sra. Jiménez Campano, da lectura al segundo punto del orden del día.

 ** Intervención de la procuradora Sra. Muñoz de la Peña González (Grupo Socialista) para presentar la proposición no de ley.

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Rodríguez Tobal (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Cortés Calvo (Grupo Popular).

 ** Intervención de la procuradora Sra. Muñoz de la Peña González (Grupo Socialista) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo.

 ** Tercer punto del Orden del Día. PNL/001089.

 ** La secretaria, Sra. Jiménez Campano, da lectura al tercer punto del orden del día.

 ** Intervención de la procuradora Sra. Muñoz de la Peña González (Grupo Socialista) para presentar la proposición no de ley.

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Domínguez Arroyo (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. González Pereda (Grupo Popular).

 ** Intervención de la procuradora Sra. Muñoz de la Peña González (Grupo Socialista) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo.

 ** Cuarto punto del Orden del Día. PNL/001111.

 ** La secretaria, Sra. Jiménez Campano, da lectura al cuarto punto del orden del día.

 ** Intervención de la procuradora Sra. Domínguez Arroyo (Grupo Podemos CyL) para presentar la proposición no de ley.

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Guerrero Arroyo (Grupo Socialista).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Valdeón Santiago (Grupo Popular).

 ** Se suspende la sesión durante unos minutos.

 ** Intervención de la procuradora Sra. Domínguez Arroyo (Grupo Podemos CyL) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo.

 ** Votaciones de las proposiciones no de ley.

 ** La presidenta, señora García Herrero, somete a votación la Proposición No de Ley número 924. Es aprobada.

 ** La presidenta, señora García Herrero, somete a votación la Proposición No de Ley número 1088. Al mantenerse el empate en tercera votación, se procede con lo previsto en el Artículo 92.3 del Reglamento.

 ** La presidenta, señora García Herrero, somete a votación la Proposición No de Ley número 1089. Es aprobada por asentimiento.

 ** La presidenta, señora García Herrero, somete a votación el texto definitivo de la Proposición No de Ley número 1111. Es aprobado.

 ** La presidenta, señora García Herrero, levanta la sesión.

 ** Se levanta la sesión a las diecinueve horas quince minutos.




Texto:

[Se inicia la sesión a las diecisiete horas cinco minutos].


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Se abre la sesión. ¿Por algún grupo parlamentario tiene que comunicar alguna sustitución? ¿Grupo Socialista? Grupo Socialista, no. Grupo Podemos tampoco. Grupo Ciudadanos tampoco. El Grupo Mixto no está. ¿Grupo Popular?


LA SEÑORA GONZÁLEZ PEREDA:

Gracias, presidenta. Jesús Alonso Romero en sustitución de José Manuel Fernández Santiago.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Vale. Pues muchas gracias. Y por la señora secretaria se dará lectura del primer punto del orden del día.

PNL/000924


LA SECRETARIA (SEÑORA JIMÉNEZ CAMPANO):

 Proposición No de Ley número 924, presentada por los Procuradores don Luis Fuentes Rodríguez, don Manuel Mitadiel Martínez, don David Castaño Sequeros, doña María Belén Rosado Diago y don José Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para incrementar el control de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 182, de once de octubre de dos mil dieciséis.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Pues para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, el señor don José Ignacio Delgado, por un tiempo máximo de diez minutos.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Vale. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, con la mayor brevedad posible. Favorecer una mayor protección de los consumidores, especialmente en aspectos como los productos financieros, es una prioridad que nos demuestra la historia más inmediata, con todo lo acontecido. Es una necesidad reformar el marco jurídico de los instrumentos de financiación y los productos financieros, para adaptarlo a las novedades regulatorias en el ámbito europeo, siempre poniendo al cliente como prioridad de los cambios normativos. La nueva Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero asumirá el rol de atender las reclamaciones y resolver diferencias de los usuarios de servicios financieros.

Sinceramente, yo creo que es una proposición no de ley, la que aquí llevamos, que no porque esté suficientemente debatida, para Ciudadanos nos parece fundamental. Creemos que las cláusulas suelos es necesario incrementar, y otro tipo de garantías, el mayor control de todo tipo de cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. Y, desde luego, no por lo que ha pasado, sino también por aquellos –todos- acuerdos contractuales de tipo bancario que pueden pasar en el futuro. Yo creo que hemos asistido a una gran crisis –digamos- financiera, en el sentido sobre todo de la credibilidad y de la responsabilidad de sus dirigentes, donde hemos asistido, por desgracia, a como partidos políticos, sindicatos, etcétera, han ocupado carteras y cargos en consejos de administración donde realmente ya al final quedaba como resumido que les importaba mucho más sus propias prebendas y sus propios ingresos que, lógicamente, el bienestar de los ciudadanos a los que supuestamente tenían que servir.

Y, en este caso, no podemos volver a consentir que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que nos pone otra vez –y digo otra vez- en entredicho, porque saben ustedes que acaban de darnos otra vez otro correctivo con aquellas denuncias sobre trabajadores temporales indefinidos, de los interinos, que también –digamos- se nos... se reconvino al Estado de España para que garantizara los derechos de los ciudadanos. Sinceramente, yo creo que no estamos haciendo bien las cosas, y por eso estas garantías, que son fundamentales, las tenemos que seguir manteniendo. Son 2.500.000 de ciudadanos, de personas, en la cual nos podemos incluir algunos también, donde podemos y debemos exigir, lógicamente, esa devolución; no solamente de las cláusulas suelo, sino de todas las demás –digamos- procesos bancarios que se nos han cobrado indebidamente. Porque, aquí, yo creo que el usuario, siempre en una clase de inferioridad manifiesta, acudíamos al sistema bancario, pues eso, con la esperanza de que nos dieran realmente crédito, y firmando –como diría mi abuelo- todo aquello que había que firmar, con tal de que... en fin, salir con nuestro crédito, para comprar nuestra casa, debajo del brazo.

Y, desde luego, estas cláusulas que queremos implementar y decir tienen que tener más transparencia y más claridad para restablecer esos derechos de los ciudadanos. Hemos visto que este es un sistema antisocial, porque, desde luego, se ha construido contra los intereses de los usuarios, los clientes y consumidores. Pero, desde luego, en resumidas cuentas, hemos presenciado un combate entre la usura, la codicia -aquella avaritia superbia quae que decían los latinos-, donde realmente no tenía nunca fin el afán recaudador del sector bancario. Y, desde luego, siempre, a pesar de las acciones de consumidores, a pesar, en fin, de todos los intentos por salvaguardar los derechos de los usuarios, nunca se había conseguido.

Yo creo que, si todo recordamos, tuvo que suceder algunos tipos de tragedias terribles como suicidios –tienen ustedes, que recordarán, los casos de Palma, en Madrid, etcétera-, cuando realmente se puso ya por fin freno y se empezó a ver que esta situación tenía que pararse de una vez por todas. Desde luego, es necesario edificar un nuevo marco hipotecario para las próximas generaciones en nuestro país. El actual alentó, en parte, la burbuja inmobiliaria. Nos parece... no nos parece que hay funcionado bien, como puede comprobarse. El actual alentó una ineficiente asignación de recursos hacia una economía menos productiva, basada muchas veces en la especulación pura y dura, donde nunca tuvo en cuenta ni a las personas ni a los ciudadanos.

Desde luego, además, tenía unos criterios –y se está desmontado ahora poco a poco- de opacidad y de letra pequeña, que muchas veces los usuarios ni leíamos ni sabíamos entender, hablo del normal capacidad de la gente. Por eso, desde Ciudadanos queremos agrandar esa letra pequeña de una vez por todas, para que nunca vuelva a existir, es decir, que todas las cláusulas estén claras, sean manifiestas, sean trasparentes y no sean opacas, y que aquellas cláusulas siempre se puedan perfectamente, en fin, entender por todo el mundo.

Decía aquel adagio castellano, ¿verdad?, que cambiaremos de molinero, pero no cambiaremos de ladrón, como se solía decir, lamentablemente para este sector. Pero es así, muchas veces los bancos también -hemos acudido-, como han luchado –digamos- o han evitado esa libre competencia del mercado, donde se ponían de acuerdo en las cláusulas y, en fin, en los intereses sobre todo.

El pasado veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia histórica, una sentencia que corregía la jurisprudencia española sobre las cláusulas suelo, declarando que la jurisprudencia española limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamos hipotecarios en España, que es incompatible con el derecho de la Unión. En la Sentencia de nueve de mayo de dos mil trece, el Tribunal Supremo consideró abusivas las cláusulas suelo, ya que los consumidores no habían sido adecuadamente informados. Pero, eso sí, decidió limitar solamente esos efectos en el tiempo de la declaración de la nulidad de esas cláusulas, de modo que solo se produjera efectos de cara al futuro; decían ellos que incluso –decía el Tribunal- podía sufrir una hecatombe el sistema bancario, como yo... creemos que no ha sido así, ni mucho menos. Y después de llover sobre mojado, porque después de aquel rescate bancario, que todos recordamos, de más de 60.000 millones de euros, que realmente hemos pagado todos los ciudadanos.

Decía Quevedo, Francisco de Quevedo, que "donde hay poca justicia es un peligro tener razón", y es que, aunque tengamos razón, muchas veces, por desgracia, hasta ahora, hasta el Tribunal de Justicia Europeo, no se nos daba a los usuarios esa razón que teníamos todos tan clarividentemente. Las cláusulas abusivas no podrán vincular al consumidor en las condiciones –lo dice esta sentencia- estipuladas por los derechos de los Estados miembros, incumbiendo a estos la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de tales cláusulas abusivas. La declaración judicial de carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación anterior. Por consiguiente, la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo debe permitir la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el "profesional" –por decirlo suave, entre comillas- en detrimento del consumidor.

Estos profesionales, que son los bancos y cajas, que han actuado frente a los consumidores con un poder prácticamente omnímodo, infinito, abusivo, con un desequilibrio realmente aterrador muchas de las veces, y que, vuelvo a decir, a veces desencadenó en lamentables sucesos, como incluso el suicidio de la gente ante la incapacidad de tener que abandonar su hogar de tantos años. Por eso, de una vez por todas, hay que decir que esta situación de David contra Goliat tiene que terminar, y tiene que garantizarse en el futuro, y es lo que sinceramente queremos -con el apoyo espero de todos- desde Ciudadanos.

Tuvimos negociaciones con el Gobierno donde incluso también se intentó en un principio evitar que la gente pudiera acudir a los juzgados de... en fin, para poder seguir litigando si veían que aquellas condiciones de devolución de los... de las cláusulas suelo eran indebidas. Yo creo que hemos entre todos garantizado todos los derechos de los consumidores y de los usuarios, y, desde luego, algo fundamental, como garantiza nuestra Constitución, que es la vivienda, tiene que garantizarse también con este sistema –digamos- bancario de préstamos, que tienen que ser lo más claros y lo más transparentes posibles. Por eso, tenemos que pasar página y, desde luego, acabar con esas "tarjetas black", con esos espectáculos que, lamentablemente, estamos viendo, incluso a día de hoy, de los altos cargos de diferentes partidos en sede judicial, y tenemos que actuar legislando bien, garantizando todos los procesos judiciales y todas las cláusulas que sean efectivas, y garantizando derechos de los ciudadanos.

Decía Gandhi que "ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria". Y a la parte contraria, de una vez por todas, en este caso el sistema bancario, hay que ponerle en su sitio, y hay que decirle que es legítimo que actúen en el mercado, que son contratos que todos asumimos, pero que todos los contratos tienen que respetar, lógicamente, a las dos partes, y en este caso más todavía a la parte de los usuarios y los ciudadanos, que somos los más débiles. Muchas gracias.

Paso a leer la propuesta de resolución, para que conste, lógicamente, en acta, que dice: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para incrementar el control de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, asegurando que los clientes conozcan con precisión las obligaciones que asumen y que sus derechos quedan perfectamente protegidos". Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias, señor Delgado. Al comienzo de la Comisión no he comentado que, a petición por el Grupo Mixto, se ha solicitado las votaciones al final de la Comisión. Después de escuchar a todos los portavoces se ha quedado en eso: que las votaciones de todas las... de todas las proposiciones no de ley se harán conjuntas al final de la... de la Comisión.

Y, sin más, tenía el turno el Grupo Mixto, pero, como no está presente, pasamos al siguiente grupo parlamentario, y, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora doña María Josefa Rodríguez.


LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Bien. Pues muchas gracias, presidenta. La intención de esta propuesta, más allá de la buena intención del proponente –que no nos cabe duda-, se nos hace muy transparente en el Real Decreto-ley 1/2017, de veinte de enero, de Medidas Urgentes de Protección de Consumidores en Materia de Cláusulas Suelo, pactado por PP, Ciudadanos y PSOE tras el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obliga a la banca a devolver todo lo robado con las cláusulas suelo de manera retrospectiva. Se estima que hay más de 1,4 millones de afectados y un total de 4.200 millones de euros a devolver.

Ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea especifican qué caracteriza a una cláusula suelo; solo la definen como aquellas que no son comprensibles y transparentes, y, por lo tanto, dejan la interpretación a los tribunales. Con el mecanismo extrajudicial pactado por PP, Ciudadanos y PSOE para devolver los intereses abusivos la interpretación la harán los bancos, y será la entidad financiera la que tenga la potestad de aceptar o no. Por tanto, los consumidores –clientes, en este caso- salimos perdiendo y mucho con este pacto. No solo no hay ninguna represalia penal contra las entidades bancarias, sino que se les otorga el poder de negociación con los particulares a los que engañaron en un primer momento, lo que viene a ser como si a un carterista pillado in fraganti se le ofrece la oportunidad de negociar la devolución de sus carteras robadas a sus víctimas de manera extrajudicial y desde su casa.

Con este pacto a tres bandas –PP, Ciudadanos y PSOE-, el banco decide a qué clientes comunicarles que, en efecto, fueron engañados y son los propios clientes los que tienen que desplazarse a la sucursal del banco a negociar la cantidad que quiera ofrecer la entidad. Nuestra alternativa, la de los clientes, es un proceso judicial de un año y medio de media, que puede costar igual o más que la cantidad reclamada. Lo que viene a ser como si te roban la cartera y te ofrecen la posibilidad de un costoso trámite judicial o pactar con el carterista que te la robó para que te ofrezca solo parte del dinero robado y solo si considera que su robo fue abusivo.

Si los contratos fueron abusivos porque en ellos usaban lenguaje técnico para incluir de forma poco transparente cláusulas suelo, ¿qué garantías tiene un particular en una negociación con la entidad a título personal y en la misma entidad del banco en que le engañaron? ¿Por qué no van a volver a engañarle? Como ya es costumbre en nuestro país, vuelve a ganar la banca. Según las seis principales entidades afectadas, el nuevo canal de negociación extrajudicial impulsado por el Gobierno no aumentará la cuantía a devolver a sus clientes por la aplicación de condiciones opacas. Conclusión: un Gobierno tiene que anteponer los derechos a los de... los derechos de su pueblo a los intereses de la banca. Por desgracia, nuestro Gobierno –con la ayuda de Ciudadanos y el Partido Socialista- sigue cuidando a los de arriba y pasando de los de abajo.

Supongo que, tras estos argumentos, entenderá el proponente que nuestro voto no sea favorable. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias, señora Rodríguez. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don Álvaro Lora.


EL SEÑOR LORA CUMPLIDO:

Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, que... quiero decir que creo que voy a tardar lo mismo en esta intervención... el mismo tiempo que se tardó en redactarla.

Venimos con estas 150 propuestas, que -como ya yo he llamado en más de una ocasión en esta Comisión- son las 150 propuestas por colapsar las Cortes, las Comisiones de las Cortes de Castilla y León. Y nos encontramos, en este caso, con una proposición no de ley que, permítame que le diga, señor Delgado, me parece... me parece bastante escasa y poco... y poco trabajada.

Yo le pongo aquí de manifiesto el esfuerzo que usted hace a la hora de defenderla, y es cierto que a la hora de hacer sus intervenciones demuestra más... demuestra más datos, y dice más datos a la hora de presentarla que a la hora de la redacción. Entienda que el Partido Socialista, este Grupo Parlamentario, está siguiendo una tónica de votar abstención a estas... a estas proposiciones no de ley por lo que comentaba anteriormente: porque creemos que no es el lugar adecuado para debatirlas, y, sobre todo, también porque entendemos que están poco trabajadas. Y uno, después de escuchar a Gandhi y a Quevedo, tampoco sabe muy bien... muy bien qué decir. Pero sí que me hubiera gustado que hubieran sido ustedes valientes. Y le quiero decir por qué. En el pacto que ustedes firmaron con el Grupo Parlamentario... con el Partido Socialista a nivel nacional; ese pacto, el de acuerdo reformista que seguramente hubiera traído... –bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de este grupo político- hubiera traído más estabilidad a este país, pero que por el no de algunos no pudo... no pudimos tener un presidente... un presidente socialista, pues nos encontramos en la actualidad... en la actualidad... [murmullos] ... -sí, por el no- estamos en la actualidad como estamos. Y, por cierto, me hubiera gustado que la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos hubiera hablado de los desahucios; de esos desahucios exprés que ahora la... el partido que está coaligado con ellos –Izquierda Unida- votó a favor en el Senado. [Murmullos]. Entonces... entonces... [murmullos] ... entonces... entonces... entonces me hubiera gustado que hubiera hablado de ello. Porque entonces, cuando votaba a favor Izquierda Unida de los desahucios exprés... [murmullos] ... entonces no estaban a favor... a favor...


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Señora... señor Lora...


EL SEÑOR LORA CUMPLIDO:

... y votado por Izquierda Unida... y votado por Izquierda Unida en el Senado...


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Señor Lora, señor Lora. [Murmullos].


EL SEÑOR LORA CUMPLIDO:

... en el Senado...


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Señor Lora. Señor Lora. [Murmullos]. Señora Rodríguez, no es un debate... [murmullos] ... no es un debate, no es un debate. Usted ha tenido su turno. Señora Rodríguez, no es un debate, usted ha tenido su turno. Y, señor Lora, por favor, aténgase a la cuestión en concreto.


EL SEÑOR LORA CUMPLIDO:

Sí, sí, por supuesto, señora presidenta. Estamos hablando de las bancas y de los de arriba y de los de abajo, esto que está tan de moda en la actualidad. Pero entiendan también que a uno le enfada... a uno le enfada, que viene a defender los intereses de sus paisanos y paisanas, y que venga aquí a escuchar la misma cantinela que escuchamos a nivel... a nivel nacional.

Pero bueno, me hubiera gustado, señor Delgado -y de verdad, y se lo digo de corazón-, que hubieran sido ustedes más valientes a la hora de presentar esta iniciativa. Y le tiendo un guante, le lanzo el siguiente guante: la propuesta que ustedes firmaron con nosotros pedían que se facilitara la vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a las circunstancias económicas y familiares en el caso de que unas... de que las personas hubieran perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida. O, por ejemplo, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para declarar inembargable la Renta Activa de Inclusión. O, por ejemplo, programas de alquiler social mediante un acuerdo con la SAREB. Me hubiera gustado que hubieran sido ustedes valientes y que hubieran traído ustedes a este Pleno esta serie de medidas que sí que creemos que son... que son importantes para la población... para la población de este país.

Pero también... y quiero poner de manifiesto en esta Comisión que me extraña, me extraña y produce curiosidad, lo siguiente. El acuerdo que ustedes firmaron con el Grupo Parlamentario Popular, con el Partido Popular a nivel nacional, sí que es cierto que ustedes, hay una parte, cuando termina... donde termina esta proposición no de ley, que se puede leer: "Reformar el marco jurídico de los instrumentos de financiación y los productos financieros, para adaptarlo a las novedades regulatorias en el ámbito europeo, siempre poniendo al cliente como prioridad de los cambios normativos. La nueva Autoridad Independiente de la Protección del Consumidor e Inversor Financiero asumirá el rol de atender a reclamaciones y resolver diferencias de los usuarios de servicios financieros". Y además hay un segundo punto, que dice: "Promover fórmulas para favorecer la formación financiera y de consumo en colegios y universidades".

Y ya que no estoy muy a gusto cuando tengo que debatir estas proposiciones no de ley, sí me hubiera gustado, por lo menos, que hubieran incluido todo lo... aquello firmado con el Grupo Parlamentario Popular. Y sí que quiero poner aquí de manifiesto en esta Comisión, que, aunque sean ustedes muy criticados –y es verdad, y nosotros, incluso yo, lo he hecho en multitud de ocasiones-, sí es cierto que hay que poner de manifiesto que ustedes, por lo menos, sí que tienen disposición a la negociación y al diálogo con todos los grupos parlamentarios. Nada más, presidenta. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias, señor Lora. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don Emilio Cabadas.


EL SEÑOR CABADAS CIFUENTES:

Gracias, señora presidenta. Bien, pues muy a mi pesar –casi debo decir- coincido con el señor procurador del Grupo Parlamentario Socialista. Esta es una propuesta que coincide con la medida 72 recogida en el acuerdo de... a nivel nacional del Partido Popular y Ciudadanos, en la que ya se está trabajando -hay un anteproyecto de ley, se está llevando a cabo-, por tanto, creo que venir a hacer una PNL en las Cortes para que le pida a la Junta que le pida al Gobierno que hagan lo que están haciendo... Pues bueno, no sé si es un intento de lucimiento o, como se ha dicho aquí, una pérdida de tiempo. Pero, en cualquier caso, y teniendo en cuenta que es nuestra obligación debatirlo, pues yo trataré de utilizar mi turno de intervención para exponer un poco eso que ha quedado en el tintero, que nadie ha dicho, que es este anteproyecto de ley en el que se está trabajando.

Bueno, en resumen, de lo que se trata es de reforzar los derechos de los consumidores y usuarios, y para eso hay que reforzar la Ley Hipotecaria, para establecer la prohibición de las cláusulas suelo, que únicamente fijen un límite de variación a la baja del tipo de interés contratado. También, paralelamente, revisar la normativa de estas cláusulas y préstamos abusivos, por supuesto.

Estos compromisos, en el ámbito del Gobierno central, ya se están impulsando de una forma clara. El Consejo de Ministros analizó el diecisiete de febrero pasado un informe sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, cuyo objetivo principal es reforzar la protección del consumidor. Entre los objetivos de la normativa en la que el Ejecutivo está trabajando, y aprovechando la trasposición antes de finales de mayo de la Directiva Europea sobre crédito hipotecario, 2014/17 de la Unión Europea, se trata de apuntalar todos estos conceptos referentes a préstamos hipotecarios, que son susceptibles de interpretaciones difusas, como las cláusulas suelo –que se han dicho-, aquellas que pueden ser abusivas, la comercialización de swaps, hipotecas multidivisas, y distintos elementos del mercado hipotecario que son complicados de entender para el consumidor, para el hipotecado habitual, el cliente medio.

En definitiva, lo que está buscando el Gobierno es proteger al cliente, evitar que sea víctima de cláusulas y procesos de comercialización de productos bancarios, como se ha demostrado -creo que la realidad ha demostrado que ha pasado-, y, por tanto, dotar de una mayor seguridad al sistema financiero, pero principalmente a la parte más débil en este sistema, que es siempre el hipotecado, el consumidor.

Algunos puntos por destacar de la nueva normativa son la... -en la que se está trabajando, quiero decir- son: la obligatoriedad del banco de entregar al cliente una ficha estandarizada con las características del préstamo, y que tendrá carácter de oferta vinculante durante siete días; prohibir las ventas vinculadas de productos; el banco entregará una ficha detallada de la existencia de cláusulas suelo, si las hubiera, o de distribución de gastos o cualquier otro tipo de cláusula que pudiera considerarse dudosa; los hipotecados podrán reembolsar todo o parte del préstamo sin más comisiones o compensaciones al banco que la pérdida financiera; el consumidor podrá convertir a euros un préstamo que esté en otra divisa, como mecanismo de cobertura y protección frente al riesgo del cambio de divisa; se regulará por primera vez la figura de los intermediarios de préstamos inmobiliarios no bancarios; los notarios tendrán siete días para explicar las condiciones del préstamo, es decir, siete días antes de firmar la hipoteca, el cliente deberá tener la información precontractual de lo que va a firmar y el notario tendrá siete días para explicárselo (es decir, cuando el señor vaya a firmar una hipoteca, sepa; no vaya simplemente a firmar, como se ha dicho aquí), y eso lo refuerza la ley; reforzar también el control sobre los notarios y los registradores de la propiedad; y el cliente deberá, además, confirmar de su puño y letra que comprende el contenido del préstamo que está firmando.

Dicho asesoramiento, junto con la expresión manuscrita del cliente manifestando que se le ha remitido toda la documentación, comprende y acepta su contenido, esto hará que el acta notarial sea más completa, pero, además, esta acta notarial no tendrá un coste añadido para el... para el cliente.

Respecto a las cláusulas suelo, que se ha hablado en esta Comisión. Bien, por parte del Gobierno de la Nación, como se ha dicho, con el apoyo y consenso con Ciudadanos y con el Partido Socialista, se han buscado los mecanismos más rápidos y adecuados para facilitar, ante una avalancha de reclamaciones por las cláusulas suelo, que el consumidor pueda recuperar lo antes posible su dinero, el dinero que el banco le había cobrado de forma indebida, y que tenga el menor coste para él. Es decir, el procedimiento judicial sigue ahí, lo que se ha buscado es un procedimiento paralelo, a un bajo coste y rápido, que evite el procedimiento judicial. Y con esta intención surge el Real Decreto-ley 1/2017, de veinte de enero, de Medidas Urgentes –y recalco lo de urgentes- de Protección de Consumidores en Materia de Cláusulas Suelo. Es decir, esto es un añadido; no quita ni es óbice para que se recoja en la nueva ley otro tipo de medidas contra las cláusulas suelo, como su prohibición, o lo que se quiera desarrollar. Pero esto ha sido una reforma urgente para evitar, ante una avalancha de demandas judiciales, que conlleva unos gastos, obviamente, para el que reclama, que puede ser condenado en costas o no, que puede, en función de diversas... de diversas... parámetros judiciales tener una vía paralela. Es decir, no es óbice para que se siga la vía judicial y reclamen todo lo que tengan; es decir, pueden aceptar esta vía, lo que el banco les ofrece, o pueden no aceptarlo e ir al juicio, ganarlo, como está demostrando la jurisprudencia, y tener su derecho.

Por todo lo anterior, y como... aunque he indicado... -y porque también quiero ser breve- bueno, pues esto es una cuestión pactada por los partidos en el ámbito nacional, Partido Popular y Ciudadanos; se están dando los pasos necesarios para que esta nueva ley, este anteproyecto de ley salga adelante. Y, por lo tanto, bueno, pues votaremos a favor esta propuesta, evidentemente. Gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don José Ignacio Delgado.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

En fin, pues muchas gracias, señora presidenta. Agradecer al Partido Popular su apoyo, que ya vemos que es, lógicamente, forzado por ese pacto. Parece que no tiene muchísimas ganas; yo creo que sí que las tiene también, vamos, aunque aparentemente las disimule, porque, lógicamente, aquí se está hablando de lo que se está hablando, es decir... Y, además, es un acuerdo que, lógicamente y básicamente, se aprueba entre los tres partidos (Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista) pues para intentar que de una vez por todas, primero, este acuerdo que hemos hecho para la devolución de las cláusulas suelo con todas las garantías, y, efectivamente, pues evitar... –y ahora contesto a la señora de Podemos, que parece que está un poco nerviosa- evitar, efectivamente, esa avalancha judicial.

Mire usted, yo creo que cuando se gobierna desde la –digamos- responsabilidad, sinceramente, si hemos dicho antes que hay dos millones y medio de usuarios afectados... perdón, que estamos afectados –a lo mejor nos podemos incluir todos, que yo también soy pobre y esas cosas, se puede decir aquí también públicamente, de lo cual tampoco me... en fin, me siento ofendido-, hay que intentar evitar que se paralice el sistema judicial. Sinceramente, si todo el mundo acudiéramos por estas situaciones y por estas cláusulas, con todo el derecho del mundo, a... en fin, al sistema judicial, lógicamente, la paralización sería más que evidente.

Ese acuerdo que se ha conseguido con ese real decreto, lógicamente, lo que intenta evitar es este sistema. Pero es que, además –y Ciudadanos fue ahí luchador, y mucho, también el Partido Socialista-, no se agota la vía extrajudicial; es decir, si alguien no está de acuerdo con lo que los bancos les está ofreciendo a la mayoría de sus clientes, perfectamente pueden acudir a esa vía judicial, que es verdad que en un principio, por parte del Gobierno, no se... –digamos- no se ponía, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que se está garantizando es el realismo, el pragmatismo, es decir, vamos a cobrar cuanto antes aquello que indebidamente se nos ha sustraído, digamos, o se nos ha quitado indebidamente.

Hombre, dice usted que es algo parecido a los carteristas, y tal. Pues, hombre, yo también, que entiendo un poco del sistema judicial, etcétera, etcétera, usted sabe que todas las penas tienen que ser proporcionadas, ¿eh?, y a un carterista, que yo sepa, no se le mete a galeras ni a la cárcel, ni mucho menos, ¿no?... [murmullos] ... se hace la devolución. Con lo cual, creo, en este caso... -vamos, con todas las garantías aparte- en este caso, lo que se trata, lógicamente, es que de lo que ha dicho un tribunal... lamentablemente, no nuestro, sino... bueno, sí, también fue el Tribunal Supremo, como usted sabe, si no, luego ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice que tienen que devolver esas cláusulas suelo; pues eso que se haga cuanto antes, con las mayores garantías y con la mayor eficacia, que yo creo que es lo que se trata, que la gente, al final, quiere cobrar, y, en fin, y pasar este calvario.

Esta proposición no de ley no solamente implica esto, sino que implica, como bien sabe usted, y subyacentemente, pues eso, evitar cláusulas más abusivas, evitar... pues que no se vuelva a hablar de preferentes en este país, y con ese tipo de contratos donde la gente, efectivamente, no sabía lo que firmaba, por desgracia. Y como ha dicho también el Partido Popular, pues ese proyecto de ley lo que va a hacer es garantizar, lógicamente -y ahí tenemos que aportar todos-, pues que se pueda leer mucho antes de firmar en un notario, como hemos acudido todos, por desgracia, el mismo día de autos a firmar allí, pues firmabas la muerte de Manolete, lo que te pusieran enfrente, ¿no? Vuelvo a decir, muchas veces porque ya de por sí, como bien sabe usted, costaba mucho que te dieran ese crédito, muchas veces las cuales se denegaban, ¿no? Con lo cual, cuando se concedía, pues, lógicamente, los clientes o los usuarios pues firmaban, no digo encantados de la vida, pero bueno, ¿no?, como aquello que habían pasado ya casi el Rubicón, ¿no?, y decir: bueno, pues vamos adelante, que por fin vamos a tener nuestra casa o nuestra vivienda.

En ese caso, nosotros nunca vamos a estar ni a favor de los carteristas ni a favor de los delincuentes, y le puedo asegurar que desde Ciudadanos, si tenemos una impronta, va a ser esa, y usted sabe que no nos gusta ni la corrupción... vamos, ni de lejos. Ni a nadie, yo creo, sinceramente, que eso es una cuestión de todo el mundo, y lo que tenemos que hacer es ser eficaces y ser pragmáticos. ¿Que gana la banca? Pues, hombre, aunque sea un dicho, suele siempre ganar la banca, ¿no?, no solo en los casinos, sino, por desgracia, en casi todas las... No se trata de que gane la banca, se trata de que el sistema bancario siga funcionando con las garantías adecuadas. Porque también es verdad, por lo menos nosotros, desde Ciudadanos, pensamos que tiene que existir, es decir, que yo... sepamos, a no ser que vayamos a un Estado de estos centralistas y comunistas y no sé qué, donde todo venga del padre Estado, pues bueno, pues el sistema, digamos, libre de mercado, el que tenemos instalado, yo creo que más o menos funciona bien; lógicamente, siempre hay que vigilar por esas garantías.

En cuanto al Partido Socialista, pues, hombre, ya lamentar que opine lo que opina, es decir, ya sabemos que son estas 150 propuestas. Nosotros lo hacemos con el convencimiento de que tenemos que recordarlo y decirlo, y que, además, creemos que es conveniente. Y, hombre, lo de perder o no perder el tiempo, pues yo creo que cualquier proposición no de ley que se venga a esta Comisión, y a otras muchísimas, todas son interpretables. Todas, absolutamente todas: unas, por obvias; otras, porque reinciden en lo mismo; y, otras, porque, realmente, a lo mejor con más vehemencia o menos, pero todos yo creo que intentamos siempre, en fin, garantizar... en este caso son los derechos de los ciudadanos. Luego, opinar, podemos opinar todos. Y, como me gusta a mí decir muchas veces, luego, eso sí, que las leyes se cumplan, que de una vez los acuerdos también. Y de eso se trata, y por eso lo decimos. No por confianza o desconfianza, sino porque realmente queremos que aquello que hemos puesto negro sobre blanco luego se lleve a la práctica, y que esto, que aparentemente ahora estamos muy contentos y muy ufanos todos los usuarios y consumidores porque hemos ganado una batalla, digamos, a la gran banca, ya verá usted cómo de aquí a poco tiempo, a unos años, en fin, incluso antes, otra vez... el sistema suele otra vez volver a... como se suele decir, a los malos hábitos. Por eso tenemos que estar siempre vigilando y pendientes. Y eso es lo que queremos decir y destacar.

Y nada más. Yo simplemente agradecer a todos su atención. E intentar decir que tenemos que seguir avanzando, lógicamente, porque... Y luego también decir al Partido Socialista, en fin, todas aquellas que decía de más ambición y tal, el tema de alquiler social, y tal, yo creo que todos... estamos trabajando todos los días para ello. Y, de hecho, lo estamos demostrando en estas Cortes de Castilla y León, y también... y también, por supuesto, a nivel nacional. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias, señor Delgado. Pues, como se ha comentado antes, las votaciones se harán al final de la... de la sesión. Así que por la señora secretaria se dará lectura del segundo punto del orden del día.

PNL/001088


LA SECRETARIA (SEÑORA JIMÉNEZ CAMPANO):

Proposición No de Ley número 1088, presentada por los Procuradores doña Ana María Muñoz de la Peña González, doña María Josefa Díaz-Caneja Fernández, don Álvaro Lora Cumplido, don Jesús Guerrero Arroyo y doña Virginia Jiménez Campano, para instar a la Junta a equiparar a las parejas de hecho con las unidas por vínculo matrimonial, la normativa sobre familias numerosas, a abordar el reglamento previsto en el apartado 5 del artículo 35 de la Ley 1/2007, de 7 de marzo, y a solicitar al Gobierno que remita un Proyecto de Ley de reforma de Protección a las Familias Numerosas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 204, de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Pues para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, y un tiempo máximo de diez minutos, la señora doña Ana María Muñoz de la Peña.


LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. La proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Socialista es compleja, pues compleja es la regulación. O, mejor dicho, la complejidad la da la falta de regulación existente a nivel estatal para las parejas de hecho. Falta de regulación que está generando verdaderas situaciones de desigualdad territorial en materia de diversos derechos que amparan a unas parejas frente a otras, solo en función de la Comunidad Autónoma donde residan o del modelo... del modelo de pareja por el que han optado.

Castilla y León no dispone de una ley de parejas de hecho. Doce Comunidades Autónomas ya las tienen, pero en Castilla y León, al igual que en el Estado, no está regulado, por lo que el Procurador del Común viene desde el año dos mil diez instando a su elaboración y aprobación, planteando también la Defensora del Pueblo que recomienda... recomienda la modificación de la Ley 40, del año dos mil tres, para el reconocimiento de familias numerosas a las uniones de hecho de forma estable, análogo a las uniones conyugales.

Somos conscientes de que seguimos bordeando el verdadero problema, pero, tal y como está en estos momentos la normativa reguladora, no nos queda otro remedio más que recurrir a atajos para que podamos equiparar los derechos de todas las parejas estables, independientemente del modelo elegido para conformar dicha relación de pareja. Si en Castilla y León, a falta de normativa estatal, no se afronta una ley autonómica que regule directamente las parejas de hecho, sí podemos evitar la discriminación que sufren en nuestra Comunidad, sí podemos equiparar a las uniones por vínculo conyugal. Y esto es lo que pretende esta proposición no de ley esta tarde, equiparar a la Comunidad, a efectos de la aplicación de la normativa reguladora para las familias numerosas, a las parejas de hecho con las parejas unidas por un vínculo conyugal. Para ello, es necesario abordar el desarrollo reglamentario del Artículo 35 de la ley autonómica, la Ley 1 del año dos mil siete, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León, a las familias de la Comunidad; y es normativa exclusivamente de la Comunidad, en tanto en cuanto no solicitemos al Gobierno de España que termine de una vez con una situación injusta y discriminatoria, remitiendo a las Cortes Generales un proyecto de ley de reforma de la Ley de Protección a las Familias Numerosas, de manera que se proceda al reconocimiento de la condición de familia numerosa, además de a las parejas unidas por vínculo conyugal, a las uniones de hecho.

Voy a tratar de argumentar con la normativa, separando los dos niveles, separando el nivel estatal, en primer lugar el nivel estatal, y el nivel autonómico.

A nivel estatal, la Ley 40 del año dos mil tres, de Protección a las Familias Numerosas, en su Artículo 2.3, regula el concepto de familia numerosa, estableciendo en el primer párrafo que -y entrecomillo- "A los efectos de esta ley, se consideran ascendientes al padre, a la madre o a ambos conjuntamente cuando exista vínculo conyugal y, o en su caso... y, en su caso, al cónyuge de uno de ellos". Y aquí es precisamente donde comienzan los problemas. Al condicionar la existencia de vínculo conyugal, excluye a las parejas de hecho, pues no equipara a las uniones de hecho con el vínculo conyugal, lo que impide a las parejas de hecho el reconocimiento de familia numerosa. Si no están casados, solo uno de los progenitores puede figurar en el título con sus hijos. Esto supone una discriminación por razón del grupo familiar al que se pertenece, tenga este su origen en el matrimonio o en la unión de personas que convivan en análoga relación de afectividad. La ley estatal del año dos mil tres, de familias numerosas, sí incluyó nuevos supuestos que daban lugar al reconocimiento de la condición de familia numerosa, como las familias monoparentales o las formadas por padres divorciados. Sin embargo, en el caso de parejas de hecho no se equiparan los derechos a los matrimonios con tres o más hijos.

A falta de regulación estatal, se genera otra desigualdad y discriminación por razón de territorio. Las Comunidades Autónomas son las encargadas de expedir el título o carné de familia numerosa, en el marco de la ley estatal. Y para que sea válido en todo el territorio nacional, este debe de ajustarse a la normativa estatal, por lo que si la Comunidad Autónoma, con su propia normativa, concediera el título de familia numerosa a ambos progenitores, solo tendría validez en el territorio de la Comunidad Autónoma en la que se está expidiendo el carné, situación que genera nuevamente otra desigualdad; en estos casos, una cuestión territorial.

En mayo del año dos mil quince se aprobó el Plan Integral de Apoyo a las Familias 2015-2017. Plan que, por un lado, no tiene el imperativo de una ley, no es de obligado cumplimiento; y, por otro, tampoco solucionó el problema que hoy planteamos.

En segundo lugar, y ya a nivel autonómico, la Comunidad Autónoma es la competente en reconocer la condición de familia numerosa, la expedición del título que lo acredita y de los carnés. Castilla y León lo hace a través del Decreto 9 del dos mil cinco, que reconoce la condición de familia numerosa, así como su expedición, renovación, modificación o pérdida del título. Y la Orden de Familia 671 del año dos mil siete regula el funcionamiento del carné individual de familia numerosa. Por otro lado, la Ley 1 del dos mil siete, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León, en el Capítulo I regula las familias numerosas; el Artículo 35 se remite a la normativa estatal en cuanto a las disposiciones generales; sin embargo, en el apartado 5 establece -y vuelvo a entrecomillar- "Reglamentariamente se podrán extender todos o algunos de los beneficios establecidos para las familias numerosas de la Comunidad en el presente Capítulo a otros tipos de familias, en los casos en que sus especiales circunstancias o características lo justifiquen" -y cierro comillas-. Es evidente que en base a esto la Junta de Castilla y León puede modificar la interpretación del Artículo 2.3 de la ley estatal, de manera que su aplicación no se limite a las relaciones conyugales de manera literal, procediendo a equiparar a las parejas no matrimoniales. Es discriminatorio, es injusto que no se equiparen los derechos a las parejas... los derechos de las parejas de hecho a los matrimonios con tres o más hijos. No puede ser que las parejas de hecho con familia numerosa tengan un trato distinto para obtener el título que acredita la condición. No puede ser que tengan menos derechos que los matrimonios.

En las parejas de hecho, los beneficios por ser familia numerosa afectan solo a uno de los padres. Al no existir vínculo conyugal, la ley solo reconoce, o conoce, a uno de los padres... concede a uno de los padres el carné que otorga beneficios económicos y sociales, por lo que uno de los padres queda excluido del reconocimiento, lo que, desde luego, es absolutamente injusto, injusto para uno de los padres -además, normalmente, en la mayoría de los casos, es la madre la que de oficio queda fuera de los beneficios- e injusto, desde luego, para los hijos.

Los conceptos de conformación de parejas y hogares han cambiado radicalmente. La legislación puede adaptarse a la realidad... puede y debe adaptarse a la realidad en los nuevos modelos de conformación de familias. Algunos datos estadísticos nos ayudan a entender. Por ejemplo, cada vez hay más parejas de hecho. En España, en los últimos seis años, las uniones de hecho crecieron un 351 %, según datos del INE. Los matrimonios civiles y eclesiásticos disminuyeron un 24,6 %. Más de 4.000 parejas de hecho en este momento en Castilla y León. La mitad de las Comunidades Autónomas extienden el título de familia numerosa a ambos progenitores de las parejas de hecho cuando están inscritas en el Registro autonómico, acreditando con ello su convivencia. Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Valencia, Extremadura, Madrid, Navarra y el País Vasco cuentan con leyes autonómicas que regulan las uniones de hecho, bordeando la legislación estatal, ciertamente, y evitando la discriminación de los hogares formados por parejas de hecho.

En Castilla y León debemos afrontar esta situación, regular lo que ya es un hecho en la calle, lo que ya es un hecho en la sociedad, acabar con una situación injusta y discriminatoria que sufren las parejas de hecho con familia numerosa. No es posible que se equiparen en herencias, pensiones de viudedad o ventajas fiscales, y, sin embargo, no se haga por familia numerosa. Por esta razón, el Grupo Socialista presenta la siguiente propuesta de resolución: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: primero, equiparar en la Comunidad, a efectos de la aplicación de la normativa reguladora en la Comunidad para las familias numerosas, a las parejas de hecho con las parejas unidas por vínculo conyugal; dos, abordar el reglamento previsto en el apartado 5 del Artículo 35 de la Ley 1/2007, de siete de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León; tercero, solicitar al Gobierno de España que remita a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Protección de las Familias Numerosas, de manera que se proceda al reconocimiento de la condición de familia numerosa, además de a las parejas unidas por el vínculo conyugal, a las uniones de hecho". Por el momento, presidenta, nada más. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. El Grupo Mixto no se encuentra todavía en la sala. En turno de fijación de posiciones, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don José Ignacio Delgado, en representación del Grupo Ciudadanos.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Pues gracias, señora presidenta. Muy brevemente. Yo creo que es una cuestión tan obvia y evidente que, ante todo y sobre todo, tenemos que garantizar el derecho de los niños, ¿no?, de los hijos, en este caso de las familias numerosas, y yo creo que es una cosa, vamos, de madera de cajón de tabla; por eso vamos apoyar esta proposición no de ley.

Y, efectivamente, esa Ley 1/2007, de siete de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León, ya lo dice bien claro en ese Capítulo I, y, efectivamente, si tenemos esa facultad, dice: reglamentariamente se podrán extender todos o aquellos... algunos de los beneficios establecidos para las familias numerosas de la Comunidad en el presente Capítulo a todo tipo de familias, en los casos en que sus especiales circunstancias o características lo justifiquen.

Yo, sinceramente, creo que hay que intentar, ante todo y sobre todo, que ya de por sí, y más en una Comunidad Autónoma como la de Castilla y León, donde la despoblación es más que evidente, en fin, aparte de que teníamos que incentivar todavía mucho más, si cabe, medidas, no ya para que todos tuviéramos familia numerosa, que sería lo ideal, pero vamos, pero sí por lo menos aquellos que las tienen, desde luego, no ponerles ningún tipo de cortapisa. Yo, sinceramente, espero que todo el mundo aprobemos este tipo de medidas, porque, vamos, yo vuelvo a decir que son, pues aparte de injustas, sinceramente, tenían que ser... lo más rápidamente posible restablecer todos aquellos derechos. Y bien es verdad que a veces en el... en fin, no todo el mundo a veces... –digamos- yo que soy partidario, lógicamente, a muchos compañeros o amigos, cuando dicen: pero por qué cuando, sobre todo, hay hijos no te casas, si es una cuestión... es un trámite mero, pero hay que, ante todo y sobre todo, defender la libertad de cada cual; y es así, hay que decirlo abierta y llanamente. Y contra... la libertad de cada cual es, ante todo y sobre todo, la que tiene que prevalecer. Y, en este caso, los derechos de los niños y de los hijos, lógicamente, se ven afectados por este tipo de medidas.

Con lo cual, si hay muchísimas Comunidades Autónomas, como es el caso, que también lo hacen, lo que tenemos que hacer nosotros es yo creo que, sinceramente, dar ejemplo y hacer que este tipo de medidas... eso, incluso incentivarlas en lo posible. Vuelvo a decir, pero esto será cuestión de otras situaciones, pues eso, para luchar contra la despoblación, incentivar que haya mayor número de nacimientos. Y, desde luego, este tipo de medidas desde luego ayuda muy poco. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias, señor Delgado. En turno de fijación de posiciones, por un tiempo máximo de diez minutos, y en representación del Grupo Podemos Castilla y León, tiene la palabra la señora María Josefa Rodríguez.


LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Bien. Pues muchas gracias. Efectivamente, no se puede vivir de espaldas a la realidad, obviando todas las posibilidades de relaciones afectivas que conforman diferentes tipos de familia. Los análisis sectarios nos llevan a regulaciones torpes, que producen desigualdad y dolor. Encontramos muy conveniente esta propuesta del Grupo Socialista, y nuestro voto va a ser favorable. Es todo.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Pues muchas gracias, señora Rodríguez. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora doña Irene Cortés.


LA SEÑORA CORTÉS CALVO:

Buenas tardes, señorías. Gracias, presidenta. Vamos a ver, por centrar un poco el asunto que nos ocupa, ¿no? Estamos hablando de una... de legislación. Aquí, en fin, está claro que en una separación o en un proceso traumático puede que... o en un proceso de divorcio conflictivo los hijos e hijas tengan algún tipo de problema, pero lo que nos ocupa ahora mismo, los hijos e hijas no tienen ningún tipo de problema ni de merma en sus derechos, porque están garantizados; aquí estamos hablando de otra cosa, es lo que yo entiendo.

Con respecto a lo que ha comentado la portavoz socialista, y respecto a la propuesta que hoy nos trae, pues decirle que las uniones de familias de hecho, a día de hoy, no son equiparables al matrimonio, son dos instituciones completamente distintas según la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, en línea, además, con el Tribunal Constitucional. Luego la competencia en esta materia la tiene única y exclusivamente el Estado; la Comunidad Autónoma se limita a ejecutar esa competencia que tiene el Estado. Lo que se propone aquí, en cierta medida, es sortear la legislación a la cual estamos obligados a cumplir para poder –y usted lo ha dicho muy bien- coger un atajo para llegar a donde parece que ustedes quieren llegar.

Yo creo que lo oportuno, necesario y conveniente, puesto que los tiempos avanzan, y eso es cierto, es acomodar la ley estatal y reformarla en este sentido; y una vez que esta norma esté reformada, pues aplicar la modificación correspondiente en la legislación de la Comunidad Autónoma que corresponda. Porque luego sí que... bueno, también he visto un montón de legislación de distintas Comunidades Autónomas en este sentido que, obviamente, son solo de aplicación en esa Comunidad Autónoma. Cuando uno se cambia de Comunidad Autónoma, ¿qué pasa? Yo quiero decir que es una cuestión que es importante, que es sensible y que creo que se merece la atención y el trabajo oportuno y necesario para reformar la ley. Que no estamos -el Grupo Parlamentario Popular- en contra de que se modifique esa ley y se adapte a los nuevos tiempos, pero vamos a hacer las cosas bien, no vamos a proponer atajos, nosotros somos parte del Legislativo de esta Comunidad, y me parece, francamente, en fin, una barbaridad el estar proponiendo atajos a la ley; es que yo, sinceramente, no lo entiendo.

Comparto toda la problemática social, y, en torno a esto, también me gustaría que la demagogia la dejásemos aparcada y nos centrásemos en lo que verdaderamente nos ocupa, nos preocupa y tenemos que solucionar. En este sentido, he intentado llegar a un acuerdo con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, aprobando el último punto, porque es lo que me parece más razonable, y, en virtud de esta aprobación, proponer las siguientes enmiendas, que paso a leer, del punto 1 y 2 de su propuesta.

Con respecto al punto 1: "Una vez reformada la Ley de Protección a las Familias Numerosas –y continúa el punto 1 exactamente igual que el que propone usted-, equiparar en la Comunidad, a efecto de la aplicación de la normativa reguladora en la Comunidad para familias numerosas, a las parejas de hecho con las parejas unidas por vínculo conyugal".

Y con respecto al punto 2, es: "Abordar el desarrollo previsto en el apartado 5 del Artículo 35, de la Ley 1/2007, de siete de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León, una vez se haya producido esta reforma". Porque aparte... en fin, es que yo creo que es lo más razonable.

Con respecto al Artículo 35.5, que dice: medidas de apoyo a las familias de Castilla y León, hay un apartado en el que se habla de las familias numerosas, pero que no es aplicable a este supuesto, porque no se trata de extender los beneficios de las familias numerosas a otros tipos de familias. En este sentido, esta... este otro tipo de familias vendría determinado por, por ejemplo, el riesgo de exclusión o la situación de especial vulnerabilidad, porque la unidad familiar está determinada como numerosa de antemano. Luego aplicar, en este sentido, este artículo, pues no tiene... no tiene sentido.

También es cierto que compartimos que el criterio que determina el acceso a la obtención del título de familia numerosa deba venir dado por el número de hijos y no por el vínculo con los progenitores. Es decir, que hay muchos puntos de encuentro, pero que, en cuestión de leyes, hay que ser ordenados, hay que ser prudentes y hay que ser sensatos; máxime cuando estamos hablando de temas socialmente sensibles y que pueden afectar pues a una... a un grupo de población pues muy representativo, ¿no?

Y sin más... Bueno, también me gustaría decirles que en una de... la primera Comunidad en la que se estableció esta regulación por Comunidades, que fue Cataluña, bueno, pues se produjo un fraude de ley con respecto a las parejas de hecho en... no en relación con este asunto, sino con problemas de extranjería, lo cual obligó a suspender este registro. Por lo tanto, insisto, hay que tratarlo con mucha sensatez, con mucho sentido común y pensando en lo que se hace. Y si lo primero va a derivar en mejoras y cambios en lo segundo, lo primero es la competencia del Estado y lo segundo es la competencia de la Comunidad, en este caso de Castilla y León. Nada más y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. ¿Antes de cerrar el debate y fijar el texto definitivo, necesitan un tiempo de receso? ¿No? Perfecto. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra la... como procuradora proponente, doña Ana María Muñoz de la Peña, por un tiempo máximo de diez minutos.


LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, presidenta. No es necesario el receso porque hemos intentado acordarla antes de iniciar el debate y, ciertamente, no ha habido entendimiento. Pero... bueno, en primer lugar, quiero agradecer al... el apoyo y el respaldo a Ciudadanos y a Podemos a la iniciativa.

Y voy a tratar de que se entienda qué es lo que pretendemos. El atajo... no pretendemos un atajo a la ley, pretendemos un atajo al camino, precisamente porque no hay ley, precisamente porque no hay ley, sobre todo porque no hay ley. Es lo que pretendemos, atajar el camino para que la discriminación que en este momento sufren las parejas de hecho que tienen familia numerosa deje de producirse, se equiparen en derechos al... a aquellas parejas que tienen una relación... que tienen un vínculo matrimonial.

Creo que el asunto está bien centrado, ciertamente está bien centrado. Los menores tienen los derechos, ciertamente, pero no así los progenitores, que solo lo tendría uno de ellos, porque se les consideran familias monoparentales, cuando en realidad hay un vínculo de pareja; no es una familia monoparental, hay un vínculo de pareja. Por tanto, a quien se le está restringiendo los derechos, en este caso, siempre es a uno de los progenitores. Normalmente a la mujer, porque hay... sabemos que hay titular y cotitular, hay titular y cotitular, normalmente la mujer, pero, bueno, en cualquier caso, es uno de ellos al que se le están restringiendo los derechos.

Uniones de hecho dice que no son equiparables al matrimonio. Pues, claro, precisamente ese es el problema, que... usted ha dicho que las uniones de hecho en ningún caso no son equiparables al matrimonio. Ese es el problema, que no son equiparables. Eso es lo que pretendemos, que sean equiparables. Que tengan exactamente los mismos derechos que tienen aquellas uniones con vínculo conyugal, con vínculo que... matrimonial, bien sea civil bien sea eclesiástico; en cualquiera de los casos, que tengan los mismos derechos. Lo que pretendemos, acabar con esa discriminación que sufren las parejas de hecho con familia numerosa.

"Lo más conveniente es acomodar la ley estatal", pues de acuerdo, claro, efectivamente, sí; siempre y cuando la tuviéramos. El problema está en que no hay una ley estatal. Hay una ley estatal del año dos mil tres, pero que no considera con los mismos derechos a las parejas de hecho que a las parejas matrimoniales. Por tanto, en tanto en cuanto, efectivamente, la ley estatal no se ajuste a la realidad social, a la realidad en las... de los nuevos modelos de familia que se han conformado en este país, que, efectivamente, son absolutamente legales, y no consideren terminar definitivamente con la discriminación que en este momento están sufriendo, evidentemente no... no puede ser.

Hacer las cosas bien es regularlo. Es lo que pretendemos, hacer las cosas bien y que se regulen. Y, ciertamente, aquí afirma... afirma una cosa que, bueno, es algo evidente, absolutamente evidente. Dice que lo da por el número de hijos, no por la relación de los padres. No, las familias numerosas, evidentemente, es por el número de hijos, pero también por la conformación de familia que tienen los padres. Porque los hijos tienen dos, normalmente, dos padres, padre y madre, o padre y padre, pero... [murmullos] ... o madre y madre, pero, hay una pareja, hay una pareja...


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Señorías, por favor, no generen un debate. Señorías... Señorías, por favor. Señora Cortés, señora Cortés, ya ha tenido su turno, no generemos un debate.


LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

... hay una pareja, siempre con los hijos. Por tanto, lo que estamos... lo que estamos planteando es que cuando hay una pareja no se discrimine a una parte del... a una parte de la pareja.

Mire, señoría, está fácil de arreglar. En tanto en cuanto no haya una ley estatal, vamos a regularlo en la Comunidad Autónoma. Podemos hacerlo, tenemos el camino perfectamente para hacerlo, que es modificando el Artículo 35, o aplicando el Artículo 35 y reglamentando el Artículo 35 de la Ley de Medidas de Apoyo a las Familias Numerosas en Castilla y León: "Reglamentariamente se podrá extender todos o algunos de los beneficios establecidos para las familias numerosas de la Comunidad a otros tipos de familia".

En el momento que nosotros desarrollemos con una orden, un decreto, el Artículo 35, automáticamente lo haremos. ¿Ciertamente tendrá validez solo en el territorio de la Comunidad Autónoma? Pues sí, como solo lo tienen los carnés que están expidiendo... expediendo aquellas doce Comunidades Autónomas que ya lo tienen resuelto, que lo han resuelto. Su carné solo vale para su territorio, evidentemente, no vale para todo el país, porque el problema deriva en que en España no se reconoce a las parejas de hecho como estado civil, no se les reconoce. Solo se reconoce los matrimonios eclesiásticos o religiosos y los matrimonios civiles, pero no a las parejas de hecho. Entonces, en tanto en cuanto no haya una normativa estatal que les otorgue sus derechos civiles a las parejas de hecho, no tendrán validez los carnés que expiden estas Comunidades Autónomas, que sí lo han resuelto, que sí lo han regulado, y que en sus territorios no se discrimina a una de las... a una parte de la pareja.

Por tanto, eso es lo único que pretende esta proposición no de ley, que, en tanto en cuanto no lo resuelva el Estado, por lo menos lo resolvamos en la Comunidad Autónoma.

¿Qué ocurre con la enmienda que nos plantean? Pues, muy sencillo. Pretenden en los tres puntos... al modificar los tres puntos, que digan lo... de los tres puntos, modificar los dos primeros, que digan lo mismo que el tercero. No tiene ningún sentido. Dice: una vez reformada la ley de familias numerosas, equiparar en la Comunidad... Claro, es que, si se reforma la ley de familias numerosas a nivel estatal, ya no necesitamos regularlo en la Comunidad. Ya tenemos el marco estatal acorde, por tanto nos sobra la ley en la Comunidad Autónoma; no necesitamos modificar las leyes autonómicas porque ya tenemos que aplicar la normativa estatal una vez modificada. Pero, en tanto en cuanto no se aplica una normativa estatal, nosotros tendremos que regularlo, y dar una solución a las parejas de hecho con familias numerosas y evitar que se siga discriminando su relación.

Dice que luego... claro, abordar el reglamento previsto... también hace referencia a la misma normativa estatal, que sí, que es... al final lo que dice el punto 3, que... solicitar al Gobierno de España remita a las Cortes un proyecto de ley de reforma de la Ley de Protección a las Familias Numerosas para que se proceda al reconocimiento. Pues, una vez que se haga la ley estatal, no necesitamos regular a nivel autonómico, pero, en tanto en cuanto, tendremos que utilizar el atajo que perfectamente las leyes autonómicas, la Ley 1/2007, de la Comunidad Autónoma, de familias numerosas, nos permite utilizar, nos permite utilizar el Artículo 35. No siga insistiéndome en que no, no siga insistiéndome en que no. Le leo de nuevo lo que dice el Artículo 35-entrecomillo-: "Reglamentariamente se podrá extender a todos... todos o algunos de los beneficios establecidos para familias numerosas de la Comunidad en el presente Capítulo a otros tipos de familia". Otros tipos de familia es una pareja de hecho. ¿O considera su señoría que una pareja de hecho no es una familia? ¡Ah! Esto es así, esto es así, esto es así. [Murmullos]. Por tanto, tenemos la puerta abierta en la Comunidad Autónoma; no necesitamos ni siquiera hacer... que, hombre, sería lo ideal, sería lo ideal, que la Comunidad Autónoma tuviera una ley de parejas de hecho, pero, a falta de la ley de pareja de hecho –que no la tenemos-, es un atajo mucho más rápido, un atajo mucho más rápido regular reglamentariamente el Artículo 35 de la Ley 1 del dos mil siete, y podríamos equiparar en derechos a las parejas de hecho con las parejas matrimoniales que tienen familia numerosa.

Esto es el único planteamiento y el único objeto que pretendía esta proposición no de ley y que pretende esta proposición no de ley, que es acabar con la discriminación que en este momento están sufriendo y que, siendo todos conscientes de ello, no podemos seguir consintiéndolo; entiendo que no debemos seguir consintiéndolo porque... hombre, en un país de derechos, ya basta de que se discrimine simplemente por la opción libre de cada pareja de conformar su familia según el modelo que consideren, que quieran o que puedan, en muchos casos, hacer. De manera que espero que recapaciten de aquí a la votación y modifiquen su voto el Partido Popular. Nada más, presidenta. Y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Entiendo, señoría, que el texto se queda como está. Vale. Pues como hemos comentado, la votación se hará al finalizar la sesión, antes de finalizar la sesión. Así que por la señora secretaria se dará lectura del tercer punto del orden del día.

PNL/001089


LA SECRETARIA (SEÑORA JIMÉNEZ CAMPANO):

Proposición No de Ley número 1089, presentada por los Procuradores doña Ana María Muñoz de la Peña González, doña María Josefa Díaz-Caneja Fernández, don Álvaro Lora Cumplido, don Jesús Guerrero Arroyo y doña Virginia Jiménez Campano, para instar a la Junta a solicitar al Gobierno que remita un Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Protección a las Familias Numerosas en los casos de unidades familiares surgidas tras la separación o el divorcio, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 204, de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Pues para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, la señora doña Ana María Muñoz de la Peña, por un tiempo máximo de diez minutos.


LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, presidenta. Nuevamente planteamos una iniciativa relacionada... relacionada con la que acabamos de debatir. Proviene... o como consecuencia, nuevamente, de la falta de regulación, de adaptación a la realidad social de... con formación de parejas y familias con la Ley 40 del año dos mil tres, de dieciocho de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

Nuevamente, se produce otra discriminación que afecta a todas las parejas –no solo a las parejas de hecho; afecta a todas-. Es... en este caso la discriminación se produce para las parejas separadas o divorciadas, independientemente del vínculo previo que tuvieran al conformar su relación, y, sobre todo, a las que, una vez separadas o divorciadas, conforman una nueva familia.

No es suficiente con ser familia numerosa; deben de estar reconocidas legalmente como tal mediante el título o acreditación con el carné que se expide por lo... a todos los miembros de la familia, incluidos en el título de familia numerosa. El reconocimiento legal conlleva derechos y obligaciones. La ley no permite que una parte de la pareja, una vez separado o divorciado, pueda ser computada en dos unidades familiares al mismo tiempo; solo una parte tendrá el carné de familia numerosa por los hijos que... de ambos, sean o no hijos comunes. Evidentemente, pueden ser hijos de la nueva pareja.

Así se plantean los problemas y las... aquí, de esta manera, es cuando se plantean los problemas y las desigualdades. Solo una parte de la pareja –separada o divorciada- obtendrá los beneficios que le otorga la condición de familia numerosa: aquel que empadrone a los hijos en su domicilio. Mientras que los gastos de manutención, escolarización y todos los que afectan a los hijos son compartidos por ambos miembros de la pareja. Comparten cargas y no comparten los beneficios que la ley otorga a las familias numerosas.

El problema surge por otorgarse el carné ya con criterios discriminatorios. Se otorga a parejas unidas por vínculo conyugal, excluyendo –como hemos visto en la iniciativa anterior- a las parejas de hecho, y se otorga a las dos partes con diferente rango... con diferente rango y condición: los ascendientes –padre, madre- figuran uno como titular y otro como cotitular.

Esta es la situación que planteamos en esta proposición no de ley y que da lugar a diversos y diferentes problemas en caso... en casos de separación o de divorcio; solo una parte de las parejas se beneficiará del carné de familia numerosa, no se tiene en cuenta los hijos con los que no conviva, aunque sí comparta la custodia y los gastos de manutención. Y si alguno de ellos conforma otra familia, sumando más hijos, no podrá solicitar un nuevo título, ni se le expedirá el carné que ya tiene su expareja. Además, si no hay acuerdo de los padres sobre los hijos que deban considerarse en la unidad familiar, operará el criterio de convivencia y empadronamiento; imperará siempre quien tiene la guardia y custodia, teniendo en cuenta que en muchos casos esta es compartida.

No insistiré más en los argumentos ya expuestos en la iniciativa anterior, absolutamente válidos para el nuevo caso de injusticia que genera la falta de adaptación a la realidad social y a la realidad de las nuevas familias de la ley estatal. Efectivamente, la Ley 40, de Protección a las Familias Numerosas, regula en el Artículo 3 las condiciones de familia numerosa. El apartado 3 establece que nadie podrá ser computado, a los efectos de la ley, en dos unidades familiares al mismo tiempo. Esta cláusula perjudica a las familias resultantes de una separación o divorcio con custodia compartida, ya que solo permite que uno de los progenitores pueda optar a la obtención del título acreditativo de familia numerosa y beneficiarse, lógicamente, de las bonificaciones o exenciones previstas para tal condición. Esta regulación resulta injusta, perjudicando a una de las partes, que comparte los gastos y cargas económicas con... por el cuidado de los hijos comunes sin poder optar a beneficio alguno por condición de familia numerosa, lo que genera situaciones de desigualdad y desprotección de la familia.

El Congreso de Diputados aprobó, en febrero del año dos mil siete, una proposición no de ley instando a la aplicación de las prestaciones por familia numerosa a todas las situaciones familiares de convivencia. Asimismo, fue admitida a trámite la proposición de ley de reforma de la Ley 40 del año dos mil tres, de Protección de las Familias Numerosas. No obstante, ninguna de las dos propuestas se ha cumplido, a pesar de la insistencia de la Defensora del Pueblo, incluso, a nivel autonómico, del Procurador del Común. Y cuando decida su señoría si va a contestar... escuchar, pues puede que siga.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Señora Muñoz, está en su turno. Usted continúe...


LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Por eso, como estoy en mi turno, lo uso, lo utilizo.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

... hasta que desde la Mesa de la Presidencia no le diga lo contrario.


LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Vale, presidenta. Mire, señoría, los hijos tienen dos padres, impepinablemente, y la condición de padre o madre es, desde luego, para toda la vida y no se... no puede obviarse ni condicionarse a la relación de pareja que tengan juntos o por separado, ni a la conformación del tipo de pareja que han decidido formar, ni al tipo de hogar que han decidido constituir tras el divorcio o la separación, en pareja o monoparental.

Los hijos, tal y como van las estadísticas, desde luego van... parece que son una raza a extinguir; la natalidad debe protegerse y debe incentivarse, no se pueden poner barreras que dificulten o no faciliten la natalidad, y la valentía de las parejas que deciden voluntariamente formar familias numerosas, desde luego, hay que recompensarlas, no podemos castigarlas ni discriminarlas. Es necesario revisar y actualizar la Ley de Protección a las Familias Numerosas, de manera que se reconozca la condición de familia numerosa a ambas unidades familiares, nacidas de la ruptura de la pareja, evitando, de esta manera, discriminaciones a las familias numerosas separadas o divorciadas con custodia compartida, y con ello se resuelva la desprotección que sufren, al menos, una parte de la nueva unidad familiar resultante tras la separación o el divorcio.

Por ello, planteamos la siguiente propuesta de resolución: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de España que remita a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Protección a las Familias Numerosas, que reconozca la condición de familia numerosa a las unidades familiares surgidas tras la separación o divorcio y que tienen custodia compartida, evitando de esta manera la discriminación que en estos momentos sufren estas familias". Esperando contar con el apoyo y respaldo de todos los grupos, por el momento nada más, presidenta.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. El Grupo Mixto sigue sin estar presente. Así que en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don José Ignacio Delgado.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, es una proposición no de ley, lógicamente, consecuencia de la anterior, y, sinceramente, vamos a decir lo mismo. Es una... en fin, estamos totalmente y absolutamente de acuerdo en primar, pues a los hijos -en este caso, a las familias numerosas-, y no poner ningún tipo de cortapisas.

Sí que me gustaría añadir desde Ciudadanos una cuestión que antes ha hecho alusión el Partido Popular. Efectivamente, la picaresca existe y debe... vamos, de hecho, es una cuestión evidente. Y los que hemos tenido algún cargo de responsabilidad... en fin, vemos como hay –digamos- todo tipo de relaciones sociales, matrimoniales, extramatrimoniales, etcétera, etcétera, y muchos de los casos, pues bueno, es una condición, pues, en fin, que se hacen una especie, digamos, de subterfugios, etcétera, pues para conseguir más subvenciones o menos subvenciones, depende la condición, digamos, o cualidad, ¿no?

Pero lo que está claro que es que los derechos, aun así, para eso sí que hemos exigido y dicho que están los servicios sociales, que, además, yo creo que son muy buenos en Castilla y León, que tienen que supervisar, por supuesto, y evitar pues cuestiones que a lo mejor no son las adecuadas. Eso es una cosa evidente, ¿no? Pero, aun así, digo, por supuesto, teniendo esas garantías a través de los servicios sociales, los derechos siempre hay que garantizarlos lo máximo posible, y mientras no venga esa ley estatal, que todos estamos de acuerdo en que hay que hacerla, pues, lógicamente, siempre hay que apoyar este tipo de soluciones, que, al fin y al cabo, lo que se trata es de dar más derechos, que ya las cargas y los deberes, efectivamente, los padres ya los tienen. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora doña Laura Domínguez.


LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bueno, pues creo que está casi todo dicho, ¿no?, y que, además, tiene que ver con la propuesta anterior, que bien hubiese podido ser una única propuesta. Se incurre en una desigualdad en cuestión de estas unidades familiares. Y, simplemente, poner de manifiesto, porque ha dicho la proponente "es impepinable que un... que los niños y niñas tienen una padre y una madre"; pues no, de hecho, yo creo que lo que se pone de manifiesto precisamente, con el debate de la propuesta anterior, es que hoy en día existen muchos tipos de familias muy diferentes, y que no todas tienen un padre y una madre, ¿no? Supongo que no se refería a eso, pero parece que, hasta cierto punto, estaba defendiendo que eso no podía ser así, ¿no? Entonces, simplemente, ese apunte.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias, señora Domínguez. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora doña Mar González.


LA SEÑORA GONZÁLEZ PEREDA:

Gracias, presidenta. Buenas tardes. A veces, el ser la última en intervenir tiene sus ventajas... [murmullos] ... tiene sus ventajas. Es verdad, y comparto con el resto de los portavoces que han intervenido, porque así se lo manifestamos al grupo proponente, que ambas dos proposiciones podrían venir juntas, porque es verdad que compartíamos... y, además, poderlas haber sacado por unanimidad, con orgullo, porque aquí no se trata de tirar de un lado o de otro, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá?, puesto que estamos hablando de padres, y aquí padres son -como bien ha dicho en este caso Podemos- incluso las familias monoparentales, que también lo son.

Dicho lo cual, hubiésemos, tal vez, si... porque el orden del día es el que ha sido en este caso, pero si hubiésemos empezado, posiblemente, por esta proposición no de ley que estamos defendiendo ahora, tal vez esa postura hubiese sido diferente, y... si ese debate se hubiese hecho conjuntamente. En principio, comparto todos los argumentos, como no podía ser de otro modo, que ha hecho en el anterior debate mi compañera Irene, y me parece que, además, han sido fantásticos los expuestos por su parte. Y en pura coherencia, y lo digo, es lo que lleva a este grupo a mantener, en dos debates que se ha querido que fuesen diferentes, la misma postura, sin modificar el debate anterior, que lo ha llevado una compañera, o el que en estos momentos, lógicamente, voy a llevar yo.

En primer lugar, sí que me gustaría... me gustaría decir que, respecto a la normativa sobre el reconocimiento de la situación familiar... de familia numerosa, viene determinada... -y es que, a ver si lo dejamos claro, porque se ha hecho un totum revolutum en que aquí parece que todo... y no todo vale, cada cosa hay que ajustarla al tema del que estamos hablando- es la Ley estatal 40/2003, a la que nos hemos venido refiriendo. Es cierto que después, en esta proposición no de ley, el Grupo Socialista se refiere al Artículo 3 de dicha ley, que yo no tengo nada que decir, porque, efectivamente, viene entrecomillado, y se dice lo que se dice, pero no se puede entresacar solo algunas partes de la redacción de una ley, habrá que hacer referencia a algunas cosas más.

En el Artículo 2.3 de la ley estatal se recoge que "A los efectos de esta ley, se considerarán ascendientes al padre, a la madre a los... ambos", y pone: si hay vínculo conyugal. Es muy importante. Por eso decíamos antes... Irene dijo: la modificación de la ley estatal; porque entendemos que se debe modificar y adaptarla a las nuevas situaciones.

El Artículo 2.2.c) del mismo texto legal establece que "el progenitor... –perdón- que el progenitor que opte por solicitar el reconocimiento de la condición de familia numerosa, proponiendo a estos efectos que se tenga en cuenta los hijos que no conviven en él –y esto es muy importante y usted no lo ha dicho, señora Muñoz-, deberá presentar la resolución judicial en la que se declare su obligación de prestarles alimentos". Algo que es francamente importante.

En función de lo dicho anterior, se recoge en el Decreto 1/2011 de nuestra Comunidad Autónoma, que es el decreto donde se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia numerosa, que, por otro lado, no puede más que venir ajustado a la ley estatal, de obligado cumplimiento. Por todo lo expuesto, es la ley estatal la que marca las pautas y los requisitos para reconocer la condición de familia numerosa, que debe ser, por otro lado, igual en todo el territorio español.

Una vez expuesta la regulación normativa existente, nosotros tenemos tres argumentos, que me parecen muy importantes, y que los voy a decir esquemáticamente para no alargarme mucho.

En primer lugar, que la regulación actual es cierto que no reconoce la condición de familia numerosa a las unidades familiares surgidas tras la separación o el divorcio -con lo cual, compartimos con usted sus argumentos- y que tienen custodia compartida, puesto que no hay convivencia con uno... hay convivencia con uno solo de los progenitores y no existe el pago de pensión de alimentos, puesto que la tienen compartida. Su justificación se basa en el que el título de familia es un activo más de la sociedad matrimonial que se ha disuelto por motivos de divorcios, y son los excónyuges quienes deben de pactar, según el convenio regulador en la separación o en el divorcio, quién va a solicitar este título de familia.

Entendemos por estos motivos... compartimos con usted que se debe de modificar la ley estatal, porque es verdad que la sociedad ha venido sufriendo cambios y la formación de familias o incluso la separación de las mismas nos ha traído a estas situaciones, y, por lo tanto, creemos necesario que se regule esa situación para que, al menos en los casos de custodia compartida, ambos cónyuges puedan... o los dos progenitores puedan disfrutar de esta situación.

En todo caso, y para terminar, aun diciéndole que vamos a apoyar su proposición no de ley, sí que quiero dejar claro que los hijos, en todo caso, siempre van a... van a estar en el título de familia numerosa, siempre van a estar como beneficiarios, y podrán acceder, como no puede ser de otro modo, a los derechos y los beneficios existentes para todas las familias numerosas. Nada más. Y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Pues para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la señora doña Ana María Muñoz de la Peña.


LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, presidenta. Pues, nuevamente, pues agradecer a los grupos el apoyo y el respaldo. Y estoy de acuerdo totalmente –se ha marchado- con el portavoz de Ciudadanos cuando dice que las trampas no pueden restringir derechos, y, ciertamente, porque alguien utilice la ley para aprovechamiento personal, para mentir o para falsear, bueno, pues, porque alguien lo haga, no vamos a restringir los derechos que esa ley ampara al resto de personas, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de tener un buen sistema y unos buenos mecanismos de vigilancia, control y, desde luego, de penalización a esa mala utilización de la ley. Totalmente de acuerdo con lo que plantea.

Y, bueno, ciertamente, cuando yo digo que los niños siempre tienen padre y madre, impepinablemente, evidentemente me refiero a un tema biológico, no luego ya de conformación de familia, que es distinto. Impepinablemente, biológicamente los niños tienen padre y madre. Luego, el tipo de familia que se conforme en torno a los hijos, pues, evidentemente, hay mil modelos y mil posibilidades distintas de conformación de estas familias. Y esa es la realidad social, que hay mil modelos de familia distintos, diferentes formas de familia que la ley tiene que amparar también y que no... una pareja no puede sufrir una discriminación por el modelo de familia que ha optado tener. Evidentemente, tenemos que garantizar los derechos civiles a todas las personas y a todas las parejas, independientemente del modelo de pareja que hayan decidido tener -matrimonio religioso, matrimonio civil, una pareja de hecho-, independientemente del tipo de sexo que tenga cada una de los componentes de la pareja. Entonces, a partir de ahí, ese es el planteamiento.

¿Por qué planteamos estas dos iniciativas separadas, separadas? Ciertamente, coinciden las dos en una cosa, en que hay una discriminación por razón de conformación de pareja; y coinciden en una cosa, en modificar la ley de familias numerosas para evitar la discriminación que están sufriendo estas parejas con familia numerosa porque han optado por un modelo de pareja que no contempla la Ley 40 del año dos mil tres. Pero coinciden hasta ahí, nada más: pedimos la modificación de la Ley 40 del año dos mil tres. Coinciden en eso. Por lo demás, son absolutamente distintas. La primera que debatimos afecta solo y exclusivamente a las parejas de hecho, y esta segunda afecta a cualquier tipo de pareja que se separe o se divorcie, independientemente del vínculo conyugal o el vínculo de pareja que hubieran optado y del que se están separando, o con el nuevo que estén conformando. Por tanto, los afectados, en este caso, son absolutamente distintos. Bien. Hombre, los argumentos que ha dado la portavoz venían a hacer referencia a la anterior.

Y sigo insistiendo, ¿por qué las presentamos separadas? Porque esta no tiene otro camino más que modificar la ley estatal. Y, como no tiene otro camino más que modificar la ley estatal, evidentemente es el planteamiento que hacemos. Pero la anterior sí tiene un atajo, sí tiene un atajo. Tiene un atajo y tiene un camino propio, que la Comunidad Autónoma, que la Junta de Castilla y León, si quiere, puede optar por él sin necesidad de modificar la ley estatal. Esta es la razón por la que se presentan separadas y por la que las debatimos de forma separada.

Hay una posibilidad, porque la primera iniciativa en Castilla y León se puede resolver, y se puede resolver porque el problema, ciertamente, emana del Artículo 3, que solo considera pareja aquellas que tienen un vínculo matrimonial. El Artículo 3 de la ley estatal de familias numerosas solo considera aquellas con vínculo matrimonial.

Pero se olvida y obvia la portavoz del Partido Popular que la Ley 1/2007, de familias numerosas, de Protección a las Familias Numerosas en Castilla y León, el Artículo 35 establece, y no voy a repetir el debate anterior, que hay otros modelos de familia que reglamentariamente se pueden incluir en la ley de familias numerosas. Ese es el atajo del que hablábamos, y ese es el atajo que pedíamos que se resolviera, y que Castilla y León puede resolver sin necesidad de modificar la ley estatal.

Por eso, estas dos iniciativas son absolutamente distintas, porque una tiene posibilidades de que la Comunidad Autónoma actúe, de que la Junta actúe, sin necesidad de ley estatal y sin necesidad de modificar la ley estatal, y en el segundo caso no hay posibilidad de que la Comunidad Autónoma, con la normativa actualmente en vigor, pueda regularlo y pueda hacerlo. Por tanto, ahí planteamos la modificación directamente de la ley estatal.

De manera que, bueno, muchas gracias por el apoyo y el respaldo. Y, si somos capaces de que la ley estatal sea modificada, bueno, pues celebraremos todos que se solucione una discriminación que en estos momentos sufren las parejas de hecho, que es injusta, injusta, y, en un estado de derecho, a estas alturas del siglo XXI no debe permitirse ni debemos ser cómplices de que se pueda permitir. Nada más, presidenta. Y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Pues, como procederemos a la votación al final, por la señora secretaria se dará lectura del cuarto punto del orden del día.

PNL/001111


LA SECRETARIA (SEÑORA JIMÉNEZ CAMPANO):

Proposición No de Ley número 1111, presentada por las Procuradoras doña Laura Domínguez Arroyo y doña María Josefa Rodríguez Tobal, para instar a la Junta a introducir en los nuevos criterios de acreditación de las entidades que prestan la ayuda a domicilio los elementos que se detallan, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 204, de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes y por un tiempo máximo de diez minutos, la señora doña Laura Domínguez.


LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bien. Gracias, presidenta. Bueno, pues, en primer lugar, explicar algo de lo que supongo que ya se habrán dado cuenta, que es que esta propuesta fue redactada en noviembre de dos mil dieciséis, un momento en que la Consejería de Familia había anunciado que iba a exigir una acreditación a las entidades que prestasen el servicio de ayuda a domicilio. Y hicimos la propuesta en ese marco, con la idea de que los puntos aquí integrados sirvieran como una aportación que nacía no de este grupo en exclusiva, sino de las conversaciones también mantenidas con las trabajadoras de ayuda a domicilio de las distintas provincias.

Pero, bueno, debatimos esta propuesta seis meses después, y el marco es muy diferente, pues la Orden prometida ya ha sido publicada en el BOCYL el pasado treinta y uno de marzo, sin que -¡sorpresa!- se hayan tenido en cuenta las propuestas de este grupo parlamentario, ni de ningún otro, claro.

Podríamos haber retirado la propuesta, teniendo en cuenta que, evidentemente, ya no se pueden incluir estas reivindicaciones como tal en la Orden, pero no lo hemos hecho porque consideramos que es un debate que debe seguir estando encima de la mesa, ya que el servicio de ayuda a domicilio ha sido uno de los más maltratados por parte de la Consejería de Familia: recortes, altos copagos, familias que deciden prescindir del servicio público y acogerse a lo privado, pues les sale más rentable, malas condiciones laborales para las trabajadoras por distintas circunstancias, desigualdades entre provincias y entre mundo rural y mundo urbano. Este es el resumen nefasto de esta prestación y cómo ha sido gestionado por la Junta.

El anuncio de que iba a llegar dicha acreditación pues nos pareció fascinante. Después de tantos años de existencia del servicio, a alguien en su Consejería se le encendió una bombillita de que quizá la calidad de las empresas que lo prestaban no estaba lo suficientemente acreditada. Genera inquietud pensar cómo se ha evaluado hasta ahora la corrección, la calidad y el coste del servicio. Pero, bueno, bienvenidas sean las mejoras, si esto significa mejorar realmente.

Y, bueno, me imagino que, entre otras cosas, me dirán que esta Orden nace desde el consenso con el diálogo social, y cabe recordar dos cuestiones: la primera de ellas es que el diálogo social no es toda la sociedad civil organizada; y, la segunda de ellas, que lo que ustedes llaman consenso o acuerdo nosotros lo llamamos negociación, y en las negociaciones uno cede y el otro aplasta, y a eso no se le llama consenso.

El contenido de esta proposición lo podríamos resumir un poco en tres bloques: por un lado, el derecho a la calidad del servicio para los y las usuarias; por otro lado, los derechos laborales para las trabajadoras; y, por último, la evaluación de la acreditación para las empresas, pues como un bloque, evidentemente, central.

Empiezo por esto último, dado que es una cuestión que ha quedado reflejada en su propia Orden y con mayor asiduidad de lo que planteábamos nosotros, que no quiere decir que eso sea mayor control. Y es que se da la situación de que este servicio, al estar descentralizado en los municipios, supone que la Consejería pues no tiene ninguna capacidad de ejercer control sobre ellos. Y, ojo, que no hablamos de ejercer control sobre los municipios que invaliden sus capacidades ejecutivas y de gestión, pero sí en establecer desde la Consejería criterios homogéneos que impidan, por ejemplo, la diferencia de precios de la prestación. Porque convendrán conmigo que no es lógico que se paguen casi dos euros de diferencia por hora entre Soria y Burgos, o uno entre Burgos capital y los municipios que se gestionan desde la diputación. Al igual que convendrán conmigo que no puede ser que las condiciones laborales, por ejemplo, de las trabajadoras de León las hayan llevado a manifestarse en las últimas semanas por la parcialidad y precariedad que rodea a sus contratos, mientras que en Burgos, por ejemplo, han sufrido el arrastre de horas que, gracias a nuestro grupo en el ayuntamiento han sido finalmente eliminadas del pliego, y la Consejería no hace ningún control sobre esta contratación.

Precisamente, esto me sirve para enlazar para... con una de las cuestiones que queríamos dirimir con esta propuesta: garantizar los derechos laborales de las trabajadoras, y que no han tenido ninguna cabida en la Orden aprobada. Y es que en esta materia existen dos valores supremos: por uno, estarían los y las usuarias y su bienestar y, por otro, las trabajadoras y la necesidad de garantizar su derecho a un trabajo digno. Y, en este sentido, introducíamos el punto 8 para garantizar dichos derechos; también el punto 10, para garantizar que la Gerencia pudiera hacer un seguimiento que, como ya he dicho antes, pues es complejo, dado que no se gestiona directamente y se gestiona por los municipios.

Sin embargo, nada de esto, como ya he dicho, aparece en la Orden aprobada, que apenas se refiere a las trabajadoras, como si fueran un elemento ajeno a este servicio, cuando son ellas las que en última instancia mantienen la calidad, muchas veces en detrimento de sus propias vidas y derechos, volando, literalmente, de unas casas a otras, interrumpiendo su vida personal para poder atender a la demanda, con sueldos y tiempos parciales e inmersas en contratos precarios.

Otra cuestión que debo añadir aquí es que se va a exigir a las empresas la acreditación profesional, y, teniendo en cuenta que van tarde, pues en dos mil quince deberían estar el 100 % acreditadas y han tenido que ampliar el plazo, y llevan ni la mitad, teniendo que finalizar en dos mil diecisiete, han dejado abierto un proceso que ahora van a pretender exigir a las empresas, cuando los responsables de llevarlo a cabo hubiesen sido ustedes, se lo van a exigir a las empresas, que evidentemente no van a poder hacerlo, y lo que va a suceder es simplemente que las personas no acreditadas seguirán trabajando, como lo han hecho hasta ahora, al margen de la incompetencia de la Junta para no dar abasto para acreditarlas.

Por otro lado, situamos a los y las usuarias, que aquí creo que es el elemento que más se ha respetado en la Orden, es a lo que más se refiere, hay varios conceptos que se refieren a ello (información, hojas de reclamaciones, acuerdo con la persona usuaria). Y simplemente un apunte: las personas usuarias, con unos copagos que son inasumibles, pues hacen que recurran al servicio privado para que sea más barato; evidentemente, esto no se va a solucionar con la acreditación de calidad de las empresas, pero es algo a tener en cuenta.

Por último, pues la mayor parte de las referencias son, evidentemente, a las características que van a tener dichas empresas. Consideramos que en la Orden también han incluido una parte de los puntos propuestos, pero no otros que son básicos, por ejemplo la inclusión de cláusulas sociales, entendidas en un sentido amplio. Les recuerdo que la Orden que rige las cláusulas sociales en Castilla y León no solo se refiere a la discapacidad o al porcentaje de personas con discapacidad, sino que es muchísimo más amplio, y, de hecho, la debatimos aquí en un momento, la capacidad para poder hacerla aún más amplia, y, sin embargo, no se cumple en la mayor parte de contratación de la Comunidad Autónoma, y, por supuesto, tampoco en la contratación en ayuda a domicilio. Y, además, no queda claro que el plan de calidad que se exige sea acorde a la normativa europea. Y ya se lo digo, que una parte de los contratos realizados en esta Comunidad no cumpliría con los derechos laborales de las trabajadoras ni con cuestiones relacionadas con la asistencia a los y las usuarias.

Y algo que sí que se han dejado totalmente en el tintero es la existencia de planes específicos para el medio rural, porque diputaciones y entidades municipales de distintos tamaños no tienen, obviamente, el mismo funcionamiento, dado que se aplican en sesgos poblacionales muy distintos, y, por tanto, no pueden tener las mismas características en la capital que en municipios menores. Y no hay ninguna previsión de que en las entidades menores, y, por ende, contratadas desde las diputaciones, se haga un planteamiento distinto, y, consecuentemente, pues no pueden abordar el servicio de la misma manera en una ciudad que en una entidad menor.

Y, bueno, no quería dejar de señalar que, por supuesto, para este grupo parlamentario nos gustaría que la gestión fuese directa, que no hubiese empresas intermediarias, y que, evidentemente, esta propuesta nace porque de hecho son las empresas las que lo están gestionando, pero que, en todo caso, nosotros siempre defenderemos la gestión pública de todos los servicios y de todas las prestaciones relacionadas con dependencia.

Y ya, pues un último apunte sobre el control. Según el Artículo 9.a), cada año se revisará el cumplimiento. Y me gustaría saber si esto va a seguir un procedimiento de plantilla, como se hacen los seguimientos en esta Comunidad, o se va a presentar una verdadera memoria, que se supone que sí, que eso es lo que pone, pero también se supone que se hace con los Premios Óptima y con el seguimiento del Plan de Igualdad y con la contratación de comedores en residencias públicas, y todo eso no existe. Pues, bueno, las memorias brillan por su ausencia, así que por eso no me fío mucho de que, aunque lo ponga en la Orden, se vaya a cumplir posteriormente.

Entonces, bueno, en resumen y como conclusión, podemos considerar que algunas de las cuestiones que planteamos aquí ya están en la Orden que se ha aprobado, pero en otra parte, y, por tanto, creyendo que aún pueden ser objeto de debate y posteriormente de aplicación dentro de lo ya aprobado, pues lo ponemos aquí de manifiesto. Y eso es todo. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. El Grupo Mixto no se encuentra. Así que, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don José Ignacio Delgado.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señora presidenta. Brevemente. Yo, sinceramente, la ponente ha dicho que, efectivamente, lo podía haber retirado. Yo, después de que ya se hizo la Orden y que además –como ella bien ha dicho- también están, lógicamente, con todos los pactos social que ha habido, pues hombre, sinceramente, todo es mejorable, y de lo que se trata, y yo siempre decimos, que esta nueva Orden también, efectivamente, yo creo que en su amplitud pues tiene... recoge muchas cosas. Ahora la cuestión es que seamos todos capaces –como decimos desde Ciudadanos- de que se cumpla y que, efectivamente, haya un seguimiento de verdad. Y estamos total y absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir, que esas memorias anuales sean de verdad una memoria, y que esas entidades que se dedican a ayuda a domicilio, etcétera, a estos servicios, pues realmente haya una... –digamos- una continuidad, una trazabilidad y se las pueda supervisar debidamente.

Pero, mire, ha hecho una referencia al mundo rural, y yo que, como bien sabe usted también, que somos de ese mundo, sinceramente, le puedo asegurar y decir que sin la colaboración con las entidades –digamos- privadas, o la iniciativa privada, es imposible acceder a este tipo de servicios. Lo que está claro es que hay que regularlo bien, garantizar que esos derechos se cumplan. Y estamos total y absolutamente también de acuerdo esa vigilancia de que, efectivamente, esos dos euros que ha puesto, por ejemplo, de manifiesto de un usuario a otro, es totalmente creemos que inadmisible, es decir, porque, lógicamente, aquel que tiene una percepción de derechos tiene que estar en las mismas condiciones y capacidades que los demás.

Y en ese sentido, hombre, yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, entre todos, y por supuesto, vigilar que se cumpla esta nueva Orden, intentar que en ese diálogo social, lógicamente, que estamos total y absolutamente de acuerdo que los trabajadores y trabajadoras tienen que estar debidamente atendidos y garantizados sus servicios. Y además, que son unos servicios –digamos- de una especialidad que muchas veces tienen que tener una carga vocacional más que evidente, porque, en fin, así lo requiere. Y vamos, desde luego, en todas las provincias tienen que tener los mismos criterios, en todos los municipios tienen que existir los mismos derechos. En ese sentido, también hemos denunciado a veces desde Ciudadanos como, depende qué ayudas había desde diferentes diputaciones, unos usuarios... perdón, dependiendo de qué provincia se viva, tenían más requisitos que otros, o –digamos- más beneficios. En este sentido, pues la verdad, nos vamos a abstener en esta proposición no de ley.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don Jesús Guerrero.


EL SEÑOR GUERRERO ARROYO:

Gracias, presidenta. Bien, compartimos varias de las valoraciones que se han expresado en los antecedentes de la PNL y en la propia exposición, como se puede comprobar pues en las intervenciones del Grupo Socialista a lo largo de los últimos años, ¿no?, en estas Cortes de Castilla y León. Desde luego, todo lo referente a la contratación que se expresa en los antecedentes de la PNL respecto a los recortes aplicados por el Partido Popular desde el año dos mil doce y, sobre todo, sobre los efectos perniciosos sobre las personas, ¿no?, que se han dado.

Una discrepancia -que creo que es importante- en el contenido en cuanto en los antecedentes se habla del acierto de la descentralización del servicio ante las entidades locales. Bien, el Grupo Socialista viene exigiendo desde hace muchos años en estas Cortes, pero también en los grupos provinciales, en diputaciones y en los Grupos Socialistas de los municipios de más de 20.000 habitantes, varias cosas.

Primero, diligencia en las transferencias de recursos de la Consejería a las entidades locales, que a veces se han retrasado casi un ejercicio completo. Y lo habitual en los últimos años ha sido, al menos, medio año desde que se firma el convenio de cofinanciación de los servicios sociales hasta que se realizan las transferencias, teniendo las entidades locales que adelantar millones de euros, sobre todo para poder prestar el servicio de ayuda a domicilio en condiciones.

Yo conozco bien la Diputación de Palencia por mi situación anterior como portavoz en esa Diputación, y en el caso... y en ese caso, la Diputación de Palencia tenía que adelantar hasta 5.000.000 de euros de sus propios recursos para financiar el sostenimiento del servicio de ayuda a domicilio, mientras la Junta resolvía sus problemas de tesorería, o lo que fuera, para hacer la transferencia. Y esos 5.000.000, por ejemplo, teniendo en cuenta la Diputación de Palencia, era la mitad de los planes provinciales. Con lo cual, pongo esa proporción para que veamos lo importante. La Junta ha abusado en exceso, en este asunto, de transferir en tiempo y forma las cantidades que se compromete en los convenios de cofinanciación, por eso... desde hace muchos años. Por eso hablo... entiendo el sentido de la propuesta, ¿eh?, de la afirmación, mejor dicho, pero en este caso la descentralización yo entiendo, con la experiencia que hemos tenido desde el Grupo Socialista, que no es positivo, porque lo único que ha sido positivo ha sido que las entidades locales han estado financiando a la Junta de Castilla y León el servicio de ayuda a domicilio durante mucho tiempo. Como sé que el Grupo Podemos quiere presentarse a las elecciones municipales en las próximas convocatorias, eso lo van a aprender ellos de primera mano, si tienen representación, y lo van a comprobar, que el Grupo Socialista lleva mucho tiempo, en ese sentido, reivindicándolo, ¿no?

Y en segundo lugar, también, o en otro sentido, también creemos que, al menos en las diputaciones, hemos estado defendiendo en todos los ámbitos –repito-, y al menos en las diputaciones, que el servicio de ayuda a domicilio se incentive también en los pliegos y, en definitiva, en las bases que se preparen, y en las posibilidades legales que se abren en la ordenación del servicio, que se pueda incentivar la creación de cooperativas de trabajadores y trabajadoras del servicio o de pequeñas empresas por comarcas, ¿eh? Esto hemos entendido siempre que es muy importante como factor también de lucha contra la despoblación, y como la manera de crear y ayudar a crear tejido empresarial y de apoyo a los colectivos en el medio rural, ¿no?, como lucha contra la despoblación.

Al final, como se sacan los pliegos, y se sacan las contratas siempre a nivel provincial, hablo de las diputaciones, a las que están... que se tienen que dedicar a los municipios de menos de 20.000 habitantes, pues eso significa que son las grandes empresas, casi siempre multinacionales, las que se llevan normalmente esos pliegos. En la Diputación de Palencia, todos los municipios, menos la capital, estarían en este ámbito de la diputación. Por poner... sigo poniendo ese ejemplo que repito que desconozco, pero que seguro que podemos hablar de más provincias, de más diputaciones.

Por lo tanto, es en ese sentido... creo que también hay que... hay que decirlo, porque es verdad que dentro de la Orden de Familia que se ha citado se recogen muchos de los puntos que están en la propuesta del Grupo Podemos, pero ese concreto, de un tratamiento específico al medio rural, no, ¿eh?, no, ¿eh? Y, en ese sentido, pues nos parece muy importante –repito-, porque también nosotros lo hemos defendido, y desde hace mucho tiempo, en distintos ámbitos.

Bien, centrando en las peticiones concretas, como ha reconocido la ponente, la PNL se presentó en noviembre, y, evidentemente, la Orden de Familia del veinte de marzo, pues recoge muchas de las... de los planteamientos que vienen expresados en la propuesta. Nosotros tenemos que decir también que creo que... creemos que la Consejería se lo ha tomado con mucha calma y que verdaderamente se merecía también un cierto reproche político por esa lentitud en sacar esta... esta Orden. Hay otras Comunidades Autónomas que han hecho los deberes con muchos meses de antelación. Solo pongo un ejemplo: la Junta de Extremadura sacó una Orden similar, más amplia, que completa... que contempla todos los puntos, por ejemplo, referidos a la... al tema social y al tema del medio rural, el dieciséis de agosto del año pasado, ¿eh? En fin, yo creo que la Junta ha ido aquí tarde, ¿eh?, y encima no recoge todos los planteamientos que nosotros también valoramos positivamente en esta propuesta de Podemos.

Y, por lo tanto, como creemos que la Orden de Familia 219/2017, de veinte de marzo -que es de la que estamos hablando-, no recoge al cien por cien estas peticiones en la propuesta de Podemos, que nosotros compartimos, pues entendemos que perfectamente se puede mantener la propuesta, y, en ese sentido, la vamos a apoyar; recalcando que, efectivamente, el punto cuarto, referido a la necesidad de que se garantice que las entidades integren cláusulas sociales en la contratación, y el sexto de... para disponer de un plan específico para el mundo rural, de cara a garantizar el acceso igualitario, pues entendemos que son muy importantes desde la valoración que hace el Grupo Socialista, y, en ese sentido, apoyaremos la propuesta del Grupo Podemos. Nada más.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora doña Rosa Valdeón.


LA SEÑORA VALDEÓN SANTIAGO:

Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero darles las gracias por la PNL, aunque, efectivamente, tengo que reconocer –como ha dicho la portavoz del Grupo Podemos- que, efectivamente, en el momento que se planteó tenía mucho más sentido que el que tiene ahora, cuando ya está publicada la Orden.

Pero, bueno, sí creo que tenemos que quizá abstraernos de esa cuestión teórica y reconocer que si han hecho esta PNL y la siguen manteniendo, pues, en el fondo, se está reconociendo que es un servicio esencial, dentro de los servicios sociales. Es uno de los servicios más demandados, en los que –como también decía el portavoz del Grupo Ciudadanos- todo puede ser mejorable, pero que, afortunadamente, nuestra Comunidad Autónoma tiene una larga trayectoria, y, sin ser la primera, que dice... como ha dicho el portavoz socialista -Extremadura ya la tenía-, pero somos de las primeras Comunidades Autónomas que en este momento se han regulado. Es decir, que no estamos hablando de ser los últimos de la fila ni estamos hablando de ser pioneros. Es algo que se ha hecho, y se ha hecho en base también a ese acuerdo del diálogo social.

Pero cierto es que antes, como Programa de Gobierno, el presidente Herrera ya lo había planteado -era algo previsto, algo pendiente-, aunque se materializó de una forma concreta en esos acuerdos del diálogo social y posteriormente en esta Orden. Creo que, en este momento, lo que deja muy claro es que garantiza una serie de niveles pues de calidad, de profesionalidad, porque establece criterios, estándares, etcétera.

Quiero decirle que se ha hecho en... esta Orden se ha hecho en consenso con las corporaciones locales. Aquí podemos tener diferentes criterios. Las corporaciones locales, lógicamente, tienen su autonomía, y aquí estamos muchas personas vinculadas a ellos, y yo sí creo que es una de las... servicios más cercanos a las personas y, por tanto, las corporaciones locales, tanto ayuntamientos como diputaciones, son quienes lo pueden hacer quizá con esa mayor personalización. Por eso, yo defiendo, aun asumiendo las críticas del Grupo Socialista, que es cierto que a veces los ayuntamientos reciben más tarde el dinero, aun asumiendo esa crítica, creo que es un servicio que está bien prestado en general por las Administraciones locales. Como les digo, de hecho, se ha hecho en consenso con ellos; no solo ya con el diálogo social, sino con las propias corporaciones.

La ley lo que hace es regular pues muchos de esos diez puntos que el grupo proponente, el Grupo Podemos, plantea aquí. Define los criterios de acreditación, define que cuál es la entidad que acredita los mismos, las condiciones, los medios técnicos, los medios humanos, las condiciones de calidad, los efectos que tiene esa acreditación. Es decir, que, hoy por hoy, lo que está garantizando esta Orden es que el servicio de ayuda a domicilio sea de calidad tanto si es el servicio que lo solicita la persona como en el caso de que esté... sea a través de una prestación vinculada.

La financiación se ha incrementado en los últimos años. En su introducción hablan de los recortes; no podemos negar que durante unos años no se ha incrementado, pero este último año en concreto ya ha habido 8,1 millones más para este servicio directamente. Se sigue impulsando, pues Castilla y León tiene una... en este caso, tiene unas cuantías máximas por encima de las previstas en la normativa estatal. Y, además, hay un hecho que es diferencial en Castilla y León y que es compatible con otra serie de prestaciones de servicios sociales, es decir, de centros de día, etcétera.

Vuelvo a decirles que se ha consensuado, pero no solamente en este momento de la Orden; en el año dos mil nueve, es decir, en la anterior legislatura, ya se habló con las corporaciones locales para intentar acordar de alguna forma los criterios, sobre todo en aspectos tan sensibles como puede ser el copago, para que todas aplicaran lo mismo, y tenían después que trasladarlo a sus respectivas ordenanzas locales. Hoy por hoy, creo que todas las corporaciones locales pues, dentro de unas reuniones -que además recuerdo, y en ese caso no estaba en el lado de la Junta, sino que estábamos en el lado de las corporaciones locales-, pues que fueron difíciles, pero es cierto que había una diferencia pues de aportaciones, de criterios, muy importante en función de la decisión del ayuntamiento o de la diputación de turno. Eso, en base a ese consenso, se hizo y se trasladó a las ordenanzas locales. Es decir, que puede haber pequeñas discrepancias o lugares en los que no... bueno, pues que no llegue con la misma intensidad, pero, desde luego, todo eso está escrito. No solamente con la ayuda a domicilio, sino también en el caso de la teleasistencia.

Como les digo, hoy por hoy, es un servicio de calidad, y lo decimos porque lo valoran así los ciudadanos, aparte de las entidades –que ustedes saben-. No existe demora. En Castilla y León en particular tenemos ahora mismo que se está atendiendo al 99,47 % de los dependientes de Grado I y III; y se han... y en la media nacional es del 38,79. Sigue siendo... el 16 % de la media nacional eligen la ayuda a domicilio; aquí la eligen el 20 %. Si los ciudadanos la eligen saben ustedes que será por algo, porque estarán satisfechos. Son 4.500 los profesionales que lo están llevando a cabo en este momento. Son 280 los que se incorporaron en el año anterior, es decir, un 5 % de incremento. Probablemente haya que seguir aumentándolo. Pueden seguir existiendo diferencias de convenio por aquella razón que les decía antes, pues porque se presta a través de las entidades locales, y quizá la diferencia entre los trabajadores puede existir por esa... por ese matiz, pero no la diferencia en cuanto a copago y en cuanto a los usuarios. Ahí, como les digo, se mantiene el hecho de intentar unificar, que se hizo en el dos mil nueve, y que esta Orden pues viene a ratificar lo que es esa uniformidad, podríamos decir, que en ningún momento el ciudadano de... independientemente del lugar donde viva, pues reciba la misma prestación.

Si el grupo proponente lo tiene a bien, planteábamos... –y desde luego respetamos lo que consideren oportuno- planteábamos la posibilidad de una votación separada. Porque, de los diez puntos, le puedo decir que hay cuatro que se pueden aceptar totalmente, es decir, el 1, el 2, el 7 y el 9.

Y proponíamos o nos gustaría proponer una serie de enmiendas, que quizá no sean tanto enmiendas de fondo como de forma; es decir, se las relato de una forma... se lo he comentado al grupo proponente, pero se lo relato a todos los demás.

La enmienda al grupo 3 está hablando de... bueno, de la cualificación... de certificar que el personal ha estado ya trabajando... es decir, una experiencia mínima. Nosotros entendemos que en ese caso pues se vulnera la libre competencia, es decir, puede haber quien acreditando que cumple los servicios técnicos no tenga experiencia, pero no tiene por qué no hacerlo con calidad.

En el caso del grupo 4.º, del punto 4.º, se acuerda con las corporaciones locales la elaboración de un documento de bases para la redacción de los pliegos de contratación. Aquí chocamos con lo que es la autonomía municipal. Es decir, nosotros nos parece lógico y podríamos sugerirle a las corporaciones locales que lo hagan, pero, evidentemente, queda en su potestad.

En el punto 5 se habla de disponer de un plan de gestión de calidad como obligatorio para la acreditación del servicio, de acuerdo a estándares internacionales. Aquí nos hemos encontrado con que no existen estándares internacionales, existen unas recomendaciones de la OCDE que las podríamos aplicar, pero, como tal, no existe una regulación, y por eso, pues lo dejábamos un poco pues atendiendo a las recomendaciones –que puede ser- de organismos internacionales, pero no existe legislación.

Y en cuanto al punto 10, pues habla de esos controles. Nosotros lo que planteábamos era asegurarnos de que las entidades que lo presten pues remitan a la Gerencia de Servicios Sociales el plan de gestión, que sean objeto de la actividad inspectora y que se verifique que sigan cumpliendo los requisitos de la acreditación. Es decir, una vez acreditados, que se sigan verificando.

El punto 6 y el 8 es en los que no... entendemos que no estaríamos de acuerdo, por una razón: porque el punto 6 –vuelvo a reiterar- es lo que les decíamos, pues que la acreditación se realiza de forma objetiva, es decir, ahí es en base... pero el dónde se prestan corresponde a las corporaciones locales (diputaciones y ayuntamientos); y el punto 8 –en el que se habla de esos aspectos, como los... la ausencia de conflictos laborales- entendemos que esta Orden no puede entrar en una legislación laboral o en un conflicto laboral, es decir, si una empresa tiene un conflicto laboral, tendrá que acudir a la autoridad laboral para que lo resuelva, pero eso no puede ser un criterio de exclusión a priori en el caso de la Junta.

Por eso les digo que en el caso de que admitan votación separada, pues apoyaríamos cuatro puntos, enmendaríamos en esos matices que le digo otros cuatro, y los que no estaríamos de acuerdo son los que les he comentado: el 6, por la autonomía de las entidades locales, y el 8 por aquello de entender que la... que los conflictos laborales no pueden entrar en esta Orden. Es cuanto les tengo que decir. Y muchísimas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo... [Murmullos]. Vale, pues un receso. Un receso de dos minutos, ¿vale?

[Se suspende la sesión durante unos minutos].


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Bueno, pues reanudamos la sesión. Y ahora sí, para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la señora doña Laura Domínguez.


LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Buenos, pues gracias. Voy a fijar la posición, y así, si me quedo sin tiempo, la presidenta no me echa la bronca. Bueno, aceptaríamos las enmiendas planteadas por el Partido Popular, que son al punto 3, 4 y 5. Ahora se lo pasamos a la letrada. ¿No? 3, 4 y 5. Y la votación por separada... por separado del 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10, en un bloque, y el 6 y el 8 en otro bloque. Y con... y, evidentemente, el texto como queda.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Vale. Entonces, si no... si no he entendido mal, o sea, se votaría por... en un bloque el 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10, y luego, aparte, las que...


LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Por otro el 6 y el 8.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

... las que se votan negativamente por parte del Grupo Popular, que serían el 6 y el 8, ¿no?


LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Por separado el 6 y el 8, sí. Y con las enmiendas a los puntos que he dicho.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Aceptando las enmiendas a los puntos... a los puntos que los... que enmendaba. Vale.


LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Eso es.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Perfecto.


LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Y bueno, ya pues simplemente explicar... también... bueno, lo primero, explicar que, dado que la Orden ya está aprobada, pues, evidentemente, no cabe mucho más a debate algunas de las cuestiones, ¿no? Por eso también aprobar lo que, evidentemente, creo que se puede llegar a un acuerdo en relación a que, eso, a que la Orden ya está aprobada. Y luego ya explicando, pues un poco lo que... lo que han ido diciendo los portavoces.

Decía el portavoz de Ciudadanos que... [Murmullos].


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Por favor, guarden... guarden silencio y respeten un poquito al proponente. Gracias.


LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Sobre lo que comentaba el portavoz de Ciudadanos, que ha dicho que la podía haber retirado, pues bueno, yo considero –lo he explicado en mi primera intervención- que hay ciertos debates que no pueden cerrarse, ¿no?, y que, precisamente, aquí lo que se estaba planteando, y además se planteará a largo plazo, es cómo se van a acreditar esas empresas, y me parecía importante mantenerlo por ese debate y porque se han quedado dos puntos fuera, que luego me referiré a ellos.

Y luego ha aludido también que las prestaciones con servicios privados es lo que garantiza que en el medio rural siga habiendo estos servicios, si no le he entendido mal. Yo simplemente una cuestión que creo que todos sabemos, pero los servicios privados, al final, salen más caros que la gestión directa pública, y, sobre todo, garantizan mucho menos el control, que es por lo que Podemos, principalmente, defiende la gestión directa en todo caso.

Además, por otro lado, podría hacerse o no con empresas privadas; porque hay una cuestión con la ayuda a domicilio, y con bastantes prestaciones en materia de dependencia, y es que, una vez que estalla el boom inmobiliario, de repente las empresas constructoras se reconvierten en empresas de servicios. Entonces, ahora mismo están siendo gestionadas por empresas constructoras muchos servicios de este tipo. Que supongo que me dirán que no tiene mayor problema, pero a mí sí me lo parece, porque creo que estamos convirtiendo –como tantas otras cosas- la dependencia en un negocio, y que, cuando se acabó el boom inmobiliario, resulta que las empresas de servicios fueron las que hicieron este apaño para que esas empresas siguiesen teniendo beneficios, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso nosotros siempre defenderemos la gestión directa: por el control, porque sale más caro y porque además creemos que se hace beneficio de cosas que no deberían ser motivo de beneficio económico.

En cuanto al Partido Socialista, pues bueno, claro, puedo estar de acuerdo con lo que decía, pero yo, cuando decía que era cierto que la descentralización había sido un acierto, es porque entiendo que este tipo de servicios, cuanto más cercanos, más sencillo es de gestionar, ¿no?, y entiendo que por eso se descentralizan. Pero, claro, lo que usted se refería tiene yo creo más que ver con la mala gestión por parte de la Junta de Castilla y León a la hora... después de que se acceda a este servicio, que más bien con que la descentralización en sí misma sea mala, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con que eso suceda, pero en ese sentido era por eso.

Y luego, lo que refería de las diputaciones. Bueno, la posición de este grupo respecto a las diputaciones es clara y creo que sobradamente conocida. Y ustedes hacían esta propuesta sobre las comarcas y sobre la posibilidad de coordinadoras comarcales. Y, claro, a este grupo, por supuesto, le va a parecer adecuado, porque para nosotros afirmar la autogestión comarcal debería ser una forma de organización territorial.

Y luego, por último, se refería al tratamiento específico para el mundo rural, que no aparece en la Orden, y aquí ya puedo enlazar con algunas cuestiones que planteaba la portavoz del Partido Popular también. Yo creo que esto sería tan sencillo como añadir un plan específico dentro del plan de calidad o dentro del plan individualizado que tendrían los usuarios; es decir, no lo veo tan complejo. No podría... he entendido que no es susceptible de que entre dentro de esta Orden, pero no creo que sea cierto, porque, como le digo, yo creo que hay varias cuestiones que se exigen para la acreditación, que fácilmente se podría hacer un planteamiento distinto para entidades menores que para la capital de provincia, ¿no?, y que, evidentemente, se necesitarían; entonces, no sería, desde mi punto de vista, no susceptible de no poder entrar en una de ellas.

Y luego, bueno, ha dicho algunas cosas, como que en el último año se había aumentado un 8,1 %. Pero si es que el recorte, que también fue de presupuesto, no fue tanto de presupuesto, sino que viene dado... y yo entiendo que esto no es una competencia autonómica, pero viene dado del recorte que se da a todas las horas en ayuda a domicilio a partir de dos mil doce, o sea, que no tiene tanto que ver con el presupuesto, sino con quién se pudo quedar con la ayuda a domicilio y quién no; y concretamente en Castilla y León, todos, aparte de que todas las horas, el 40 % de personas se quedó fuera del servicio de ayuda a domicilio en dos mil doce. Entonces, incrementar la cuantía posteriormente no tiene que ver con que desde dos mil doce hay un porcentaje de gente que no puede acceder al servicio de ayuda a domicilio.

Y luego, también aludir a lo que ya aludía en mi primera intervención, que es el hecho de que muchas personas no se acogen a la ayuda a domicilio porque sale mucho más barato un servicio no profesional y privado, que además está desempeñado por las empleadas de hogar, que, a su vez, tienen su problemática específica, pues por falta de cotización a la Seguridad Social, todas las problemáticas que conllevan las empleadas de hogar, que no son personal acreditado, como no lo son una parte de las personas que se dedican a la ayuda a domicilio, porque, como ya he dicho, la mitad todavía están sin acreditar; que se lo van a exigir a las empresas, y ustedes me dirán cómo se lo van a exigir a las empresas, porque al final van a seguir trabajando sin serlo.

Luego, me decía también que no existía una normativa específica, pero existe una normativa UNE 158301, es el número, que es amplia, es mucho más amplia, tiene que ver con las prestaciones del servicio de dependencia, pero dentro de todo esto está una parte específica de ayuda a domicilio, que tiene que ver con las acreditaciones de calidad para las empresas. Entonces, no es cierto que no exista una normativa, y esa era la normativa a la que yo aludía con el plan de calidad. No obstante, bueno, he aceptado esa enmienda del plan de gestión de calidad, que entiendo que más o menos vendrá a ser lo mismo; luego ya veremos cómo es ese plan de calidad.

Y, bueno, y ya solo aludir a los dos puntos que no han aceptado, el 6 y el 8. El 6 ya me he referido a ello, es que sería tan sencillo como que se exigiera que en el plan individualizado, en el plan de calidad, hubiese algo específico para el mundo rural. Y el segundo, yo entiendo que las instituciones públicas sí que tienen que velar por los derechos laborales de las trabajadoras, y entiendo también que está habiendo demasiados conflictos laborales en esta Comunidad Autónoma con las trabajadoras de ayuda a domicilio: en Burgos, en León, en ciertas diputaciones. Entonces, entiendo que no es un hecho aislado, es algo que se está generalizando de una manera que me parece peligrosa. Entonces, quiere decir que no hay suficiente control sobre las entidades locales en ese sentido, y que no se está exigiendo que esa contratación que se hace con esas empresas esté blindando los derechos laborales de esas trabajadoras.

Por ejemplo en Burgos, que es lo que más conozco, efectivamente, ha habido una pelea -y digo pelea, porque ha sido así- de las trabajadoras para que se les quitase el arrastre de horas, que es algo que no tenía ninguna otra trabajadora de ayuda a domicilio en toda la Comunidad Autónoma; que esto también tiene que ver con la falta de homogeneidad que tienen los contratos de ayuda a domicilio, ¿no? Era a lo que me refería con los costes, pero también a esto. ¿Por qué unas tienen arrastre de horas y otras no? ¿Por qué, por ejemplo, en la mayoría de lugares de Castilla y León, en todas las diputaciones, sin ir más lejos, no se está pagando el transporte de las trabajadoras de ayuda a domicilio cuando es algo exigible por el convenio laboral? Entonces, yo entiendo que hay un problema con las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio, y me preocupa que la Junta de Castilla y León no tenga capacidad para abordar esas situaciones.

Entonces, simplemente, pues, bueno, agradecer a los grupos, que entiendo que más o menos, aunque sea con estos puntos fuera, van a apoyar. Y lo... vamos, me da mucha pena por el punto 6 en concreto, porque las trabajadoras de ayuda a domicilio agradecerían una ayuda por parte de la Junta de Castilla y León.

Votaciones PNL


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Pues, concluido el debate de los cuatro puntos del orden del día, procedemos a someter a votación por su orden.

PNL/000924

Así que procedemos a someter a votación la PNL 924, que corresponde al primer punto del orden del día. ¿Votos a favor? Perfecto. Once, ¿no? Once votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete. Vale. Pues, con dieciocho votos emitidos, once votos a favor, siete en contra, queda aprobada esta proposición. [Murmullos]. Diecinueve, perdón. Sí. ¿He dicho dieciocho? [Murmullos]. Sí, sí. Dieciocho. Se queda claro, ¿no? Sí que se queda claro, ¿no? Sí, ¿no?

PNL/001088

Procedemos a someter el segundo punto del orden del día, la PNL 1088. Con lo cual, ¿votos a favor? ¡Uy!, perdón. [Murmullos]. No. ¿Votos a favor?, por favor. Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Habiéndose producido un empate, procedemos a someter por segunda vez esta PNL a votación, según el Artículo 92 del Reglamento.

¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Habiéndose producido un segundo empate, les advierto que, si continúa el empate, se elevará a Pleno. Procedemos a someter, por tercera y última vez, esta proposición no de ley.

¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Habiéndose producido un empate tras las tres votaciones previstas en el Artículo 92 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, esta Presidencia procederá a comunicárselo así a la excelentísima señora presidenta de la Cámara a los efectos previstos en el apartado 3 de este precepto reglamentario.

PNL/001089

Procedemos a someter a votación el tercer punto del orden del día, PNL 1089. Creo que esta PNL, ¿por asentimiento la podríamos dar por aprobada? Sí, ¿no? Aprobada.

PNL/001111

Y pasamos a someter a votación la última PNL debatida, PNL número 1111, que se ha aceptado la votación por separado, votando en primer lugar, y en primer bloque, los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10, habiéndose aceptado las enmiendas propuestas por el Grupo Popular de los puntos 3, 4 y 5. ¿Es correcto? [Murmullos]. Y 10. ¿Es correcto? Pues procedemos a someter este primer bloque a votación. ¿Votos a favor? Por asentimiento creo que lo podríamos haber... Efectivamente, aprobada por unanimidad.

Y procedemos a someter a votación el segundo bloque de esta proposición, que eran los puntos 6 y 8. ¿Votos a favor? Vale. [Murmullos]. No, nueve no, ocho. Ocho. ¿Votos en contra? Ocho. ¿Abstenciones? [Murmullos]. Nueve, perdón. No, nueve. Abstenciones: una. ¡Vaya lío! Repito, repito, para que se quede claro. Votos en contra: ocho. Votos a... Digo, votos a favor: ocho. Votos en contra: nueve. Abstenciones: una. Con lo cual, quedan rechazados. Lo siento. [Murmullos]. No, rechazados.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las diecinueve horas quince minutos].


DS(C) nº 295/9 del 20/4/2017

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Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades
DS(C) nº 295/9 del 20/4/2017
CVE: DSCOM-09-000295

DS(C) nº 295/9 del 20/4/2017. Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades
Sesión Celebrada el día 20 de abril de 2017, en Valladolid
Bajo la Presidencia de: María Ángeles García Herrero
Pags. 12733-12775

ORDEN DEL DÍA:

1. Proposición No de Ley, PNL/000924, presentada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para incrementar el control de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 182, de 11 de octubre de 2016.

2. Proposición No de Ley, PNL/001088, presentada por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Álvaro Lora Cumplido, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Virginia Jiménez Campano, para instar a la Junta a equiparar a las parejas de hecho con las unidas por vínculo matrimonial, la normativa sobre familias numerosas, a abordar el reglamento previsto en el apartado 5 del art. 35 de la Ley 1/2007, de 7 de marzo, y a solicitar al Gobierno que remita un Proyecto de Ley de reforma de Protección a las Familias Numerosas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 204, de 25 de noviembre de 2016.

3. Proposición No de Ley, PNL/001089, presentada por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Álvaro Lora Cumplido, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Virginia Jiménez Campano, para instar a la Junta a solicitar al Gobierno que remita un Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Protección a las Familias Numerosas en los casos de unidades familiares surgidas tras la separación o el divorcio, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 204, de 25 de noviembre de 2016.

4. Proposición No de Ley, PNL/001111, presentada por las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, para instar a la Junta a introducir en los nuevos criterios de acreditación de las entidades que prestan la ayuda a domicilio los elementos que se detallan, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 204, de 25 de noviembre de 2016.

SUMARIO:

 ** Se inicia la sesión a las diecisiete horas cinco minutos.

 ** La presidenta, señora García Herrero, abre la sesión.

 ** Intervención de la procuradora Sra. González Pereda (Grupo Popular) para comunicar sustituciones.

 ** Primer punto del Orden del Día. PNL/000924.

 ** La secretaria, Sra. Jiménez Campano, da lectura al primer punto del orden del día.

 ** Intervención del procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos) para presentar la proposición no de ley.

 ** La presidenta, señora García Herrero, comunica que las votaciones de todas las proposiciones no de ley se harán al final de la sesión.

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Rodríguez Tobal (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Lora Cumplido (Grupo Socialista).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Cabadas Cifuentes (Grupo Popular).

 ** Intervención del procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo.

 ** Segundo punto del Orden del Día. PNL/001088.

 ** La secretaria, Sra. Jiménez Campano, da lectura al segundo punto del orden del día.

 ** Intervención de la procuradora Sra. Muñoz de la Peña González (Grupo Socialista) para presentar la proposición no de ley.

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Rodríguez Tobal (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Cortés Calvo (Grupo Popular).

 ** Intervención de la procuradora Sra. Muñoz de la Peña González (Grupo Socialista) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo.

 ** Tercer punto del Orden del Día. PNL/001089.

 ** La secretaria, Sra. Jiménez Campano, da lectura al tercer punto del orden del día.

 ** Intervención de la procuradora Sra. Muñoz de la Peña González (Grupo Socialista) para presentar la proposición no de ley.

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Domínguez Arroyo (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. González Pereda (Grupo Popular).

 ** Intervención de la procuradora Sra. Muñoz de la Peña González (Grupo Socialista) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo.

 ** Cuarto punto del Orden del Día. PNL/001111.

 ** La secretaria, Sra. Jiménez Campano, da lectura al cuarto punto del orden del día.

 ** Intervención de la procuradora Sra. Domínguez Arroyo (Grupo Podemos CyL) para presentar la proposición no de ley.

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene el procurador Sr. Guerrero Arroyo (Grupo Socialista).

 ** En turno de fijación de posiciones, interviene la procuradora Sra. Valdeón Santiago (Grupo Popular).

 ** Se suspende la sesión durante unos minutos.

 ** Intervención de la procuradora Sra. Domínguez Arroyo (Grupo Podemos CyL) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo.

 ** Votaciones de las proposiciones no de ley.

 ** La presidenta, señora García Herrero, somete a votación la Proposición No de Ley número 924. Es aprobada.

 ** La presidenta, señora García Herrero, somete a votación la Proposición No de Ley número 1088. Al mantenerse el empate en tercera votación, se procede con lo previsto en el Artículo 92.3 del Reglamento.

 ** La presidenta, señora García Herrero, somete a votación la Proposición No de Ley número 1089. Es aprobada por asentimiento.

 ** La presidenta, señora García Herrero, somete a votación el texto definitivo de la Proposición No de Ley número 1111. Es aprobado.

 ** La presidenta, señora García Herrero, levanta la sesión.

 ** Se levanta la sesión a las diecinueve horas quince minutos.

TEXTO:

[Se inicia la sesión a las diecisiete horas cinco minutos].


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Se abre la sesión. ¿Por algún grupo parlamentario tiene que comunicar alguna sustitución? ¿Grupo Socialista? Grupo Socialista, no. Grupo Podemos tampoco. Grupo Ciudadanos tampoco. El Grupo Mixto no está. ¿Grupo Popular?


LA SEÑORA GONZÁLEZ PEREDA:

Gracias, presidenta. Jesús Alonso Romero en sustitución de José Manuel Fernández Santiago.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Vale. Pues muchas gracias. Y por la señora secretaria se dará lectura del primer punto del orden del día.

PNL/000924


LA SECRETARIA (SEÑORA JIMÉNEZ CAMPANO):

 Proposición No de Ley número 924, presentada por los Procuradores don Luis Fuentes Rodríguez, don Manuel Mitadiel Martínez, don David Castaño Sequeros, doña María Belén Rosado Diago y don José Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para incrementar el control de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 182, de once de octubre de dos mil dieciséis.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Pues para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, el señor don José Ignacio Delgado, por un tiempo máximo de diez minutos.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Vale. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, con la mayor brevedad posible. Favorecer una mayor protección de los consumidores, especialmente en aspectos como los productos financieros, es una prioridad que nos demuestra la historia más inmediata, con todo lo acontecido. Es una necesidad reformar el marco jurídico de los instrumentos de financiación y los productos financieros, para adaptarlo a las novedades regulatorias en el ámbito europeo, siempre poniendo al cliente como prioridad de los cambios normativos. La nueva Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero asumirá el rol de atender las reclamaciones y resolver diferencias de los usuarios de servicios financieros.

Sinceramente, yo creo que es una proposición no de ley, la que aquí llevamos, que no porque esté suficientemente debatida, para Ciudadanos nos parece fundamental. Creemos que las cláusulas suelos es necesario incrementar, y otro tipo de garantías, el mayor control de todo tipo de cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. Y, desde luego, no por lo que ha pasado, sino también por aquellos –todos- acuerdos contractuales de tipo bancario que pueden pasar en el futuro. Yo creo que hemos asistido a una gran crisis –digamos- financiera, en el sentido sobre todo de la credibilidad y de la responsabilidad de sus dirigentes, donde hemos asistido, por desgracia, a como partidos políticos, sindicatos, etcétera, han ocupado carteras y cargos en consejos de administración donde realmente ya al final quedaba como resumido que les importaba mucho más sus propias prebendas y sus propios ingresos que, lógicamente, el bienestar de los ciudadanos a los que supuestamente tenían que servir.

Y, en este caso, no podemos volver a consentir que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que nos pone otra vez –y digo otra vez- en entredicho, porque saben ustedes que acaban de darnos otra vez otro correctivo con aquellas denuncias sobre trabajadores temporales indefinidos, de los interinos, que también –digamos- se nos... se reconvino al Estado de España para que garantizara los derechos de los ciudadanos. Sinceramente, yo creo que no estamos haciendo bien las cosas, y por eso estas garantías, que son fundamentales, las tenemos que seguir manteniendo. Son 2.500.000 de ciudadanos, de personas, en la cual nos podemos incluir algunos también, donde podemos y debemos exigir, lógicamente, esa devolución; no solamente de las cláusulas suelo, sino de todas las demás –digamos- procesos bancarios que se nos han cobrado indebidamente. Porque, aquí, yo creo que el usuario, siempre en una clase de inferioridad manifiesta, acudíamos al sistema bancario, pues eso, con la esperanza de que nos dieran realmente crédito, y firmando –como diría mi abuelo- todo aquello que había que firmar, con tal de que... en fin, salir con nuestro crédito, para comprar nuestra casa, debajo del brazo.

Y, desde luego, estas cláusulas que queremos implementar y decir tienen que tener más transparencia y más claridad para restablecer esos derechos de los ciudadanos. Hemos visto que este es un sistema antisocial, porque, desde luego, se ha construido contra los intereses de los usuarios, los clientes y consumidores. Pero, desde luego, en resumidas cuentas, hemos presenciado un combate entre la usura, la codicia -aquella avaritia superbia quae que decían los latinos-, donde realmente no tenía nunca fin el afán recaudador del sector bancario. Y, desde luego, siempre, a pesar de las acciones de consumidores, a pesar, en fin, de todos los intentos por salvaguardar los derechos de los usuarios, nunca se había conseguido.

Yo creo que, si todo recordamos, tuvo que suceder algunos tipos de tragedias terribles como suicidios –tienen ustedes, que recordarán, los casos de Palma, en Madrid, etcétera-, cuando realmente se puso ya por fin freno y se empezó a ver que esta situación tenía que pararse de una vez por todas. Desde luego, es necesario edificar un nuevo marco hipotecario para las próximas generaciones en nuestro país. El actual alentó, en parte, la burbuja inmobiliaria. Nos parece... no nos parece que hay funcionado bien, como puede comprobarse. El actual alentó una ineficiente asignación de recursos hacia una economía menos productiva, basada muchas veces en la especulación pura y dura, donde nunca tuvo en cuenta ni a las personas ni a los ciudadanos.

Desde luego, además, tenía unos criterios –y se está desmontado ahora poco a poco- de opacidad y de letra pequeña, que muchas veces los usuarios ni leíamos ni sabíamos entender, hablo del normal capacidad de la gente. Por eso, desde Ciudadanos queremos agrandar esa letra pequeña de una vez por todas, para que nunca vuelva a existir, es decir, que todas las cláusulas estén claras, sean manifiestas, sean trasparentes y no sean opacas, y que aquellas cláusulas siempre se puedan perfectamente, en fin, entender por todo el mundo.

Decía aquel adagio castellano, ¿verdad?, que cambiaremos de molinero, pero no cambiaremos de ladrón, como se solía decir, lamentablemente para este sector. Pero es así, muchas veces los bancos también -hemos acudido-, como han luchado –digamos- o han evitado esa libre competencia del mercado, donde se ponían de acuerdo en las cláusulas y, en fin, en los intereses sobre todo.

El pasado veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia histórica, una sentencia que corregía la jurisprudencia española sobre las cláusulas suelo, declarando que la jurisprudencia española limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamos hipotecarios en España, que es incompatible con el derecho de la Unión. En la Sentencia de nueve de mayo de dos mil trece, el Tribunal Supremo consideró abusivas las cláusulas suelo, ya que los consumidores no habían sido adecuadamente informados. Pero, eso sí, decidió limitar solamente esos efectos en el tiempo de la declaración de la nulidad de esas cláusulas, de modo que solo se produjera efectos de cara al futuro; decían ellos que incluso –decía el Tribunal- podía sufrir una hecatombe el sistema bancario, como yo... creemos que no ha sido así, ni mucho menos. Y después de llover sobre mojado, porque después de aquel rescate bancario, que todos recordamos, de más de 60.000 millones de euros, que realmente hemos pagado todos los ciudadanos.

Decía Quevedo, Francisco de Quevedo, que "donde hay poca justicia es un peligro tener razón", y es que, aunque tengamos razón, muchas veces, por desgracia, hasta ahora, hasta el Tribunal de Justicia Europeo, no se nos daba a los usuarios esa razón que teníamos todos tan clarividentemente. Las cláusulas abusivas no podrán vincular al consumidor en las condiciones –lo dice esta sentencia- estipuladas por los derechos de los Estados miembros, incumbiendo a estos la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de tales cláusulas abusivas. La declaración judicial de carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación anterior. Por consiguiente, la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo debe permitir la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el "profesional" –por decirlo suave, entre comillas- en detrimento del consumidor.

Estos profesionales, que son los bancos y cajas, que han actuado frente a los consumidores con un poder prácticamente omnímodo, infinito, abusivo, con un desequilibrio realmente aterrador muchas de las veces, y que, vuelvo a decir, a veces desencadenó en lamentables sucesos, como incluso el suicidio de la gente ante la incapacidad de tener que abandonar su hogar de tantos años. Por eso, de una vez por todas, hay que decir que esta situación de David contra Goliat tiene que terminar, y tiene que garantizarse en el futuro, y es lo que sinceramente queremos -con el apoyo espero de todos- desde Ciudadanos.

Tuvimos negociaciones con el Gobierno donde incluso también se intentó en un principio evitar que la gente pudiera acudir a los juzgados de... en fin, para poder seguir litigando si veían que aquellas condiciones de devolución de los... de las cláusulas suelo eran indebidas. Yo creo que hemos entre todos garantizado todos los derechos de los consumidores y de los usuarios, y, desde luego, algo fundamental, como garantiza nuestra Constitución, que es la vivienda, tiene que garantizarse también con este sistema –digamos- bancario de préstamos, que tienen que ser lo más claros y lo más transparentes posibles. Por eso, tenemos que pasar página y, desde luego, acabar con esas "tarjetas black", con esos espectáculos que, lamentablemente, estamos viendo, incluso a día de hoy, de los altos cargos de diferentes partidos en sede judicial, y tenemos que actuar legislando bien, garantizando todos los procesos judiciales y todas las cláusulas que sean efectivas, y garantizando derechos de los ciudadanos.

Decía Gandhi que "ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria". Y a la parte contraria, de una vez por todas, en este caso el sistema bancario, hay que ponerle en su sitio, y hay que decirle que es legítimo que actúen en el mercado, que son contratos que todos asumimos, pero que todos los contratos tienen que respetar, lógicamente, a las dos partes, y en este caso más todavía a la parte de los usuarios y los ciudadanos, que somos los más débiles. Muchas gracias.

Paso a leer la propuesta de resolución, para que conste, lógicamente, en acta, que dice: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para incrementar el control de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, asegurando que los clientes conozcan con precisión las obligaciones que asumen y que sus derechos quedan perfectamente protegidos". Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias, señor Delgado. Al comienzo de la Comisión no he comentado que, a petición por el Grupo Mixto, se ha solicitado las votaciones al final de la Comisión. Después de escuchar a todos los portavoces se ha quedado en eso: que las votaciones de todas las... de todas las proposiciones no de ley se harán conjuntas al final de la... de la Comisión.

Y, sin más, tenía el turno el Grupo Mixto, pero, como no está presente, pasamos al siguiente grupo parlamentario, y, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora doña María Josefa Rodríguez.


LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Bien. Pues muchas gracias, presidenta. La intención de esta propuesta, más allá de la buena intención del proponente –que no nos cabe duda-, se nos hace muy transparente en el Real Decreto-ley 1/2017, de veinte de enero, de Medidas Urgentes de Protección de Consumidores en Materia de Cláusulas Suelo, pactado por PP, Ciudadanos y PSOE tras el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obliga a la banca a devolver todo lo robado con las cláusulas suelo de manera retrospectiva. Se estima que hay más de 1,4 millones de afectados y un total de 4.200 millones de euros a devolver.

Ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea especifican qué caracteriza a una cláusula suelo; solo la definen como aquellas que no son comprensibles y transparentes, y, por lo tanto, dejan la interpretación a los tribunales. Con el mecanismo extrajudicial pactado por PP, Ciudadanos y PSOE para devolver los intereses abusivos la interpretación la harán los bancos, y será la entidad financiera la que tenga la potestad de aceptar o no. Por tanto, los consumidores –clientes, en este caso- salimos perdiendo y mucho con este pacto. No solo no hay ninguna represalia penal contra las entidades bancarias, sino que se les otorga el poder de negociación con los particulares a los que engañaron en un primer momento, lo que viene a ser como si a un carterista pillado in fraganti se le ofrece la oportunidad de negociar la devolución de sus carteras robadas a sus víctimas de manera extrajudicial y desde su casa.

Con este pacto a tres bandas –PP, Ciudadanos y PSOE-, el banco decide a qué clientes comunicarles que, en efecto, fueron engañados y son los propios clientes los que tienen que desplazarse a la sucursal del banco a negociar la cantidad que quiera ofrecer la entidad. Nuestra alternativa, la de los clientes, es un proceso judicial de un año y medio de media, que puede costar igual o más que la cantidad reclamada. Lo que viene a ser como si te roban la cartera y te ofrecen la posibilidad de un costoso trámite judicial o pactar con el carterista que te la robó para que te ofrezca solo parte del dinero robado y solo si considera que su robo fue abusivo.

Si los contratos fueron abusivos porque en ellos usaban lenguaje técnico para incluir de forma poco transparente cláusulas suelo, ¿qué garantías tiene un particular en una negociación con la entidad a título personal y en la misma entidad del banco en que le engañaron? ¿Por qué no van a volver a engañarle? Como ya es costumbre en nuestro país, vuelve a ganar la banca. Según las seis principales entidades afectadas, el nuevo canal de negociación extrajudicial impulsado por el Gobierno no aumentará la cuantía a devolver a sus clientes por la aplicación de condiciones opacas. Conclusión: un Gobierno tiene que anteponer los derechos a los de... los derechos de su pueblo a los intereses de la banca. Por desgracia, nuestro Gobierno –con la ayuda de Ciudadanos y el Partido Socialista- sigue cuidando a los de arriba y pasando de los de abajo.

Supongo que, tras estos argumentos, entenderá el proponente que nuestro voto no sea favorable. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias, señora Rodríguez. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don Álvaro Lora.


EL SEÑOR LORA CUMPLIDO:

Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, que... quiero decir que creo que voy a tardar lo mismo en esta intervención... el mismo tiempo que se tardó en redactarla.

Venimos con estas 150 propuestas, que -como ya yo he llamado en más de una ocasión en esta Comisión- son las 150 propuestas por colapsar las Cortes, las Comisiones de las Cortes de Castilla y León. Y nos encontramos, en este caso, con una proposición no de ley que, permítame que le diga, señor Delgado, me parece... me parece bastante escasa y poco... y poco trabajada.

Yo le pongo aquí de manifiesto el esfuerzo que usted hace a la hora de defenderla, y es cierto que a la hora de hacer sus intervenciones demuestra más... demuestra más datos, y dice más datos a la hora de presentarla que a la hora de la redacción. Entienda que el Partido Socialista, este Grupo Parlamentario, está siguiendo una tónica de votar abstención a estas... a estas proposiciones no de ley por lo que comentaba anteriormente: porque creemos que no es el lugar adecuado para debatirlas, y, sobre todo, también porque entendemos que están poco trabajadas. Y uno, después de escuchar a Gandhi y a Quevedo, tampoco sabe muy bien... muy bien qué decir. Pero sí que me hubiera gustado que hubieran sido ustedes valientes. Y le quiero decir por qué. En el pacto que ustedes firmaron con el Grupo Parlamentario... con el Partido Socialista a nivel nacional; ese pacto, el de acuerdo reformista que seguramente hubiera traído... –bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de este grupo político- hubiera traído más estabilidad a este país, pero que por el no de algunos no pudo... no pudimos tener un presidente... un presidente socialista, pues nos encontramos en la actualidad... en la actualidad... [murmullos] ... -sí, por el no- estamos en la actualidad como estamos. Y, por cierto, me hubiera gustado que la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos hubiera hablado de los desahucios; de esos desahucios exprés que ahora la... el partido que está coaligado con ellos –Izquierda Unida- votó a favor en el Senado. [Murmullos]. Entonces... entonces... [murmullos] ... entonces... entonces... entonces me hubiera gustado que hubiera hablado de ello. Porque entonces, cuando votaba a favor Izquierda Unida de los desahucios exprés... [murmullos] ... entonces no estaban a favor... a favor...


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Señora... señor Lora...


EL SEÑOR LORA CUMPLIDO:

... y votado por Izquierda Unida... y votado por Izquierda Unida en el Senado...


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Señor Lora, señor Lora. [Murmullos].


EL SEÑOR LORA CUMPLIDO:

... en el Senado...


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Señor Lora. Señor Lora. [Murmullos]. Señora Rodríguez, no es un debate... [murmullos] ... no es un debate, no es un debate. Usted ha tenido su turno. Señora Rodríguez, no es un debate, usted ha tenido su turno. Y, señor Lora, por favor, aténgase a la cuestión en concreto.


EL SEÑOR LORA CUMPLIDO:

Sí, sí, por supuesto, señora presidenta. Estamos hablando de las bancas y de los de arriba y de los de abajo, esto que está tan de moda en la actualidad. Pero entiendan también que a uno le enfada... a uno le enfada, que viene a defender los intereses de sus paisanos y paisanas, y que venga aquí a escuchar la misma cantinela que escuchamos a nivel... a nivel nacional.

Pero bueno, me hubiera gustado, señor Delgado -y de verdad, y se lo digo de corazón-, que hubieran sido ustedes más valientes a la hora de presentar esta iniciativa. Y le tiendo un guante, le lanzo el siguiente guante: la propuesta que ustedes firmaron con nosotros pedían que se facilitara la vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a las circunstancias económicas y familiares en el caso de que unas... de que las personas hubieran perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida. O, por ejemplo, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para declarar inembargable la Renta Activa de Inclusión. O, por ejemplo, programas de alquiler social mediante un acuerdo con la SAREB. Me hubiera gustado que hubieran sido ustedes valientes y que hubieran traído ustedes a este Pleno esta serie de medidas que sí que creemos que son... que son importantes para la población... para la población de este país.

Pero también... y quiero poner de manifiesto en esta Comisión que me extraña, me extraña y produce curiosidad, lo siguiente. El acuerdo que ustedes firmaron con el Grupo Parlamentario Popular, con el Partido Popular a nivel nacional, sí que es cierto que ustedes, hay una parte, cuando termina... donde termina esta proposición no de ley, que se puede leer: "Reformar el marco jurídico de los instrumentos de financiación y los productos financieros, para adaptarlo a las novedades regulatorias en el ámbito europeo, siempre poniendo al cliente como prioridad de los cambios normativos. La nueva Autoridad Independiente de la Protección del Consumidor e Inversor Financiero asumirá el rol de atender a reclamaciones y resolver diferencias de los usuarios de servicios financieros". Y además hay un segundo punto, que dice: "Promover fórmulas para favorecer la formación financiera y de consumo en colegios y universidades".

Y ya que no estoy muy a gusto cuando tengo que debatir estas proposiciones no de ley, sí me hubiera gustado, por lo menos, que hubieran incluido todo lo... aquello firmado con el Grupo Parlamentario Popular. Y sí que quiero poner aquí de manifiesto en esta Comisión, que, aunque sean ustedes muy criticados –y es verdad, y nosotros, incluso yo, lo he hecho en multitud de ocasiones-, sí es cierto que hay que poner de manifiesto que ustedes, por lo menos, sí que tienen disposición a la negociación y al diálogo con todos los grupos parlamentarios. Nada más, presidenta. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias, señor Lora. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don Emilio Cabadas.


EL SEÑOR CABADAS CIFUENTES:

Gracias, señora presidenta. Bien, pues muy a mi pesar –casi debo decir- coincido con el señor procurador del Grupo Parlamentario Socialista. Esta es una propuesta que coincide con la medida 72 recogida en el acuerdo de... a nivel nacional del Partido Popular y Ciudadanos, en la que ya se está trabajando -hay un anteproyecto de ley, se está llevando a cabo-, por tanto, creo que venir a hacer una PNL en las Cortes para que le pida a la Junta que le pida al Gobierno que hagan lo que están haciendo... Pues bueno, no sé si es un intento de lucimiento o, como se ha dicho aquí, una pérdida de tiempo. Pero, en cualquier caso, y teniendo en cuenta que es nuestra obligación debatirlo, pues yo trataré de utilizar mi turno de intervención para exponer un poco eso que ha quedado en el tintero, que nadie ha dicho, que es este anteproyecto de ley en el que se está trabajando.

Bueno, en resumen, de lo que se trata es de reforzar los derechos de los consumidores y usuarios, y para eso hay que reforzar la Ley Hipotecaria, para establecer la prohibición de las cláusulas suelo, que únicamente fijen un límite de variación a la baja del tipo de interés contratado. También, paralelamente, revisar la normativa de estas cláusulas y préstamos abusivos, por supuesto.

Estos compromisos, en el ámbito del Gobierno central, ya se están impulsando de una forma clara. El Consejo de Ministros analizó el diecisiete de febrero pasado un informe sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, cuyo objetivo principal es reforzar la protección del consumidor. Entre los objetivos de la normativa en la que el Ejecutivo está trabajando, y aprovechando la trasposición antes de finales de mayo de la Directiva Europea sobre crédito hipotecario, 2014/17 de la Unión Europea, se trata de apuntalar todos estos conceptos referentes a préstamos hipotecarios, que son susceptibles de interpretaciones difusas, como las cláusulas suelo –que se han dicho-, aquellas que pueden ser abusivas, la comercialización de swaps, hipotecas multidivisas, y distintos elementos del mercado hipotecario que son complicados de entender para el consumidor, para el hipotecado habitual, el cliente medio.

En definitiva, lo que está buscando el Gobierno es proteger al cliente, evitar que sea víctima de cláusulas y procesos de comercialización de productos bancarios, como se ha demostrado -creo que la realidad ha demostrado que ha pasado-, y, por tanto, dotar de una mayor seguridad al sistema financiero, pero principalmente a la parte más débil en este sistema, que es siempre el hipotecado, el consumidor.

Algunos puntos por destacar de la nueva normativa son la... -en la que se está trabajando, quiero decir- son: la obligatoriedad del banco de entregar al cliente una ficha estandarizada con las características del préstamo, y que tendrá carácter de oferta vinculante durante siete días; prohibir las ventas vinculadas de productos; el banco entregará una ficha detallada de la existencia de cláusulas suelo, si las hubiera, o de distribución de gastos o cualquier otro tipo de cláusula que pudiera considerarse dudosa; los hipotecados podrán reembolsar todo o parte del préstamo sin más comisiones o compensaciones al banco que la pérdida financiera; el consumidor podrá convertir a euros un préstamo que esté en otra divisa, como mecanismo de cobertura y protección frente al riesgo del cambio de divisa; se regulará por primera vez la figura de los intermediarios de préstamos inmobiliarios no bancarios; los notarios tendrán siete días para explicar las condiciones del préstamo, es decir, siete días antes de firmar la hipoteca, el cliente deberá tener la información precontractual de lo que va a firmar y el notario tendrá siete días para explicárselo (es decir, cuando el señor vaya a firmar una hipoteca, sepa; no vaya simplemente a firmar, como se ha dicho aquí), y eso lo refuerza la ley; reforzar también el control sobre los notarios y los registradores de la propiedad; y el cliente deberá, además, confirmar de su puño y letra que comprende el contenido del préstamo que está firmando.

Dicho asesoramiento, junto con la expresión manuscrita del cliente manifestando que se le ha remitido toda la documentación, comprende y acepta su contenido, esto hará que el acta notarial sea más completa, pero, además, esta acta notarial no tendrá un coste añadido para el... para el cliente.

Respecto a las cláusulas suelo, que se ha hablado en esta Comisión. Bien, por parte del Gobierno de la Nación, como se ha dicho, con el apoyo y consenso con Ciudadanos y con el Partido Socialista, se han buscado los mecanismos más rápidos y adecuados para facilitar, ante una avalancha de reclamaciones por las cláusulas suelo, que el consumidor pueda recuperar lo antes posible su dinero, el dinero que el banco le había cobrado de forma indebida, y que tenga el menor coste para él. Es decir, el procedimiento judicial sigue ahí, lo que se ha buscado es un procedimiento paralelo, a un bajo coste y rápido, que evite el procedimiento judicial. Y con esta intención surge el Real Decreto-ley 1/2017, de veinte de enero, de Medidas Urgentes –y recalco lo de urgentes- de Protección de Consumidores en Materia de Cláusulas Suelo. Es decir, esto es un añadido; no quita ni es óbice para que se recoja en la nueva ley otro tipo de medidas contra las cláusulas suelo, como su prohibición, o lo que se quiera desarrollar. Pero esto ha sido una reforma urgente para evitar, ante una avalancha de demandas judiciales, que conlleva unos gastos, obviamente, para el que reclama, que puede ser condenado en costas o no, que puede, en función de diversas... de diversas... parámetros judiciales tener una vía paralela. Es decir, no es óbice para que se siga la vía judicial y reclamen todo lo que tengan; es decir, pueden aceptar esta vía, lo que el banco les ofrece, o pueden no aceptarlo e ir al juicio, ganarlo, como está demostrando la jurisprudencia, y tener su derecho.

Por todo lo anterior, y como... aunque he indicado... -y porque también quiero ser breve- bueno, pues esto es una cuestión pactada por los partidos en el ámbito nacional, Partido Popular y Ciudadanos; se están dando los pasos necesarios para que esta nueva ley, este anteproyecto de ley salga adelante. Y, por lo tanto, bueno, pues votaremos a favor esta propuesta, evidentemente. Gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don José Ignacio Delgado.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

En fin, pues muchas gracias, señora presidenta. Agradecer al Partido Popular su apoyo, que ya vemos que es, lógicamente, forzado por ese pacto. Parece que no tiene muchísimas ganas; yo creo que sí que las tiene también, vamos, aunque aparentemente las disimule, porque, lógicamente, aquí se está hablando de lo que se está hablando, es decir... Y, además, es un acuerdo que, lógicamente y básicamente, se aprueba entre los tres partidos (Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista) pues para intentar que de una vez por todas, primero, este acuerdo que hemos hecho para la devolución de las cláusulas suelo con todas las garantías, y, efectivamente, pues evitar... –y ahora contesto a la señora de Podemos, que parece que está un poco nerviosa- evitar, efectivamente, esa avalancha judicial.

Mire usted, yo creo que cuando se gobierna desde la –digamos- responsabilidad, sinceramente, si hemos dicho antes que hay dos millones y medio de usuarios afectados... perdón, que estamos afectados –a lo mejor nos podemos incluir todos, que yo también soy pobre y esas cosas, se puede decir aquí también públicamente, de lo cual tampoco me... en fin, me siento ofendido-, hay que intentar evitar que se paralice el sistema judicial. Sinceramente, si todo el mundo acudiéramos por estas situaciones y por estas cláusulas, con todo el derecho del mundo, a... en fin, al sistema judicial, lógicamente, la paralización sería más que evidente.

Ese acuerdo que se ha conseguido con ese real decreto, lógicamente, lo que intenta evitar es este sistema. Pero es que, además –y Ciudadanos fue ahí luchador, y mucho, también el Partido Socialista-, no se agota la vía extrajudicial; es decir, si alguien no está de acuerdo con lo que los bancos les está ofreciendo a la mayoría de sus clientes, perfectamente pueden acudir a esa vía judicial, que es verdad que en un principio, por parte del Gobierno, no se... –digamos- no se ponía, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que se está garantizando es el realismo, el pragmatismo, es decir, vamos a cobrar cuanto antes aquello que indebidamente se nos ha sustraído, digamos, o se nos ha quitado indebidamente.

Hombre, dice usted que es algo parecido a los carteristas, y tal. Pues, hombre, yo también, que entiendo un poco del sistema judicial, etcétera, etcétera, usted sabe que todas las penas tienen que ser proporcionadas, ¿eh?, y a un carterista, que yo sepa, no se le mete a galeras ni a la cárcel, ni mucho menos, ¿no?... [murmullos] ... se hace la devolución. Con lo cual, creo, en este caso... -vamos, con todas las garantías aparte- en este caso, lo que se trata, lógicamente, es que de lo que ha dicho un tribunal... lamentablemente, no nuestro, sino... bueno, sí, también fue el Tribunal Supremo, como usted sabe, si no, luego ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice que tienen que devolver esas cláusulas suelo; pues eso que se haga cuanto antes, con las mayores garantías y con la mayor eficacia, que yo creo que es lo que se trata, que la gente, al final, quiere cobrar, y, en fin, y pasar este calvario.

Esta proposición no de ley no solamente implica esto, sino que implica, como bien sabe usted, y subyacentemente, pues eso, evitar cláusulas más abusivas, evitar... pues que no se vuelva a hablar de preferentes en este país, y con ese tipo de contratos donde la gente, efectivamente, no sabía lo que firmaba, por desgracia. Y como ha dicho también el Partido Popular, pues ese proyecto de ley lo que va a hacer es garantizar, lógicamente -y ahí tenemos que aportar todos-, pues que se pueda leer mucho antes de firmar en un notario, como hemos acudido todos, por desgracia, el mismo día de autos a firmar allí, pues firmabas la muerte de Manolete, lo que te pusieran enfrente, ¿no? Vuelvo a decir, muchas veces porque ya de por sí, como bien sabe usted, costaba mucho que te dieran ese crédito, muchas veces las cuales se denegaban, ¿no? Con lo cual, cuando se concedía, pues, lógicamente, los clientes o los usuarios pues firmaban, no digo encantados de la vida, pero bueno, ¿no?, como aquello que habían pasado ya casi el Rubicón, ¿no?, y decir: bueno, pues vamos adelante, que por fin vamos a tener nuestra casa o nuestra vivienda.

En ese caso, nosotros nunca vamos a estar ni a favor de los carteristas ni a favor de los delincuentes, y le puedo asegurar que desde Ciudadanos, si tenemos una impronta, va a ser esa, y usted sabe que no nos gusta ni la corrupción... vamos, ni de lejos. Ni a nadie, yo creo, sinceramente, que eso es una cuestión de todo el mundo, y lo que tenemos que hacer es ser eficaces y ser pragmáticos. ¿Que gana la banca? Pues, hombre, aunque sea un dicho, suele siempre ganar la banca, ¿no?, no solo en los casinos, sino, por desgracia, en casi todas las... No se trata de que gane la banca, se trata de que el sistema bancario siga funcionando con las garantías adecuadas. Porque también es verdad, por lo menos nosotros, desde Ciudadanos, pensamos que tiene que existir, es decir, que yo... sepamos, a no ser que vayamos a un Estado de estos centralistas y comunistas y no sé qué, donde todo venga del padre Estado, pues bueno, pues el sistema, digamos, libre de mercado, el que tenemos instalado, yo creo que más o menos funciona bien; lógicamente, siempre hay que vigilar por esas garantías.

En cuanto al Partido Socialista, pues, hombre, ya lamentar que opine lo que opina, es decir, ya sabemos que son estas 150 propuestas. Nosotros lo hacemos con el convencimiento de que tenemos que recordarlo y decirlo, y que, además, creemos que es conveniente. Y, hombre, lo de perder o no perder el tiempo, pues yo creo que cualquier proposición no de ley que se venga a esta Comisión, y a otras muchísimas, todas son interpretables. Todas, absolutamente todas: unas, por obvias; otras, porque reinciden en lo mismo; y, otras, porque, realmente, a lo mejor con más vehemencia o menos, pero todos yo creo que intentamos siempre, en fin, garantizar... en este caso son los derechos de los ciudadanos. Luego, opinar, podemos opinar todos. Y, como me gusta a mí decir muchas veces, luego, eso sí, que las leyes se cumplan, que de una vez los acuerdos también. Y de eso se trata, y por eso lo decimos. No por confianza o desconfianza, sino porque realmente queremos que aquello que hemos puesto negro sobre blanco luego se lleve a la práctica, y que esto, que aparentemente ahora estamos muy contentos y muy ufanos todos los usuarios y consumidores porque hemos ganado una batalla, digamos, a la gran banca, ya verá usted cómo de aquí a poco tiempo, a unos años, en fin, incluso antes, otra vez... el sistema suele otra vez volver a... como se suele decir, a los malos hábitos. Por eso tenemos que estar siempre vigilando y pendientes. Y eso es lo que queremos decir y destacar.

Y nada más. Yo simplemente agradecer a todos su atención. E intentar decir que tenemos que seguir avanzando, lógicamente, porque... Y luego también decir al Partido Socialista, en fin, todas aquellas que decía de más ambición y tal, el tema de alquiler social, y tal, yo creo que todos... estamos trabajando todos los días para ello. Y, de hecho, lo estamos demostrando en estas Cortes de Castilla y León, y también... y también, por supuesto, a nivel nacional. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias, señor Delgado. Pues, como se ha comentado antes, las votaciones se harán al final de la... de la sesión. Así que por la señora secretaria se dará lectura del segundo punto del orden del día.

PNL/001088


LA SECRETARIA (SEÑORA JIMÉNEZ CAMPANO):

Proposición No de Ley número 1088, presentada por los Procuradores doña Ana María Muñoz de la Peña González, doña María Josefa Díaz-Caneja Fernández, don Álvaro Lora Cumplido, don Jesús Guerrero Arroyo y doña Virginia Jiménez Campano, para instar a la Junta a equiparar a las parejas de hecho con las unidas por vínculo matrimonial, la normativa sobre familias numerosas, a abordar el reglamento previsto en el apartado 5 del artículo 35 de la Ley 1/2007, de 7 de marzo, y a solicitar al Gobierno que remita un Proyecto de Ley de reforma de Protección a las Familias Numerosas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 204, de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Pues para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, y un tiempo máximo de diez minutos, la señora doña Ana María Muñoz de la Peña.


LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. La proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Socialista es compleja, pues compleja es la regulación. O, mejor dicho, la complejidad la da la falta de regulación existente a nivel estatal para las parejas de hecho. Falta de regulación que está generando verdaderas situaciones de desigualdad territorial en materia de diversos derechos que amparan a unas parejas frente a otras, solo en función de la Comunidad Autónoma donde residan o del modelo... del modelo de pareja por el que han optado.

Castilla y León no dispone de una ley de parejas de hecho. Doce Comunidades Autónomas ya las tienen, pero en Castilla y León, al igual que en el Estado, no está regulado, por lo que el Procurador del Común viene desde el año dos mil diez instando a su elaboración y aprobación, planteando también la Defensora del Pueblo que recomienda... recomienda la modificación de la Ley 40, del año dos mil tres, para el reconocimiento de familias numerosas a las uniones de hecho de forma estable, análogo a las uniones conyugales.

Somos conscientes de que seguimos bordeando el verdadero problema, pero, tal y como está en estos momentos la normativa reguladora, no nos queda otro remedio más que recurrir a atajos para que podamos equiparar los derechos de todas las parejas estables, independientemente del modelo elegido para conformar dicha relación de pareja. Si en Castilla y León, a falta de normativa estatal, no se afronta una ley autonómica que regule directamente las parejas de hecho, sí podemos evitar la discriminación que sufren en nuestra Comunidad, sí podemos equiparar a las uniones por vínculo conyugal. Y esto es lo que pretende esta proposición no de ley esta tarde, equiparar a la Comunidad, a efectos de la aplicación de la normativa reguladora para las familias numerosas, a las parejas de hecho con las parejas unidas por un vínculo conyugal. Para ello, es necesario abordar el desarrollo reglamentario del Artículo 35 de la ley autonómica, la Ley 1 del año dos mil siete, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León, a las familias de la Comunidad; y es normativa exclusivamente de la Comunidad, en tanto en cuanto no solicitemos al Gobierno de España que termine de una vez con una situación injusta y discriminatoria, remitiendo a las Cortes Generales un proyecto de ley de reforma de la Ley de Protección a las Familias Numerosas, de manera que se proceda al reconocimiento de la condición de familia numerosa, además de a las parejas unidas por vínculo conyugal, a las uniones de hecho.

Voy a tratar de argumentar con la normativa, separando los dos niveles, separando el nivel estatal, en primer lugar el nivel estatal, y el nivel autonómico.

A nivel estatal, la Ley 40 del año dos mil tres, de Protección a las Familias Numerosas, en su Artículo 2.3, regula el concepto de familia numerosa, estableciendo en el primer párrafo que -y entrecomillo- "A los efectos de esta ley, se consideran ascendientes al padre, a la madre o a ambos conjuntamente cuando exista vínculo conyugal y, o en su caso... y, en su caso, al cónyuge de uno de ellos". Y aquí es precisamente donde comienzan los problemas. Al condicionar la existencia de vínculo conyugal, excluye a las parejas de hecho, pues no equipara a las uniones de hecho con el vínculo conyugal, lo que impide a las parejas de hecho el reconocimiento de familia numerosa. Si no están casados, solo uno de los progenitores puede figurar en el título con sus hijos. Esto supone una discriminación por razón del grupo familiar al que se pertenece, tenga este su origen en el matrimonio o en la unión de personas que convivan en análoga relación de afectividad. La ley estatal del año dos mil tres, de familias numerosas, sí incluyó nuevos supuestos que daban lugar al reconocimiento de la condición de familia numerosa, como las familias monoparentales o las formadas por padres divorciados. Sin embargo, en el caso de parejas de hecho no se equiparan los derechos a los matrimonios con tres o más hijos.

A falta de regulación estatal, se genera otra desigualdad y discriminación por razón de territorio. Las Comunidades Autónomas son las encargadas de expedir el título o carné de familia numerosa, en el marco de la ley estatal. Y para que sea válido en todo el territorio nacional, este debe de ajustarse a la normativa estatal, por lo que si la Comunidad Autónoma, con su propia normativa, concediera el título de familia numerosa a ambos progenitores, solo tendría validez en el territorio de la Comunidad Autónoma en la que se está expidiendo el carné, situación que genera nuevamente otra desigualdad; en estos casos, una cuestión territorial.

En mayo del año dos mil quince se aprobó el Plan Integral de Apoyo a las Familias 2015-2017. Plan que, por un lado, no tiene el imperativo de una ley, no es de obligado cumplimiento; y, por otro, tampoco solucionó el problema que hoy planteamos.

En segundo lugar, y ya a nivel autonómico, la Comunidad Autónoma es la competente en reconocer la condición de familia numerosa, la expedición del título que lo acredita y de los carnés. Castilla y León lo hace a través del Decreto 9 del dos mil cinco, que reconoce la condición de familia numerosa, así como su expedición, renovación, modificación o pérdida del título. Y la Orden de Familia 671 del año dos mil siete regula el funcionamiento del carné individual de familia numerosa. Por otro lado, la Ley 1 del dos mil siete, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León, en el Capítulo I regula las familias numerosas; el Artículo 35 se remite a la normativa estatal en cuanto a las disposiciones generales; sin embargo, en el apartado 5 establece -y vuelvo a entrecomillar- "Reglamentariamente se podrán extender todos o algunos de los beneficios establecidos para las familias numerosas de la Comunidad en el presente Capítulo a otros tipos de familias, en los casos en que sus especiales circunstancias o características lo justifiquen" -y cierro comillas-. Es evidente que en base a esto la Junta de Castilla y León puede modificar la interpretación del Artículo 2.3 de la ley estatal, de manera que su aplicación no se limite a las relaciones conyugales de manera literal, procediendo a equiparar a las parejas no matrimoniales. Es discriminatorio, es injusto que no se equiparen los derechos a las parejas... los derechos de las parejas de hecho a los matrimonios con tres o más hijos. No puede ser que las parejas de hecho con familia numerosa tengan un trato distinto para obtener el título que acredita la condición. No puede ser que tengan menos derechos que los matrimonios.

En las parejas de hecho, los beneficios por ser familia numerosa afectan solo a uno de los padres. Al no existir vínculo conyugal, la ley solo reconoce, o conoce, a uno de los padres... concede a uno de los padres el carné que otorga beneficios económicos y sociales, por lo que uno de los padres queda excluido del reconocimiento, lo que, desde luego, es absolutamente injusto, injusto para uno de los padres -además, normalmente, en la mayoría de los casos, es la madre la que de oficio queda fuera de los beneficios- e injusto, desde luego, para los hijos.

Los conceptos de conformación de parejas y hogares han cambiado radicalmente. La legislación puede adaptarse a la realidad... puede y debe adaptarse a la realidad en los nuevos modelos de conformación de familias. Algunos datos estadísticos nos ayudan a entender. Por ejemplo, cada vez hay más parejas de hecho. En España, en los últimos seis años, las uniones de hecho crecieron un 351 %, según datos del INE. Los matrimonios civiles y eclesiásticos disminuyeron un 24,6 %. Más de 4.000 parejas de hecho en este momento en Castilla y León. La mitad de las Comunidades Autónomas extienden el título de familia numerosa a ambos progenitores de las parejas de hecho cuando están inscritas en el Registro autonómico, acreditando con ello su convivencia. Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Valencia, Extremadura, Madrid, Navarra y el País Vasco cuentan con leyes autonómicas que regulan las uniones de hecho, bordeando la legislación estatal, ciertamente, y evitando la discriminación de los hogares formados por parejas de hecho.

En Castilla y León debemos afrontar esta situación, regular lo que ya es un hecho en la calle, lo que ya es un hecho en la sociedad, acabar con una situación injusta y discriminatoria que sufren las parejas de hecho con familia numerosa. No es posible que se equiparen en herencias, pensiones de viudedad o ventajas fiscales, y, sin embargo, no se haga por familia numerosa. Por esta razón, el Grupo Socialista presenta la siguiente propuesta de resolución: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: primero, equiparar en la Comunidad, a efectos de la aplicación de la normativa reguladora en la Comunidad para las familias numerosas, a las parejas de hecho con las parejas unidas por vínculo conyugal; dos, abordar el reglamento previsto en el apartado 5 del Artículo 35 de la Ley 1/2007, de siete de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León; tercero, solicitar al Gobierno de España que remita a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Protección de las Familias Numerosas, de manera que se proceda al reconocimiento de la condición de familia numerosa, además de a las parejas unidas por el vínculo conyugal, a las uniones de hecho". Por el momento, presidenta, nada más. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. El Grupo Mixto no se encuentra todavía en la sala. En turno de fijación de posiciones, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don José Ignacio Delgado, en representación del Grupo Ciudadanos.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Pues gracias, señora presidenta. Muy brevemente. Yo creo que es una cuestión tan obvia y evidente que, ante todo y sobre todo, tenemos que garantizar el derecho de los niños, ¿no?, de los hijos, en este caso de las familias numerosas, y yo creo que es una cosa, vamos, de madera de cajón de tabla; por eso vamos apoyar esta proposición no de ley.

Y, efectivamente, esa Ley 1/2007, de siete de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León, ya lo dice bien claro en ese Capítulo I, y, efectivamente, si tenemos esa facultad, dice: reglamentariamente se podrán extender todos o aquellos... algunos de los beneficios establecidos para las familias numerosas de la Comunidad en el presente Capítulo a todo tipo de familias, en los casos en que sus especiales circunstancias o características lo justifiquen.

Yo, sinceramente, creo que hay que intentar, ante todo y sobre todo, que ya de por sí, y más en una Comunidad Autónoma como la de Castilla y León, donde la despoblación es más que evidente, en fin, aparte de que teníamos que incentivar todavía mucho más, si cabe, medidas, no ya para que todos tuviéramos familia numerosa, que sería lo ideal, pero vamos, pero sí por lo menos aquellos que las tienen, desde luego, no ponerles ningún tipo de cortapisa. Yo, sinceramente, espero que todo el mundo aprobemos este tipo de medidas, porque, vamos, yo vuelvo a decir que son, pues aparte de injustas, sinceramente, tenían que ser... lo más rápidamente posible restablecer todos aquellos derechos. Y bien es verdad que a veces en el... en fin, no todo el mundo a veces... –digamos- yo que soy partidario, lógicamente, a muchos compañeros o amigos, cuando dicen: pero por qué cuando, sobre todo, hay hijos no te casas, si es una cuestión... es un trámite mero, pero hay que, ante todo y sobre todo, defender la libertad de cada cual; y es así, hay que decirlo abierta y llanamente. Y contra... la libertad de cada cual es, ante todo y sobre todo, la que tiene que prevalecer. Y, en este caso, los derechos de los niños y de los hijos, lógicamente, se ven afectados por este tipo de medidas.

Con lo cual, si hay muchísimas Comunidades Autónomas, como es el caso, que también lo hacen, lo que tenemos que hacer nosotros es yo creo que, sinceramente, dar ejemplo y hacer que este tipo de medidas... eso, incluso incentivarlas en lo posible. Vuelvo a decir, pero esto será cuestión de otras situaciones, pues eso, para luchar contra la despoblación, incentivar que haya mayor número de nacimientos. Y, desde luego, este tipo de medidas desde luego ayuda muy poco. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias, señor Delgado. En turno de fijación de posiciones, por un tiempo máximo de diez minutos, y en representación del Grupo Podemos Castilla y León, tiene la palabra la señora María Josefa Rodríguez.


LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Bien. Pues muchas gracias. Efectivamente, no se puede vivir de espaldas a la realidad, obviando todas las posibilidades de relaciones afectivas que conforman diferentes tipos de familia. Los análisis sectarios nos llevan a regulaciones torpes, que producen desigualdad y dolor. Encontramos muy conveniente esta propuesta del Grupo Socialista, y nuestro voto va a ser favorable. Es todo.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Pues muchas gracias, señora Rodríguez. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora doña Irene Cortés.


LA SEÑORA CORTÉS CALVO:

Buenas tardes, señorías. Gracias, presidenta. Vamos a ver, por centrar un poco el asunto que nos ocupa, ¿no? Estamos hablando de una... de legislación. Aquí, en fin, está claro que en una separación o en un proceso traumático puede que... o en un proceso de divorcio conflictivo los hijos e hijas tengan algún tipo de problema, pero lo que nos ocupa ahora mismo, los hijos e hijas no tienen ningún tipo de problema ni de merma en sus derechos, porque están garantizados; aquí estamos hablando de otra cosa, es lo que yo entiendo.

Con respecto a lo que ha comentado la portavoz socialista, y respecto a la propuesta que hoy nos trae, pues decirle que las uniones de familias de hecho, a día de hoy, no son equiparables al matrimonio, son dos instituciones completamente distintas según la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, en línea, además, con el Tribunal Constitucional. Luego la competencia en esta materia la tiene única y exclusivamente el Estado; la Comunidad Autónoma se limita a ejecutar esa competencia que tiene el Estado. Lo que se propone aquí, en cierta medida, es sortear la legislación a la cual estamos obligados a cumplir para poder –y usted lo ha dicho muy bien- coger un atajo para llegar a donde parece que ustedes quieren llegar.

Yo creo que lo oportuno, necesario y conveniente, puesto que los tiempos avanzan, y eso es cierto, es acomodar la ley estatal y reformarla en este sentido; y una vez que esta norma esté reformada, pues aplicar la modificación correspondiente en la legislación de la Comunidad Autónoma que corresponda. Porque luego sí que... bueno, también he visto un montón de legislación de distintas Comunidades Autónomas en este sentido que, obviamente, son solo de aplicación en esa Comunidad Autónoma. Cuando uno se cambia de Comunidad Autónoma, ¿qué pasa? Yo quiero decir que es una cuestión que es importante, que es sensible y que creo que se merece la atención y el trabajo oportuno y necesario para reformar la ley. Que no estamos -el Grupo Parlamentario Popular- en contra de que se modifique esa ley y se adapte a los nuevos tiempos, pero vamos a hacer las cosas bien, no vamos a proponer atajos, nosotros somos parte del Legislativo de esta Comunidad, y me parece, francamente, en fin, una barbaridad el estar proponiendo atajos a la ley; es que yo, sinceramente, no lo entiendo.

Comparto toda la problemática social, y, en torno a esto, también me gustaría que la demagogia la dejásemos aparcada y nos centrásemos en lo que verdaderamente nos ocupa, nos preocupa y tenemos que solucionar. En este sentido, he intentado llegar a un acuerdo con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, aprobando el último punto, porque es lo que me parece más razonable, y, en virtud de esta aprobación, proponer las siguientes enmiendas, que paso a leer, del punto 1 y 2 de su propuesta.

Con respecto al punto 1: "Una vez reformada la Ley de Protección a las Familias Numerosas –y continúa el punto 1 exactamente igual que el que propone usted-, equiparar en la Comunidad, a efecto de la aplicación de la normativa reguladora en la Comunidad para familias numerosas, a las parejas de hecho con las parejas unidas por vínculo conyugal".

Y con respecto al punto 2, es: "Abordar el desarrollo previsto en el apartado 5 del Artículo 35, de la Ley 1/2007, de siete de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León, una vez se haya producido esta reforma". Porque aparte... en fin, es que yo creo que es lo más razonable.

Con respecto al Artículo 35.5, que dice: medidas de apoyo a las familias de Castilla y León, hay un apartado en el que se habla de las familias numerosas, pero que no es aplicable a este supuesto, porque no se trata de extender los beneficios de las familias numerosas a otros tipos de familias. En este sentido, esta... este otro tipo de familias vendría determinado por, por ejemplo, el riesgo de exclusión o la situación de especial vulnerabilidad, porque la unidad familiar está determinada como numerosa de antemano. Luego aplicar, en este sentido, este artículo, pues no tiene... no tiene sentido.

También es cierto que compartimos que el criterio que determina el acceso a la obtención del título de familia numerosa deba venir dado por el número de hijos y no por el vínculo con los progenitores. Es decir, que hay muchos puntos de encuentro, pero que, en cuestión de leyes, hay que ser ordenados, hay que ser prudentes y hay que ser sensatos; máxime cuando estamos hablando de temas socialmente sensibles y que pueden afectar pues a una... a un grupo de población pues muy representativo, ¿no?

Y sin más... Bueno, también me gustaría decirles que en una de... la primera Comunidad en la que se estableció esta regulación por Comunidades, que fue Cataluña, bueno, pues se produjo un fraude de ley con respecto a las parejas de hecho en... no en relación con este asunto, sino con problemas de extranjería, lo cual obligó a suspender este registro. Por lo tanto, insisto, hay que tratarlo con mucha sensatez, con mucho sentido común y pensando en lo que se hace. Y si lo primero va a derivar en mejoras y cambios en lo segundo, lo primero es la competencia del Estado y lo segundo es la competencia de la Comunidad, en este caso de Castilla y León. Nada más y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. ¿Antes de cerrar el debate y fijar el texto definitivo, necesitan un tiempo de receso? ¿No? Perfecto. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra la... como procuradora proponente, doña Ana María Muñoz de la Peña, por un tiempo máximo de diez minutos.


LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, presidenta. No es necesario el receso porque hemos intentado acordarla antes de iniciar el debate y, ciertamente, no ha habido entendimiento. Pero... bueno, en primer lugar, quiero agradecer al... el apoyo y el respaldo a Ciudadanos y a Podemos a la iniciativa.

Y voy a tratar de que se entienda qué es lo que pretendemos. El atajo... no pretendemos un atajo a la ley, pretendemos un atajo al camino, precisamente porque no hay ley, precisamente porque no hay ley, sobre todo porque no hay ley. Es lo que pretendemos, atajar el camino para que la discriminación que en este momento sufren las parejas de hecho que tienen familia numerosa deje de producirse, se equiparen en derechos al... a aquellas parejas que tienen una relación... que tienen un vínculo matrimonial.

Creo que el asunto está bien centrado, ciertamente está bien centrado. Los menores tienen los derechos, ciertamente, pero no así los progenitores, que solo lo tendría uno de ellos, porque se les consideran familias monoparentales, cuando en realidad hay un vínculo de pareja; no es una familia monoparental, hay un vínculo de pareja. Por tanto, a quien se le está restringiendo los derechos, en este caso, siempre es a uno de los progenitores. Normalmente a la mujer, porque hay... sabemos que hay titular y cotitular, hay titular y cotitular, normalmente la mujer, pero, bueno, en cualquier caso, es uno de ellos al que se le están restringiendo los derechos.

Uniones de hecho dice que no son equiparables al matrimonio. Pues, claro, precisamente ese es el problema, que... usted ha dicho que las uniones de hecho en ningún caso no son equiparables al matrimonio. Ese es el problema, que no son equiparables. Eso es lo que pretendemos, que sean equiparables. Que tengan exactamente los mismos derechos que tienen aquellas uniones con vínculo conyugal, con vínculo que... matrimonial, bien sea civil bien sea eclesiástico; en cualquiera de los casos, que tengan los mismos derechos. Lo que pretendemos, acabar con esa discriminación que sufren las parejas de hecho con familia numerosa.

"Lo más conveniente es acomodar la ley estatal", pues de acuerdo, claro, efectivamente, sí; siempre y cuando la tuviéramos. El problema está en que no hay una ley estatal. Hay una ley estatal del año dos mil tres, pero que no considera con los mismos derechos a las parejas de hecho que a las parejas matrimoniales. Por tanto, en tanto en cuanto, efectivamente, la ley estatal no se ajuste a la realidad social, a la realidad en las... de los nuevos modelos de familia que se han conformado en este país, que, efectivamente, son absolutamente legales, y no consideren terminar definitivamente con la discriminación que en este momento están sufriendo, evidentemente no... no puede ser.

Hacer las cosas bien es regularlo. Es lo que pretendemos, hacer las cosas bien y que se regulen. Y, ciertamente, aquí afirma... afirma una cosa que, bueno, es algo evidente, absolutamente evidente. Dice que lo da por el número de hijos, no por la relación de los padres. No, las familias numerosas, evidentemente, es por el número de hijos, pero también por la conformación de familia que tienen los padres. Porque los hijos tienen dos, normalmente, dos padres, padre y madre, o padre y padre, pero... [murmullos] ... o madre y madre, pero, hay una pareja, hay una pareja...


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Señorías, por favor, no generen un debate. Señorías... Señorías, por favor. Señora Cortés, señora Cortés, ya ha tenido su turno, no generemos un debate.


LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

... hay una pareja, siempre con los hijos. Por tanto, lo que estamos... lo que estamos planteando es que cuando hay una pareja no se discrimine a una parte del... a una parte de la pareja.

Mire, señoría, está fácil de arreglar. En tanto en cuanto no haya una ley estatal, vamos a regularlo en la Comunidad Autónoma. Podemos hacerlo, tenemos el camino perfectamente para hacerlo, que es modificando el Artículo 35, o aplicando el Artículo 35 y reglamentando el Artículo 35 de la Ley de Medidas de Apoyo a las Familias Numerosas en Castilla y León: "Reglamentariamente se podrá extender todos o algunos de los beneficios establecidos para las familias numerosas de la Comunidad a otros tipos de familia".

En el momento que nosotros desarrollemos con una orden, un decreto, el Artículo 35, automáticamente lo haremos. ¿Ciertamente tendrá validez solo en el territorio de la Comunidad Autónoma? Pues sí, como solo lo tienen los carnés que están expidiendo... expediendo aquellas doce Comunidades Autónomas que ya lo tienen resuelto, que lo han resuelto. Su carné solo vale para su territorio, evidentemente, no vale para todo el país, porque el problema deriva en que en España no se reconoce a las parejas de hecho como estado civil, no se les reconoce. Solo se reconoce los matrimonios eclesiásticos o religiosos y los matrimonios civiles, pero no a las parejas de hecho. Entonces, en tanto en cuanto no haya una normativa estatal que les otorgue sus derechos civiles a las parejas de hecho, no tendrán validez los carnés que expiden estas Comunidades Autónomas, que sí lo han resuelto, que sí lo han regulado, y que en sus territorios no se discrimina a una de las... a una parte de la pareja.

Por tanto, eso es lo único que pretende esta proposición no de ley, que, en tanto en cuanto no lo resuelva el Estado, por lo menos lo resolvamos en la Comunidad Autónoma.

¿Qué ocurre con la enmienda que nos plantean? Pues, muy sencillo. Pretenden en los tres puntos... al modificar los tres puntos, que digan lo... de los tres puntos, modificar los dos primeros, que digan lo mismo que el tercero. No tiene ningún sentido. Dice: una vez reformada la ley de familias numerosas, equiparar en la Comunidad... Claro, es que, si se reforma la ley de familias numerosas a nivel estatal, ya no necesitamos regularlo en la Comunidad. Ya tenemos el marco estatal acorde, por tanto nos sobra la ley en la Comunidad Autónoma; no necesitamos modificar las leyes autonómicas porque ya tenemos que aplicar la normativa estatal una vez modificada. Pero, en tanto en cuanto no se aplica una normativa estatal, nosotros tendremos que regularlo, y dar una solución a las parejas de hecho con familias numerosas y evitar que se siga discriminando su relación.

Dice que luego... claro, abordar el reglamento previsto... también hace referencia a la misma normativa estatal, que sí, que es... al final lo que dice el punto 3, que... solicitar al Gobierno de España remita a las Cortes un proyecto de ley de reforma de la Ley de Protección a las Familias Numerosas para que se proceda al reconocimiento. Pues, una vez que se haga la ley estatal, no necesitamos regular a nivel autonómico, pero, en tanto en cuanto, tendremos que utilizar el atajo que perfectamente las leyes autonómicas, la Ley 1/2007, de la Comunidad Autónoma, de familias numerosas, nos permite utilizar, nos permite utilizar el Artículo 35. No siga insistiéndome en que no, no siga insistiéndome en que no. Le leo de nuevo lo que dice el Artículo 35-entrecomillo-: "Reglamentariamente se podrá extender a todos... todos o algunos de los beneficios establecidos para familias numerosas de la Comunidad en el presente Capítulo a otros tipos de familia". Otros tipos de familia es una pareja de hecho. ¿O considera su señoría que una pareja de hecho no es una familia? ¡Ah! Esto es así, esto es así, esto es así. [Murmullos]. Por tanto, tenemos la puerta abierta en la Comunidad Autónoma; no necesitamos ni siquiera hacer... que, hombre, sería lo ideal, sería lo ideal, que la Comunidad Autónoma tuviera una ley de parejas de hecho, pero, a falta de la ley de pareja de hecho –que no la tenemos-, es un atajo mucho más rápido, un atajo mucho más rápido regular reglamentariamente el Artículo 35 de la Ley 1 del dos mil siete, y podríamos equiparar en derechos a las parejas de hecho con las parejas matrimoniales que tienen familia numerosa.

Esto es el único planteamiento y el único objeto que pretendía esta proposición no de ley y que pretende esta proposición no de ley, que es acabar con la discriminación que en este momento están sufriendo y que, siendo todos conscientes de ello, no podemos seguir consintiéndolo; entiendo que no debemos seguir consintiéndolo porque... hombre, en un país de derechos, ya basta de que se discrimine simplemente por la opción libre de cada pareja de conformar su familia según el modelo que consideren, que quieran o que puedan, en muchos casos, hacer. De manera que espero que recapaciten de aquí a la votación y modifiquen su voto el Partido Popular. Nada más, presidenta. Y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Entiendo, señoría, que el texto se queda como está. Vale. Pues como hemos comentado, la votación se hará al finalizar la sesión, antes de finalizar la sesión. Así que por la señora secretaria se dará lectura del tercer punto del orden del día.

PNL/001089


LA SECRETARIA (SEÑORA JIMÉNEZ CAMPANO):

Proposición No de Ley número 1089, presentada por los Procuradores doña Ana María Muñoz de la Peña González, doña María Josefa Díaz-Caneja Fernández, don Álvaro Lora Cumplido, don Jesús Guerrero Arroyo y doña Virginia Jiménez Campano, para instar a la Junta a solicitar al Gobierno que remita un Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Protección a las Familias Numerosas en los casos de unidades familiares surgidas tras la separación o el divorcio, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 204, de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Pues para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, la señora doña Ana María Muñoz de la Peña, por un tiempo máximo de diez minutos.


LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, presidenta. Nuevamente planteamos una iniciativa relacionada... relacionada con la que acabamos de debatir. Proviene... o como consecuencia, nuevamente, de la falta de regulación, de adaptación a la realidad social de... con formación de parejas y familias con la Ley 40 del año dos mil tres, de dieciocho de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

Nuevamente, se produce otra discriminación que afecta a todas las parejas –no solo a las parejas de hecho; afecta a todas-. Es... en este caso la discriminación se produce para las parejas separadas o divorciadas, independientemente del vínculo previo que tuvieran al conformar su relación, y, sobre todo, a las que, una vez separadas o divorciadas, conforman una nueva familia.

No es suficiente con ser familia numerosa; deben de estar reconocidas legalmente como tal mediante el título o acreditación con el carné que se expide por lo... a todos los miembros de la familia, incluidos en el título de familia numerosa. El reconocimiento legal conlleva derechos y obligaciones. La ley no permite que una parte de la pareja, una vez separado o divorciado, pueda ser computada en dos unidades familiares al mismo tiempo; solo una parte tendrá el carné de familia numerosa por los hijos que... de ambos, sean o no hijos comunes. Evidentemente, pueden ser hijos de la nueva pareja.

Así se plantean los problemas y las... aquí, de esta manera, es cuando se plantean los problemas y las desigualdades. Solo una parte de la pareja –separada o divorciada- obtendrá los beneficios que le otorga la condición de familia numerosa: aquel que empadrone a los hijos en su domicilio. Mientras que los gastos de manutención, escolarización y todos los que afectan a los hijos son compartidos por ambos miembros de la pareja. Comparten cargas y no comparten los beneficios que la ley otorga a las familias numerosas.

El problema surge por otorgarse el carné ya con criterios discriminatorios. Se otorga a parejas unidas por vínculo conyugal, excluyendo –como hemos visto en la iniciativa anterior- a las parejas de hecho, y se otorga a las dos partes con diferente rango... con diferente rango y condición: los ascendientes –padre, madre- figuran uno como titular y otro como cotitular.

Esta es la situación que planteamos en esta proposición no de ley y que da lugar a diversos y diferentes problemas en caso... en casos de separación o de divorcio; solo una parte de las parejas se beneficiará del carné de familia numerosa, no se tiene en cuenta los hijos con los que no conviva, aunque sí comparta la custodia y los gastos de manutención. Y si alguno de ellos conforma otra familia, sumando más hijos, no podrá solicitar un nuevo título, ni se le expedirá el carné que ya tiene su expareja. Además, si no hay acuerdo de los padres sobre los hijos que deban considerarse en la unidad familiar, operará el criterio de convivencia y empadronamiento; imperará siempre quien tiene la guardia y custodia, teniendo en cuenta que en muchos casos esta es compartida.

No insistiré más en los argumentos ya expuestos en la iniciativa anterior, absolutamente válidos para el nuevo caso de injusticia que genera la falta de adaptación a la realidad social y a la realidad de las nuevas familias de la ley estatal. Efectivamente, la Ley 40, de Protección a las Familias Numerosas, regula en el Artículo 3 las condiciones de familia numerosa. El apartado 3 establece que nadie podrá ser computado, a los efectos de la ley, en dos unidades familiares al mismo tiempo. Esta cláusula perjudica a las familias resultantes de una separación o divorcio con custodia compartida, ya que solo permite que uno de los progenitores pueda optar a la obtención del título acreditativo de familia numerosa y beneficiarse, lógicamente, de las bonificaciones o exenciones previstas para tal condición. Esta regulación resulta injusta, perjudicando a una de las partes, que comparte los gastos y cargas económicas con... por el cuidado de los hijos comunes sin poder optar a beneficio alguno por condición de familia numerosa, lo que genera situaciones de desigualdad y desprotección de la familia.

El Congreso de Diputados aprobó, en febrero del año dos mil siete, una proposición no de ley instando a la aplicación de las prestaciones por familia numerosa a todas las situaciones familiares de convivencia. Asimismo, fue admitida a trámite la proposición de ley de reforma de la Ley 40 del año dos mil tres, de Protección de las Familias Numerosas. No obstante, ninguna de las dos propuestas se ha cumplido, a pesar de la insistencia de la Defensora del Pueblo, incluso, a nivel autonómico, del Procurador del Común. Y cuando decida su señoría si va a contestar... escuchar, pues puede que siga.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Señora Muñoz, está en su turno. Usted continúe...


LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Por eso, como estoy en mi turno, lo uso, lo utilizo.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

... hasta que desde la Mesa de la Presidencia no le diga lo contrario.


LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Vale, presidenta. Mire, señoría, los hijos tienen dos padres, impepinablemente, y la condición de padre o madre es, desde luego, para toda la vida y no se... no puede obviarse ni condicionarse a la relación de pareja que tengan juntos o por separado, ni a la conformación del tipo de pareja que han decidido formar, ni al tipo de hogar que han decidido constituir tras el divorcio o la separación, en pareja o monoparental.

Los hijos, tal y como van las estadísticas, desde luego van... parece que son una raza a extinguir; la natalidad debe protegerse y debe incentivarse, no se pueden poner barreras que dificulten o no faciliten la natalidad, y la valentía de las parejas que deciden voluntariamente formar familias numerosas, desde luego, hay que recompensarlas, no podemos castigarlas ni discriminarlas. Es necesario revisar y actualizar la Ley de Protección a las Familias Numerosas, de manera que se reconozca la condición de familia numerosa a ambas unidades familiares, nacidas de la ruptura de la pareja, evitando, de esta manera, discriminaciones a las familias numerosas separadas o divorciadas con custodia compartida, y con ello se resuelva la desprotección que sufren, al menos, una parte de la nueva unidad familiar resultante tras la separación o el divorcio.

Por ello, planteamos la siguiente propuesta de resolución: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de España que remita a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Protección a las Familias Numerosas, que reconozca la condición de familia numerosa a las unidades familiares surgidas tras la separación o divorcio y que tienen custodia compartida, evitando de esta manera la discriminación que en estos momentos sufren estas familias". Esperando contar con el apoyo y respaldo de todos los grupos, por el momento nada más, presidenta.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. El Grupo Mixto sigue sin estar presente. Así que en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don José Ignacio Delgado.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, es una proposición no de ley, lógicamente, consecuencia de la anterior, y, sinceramente, vamos a decir lo mismo. Es una... en fin, estamos totalmente y absolutamente de acuerdo en primar, pues a los hijos -en este caso, a las familias numerosas-, y no poner ningún tipo de cortapisas.

Sí que me gustaría añadir desde Ciudadanos una cuestión que antes ha hecho alusión el Partido Popular. Efectivamente, la picaresca existe y debe... vamos, de hecho, es una cuestión evidente. Y los que hemos tenido algún cargo de responsabilidad... en fin, vemos como hay –digamos- todo tipo de relaciones sociales, matrimoniales, extramatrimoniales, etcétera, etcétera, y muchos de los casos, pues bueno, es una condición, pues, en fin, que se hacen una especie, digamos, de subterfugios, etcétera, pues para conseguir más subvenciones o menos subvenciones, depende la condición, digamos, o cualidad, ¿no?

Pero lo que está claro que es que los derechos, aun así, para eso sí que hemos exigido y dicho que están los servicios sociales, que, además, yo creo que son muy buenos en Castilla y León, que tienen que supervisar, por supuesto, y evitar pues cuestiones que a lo mejor no son las adecuadas. Eso es una cosa evidente, ¿no? Pero, aun así, digo, por supuesto, teniendo esas garantías a través de los servicios sociales, los derechos siempre hay que garantizarlos lo máximo posible, y mientras no venga esa ley estatal, que todos estamos de acuerdo en que hay que hacerla, pues, lógicamente, siempre hay que apoyar este tipo de soluciones, que, al fin y al cabo, lo que se trata es de dar más derechos, que ya las cargas y los deberes, efectivamente, los padres ya los tienen. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora doña Laura Domínguez.


LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bueno, pues creo que está casi todo dicho, ¿no?, y que, además, tiene que ver con la propuesta anterior, que bien hubiese podido ser una única propuesta. Se incurre en una desigualdad en cuestión de estas unidades familiares. Y, simplemente, poner de manifiesto, porque ha dicho la proponente "es impepinable que un... que los niños y niñas tienen una padre y una madre"; pues no, de hecho, yo creo que lo que se pone de manifiesto precisamente, con el debate de la propuesta anterior, es que hoy en día existen muchos tipos de familias muy diferentes, y que no todas tienen un padre y una madre, ¿no? Supongo que no se refería a eso, pero parece que, hasta cierto punto, estaba defendiendo que eso no podía ser así, ¿no? Entonces, simplemente, ese apunte.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias, señora Domínguez. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora doña Mar González.


LA SEÑORA GONZÁLEZ PEREDA:

Gracias, presidenta. Buenas tardes. A veces, el ser la última en intervenir tiene sus ventajas... [murmullos] ... tiene sus ventajas. Es verdad, y comparto con el resto de los portavoces que han intervenido, porque así se lo manifestamos al grupo proponente, que ambas dos proposiciones podrían venir juntas, porque es verdad que compartíamos... y, además, poderlas haber sacado por unanimidad, con orgullo, porque aquí no se trata de tirar de un lado o de otro, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá?, puesto que estamos hablando de padres, y aquí padres son -como bien ha dicho en este caso Podemos- incluso las familias monoparentales, que también lo son.

Dicho lo cual, hubiésemos, tal vez, si... porque el orden del día es el que ha sido en este caso, pero si hubiésemos empezado, posiblemente, por esta proposición no de ley que estamos defendiendo ahora, tal vez esa postura hubiese sido diferente, y... si ese debate se hubiese hecho conjuntamente. En principio, comparto todos los argumentos, como no podía ser de otro modo, que ha hecho en el anterior debate mi compañera Irene, y me parece que, además, han sido fantásticos los expuestos por su parte. Y en pura coherencia, y lo digo, es lo que lleva a este grupo a mantener, en dos debates que se ha querido que fuesen diferentes, la misma postura, sin modificar el debate anterior, que lo ha llevado una compañera, o el que en estos momentos, lógicamente, voy a llevar yo.

En primer lugar, sí que me gustaría... me gustaría decir que, respecto a la normativa sobre el reconocimiento de la situación familiar... de familia numerosa, viene determinada... -y es que, a ver si lo dejamos claro, porque se ha hecho un totum revolutum en que aquí parece que todo... y no todo vale, cada cosa hay que ajustarla al tema del que estamos hablando- es la Ley estatal 40/2003, a la que nos hemos venido refiriendo. Es cierto que después, en esta proposición no de ley, el Grupo Socialista se refiere al Artículo 3 de dicha ley, que yo no tengo nada que decir, porque, efectivamente, viene entrecomillado, y se dice lo que se dice, pero no se puede entresacar solo algunas partes de la redacción de una ley, habrá que hacer referencia a algunas cosas más.

En el Artículo 2.3 de la ley estatal se recoge que "A los efectos de esta ley, se considerarán ascendientes al padre, a la madre a los... ambos", y pone: si hay vínculo conyugal. Es muy importante. Por eso decíamos antes... Irene dijo: la modificación de la ley estatal; porque entendemos que se debe modificar y adaptarla a las nuevas situaciones.

El Artículo 2.2.c) del mismo texto legal establece que "el progenitor... –perdón- que el progenitor que opte por solicitar el reconocimiento de la condición de familia numerosa, proponiendo a estos efectos que se tenga en cuenta los hijos que no conviven en él –y esto es muy importante y usted no lo ha dicho, señora Muñoz-, deberá presentar la resolución judicial en la que se declare su obligación de prestarles alimentos". Algo que es francamente importante.

En función de lo dicho anterior, se recoge en el Decreto 1/2011 de nuestra Comunidad Autónoma, que es el decreto donde se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia numerosa, que, por otro lado, no puede más que venir ajustado a la ley estatal, de obligado cumplimiento. Por todo lo expuesto, es la ley estatal la que marca las pautas y los requisitos para reconocer la condición de familia numerosa, que debe ser, por otro lado, igual en todo el territorio español.

Una vez expuesta la regulación normativa existente, nosotros tenemos tres argumentos, que me parecen muy importantes, y que los voy a decir esquemáticamente para no alargarme mucho.

En primer lugar, que la regulación actual es cierto que no reconoce la condición de familia numerosa a las unidades familiares surgidas tras la separación o el divorcio -con lo cual, compartimos con usted sus argumentos- y que tienen custodia compartida, puesto que no hay convivencia con uno... hay convivencia con uno solo de los progenitores y no existe el pago de pensión de alimentos, puesto que la tienen compartida. Su justificación se basa en el que el título de familia es un activo más de la sociedad matrimonial que se ha disuelto por motivos de divorcios, y son los excónyuges quienes deben de pactar, según el convenio regulador en la separación o en el divorcio, quién va a solicitar este título de familia.

Entendemos por estos motivos... compartimos con usted que se debe de modificar la ley estatal, porque es verdad que la sociedad ha venido sufriendo cambios y la formación de familias o incluso la separación de las mismas nos ha traído a estas situaciones, y, por lo tanto, creemos necesario que se regule esa situación para que, al menos en los casos de custodia compartida, ambos cónyuges puedan... o los dos progenitores puedan disfrutar de esta situación.

En todo caso, y para terminar, aun diciéndole que vamos a apoyar su proposición no de ley, sí que quiero dejar claro que los hijos, en todo caso, siempre van a... van a estar en el título de familia numerosa, siempre van a estar como beneficiarios, y podrán acceder, como no puede ser de otro modo, a los derechos y los beneficios existentes para todas las familias numerosas. Nada más. Y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Pues para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la señora doña Ana María Muñoz de la Peña.


LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, presidenta. Pues, nuevamente, pues agradecer a los grupos el apoyo y el respaldo. Y estoy de acuerdo totalmente –se ha marchado- con el portavoz de Ciudadanos cuando dice que las trampas no pueden restringir derechos, y, ciertamente, porque alguien utilice la ley para aprovechamiento personal, para mentir o para falsear, bueno, pues, porque alguien lo haga, no vamos a restringir los derechos que esa ley ampara al resto de personas, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de tener un buen sistema y unos buenos mecanismos de vigilancia, control y, desde luego, de penalización a esa mala utilización de la ley. Totalmente de acuerdo con lo que plantea.

Y, bueno, ciertamente, cuando yo digo que los niños siempre tienen padre y madre, impepinablemente, evidentemente me refiero a un tema biológico, no luego ya de conformación de familia, que es distinto. Impepinablemente, biológicamente los niños tienen padre y madre. Luego, el tipo de familia que se conforme en torno a los hijos, pues, evidentemente, hay mil modelos y mil posibilidades distintas de conformación de estas familias. Y esa es la realidad social, que hay mil modelos de familia distintos, diferentes formas de familia que la ley tiene que amparar también y que no... una pareja no puede sufrir una discriminación por el modelo de familia que ha optado tener. Evidentemente, tenemos que garantizar los derechos civiles a todas las personas y a todas las parejas, independientemente del modelo de pareja que hayan decidido tener -matrimonio religioso, matrimonio civil, una pareja de hecho-, independientemente del tipo de sexo que tenga cada una de los componentes de la pareja. Entonces, a partir de ahí, ese es el planteamiento.

¿Por qué planteamos estas dos iniciativas separadas, separadas? Ciertamente, coinciden las dos en una cosa, en que hay una discriminación por razón de conformación de pareja; y coinciden en una cosa, en modificar la ley de familias numerosas para evitar la discriminación que están sufriendo estas parejas con familia numerosa porque han optado por un modelo de pareja que no contempla la Ley 40 del año dos mil tres. Pero coinciden hasta ahí, nada más: pedimos la modificación de la Ley 40 del año dos mil tres. Coinciden en eso. Por lo demás, son absolutamente distintas. La primera que debatimos afecta solo y exclusivamente a las parejas de hecho, y esta segunda afecta a cualquier tipo de pareja que se separe o se divorcie, independientemente del vínculo conyugal o el vínculo de pareja que hubieran optado y del que se están separando, o con el nuevo que estén conformando. Por tanto, los afectados, en este caso, son absolutamente distintos. Bien. Hombre, los argumentos que ha dado la portavoz venían a hacer referencia a la anterior.

Y sigo insistiendo, ¿por qué las presentamos separadas? Porque esta no tiene otro camino más que modificar la ley estatal. Y, como no tiene otro camino más que modificar la ley estatal, evidentemente es el planteamiento que hacemos. Pero la anterior sí tiene un atajo, sí tiene un atajo. Tiene un atajo y tiene un camino propio, que la Comunidad Autónoma, que la Junta de Castilla y León, si quiere, puede optar por él sin necesidad de modificar la ley estatal. Esta es la razón por la que se presentan separadas y por la que las debatimos de forma separada.

Hay una posibilidad, porque la primera iniciativa en Castilla y León se puede resolver, y se puede resolver porque el problema, ciertamente, emana del Artículo 3, que solo considera pareja aquellas que tienen un vínculo matrimonial. El Artículo 3 de la ley estatal de familias numerosas solo considera aquellas con vínculo matrimonial.

Pero se olvida y obvia la portavoz del Partido Popular que la Ley 1/2007, de familias numerosas, de Protección a las Familias Numerosas en Castilla y León, el Artículo 35 establece, y no voy a repetir el debate anterior, que hay otros modelos de familia que reglamentariamente se pueden incluir en la ley de familias numerosas. Ese es el atajo del que hablábamos, y ese es el atajo que pedíamos que se resolviera, y que Castilla y León puede resolver sin necesidad de modificar la ley estatal.

Por eso, estas dos iniciativas son absolutamente distintas, porque una tiene posibilidades de que la Comunidad Autónoma actúe, de que la Junta actúe, sin necesidad de ley estatal y sin necesidad de modificar la ley estatal, y en el segundo caso no hay posibilidad de que la Comunidad Autónoma, con la normativa actualmente en vigor, pueda regularlo y pueda hacerlo. Por tanto, ahí planteamos la modificación directamente de la ley estatal.

De manera que, bueno, muchas gracias por el apoyo y el respaldo. Y, si somos capaces de que la ley estatal sea modificada, bueno, pues celebraremos todos que se solucione una discriminación que en estos momentos sufren las parejas de hecho, que es injusta, injusta, y, en un estado de derecho, a estas alturas del siglo XXI no debe permitirse ni debemos ser cómplices de que se pueda permitir. Nada más, presidenta. Y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Pues, como procederemos a la votación al final, por la señora secretaria se dará lectura del cuarto punto del orden del día.

PNL/001111


LA SECRETARIA (SEÑORA JIMÉNEZ CAMPANO):

Proposición No de Ley número 1111, presentada por las Procuradoras doña Laura Domínguez Arroyo y doña María Josefa Rodríguez Tobal, para instar a la Junta a introducir en los nuevos criterios de acreditación de las entidades que prestan la ayuda a domicilio los elementos que se detallan, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 204, de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes y por un tiempo máximo de diez minutos, la señora doña Laura Domínguez.


LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bien. Gracias, presidenta. Bueno, pues, en primer lugar, explicar algo de lo que supongo que ya se habrán dado cuenta, que es que esta propuesta fue redactada en noviembre de dos mil dieciséis, un momento en que la Consejería de Familia había anunciado que iba a exigir una acreditación a las entidades que prestasen el servicio de ayuda a domicilio. Y hicimos la propuesta en ese marco, con la idea de que los puntos aquí integrados sirvieran como una aportación que nacía no de este grupo en exclusiva, sino de las conversaciones también mantenidas con las trabajadoras de ayuda a domicilio de las distintas provincias.

Pero, bueno, debatimos esta propuesta seis meses después, y el marco es muy diferente, pues la Orden prometida ya ha sido publicada en el BOCYL el pasado treinta y uno de marzo, sin que -¡sorpresa!- se hayan tenido en cuenta las propuestas de este grupo parlamentario, ni de ningún otro, claro.

Podríamos haber retirado la propuesta, teniendo en cuenta que, evidentemente, ya no se pueden incluir estas reivindicaciones como tal en la Orden, pero no lo hemos hecho porque consideramos que es un debate que debe seguir estando encima de la mesa, ya que el servicio de ayuda a domicilio ha sido uno de los más maltratados por parte de la Consejería de Familia: recortes, altos copagos, familias que deciden prescindir del servicio público y acogerse a lo privado, pues les sale más rentable, malas condiciones laborales para las trabajadoras por distintas circunstancias, desigualdades entre provincias y entre mundo rural y mundo urbano. Este es el resumen nefasto de esta prestación y cómo ha sido gestionado por la Junta.

El anuncio de que iba a llegar dicha acreditación pues nos pareció fascinante. Después de tantos años de existencia del servicio, a alguien en su Consejería se le encendió una bombillita de que quizá la calidad de las empresas que lo prestaban no estaba lo suficientemente acreditada. Genera inquietud pensar cómo se ha evaluado hasta ahora la corrección, la calidad y el coste del servicio. Pero, bueno, bienvenidas sean las mejoras, si esto significa mejorar realmente.

Y, bueno, me imagino que, entre otras cosas, me dirán que esta Orden nace desde el consenso con el diálogo social, y cabe recordar dos cuestiones: la primera de ellas es que el diálogo social no es toda la sociedad civil organizada; y, la segunda de ellas, que lo que ustedes llaman consenso o acuerdo nosotros lo llamamos negociación, y en las negociaciones uno cede y el otro aplasta, y a eso no se le llama consenso.

El contenido de esta proposición lo podríamos resumir un poco en tres bloques: por un lado, el derecho a la calidad del servicio para los y las usuarias; por otro lado, los derechos laborales para las trabajadoras; y, por último, la evaluación de la acreditación para las empresas, pues como un bloque, evidentemente, central.

Empiezo por esto último, dado que es una cuestión que ha quedado reflejada en su propia Orden y con mayor asiduidad de lo que planteábamos nosotros, que no quiere decir que eso sea mayor control. Y es que se da la situación de que este servicio, al estar descentralizado en los municipios, supone que la Consejería pues no tiene ninguna capacidad de ejercer control sobre ellos. Y, ojo, que no hablamos de ejercer control sobre los municipios que invaliden sus capacidades ejecutivas y de gestión, pero sí en establecer desde la Consejería criterios homogéneos que impidan, por ejemplo, la diferencia de precios de la prestación. Porque convendrán conmigo que no es lógico que se paguen casi dos euros de diferencia por hora entre Soria y Burgos, o uno entre Burgos capital y los municipios que se gestionan desde la diputación. Al igual que convendrán conmigo que no puede ser que las condiciones laborales, por ejemplo, de las trabajadoras de León las hayan llevado a manifestarse en las últimas semanas por la parcialidad y precariedad que rodea a sus contratos, mientras que en Burgos, por ejemplo, han sufrido el arrastre de horas que, gracias a nuestro grupo en el ayuntamiento han sido finalmente eliminadas del pliego, y la Consejería no hace ningún control sobre esta contratación.

Precisamente, esto me sirve para enlazar para... con una de las cuestiones que queríamos dirimir con esta propuesta: garantizar los derechos laborales de las trabajadoras, y que no han tenido ninguna cabida en la Orden aprobada. Y es que en esta materia existen dos valores supremos: por uno, estarían los y las usuarias y su bienestar y, por otro, las trabajadoras y la necesidad de garantizar su derecho a un trabajo digno. Y, en este sentido, introducíamos el punto 8 para garantizar dichos derechos; también el punto 10, para garantizar que la Gerencia pudiera hacer un seguimiento que, como ya he dicho antes, pues es complejo, dado que no se gestiona directamente y se gestiona por los municipios.

Sin embargo, nada de esto, como ya he dicho, aparece en la Orden aprobada, que apenas se refiere a las trabajadoras, como si fueran un elemento ajeno a este servicio, cuando son ellas las que en última instancia mantienen la calidad, muchas veces en detrimento de sus propias vidas y derechos, volando, literalmente, de unas casas a otras, interrumpiendo su vida personal para poder atender a la demanda, con sueldos y tiempos parciales e inmersas en contratos precarios.

Otra cuestión que debo añadir aquí es que se va a exigir a las empresas la acreditación profesional, y, teniendo en cuenta que van tarde, pues en dos mil quince deberían estar el 100 % acreditadas y han tenido que ampliar el plazo, y llevan ni la mitad, teniendo que finalizar en dos mil diecisiete, han dejado abierto un proceso que ahora van a pretender exigir a las empresas, cuando los responsables de llevarlo a cabo hubiesen sido ustedes, se lo van a exigir a las empresas, que evidentemente no van a poder hacerlo, y lo que va a suceder es simplemente que las personas no acreditadas seguirán trabajando, como lo han hecho hasta ahora, al margen de la incompetencia de la Junta para no dar abasto para acreditarlas.

Por otro lado, situamos a los y las usuarias, que aquí creo que es el elemento que más se ha respetado en la Orden, es a lo que más se refiere, hay varios conceptos que se refieren a ello (información, hojas de reclamaciones, acuerdo con la persona usuaria). Y simplemente un apunte: las personas usuarias, con unos copagos que son inasumibles, pues hacen que recurran al servicio privado para que sea más barato; evidentemente, esto no se va a solucionar con la acreditación de calidad de las empresas, pero es algo a tener en cuenta.

Por último, pues la mayor parte de las referencias son, evidentemente, a las características que van a tener dichas empresas. Consideramos que en la Orden también han incluido una parte de los puntos propuestos, pero no otros que son básicos, por ejemplo la inclusión de cláusulas sociales, entendidas en un sentido amplio. Les recuerdo que la Orden que rige las cláusulas sociales en Castilla y León no solo se refiere a la discapacidad o al porcentaje de personas con discapacidad, sino que es muchísimo más amplio, y, de hecho, la debatimos aquí en un momento, la capacidad para poder hacerla aún más amplia, y, sin embargo, no se cumple en la mayor parte de contratación de la Comunidad Autónoma, y, por supuesto, tampoco en la contratación en ayuda a domicilio. Y, además, no queda claro que el plan de calidad que se exige sea acorde a la normativa europea. Y ya se lo digo, que una parte de los contratos realizados en esta Comunidad no cumpliría con los derechos laborales de las trabajadoras ni con cuestiones relacionadas con la asistencia a los y las usuarias.

Y algo que sí que se han dejado totalmente en el tintero es la existencia de planes específicos para el medio rural, porque diputaciones y entidades municipales de distintos tamaños no tienen, obviamente, el mismo funcionamiento, dado que se aplican en sesgos poblacionales muy distintos, y, por tanto, no pueden tener las mismas características en la capital que en municipios menores. Y no hay ninguna previsión de que en las entidades menores, y, por ende, contratadas desde las diputaciones, se haga un planteamiento distinto, y, consecuentemente, pues no pueden abordar el servicio de la misma manera en una ciudad que en una entidad menor.

Y, bueno, no quería dejar de señalar que, por supuesto, para este grupo parlamentario nos gustaría que la gestión fuese directa, que no hubiese empresas intermediarias, y que, evidentemente, esta propuesta nace porque de hecho son las empresas las que lo están gestionando, pero que, en todo caso, nosotros siempre defenderemos la gestión pública de todos los servicios y de todas las prestaciones relacionadas con dependencia.

Y ya, pues un último apunte sobre el control. Según el Artículo 9.a), cada año se revisará el cumplimiento. Y me gustaría saber si esto va a seguir un procedimiento de plantilla, como se hacen los seguimientos en esta Comunidad, o se va a presentar una verdadera memoria, que se supone que sí, que eso es lo que pone, pero también se supone que se hace con los Premios Óptima y con el seguimiento del Plan de Igualdad y con la contratación de comedores en residencias públicas, y todo eso no existe. Pues, bueno, las memorias brillan por su ausencia, así que por eso no me fío mucho de que, aunque lo ponga en la Orden, se vaya a cumplir posteriormente.

Entonces, bueno, en resumen y como conclusión, podemos considerar que algunas de las cuestiones que planteamos aquí ya están en la Orden que se ha aprobado, pero en otra parte, y, por tanto, creyendo que aún pueden ser objeto de debate y posteriormente de aplicación dentro de lo ya aprobado, pues lo ponemos aquí de manifiesto. Y eso es todo. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. El Grupo Mixto no se encuentra. Así que, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don José Ignacio Delgado.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señora presidenta. Brevemente. Yo, sinceramente, la ponente ha dicho que, efectivamente, lo podía haber retirado. Yo, después de que ya se hizo la Orden y que además –como ella bien ha dicho- también están, lógicamente, con todos los pactos social que ha habido, pues hombre, sinceramente, todo es mejorable, y de lo que se trata, y yo siempre decimos, que esta nueva Orden también, efectivamente, yo creo que en su amplitud pues tiene... recoge muchas cosas. Ahora la cuestión es que seamos todos capaces –como decimos desde Ciudadanos- de que se cumpla y que, efectivamente, haya un seguimiento de verdad. Y estamos total y absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir, que esas memorias anuales sean de verdad una memoria, y que esas entidades que se dedican a ayuda a domicilio, etcétera, a estos servicios, pues realmente haya una... –digamos- una continuidad, una trazabilidad y se las pueda supervisar debidamente.

Pero, mire, ha hecho una referencia al mundo rural, y yo que, como bien sabe usted también, que somos de ese mundo, sinceramente, le puedo asegurar y decir que sin la colaboración con las entidades –digamos- privadas, o la iniciativa privada, es imposible acceder a este tipo de servicios. Lo que está claro es que hay que regularlo bien, garantizar que esos derechos se cumplan. Y estamos total y absolutamente también de acuerdo esa vigilancia de que, efectivamente, esos dos euros que ha puesto, por ejemplo, de manifiesto de un usuario a otro, es totalmente creemos que inadmisible, es decir, porque, lógicamente, aquel que tiene una percepción de derechos tiene que estar en las mismas condiciones y capacidades que los demás.

Y en ese sentido, hombre, yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, entre todos, y por supuesto, vigilar que se cumpla esta nueva Orden, intentar que en ese diálogo social, lógicamente, que estamos total y absolutamente de acuerdo que los trabajadores y trabajadoras tienen que estar debidamente atendidos y garantizados sus servicios. Y además, que son unos servicios –digamos- de una especialidad que muchas veces tienen que tener una carga vocacional más que evidente, porque, en fin, así lo requiere. Y vamos, desde luego, en todas las provincias tienen que tener los mismos criterios, en todos los municipios tienen que existir los mismos derechos. En ese sentido, también hemos denunciado a veces desde Ciudadanos como, depende qué ayudas había desde diferentes diputaciones, unos usuarios... perdón, dependiendo de qué provincia se viva, tenían más requisitos que otros, o –digamos- más beneficios. En este sentido, pues la verdad, nos vamos a abstener en esta proposición no de ley.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don Jesús Guerrero.


EL SEÑOR GUERRERO ARROYO:

Gracias, presidenta. Bien, compartimos varias de las valoraciones que se han expresado en los antecedentes de la PNL y en la propia exposición, como se puede comprobar pues en las intervenciones del Grupo Socialista a lo largo de los últimos años, ¿no?, en estas Cortes de Castilla y León. Desde luego, todo lo referente a la contratación que se expresa en los antecedentes de la PNL respecto a los recortes aplicados por el Partido Popular desde el año dos mil doce y, sobre todo, sobre los efectos perniciosos sobre las personas, ¿no?, que se han dado.

Una discrepancia -que creo que es importante- en el contenido en cuanto en los antecedentes se habla del acierto de la descentralización del servicio ante las entidades locales. Bien, el Grupo Socialista viene exigiendo desde hace muchos años en estas Cortes, pero también en los grupos provinciales, en diputaciones y en los Grupos Socialistas de los municipios de más de 20.000 habitantes, varias cosas.

Primero, diligencia en las transferencias de recursos de la Consejería a las entidades locales, que a veces se han retrasado casi un ejercicio completo. Y lo habitual en los últimos años ha sido, al menos, medio año desde que se firma el convenio de cofinanciación de los servicios sociales hasta que se realizan las transferencias, teniendo las entidades locales que adelantar millones de euros, sobre todo para poder prestar el servicio de ayuda a domicilio en condiciones.

Yo conozco bien la Diputación de Palencia por mi situación anterior como portavoz en esa Diputación, y en el caso... y en ese caso, la Diputación de Palencia tenía que adelantar hasta 5.000.000 de euros de sus propios recursos para financiar el sostenimiento del servicio de ayuda a domicilio, mientras la Junta resolvía sus problemas de tesorería, o lo que fuera, para hacer la transferencia. Y esos 5.000.000, por ejemplo, teniendo en cuenta la Diputación de Palencia, era la mitad de los planes provinciales. Con lo cual, pongo esa proporción para que veamos lo importante. La Junta ha abusado en exceso, en este asunto, de transferir en tiempo y forma las cantidades que se compromete en los convenios de cofinanciación, por eso... desde hace muchos años. Por eso hablo... entiendo el sentido de la propuesta, ¿eh?, de la afirmación, mejor dicho, pero en este caso la descentralización yo entiendo, con la experiencia que hemos tenido desde el Grupo Socialista, que no es positivo, porque lo único que ha sido positivo ha sido que las entidades locales han estado financiando a la Junta de Castilla y León el servicio de ayuda a domicilio durante mucho tiempo. Como sé que el Grupo Podemos quiere presentarse a las elecciones municipales en las próximas convocatorias, eso lo van a aprender ellos de primera mano, si tienen representación, y lo van a comprobar, que el Grupo Socialista lleva mucho tiempo, en ese sentido, reivindicándolo, ¿no?

Y en segundo lugar, también, o en otro sentido, también creemos que, al menos en las diputaciones, hemos estado defendiendo en todos los ámbitos –repito-, y al menos en las diputaciones, que el servicio de ayuda a domicilio se incentive también en los pliegos y, en definitiva, en las bases que se preparen, y en las posibilidades legales que se abren en la ordenación del servicio, que se pueda incentivar la creación de cooperativas de trabajadores y trabajadoras del servicio o de pequeñas empresas por comarcas, ¿eh? Esto hemos entendido siempre que es muy importante como factor también de lucha contra la despoblación, y como la manera de crear y ayudar a crear tejido empresarial y de apoyo a los colectivos en el medio rural, ¿no?, como lucha contra la despoblación.

Al final, como se sacan los pliegos, y se sacan las contratas siempre a nivel provincial, hablo de las diputaciones, a las que están... que se tienen que dedicar a los municipios de menos de 20.000 habitantes, pues eso significa que son las grandes empresas, casi siempre multinacionales, las que se llevan normalmente esos pliegos. En la Diputación de Palencia, todos los municipios, menos la capital, estarían en este ámbito de la diputación. Por poner... sigo poniendo ese ejemplo que repito que desconozco, pero que seguro que podemos hablar de más provincias, de más diputaciones.

Por lo tanto, es en ese sentido... creo que también hay que... hay que decirlo, porque es verdad que dentro de la Orden de Familia que se ha citado se recogen muchos de los puntos que están en la propuesta del Grupo Podemos, pero ese concreto, de un tratamiento específico al medio rural, no, ¿eh?, no, ¿eh? Y, en ese sentido, pues nos parece muy importante –repito-, porque también nosotros lo hemos defendido, y desde hace mucho tiempo, en distintos ámbitos.

Bien, centrando en las peticiones concretas, como ha reconocido la ponente, la PNL se presentó en noviembre, y, evidentemente, la Orden de Familia del veinte de marzo, pues recoge muchas de las... de los planteamientos que vienen expresados en la propuesta. Nosotros tenemos que decir también que creo que... creemos que la Consejería se lo ha tomado con mucha calma y que verdaderamente se merecía también un cierto reproche político por esa lentitud en sacar esta... esta Orden. Hay otras Comunidades Autónomas que han hecho los deberes con muchos meses de antelación. Solo pongo un ejemplo: la Junta de Extremadura sacó una Orden similar, más amplia, que completa... que contempla todos los puntos, por ejemplo, referidos a la... al tema social y al tema del medio rural, el dieciséis de agosto del año pasado, ¿eh? En fin, yo creo que la Junta ha ido aquí tarde, ¿eh?, y encima no recoge todos los planteamientos que nosotros también valoramos positivamente en esta propuesta de Podemos.

Y, por lo tanto, como creemos que la Orden de Familia 219/2017, de veinte de marzo -que es de la que estamos hablando-, no recoge al cien por cien estas peticiones en la propuesta de Podemos, que nosotros compartimos, pues entendemos que perfectamente se puede mantener la propuesta, y, en ese sentido, la vamos a apoyar; recalcando que, efectivamente, el punto cuarto, referido a la necesidad de que se garantice que las entidades integren cláusulas sociales en la contratación, y el sexto de... para disponer de un plan específico para el mundo rural, de cara a garantizar el acceso igualitario, pues entendemos que son muy importantes desde la valoración que hace el Grupo Socialista, y, en ese sentido, apoyaremos la propuesta del Grupo Podemos. Nada más.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular y un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora doña Rosa Valdeón.


LA SEÑORA VALDEÓN SANTIAGO:

Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero darles las gracias por la PNL, aunque, efectivamente, tengo que reconocer –como ha dicho la portavoz del Grupo Podemos- que, efectivamente, en el momento que se planteó tenía mucho más sentido que el que tiene ahora, cuando ya está publicada la Orden.

Pero, bueno, sí creo que tenemos que quizá abstraernos de esa cuestión teórica y reconocer que si han hecho esta PNL y la siguen manteniendo, pues, en el fondo, se está reconociendo que es un servicio esencial, dentro de los servicios sociales. Es uno de los servicios más demandados, en los que –como también decía el portavoz del Grupo Ciudadanos- todo puede ser mejorable, pero que, afortunadamente, nuestra Comunidad Autónoma tiene una larga trayectoria, y, sin ser la primera, que dice... como ha dicho el portavoz socialista -Extremadura ya la tenía-, pero somos de las primeras Comunidades Autónomas que en este momento se han regulado. Es decir, que no estamos hablando de ser los últimos de la fila ni estamos hablando de ser pioneros. Es algo que se ha hecho, y se ha hecho en base también a ese acuerdo del diálogo social.

Pero cierto es que antes, como Programa de Gobierno, el presidente Herrera ya lo había planteado -era algo previsto, algo pendiente-, aunque se materializó de una forma concreta en esos acuerdos del diálogo social y posteriormente en esta Orden. Creo que, en este momento, lo que deja muy claro es que garantiza una serie de niveles pues de calidad, de profesionalidad, porque establece criterios, estándares, etcétera.

Quiero decirle que se ha hecho en... esta Orden se ha hecho en consenso con las corporaciones locales. Aquí podemos tener diferentes criterios. Las corporaciones locales, lógicamente, tienen su autonomía, y aquí estamos muchas personas vinculadas a ellos, y yo sí creo que es una de las... servicios más cercanos a las personas y, por tanto, las corporaciones locales, tanto ayuntamientos como diputaciones, son quienes lo pueden hacer quizá con esa mayor personalización. Por eso, yo defiendo, aun asumiendo las críticas del Grupo Socialista, que es cierto que a veces los ayuntamientos reciben más tarde el dinero, aun asumiendo esa crítica, creo que es un servicio que está bien prestado en general por las Administraciones locales. Como les digo, de hecho, se ha hecho en consenso con ellos; no solo ya con el diálogo social, sino con las propias corporaciones.

La ley lo que hace es regular pues muchos de esos diez puntos que el grupo proponente, el Grupo Podemos, plantea aquí. Define los criterios de acreditación, define que cuál es la entidad que acredita los mismos, las condiciones, los medios técnicos, los medios humanos, las condiciones de calidad, los efectos que tiene esa acreditación. Es decir, que, hoy por hoy, lo que está garantizando esta Orden es que el servicio de ayuda a domicilio sea de calidad tanto si es el servicio que lo solicita la persona como en el caso de que esté... sea a través de una prestación vinculada.

La financiación se ha incrementado en los últimos años. En su introducción hablan de los recortes; no podemos negar que durante unos años no se ha incrementado, pero este último año en concreto ya ha habido 8,1 millones más para este servicio directamente. Se sigue impulsando, pues Castilla y León tiene una... en este caso, tiene unas cuantías máximas por encima de las previstas en la normativa estatal. Y, además, hay un hecho que es diferencial en Castilla y León y que es compatible con otra serie de prestaciones de servicios sociales, es decir, de centros de día, etcétera.

Vuelvo a decirles que se ha consensuado, pero no solamente en este momento de la Orden; en el año dos mil nueve, es decir, en la anterior legislatura, ya se habló con las corporaciones locales para intentar acordar de alguna forma los criterios, sobre todo en aspectos tan sensibles como puede ser el copago, para que todas aplicaran lo mismo, y tenían después que trasladarlo a sus respectivas ordenanzas locales. Hoy por hoy, creo que todas las corporaciones locales pues, dentro de unas reuniones -que además recuerdo, y en ese caso no estaba en el lado de la Junta, sino que estábamos en el lado de las corporaciones locales-, pues que fueron difíciles, pero es cierto que había una diferencia pues de aportaciones, de criterios, muy importante en función de la decisión del ayuntamiento o de la diputación de turno. Eso, en base a ese consenso, se hizo y se trasladó a las ordenanzas locales. Es decir, que puede haber pequeñas discrepancias o lugares en los que no... bueno, pues que no llegue con la misma intensidad, pero, desde luego, todo eso está escrito. No solamente con la ayuda a domicilio, sino también en el caso de la teleasistencia.

Como les digo, hoy por hoy, es un servicio de calidad, y lo decimos porque lo valoran así los ciudadanos, aparte de las entidades –que ustedes saben-. No existe demora. En Castilla y León en particular tenemos ahora mismo que se está atendiendo al 99,47 % de los dependientes de Grado I y III; y se han... y en la media nacional es del 38,79. Sigue siendo... el 16 % de la media nacional eligen la ayuda a domicilio; aquí la eligen el 20 %. Si los ciudadanos la eligen saben ustedes que será por algo, porque estarán satisfechos. Son 4.500 los profesionales que lo están llevando a cabo en este momento. Son 280 los que se incorporaron en el año anterior, es decir, un 5 % de incremento. Probablemente haya que seguir aumentándolo. Pueden seguir existiendo diferencias de convenio por aquella razón que les decía antes, pues porque se presta a través de las entidades locales, y quizá la diferencia entre los trabajadores puede existir por esa... por ese matiz, pero no la diferencia en cuanto a copago y en cuanto a los usuarios. Ahí, como les digo, se mantiene el hecho de intentar unificar, que se hizo en el dos mil nueve, y que esta Orden pues viene a ratificar lo que es esa uniformidad, podríamos decir, que en ningún momento el ciudadano de... independientemente del lugar donde viva, pues reciba la misma prestación.

Si el grupo proponente lo tiene a bien, planteábamos... –y desde luego respetamos lo que consideren oportuno- planteábamos la posibilidad de una votación separada. Porque, de los diez puntos, le puedo decir que hay cuatro que se pueden aceptar totalmente, es decir, el 1, el 2, el 7 y el 9.

Y proponíamos o nos gustaría proponer una serie de enmiendas, que quizá no sean tanto enmiendas de fondo como de forma; es decir, se las relato de una forma... se lo he comentado al grupo proponente, pero se lo relato a todos los demás.

La enmienda al grupo 3 está hablando de... bueno, de la cualificación... de certificar que el personal ha estado ya trabajando... es decir, una experiencia mínima. Nosotros entendemos que en ese caso pues se vulnera la libre competencia, es decir, puede haber quien acreditando que cumple los servicios técnicos no tenga experiencia, pero no tiene por qué no hacerlo con calidad.

En el caso del grupo 4.º, del punto 4.º, se acuerda con las corporaciones locales la elaboración de un documento de bases para la redacción de los pliegos de contratación. Aquí chocamos con lo que es la autonomía municipal. Es decir, nosotros nos parece lógico y podríamos sugerirle a las corporaciones locales que lo hagan, pero, evidentemente, queda en su potestad.

En el punto 5 se habla de disponer de un plan de gestión de calidad como obligatorio para la acreditación del servicio, de acuerdo a estándares internacionales. Aquí nos hemos encontrado con que no existen estándares internacionales, existen unas recomendaciones de la OCDE que las podríamos aplicar, pero, como tal, no existe una regulación, y por eso, pues lo dejábamos un poco pues atendiendo a las recomendaciones –que puede ser- de organismos internacionales, pero no existe legislación.

Y en cuanto al punto 10, pues habla de esos controles. Nosotros lo que planteábamos era asegurarnos de que las entidades que lo presten pues remitan a la Gerencia de Servicios Sociales el plan de gestión, que sean objeto de la actividad inspectora y que se verifique que sigan cumpliendo los requisitos de la acreditación. Es decir, una vez acreditados, que se sigan verificando.

El punto 6 y el 8 es en los que no... entendemos que no estaríamos de acuerdo, por una razón: porque el punto 6 –vuelvo a reiterar- es lo que les decíamos, pues que la acreditación se realiza de forma objetiva, es decir, ahí es en base... pero el dónde se prestan corresponde a las corporaciones locales (diputaciones y ayuntamientos); y el punto 8 –en el que se habla de esos aspectos, como los... la ausencia de conflictos laborales- entendemos que esta Orden no puede entrar en una legislación laboral o en un conflicto laboral, es decir, si una empresa tiene un conflicto laboral, tendrá que acudir a la autoridad laboral para que lo resuelva, pero eso no puede ser un criterio de exclusión a priori en el caso de la Junta.

Por eso les digo que en el caso de que admitan votación separada, pues apoyaríamos cuatro puntos, enmendaríamos en esos matices que le digo otros cuatro, y los que no estaríamos de acuerdo son los que les he comentado: el 6, por la autonomía de las entidades locales, y el 8 por aquello de entender que la... que los conflictos laborales no pueden entrar en esta Orden. Es cuanto les tengo que decir. Y muchísimas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo... [Murmullos]. Vale, pues un receso. Un receso de dos minutos, ¿vale?

[Se suspende la sesión durante unos minutos].


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Bueno, pues reanudamos la sesión. Y ahora sí, para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la señora doña Laura Domínguez.


LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Buenos, pues gracias. Voy a fijar la posición, y así, si me quedo sin tiempo, la presidenta no me echa la bronca. Bueno, aceptaríamos las enmiendas planteadas por el Partido Popular, que son al punto 3, 4 y 5. Ahora se lo pasamos a la letrada. ¿No? 3, 4 y 5. Y la votación por separada... por separado del 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10, en un bloque, y el 6 y el 8 en otro bloque. Y con... y, evidentemente, el texto como queda.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Vale. Entonces, si no... si no he entendido mal, o sea, se votaría por... en un bloque el 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10, y luego, aparte, las que...


LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Por otro el 6 y el 8.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

... las que se votan negativamente por parte del Grupo Popular, que serían el 6 y el 8, ¿no?


LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Por separado el 6 y el 8, sí. Y con las enmiendas a los puntos que he dicho.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Aceptando las enmiendas a los puntos... a los puntos que los... que enmendaba. Vale.


LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Eso es.


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Perfecto.


LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Y bueno, ya pues simplemente explicar... también... bueno, lo primero, explicar que, dado que la Orden ya está aprobada, pues, evidentemente, no cabe mucho más a debate algunas de las cuestiones, ¿no? Por eso también aprobar lo que, evidentemente, creo que se puede llegar a un acuerdo en relación a que, eso, a que la Orden ya está aprobada. Y luego ya explicando, pues un poco lo que... lo que han ido diciendo los portavoces.

Decía el portavoz de Ciudadanos que... [Murmullos].


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Por favor, guarden... guarden silencio y respeten un poquito al proponente. Gracias.


LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Sobre lo que comentaba el portavoz de Ciudadanos, que ha dicho que la podía haber retirado, pues bueno, yo considero –lo he explicado en mi primera intervención- que hay ciertos debates que no pueden cerrarse, ¿no?, y que, precisamente, aquí lo que se estaba planteando, y además se planteará a largo plazo, es cómo se van a acreditar esas empresas, y me parecía importante mantenerlo por ese debate y porque se han quedado dos puntos fuera, que luego me referiré a ellos.

Y luego ha aludido también que las prestaciones con servicios privados es lo que garantiza que en el medio rural siga habiendo estos servicios, si no le he entendido mal. Yo simplemente una cuestión que creo que todos sabemos, pero los servicios privados, al final, salen más caros que la gestión directa pública, y, sobre todo, garantizan mucho menos el control, que es por lo que Podemos, principalmente, defiende la gestión directa en todo caso.

Además, por otro lado, podría hacerse o no con empresas privadas; porque hay una cuestión con la ayuda a domicilio, y con bastantes prestaciones en materia de dependencia, y es que, una vez que estalla el boom inmobiliario, de repente las empresas constructoras se reconvierten en empresas de servicios. Entonces, ahora mismo están siendo gestionadas por empresas constructoras muchos servicios de este tipo. Que supongo que me dirán que no tiene mayor problema, pero a mí sí me lo parece, porque creo que estamos convirtiendo –como tantas otras cosas- la dependencia en un negocio, y que, cuando se acabó el boom inmobiliario, resulta que las empresas de servicios fueron las que hicieron este apaño para que esas empresas siguiesen teniendo beneficios, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso nosotros siempre defenderemos la gestión directa: por el control, porque sale más caro y porque además creemos que se hace beneficio de cosas que no deberían ser motivo de beneficio económico.

En cuanto al Partido Socialista, pues bueno, claro, puedo estar de acuerdo con lo que decía, pero yo, cuando decía que era cierto que la descentralización había sido un acierto, es porque entiendo que este tipo de servicios, cuanto más cercanos, más sencillo es de gestionar, ¿no?, y entiendo que por eso se descentralizan. Pero, claro, lo que usted se refería tiene yo creo más que ver con la mala gestión por parte de la Junta de Castilla y León a la hora... después de que se acceda a este servicio, que más bien con que la descentralización en sí misma sea mala, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con que eso suceda, pero en ese sentido era por eso.

Y luego, lo que refería de las diputaciones. Bueno, la posición de este grupo respecto a las diputaciones es clara y creo que sobradamente conocida. Y ustedes hacían esta propuesta sobre las comarcas y sobre la posibilidad de coordinadoras comarcales. Y, claro, a este grupo, por supuesto, le va a parecer adecuado, porque para nosotros afirmar la autogestión comarcal debería ser una forma de organización territorial.

Y luego, por último, se refería al tratamiento específico para el mundo rural, que no aparece en la Orden, y aquí ya puedo enlazar con algunas cuestiones que planteaba la portavoz del Partido Popular también. Yo creo que esto sería tan sencillo como añadir un plan específico dentro del plan de calidad o dentro del plan individualizado que tendrían los usuarios; es decir, no lo veo tan complejo. No podría... he entendido que no es susceptible de que entre dentro de esta Orden, pero no creo que sea cierto, porque, como le digo, yo creo que hay varias cuestiones que se exigen para la acreditación, que fácilmente se podría hacer un planteamiento distinto para entidades menores que para la capital de provincia, ¿no?, y que, evidentemente, se necesitarían; entonces, no sería, desde mi punto de vista, no susceptible de no poder entrar en una de ellas.

Y luego, bueno, ha dicho algunas cosas, como que en el último año se había aumentado un 8,1 %. Pero si es que el recorte, que también fue de presupuesto, no fue tanto de presupuesto, sino que viene dado... y yo entiendo que esto no es una competencia autonómica, pero viene dado del recorte que se da a todas las horas en ayuda a domicilio a partir de dos mil doce, o sea, que no tiene tanto que ver con el presupuesto, sino con quién se pudo quedar con la ayuda a domicilio y quién no; y concretamente en Castilla y León, todos, aparte de que todas las horas, el 40 % de personas se quedó fuera del servicio de ayuda a domicilio en dos mil doce. Entonces, incrementar la cuantía posteriormente no tiene que ver con que desde dos mil doce hay un porcentaje de gente que no puede acceder al servicio de ayuda a domicilio.

Y luego, también aludir a lo que ya aludía en mi primera intervención, que es el hecho de que muchas personas no se acogen a la ayuda a domicilio porque sale mucho más barato un servicio no profesional y privado, que además está desempeñado por las empleadas de hogar, que, a su vez, tienen su problemática específica, pues por falta de cotización a la Seguridad Social, todas las problemáticas que conllevan las empleadas de hogar, que no son personal acreditado, como no lo son una parte de las personas que se dedican a la ayuda a domicilio, porque, como ya he dicho, la mitad todavía están sin acreditar; que se lo van a exigir a las empresas, y ustedes me dirán cómo se lo van a exigir a las empresas, porque al final van a seguir trabajando sin serlo.

Luego, me decía también que no existía una normativa específica, pero existe una normativa UNE 158301, es el número, que es amplia, es mucho más amplia, tiene que ver con las prestaciones del servicio de dependencia, pero dentro de todo esto está una parte específica de ayuda a domicilio, que tiene que ver con las acreditaciones de calidad para las empresas. Entonces, no es cierto que no exista una normativa, y esa era la normativa a la que yo aludía con el plan de calidad. No obstante, bueno, he aceptado esa enmienda del plan de gestión de calidad, que entiendo que más o menos vendrá a ser lo mismo; luego ya veremos cómo es ese plan de calidad.

Y, bueno, y ya solo aludir a los dos puntos que no han aceptado, el 6 y el 8. El 6 ya me he referido a ello, es que sería tan sencillo como que se exigiera que en el plan individualizado, en el plan de calidad, hubiese algo específico para el mundo rural. Y el segundo, yo entiendo que las instituciones públicas sí que tienen que velar por los derechos laborales de las trabajadoras, y entiendo también que está habiendo demasiados conflictos laborales en esta Comunidad Autónoma con las trabajadoras de ayuda a domicilio: en Burgos, en León, en ciertas diputaciones. Entonces, entiendo que no es un hecho aislado, es algo que se está generalizando de una manera que me parece peligrosa. Entonces, quiere decir que no hay suficiente control sobre las entidades locales en ese sentido, y que no se está exigiendo que esa contratación que se hace con esas empresas esté blindando los derechos laborales de esas trabajadoras.

Por ejemplo en Burgos, que es lo que más conozco, efectivamente, ha habido una pelea -y digo pelea, porque ha sido así- de las trabajadoras para que se les quitase el arrastre de horas, que es algo que no tenía ninguna otra trabajadora de ayuda a domicilio en toda la Comunidad Autónoma; que esto también tiene que ver con la falta de homogeneidad que tienen los contratos de ayuda a domicilio, ¿no? Era a lo que me refería con los costes, pero también a esto. ¿Por qué unas tienen arrastre de horas y otras no? ¿Por qué, por ejemplo, en la mayoría de lugares de Castilla y León, en todas las diputaciones, sin ir más lejos, no se está pagando el transporte de las trabajadoras de ayuda a domicilio cuando es algo exigible por el convenio laboral? Entonces, yo entiendo que hay un problema con las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio, y me preocupa que la Junta de Castilla y León no tenga capacidad para abordar esas situaciones.

Entonces, simplemente, pues, bueno, agradecer a los grupos, que entiendo que más o menos, aunque sea con estos puntos fuera, van a apoyar. Y lo... vamos, me da mucha pena por el punto 6 en concreto, porque las trabajadoras de ayuda a domicilio agradecerían una ayuda por parte de la Junta de Castilla y León.

Votaciones PNL


LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA HERRERO):

Muchas gracias. Pues, concluido el debate de los cuatro puntos del orden del día, procedemos a someter a votación por su orden.

PNL/000924

Así que procedemos a someter a votación la PNL 924, que corresponde al primer punto del orden del día. ¿Votos a favor? Perfecto. Once, ¿no? Once votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete. Vale. Pues, con dieciocho votos emitidos, once votos a favor, siete en contra, queda aprobada esta proposición. [Murmullos]. Diecinueve, perdón. Sí. ¿He dicho dieciocho? [Murmullos]. Sí, sí. Dieciocho. Se queda claro, ¿no? Sí que se queda claro, ¿no? Sí, ¿no?

PNL/001088

Procedemos a someter el segundo punto del orden del día, la PNL 1088. Con lo cual, ¿votos a favor? ¡Uy!, perdón. [Murmullos]. No. ¿Votos a favor?, por favor. Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Habiéndose producido un empate, procedemos a someter por segunda vez esta PNL a votación, según el Artículo 92 del Reglamento.

¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Habiéndose producido un segundo empate, les advierto que, si continúa el empate, se elevará a Pleno. Procedemos a someter, por tercera y última vez, esta proposición no de ley.

¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Habiéndose producido un empate tras las tres votaciones previstas en el Artículo 92 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, esta Presidencia procederá a comunicárselo así a la excelentísima señora presidenta de la Cámara a los efectos previstos en el apartado 3 de este precepto reglamentario.

PNL/001089

Procedemos a someter a votación el tercer punto del orden del día, PNL 1089. Creo que esta PNL, ¿por asentimiento la podríamos dar por aprobada? Sí, ¿no? Aprobada.

PNL/001111

Y pasamos a someter a votación la última PNL debatida, PNL número 1111, que se ha aceptado la votación por separado, votando en primer lugar, y en primer bloque, los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10, habiéndose aceptado las enmiendas propuestas por el Grupo Popular de los puntos 3, 4 y 5. ¿Es correcto? [Murmullos]. Y 10. ¿Es correcto? Pues procedemos a someter este primer bloque a votación. ¿Votos a favor? Por asentimiento creo que lo podríamos haber... Efectivamente, aprobada por unanimidad.

Y procedemos a someter a votación el segundo bloque de esta proposición, que eran los puntos 6 y 8. ¿Votos a favor? Vale. [Murmullos]. No, nueve no, ocho. Ocho. ¿Votos en contra? Ocho. ¿Abstenciones? [Murmullos]. Nueve, perdón. No, nueve. Abstenciones: una. ¡Vaya lío! Repito, repito, para que se quede claro. Votos en contra: ocho. Votos a... Digo, votos a favor: ocho. Votos en contra: nueve. Abstenciones: una. Con lo cual, quedan rechazados. Lo siento. [Murmullos]. No, rechazados.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las diecinueve horas quince minutos].


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