DS(C) nº 316/9 del 19/5/2017

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Buenos días. Se abre la sesión. ¿Por parte de los distintos grupos parlamentarios tienen que comunicar alguna sustitución a esta Presidencia? ¿Por parte del Grupo Socialista?

EL SEÑOR ACEVES GALINDO:

Sí. Buenos días, presidente. Buenos días, señorías. Don Jesús Guerrero sustituye a don Celestino Rodríguez Rubio.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien. ¿Por parte del Grupo Ciudadanos?

EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Sí. David Castaño Sequeros sustituye a José Ignacio Delgado.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien. Podemos Castilla y León, no. ¿Por parte del Grupo Popular?

LA SEÑORA BLANCO LLAMAS:

Sí. Buenos días, señor presidente. Don Emilio José Cabadas sustituye a don Francisco Julián Ramos, don José Manuel Fernández Santiago a don Jesús Alonso Romero, doña Victoria Moreno Saugar a don Alfonso José García Vicente y don José Máximo López Vilaboa en sustitución de María del Mar Angulo. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. Pues por parte del secretario se dará lectura al primer punto del orden del día.

SC/000257

EL SECRETARIO (SEÑOR MONTERO MUÑOZ):

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Comparecencia del ilustrísimo señor director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, Solicitud de Comparecencia 257, a solicitud del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para informar a la Comisión sobre: actuación de la Junta ante los incumplimientos reiterados en materia de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos y a la pasividad en el control de los Sigs y la levedad de las sanciones.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. Pues damos la bienvenida al ilustrísimo señor director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, don José Manuel Jiménez Blázquez, y le cedo la palabra.

EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (SEÑOR JIMÉNEZ BLÁZQUEZ):

Muchas gracias, presidente. Buenos días. En relación con la cuestión planteada, me gustaría hacer un repaso, en primer lugar, general, al contexto de la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos en Castilla y León, para luego revisar cuál es la situación y el control que se realiza a los sistemas integrados de gestión en la Comunidad Autónoma, así como el régimen sancionador.

El Real Decreto 110/2015, de veinte de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ha establecido un nuevo marco normativo en el cual se debe desenvolver, a partir de este momento, el modelo de gestión de este tipo de residuos. Este modelo que establece el real decreto actualiza y completa el actual, el existente hasta ahora, manteniendo en el mismo los elementos que han resultado positivos y evitando aquellos que han puesto de manifiesto errores o deficiencias en el mismo, todo ello orientado a que España cumpla los objetivos y requisitos que ha establecido la Unión Europea en materia de RAEES, y también con la finalidad de optimizar económicamente y hacer eficiente la gestión de estos residuos, bajo la responsabilidad ampliada de sus productores, y en un marco que garantice la competitividad del sector de fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos, y también de los gestores de estos residuos.

Este real decreto, partiendo de la idea que se deben recoger todos los residuos que se generen en España, fija una serie de objetivos de recogida separada más exigentes que los actuales, a partir del año, ya, dos mil dieciséis en adelante. Durante el año dos mil quince se ha mantenido, se mantiene, el objetivo mínimo estatal de recogida de 4 kilos de RAEES domésticos por habitante y año, pero a partir del año dieciséis cambia, y así, en dos mil dieciséis, el objetivo mínimo estatal de recogida separada de RAEES será del 45 % de la media del peso de aparatos introducidos en el mercado español en los tres años precedentes; en el año dos mil diecisiete será del 50 % de estos productos introducidos en el mercado, y en el año dieciocho será del 55 %. Como vemos, una exigencia progresivamente más intensa.

Dichos objetivos serán publicados por el Ministerio por categorías y deberá cumplirlos cada una de las Comunidades Autónomas en proporción a su población. Para el año dos mil dieciséis, los objetivos para la Comunidad de Castilla y León se concretan en las siguientes cantidades: 11.386 toneladas en cuanto a RAEES de uso doméstico, 2.079 toneladas en cuanto a RAEES de uso profesional, que hacen un objetivo total en la Comunidad de 13.465 toneladas. Para el conjunto del Estado, el objetivo se sitúa en 5,46 kilos de residuos eléctricos y electrónicos por habitante y año.

Aún no contamos con los datos que nos permitan evaluar si se han cumplido estos objetivos para la Comunidad Autónoma en el año dos mil dieciséis, ya que se está analizando en este momento las memorias anuales presentadas por los sistemas integrados de gestión correspondientes a este ejercicio, aunque los primeros datos apuntan a que sí se ha cumplido el objetivo planteado por el real decreto.

Y, finalmente, este Real Decreto 110/2015 establece también unos objetivos mínimos de reciclado y valorización de estos residuos, que se deben cumplir en las instalaciones de tratamiento específico de los mismos, y que se sitúan entre el 70 y el 85 % en peso, en función de las categorías de residuos.

Otros aspectos destacables de esta... de la regulación, en cuanto a gestión de residuos eléctricos y electrónicos, que establece el real decreto, son los siguientes: clarifica las obligaciones de los distintos operadores, como son fabricantes, distribuidores, usuarios, gestores y Administraciones, en todas las fases del producto y del residuo que se genera; establece también mecanismos de trazabilidad que garanticen la fiabilidad de la información; implica activamente a los distribuidores en la recogida de los residuos y en las obligaciones de información al usuario final, es decir, al cliente; establece los requisitos técnicos que han de cumplir las instalaciones de recogida, almacenamiento y tratamiento específico de RAEES para su autorización; clarifica el papel de la responsabilidad ampliada del productor y el de los sistemas en que se organizan los productores, así como sus obligaciones; se establece una única herramienta electrónica de recogida de información, una plataforma electrónica en todo el Estado, que permitirá la participación de todos los agentes que intervienen en la vida del producto y de su residuo, registrando cada uno de ellos directamente los datos de los RAEES; se prevé la creación de una oficina de asignación de recogida de RAEES, que será supervisada por las Administraciones competentes y gestionada por los productores; se incrementa el control sobre los traslados de RAEES y se intensifican las labores de coordinación y colaboración en materia de inspección y control para recogida y gestión de los RAEES entre todas las Administraciones -así, se prevé expresamente la coordinación con aduanas, con la Fiscalía de Medio Ambiente, con el Ministerio del Interior y con el Seprona-.

En la Comunidad de Castilla y León tenemos un conjunto de instalaciones autorizadas para el almacenamiento y tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El procedimiento de autorización depende de la capacidad de tratamiento de estas instalaciones: si esta capacidad de tratamiento supera las 10 toneladas diarias, se somete al procedimiento de autorización ambiental, regulado en la Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación; y, por debajo de esta capacidad de 10 toneladas diarias, simplemente se tramita una autorización de gestor de residuos, en base establecido a la Ley 22, de Residuos y Suelos Contaminados. Con este procedimiento, en Castilla y León contamos con las siguientes instalaciones autorizadas:

Seis instalaciones de tratamiento específico de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. De estas seis, dos de ellas tienen autorizado el tratamiento de todos los RAEES, tanto peligrosos como no peligrosos, y son las plantas de Induraees, situada en Osorno, en Palencia, y la de Ilunion Reciclados, situada en La Bañeza, en la provincia de León. Una tercera planta cuenta con autorización para tratamiento de RAEES, para todo tipo de tratamiento excepto aparatos de frío, lámparas de descarga y fluorescentes y paneles fotovoltaicos; esta es la denominada... empresa denominada Chatelac, que está en Villamuriel de Cerrato. Y, por último, hay otras tres plantas, ¿eh?, autorizadas para residuos no peligrosos, que desmontan y separan los componentes y les almacenan simplemente. La capacidad de tratamiento de estas instalaciones de valorización, tratamiento de residuos, de RAEES, en Castilla y León asciende a 60.780 toneladas, de las cuales 26.180 corresponden a componentes peligrosos y 34.600 a componentes de los RAEES no peligrosos.

Además, tres empresas, otras tres empresas, tienen autorización para la preparación de los RAEES para su reutilización; son las empresas Porsiete, GRM Empresa de Inserción y Reutilisa, Comunidad de Bienes.

Y, finalmente, hemos autorizado otras 75 instalaciones, que cuentan con autorización para el almacenamiento exclusivamente de algunas categorías de RAEES, pero que no pueden manipularlos de ninguna manera. En la mayor parte de los casos, se trata de instalaciones de gestión de elementos metálicos.

Todas las autorizaciones que se han otorgado a las plantas de tratamiento se conceden tras un estudio de la documentación técnica aportada en el marco de la solicitud de autorización ambiental, o no, en función de lo que indicaba anteriormente, y tras una visita de inspección por parte de los técnicos de la Consejería, en la que se comprueba la realidad y el cumplimiento de toda la normativa que las afecta. Una vez autorizadas las plantas, durante su funcionamiento se realiza, por un lado, un control de las instalaciones -después de publicar el Real Decreto de febrero del dos mil quince, se ha realizado una inspección de todas las instalaciones de la Comunidad Autónoma, las 81, para comprobar que cumplen los requisitos técnicos establecidos en el mismo-, y, por otra parte, el Plan de Inspecciones 2017-2019 de la Dirección General de Calidad Ambiental incluye la realización de un programa anual de inspección de todas las instalaciones de gestión de residuos, y, en concreto, también de las de RAEES. La periodicidad de estas inspecciones depende de la evaluación de riesgos que se hace de cada una de las instalaciones, y varía entre una inspección anual hasta una inspección cada tres años.

Además, de cada una de las... de estas instalaciones se realiza un control documental. Todas ellas remiten anualmente a la Consejería una memoria resumen que se revisa cada año por parte de los técnicos de la Administración; esta memoria resumen debe contener toda la información que se recoge en el Anexo XII del citado real decreto, y, además de una gran cantidad de información sobre toda su actividad desarrollada durante el año, contiene la información obligatoria... contiene la información que obligatoriamente debe presentar, como es el balance de masas, con todas las entradas y salidas de materiales que han registrado durante esa anualidad.

En Castilla y León, además de las instalaciones existentes, también, como en el resto del Estado, la gestión de los RAEES se articula a través del denominado principio de responsabilidad ampliada del productor, es decir, mediante la aplicación del principio de "quien contamina paga", por el cual el fabricante de los equipos eléctricos o electrónicos tiene la obligación de asumir la financiación de la gestión de los residuos que proceden de estos. Esta obligación, los productores la desarrollan a través de los denominados hasta ahora sistemas integrados de gestión o SIG; en un futuro próximo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 110, los sistemas integrados de gestión pasarán a denominarse sistemas de responsabilidad ampliada del productor, y no serán autorizados, como hasta ahora, por cada una de las Comunidades Autónomas donde operan, sino que serán autorizados por la Comunidad Autónoma en la cual tengan su sede social. De los SIG que actúan en Castilla y León, actualmente ninguno tiene domicilio social en nuestra Comunidad, por lo que Castilla y León no concederá ninguna autorización para ninguno de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

En Castilla y León actualmente operan nueve sistemas integrados de gestión de este tipo de residuos, que se autorizaron por primera vez en el año dos mil nueve, y que son los siguientes: Ambilamp, asociación para el reciclaje de lámparas; Ecoasimelec, fundación para la gestión medioambiental de aparatos eléctricos y electrónicos; Ecofimática, fundación para la gestión medioambiental de equipos ofimáticos; la Fundación Ecolec; la Fundación Ecolum; Fundación Eco-Raee's; la Fundación Ecotic; y, finalmente, ERP, European Recycling Platform.

En enero de dos mil quince se renovaron las autorizaciones de estos nueve SIG, con unas mínimas modificaciones, ya que el veintiuno de febrero de dos mil quince, como hemos indicado, entró en vigor el nuevo real decreto a nivel nacional que regulaba los RAEES.

La adaptación de estas autorizaciones al nuevo régimen del Real Decreto 110 todavía no ha tenido lugar. Todos estos sistemas, los nueve, han solicitado ya la nueva autorización, como decía, en las Comunidades Autónomas donde tienen su domicilio social, que no es Castilla y León; y estas solicitudes se están analizando y valorando en el grupo de trabajo de RAEES adscrito al Ministerio, en el que participan las Comunidades Autónomas.

En el modelo de gestión actual, los SIG contratan las operaciones de recogida, descontaminación y reciclado con los diferentes actores autorizados del sistema, entre ellos las plantas autorizadas como gestoras de tratamiento de RAEES que he indicado anteriormente.

Los datos que nos han... que hemos obtenido, ¿no?, de las memorias de los SIG respecto al tratamiento de RAEES en las diferentes anualidades en Castilla y León, los más relevantes de ellos, son los siguientes, ¿no? En nuestra Comunidad Autónoma se han recogido por parte de los SIG, en el año dos mil trece, 7.576 toneladas de RAEES; en el catorce, 9.020; y en el quince, 9.869. Además de estas cantidades recogidas por Castilla y León, han entrado de fuera de Castilla y León, es decir, residuos con origen de fuera de Castilla y León para tratarse en nuestra Comunidad Autónoma, 2.298 toneladas en el trece, 4.092 en el catorce y 6.726 en el quince, por lo que la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos gestionados en nuestra Comunidad Autónoma en total ha sido, fue, de 9.624 toneladas en dos mil trece, 10.598 en dos mil catorce y 13.547 en dos mil quince.

Respecto al régimen sancionador por el que se ven afectados, o afecta, ¿no?, a este tipo de residuos y a los diferentes actores que participan en el mismo, en primer lugar, hay que indicar, como no puede ser de otra manera, que el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración viene informada por los principios establecidos en la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 40/2015, por lo que la calificación de una manera u otra de estas infracciones y su correspondiente sanción no es una facultad discrecional de ninguna Administración, y, evidentemente, en ningún caso de la Comunidad de Castilla y León, sino que es una actividad de aplicación de las normas que exigen como presupuesto objetivo el encuadre de la actuación ilícita en un tipo predeterminado legalmente, al que le corresponde una sanción también legalmente prevista al efecto.

Evidentemente, además, la sanción debe venir informada también por el principio de proporcionalidad, el cual exige la adecuación de los medios empleados a los fines perseguidos y la correspondencia entre la trascendencia y gravedad de la acción sancionable y la sanción misma.

En relación con los expedientes sancionadores abiertos en nuestra Comunidad Autónoma a los sistemas integrados de gestión, tengo que indicar que en los años dos mil quince y dos mil dieciséis se han tramitado un total de 18 expedientes sancionadores contra estos SIG por infracción a la Ley 10, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Básicamente, la infracción imputada consiste en la falta de justificación previa de los traslados de residuos a gestores ubicados en otra Comunidad Autónoma, además de... bueno, tal como se establece en la autorización que se les otorgó en el año dos mil nueve; autorización que ha sido superada actualmente con el nuevo marco normativo, constituido por el Real Decreto 110/2015 -al que hacíamos alusión anteriormente-, que ya no establece esta obligación de solicitar autorización, sino que la sustituye por una mera notificación.

Además de esta infracción de no solicitar esta autorización previa, también se han imputado en algunos casos la infracción de no aportar información precisa que requieren las memorias anuales que se le pide, o recibir residuos para que el SIG en concreto no estaba autorizado, o entregar estos residuos a un gestor no autorizado. De acuerdo con la ley, las sanciones... este tipo de infracciones están calificadas como sanciones... como una infracción grave, y la ley prevé sanciones que se sitúan entre 601,02 euros hasta 30.050,61 euros, y que se modulan en función de diferentes cuestiones que tienen que ver con las circunstancias del responsable, con la intencionalidad o con la cantidad de residuos que han sido... que han intervenido, ¿no?, en este tipo de infracciones. En base a las mismas, como decía, se han tramitado estos 18 expedientes sancionadores.

Y, en relación con los RAEES, en total, y además de los SIG, es decir, al resto de actores del sistema, en el año dos mil catorce se han tramitado un total de 46 expedientes sancionadores y en el año dos mil quince la cantidad ascendió a 25 expedientes sancionadores. Y nada más. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. ¿Pues algún grupo político desea que se suspenda la sesión? Seguimos, por tanto. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, se procede a la apertura de un turno de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el procurador don David Castaño Sequeros.

EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Muchas gracias, señor presidente. Señor director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, señor José Manuel Jiménez Blázquez, gracias por comparecer con prontitud en esta Comisión.

El motivo de que solicitemos, mi grupo parlamentario, su comparecencia es porque usted, señor director general, lleva, que yo sepa, doce años en el cargo; por lo tanto, es usted completamente consciente de cómo ha ido evolucionando todo el tema de la gestión de los aparatos eléctricos y electrónicos, lo que llamamos RAEES, y seguramente usted pueda explicarnos por qué se está incumpliendo, entre otras cosas, el principio de proximidad; por qué se está imponiendo sanciones graves, cuando en muchos casos deberían ser muy graves; y por qué, entre otras cosas, durante muchos años hemos incumplido el mínimo de reciclaje.

Bien. Como ya usted... como ya le acabo de decir, usted ha sido viceconsejero, actualmente director general, estamos delante de una persona absolutamente responsable de la vigilancia y control de la gestión de los RAEES en los últimos doce años; usted es conocedor de lo difícil y de las dificultades que conlleva gestionar adecuadamente la gestión de reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos. Usted sabe que una sanción debe ser tanto eficaz como disuasoria, porque así lo establece la propia ley.

Ustedes, desde el dos mil cinco al dos mil quince, disponiendo –como usted lo ha dicho hace un rato-, como disponen, de las memorias anuales de los gestores y de los SIG, mientras los tribunales califican en varias sentencias como actuaciones criminales contra el medio ambiente, ustedes sancionan como graves lo que en nuestra opinión deberían sancionar como muy graves; imponen sanciones irrisorias, equivalentes -equivalentes, señor director general- al beneficio de un día de actividad ilegal.

Mire, la Consejería ha tardado en sancionar a los SIG seis años, seis, y nos gustaría saber cuáles son los motivos para esa tardanza, para que en seis años incumpliendo -y le digo: dos mil siete, 0,44 kilogramos al año; dos mil ocho, 1,26 kilogramos/año; dos mil nueve, 2,42 kilogramos/año; dos mil diez, 2,58 kilogramos/año; según el propio Plan Integral de Residuos, los datos recogidos por los SIG-, ¿cuáles son los motivos para que en seis años no se hayan sancionado a ningún SIG?

Ustedes sancionan calificando el incumplimiento de las obligaciones impuestas en la autorización como de cuantía o entidad sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente, sin que se haya puesto en peligro la salud de las personas. Señor director general, son toneladas de CO2 equivalentes y miles de kilogramos de mercurio PCB; nosotros entendemos, desde nuestra humilde opinión, que el perjuicio medioambiental es más que grave, es muy grave.

¿Por qué no califican ustedes de graves este tipo de actuaciones, tal como determina la propia Ley 22/2011 o la 40/2015? ¿En su opinión cree que estas sanciones que usted acaba de mencionar... (en el dos mil trece, 18; dos mil catorce, no le he entendido bien, creo que ha dicho 46; muchas de ellas son falta de autorización previa, falta de información, como sanciones graves) usted considera, desde su opinión, que estas sanciones son disuasorias y eficaces?

En comparación con otras Comunidades Autónomas donde se imponen sanciones altas, donde reciclan bastante más que la nuestra, en comparación con estas Comunidades, ¿usted considera que la Consejería está desarrollando una gestión adecuada? Mire, por ejemplo, Cataluña –que decía el consejero que había abandonado el servicio público en libre concurrencia; luego, si quieren, si quiere, hablamos de ese tema-, desde el dos mil seis hasta el dos mil diez, Cataluña se han iniciado y resuelto 3 expedientes sancionadores a sistemas integrado de gestión, 51 expedientes sancionadores a producto de no estar adheridos a un SIG ni tener autorizado un sistema propio de gestión de residuos, 26 expedientes sancionadores a centros de almacenamiento y tratamiento de RAEE por gestión de residuos de RAEE sin autorización e incumplimiento de las condiciones impuestas, etcétera, etcétera.

¿Nos podría explicar también qué ha sucedido con los cientos de expedientes que ha instruido el Seprona desde el dos mil, porque, según nos consta, la mayoría no han sido instruidos, y los que han sido instruidos han sido sancionados con cantidades totalmente irrisorias?

Ustedes afirman que esta Comunidad dedica esfuerzos a la vigilancia y control de las actividades de producción y gestión de residuos. ¿Me puede explicar qué tipo de actividad tiene la unidad administrativa específica de control e inspección de actividades de producción y gestión de residuos? Cuando ustedes dicen que tienen un cuerpo de agentes medioambientales con competencias en la materia, señor director general, ¿a qué se refieren exactamente?, ¿a los del Cuerpo de Agentes Medioambientales, que prácticamente no tienen ni para comprarse ropa nueva, porque no se la proporcionan?, ¿los que son absolutamente escasos para poder vigilar nuestros bosques? ¿Considera que estos mismos agentes medioambientales garantizan, por la dificultad que tiene, señor director general, que los gestores de residuos de la Comunidad cumplen las condiciones con las que son autorizadas, y que la gestión de residuos se realiza conforme a la legislación vigente? Bien.

Si el sentido del Real Decreto 208/2015, el 110/2015, la Ley 22/2011 tiene como principal fin evitar la contaminación, sabiendo que los SIG declaran cifras irrisorias de tratamiento certificado –que usted lo sabe, y lo ha comentado hace un momento- en sus propias memorias anuales, porque no se trata, señor director general, de que lleguemos solo al mínimo de reciclaje mínimo, sino cómo se recicla, cómo se recicla, sabiendo el peligro que tiene para el medio ambiente, por ejemplo, en el tema de los frigoríficos.

¿Cuántas autorizaciones se han revocado, aunque sea provisionalmente, en los últimos diez años?, ¿cuántas? Sanciones muy graves, yo creo entender que en los últimos años no ha habido ninguna. ¿Me lo puede confirmar? Señor director general, usted sabe el esfuerzo que ha hecho el Ministerio para sacar este último decreto. En su opinión, ¿cree que el Ministerio avala lo que está haciendo esta Comunidad, su Consejería, de mirar para otro lado ante el reciclaje ilegal, con todo lo que costó sacar ese último decreto? ¿Han recibido ustedes presiones de algún lobby, o algo -llamémosle algo-, a lo mejor, asociado a Génova, para que esta Comunidad no declarara servicio público en libre concurrencia? Porque en un principio todo parecía indicar que esta Comunidad podía declarar servicio público en libre concurrencia. Que, le repito, cómo le dije al consejero en su momento, hay que diferenciar lo que es libertad y libertinaje, estamos hablando de libre concurrencia para las empresas que cumplan la ley.

Castilla y León dispone de instalaciones de tratamiento de RAEES con capacidad suficiente para tratar la totalidad de los RAEES recogidos en la propia Comunidad. ¿Por qué se incumple el principio de proximidad? ¿Por qué no se informa adecuadamente de los RAEES que salen de la Comunidad? Si tenemos capacidad para reciclar todos estos aparatos eléctricos y electrónicos, y salen de nuestra Comunidad sin informar, ¿cree usted que... usted cree que una empresa, por ejemplo, como la de Palencia, debe arruinarse porque esta Comunidad no cumple la ley? ¿Es consciente de que esa inacción va a hacer que se cierre una empresa en Palencia?

Mire, termino con lo de Cataluña, Cataluña estuvo muchos años, quizá... creo que 10, con libre concurrencia, servicio público, desde el mil novecientos noventa y seis. La planta que tenían estaba obsoleta, sacaron un concurso, que se quedó con él FCC, y ahora mismo tienen otro sistema. Pero es que Cataluña, señor director general, lleva 10 años –más de 10 años- haciendo las cosas de una manera muy diferente a Castilla y León; reciclan, y reciclan bastante mejor que Castilla y León. Por lo tanto, quizá ellos sí estén preparados para otro tipo de libre competencia, por llamarlo de alguna manera. Muchas gracias, señor director general.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. Pues, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor procurador don Luis Mariano Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor director general, por su explicación, o por sus datos. Mire, yo he de decir que no soy un experto en el tema; tampoco se me exige, porque, como político, lo que me interesa fundamentalmente es la parte política más que la parte técnica. Por lo tanto, no voy a discutir con usted de temas muy técnicos, pero sí que me interesa un poco sobre todo la actuación de la Administración en el tema del reciclaje de los RAEES.

Mire, yo coincido bastante en la intervención del señor Castaño, que me ha precedido en el uso de la palabra, y en esa evolución que él establecía, yo creo que desde el año dos mil siete, y en la evolución de cómo se había tratado el reciclaje de los RAEES en Castilla y León. También coincido con lo que usted hablaba y con lo que usted en principio nos decía, en el sentido de que había un antes y un después, o yo creo entender que de su explicación existía un antes y un después de la nueva normativa del dos mil quince. Y yo creo que, por lo que he podido leer e investigar, yo creo que es algo que reconocen prácticamente todos los agentes que intervienen en la cadena; es decir, que esa nueva normativa de dos mil quince establece, o digamos que, de alguna forma, es muy positiva, y que probablemente abre un nuevo escenario en el que todos los agentes consideran que es positivo.

Pero también todos dicen que es positivo siempre y cuando la Administración, que es la que debe de ejercer –digamos- el control sobre ese proceso, ejerza fundamentalmente ese control. Y yo solamente le quiero leer algo que decía, por ejemplo, la plantilla de Induraees, con respecto al control que ejerce la Junta de Castilla y León. Y permítame que le lea, porque creo que... me parece que es muy importante, ¿no?; decía la plantilla de la empresa Induraees, en Osorno, que no existe ningún control de cumplimiento por parte de la Administración, por la parte de la Administración de Castilla y León -probablemente sí exista un control, pero no el suficiente-, y dicen, continúan diciendo: se comete fraude en el reciclaje de los aparatos electrodomésticos, que se venden sin control fuera de Castilla y León, a pesar de que la reglamentación específica, que debe tratarse en centros autorizados de la región. Y los trabajadores insisten en que la Junta debe someter al proceso... el proceso de gestión de los residuos electrónicos a mayores controles, con el fin de que todo el material llegue a gestores autorizados.

Por lo tanto, señor director general, yo... a mí me gustaría que usted me explicara en la réplica, exactamente, en qué consisten esos controles, más allá de esas 81 inspecciones que usted se ha referido y que el propio consejero se refirió en la contestación de una pregunta parlamentaria en la sesión de control. Porque me parece que es fundamental, si todos reconocemos que el nuevo escenario normativo puede cambiar lo que ha sido una mala práctica durante los últimos años en Castilla y León, pero, si de antemano ya sabemos que no se van a ejercer los controles, poco vamos a ser capaces de conseguir.

Y la segunda parte que me interesa, desde el aspecto fundamentalmente político, es el régimen sancionador. Y mire, usted nos decía ahora mismo, probablemente yo creo que de alguna forma justificando ya lo que usted sabe que no está funcionando bien, y nos decía que no era una potestad discrecional por parte de la Administración. Y es verdad, no es una potestad discrecional ni la graduación de las penas, o de las sanciones, en este caso, ni siquiera la calificación. Pero es evidente -y yo creo que eso no se le escapa a nadie, y es tan sencillo, y no hay que ser tampoco especialista ni en derecho ni, en este caso, en reciclaje- que, cuando la sanción... cuando la sanción es económicamente más beneficiosa -¿de acuerdo?- que el cumplir la normativa, desde luego, al final habrá muchas empresas, o muchos agentes, digamos, que pertenecen a la cadena, que digan: prefiero pagar la sanción y no cumplir la normativa, cuando esa sanción realmente no me genera absolutamente, pecuniariamente, ningún tipo de... bueno, pues de perjuicio, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, yo también espero que usted me aclare exactamente... porque, si hasta ahora no puede ser discrecional, pues probablemente habrá que cambiar algo; pues habrá que cambiar la calificación de la pena y habrá que buscar exactamente algo para que no sea fácil... –y dicho de otra forma, y probablemente de forma más clarificadora- para que no sea gratis no cumplir la normativa. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. Pues por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor procurador don Ricardo López Prieto.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Y dar la bienvenida y las gracias por la explicación al director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental. Nosotros nos vamos a ceñir en los puntos de la comparecencia -en los incumplimientos reiterados, en la pasividad en el control de los SIG y en la levedad de las sanciones-, tal y como pide el Grupo Ciudadanos. Un Grupo Ciudadanos que, bueno, a nosotros no tenemos ningún problema en reconocer que fue el primero que denunciara y planteara esta cuestión que nos ocupa aquí en las Cortes de Castilla y León a través de una moción.

Y esto nos llevó a nosotros, por solicitud de los responsables de la planta de Induraees de Osorno, a reunirnos con ellos, y también aceptamos la invitación a esta planta. Y, como digo, nos llevó hace seis meses a este grupo parlamentario hasta Osorno, en la provincia de Palencia, donde está localizada una de las dos plantas autorizadas en toda Castilla y León para la gestión del cien por cien de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos peligrosos y no peligrosos. Y allí comprobamos pues en lo que se está traduciendo el incumplimiento por parte de esta Dirección General: hay dificultades de la empresa para disponer de producto, y también pues encontramos bastante preocupación de los trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente mujeres mayores de 45 años, ante el futuro incierto de esta planta de reciclaje.

Entonces, yo lo primero que le quería preguntar es si usted, como responsable de la Dirección General, y que está al frente de esta, se considera responsable de que esta planta de reciclaje de residuos de Osorno, en la provincia de Palencia, tenga que cerrar y tenga que echar a la calle a sus trabajadoras y trabajadores porque, según denuncia la empresa, no les llega producto. Nos gustaría saber si usted se considera responsable, y también pues las garantías o las medidas que lleva a cabo esta Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental para que se haga un proceso adecuado a la cantidad de códigos LER en cada una de las 8 plantas de tratamiento de RAEES que hay en Castilla y León.

Y si... también nos gustaría saber si cree que tiene que ver algo en todo esto, tal y como preguntamos al consejero la pasada semana en... cuando presentó el Proyecto de Presupuestos -que conoce perfectamente, porque estaba usted allí- y no obtuvimos ninguna respuesta, si tiene algo que ver el cierre de esta empresa con la no ejecución de 69.500 euros destinados en el Proyecto de Presupuestos del año dos mil dieciséis al Plan de Residuos de Castilla y León, porque es que no ejecutaron ni un solo euro de esta partida presupuestaria.

Y es que el hecho de que el Partido Popular no tuviera voluntad política para cambiar el modelo de gestión de residuos, tal como pidió el Grupo Ciudadanos, a nosotros nos llevó, primero, a denunciar en el Pleno, a través de una pregunta oral, la situación límite de esta planta por un incumplimiento de la normativa; concretamente, fue el día ocho de noviembre de dos mil dieciséis, hace ya más de seis meses. Y en la respuesta, pues el señor consejero se mostró orgulloso de la gestión de los residuos en nuestra Comunidad, en la que declaraba haber alcanzado, en el año dos mil catorce, el objetivo de los 4 kilogramos/habitante/año, que corresponden a los objetivos mínimos establecidos en el Real Decreto 2008... o sea, perdón, 208/2005, pero objetivo que se debería de haber cumplido antes del treinta y uno de diciembre del dos mil seis, y nosotros lo cumplimos ocho años tarde; y, por lo tanto, no es un dato del que se pueda estar orgulloso.

Pero es que actualmente los objetivos de recogida se han visto incrementados, como ha dicho, a través de los nuevos compromisos adquiridos con la Unión Europea, y ahora el que marca la dirección es el Real Decreto 110/2015, que establece un régimen transitorio para esos objetivos mínimos de recogida de RAEES domésticos y profesionales hasta el uno de diciembre del dos mil dieciocho. Ustedes han cifrado para el año dos mil dieciséis, o cifraron para el año dos mil dieciséis, un objetivo de recogida de 4,5 kilogramos/habitante/año, como suficiente para cumplir los objetivos. Pero para nosotros, a todas luces, esto es un... es un cálculo erróneo. Entonces me gustaría saber en qué se ha basado esa Dirección General para establecer... para establecer esos objetivos mínimos de recogida en el año dos mil dieciséis, y, sobre todo, cuáles son los objetivos de recogida que tiene para este dos mil diecisiete y para el dos mil dieciocho, cuando ya tenemos que reciclar el 50 y el 55 % respecto de los aparatos que hayan entrado en Castilla y León. Por tanto, me gustaría saber cuáles son las previsiones mínimas que tiene esta Dirección General para los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho.

Respecto a la pasividad del control sobre los SIG, bueno, pues estamos diciendo que, si hay una de la... una de las dos plantas que hay en Castilla y León que puede reciclar el cien por cien de los residuos de RAEES, no les llega producto, pues me gustaría saber qué está pasando con los residuos peligrosos de RAEES en nuestra Comunidad. Si lo sabe, pues me gustaría saber qué está pasando con estos residuos peligrosos, porque si... con su permiso, nombraré un informe de la... de CTW Consortium, publicado en dos mil quince, que cifró en dos mil doce que el 80 % de los RAEES generados en este país se escapan de la vía legal de tratamiento, y esto, pues solo provoca dos cosas: primero, unas graves consecuencias para el medio ambiente; y, en segundo lugar, como han comentado anteriormente, pues un gran beneficio, además fraudulento, a las industrias productoras. Es decir, estamos pagando por un reciclaje que no se realiza, y esto es un margen de beneficio adicional para los productores. Y el Consejo de Estado cifró, en febrero de dos mil quince, en 300 millones... 300 millones de euros anuales el fraude económico. Por lo tanto, es un sistema que sufre una contradicción en el propio origen, porque los SIG no son independientes, trabajan para las grandes firmas de fabricación y distribución de electrodomésticos y de aparatos eléctricos.

Y, para finalizar, pues el tercer punto es la levedad en las sanciones. Usted ha confirmado que se están detectando traslado de RAEES a otras Comunidades y que se están tramitando expedientes sancionadores. A nosotros también nos gustaría si pudiera concretar por qué las infracciones se consideran como muy graves... o sea, como graves, cuando... no como muy graves, porque la diferencia... la diferencia entre unas y otras es que en las infracciones muy graves se está produciendo un daño o un deterioro grave para el medio ambiente, o se pone en grave peligro la salud de las personas, y en este caso estamos provocando vertidos de CO2, de metales pesados, etcétera, etcétera. ¿No le parece a usted que estas multas pues no son lo suficientemente disuasorias? Porque estamos denunciando que los productores ganan grandes cantidades de dinero por un reciclaje sostenible que no se hace. También me gustaría saber, a nuestro grupo parlamentario, desde qué momento esta Dirección General está desarrollando algún programa específico de inspecciones sobre el transporte de residuos que eviten el traslado de RAEES fuera de Castilla y León de forma fraudulenta.

Y, para finalizar, me gustaría saber qué piensa sobre el principio de proximidad recogido en el Artículo 24 del Real Decreto 110/2015, y qué está haciendo la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental para que los residuos de RAEES generados en Castilla y León se valoricen en nuestra Comunidad. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. Pues por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la señora procuradora doña Consolación Pablos Labajo.

LA SEÑORA PABLOS LABAJO:

Buenos días y muchas gracias. Gracias al director general por los datos y las explicaciones que nos ha dado en su intervención. Aunque le diría que lo cierto es que, si preguntamos a cualquier ciudadano de esta Comunidad sobre este tema, pues seguramente tiene la sensación de que el dinero que él adelanta cuando compra un electrodoméstico o un aparato electrónico para el reciclaje del que ha cambiado no se usa para eso, y que lo que pasa es que ese dinero alguien se lo queda, o se lo quedan los fabricantes.

Lo cierto es que sobre el tema del tratamiento de RAEES siempre sobrevuela de alguna manera la percepción de que hay algo, diríamos, oscuro, y motivos hay para que el ciudadano tenga esa percepción. Desde dos mil cinco los productores deberían financiar, por ley, el reciclaje de los aparatos mediante el cobro de una tasa, que ya de entrada oculta, porque, cuando un ciudadano va a comprar un electrodoméstico nuevo, ya le están cobrando el reciclaje del que... el que deja o el que ha perdido su vida útil, y tasa que el ciudadano no lo ve en su factura, pero que puede variar desde 2 euros por un televisor a 18 por un frigorífico. Hay datos comprobados de que los beneficios globales de los productores por este concepto podrían llegar a ser hasta cerca de 250 millones de euros al año.

Existe una denuncia generalizada de que los fabricantes están percibiendo indebidamente este dinero para el reciclaje, porque la mayoría de las veces no se realiza correctamente. Como ya bien ha dicho algún portavoz, el propio Consejo de Estado afirma que una cantidad recaudada por los productores no se ha destinado a financiar la gestión de los residuos y se ha convertido en un margen fijo de beneficio adicional para el productor.

Esto se produce porque el sistema sufre una contradicción de origen: los sistemas integrados de gestión (SIG) no son independientes, sino que trabajan para las grandes firmas de fabricación y distribución de electrodomésticos, que la mayoría, encima, no son españolas. La patronal de los productores domina los SIG, solo les da parte de los residuos que recoge, y luego los SIG manejan el propio... el poco dinero que les llega para organizar la gestión de residuos. El dinero que paga el consumidor no se destina a lo que se debería destinar, porque la realidad de lo que ocurre es que, cuando un productor entrega residuos a un gestor, le interesa más que sea competitivo en sus tarifas que en la calidad de la gestión del mismo.

Normativa, y suficiente, existe, como bien ha explicado el director general, y no voy a entrar en ello, y sobre todo la explicación y el porqué del actual Decreto 110/2015, que, como ya bien ha... como ya ha dicho, era necesario porque era necesario abordar una nueva norma que nos situara en el cumplimiento de los nuevos objetivos y obligaciones, una norma que fuera más ambiciosa y exigente. Y este decreto establece que las Comunidades Autónomas tienen la obligación de inspeccionar y controlar la gestión de los RAEES, gestión que se rige por los principios de autosuficiencia y proximidad, de forma que la valoración de los RAEES se lleve en instalaciones ubicadas en la Comunidad Autónoma siempre que el coste de la gestión sea acorde con los precios del mercado.

Vamos a hablar ahora de algún dato de nuestra Comunidad. Quiero confesar que es difícil encontrar datos. Aparte del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, en lo que es en la página de la Consejería, me ha sido imposible encontrar datos actualizados como, lógicamente, tiene el consejero. Pero, basándonos en ese Plan Integral de Residuos y los datos que aparecen en él –datos que, bueno, que se basan en distintas fuentes, según dice el propio plan, incluso fuentes del Ministerio de Medio Ambiente-, y dice este plan que se puede estimar que, en proporción a su población, se pone en el mercado en Castilla y León entre 40.000 y 50.000 toneladas al año de aparatos eléctricos y electrónicos, y se estima una ratio de generación entre 12 y 20 kilogramos/habitante/año. Y ya en sus páginas 158 y 159, el Plan Integral concluye diciendo que, teniendo en cuenta todas las ratios, incluso la menor generación en poblaciones rurales, se estima una generación anual de RAEES, referida en este caso a dos mil diez, de 33.800 toneladas/año. Y el mismo Plan Integral nos viene a decir que se produce un bajo índice de recogida de RAEES, que no alcanza ni tan siquiera el 21 % de lo generado.

La verdad que estos datos nos generan ciertas dudas y ciertas consideraciones. Y, además, si lo comparamos con los datos que dio en el Pleno el señor consejero a una pregunta a la que ya ha hecho mención el portavoz de Podemos, el señor consejero manifestó en esa pregunta -y así consta en el acta de la sesión de ese Pleno, que fue en noviembre de dos mil dieciséis- que en Castilla y León se producen once mil ochocientas y pico toneladas de RAEES. Con estos datos, la realidad es que hemos perdido por el camino 20.000 toneladas hasta llegar hasta las 33.800 que contempla el Plan de Residuos. Y también manifestaba el señor consejero que se trataban en Castilla y León el 78,81 % de las toneladas que se producen; me imagino que sería un error a la hora de pasarle los datos, porque el mismo plan dice que solo... tan siquiera recogemos un 21, como que es imposible tratar un setenta y tantos.

La realidad es que, teniendo en cuenta todos los datos en cuanto a generación, transporte y tratamiento de RAEES, y dando por bueno por lo menos uno de los datos del señor consejero, que decía que en dos mil quince hemos llegado a tratar 9.337 toneladas, podemos asegurar que solo se han gestionado legalmente poco más del 20 % de las RAEES generado, lo cual nos genera a nosotros, a la vez, bastantes preguntas:

¿Qué pasa con el resto de toneladas generadas y que no son recogidas ni tratadas? ¿Cómo las controla la Consejería? ¿Todas las toneladas de RAEES declaradas como tratadas legalmente se han gestionado en nuestra Comunidad? ¿Se han autorizado por la Consejería traslados de esos residuos a otra Comunidad? Viendo los datos de generación, recogida y gestión, ¿es consciente la Consejería de que los ciudadanos están pagando por un servicio que no se está produciendo? Hecho, incluso, como ya hemos dicho, reconocido por el Consejo de Estado. ¿Reconoce la Consejería que la mala gestión de estos residuos está provocando un daño importante a nuestro medio ambiente o a la emisión de gases efecto invernadero o al vertido de minerales pesados para contaminar los ríos?

La realidad es que hay muchas dudas y puntos oscuros en la gestión de RAEES. La falta de control y vigilancia adecuada lleva a que aparezcan verdaderas mafias para las que sí son lucrativos la gestión de estos residuos, como, por ejemplo, la mafia desarticulada en Valladolid en diciembre de dos mil trece.

La Consejería de Medio Ambiente tiene encomendada, como ya hemos dicho, la vigilancia y el control de esta gestión, y, desde luego, medios e información debe tener para el seguimiento, ya que recibe anualmente las memorias de los SIG, recibe también anualmente las memorias de los gestores autorizados, con lo cual, debe tener información sobre, por ejemplo, si en las plantas que se tratan los... en qué plantas se tratan los residuos y si estas retiran todos los fluidos y componentes peligrosos, lo que, si no es así, constituiría una infracción muy grave; sobre si se cumplen los objetivos mínimos establecidos; si se financian adecuadamente todos los RAEES gestionados legalmente por los gestores de Castilla y León; si se gestionan los residuos en la Comunidad o fuera de la misma. Seguro que puede darnos todas estas respuestas.

Por otra parte, nos consta que en parte del sector -gestores que actúan legalmente- existe la queja de que los expedientes abiertos o infracciones son pocos y se han abierto tarde, y que en la resolución de los mismos las sanciones pueden considerarse totalmente desproporcionadamente leves. Por poner un ejemplo, han tardado seis años en sancionar a los SIG, cuando desde dos mil siete hasta prácticamente dos mil catorce no se han alcanzado los objetivos mínimos establecidos; o bien hemos podido constatar como los incumplimientos de las obligaciones en la autorización por traslado a otra Comunidad se califican como de escasa cuantía o entidad, porque vienen a decir que no producen ni un grave daño ni un grave... ni un deterioro importante al medio ambiente. Lo cual, la verdad que nos llama la atención, si tenemos en cuenta que, como ya hemos visto, solo se ha tratado en Castilla y León legal y correctamente poco más del 20 % de todo lo generado, con lo que más de 800.000 frigoríficos y millones de televisores y pequeños aparatos se han tratado ilegalmente.

Y bueno, no quiero terminar sin hacer referencia a un daño -podíamos decir- colateral, consecuencias de esta mala gestión en el tratamiento de RAEES. Una actividad que debería generar empleo, que debería considerarse como una oportunidad, la mala gestión hace que peligren los empleos ya creados, como ocurre en la empresa Induraees, de Osorno, en la provincia de Palencia, que está pasando por una situación complicada. Y en mi segunda intervención haré más referencia a esa situación. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. Pues por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la señora procuradora doña Isabel Blanco Llamas.

LA SEÑORA BLANCO LLAMAS:

Muchas gracias, presidente. Y, en primer lugar, agradecer la comparecencia del director general aquí para explicar este tema, que a mí, personalmente, me parece un tema difícil y complicado. Y comparto con el compañero de UPL, con Luis Mariano, yo no soy experta, me he estado informando sobre él, y no voy a entrar a aspectos técnicos, que creo que usted los ha detallado y los ha explicado bien.

El tema de los residuos es un tema, como he dicho, complicado, y más en este caso, por la peculiaridad de los residuos que se tratan. Intervienen varios agentes; intervienen desde el almacenamiento hasta el transporte, hasta la valorización o el gestor de residuos -que parece que es lo que se está cuestionando hoy aquí-, la valorización, la gestión, dónde se lleva ese residuo y qué se hace con él, no tanto como el transporte del mismo.

Yo tengo que decirle que, cuando les he oído hablar de toneladas, de kilos, se me escapa; son parámetros, son cosas que se me escapa. Lo que sí me llama la atención de su comparecencia es que usted ha dicho -y he tomado las notas, permítame- que en Castilla y León hemos gestionado 9.000 kilos propios o 9.000 toneladas propias en este último año, y han venido 5.000 toneladas de fuera. Me da la sensación que, lo mismo que a Castilla y León vienen toneladas de otras Comunidades o de otros gestores, las nuestras también se van a otras Comunidades; no que las toneladas que no tratemos aquí se tiran, desaparecen, se pierden, se destinan a la especulación, tal como ha insinuado algún grupo, que me parece que ha hecho, señor director, insinuaciones muy graves de mirar para otro lado o de que no aplicamos la ley. Yo estoy convencida que en esta Comunidad se aplica la ley, que ha sufrido modificaciones, y que estoy convencida que se seguirá modificando para tratar de mejorar estos sistemas de gestión y el tratamiento de estos residuos.

Porque es verdad que los residuos eléctricos y electrónicos son unos residuos muy particulares. El vidrio tiene un único componente; una empresa lo recoge y lo lleva a un gestor que lo trata; es un único componente. Sin embargo, con estos residuos tienen muchos componentes, unos más peligrosos y otros menos peligrosos. De por sí, los propios residuos son muy diferentes, no es lo mismo un teléfono móvil que una televisión. Y ahí quiero entonar también, cuando oía hablar a los compañeros de que se debían producir equis toneladas de residuos y que no las producimos, quiero entonar el mea culpa, porque yo soy la primera que en mi casa le aseguro que tengo 4, 5 o 6 teléfonos móviles que no se reciclan, que se quedan en casa. Luego también tendremos los propios usuarios o los propios consumidores parte de la responsabilidad de que los supuestamente teóricos residuos que debieran llegar a estos centros gestores estén en nuestros cajones o estén en nuestras casas. Por eso entiendo que este es un tema complicado.

Yo no creo... o estoy convencida de que no se está incumpliendo la legislación. Eso lo tengo claro, tal como ha explicado usted de que hay unos sistemas integrales de gestión, de que se presentan unas memorias, de que se autorizan o no se autorizan, y de que se comprueban. También creo en la libertad del mercado, y más en este... en este sector, o más en este caso que no hay un único gestor de residuos nacional –como ocurre con el tema de los... de los vidrios, que es Ecoembes o es Ecovidrio-. Todos... en este caso, en el tema de los vidrios, se gestiona a nivel nacional en un único punto y se subcontrata -por decirlo de alguna manera- el transporte o la recogida de esos residuos. En este caso no ocurre así: se gestionan en determinadas plantas, determinadas fábricas o determinadas instalaciones distribuidas por toda España. Imagino que el resto de las Comunidades estén aplicando la ley como la estamos aplicando nosotros y que ninguna de las Comunidades de España mire hacia otro lado, como parece que se ha indicado aquí; igual que nosotros tampoco miramos para otro lado con el tema de la gestión de residuos. Luego no entiendo muy bien determinadas críticas que se hacen.

Por otro lado, me ha parecido entenderle a usted que las sanciones que se imponen están tipificadas, que luego tienen unos baremos, y me imagino que sean unos técnicos o unas personas especializadas en estos temas los que apliquen esa sanción. Hablamos del daño que se hace al medio ambiente si no se tratan esos residuos. Pero lo que usted ha contado –o yo le he entendido- es que la mayoría de las sanciones no es porque no se trate el residuo, sino porque no se ha pedido autorización para tratarlo en otra Comunidad. Luego el residuo se está tratando igual en Castilla y León, en Asturias, en Andalucía o en el País Vasco. Luego el problema para el medio ambiente me parece que no es tal. El tema de la sanción es: no me han pedido autorización para llevárselo a otra Comunidad; si me lo hubieran pedido, se la hubiera dado, porque así me obliga la ley y así me obliga la libre competencia y así me obligan las sentencias judiciales que hay. Por lo tanto, imagino que los técnicos valoren, dentro de ese grave... entre 600 y 3.000 euros, o 30.000, o entre 6.000 y 60.000, si son sanciones muy graves, ellos valoren la proporcionalidad de las mismas. Entonces, entiendo que lo están aplicando correctamente esos baremos.

Y, por último, se ha hablado del control por parte de la Administración, y aquí, señor director general, sí puedo coincidir con el resto de los grupos. Es verdad que es necesario un control; me da la sensación que se ponen ahora mismo todos los medios que existen para controlar estos residuos –como no puede ser de otra manera-, pero también tenemos que estar de acuerdo en que, si son necesarios más medios para controlar los mismos, y que para que las cosas se hagan bien, para que no se pierdan determinados residuos en la fase de transporte, ya que también es cierto que estos residuos pueden dar lugar a picaresca o robos de los mismos, en muchos casos -donde se almacenan puede haber robos, debido a que tienen materiales que no es el vidrio o que no es el papel, que luego en el mercado negro tienen un coste muy elevado-; entonces, coincidimos con ellos en que a lo mejor es necesario más control, en que a lo mejor es necesario más personal que compruebe o que controle que las tareas se realizan... no le voy a decir adecuadamente, pero que estos productos llegan a su destino, a donde tienen que llegar. Entonces, ahí compartimos con ellos.

También estoy segura que la Administración pone todo el esfuerzo y que lo va a seguir poniendo, y va a seguir adaptándose a la normativa, y que esto es un problema real en el que todos estamos involucrados o estamos presentes, y en el que todos queremos poner una solución. Y me consta que el Ministerio está trabajando en este sentido -de hecho, ahí está el Decreto del año dos mil quince-, me consta que la Junta está trabajando en este sentido para... para la aplicación de ese decreto de la mejor manera posible, con el trabajo que ello conlleva, debido a lo especial que son estos residuos. Y también tenemos que sensibilizar, de alguna manera, y así lo dijo el consejero cuando se le interpeló sobre este tema: que se habían hecho charlas, que se habían hecho campañas, que se habían mandado cartas. Pues, a lo mejor, hay que incidir también más en ese tema de sensibilizar a la población sobre este tipo de residuos. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. Pues tiene la palabra el ilustrísimo señor director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.

EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (SEÑOR JIMÉNEZ BLÁZQUEZ):

Muchas gracias, presidente. Bueno, analizando lo que ha planteado cada uno de los grupos –voy a seguir el orden de intervenciones-, por parte del Grupo Ciudadanos, bueno, se habla del cumplimiento o no cumplimiento del principio de proximidad. Yo creo que es una de las cuestiones que comenté, que en las autorizaciones de los SIG en Castilla y León se establece esa... ese principio de proximidad y autosuficiencia, ¿eh?, que ha sido analizado por dos recursos que presentaron los SIG por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que le ha dado carta de naturaleza, en el sentido de que la Administración de Castilla y León únicamente establece la obligación de comunicar, ¿eh?, un traslado de residuos cuando salen de la... de la Comunidad Autónoma y dar la posibilidad a la Administración de que se oponga en los casos tasados en los que puede oponerse. Evidentemente, en otros no puede oponerse, porque también el Tribunal Superior de Castilla y León santifica –como no puede ser de otra manera- el principio de libre competencia y de mercado, ¿no?, en este... en este tema como en cualquier otro producto, ¿no? Que es un principio que no debemos olvidar en todo esto, ¿no? Sí es importante tener en cuenta que, al final, estamos en un mercado -en este caso de residuos, pero en un mercado-, y en un mercado que tiene unas reglas de libre competencia, como tiene nuestra economía en todos sus facetas, y que hay unos actores, unos productores, unos gestores, unos transportistas, que se rigen por esa regla de mercado. Y otro... y un actor principal, que son los sistemas integrados de gestión, que también se rigen por esas reglas de mercado. Con lo cual, digamos que encargan, en un momento dado, la gestión de los residuos en nuestra Comunidad Autónoma, y en otras, ¿eh?, aquellos operadores autorizados para ello, ¿eh?, pero en unas condiciones y en un precio de mercado. No puede un operador intentar que él sea un operador activo de este... de este sistema en relación con los SIG, si está fuera de lo que son las condiciones de mercado.

Como digo, por lo tanto, este principio de proximidad en nuestra Comunidad Autónoma se aplica y, evidentemente, está en las condiciones de autorización. Otra cosa es que en algunos casos, como indicaba, se ha incumplido esa obligación de notificación y eso ha motivado, como decía, una serie de expedientes sancionadores. Me decía que los... régimen sancionador –que lo decía Ciudadanos y otros grupos- debe ser eficaz y debe ser disuasorio, y que las sanciones pues deben estar calificadas como muy graves, deben ser mayores. Bueno, yo lo indicaba también en la exposición. Es decir, el régimen sancionador es un régimen muy tasado; es decir, las normas, en este caso, establecen cómo se deben tipificar las sanciones y a qué cuantía económica, en cuanto a las... el régimen sancionador, deben dar lugar, ¿no? Y, como decía, aquí estas sanciones que se han establecido en el caso de los SIG, concretamente, pues están tipificadas como graves, y los instructores de los expedientes -que, evidentemente, no soy yo el que los instruye-, pues toman sus decisiones en cuanto a tipificación de acuerdo con lo establecido en la ley, como no puede ser de otra manera, ¿no?

¿Que deberían tipificar de otra manera? Pues seguramente lo que habría que plantear es modificar la ley, ¿no?, y que esas actuaciones se tipifiquen como muy graves, ¿no? ¿Que las sanciones a que dan lugar son de escasa cuantía? pues lo mismo. Hombre, todo es relativo, ¿no? Es decir, hay una sanción de 30.000 euros por un incumplimiento en cuanto a esa obligación de notificación, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma, o por haber considerado, o mal considerado, mal clasificado, un lote de residuos, ¿no?, en lo que respecta a la actuación del SIG, que en algún caso le ha dado lugar a una sanción de 30.000 euros, pues, hombre, como digo, cada uno tiene una interpretación diferente, ¿no?, pero yo creo que es una sanción bastante relevante en lo que es el régimen sancionador general, ¿no?, en la Administración, ¿no?

¿Que hay gestores autorizados que se aprovechan de una situación ilícita y con eso hacen negocio?, ¿o incluso no autorizados, no? Pues sí, pues seguramente sí; es decir, este sector de los residuos es como otros, ¿no?, es decir, ¿que hay personas que incumplen la ley? Pues en todos los aspectos. ¿Que tienen un beneficio económico por no cumplirla? Pues efectivamente. Pero, claro, también es verdad que un gestor que incumple la ley, o una persona que se dedica a traficar con residuos, que ni siquiera tiene ningún tipo de autorización como gestor e incumple la ley, se arriesga, no solo a una sanción administrativa, también a un procedimiento penal por delito ambiental.

Entonces, claro, pues, evidentemente, la gente que hace estas actividades ilegales y se arriesga a ello, pues las hay. ¿Que debemos intentar entre todos que no existan? Pues, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no?, y en ello estamos; de hecho, nosotros mantenemos desde hace tiempo un convenio con la Guardia Civil, con Seprona, en el cual, bueno, pues periódicamente nos reunimos y establecemos conjuntamente campañas para atacar pues aquellos aspectos que entendemos más sensibles o más importantes en diferentes materias que tienen que ver con la calidad ambiental. El sector de los RAEES es uno de los que siempre están, ¿no?, dentro de las campañas de residuos, pero la Guardia Civil, tanto la Guardia Civil como nosotros, pues, evidentemente, como decía la portavoz del Grupo Popular, tenemos los... unos medios pues bastante contenidos, escasos en algún caso, ¿no?, y hay que priorizarlos en un sentido o en otro, ¿no?; y hay veces que pues se han priorizado en este sentido, hay otras veces que se han priorizado en relación con la gestión de los residuos de talleres -me acuerdo que es una de las campañas que se ha hecho recientemente, o de escombreras, que se va a hacer el próximo... el próximo verano-.

Nos gustaría, lógicamente, disponer de más medios para tener un control más férreo sobre los SIG y sobre todos los actores de esta parte, pero, bueno, los medios que tenemos, como decía, son los que hay. Y los agentes medioambientales son medios a disposición de este sector, como usted decía, evidentemente ¿Que tienen competencias en la materia? Por supuesto, el cuerpo de agentes medioambientales las tiene, ¿no? ¿Que deberíamos o se podría plantear una organización diferente de este cuerpo para actuar en el tema de los residuos? Pues seguramente esté de acuerdo con usted, y en ello estamos. Está planteada una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de agentes medioambientales pues para lograr una mejor y mayor especialización en una parte de ellos –evidentemente, no es posible en todos, pero sí en una parte de estos agentes medioambientales-, para que se conviertan, de alguna manera, en especialistas en la materia, porque es una materia que requiere esta especialización, les podamos dar una mejor formación y unos mayores medios de los que hoy cuentan para hacer esta labor.

¿Cómo se recicla?, ¿qué hacemos?, ¿qué datos tenemos? Bueno, nosotros, evidentemente, recogemos, como decía, toda la información que obligatoriamente tanto los gestores como los SIG nos trasladan anualmente, aparte de las inspecciones que realizamos. Y, bueno, de ahí obtenemos una serie de datos, que son los que vamos contrastando anualmente, ¿no?

¿Son buenos datos? ¿Pueden ser mejores? Pues, indudablemente, pueden ser mejores, como en todos los residuos con los que tratamos, ¿no? Pero, bueno, evidentemente, el cumplimiento de los objetivos mínimos que se plantea el Gobierno en relación con estos residuos que se consiguen en Castilla y León, bueno, pues es importante, ¿no? ¿A partir de ahí? Pues, evidentemente, si fuéramos... ojalá, seamos capaces con el tiempo de tratar todos y cada uno de los residuos que en esta materia y en otras se generan en nuestra Comunidad Autónoma, ¿no? Pero es importante destacar que este... que el cumplimiento de estos... como digo, de estos objetivos que plantea el Estado, pues ha determinado que en el año dos mil quince, como decía, en Castilla y León se han recogido 9.869 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

¿Que se han puesto en el mercado producto nuevo en torno a las 30.000 toneladas, que indicaba la portavoz del Grupo Socialista? Sí, pero eso no quiere decir que se generen 30.000 toneladas de residuos, quiere decir que se pone en el mercado 30.000 toneladas de nuevo producto, que da lugar, en el tiempo, evidentemente, ese nuevo producto, a residuos. ¿Cuándo?, ¿cómo?, ¿qué hacen... –como decía también la portavoz del Grupo Popular- qué hacemos los ciudadanos con los productos? Pues de todo, ¿no? Pero lo cierto es que a nosotros sí nos parece importante que se haya conseguido recoger en Castilla y León, en el año dos mil quince, casi 10.000 toneladas de residuos. Porque hay que tener en cuenta –yo lo digo siempre-, en materia de residuos, de dónde venimos, ¿no?, de dónde venimos no hace tanto tiempo, ¿no?, que es que yo creo que todos tenemos la imagen, porque la hemos visto en muchas ocasiones, de la lavadora o del frigorífico tirado en la orilla del río, o tirado en un vertedero o en una escombrera abandonado, ¿no? Bueno, yo creo que esa imagen, gracias a Dios, se ha ido superando en estos años, y hoy pues hay un complejo sistema de recogida y valorización de estos residuos.

¿Que es mejorable? Pues sin duda ninguna es mejorable, pues como todo. ¿Que hay actores en el sistema que puede que tengan una actuación que le pervierte y que están haciendo un aprovechamiento ilícito, en algunos casos, del mismo? Pues evidentemente habrá que trabajar sobre ello, y habrá que perseguirles en la medida que dispongamos de medios y en la medida que podamos ser eficaces en esa persecución, en esa eliminación de esos agentes. Que yo creo que todo el resto de actores del sistema están en ello; es decir, que todos los que participan –no solo la Administración, ¿no?, sino el resto de agentes que están en el sistema- están tremendamente interesados en que estas empresas, estos gestores que no cumplen con la ley, desaparezcan del sistema, y cada vez más pues están trabajando para ello, ¿no?

Además de estas toneladas que indicaba que se han recogido en la Comunidad Autónoma, también es importante destacar, hablar, no solo del principio de proximidad, que evidentemente lleva a tratar en la Comunidad Autónoma la mayor parte de estas toneladas, y evidentemente que hay una parte de estos residuos que salen fuera de Castilla y León, bueno, también por un principio de economía, ¿no? Es decir, hay zonas de la Comunidad Autónoma en la cual... desde las cuales, ¿no?, el trasladar residuos hacia las plantas de tratamiento de Castilla y León pues es más caro que trasladarlos a otra planta que quizá está en otra Comunidad Autónoma, pero que está mucho más cerca de donde se han generado esos residuos, ¿no? Pero ocurre, como decíamos, también lo contrario, ¿no?, lo contrario, que productos... residuos que se han generado en otras Comunidades Autónomas vengan y se traten en las plantas de Castilla y León; en concreto, más de 6.000 toneladas en el año dos mil quince, ¿no? Bueno, y eso pues es un funcionamiento lógico, como decíamos, de un mercado, en el que se mueve por un criterio de coste, ¿no?

Respecto a lo que se indicaba de servicio público, de la posible declaración de servicio público en libre concurrencia, nos decía el portavoz de Ciudadanos que si hemos recibido presiones de algún lobby. No, no hemos recibido presiones de ningún lobby, lo que entendemos es que el sistema de gestión de aparatos eléctricos y electrónicos, bueno, pues debe funcionar como está previsto en el real decreto que funcione, ¿no?, bajo la responsabilidad de los productores, con estos sistemas integrados de gestión, trabajando codo con codo con los gestores autorizados, que -como digo y reitero- es mejorable, pero entendemos que el principio, la aplicación de este principio, que son los productores de los aparatos eléctricos y electrónicos los que deben trabajar y financiar el tratamiento de los residuos que generan los mismos, es el adecuado, y que la Administración debe participar pues controlando, efectivamente, ese proceso, pero no debe participar declarándolo un servicio público, que conllevaría a situaciones anormales desde el punto de vista del funcionamiento de ese mercado, y que no tendría, bajo nuestro punto de vista, justificación de por qué hacerlo en estos residuos y no hacerlo con otros, ¿no?, por ejemplo, en los que también alguien del sector lo podría... lo podría plantear, y que generalmente se plantea pues por intereses propios más que por intereses comunes, ¿no?

¿Se cierra Induraees porque no se cumple la ley? Bueno, Induraees no se cierra. Yo la información que tengo de la... de la planta es que por parte de la propiedad se ha –digamos- insuflado la parte de capital que podía ser necesario o que necesita la empresa para su funcionamiento correcto, y que, bueno, pues se ha planteado un cambio en la gestión de la misma, ¿eh?, en general, incluso de las personas que la gestionaban, para encaminar el funcionamiento o la orientación de la planta de otra forma respecto a lo que se estaba haciendo en este momento; de lo cual, evidentemente, nos alegramos, porque, evidentemente, lo que queremos todos –nosotros también, evidentemente, o especialmente- es que esa planta se mantenga, porque es una planta importante, ¿no?, para la Comunidad Autónoma, y, evidentemente, se mantengan los 40 empleos de la misma.

Pero también es importante que se mantenga el empleo en el resto de plantas en el resto de gestores que hay en la Comunidad Autónoma. No olvidemos –yo antes lo decía- que Induraees es una de las dos plantas autorizadas para tratar todo tipo de RAEES en la Comunidad, pero también en La Bañeza hay una planta, que se llama Ilunion, que también trata RAEES, y también, evidentemente, quiere funcionar en unas condiciones de mercado, en las que está funcionando ahora, ¿eh?, y apuesta por que eso siga siendo así, ¿no?, como es lógico.

Yo creo que el tema de Induraees es muy específico, ¿eh?, y, bueno, pues yo creo que tiene muchas componentes, ¿eh?, y muchas variantes que no son objeto, evidentemente, del... de tratarlas, ¿no?, en esta Comisión, ¿eh?, pero que lo más importante es que yo creo que la planta en este momento ha superado, ¿no?, el bache económico, ¿no?, y de funcionamiento que tenía y que está reorientando también algo que yo creo que es importante, que es su relación con los... su relación comercial con los sistemas integrados de gestión, que es lo que la debe garantizar actualmente, y sobre todo en el futuro, el disponer del suficiente... suficientes residuos para su tratamiento en la misma, que es lo que necesita la planta, evidentemente: tener un volumen de residuo suficiente que le va a generar un volumen de ingresos suficiente para mantener la actividad, y, evidentemente, mantener su plantilla.

Decía el representante de UPL qué controles hacemos y cómo mejorarlos, ¿no? Bueno, indicaba... hacemos un control documental cada año de todos los gestores respecto a lo que tratan, y de dónde viene y dónde va, y también –como decíamos- hacemos inspecciones periódicas propias a través del Laboratorio Regional de Calidad Ambiental –que se ubica en Burgos-, a través de sus inspectores, y también en este convenio que indicaba antes de colaboración con Seprona, ¿eh?, con el cual actuamos de forma coordinada.

¿Cómo mejorarlos? Pues bueno, yo creo que una de las cuestiones interesantes de mejora de control del nuevo real decreto es esa plataforma que indicaba, informática, que se está... se ha desarrollado por el Ministerio a nivel nacional, que va a permitir yo creo intensificar ese control sobre los SIG y sobre los gestores de residuos.

No debemos olvidar tampoco que los sistemas integrados de gestión tienen la forma jurídica de fundación, y, como tales, estas fundaciones tienen un ámbito nacional y están adscritas al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Y es el Ministerio el que tiene la obligación del control económico de estas fundaciones; es decir, control de sus ingresos, de sus gastos y de cómo destinan, o no, los ingresos que reciben a la función que deben desarrollar como fundación. Por lo tanto, también –y así nosotros hemos insistido en bastantes ocasiones al Ministerio- el Ministerio tiene que hacer un control sobre esos SIG, esas fundaciones, con carácter general; sobre todo un control económico.

También indicaba el tema del régimen sancionador, del que hemos hablado. ¿Habría que endurecer la sanción? Bueno, yo creo que para eso, evidentemente, indicaba, habría... hay que plantear, ¿no?, una modificación de la ley; que no digo yo que no haya que plantearla, ¿eh? Es decir, pero que, bueno, las sanciones yo creo que algunas, bueno, pues tienen un valor y tienen un importe, ¿eh?, que es relevante. No sé si suficiente, pero, desde luego, relevante.

El Grupo Podemos se interesaba por la situación de Induraees y el futuro de los trabajadores, ¿no?, que... lo que me refería, que... el cual yo creo que en este momento yo soy más optimista, ¿no?, que podríamos ser hace unos meses. Y, bueno, pues nosotros hemos hecho, y seguimos haciendo, pues todo lo que podemos en este sentido; es más, yo creo que más, ¿no?, más de lo que deberíamos en algún caso, pero de lo cual estoy... creo que es nuestra misión, ¿no?; y, de hecho, hemos tenido multitud de conversaciones con los sistemas integrados de gestión, antes y recientemente, bueno, para que los sistemas retomen, en el caso de que lo hubieran perdido, y mejoren -en el caso que siguieran con ella, pero una situación no adecuada- sus relaciones comerciales con Induraees, bueno, pues haciéndole ver a los sistemas integrados de que es una planta, una industria, muy importante para esta Comunidad Autónoma, bueno, porque es una industria moderna, ¿eh?, y una industria perfectamente capacitada para hacer la gestión de cualquier tipo de residuos de RAESS Pero siempre –como decía- manteniendo o intentando mantener esta libertad de mercado que tienen los SIG, y esta libertad de mercado que reivindican otras plantas y otros gestores, y ese equilibrio, ¿no?, que reivindican que se mantenga también por parte de la Administración, ¿no?, que es razonable.

¿Podemos hacer –decía- mejores cosas, más controles al respecto? Sí, ya lo he dicho. Yo creo que todo es mejorable, y si... evidentemente, en esta materia más, ¿no? Y en ello, en ello estamos, como indicaba, tomando estas... esta serie de medidas, que yo entiendo que en un tiempo prudencial nos va a permitir mejorar el control, ¿no?

¿Qué objetivos de recogida tenemos para dos mil dieciséis, diecisiete y dieciocho? Sí, lo he indicado, ¿eh? Por aplicación del nuevo real decreto, es el Ministerio el que establece los objetivos de recogida para cada Comunidad Autónoma, ya en función del uso, ¿no?, que van a tener estos aparatos eléctricos y electrónicos y en función de la tipología -desde grandes electrodomésticos a pequeños, equipos de informática, aparatos de alumbrado-, bueno, en función de toda esta tipología. Para cada uno de estas categorías de residuos nos ha establecido unos objetivos, y que con carácter global indicaba que el objetivo para Castilla y León en el año dos mil dieciséis es de 13.465 toneladas, ¿no?, que son 5,15 (me parece) kilos por habitante y año.

Y decía que, aunque no tenemos todavía, a esta fecha, cerrado el análisis de todas las memorias que han presentado los gestores, y no podemos asegurar cien por cien el cumplimiento de este objetivo planteado en el dieciséis, sí me comunicaba la responsable de este servicio que los datos evaluados apuntan a que sí que se cumplirá en el año dos mil dieciséis por parte de la... en la Comunidad de Castilla y León el objetivo planteado por el Ministerio, ¿no? Este objetivo del dieciséis indicaba que es... está fijado en el 45 % de la media de peso de aparatos eléctricos y electrónicos introducidos en el mercado español en los tres años precedentes. Es decir, bueno, se han sacado estos datos, y el 45 % de esa media de peso de producto nuevo es el objetivo para el dieciséis; en el diecisiete será el 50 y en el dieciocho será el 55. Entonces, anualmente, el Ministerio, en función de esos datos, va a fijar con carácter nacional y a cada Comunidad Autónoma cuál es el objetivo de recogida y de gestión de estos residuos; el del año dos mil diecisiete pues todavía no le tenemos.

Que los... indicaba Podemos -también otros- que los productores, ¿no?, en el contexto de los SIG, se han beneficiado con hasta 250 o 300 millones de euros de la tasa que perciben y tal. A eso me refería un poco con la figura que tienen los sistemas integrados de gestión y la obligación del control económico de los mismos por parte del Ministerio, ¿no? Es decir, en este caso es el Ministerio el que a nivel nacional conoce y sabe cuáles son los datos de cobro de la tasa establecida a los aparatos nuevos, y cuáles son las cantidades que los SIG invierten en la gestión de los residuos. Esos datos los SIG tienen la obligación de ponerlos en conocimiento del Ministerio, y el Ministerio tiene la obligación de controlar esos flujos económicos, ¿no?

Y decía que tanto nosotros como otras Comunidades Autónomas hemos insistido y seguimos insistiendo al Ministerio de que se efectúe ese control de forma más rigurosa, ¿no?, de forma más rigurosa, porque entendemos que hay margen para dedicar más fondos por parte de los SIG a la gestión de los residuos directamente, y no, en algunos casos, a actividades también relacionadas con la gestión de los residuos, pero que no repercuten directamente en los gestores.

Indicaba también el tema del principio de proximidad, y qué hacemos para que se valorice más aquí. Bueno, pues, evidentemente, intentar aplicar ese principio en la medida que se puede, y que las normas y que el propio Tribunal Superior de Justicia nos dice, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Que también lo decía. Bueno, pues la plena aplicación de este real decreto va a dejar este control, ¿no?, que hasta ahora podía ejercer, aunque fuera parcialmente, la Comunidad Autónoma, en una mera notificación. Es decir, que cualquier sistema que saque producto –residuos- fuera de la Comunidad Autónoma tiene la obligación de notificarlo a la dirección general, en este caso, ¿no? Y solamente podremos oponernos en unos casos tasados, que tienen que ver... bueno, si son residuos peligrosos, si no van... si van a ir a eliminación y no a valorización; bueno, una serie de cuestiones.

¿Qué intentamos? Pues evidentemente, periódicamente, cuando hablamos con los SIG, que efectivamente el mayor porcentaje posible de residuos se trate en la Comunidad Autónoma, y en caso contrario, como decía antes, que vengan de otras Comunidades Autónomas residuos a nuestras plantas para que tengan la mayor actividad posible.

Indicaba el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con un poco el funcionamiento de los SIG, que no son independientes, que dependen de los fabricantes. Claro, es que los SIG están previstos así, están previstos como una responsabilidad de los productores, y que tienen que organizar estas organizaciones, estas fundaciones, para hacerse responsables del tratamiento de los residuos, ¿no? Bueno, el hecho de que no sean independientes no debería tener que ver con que cumplan correctamente su función, ¿no?, que para eso están. Evidentemente, los productores es bueno -yo creo que es bueno- que estén implicados en la gestión de los residuos que ellos mismos generan; entre otras cosas, porque estarán incentivados para tomar medidas para reducir el número, el volumen de esos residuos en los procesos de... teniendo en cuenta criterios de diseño en los procesos de fabricación, o que esos residuos sean lo menos peligrosos posibles, porque, evidentemente, el tratamiento de los mismos será más barato, ¿no? Yo creo que, en ese sentido, más que independientes, yo creo que es bueno que sean dependientes, porque están afectados, ¿no?, por esos intereses que van a mejorar finalmente la producción de los residuos, que lo interesante en todo este proceso es que sean los menos posibles, lógicamente, ¿no?

Bueno, que hay puntos oscuros en la gestión de los RAEES, que el ciudadano siempre piensa que... o puede pensar que hay que tal. Bueno, yo creo que el mundo de los residuos es complicado, en general, y la opinión general que tiene el ciudadano, o que tiene este mundo, en general es, yo creo, pues un cierto grado o un importante grado de desconocimiento de cómo funciona. Y nosotros, en algún caso, pues estamos haciendo y hemos hecho actuaciones en ese sentido para intentar explicar, a través de medios de comunicación, cómo funciona, o cómo debe funcionar estos procesos en relación con los RAEES y otros.

Y, bueno, pues es cierto que también, periódicamente, o han aparecido noticias en prensa de fraudes en relación con estos residuos y con otros que, bueno, que hacen que la imagen que se tiene, o la percepción, ¿no?, que se puede tener de este sector pues es ciertamente pues un poco oscura, ¿no?, en ese sentido. Bueno, evidentemente, esos fraudes que se han detectado y que se han atacado por parte de... en muchos casos, de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no?, que los han detectado y han detenido a las personas que los hacían, pues han contribuido también a mejorar la situación del sector y a mejorar la gestión, evidentemente, de estos residuos, ¿no?

Indicaba la portavoz del Grupo Popular que las normas... este sector es complicado, y que se ha modificado la ley para mejorar la gestión, evidentemente, y que va a haber que seguir modificándola. Pues seguro, seguro, porque, bueno, porque tiene muchas variantes, tiene muchos aspectos, que conllevan a que tenga que estar muy viva esta legislación pues para ir acotando el campo de juego e ir acotando a los gestores su actividad, ¿no? Y estoy seguro que, bueno, de hecho, ya se está trabajando en plantear alguna modificación en el real decreto en los grupos de trabajo que tiene el Ministerio, ¿no?

Que los consumidores somos responsables, ¿no? Pues en todo. Siempre en el tema de los residuos hay una componente que tiene que ver con la actitud individual de cada uno, ¿no?, evidentemente. Pero, bueno, yo creo que en eso también es bueno estas labores de información, que es que todos los ciudadanos sepan cómo funciona todo este tema de los sistemas integrados, cómo funciona la gestión de los residuos, porque eso va a ayudar, sin duda, a que su actitud en relación con los mismos mejore, que evidentemente ha mejorado, y sustancialmente, en los últimos años, ¿no?

Solicitaba, como todos los grupos, que son necesarios más medios. Pues claro. El volumen de residuos que genera nuestra Comunidad Autónoma, si nos planteamos un control sobre los mismos intenso, como se está planteando aquí, pues exige evidentemente un número de inspectores que constantemente estén verificando la actividad de cada uno de los actores del sistema, pues muy importante, y desde luego mucho mayor que el que tenemos ahora. Bueno, pues nosotros aplicamos, como decía, estos planes de inspección en la medida de los medios que disponemos y en función de los riesgos que entendemos que tiene cada una de estas actividades, y, bueno, pues vamos a intentar, evidentemente, mejorar en cuanto a medios administrativos, y también en cuanto a personas controlando, a través de esta modificación, como decía, que tiene que ver con el cuerpo de agentes medioambientales. Nada más.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Pues muy bien, muchas gracias. Pues, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra, en turno de réplica, por un tiempo máximo de cinco minutos, el señor procurador don David Castaño Sequeros.

EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Muchas gracias, señor presidente. Gracias por su respuesta, señor director general. Hablaba usted del principio de proximidad. Sí, sí, el principio de proximidad por supuesto se establece, pero no se cumple adecuadamente. Es verdad que tienen que justificar cuando tienen que sacar residuos de nuestra Comunidad, tienen que comunicarlo y justificarlo para que la propia Comunidad se oponga o no se oponga. Y es que hay que entender bien lo que es este principio de proximidad; es que los... hay ciertos residuos que, por su peligrosidad, no pueden andar circulando por toda España si es que tenemos aquí una planta para reciclarlo. Esto es así, viene en la ley, y, cuando se incumple, hay que sancionar.

¿El régimen de sanciones? Bueno, me ha hecho usted una cinta, porque no me ha dicho cuántas sanciones muy graves ha puesto su Consejería. ¿Se da cuenta, señor director general, de otras... que otras Comunidades Autónomas sí que han impuesto sanciones muy graves? En el caso de que en Castilla y León no se haya impuesto ninguna, ¿no se da cuenta, señor director general, que indirectamente me está confirmando que no hay una gestión adecuada, que no hay un control adecuado, cuando en el resto de Comunidades sí se aplican sanciones muy graves? ¿Qué le pasa a Castilla y León? No reciclamos -ha habido muchos años que no hemos llegado al mínimo-; no tenemos ninguna sanción muy grave; en otras Comunidades sí lo tienen; eso indica, indirectamente, que usted está confirmando que no hay un control adecuado.

Porque habla de los agentes medioambientales. Si el problema es que no tengan o... que tengan o no tengan competencia; es verdad que están poco especializados, es normal. Pero es que ustedes mismos, con esto, han justificado ante Europa, han justificado ante Europa que tienen control de gestión, que gestionan, que controlan a través de los agentes medioambientales. Y es un poquito vergonzoso que digan ustedes esto, sobre todo porque -usted no creo que lo recuerde-, una moción que presentó mi grupo parlamentario sobre este mismo tema, hablamos, y, poniendo el ejemplo de Salamanca, que hay un funcionario para todo -y cuando digo para todo, hablo de reciclaje, de todo tipo de reciclaje, y más cosas que hace este funcionario, cuando digo para todo, es para todo, es decir, todo; uno-, y aprobamos incorporar más funcionarios; no se ha incorporado ninguno, por supuesto.

En cuanto a la gestión de residuos, no se trata de lo que se pone en el mercado. Ya sé que, efectivamente, habría que hacer más promoción, que la gente no recicla bien; es que no estamos hablando de eso, es que estamos hablando de lo que se recicla hay que reciclarlo bien. Son aparatos muy complicados; los frigoríficos tienen una serie de contaminantes que hay que hacerlo... hay que separar fluidos y componentes. Si usted recicla bien, cuesta mucho dinero; si usted recicla mal, cuesta poco. ¿Está usted reciclando? Sí. ¿Cómo recicla? Esa es la verdadera pregunta, no si usted lleva... tiene su lavadora en casa. ¡Hombre!, eso ya lo sé yo también, que no reciclamos bien, pero, si reciclamos, estamos pidiendo desde la Oposición que se recicle bien, como dice el real decreto, separando fluidos, componentes, etcétera, etcétera.

En cuanto al servicio público de libre... en libre concurrencia, pues recuerdo el Artículo 128 de la Constitución; en el mismo sentido, hoy nos podemos amparar en dicho precepto constitucional, en los Artículos 70, apartado 18 y 35; apartado 7 del Artículo 71; el Estatuto de Autonomía, etcétera, etcétera, cuando dice "Las administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales podrán declarar servicio público todas o algunas de las operaciones de gestión de determinados residuos cuando motivadamente se justifique por razones de adecuada protección de salud humana y del medio ambiente". Vamos a ver, esto es como todo, estamos hablando de problemas medioambientales que pueden ser muy graves, estamos hablando de cambio climático, como podríamos hablar también de la protección de la salud, como podríamos hablar del sistema de salud público, como podríamos hablar del sistema de pensiones público –esto no es nuevo-, como podríamos hablar de la extracción de uranio, por ejemplo, que siempre se ha hecho por empresas públicas estatales y que tiene tanto peligro que lo más normal es dejarlo en el sistema público. Esto no es ir en contra de la libre competencia, ni mucho menos; esto lo que quiere decir es que hay determinados servicios que, por su peligrosidad, es mejor dejarlo en un control público más estricto. Lo que nosotros planteábamos era: servicio público en libre concurrencia, es decir, libre competencia para aquellos que cumplen la ley. Eso es libre competencia, porque lo contrario, y no me cansaré de repetirlo, es libertinaje, no libertad.

Termino. Usted es optimista con la planta de Palencia. Mire, tiene capacidad para 100 trabajadores; ahora mismo creo... no sé si hay 18 o 20, no estoy seguro. Espero que ese optimismo cuanto antes se ponga en la práctica, mejor, porque, de aquí a un mes, o menos, ha cerrado; ya le digo, le quedan 20 trabajadores. Así que, si su Consejería tiene... está dispuesta a hacer algo por esta planta, cuanto antes lo haga, mucho mejor. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. Pues, por el Grupo Parlamentario Mixto, en turno de réplica, tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, el señor procurador don Luis Mariano Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, presidente. Intentaré ser lo más breve posible, señor director general. Mire, usted me respondía sobre lo que se hacía al orden del control por parte de la Administración. Yo no voy a entrar en el detalle de su contestación, porque me parece que no tengo los datos suficientes para saber si ese control es lo suficiente o no, pero en su propia contestación yo creo que ya implicaba... o de su intervención ya se puede desprender que algo falla; y digo que se puede desprender porque usted mismo ha reconocido que existe una necesidad de especialización a la hora de hablar de los agentes medioambientales. Esa necesidad de especialización y de formación ya yo creo que en la propia... en la propia respuesta implica que los controles no son todo lo apropiados. Esa escasez de medios -que también, por otra parte, reconoce, y que yo entiendo que los medios, como los medios económicos de la Administración, son limitados, y entiendo que esa es una percepción que es lógica-, ya, de por sí, nos da que el control, desde luego, no es suficiente. Por lo tanto, probablemente, ahí tendremos que trabajar un poco todos para conseguir mejorar ese control.

Y la propia portavoz del Partido Popular también explicaba, es decir, yo creo que la formación no es solamente hacia el que controla, es decir, no esa especialización... no únicamente en esa especialización que se hablaba de los agentes medioambientales, sino también, probablemente, habrá que invertir dinero público para seguir sensibilizando y formando al ciudadano de la calle, simplemente para mejorar en las políticas de reciclaje.

Sobre la graduación de las sanciones que usted me explicaba, pues probablemente usted ha cogido una de ellas que seguramente que sí que es suficiente, pero también yo creo que usted ha reconocido que probablemente habrá que modificar para que, de alguna forma, no se beneficien. Yo sé que es muy difícil intentar cerrar todas las puertas de atrás de un mercado, de cualquier mercado, ¿no?, como usted bien explicaba, pero probablemente tenemos que ir cerrando las máximas posibles, y no puede ser gratis para alguien, o por lo menos beneficioso económicamente, no cumplir... no cumplir esa normativa.

No debemos de perder yo creo que de vista, fundamentalmente, que hay dos objetivos también en el reciclaje, en este caso: uno es la sostenibilidad, que yo creo que es el objetivo que prácticamente no hemos hablado de él, pero que es el fundamental; y otro, sobre todo a ustedes que les gusta mucho de hablar de la transversalidad del empleo, yo creo que la generación de empleo en un... en cuanto al reciclaje, desde luego, en este caso es importante. Y de lo que hemos hablado en esta Comisión también es de la posibilidad de destruir empleo; de destruir empleo por no ejercer la labor de control o mejorar esa labor de control; y yo creo que es ahí donde nosotros hemos intentado entrar, ¿no? Es decir, si somos capaces de obligar a cumplir las normas, probablemente seremos también capaces de generar más empleo, de reciclar mejor y de generar mayor input a la hora de la sostenibilidad.

Pero en el último punto, en el que sí que me gustaría pasar un poco por encima, porque creo que lo han dicho, yo creo que también es importante saber que en ese mercado que usted habla, y en ese fraude que aquí hemos hablado, existe el fraude que yo creo que se refería, sobre todo, fundamentalmente la portavoz del Partido Socialista, y eso es lo importante de decir también: que el fraude, generalmente, es al ciudadano de a pie, al que paga una tasa por reciclar, pero que luego, al final, se convierte en casi un beneficio fijo del productor. Y yo creo que, en ese sentido, la Administración, y no solo la autonómica, que no somos un ejemplo, ¿eh?, que tampoco... quiero decir, usted ha planteado al principio la intervención como si Castilla y León fuera un ejemplo; ni Castilla y León es un ejemplo ni España es un ejemplo en cuanto a reciclaje. Y sí que le compro que hemos mejorado, que de donde venimos, pero sin tampoco que expresemos autocomplacencia, porque también usted sabe que no somos ejemplo absolutamente de nada. Muchísimas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muchas gracias. Pues por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, en turno de réplica, tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, el señor procurador don Ricardo López Prieto.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Gracias, presidente. Bueno, pues nosotros también vamos a recoger el... lo primero que tenemos que decir es que vamos a recoger el optimismo para que la planta de Osorno no acabe cerrando. Ha hablado de un cambio de gestión y de que va a encaminar el funcionamiento de... se va a encaminar el funcionamiento de esta planta, pero a nosotros nos consta que la dirección, a pesar de los problemas que ha tenido, pues no ha dejado de pagar a los trabajadores ni un solo mes.

Bien. Cuando hablamos del principio de proximidad, libertad de mercado, y para aquellos que... que se nos escapa la normativa, pues no tenemos más que ir a las autorizaciones que otorga la... a los SIG para la gestión de RAEES la Consejería. Y en esa disposición cuarta de las resoluciones que da la Consejería para autorizar la gestión de RAEES, pues dice que los residuos de esos aparatos eléctricos generados en nuestra Comunidad se rigen por los principios de autosuficiencia y proximidad, y por tanto la valorización se debe llevar a cabo en instalaciones de Castilla y León, siempre que el coste de la gestión sea acorde con los precios del mercado. Y para aquellos que no conocemos la... o se nos escapa la normativa, pues es fácil entender entre... entre generado y gestionado, ¿eh?, porque las normas las marca las propias autorizaciones que otorga la Consejería de Castilla y León, y generado en Castilla y León pues debe ser valorizado en Castilla y León.

Usted habla de que... de que ahora es el... los objetivos los establece el Ministerio para la Comunidad, para cada Comunidad Autónoma. Y ese 45 % que nos otorga el Ministerio para el año dos mil dieciséis, que nos otorgó para el año dos mil dieciséis, he entendido que son 5,15 kilogramos por habitante y año. Pues esto está bastante lejos de esos 4,5 habitante/año que me contestó el consejero en el Pleno como objetivo para el año dos mil dieciséis, y, por lo tanto, esto es un incumplimiento del propio objetivo que nos establece el Ministerio, ¿eh? Faltan 0,65 kilogramos habitante/año, alrededor de 1.600 toneladas que se genera en Castilla y León y que no se valoriza aquí y que se hace... se gestiona fuera de nuestra Comunidad Autónoma. Porque a nosotros, pues bueno, esas 2.000 toneladas en el dos mil trece, o 4.000 en dos mil catorce, 6.000 toneladas en dos mil quince, que se ha gestionado en Castilla y León, pero que no nos corresponde a nosotros en el hecho de... como principio de autosuficiencia, pues nos parece correcto, porque esto es adicional, para crear empleo; pero, evidentemente, si estamos perdiendo 1.600 toneladas, pues estamos deslocalizando la actividad en Castilla y León que nos ocupa. Y esto, pues entronca un poco con la pasividad que hay en el control de los... sobre el control de los SIG, porque usted ha hablado de 18 expedientes en el año dos mil quince y en el año dos mil dieciséis, pero ¿cuántos expedientes se han abierto en el año dos mil trece y en el dos mil catorce? Recordemos que el año dos mil catorce es cuando esta Comunidad cumple los objetivos mínimos establecidos que se tenían que haber cumplido en el año dos mil seis.

Sobre los... sobre las sanciones, si son multas disuasorias o no son disuasorias, usted habla de una multa de 30.000 euros a un... por un expediente, pero no sé si 30.000 euros, frente a los 300 millones de euros que dice el Consejo de Estado que ha habido un fraude en Castilla... en este país, en el año dos mil quince, pues para nuestro grupo parlamentario no es... no son lo suficientemente disuasorias, ¿eh? Por lo tanto, aquí hay que mirar a ver cómo... cuando se determina el expediente, pues si hacemos todo lo posible para que sea considerada como una infracción muy grave, ¿no?

Usted habla de 18 expedientes también en el dos mil quince y en el dos mil dieciséis. En dos mil quince tramitan 8 expedientes contra los SIG, pero 3 expedientes caducan, y dejamos de percibir en esta Comunidad Autónoma 76.000 euros, un total del 44 % del importe total de las sanciones de estos expedientes del año dos mil quince. Pero es que en el año dos mil dieciséis tramitan otros 8 expedientes y vuelven a caducar 3; esta vez se pierde un 25 % del importe, van afinando un poco. Pero claro, hay un dato curioso, que es que, de 6 expedientes sancionadores caducados, hay 2 compañías que repiten en el año dos mil quince y en el año dos mil dieciséis: una es Ecolec, que se deja de recaudar 60.000 euros en dos mil quince, y otra... y 10.000 euros en el año dos mil dieciséis; y otra es Ecoasimelec, que se pierden 8.000 euros en dos mil quince y en dos mil dieciséis. Entonces, no sé si nos puede explicar, o puede añadir a su explicación, por qué no se abre ni un solo expediente por traslados de RAEE fuera de Castilla y León en dos mil trece y en dos mil catorce; y también cuál es el motivo de que caduquen un alto porcentaje de expedientes sancionadores, y si cree que hay alguna coincidencia en que se repita el infractor cuyo expediente caduca.

Y ya para terminar, si me permite, es una pregunta que no me ha contestado antes, y es sobre las inspecciones de transporte, si me puede decir desde cuándo se están haciendo esas inspecciones de transporte y cómo lo están haciendo. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Pues muchas gracias. Pues, por el Grupo Parlamentario Socialista, en un turno de réplica, tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, la señora procuradora doña Consolación Pablos Labajo.

LA SEÑORA PABLOS LABAJO:

Gracias, presidente. Vamos a ver, unas leves consideraciones y alguna reflexión. Me voy a referir también a Induraees y en el sentido un poco en el que ha ido el director general, teniendo más o menos la misma información, de que parece que hay un futuro mejor para esta empresa. Yo, simplemente, ponía a esta empresa en valor; esta empresa y todas las que pueden salir de este tema de la gestión de residuos. Porque no solamente hablamos de medio ambiente, sino que puede ser un yacimiento de empleo importante para esta Comunidad. Y, desde luego, poner en valor esta empresa, que tiene capacidad para tratar hasta 30.000 toneladas, aunque es cierto que nunca ha conseguido más de 4.000. Con lo cual, aunque... aparte de cuestiones empresariales, algo tendrá que ver también la gestión de los residuos. Aunque, como digo, con el mismo optimismo, porque tengo más o menos la misma información que tiene el director general.

En cuanto a la percepción o no de los ciudadanos sobre qué pasa con el tratamiento de RAEES, ha venido a decir el director general que, bueno, que el ciudadano también es cierto que tiene mucho desconocimiento, que luego la empresa... digo, la prensa, da a veces informaciones como alarmantes. Hombre, pues será verdad que tiene desconocimiento, pero lo que nadie me puede negar es que el ciudadano sabe que hay 300, o aproximadamente 300 millones de euros que, según el Consejo de Estado -no lo dice la prensa-, pues de aquella manera se quedan con ellos las... los fabricantes de electrodomésticos. Y eso el ciudadano lo ve, y el ciudadano dice: pues es que esto no se está haciendo bien, porque, si no, lógicamente, ese dinero se utilizaría para lo que se tiene que utilizar.

También otro apunte en cuanto datos. Hombre, ya sé que si se... si se compran 40.000 toneladas de electrodomésticos, no son las que se tiran, ¿eh? O sea, hasta ahí llego. O sea, no soy tampoco experta, pero lo que... desde luego cierta capacidad lectora sí tengo, y el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Autónoma dice que se estima una generación anual de RAEES -o sea, que se estima una generación anual de residuos- de 33.800 toneladas/año. O sea, quiero decir que los datos son los que son. Y también pedirle que... pues que haya más posibilidad de encontrar datos recientes en las páginas de la Consejería de Medio Ambiente, porque la verdad es que no hay ninguna... ninguna tabla, ningún documento que pueda tener unos datos... no digo al dos mil dieciséis, pero qué menos que a dos mil quince.

Y ya por terminar, es cierto que, ¿cómo no?, le tengo que reconocer que se ha mejorado muchísimo. Es cierto que yo creo que todos tenemos muchas esperanzas puestas en este... en este nuevo decreto, pero también es cierto que... pues que el sistema no está funcionando bien, porque seguramente, si no, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Y también es verdad que la responsabilidad final de esta gestión es de quien produce, pero también es cierto que la Junta tiene la responsabilidad de vigilar. Está muy de moda lo de in vigilando, pues tengamos cuidado no tengamos problemas por no vigilar adecuadamente algo tan serio y tan importante como son los... este tipo de residuos, que, por otra parte, son muy contaminantes. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. Pues, por el Grupo Parlamentario Popular, en turno de réplica, tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, la señora procuradora doña Isabel Blanco Llamas.

LA SEÑORA BLANCO LLAMAS:

Sí. Muchas gracias, señor presidente. Y muy brevemente también. En primer lugar, agradecer las explicaciones que nos ha dado el director general sobre este tema, complejo, muy complejo, como se ha puesto de manifiesto hoy aquí. Un tema sobre el que se ha venido trabajando mucho, sobre el que se está avanzando mucho, se está mejorando, y sobre el que, por supuesto, es necesario continuar avanzando y seguir mejorando; y yo creo que en eso estamos todos.

Simplemente, hacer dos apreciaciones. Más allá del caso concreto de la empresa que se ha puesto hoy de manifiesto aquí, en Osorno, del cual nosotros también nos alegramos que se esté solucionando su situación económica, decir que este tema va más allá, afecta a más empresas; estamos hablando de la competitividad, estamos hablando de la libre competencia, y alguno de los procuradores leía las características que deben de cumplir, de proximidad, siempre que los costes sean competitivos, y, evidentemente, no vamos a tener las neveras circulando por toda España, pero tampoco las deberíamos tener circulando por toda Castilla y León. Parece lógico que, a lo mejor, unos residuos que se producen o se generan en el sur de Ávila les es más rentable, o por proximidad, llevarlos a Madrid; igual que a nosotros, que a Castilla y León, llegarán residuos, como así lo hacen, que se producen en otras Comunidades, precisamente por ese criterio de proximidad.

Y la segunda consideración. Usted no ha hablado, porque imagino que sea un tema complicado, un tema farragoso en sí, de las autorizaciones que son necesarias para ser gestor de estos residuos. Imagino que son complejas, que son muy complicadas, que llevan muchos trámites y que llevan muchas verificaciones. Luego imagino que a la empresa que se le concede la posibilidad de ser gestor de estos residuos es porque los gestiona bien, no los gestiona mal; los gestiona bien, tanto la empresa sea de Castilla y León como sea de fuera de Castilla y León. Porque, si no fuera así, ahí sí que habría un problema en decir: se están dando autorizaciones libremente. No, yo creo que cualquier empresa que consiga la autorización de gestión de estos residuos es porque lo gestiona bien. Nada más. Y reiterar el agradecimiento por las explicaciones sobre este tema.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. Pues, en turno de dúplica, tiene la palabra el señor director general de Calidad Ambiental.

EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (SEÑOR JIMÉNEZ BLÁZQUEZ):

Muchas gracias, presidente. Bueno, empezando por el turno de... siguiendo el turno de intervenciones, bueno, el representante de Ciudadanos habla del principio de proximidad, ¿no?, que no se cumple, del cual se ha hablado bastante. Este es un tema complicado, ¿no? En proximidad –lo indicaba ahora mismo la representante del Grupo Popular-, todos tendemos, de alguna manera, a exigir su cumplimiento en lo que tiene que ver con los residuos en este caso generados en Castilla y León, pero obviar su cumplimiento cuando estamos hablando de que, efectivamente, la proximidad a una planta que está fuera de la Comunidad Autónoma aconseja que ese residuo pueda ir fuera de la Comunidad Autónoma.

Ojalá vinieran más residuos de los que ya vienen -que son bastantes- a la Comunidad Autónoma, pero no por nada, sino porque las plantas que tenemos aquí pues tuvieran un nivel de actividad mayor y generaran más empleo aquí. De hecho, en concreto la planta de la Bañeza, de Ilunion, recibe muchos residuos de Galicia en aplicación de este principio de proximidad, lo cual es bueno. Pero, claro, si reivindicamos eso como bueno y como interesante, pues tenemos que entender que hay otras zonas de las Comunidades Autónomas donde la lógica también establece que esos residuos se puedan tratar en la Comunidad Autónoma vecina.

La Administración, hasta ahora, tenía esta capacidad, esta potestad para recibir esta solicitud de autorización y pronunciarse al respecto. Ya he indicado que con la aplicación plena del nuevo real decreto vamos a perder esa capacidad; simplemente, las empresas nos harán una simple notificación de salida de residuos. Yo entiendo que no va a pasar nada diferente de lo actual en lo que respecta al equilibrio del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque entiendo, o quiero entender, o no puedo entender otra cosa, aunque haya habido casos al respecto, que otras Comunidades Autónomas aplican exactamente igual que nosotros los mismos criterios a la hora de autorizar gestores. Es decir, que si nosotros aplicamos una serie de requisitos, los verificamos, y un gestor de RAEES en la Comunidad de Castilla y León para serlo, pues tiene que hacer una serie de inversiones, tener una serie de instalaciones y funcionar de una manera determinada, que en otras Comunidades Autónomas ocurre lo mismo.

Porque si eso no fuera así, o no es así, entonces sí que estaríamos ante un incumplimiento grave, no solo de la norma, sino de una alteración de ese mercado, y un incumplimiento de... un incumplimiento de los criterios de proximidad, pero, claro, en un contexto adulterado, ¿no?, adulterado porque en otra Comunidad Autónoma resulta que es más barato reciclar un frigorífico que en Castilla y León, pero no porque sea más barato en sí, sino porque no cumple una serie de requisitos que debe de cumplir, ¿no? Eso tenemos que suponer, o debemos suponer, que es así, y tenemos que instar -y de hecho se hace en las reuniones de coordinación del Ministerio, el propio Ministerio y las Comunidades Autónomas- a que exista esa uniformidad en cuanto a las autorizaciones y los requisitos en toda la Comunidad Autónoma, entendiendo –y lo vuelvo a repetir-, indicando, que es un mundo o un sector difícil en ese sentido.

También difícil por una razón que afecta a otros tipos de residuos también, y los afecta en un sentido o en otro, a lo largo del tiempo, en función cómo se mueven los mercados, ¿no? ¿Qué ocurre en el sector del plástico, por ejemplo? Pues que hay épocas en las que el plástico reciclado pues vale mucho dinero, ¿no? Entonces, cuando el plástico reciclado vale mucho dinero, pues hay un boom en la recogida selectiva de plásticos. Todos hemos visto a gente incluso que va por las noches por los contenedores de las ciudades, de residuos domésticos, y se va llevando plástico. ¿Por qué? Porque vale dinero. En las épocas en las que el plástico no vale dinero, no lo recoge nadie, y, efectivamente, hay una dejación en el interés, ¿no?, que puede tener la gente por él. En esto está pasando también un poco igual. ¿Por qué hay gente, gestores, que no cumplen las condiciones o que tienen interés en llevarse electrodomésticos? Pues porque los metales que sacan de esos electrodomésticos tienen mucho valor en el mercado de productos secundarios, y entonces le interesa llevarse el frigorífico. Cuando eso no ocurre, los frigoríficos no se los lleva nadie; evidentemente, se los llevan los que están obligados a llevárselos, pero nadie tiene interés por ellos, ¿no?

Entonces, eso es lo que está pasando, y subyace también en este tema, ¿no?, que, como efectivamente los metales tienen mucho valor, pues se produce una distorsión del mercado, y hay actores no legales que están quitando esos residuos a los gestores autorizados, y muchas veces una planta no tiene producto para trabajar porque hay otros que se lo están llevando ilegalmente, porque sacan un rendimiento en ese mercado secundario pero ilegal, ¿no? Y esto afecta, evidentemente, al funcionamiento de todo el sistema negativamente, siempre: ahora, porque quitan a los gestores efectivamente autorizados, y, cuando no vale el metal o vale menos de lo que le interesa a estos que se lo llevan, pues entonces no lo recogen y no hacen nada, y entonces sí que van a los gestores autorizados, pero cuando no tiene ningún interés para ellos.

¿Cuántas sanciones muy graves hemos puesto? Yo ya le decía, yo no las pongo, yo no instruyo expedientes, los instruyen los jurídicos de los Servicios Territoriales, y son ellos los que califican, entiendo, correctamente, de acuerdo con la ley. "No hay sanciones muy graves impuestas a los SIG. Otras Comunidades Autónomas sí las han puesto". Pues no lo sé. Es decir, no sé qué criterios habrán establecido... o tendrán, ¿no?, los jurídicos de estas otras Comunidades que dice usted que las han puesto para ponerlas. A mí me gustaría, y se lo digo claramente, como director general, que, ante un expediente sancionador de un gestor, o de un agente de estos que estamos diciendo ilegales de este sector, o de otros, la sanción fuera lo más alta posible, porque, evidentemente, estoy con usted, que lo que hay que hacer es que disuadan de esta actividad y no compensen económicamente. Pero yo entiendo que los instructores de los expedientes, pues actúan correctamente, en el margen que les asigna la ley, ¿no?

Decía usted que hay poca gente, que en concreto en Salamanca hay un funcionario que lleva todo. Sí, es verdad. Es decir, la situación de cobertura en estos años de las... de las relaciones de puestos de trabajo, y en concreto en lo que tiene que ver con medio ambiente en los Servicios Territoriales, pues no está bien; es decir, lo... vamos, es claro, es así. No digo que lo reconozco, porque es que no puedo decir otra cosa, es así. ¿Que estamos intentando mejorarlo? También. Es decir, de hecho, decía usted que se había aprobado una moción para incorporar más funcionarios. Y, efectivamente, se está haciendo, se ha hecho caso; no es que no se haya hecho nada, sí se ha hecho. De hecho, se aprobó un expediente para la incorporación de 11 personas, entre técnicos de residuos y jurídicos, a los Servicios Territoriales, que en este momento se está desarrollando; lo que pasa que, bueno, pues tarda en ejecutarse; las bolsas, en las provincias, pues resulta que de las titulaciones que tienen esas plazas no tienen, hay que convocar... bueno, pues, al final, un trámite. De hecho, de los once personas que se autorizaron por parte de la Consejería de Hacienda, pues a fecha de hoy, por estas cuestiones que digo de las bolsas, solo ha sido posible incorporar a cuatro, y se están haciendo trámites lo más rápido posible para incorporar a otros siete que, efectivamente, completen la dotación que tenemos en este ámbito.

"Si se recicla bien, cuesta más dinero -y cuesta mucho dinero- que si se recicla mal". Evidentemente. Hay que reciclar bien. Claro. Es decir, yo entiendo que los gestores que están autorizados, están autorizados por eso, porque tienen instalaciones para reciclar bien, y que hacen bien su trabajo, y que lo hacen correctamente. Lo que pasa que, claro, cuando entramos en estas... en estas apreciaciones, son complejas, ¿sabe? Porque cada uno dice... digamos, puede decir -cada empresa, en este ámbito o en cualquier otro-, que su trabajo, o lo que él hace, vale equis, ¿no?; y el otro –el que se lo encarga-, pues puede que no esté de acuerdo, y, en vez de equis, dice, pues que vale menos, ¿no? Pero claro, esas son relaciones comerciales y apreciaciones comerciales en las que, pues nosotros nos es difícil entrar y, evidentemente, no debemos entrar; debemos entrar en que se recicle bien. Pero claro, un gestor puede hacer ese reciclaje bien con un coste, y otro puede hacer también ese reciclaje bien con un coste mayor. ¿Por qué? Pues porque las empresas cada una tiene una estructura, cada una tiene unos gastos generales, cada una unos gastos de amortización diferentes que los demás, y el hecho de que una empresa tenga más gastos generales o más gastos de amortización no implica necesariamente que sus clientes se los deban de pagar obligatoriamente, sino que, evidentemente, tendrá que estar con ese tipo de gastos en lo que es –como decíamos- el precio de mercado, ¿no?

Respecto a la consideración de servicio público, pues sí, evidentemente, se puede... se podría declarar la gestión de estos residuos como servicio público en el sentido que usted dice. No es que diga yo que no se puede; efectivamente, se puede. Bueno, pero nosotros, en este caso, cuando lo analizamos -bueno, por una petición suya, de su grupo, precisamente-, pues ya contestamos en el sentido que no lo entendíamos procedente, ¿no?, en ese momento, por... bueno, pues porque no es esa la filosofía del plan de residuos de Castilla y León en relación con ninguno... residuo fuera de los... de los sólidos urbanos y porque entendemos que debe funcionar un sistema como el actual, de responsabilidad del productor, y un sistema puro y duro de mercado; que, efectivamente, como se ha puesto aquí de manifiesto, tiene imperfecciones, pero bueno, que entendemos que, más que crear este servicio público, debemos trabajar en mejorar esas imperfecciones.

El caso de Induraees, que lo han planteado también el resto de grupos, pues bueno, yo lo que decía: nosotros vamos a seguir intentando ayudar a Induraees y que los... sus relaciones con los sistemas integrados de gestión mejoren, que tenga residuo que reciclar y que se mantengan los puestos de trabajo. Y también hemos pedido a Induraees que, por su parte, haga todo lo posible para que eso sea así. Es decir, que haga todo lo posible para quizá estar mejor ubicada en el mercado y para tener las mejores relaciones posibles con los sistemas integrados, que al final son sus clientes, ¿no?, los que le van a traer los residuos, de Castilla y León y de fuera de Castilla y León –como decíamos-. Porque todo el mundo reconoce –y eso es así; los SIG y todos los agentes del sector- que Induraees es una gran empresa de reciclaje de residuos, que tiene unas instalaciones muy adecuadas, muy modernas, y las mejor... o de las mejores de España, ¿no?, en ese sentido, ¿no? O sea, eso no hay duda ninguna, y eso es importante, ¿no?, para la empresa. Y esa tiene que ser la base de su funcionamiento futuro, ¿no?

Que no olvidemos –decía el representante de UPL- la importancia de la generación de empleo en relación con Induraees, y en general. Efectivamente, para nosotros es muy importante, y creemos en que todavía hay mucha capacidad de generar empleo en este sector de los residuos en el... en el futuro. Y, de hecho, aquí lo ha comentado el consejero, cuando se estableció el programa de legislatura, estamos trabajando, igual que otras Comunidades Autónomas y el Estado, en una estrategia de economía circular acorde con los objetivos de la Unión Europea, ¿eh?, que busca, entre otras cosas, efectivamente esto, ¿no?: mejorar las condiciones, ser más intensivo en el tratamiento de los residuos y en la mejora de la valorización, de forma que eso contribuya a crear un nicho de empleo importante en estos momentos, ¿no?

El objetivo de dos mil dieciséis, que decía el representante de Podemos, yo no sé si... bueno, quizá me haya expresado yo mal, o no nos hemos entendido. El objetivo para dos mil dieciséis lo ha establecido el Ministerio, ¿eh?, en 13.465 toneladas en Castilla y León. Y lo que yo le decía es que todavía no hemos terminado de analizar los datos que nos han dado todos los gestores para poderle decir hoy aquí, con seguridad plena, de que se ha cumplido este objetivo, pero que lo que me traslada la jefa de servicio de lo que... datos que ha analizado, me traslada que, pues casi con total seguridad, que se ha cumplido este objetivo de las 13.465 toneladas; que, dividido entre los 2.465 habitantes de Castilla y León, pues salen en torno a estos 5,1... 5,12 kilos por habitante... por habitante y año en la Comunidad. Es decir, que entendemos que el objetivo de dos mil dieciséis se va a cumplir, y que el objetivo para dos mil diecisiete, cuando nos lo... -está en el Ministerio- pues, evidentemente, trabajaremos nosotros y todos los actores para que también se cumpla.

Los expedientes sancionadores a los que hacía referencia en relación con los SIG son expedientes sancionadores que se han abierto en dos mil quince y en dos mil dieciséis, pero sobre el análisis de las memorias que mandan los SIG, del ejercicio dos mil trece y dos mil catorce; es decir, que corresponden realmente al trece y al catorce. ¿Que nos han caducado tres expedientes cada año? Pues es verdad que han caducado. Es decir, que, bueno, pues ya sabe que el régimen sancionador pues establece una duración máxima de seis meses en la tramitación del expediente... de los expedientes, y que se ha superado, y por tanto han caducado. ¿Qué estamos trasladando a los jurídicos de la Consejería? Pues que intenten reabrir estos expedientes que han caducado, porque entendemos que la sanción... o la actuación ilícita por parte de estos SIG no ha prescrito, aunque, bueno, pues están analizando ellos, a la luz del nuevo real decreto, si efectivamente ha prescrito o no ha prescrito –yo ahí no entro-. A mí me gustaría que se reabrieran los expedientes y que, efectivamente, lo que se inició pues se termine en plazo y podamos... y podamos sancionar, ¿no?

¿Por qué repite –me decía- Ecolec? No, pues no lo sé. Imagino que no es por nada premeditado, eso sí que se lo digo, ¿no?, pero que no lo sé por qué ha coincido en este caso, pues supongo que temas de comunicaciones, de plazos, de correo certificado y demás procedimientos que hay que seguir, ¿no?

¿Inspecciones de transporte? Pues no hemos hecho, porque es complicado para nosotros hacerlas. Hemos hecho inspecciones en las instalaciones. Y pretendemos, en este convenio que le decía con la Guardia Civil, este año hacer inspecciones de transporte, no solo de RAEES, sino en general de todos los residuos, ¿no? Porque, bueno, pues la actuación, en este caso, de la Guardia Civil, en lo que tiene que ver con el... directamente en carretera, ¿no?, en el hecho de la acción de parar camiones y analizar la documentación y el contenido de lo que llevan, pues, evidentemente, nos es posible hacerlo con ellos, y por nuestra parte exclusivamente pues es muy complicado. Y este año, como decía, queremos hacerlo en estos residuos y en todos, especialmente porque lo hemos metido en todo lo que tiene que ver con el control de residuos de construcción y demolición en la Comunidad, donde las irregularidades en el transporte tenemos detectadas que son bastante relevantes.

El Grupo Parlamentario Socialista, que me dice de este cierto optimismo en relación con Induraees, pues me alegro, porque yo sé que usted tiene buena información, información próxima a Induraees, y me alegro que coincidamos en este análisis en este momento, ¿no?

Respecto al asunto de la... con lo de las tasas, esta diferencia de estos 300 millones de euros del Consejo de Estado, bueno, yo esto... yo, es un tema, y así lo decía, en el que, bueno, nosotros siempre insistimos al Ministerio, que tiene esta competencia y esta obligación de analizar estos flujos económicos de los SIG, que lo haga, y que, efectivamente, si hay una... destino de los fondos que reciben los SIG que no van a los objetivos que deben de ir, pues que, efectivamente, actúe en consecuencia, porque los más interesados en que ese dinero vaya a los gestores y se haga una buen gestión, pues somos nosotros también, ¿no?, como Administración de la Comunidad Autónoma, ¿no?

Que estima... Sí, yo creo que los datos... bueno, no sé si lo he indicado yo así o de otra manera, pero, vamos, que, efectivamente, el plan estima en esas treinta y pico mil toneladas los residuos generados y que el porcentaje que se está tratando, ¿no?, corresponde aproximadamente con estos porcentajes del 45 % de los residuos que estima el Ministerio, ¿no? Bueno, ahí tenemos que estar a la estadística del Ministerio y a la que vamos obteniendo nosotros cada año, y, evidentemente, cumpliendo o tratando de cumplir estos objetivos y mejorando cada día el sistema, ¿no?

Y respecto a lo indicado por la portavoz del Grupo Popular, pues lo indicamos antes, hombre, las autorizaciones de gestor de residuos son autorizaciones difíciles de obtener, porque hay que contar pues con unas instalaciones, cumplir un montón de prescripciones, y, bueno, pues, efectivamente, los gestores que las obtienen entendemos que están suficientemente capacitados para tratar correctamente los residuos, y entendemos -como decía yo antes, porque no hay otra manera de... no podemos pensar otra cosa- que en otras Comunidades Autónomas ocurre lo mismo, con lo cual, esa aplicación del principio de proximidad de forma lógica y de forma de criterios de mercado, pues entendemos que es lo correcto, ¿no?, lo que debe... Es decir, si eso no ocurre, como ha ocurrido –insisto- en algún caso, que evidentemente se ha... aparecido en los medios de comunicación, pues bueno, pues tendrán que sancionarse al que no lo cumple y hacerle desaparecer como gestor, ¿no?, y que no participe en la cadena y que no contribuya a distorsionar este mercado. Nada más.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Gracias. Terminado el turno de portavoces, se procede a la apertura de un turno para que el resto de los procuradores presentes que no hayan actuado como portavoces de los grupos puedan, escuetamente, formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información facilitada. ¿Algún procurador quiere hacer el uso de la palabra? Bueno. Pues muchísimas gracias al señor director general por venir a esta comparecencia y por todas sus explicaciones. Muchas gracias.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las doce horas veinticinco minutos].