DS(C) nº 320/9 del 31/5/2017









Orden del Día:




1. Comparecencia del Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León, SC/000281, a petición propia, para informar a la Comisión sobre:- Informaciones aparecidas en medios de comunicación, en relación a la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, sobre hechos relacionados con la concesión de autorizaciones administrativas para la instalación de parques de energía eólica en Castilla y León, que ha dado lugar a las Diligencias Previas número 658/2017, que se tramitan en el Juzgado de Instrucción N.º 4 de Valladolid.


Sumario:






 ** Se inicia la sesión a las diez horas.

 ** La presidenta, Sra. Cortés Calvo, abre la sesión.

 ** Intervención del procurador Sr. Izquierdo Roncero (Grupo Socialista) para comunicar sustituciones.

 ** Intervención del procurador Sr. López Prieto (Grupo Podemos CyL) para comunicar sustituciones.

 ** Intervención del procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos) para comunicar sustituciones.

 ** Intervención del procurador Sr. Cruz García (Grupo Popular) para comunicar sustituciones.

 ** Primer punto del orden del día. SC/000281.

 ** La secretaria, Sra. Acevedo Rodríguez, da lectura al primer punto del orden del día.

 ** Intervención del Sr. Herrera Campo, presidente de la Junta de Castilla y León, para informar a la Comisión.

 ** La presidenta, Sra. Cortés Calvo, abre un turno para la formulación de preguntas u observaciones por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios.

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. Sarrión Andaluz (Grupo Mixto).

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. Fernández Santos (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. Izquierdo Roncero (Grupo Socialista).

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. De la Hoz Quintano (Grupo Popular).

 ** Intervención del Sr. Herrera Campo, presidente de la Junta de Castilla y León, para responder a las cuestiones planteadas.

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Sarrión Andaluz (Grupo Mixto).

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Fernández Santos (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Izquierdo Roncero (Grupo Socialista).

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. De la Hoz Quintano (Grupo Popular).

 ** En turno de dúplica, interviene el Sr. Herrera Campo, presidente de la Junta de Castilla y León.

 ** La presidenta, Sra. Cortés Calvo, abre un turno de preguntas para los procuradores que no han intervenido en el debate.

 ** En turno de preguntas, interviene el procurador Sr. González Reglero (Grupo Socialista).

 ** Contestación del Sr. Herrera Campo, presidente de la Junta de Castilla y León.

 ** En turno de preguntas, interviene el procurador Sr. Martín Martínez (Grupo Socialista).

 ** Intervenciones de la presidenta, Sra. Cortés Calvo, y del procurador Sr. Martín Martínez (Grupo Socialista).

 ** Contestación del Sr. Herrera Campo, presidente de la Junta de Castilla y León.

 ** En turno de preguntas, interviene el procurador Sr. López Prieto (Grupo Podemos CyL).

 ** Contestación del Sr. Herrera Campo, presidente de la Junta de Castilla y León.

 ** La presidenta, Sra. Cortés Calvo, levanta la sesión.

 ** Se levanta la sesión a las trece horas cincuenta y cinco minutos.




Texto:

[Se inicia la sesión a las diez horas].


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Buenos días, señorías. Se abre la sesión. Damos la bienvenida al excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, que comparece hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda. ¿Los grupos parlamentarios tienen alguna sustitución que comunicar a esta Mesa? Sí, ¿Grupo Socialista?


EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Buenos días, señora... gracias, señora presidenta. Don Pedro González Reglero sustituye a don Juan Luis Cepa Álvarez.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias. ¿Grupo Parlamentario Podemos?


EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Buenos días. Juan Pablo Fernández Santos sustituye a Félix Díez.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias. ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

José Ignacio Delgado Palacios sustituye a Manuel Mitadiel.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias. El Grupo Mixto, no. ¿Grupo Popular?


EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, presidenta. Buenos días. En el Grupo Popular, don Raúl de la Hoz Quintano sustituye a doña Isabel Blanco Llamas y don José Manuel Fernández Santiago sustituye a don Alejandro Vázquez Ramos.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señorías. Por la señora secretaria se dará lectura del primer punto del orden del día.

SC/000281


LA SECRETARIA (SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, presidenta. Primer punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, Solicitud de Comparecencia 281, a petición propia, para informar a la Comisión sobre: Informaciones aparecidas en medios de comunicación, en relación a la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, sobre hechos relacionados con la concesión de autorizaciones administrativas para la instalación de parques de energía eólica en Castilla y León, que ha dado lugar a las Diligencias Previas número 658/2017, que se tramitan en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León.


EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR HERRERA CAMPO):

Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señoras y señores procuradores. Comparezco ante esta Comisión de Economía y Hacienda en relación con las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación sobre una querella formulada por la Fiscalía Anticorrupción por hechos que podrían ser constitutivos de delitos, relacionados con la autorización de parques eólicos en Castilla y León. Tras la presentación de la misma, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha abierto ya las diligencias previas número 658/2017. Mi comparecencia, esta mañana, se produce desde el más absoluto respeto y confianza en la actuación de la autoridad judicial, las reglas del procedimiento y las garantías del mismo.

La Junta de Castilla y León no dispone de la citada querella, pese a haber sido solicitada a la Fiscalía, y por haberse desestimado por el juzgado la petición de tener a la Junta como personada en el procedimiento en calidad de acusación particular. Por ello, señorías, mi intervención tiene que referirse a lo que conocemos sobre la misma a través de los medios de comunicación; sin duda, una paradoja que se produce a veces en un Estado de derecho, que actúa dentro de una sociedad abierta, donde los medios y la opinión pública juegan un papel fundamental.

Junto a lo anterior, para preparar el contenido de la intervención y para tomar conocimiento de toda esta materia, he tenido muy en cuenta la información que me han proporcionado los servicios jurídicos y técnicos de la Administración sobre los aspectos fundamentales de la regulación y la gestión de estos expedientes. Y, asimismo, se han consultado en los Diarios de Sesiones de estas Cortes anteriores comparecencias de otros miembros de la Junta.

A la vista de todo ello, abordaré en esta intervención tres planos distintos: uno, el de los presuntos hechos delictivos a los que se refiere la querella de la Fiscalía, siempre según la información disponible; dos, el del procedimiento administrativo de autorización de parques eólicos en Castilla y León; y tres, el de la política general impulsada por la Junta en relación con el desarrollo de energía eólica en nuestra Comunidad.

En el plano de los presuntos hechos delictivos, lo primero que debo afirmar, sin ningún tipo de reserva, es que, caso de confirmarse por la autoridad judicial la comisión de los mismos, estaríamos ante hechos de enorme gravedad, tan ilícitos como inmorales, merecedores de una contundente sanción por la Justicia. Unos hechos que, ya solo por su carácter de presuntos nos perjudican a todos, y en cuyo esclarecimiento la Junta ha prestado toda su colaboración desde el primer momento que tuvo conocimiento de los mismos. Y va a seguir haciéndolo.

En este punto hay que reseñar y hay que destacar como el único documento oficial del que la Junta sí dispone, el auto de la juez de instrucción número 4 de Valladolid -la que está conociendo de este asunto- del pasado reciente dieciséis de mayo, por el que no admite la personación de la Junta como acusación particular en sus actuaciones, afirma con rotundidad que dicha personación no procede al no tener la Comunidad la condición de perjudicada por los delitos objeto del procedimiento ni poder entenderse afectada por ellos la Hacienda pública o los intereses que la misma representa.

Esta terminante declaración y también disposición que la juez ha hecho después de conocer y de examinar la querella de la Fiscalía nos está diciendo a todos que, de acuerdo con lo actuado hasta este momento, los fondos públicos que administra la Junta no se han visto afectados por los hechos denunciados, y que no ha habido en ningún momento malversación de dinero público.

Señorías, según informan los medios, y en este caso confirma el citado auto judicial de dieciséis de mayo, la querella contempla cuatro posibles tipos de delitos: prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública. Es evidente que los tres últimos -cohecho, blanqueo y delito fiscal-, por su propia naturaleza, se habrían producido, en su caso, al margen de los procedimientos que gestiona la Administración y, presuntamente, con posterioridad a los mismos.

La presunta prevaricación, en cambio, sí podría estar relacionada con los procedimientos administrativos de autorización de parques, razón por la cual, cuando en abril de dos mil quince se conocieron -también a través de un medio de comunicación nacional- las primeras informaciones sobre este asunto, los servicios técnicos competentes revisaron todos aquellos expedientes de autorización y verificaron que habían sido tramitados conforme a la legalidad y el procedimiento administrativo establecido, sin perjuicio, claro está, de aquellas posibles actuaciones personales ilícitas que, de haberse producido, nunca hubieran tenido reflejo en aquellos expedientes.

En mi opinión, estos dos factores, la no afectación de fondos públicos, según señala la propia juez, y la corrección de los procedimientos, a juicio de los técnicos, apuntan con claridad a que, de confirmarse los hechos cuya investigación judicial acaba de iniciarse, estaríamos ante un caso de corrupción de personas, algunas de ellas, sin duda, que tuvo importantes responsabilidades público-administrativas, pero no ante un caso de corrupción de instituciones o de la propia Administración.

Según los medios, la querella se centra en la actuación de Rafael Delgado Núñez, que ocupó distintos altos cargos en la Junta desde mil novecientos noventa y cinco a dos mil once; y, entre ellos, fue viceconsejero de Economía entre dos mil tres y dos mil siete, años en los que intervino decisivamente en los procedimientos de autorización de parques eólicos en la Comunidad. La Fiscalía le considera autor de todos los presuntos delitos; en concreto, y según las informaciones publicadas, la Fiscalía denuncia que, aprovechando esa intervención, habría exigido a algunos solicitantes condiciones no regladas con el fin de favorecer, a través de ello, a empresas con las que tendría una especial relación.

Según los propios medios, la querella también se dirigiría contra otras veinte personas que podrían haber colaborado con el anterior en la comisión de alguno de los presuntos hechos delictivos. Quiero dejar constancia que, en relación a todas estas otras personas, causan especial alarma y preocupación las informaciones referidas a Alberto Esgueva Gutiérrez, por actuaciones de contenido económico muy elevado que este habría realizado en parte cuando, aun no siendo alto cargo de la Junta –nunca lo fue-, sí era, sin embargo, consejero delegado de una empresa participada por nuestra Agencia de Desarrollo Económico.

Debe recordarse que el origen de la investigación de la Fiscalía que ha dado lugar a su querella fue, al parecer, un informe elaborado por la Agencia Tributaria a finales de dos mil catorce, del que, como ya he indicado antes, se hizo eco un importante medio de comunicación nacional el veinte de abril de dos mil quince. La Junta tampoco pudo tener acceso a dicho informe pese a haberlo solicitado tanto a la Agencia Tributaria como a la propia Fiscalía Anticorrupción. Un acceso –conviene hoy recordar- que fue también denegado a estas Cortes de Castilla y León cuando lo solicitaron a finales del año dos mil quince, como pieza para el desarrollo de la Comisión de Investigación creada en este asunto.

Así pues, al parecer, los posibles delitos son descubiertos en el ámbito tributario al detectar... al detectarse movimientos de dinero entre empresas y particulares sin justificación aparente, y disposición de cantidades y bienes también sin justificación, hechos que la Agencia Tributaria conoce, investiga y relaciona finalmente con algunas autorizaciones administrativas de parques eólicos en la Comunidad. Es solo a partir del veinte de abril de dos mil quince, con la información de aquel medio de comunicación nacional, según la cual la Agencia Tributaria había remitido su informe a la Fiscalía Anticorrupción, cuando la Junta conoce la existencia de todos estos hechos, pues antes de esa fecha ninguna autoridad tributaria, ni judicial ni de cualquier otra índole se había puesto en contacto con ella en relación con los mismos.

A partir de esa fecha, veinte de abril de dos mil quince, y con toda celeridad, la Junta se puso a disposición y a colaborar proactivamente con la Justicia. El mismo día veinte de abril se remite escrito a la Fiscalía manifestando el desconocimiento de las actuaciones, acompañando informe técnico sobre la normativa y procedimiento de autorización de parques eólicos, poniendo a su disposición todos los expedientes de autorización, ofreciendo toda la colaboración en la investigación y manifestando la intención de personarse en las diligencias.

Siete días después, el veintisiete de abril, el entonces consejero de Economía compareció ante la Diputación Permanente de las Cortes, que ya se encontraban disueltas ante la convocatoria de las elecciones autonómicas que habían de celebrarse el veinticuatro de mayo. Posteriormente, como era nuestro deber, y también habíamos ofrecido desde el primer momento, la Junta ha venido colaborando con la Fiscalía en cuantas ocasiones esta lo ha requerido, ya solicitando el envío de documentación, ya la cooperación de empleados públicos conocedores de la tramitación de los procedimientos.

En concreto, en estos casi dos años, hasta en ocho ocasiones se ha remitido documentación a la Fiscalía, incluyendo los dieciséis expedientes de autorización completos que la Fiscalía ha solicitado; información exhaustiva en formato electrónico sobre los 209 parques autorizados entre dos mil cinco y dos mil quince; información sobre los casi 2.000 solicitudes presentadas en esos mismos años que no recibieron autorización; y otros informes jurídicos, técnicos y documentación solicitada.

El pasado veintinueve de abril, otro medio de comunicación, en este caso un medio de comunicación digital nacional, informó sobre la presentación de la querella por la Fiscalía. A raíz de esta información, y también con absoluta celeridad, el primer día hábil siguiente, que fue el dos de mayo, la Junta remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción manifestando su interés en que se le diera traslado del documento de la querella del que se estaban haciendo eco los medios de comunicación, y también, en su caso, de personarse en las diligencias, lo que no nos fue facilitado.

Hay que insistir en que, respecto de las presuntas actuaciones delictivas de las que los medios han informado estas últimas semanas, la Junta no tiene conocimiento, por tratarse, al parecer, de operaciones económicas exteriores al propio procedimiento, cuyas motivaciones, obviamente, no tenían reflejo en el mismo, y acerca de las cuales la Administración no recibió a lo largo de los años ninguna denuncia. Lo que nuestros servicios técnicos sí conocen es lo que deriva de los propios expedientes administrativos, cuyos principales datos, además, eran de conocimiento general a través de las múltiples y sucesivas informaciones públicas y publicación en los boletines oficiales que estos expedientes, como luego se dirá, conllevan.

Confiamos plenamente en que la Justicia esclarecerá todos estos hechos, los calificará jurídicamente, y, en su caso, impondrá a sus autores las sanciones previstas en la ley. Si esto llegara a producirse, y la Justicia confirmara la ilegalidad de las actuaciones a las que se refiere la querella, y en particular las de algún ex alto cargo, creo que, en nombre de la Junta, debo pedir perdón por anticipado por esta, aún hoy, presunta mala actuación. Lamento, de verdad, profundamente que se tengan hoy que investigar unos hechos que, de ser ciertos, serían tan radicalmente contrarios a nuestra voluntad de asentar el Gobierno y la Administración de esta Comunidad sobre unos principios legales y éticos irreprochables, pero me alegro de que el Estado de derecho cuente con instrumentos para detectarlos y conocerlos, y de que la Justicia esté actuando ya, pues esa es la fundamental garantía para todos de que vamos a conocer la verdad, y la mejor forma de que los ciudadanos puedan mantener su confianza en la honorabilidad y honestidad de la inmensa mayoría de los responsables públicos.

Paso así al segundo de los aspectos de esta intervención, que es el del plano del procedimiento administrativo. Según me informan nuestros servicios jurídicos, ese procedimiento es el de autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de energía eólica, regulado por el Decreto mil... –perdón- regulado por el Decreto 189/1997, de veintiséis de septiembre. Un procedimiento reglado y sometido a actos debidos, que se inicia con la presentación de una solicitud, que debe ir acompañada de una completa memoria que exprese, además de otros extremos, la capacidad técnica y financiera del solicitante. Esa solicitud se somete a información pública por anuncios en el BOCYL y en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente, indicando, entre otros datos, quién es el solicitante y qué municipios están afectados. Se abre, a partir de ese momento, un plazo de un mes para que puedan presentarse otros proyectos en competencia. Presentados estos, se lleva a cabo la fase de selección del proyecto, previos los informes procedentes, lo que finaliza con una resolución motivada. Tras ella, el solicitante del proyecto seleccionado debe presentar relación de afectados, documentación sobre la conexión a la red de distribución, el proyecto técnico y la documentación necesaria para la evaluación de impacto ambiental.

El expediente así formado es sometido a información pública, con anuncios en el BOCYL, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncio de los ayuntamientos que corresponda. También se notifica, en su caso, a los particulares afectados por el reconocimiento de utilidad pública con los que no se hubiere llegado antes a un acuerdo. Durante la información pública se presentan alegaciones, que el solicitante debe contestar, y se remite todo a Medio Ambiente para su valoración en la declaración de impacto ambiental, que se hace pública, asimismo, en el BOCYL. Por fin, la autorización administrativa se publica también íntegramente en el BOCYL y en el Boletín Oficial de la Provincia.

El funcionamiento definitivo del parque requiere, además, la presentación del proyecto de ejecución, la aprobación técnica de este, la ejecución material de las obras, el acta de puesta en marcha provisional, el período de pruebas, la obtención de las licencias municipales y el acta de puesta en marcha definitiva.

Como vemos, se trata de un procedimiento administrativo muy complejo, pero también muy garantista, en el que se somete a información pública y a publicidad cada solicitud, cada expediente, cada declaración de impacto y cada autorización. Y que, además, se tramita por funcionarios públicos que han demostrado ser tan profesionales como eficaces.

Según se me informa, sin embargo, ninguna de estas fases permitiría a la Administración de la Comunidad, ni a ningún interesado que tenga acceso a los expedientes a través de su múltiple publicidad, detectar los posibles actos o movimientos injustificados de dinero que han dado lugar, en este caso, a las investigaciones, primero, de la Agencia Tributaria y, después, de la Fiscalía. Hay que indicar que solo quien lo hizo, la Administración tributaria, tenía medios, capacidad y competencia para detectar esos movimientos injustificados y, a partir de ellos, iniciar la investigación. Ni la Administración de la Comunidad podía detectar algo así, ni tampoco podían hacerlo los particulares interesados.

Como antes señalé, a raíz de las primeras informaciones de los medios publicadas en abril de dos mil quince, los servicios técnicos verificaron todos los expedientes de autorización a los que la noticia se refería, e informaron que, a su juicio, su tramitación había sido conforme a la legalidad y al procedimiento establecido. Esto significaría que los presuntos delitos en ningún caso se habrían cometido a través de un procedimiento administrativo ilegal, sino con ocasión de un procedimiento administrativo plenamente legal; vamos, aprovechándose de este. Un procedimiento que concluía con autorizaciones a empresas que efectivamente cumplían los requisitos normativamente establecidos para recibirlas, pero, con ocasión del cual y al margen del mismo, se habrían podido producir, presuntamente, acuerdos, coacciones u otros actos dirigidos a obtener un provecho ilegítimo o un beneficio personal.

En este punto, quiero y cabe recordar las palabras de la portavoz del Grupo Socialista durante la comparecencia del anterior consejero de Economía el veintisiete de abril de dos mil quince –como he indicado- ante la Diputación Permanente de estas Cortes, cuando dicha portavoz valoró que estábamos ante unas actuaciones ilícitas realizadas en paralelo a unos procedimientos impolutos. Fin de la cita y nada que añadir.

A este respecto, señorías, creo necesario comentar ahora dos aspectos que sí han merecido estas últimas semanas la atención de los medios que han venido informando sobre este asunto: el uso de la figura de la avocación y el objetivo de fortalecer la industrialización de Castilla y León. En primer lugar, el uso de la figura de la avocación. El Decreto 189/1997 atribuye a los Servicios Territoriales de Industria la tramitación y la resolución de las solicitudes de autorización de parques eólicos en coordinación con todos los organismos afectados, reservando a la dirección general con competencia en energía dos facultades: la de seleccionar el más idóneo cuando se presenten proyectos en competencia y la de resolver la solicitud cuando el parque eólico o el aerogenerador afectase a más de una provincia.

No obstante lo anterior, se ha comprobado que en la mayoría –aunque no en todos- de los expedientes que la Fiscalía ha examinado, correspondientes al período dos mil cinco-dos mil quince, se utilizó la figura de la avocación de competencias, en virtud de la cual el viceconsejero de Economía asumía la de dictar la resolución de autorización correspondiente, como órgano superior a los servicios territoriales, los cuales recibieron, en abril de dos mil cuatro, una instrucción para aplicar dicha figura a estos procedimientos.

Según informan nuestros Servicios Jurídicos, la avocación de competencias es una figura prevista y regulada por la Ley de Procedimiento Administrativo para su uso por parte de las Administraciones públicas. Ley de Procedimiento Administrativo que, es ocioso recordar, es norma de rango superior al Decreto 189/1997, por lo que, si se cumplen sus requisitos legales, la avocación sería plenamente legal.

Pues bien, tras la revisión que han llevado a cabo de todos los expedientes, los técnicos han informado que, en todos los casos en que se produjo, la avocación efectuada cumplía los requisitos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo. Por un lado, en primer lugar, los requisitos de forma: que la avocación se realizase individualmente mediante acuerdo motivado, y que este fuera notificado, también individualmente, a los interesados con anterioridad a la resolución de autorización final que se dicte, lo que así sucedió en todos y cada uno de los expedientes en los que se hizo uso de la avocación, además con referencia expresa de que esta se producía al amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo. Esto figura en los boletines oficiales de la Comunidad.

Por otro, el requisito de fondo. Según la propia Ley de Procedimiento Administrativo, que circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial hicieran conveniente que un órgano superior conociera de asuntos en principio atribuidos a órganos dependientes del mismo.

También parece que dichas circunstancias están recogidas expresamente en la motivación de cada una de las avocaciones individuales y concretas efectuadas, y también fueron objeto de explicación en sede parlamentaria por el entonces consejero de Economía. Según esto, las circunstancias de fondo tenidas en cuenta fueron, en esencia, tres: uno, asegurar la consideración de las ventajas socioeconómicas para la Comunidad en su conjunto; dos, favorecer la imprescindible vinculación que la viabilidad de los parques debía tener con la planificación y la ordenación energética, tanto nacional como regional; y tres, resolver la complejidad que tenía la necesaria coordinación con las diferentes instancias intervinientes en estos expedientes. Recordemos: la autoridad de Industria, Medio Ambiente, Red Eléctrica de España y ayuntamientos afectados en especial, en un contexto, además –y esto es muy importante-, en el que se estaba produciendo una avalancha de solicitudes de autorización; que hay que recordar que fueron más de 2.200 solicitudes en Castilla y León en el período dos mil cinco-dos mil quince investigado por la Fiscalía, y, por tanto, con una proporción de unas once solicitudes por cada autorización final.

Así pues, como se ha informado técnicamente, y también se explicó en sede parlamentaria en su momento, en ese periodo de máximo volumen de solicitudes de autorización existían razones que justificaban que la resolución de los procedimientos no se realizase en cada servicio territorial sino a través de un órgano superior. Ello, sin perjuicio de que su tramitación siguiese realizándolo... realizándose –como así fue- por parte de los servicios territoriales, cuyas propuestas -según añaden también los técnicos- eran elevadas a autorizaciones sin sufrir cambio alguno.

Al margen de lo anterior, referido a los requisitos de forma y de fondo de la figura de la avocación, hay otros dos datos que a mi juicio apuntan por qué la avocación no ha sido, en este caso, el problema. Por un lado, los servicios técnicos informan que a lo largo de todos estos años no ha habido ni una sola impugnación o recurso contra un acuerdo de avocación de la competencia para resolver la autorización de parques eólicos.

Por otro lado, de la información publicada en los medios de comunicación se deduce que la mayoría de los expedientes en los que se utilizó la figura de la avocación no sufrieron, en paralelo, ninguna actuación presuntamente ilícita. Así, de las 209 autorizaciones que la Fiscalía solicitó y ha investigado, que fueron todas las concedidas en ese periodo dos mil cinco-dos mil quince, se utilizó la figura de la avocación en 197; de esas 197 autorizaciones, nuestros servicios informan que 35 podrían estar relacionadas con los hechos a los que, según los medios, se refiere la querella, mientras que las 162 autorizaciones restantes, en las que -hay que recordar- también se utilizó la figura de la avocación, no han recibido reproche alguno derivado de su investigación por la Fiscalía, que las ha conocido, que las ha examinado y que no ha hecho respecto de ellas ningún reproche en el texto de la querella, según los medios.

A la vista de todo lo anterior, parece que no es correcto afirmar que la avocación ha sido aquí el problema, sino, en todo caso, el mal uso de la misma en determinados supuestos, en determinadas autorizaciones, en los que pudo ser aprovechada para realizar actuaciones presuntamente ilícitas.

Hoy podemos debatir –y esto tendría sentido- si el amplio uso de esa figura legal fue la fórmula más adecuada o si, por el contrario, habría sido mejor llevar a cabo una modificación del decreto de mil novecientos noventa y siete. Algún grupo político de esta Cámara, de hecho, propuso modificar ese decreto para residenciar la competencia de autorización en el viceconsejero de Economía –textual-, y que así no fuera necesaria avocación alguna. Pero en este caso nadie puede hoy descartar que quizá ahora no estaríamos hablando del mal uso de la figura de la avocación, sino del mal uso de ese decreto modificado, por lo que, desgraciadamente, tal vez, no habrían cambiado demasiado las cosas.

El segundo aspecto que quería comentar es el del objetivo de fortalecer la industrialización de Castilla y León. Ya en una vieja interpelación sobre este tema, de veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, el entonces consejero de Industria explicaba que la filosofía de su departamento en materia eólica era conseguir un desarrollo industrial en Castilla y León, tanto en relación con la fabricación de los elementos necesarios para instalar los parques como en las labores de operación, mantenimiento, formación, etcétera. Una filosofía que había sido instada por el propio Consejo Económico y Social en su informe previo sobre el proyecto de decreto de mil novecientos noventa y siete, y que, a juzgar por los Diarios Oficiales de las Cortes, era básicamente compartida por los grupos que entonces contaban con representación parlamentaria.

Se trataba, por tanto, de un propósito que tenía una base normativa y que contaba con un amplio consenso político y social. Una vez más, lo mismo que en el caso de la avocación, el problema no parece estar en el objetivo de favorecer la industrialización de Castilla y León, un objetivo y un principio que creo que todos podemos, podríamos, y podemos también para el futuro, compartir, sino, en su caso, en el mal uso que hubiera podido hacerse de esa voluntad al negarse, presuntamente en algunos casos, el responsable de firmar las autorizaciones a hacerlo hasta que no se cumplían determinadas condiciones ilícitas o, al menos, no previstas en la regulación.

Cabe insistir en que, según dejó muy claro el entonces consejero en sus comparecencias en estas Cortes, el objetivo era el de promover una mayor industrialización de Castilla y León y la diversificación de la actividad industrial de sus empresas, esto es, facilitar el desarrollo de proyectos industriales serios, profesionales y estables, y evitar, en cambio, operaciones puramente especulativas. De hecho, una de las pretensiones del Decreto de mil novecientos noventa y siete era evitar la especulación en la transmisión de autorizaciones de parques eólicos.

A este fin, el titular de una autorización que quisiera trasmitirla y el posible adquirente de ella debían, y deben, someterse a la autorización previa de la dirección general con competencia en energía. El régimen de nuestro decreto es, además, en este sentido, más exigente que el previsto en la ley estatal del sector eléctrico y sus normas de desarrollo, al equiparar a esa transmisión de la autorización aquellas operaciones de compraventa de más del 50 % de las acciones o participaciones del capital social de la empresa titular del parque eólico o aerogenerador que tenga la autorización.

Por lo tanto, nuestra normativa no contempla con buenos ojos ningún tipo de operación especulativa, y menos aún, por supuesto, operaciones que podrían conllevar enriquecimientos ilegítimos. Creo, señorías, que es una barbaridad, por tanto, decir -como ha llegado a hacerse- que la normativa fue redactada con toda intención para facilitar la comisión de actos delictivos. Y lo puedo decir incluso desde la objetividad de quien era completamente ajeno, en su momento, a la redacción de esa normativa. Es justo todo lo contrario: la normativa de Castilla y León, en esta materia introdujo garantías adicionales a la de la legislación estatal, y además ha aplicado un modelo de autorización y de proyectos en competencia, que he explicado en su procedimiento, que es más abierto y transparente que los modelos casi concesionales aplicados en otras Comunidades, como así reconoció en su día la Comisión Nacional de la Energía, hoy Comisión de los Mercados y la Competencia. Una normativa, lo repito, que somete a información pública cada solicitud, cada expediente y cada declaración de impacto ambiental, y cada autorización.

A mi juicio, pues, atribuir estos presuntos hechos a la normativa de Castilla y León sería tan injusto como atribuírselos a la normativa estatal que previó importantes primas para la energía eólica; una normativa absolutamente legal y con un propósito loable. Otra cosa es que esa normativa, además de provocar una auténtica avalancha de solicitudes de personas legítimamente interesadas, fuera una ocasión aprovechada por algunos para llevar a cabo operaciones ilegales.

Señorías, analizo, por último, el plano de la política impulsada para el desarrollo de la energía eólica en Castilla y León. La eólica es una energía limpia que evita la producción de CO2, que reduce la dependencia energética exterior, que contribuye al objetivo europeo de que en dos mil veinte el 20 % de toda la potencia sea de origen renovable, y que, además, es una fuente clarísima de inversión y de generación de empleo, especialmente en el medio rural. Desde esas perspectivas, debería ser del todo compatible condenar sin paliativos unos posibles hechos delictivos y reconocer que la política impulsada para el desarrollo de la energía eólica en nuestra Comunidad ha sido adecuada y beneficiosa a sus intereses generales.

En los primeros años de este siglo se produjo una auténtica carrera entre las distintas Comunidades Autónomas para lograr la mayor instalación de potencia eólica en sus territorios y obtener así los máximos réditos en términos de inversión y de empleo. Una carrera que tenía lugar en un escenario complicado, en el que, según nuestros servicios técnicos, incidían, entre otras, estas circunstancias que hoy también debemos tener en cuenta: las sucesivas modificaciones de la planificación energética nacional, con unas previsiones cambiantes de potencia eólica máxima para Castilla y León, que en determinados momentos iban por detrás incluso de lo ya autorizado y en construcción, lo que exigía en cada caso reivindicar y obtener las correspondientes ampliaciones; las variaciones en la planificación y ordenación de las redes de evacuación y transporte de la energía eléctrica; y, por supuesto, las constantes variaciones en la regulación nacional del sector eólico, incentivado desde mil novecientos noventa y ocho, y con especial intensidad a partir del año dos mil cuatro, por el gran atractivo que supuso para la inversión en este sector la regulación y abono de una prima estatal, que provocó que en esos años se multiplicaran las expectativas y las peticiones de instalación de parques eólicos en toda España, y también en Castilla y León.

Pues bien, los datos acreditan que la nuestra ha sido una Comunidad que ha sabido aprovechar esta oportunidad, siendo la más destacada en España en la implantación y el desarrollo de la energía eólica.

Castilla y León es la Comunidad que cuenta, según los datos de la Asociación Empresarial Eólica, con mayor potencia eólica instalada: casi 5.600 megavatios, a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, lo que es más del 24 % del total nacional. Hablamos de 233 parques activos, con más de 4.300 aerogeneradores, capaces de producir una energía equivalente al consumo de 3,5 millones de familias, y con una inversión empresarial privada, ya movilizada, superior a los 6.700 millones de euros. A todo lo cual habría que añadir, además, otros 914 megavatios, correspondientes a otros 58 parques que, estando autorizados, no han iniciado aún su construcción.

Gracias a todo ello, de la práctica inexistencia de instalaciones industriales en este sector al comienzo del siglo, empresas de la Comunidad comenzaron a fabricar palas, torres, mecanizados, sistemas de control, elementos de fundición, carcasas de poliéster y sistemas de freno; y pasaron a realizar el montaje de la góndola y albergar diversos centros de logística y de reparación de los componentes de los aerogeneradores, algunos de los cuales son de referencia mundial. Un nuevo sector industrial, hasta ese momento inédito en la Comunidad, que hoy cuenta aquí con en torno a 2.100 empleos directos y otros 750 en las labores de operación y mantenimiento, fundamentalmente ocupados por jóvenes de las propias zonas en que están implantados los parques.

Considero, pues, que fue un acierto implantar un sistema favorecedor de la libre iniciativa empresarial, coherente con los principios de libre instalación y competencia recogidos en la ley estatal del sector eléctrico, lo cual ha favorecido la creación de un tejido empresarial diversificado y amplio, en vez de la opción de dejar todo este desarrollo en manos de unas pocas empresas, que fue la elegida por otras Comunidades, y que incluso aquí fue defendida en algún momento por algún grupo político que pidió un acuerdo entre nuestra Administración y tan solo una o dos grandes empresas energéticas.

Un buen resumen de los aspectos positivos que la energía eólica ha significado se recoge en una declaración nacional que en dos mil trece suscribieron muchos ayuntamientos en España; y entre ellos, 61 de Castilla y León, y de la que se hizo eco alguno de los grupos de estas Cortes, y, por tanto, figura en su Diario de Sesiones, y que dice así: "Nuestros municipios se han visto beneficiados a lo largo de los años por los parques eólicos allí instalados. Hemos visto prosperar nuestros pueblos gracias al empleo directo e indirecto generado, que ha permitido a nuestros jóvenes quedarse y no tener que emigrar a las ciudades. Hemos visto como nuestros vecinos han podido establecer empresas y negocios para ofrecer asistencia a esos parques. En definitiva, hemos visto como la energía eólica mejora el presente y el futuro económico y social de nuestras comarcas". Fin de la cita.

Cuando se investigan judicialmente comportamientos individuales que han podido generar el beneficio ilegítimo de unos pocos, me parece que es bueno también recordar los beneficios objetivos de interés público y general que el desarrollo de la energía eólica está produciendo en nuestra tierra.

Para concluir, señorías, y a modo de recapitulación, el desarrollo de la energía eólica en Castilla y León ha contribuido a generar y atraer importantes inversiones y un buen número de empleos en beneficio de todos. Revisados los procedimientos de autorización de parques por los correspondientes servicios técnicos y jurídicos, han informado que los mismos se tramitaron conforme a la legalidad y el procedimiento administrativo establecido, sin perjuicio, claro está, de otras actuaciones personales con motivaciones ocultas que, en caso de haberse producido, hubieran sido en paralelo a esos expedientes y nunca tendrían reflejo en los mismos.

Y, por último, reiterar una valoración: de confirmarse la comisión de los presuntos delitos difundidos por los medios, estaríamos ante unos hechos de enorme gravedad; los más graves, atribuidos a un ex alto cargo en todos los años que quien les habla lleva al frente de la Junta de Castilla y León. Esto justifica de sobra mi comparecencia aquí, esta mañana, y por ello me encuentro -no lo duden sus señorías- entre los más interesados en que la Justicia esclarezca plenamente y rápidamente dichos actos. En la Justicia confiamos, y a ella vamos a seguir prestando toda la colaboración que nos solicite, como desde el primer momento hemos hecho. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, se procede a la apertura de un turno de intervención de los distintos portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra el señor Sarrión, del Grupo Parlamentario Mixto.


EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bueno, buenos días. Y, en primer lugar, gracias por la comparecencia. A nosotros nos habría gustado que se hubiera realizado en Pleno, aunque también solicitamos esta comparecencia en esta Comisión. Por cierto, no habría estado mal que, además de añadir que viene a petición propia, no habría estado mal que hubiera añadido también que viene a petición del Grupo de Izquierda Unida-Equo, el Grupo Mixto, puesto que nosotros así se lo... lo solicitamos en estas Cortes. En todo caso, es una cuestión absolutamente menor.

Empezaré haciendo una reflexión en torno al tercer plano que usted planteaba, y que tiene poco que ver con lo que aquí nos trae, al menos a lo que es el texto central de la demanda, es decir, la cuestión sobre política general de la Junta en materia de energías renovables. Y espero que la presidenta de la Comisión sea tan benevolente con los grupos en sus intervenciones como lo ha sido con esta intervención al hablar de temas no directamente relacionados con la trama de las eólicas, sino con políticas generales de la Junta.

En esto, evidentemente, tendremos posiciones diferentes, porque cuando se habla de política general, lógicamente, la política general tiene siempre importantes imbricaciones con la posición ideológica de un grupo político. Y si bien podremos estar de acuerdo en la importante necesidad de la energía eólica, creo que el modo en que la Junta ha desarrollado este tipo de política precisamente es una de las causantes de tramas de corrupción como la que hoy estamos debatiendo. Y lo diré muy brevemente a través de un autor clásico, ya Platón lo dijo en La República, cuando separaba de manera abstracta la clase de los gobernantes, o de los guardianes, de la clase de los artesanos, cuando decía que aquellos que deben guardar del bienestar general de la ciudadanía no pueden ser propietarios de riquezas, no pueden ser personas cuyo objetivo sea enriquecerse.

Lo que aquí hemos visto, precisamente, señor presidente, es consecuencia de tener a un alto empresario al frente de un organismo al 95 % participado por finanzas de la Junta de Castilla y León, y es consecuencia de la relación constante y permanente que en nuestro país existe entre el sector de la política y el sector de los negocios.

Y entrando en materia, como usted ha señalado, estamos hablando de indicios de seis delitos, como usted mismo ha reconocido: delito de prevaricación, de cohecho, de blanqueo de capitales y otros tres delitos contra la Hacienda Pública. La persona central... y aquí entra mi primera sorpresa, cuando ustedes dicen, y lo han dicho ya varias veces, que este caso no ensucia a la Administración, parece sorprendente que se diga esto, cuando el principal autor de estos delitos sería la persona de Rafael Delgado, ex número dos de la Consejería de Economía y Hacienda, y exviceconsejero de Economía y secretario general de dicha Consejería entre dos mil tres y dos mil once, el número dos de Tomás Villanueva durante dieciséis años, en tres departamentos diferentes.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Rafael Delgado exigía... -y este es un término que se recoge literalmente, de acuerdo a los medios de comunicación, en la querella de la Fiscalía Anticorrupción- exigía a los promotores que desarrollaban parques eólicos ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto, bajo amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que exigía que fuera próxima al 40 %. Entre las empresas beneficiadas, las empresas locales beneficiadas por esta trama, cabrían destacar las de Alberto Esgueva, ex alto cargo de la Consejería, creador, junto a su hermano, de Industrias San Cayetano, y más tarde constructor en Varsovia; Germán José Martín Giraldo, socio de Esgueva en Polonia; y los hermanos Llorente Muñoz, dueños del Grupo Collosa, grupo que tuvo a sueldo, primero, a Federico Trillo y, después, a Vicente Martínez-Pujalte.

Entre las empresas beneficiadas, precisamente la Fiscalía Anticorrupción destaca que, de los empresarios amigos de Rafael Delgado, casi ninguno tenía interés en el negocio eólico; su permanencia en entidades promotoras fue muy corta en el tiempo, poco más de un año, algo impropio, según la Fiscalía Anticorrupción, de una inversión industrial. Y, además, también destaca el Fiscal Anticorrupción que esa permanencia no supuso ninguna aportación empresarial en dichas entidades promotoras. Estoy, al igual que usted, centrándome en las informaciones de medios de comunicación, que es lo que podemos tener a disposición.

Y ahora entro en materia, en una contradicción entre lo que me ha parecido entenderle y lo que yo entiendo en los medios de comunicación. Como usted sabe, en dos mil cuatro el señor Delgado ordena publicar una instrucción, que ha centrado una parte importante de su exposición, para que las autorizaciones administrativas ya no fuesen competencia de las delegaciones provinciales de la Junta, sino que dependiesen directamente de él; esta famosa avocación, que ha centrado una parte de su relato, desde un punto de vista del análisis jurídico-administrativo.

Una instrucción que, me ha parecido entender... -y corríjame si ha sido error de interpretación mío- me ha parecido entenderle que usted decía que el fiscal no pone en cuestión la ilegalidad de dicha avocación; yo tengo entendido precisamente lo contrario. Según la información que yo he podido recoger en los medios de comunicación, la instrucción, de acuerdo a la Fiscalía Anticorrupción, es manifiestamente ilegal, porque así lo dice un informe de la Intervención General del Estado, pedida, precisamente, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Así se lee en el artículo de El Confidencial que relata el informe de la... la querella de la Fiscalía, y en el cual dice literalmente –inicio cita-: "La ilegalidad de esta instrucción queda resaltada en el informe de la Intervención General del Estado de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, emitido a petición de esta fiscalía". Fin de la cita.

Por lo tanto, ya cabría poner en duda el hecho de su afirmación acerca de que estamos ante una avocación legal cuyo uso fue ilegal. Y, aun así, este debate nos parecería una excusa pobre; decir que la avocación era legal pero que el uso que se hizo de la misma fue ilegal nos parecería, francamente, una excusa poco convincente. En todo caso, si fuera como usted dice, si la avocación fuera legal y el mal uso fuera ilegal, en ese caso, señor presidente, estaríamos hablando de una pantalla legal para cometer delitos, una pantalla legal para cometer delitos, en el supuesto de que la avocación fuera ilegal. Yo entiendo la preocupación de la Administración en demostrar o en insistir en el carácter legal de la avocación, precisamente para elaborar un círculo en torno al cual no salgan las demás... las demás... posibles delitos, ¿no? Pero esto, al menos en la información que tenemos de la querella, no es así; la información de la que disponemos indica que, de acuerdo a un informe de Intervención, esta instrucción sería manifiestamente ilegal.

Y de acuerdo a este sistema ilegal, siguiendo de nuevo la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, de las 209 autorizaciones de parques en Castilla y León, 197 fueron resueltas por esa avocación a los viceconsejeros, un 71 % a Rafael Delgado y un 23 % a Begoña Hernández. Instrucción que habría permitido, siempre de acuerdo al Fiscal Anticorrupción, manipular la tramitación de los expedientes de los parques –y aquí estoy citando de nuevo la querella a través de los medios-, al controlar el momento en el que se debían tramitar los expedientes para otorgar las autorizaciones, con independencia de que los mismos cumpliesen o no los requisitos, para obtener la autorización administrativa.

Algunos ejemplos. El caso de IDER, S. L., en León, el cual fue frenado por el viceconsejero para que pudiera ser vendido a BIOVEL, empresa vinculada a Iberdrola.

Otro caso, el caso de Ibervento, con dos parques en Burgos. El viceconsejero no firmó la resolución de avocación porque quería asignar -según el Fiscal Anticorrupción- los parques a otros promotores; finalmente, el promotor termina vendiendo a Endesa e Inverduero, filial de Collosa. Fíjese como los nombres, además, se van repitiendo. Es decir, estamos viendo cómo van apareciendo diferentes empresas vinculadas siempre a distintos aspectos de la trama.

El parque eólico en Bureba, en Burgos, que no sale adelante hasta que se cambia la titularidad a una empresa participada por Alberto Esgueva. Siete días después de estos hechos se produce el visto bueno del viceconsejero Rafael Delgado.

O la gran beneficiada, el caso de San Cayetano Wind, propiedad de Alberto Esgueva Gutiérrez; Alberto Esgueva, que -como decíamos- es el principal beneficiado e imputado de la trama eólica de Castilla y León. La Fiscalía estima que ganó 47 millones de euros con este sistema de comisiones. Alguien que era, no lo olvidemos, consejero delegado de Excal, la oficina de internacionalización de la Junta de Castilla y León, y que, por cierto, facturaba su trabajo a través de una sociedad limitada, protagonizando también otro importante escándalo de una situación, como mínimo, irregular, ya que cuando asumió su cargo, en noviembre de dos mil tres, se estableció una remuneración que quedaba reflejada en una cuenta de sueldos y salarios de dicha entidad, y a partir del año siguiente se dejan de registrar los apuntes contables en ese apartado para pasar a registrarse otros nuevos en el subgrupo de Servicios Exteriores. Y a partir de ahí se empiezan a registrar servicios de dicho consejero delegado, del señor Alberto Esgueva, pasando a cobrar 11.600 euros mensuales, o 120.000 euros anuales, más IVA. Un incremento de sueldo del 114 % que hemos pagado la ciudadanía, porque –como decíamos y como usted ha dicho en su intervención- el 95 % del presupuesto de Excal salía de la Agencia de Desarrollo Económico, de naturaleza pública.

Hablamos, además, de que, además de Delgado y Esgueva, hay otras diecinueve personas, entre excargos de la Junta, empresarios y directivos; unos 80 millones de euros en comisiones ilegales, cobradas a cambio de beneficiar a empresas locales para la concesión de unos 50 parques eólicos. Y no olvidemos que, además, la Fiscalía Anticorrupción ha entregado querella al juzgado de Valladolid, pero que a día de hoy sigue investigando, que en este momento está investigando la pista del dinero en cuentas de empresas offshore, que ha solicitado comisiones...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Sarrión, tiene que ir terminando.


EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

(Finalizo inmediatamente, presidenta). ... ha solicitado comisiones rogatorias a Suiza y Mónaco, y espera conclusiones de un último informe de la Unidad de Apoyo a la Agencia Tributaria para decidir –y esto es muy importante- si se amplía la querella o no contra otras personas.

Por lo tanto, dos preguntas: ¿cómo se puede decir que no hay corrupción en la Administración o que esta trama no salpica a la Administración, si el principal corrupto es un viceconsejero y el secretario general, y el principal beneficiado es un ex alto cargo, ex consejero delegado de Excal, financiado al 95 % de la Junta? ¿Y cuándo van a desbloquear la Comisión de las eólicas para que de todo esto se pueda debatir despacio por parte de los grupos parlamentarios, con presencia de la ciudadanía? Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Sarrión. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Delgado Palacios.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señora presidenta. Señor Herrera, bien sabe usted que lo que correspondería a esta situación estaría en la Comisión de la trama eólica, pero, por desgracia, usted no acude a ella, y estamos en una Comisión, parece ser, que más le conviene, que es la de Economía. Habiéndose negado usted a dicha comparecencia, vamos a intentar dar luz, al menos, aquí a diferentes cuestiones, además muy claras. Confiemos, dicho lo cual, que la luz, ya que no viene de su Gobierno, venga de la Justicia, que –como bien sabemos todos- sigue trabajando todos los días.

Mire, señor Herrera, si usted fuera un presidente valiente –y yo creo que lo es-, esta comparecencia la hubiéramos hecho en la Comisión de la eólicas, que esperemos también verle algún día para profundizar mucho más. Pero sí que le quiero hacer una serie de preguntas para... a modo de reflexión, y que espero me conteste lo mejor y más claramente posible.

¿En qué momento habría tenido el presidente de la Junta de Castilla y León constancia de que se habrían estado cometiendo hechos presuntamente delictivos dentro del Gobierno de la Junta de Castilla y León?

Segunda. ¿Sería cierto que en el año dos mil seis –dos mil seis- el presidente de la Junta ya tenía conocimiento de la existencia de irregularidades en los parques eólicos, a través de una carta que el responsable de la empresa Ibervento le habría remitido? Dos mil seis –reitero-. ¿Habría abierto esta carta el presidente de la Junta o alguien de su equipo? Imaginemos que sí. En este caso, ¿habría emitido el presidente la orden de realizar algún tipo de gestión para investigar los hechos que en dicha carta se denunciaban?

Quinta. ¿Qué tipo de medidas se habrían adoptado en el momento en que tuvo conocimiento de dichos hechos? Ya sé que nos ha dicho que se han revisado todos los expedientes, y lo dábamos por hecho, pero si había algún tipo de medidas concretas. Y no me refiero a las de revisar expedientes, sino si se llamó a algunos despachos, si se indujo o se dedujo que había que poner coto, en fin, a diferentes cuestiones.

¿Por qué razones empresas que cumplían los requisitos necesarios se habrían quedado fuera de los proyectos, retrasándose las tramitaciones de sus expedientes durante años, cuando el plazo máximo era de tres meses? Usted ha aludido a ese famoso decreto, sí, muy extenso, muy claro; pero es curioso como unas se hacían muy pronto y otras estaban más de siete años esperando el sueño de los justos. ¿Sería cierta la existencia de la discriminación en esas actuaciones? Es decir, ¿eran aleatorias: a unas sí a otras no? ¿Se concederían únicamente a aquellas empresas del sector que estaban en manos afines a los supuestos -y ya sabemos- altos cargos de la Junta?

¿Qué opinión tendría el presidente de la Junta de la emisión de sentencias del Tribunal Supremo contra la gestión de su Gobierno sobre las concesiones de las eólicas, en caso que se hagan?

Desde luego, si estuviéramos donde teníamos que estar, que era en la Comisión de las eólicas, seguiríamos preguntándole: ¿cuáles habrían sido los motivos por los que el Partido Popular ha impedido la comparecencia en la Comisión de las personas que aparecen como titulares de las empresas implicadas en la trama eólica? Y fíjese, ya no hablamos ni de altos cargos, simplemente de las empresas, que tienen mucho que decir, como usted comprenderá.

Ese presidente que un día dice que lucha contra la corrupción, pero lo que hace es bloquear las Comisiones, como está haciendo, ¿habría cambiado de opinión, y permitiría ahora esas comparecencias, si hubiera sabido todo lo que sabe? Pero vemos que sigue sabiéndolo, y esperemos que de una vez por todas se resuelva.

¿Estaría el presidente de la Junta en condiciones de asegurar hoy que en su Gobierno, y en el partido del que forma parte, no se estarían cometiendo hechos delictivos, como los que se hacen referencia en la denuncia de la Fiscalía? ¿Usted está hoy en condiciones de decir que este tipo de delitos ya no se están haciendo?

Habiendo sido presidente de este partido, ¿habría tomado medidas de seguridad específicas en el seno de esta formación para impedir que sus miembros formasen parte de las tramas de esa presunta corrupción, como la de las eólicas? Ayer mismo hemos visto como otra trama, la de las solares, que ha pasado casi casi de tapadillo, han sido condenados, condenados, cargos de la Administración de la Junta de Castilla y León; y ya no estamos hablando de supuestos, estamos hablando de algo, por desgracia, tan sabido como que en la Junta de Castilla y León nunca se actuaba con la diligencia que se tenía que actuar, y que no todas las empresas tenían las mismas oportunidades.

En este sentido, ¿habría tenido el intento de personación –que casi ya da risa- del PP en el proceso la finalidad de servir de lavado de imagen, como parece ser? Porque ustedes, es curioso -y lo ha dicho usted en su comparecencia-, se personan cuando aparece en los medios de comunicación lo que ya sabemos todos; lo sabíamos, pero también es verdad que a través de los medios de comunicación. Y no sé por qué me da a mí la sensación, sin ser mal pensado, que, claro, ustedes se personan para: señora juez, señor juez, deme usted, para así a ver si me entero de todo. Pero ¿para qué? Para enterarse, ¿para qué? ¿Realmente con la intención de poner coto de una vez por todas a esas malas prácticas, o simplemente para planificar mejor sus defensas sabiendo, como están sabiendo, la que se les viene encima? Pero yo creo que a buen entendedor, pocas palabras.

¿Por qué no habría usado la vía de la acusación popular para personarse en dicho procedimiento, como así lo ha intentado? Pero realmente ¿para qué? Es una cosa casi casi de risa, en el sentido que sus consejeras, sus portavoces, siempre han dicho que la Junta de Castilla y León no ha sido damnificada, que aquí no se ha robado dinero; entonces, ¿para qué ese afán de personarse? Y, claro, es normal que los jueces le hayan dicho: usted a lo suyo, y déjenos a nosotros trabajar. Pero ¿para qué?, ¿para enterarse o para realmente contribuir al esclarecimiento de los hechos?

¿Usted confiaría que el Poder Judicial... cree que el Poder Judicial no terminará descubriendo el uso del dinero público de la trama para beneficio de miembros de su partido? ¿Usted realmente cree que es algo residual? ¿Habría seguido manteniendo el presidente de la Junta contacto o relación con aquellos excargos de su partido que están siendo investigados en la trama? Y estamos hablando desde el dos mil seis. Esa pregunta para nosotros es fundamental, para Ciudadanos, si lo sabía o no lo sabía; y es obvio que usted siguió manteniendo no relación con altos cargos, sino que los mantuvo y los ocupó en sus lugares.

¿Cuáles serían los motivos que habrían llevado a un presidente tan experimentado a seguir confiando en quien ocupaba la Consejería de Economía, el señor Tomás Villanueva, mano derecha suya durante tantos años? ¿Realmente el presidente de la Junta de Castilla y León nunca sospechó nada, cuando era vox populi que, por ejemplo, la trama solar, el que no tenía buenas relaciones con la Consejería de Economía no ponía ni un metro cuadrado de placas solares en este... en esta región? Y ya no digamos, como se ha demostrado, con los parques eólicos.

Y una pregunta fundamental, y usted, siendo paisano, como es, del señor Rafael Delgado Núñez, ¿tampoco conocía nada de sus procederes? ¿No sabía realmente a qué se dedicaba? En este mundo, no digo yo que todo el mundo habla de todo... de casi todo el mundo, pero, hombre, ante hechos tan graves como son los que son... y no será porque –le vuelvo a decir- empresarios han denunciado lo que han denunciado; y, además, hay hemerotecas enteras donde se dice, y no un empresario, sino varios –y lo vamos a ver en el procedimiento judicial-, como se les instaba, como se les obligaba a repartir la adjudicación de megavatios, porque, si no, no montaban ningún parque eólico. Si es una cosa tan clarividente que da hasta sonrojo y da hasta vergüenza.

De verdad, ¿usted no puede sospechar ni sospechaba toda la cuestión de "la perla negra", Portillo, las Cajas de Ahorro –que ya hablaremos-...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor... señor Delgado.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

... Gürtel, la Púnica?


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Delgado, perdone. Cíñase al objeto de la comparecencia. Se lo he advertido a todos los portavoces antes de comenzar esta Comisión.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Ya me imaginaba yo que hay que ceñirse; nos estamos ciñendo. Y antes que se me olvide, ¿usted podría asegurar hoy con absoluta certeza, ante toda la sociedad, ante esta Comisión, el presidente de la Junta de Castilla y León, que su mano derecha, el señor Fernández Mañueco, por entonces secretario general del Partido Popular, también desconocía los hechos delictivos que se explican en la denuncia de la Fiscalía? ¿Tampoco el secretario general del Partido Popular sabía y tenía conocimiento de estos delitos? Yo creo que estamos ante una trama eólica lamentable, que, sinceramente, la credibilidad de Castilla y León la estamos poniendo en juego, que, lamentablemente, ha ido en contra de muchos empresarios que quieren generar empleo, que quieren trabajar.

Usted se refería también, y me ha hecho mucha gracia, a esos... ese informe que a los ayuntamientos, lógicamente, les ha generado riqueza. Pero ¿a qué ayuntamientos? A los que ustedes querían solamente. Pregunte usted por ahí cuántos alcaldes y...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Delgado, señor Delgado, vaya terminando, por favor.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

... concejales han perdido su oportunidad. Gente honrada, gente de su partido, de todos los partidos, que todos los días trabajan gratis, y usted lo sabe, y no se les dieron la oportunidad, a través de la energía eólica, de haber hecho prosperar a su pueblo. Usted piense y reflexione. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Delgado. En turno de intervención, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, tiene la palabra el señor Fernández.


EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Gracias, presidenta. En primer lugar, señor Herrera, queremos lamentar el desprecio que usted demuestra por este Parlamento autonómico, por estas Cortes, donde reside la soberanía de los castellanos y leoneses, de las leonesas y castellanas. Lleva usted año y medio desdeñando la solicitud de todos los grupos de la Oposición para que comparezca en la Comisión de Investigación sobre la trama eólica y el edificio de Arroyo y Portillo, Comisión que lleva más de un año y medio bloqueada y cercenada por la voluntad política del Partido Popular, que está demostrando no querer investigar ni depurar ningún tipo de responsabilidad política en un asunto sobre el que tanto la Agencia Tributaria como la Fiscalía Anticorrupción han puesto de relieve múltiples irregularidades.

Nos parece triste y muy grave que usted, como máximo responsable de la Junta de Castilla y León, y hasta hace pocos meses de su partido, haya permitido y amparado ese bloqueo de la Comisión de Investigación, y también entendemos que los hechos que hoy se sustancian son lo suficientemente graves como para que esta comparecencia hubiese acaecido en esa Comisión de Investigación.

De igual forma, señor Herrera, nos resulta deplorable que usted demuestra que obedece y se debe no a la ciudadanía castellana y leonesa -a la que, por cierto, todavía no ha pedido perdón por haber mancillado el buen nombre de esta Comunidad-, sino que se debe única y exclusivamente a su partido, al Partido Popular, ya que solo se ha dignado a comparecer cuando así se lo ha indicado su nuevo jefe, el señor Maíllo... perdón, el señor Mañueco, el señor Fernández Mañueco, recientemente designado presidente del Partido Popular de Castilla y León. Y, además, comparece sobre la base de informaciones aparecidas en los medios de comunicación, a las que, al parecer, otorga más valor que a las peticiones registradas por los representantes en estas Cortes de buena parte de la ciudadanía castellana y leonesa.

También es desolador comprobar como usted, como su partido, en lugar de poner las instituciones al servicio de la ciudadanía, las utiliza en beneficio propio, patrimonializándolas, fabricándose una comparecencia a su medida, demostrando que entienden las mismas como un cortijo del que pueden disponer a su antojo y a su voluntad. De su comparecencia, señor presidente, espero que diga la verdad. Ya sé que es práctica usual de la Junta de Castilla y León mentir, ocultar y faltar a la verdad, como recientemente se ha comprobado con, por ejemplo, el caso de la sede comercial que ustedes tenían en Panamá y que negaron durante años, descubriéndose posteriormente que la sede estaba radicada allí.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Fernández, le repito lo mismo que le he dicho al portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos...


EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Pero espero que hoy diga la verdad...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

... cíñase usted al tema de la comparecencia...


EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Pero espero...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

... porque lo que acaba de referir no es objeto de esta comparecencia.


EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

... pero espero que usted hoy diga la verdad y que no se presente aquí imbuido por el "síndrome de la infanta".

Así que, señor presidente de la Junta de Castilla y León, quiero que me responda a las siguientes preguntas, que son muy claras. ¿Conoce usted las razones por las cuales algunos procedimientos administrativos relativos a la concesión de autorizaciones de parques eólicos se dilataron en el tiempo años, para acelerarse súbitamente después en semanas, o incluso días, coincidiendo con las avocaciones realizadas por el entonces viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León? ¿Era por aquel entonces, en dos mil cuatro, dos mil cinco y dos mil seis, usted el presidente de la Junta de Castilla y León? Un hombre de su dilatada trayectoria al frente de la Administración autonómica, y que por aquel entonces era presidente de la Junta de Castilla y León, ¿vio lógico que un procedimiento administrativo reglado sufriese esas anomalías?

¿Inició usted, ya que era por entonces el presidente de la Junta de Castilla y León y máximo responsable de esta Comunidad, algún procedimiento de averiguación o investigación interna ante estas anomalías? ¿Tuvo usted constancia o conocimiento durante el año dos mil cinco, año en el que usted era el presidente de la Junta de Castilla y León, de que algún empresario dirigiera y registrase escritos ante la Administración, denunciando tardanzas injustificadas y abusos de poder en la concesión de autorizaciones? ¿Recibió usted una carta en marzo de dos mil seis, año en el que usted era el presidente de la Junta de Castilla y León, poniéndole al corriente de las irregularidades constatadas por empresarios quejándose de sufrir discriminaciones y abusos de poder? A raíz de esa misiva, y siendo, como era usted, el presidente de la Junta de Castilla y León por entonces, ¿planteó u ordenó realizar algún tipo de investigación sobre estos asuntos, sobre estos hechos denunciados? ¿Cotejó o mandó hacerlo, al menos, a resultas de esta carta, y ya que usted, por entonces, era el presidente de la Junta de Castilla y León, las llamativas faltas de respuesta sobre las autorizaciones solicitadas? ¿Se preocupó usted, como presidente de la Junta de Castilla y León que era por entonces, por conocer las causas de las muy notorias demoras iniciales en los procesos de concesión de autorizaciones y en el repentino cambio en los mismos a raíz de la avocación del, en aquellos días, viceconsejero de Economía?

¿Compartía usted, como presidente de la Junta de Castilla y León que era por entonces, las razones por las que se justificó el uso sistemático de avocaciones para la concesión de autorizaciones administrativas de los parques eólicos, siempre por parte del por entonces viceconsejero de Economía, sabiendo que, con la excepción de la firma de la autorización, todo el expediente se instruía en el servicio territorial correspondiente? Y permítame que le reseñe que, según usted, justifica estas avocaciones por la complejidad del sistema, pero yo le voy a informar de que Rafael Delgado únicamente hacía la firma, ya que eran los servicios territoriales correspondientes los que se ocupaban de toda la tramitación.

Continúo. Al ser usted entonces el presidente de la Junta de Castilla y León y, por tanto, el máximo responsable en esta Comunidad, ¿no le chocó, o sorprendió, que estos actos administrativos se concentrasen únicamente en una sola persona, sobre la que ha quedado demostrado no había ningún tipo de control? ¿Usted, como presidente y máximo responsable de la Junta de Castilla y León que es, y era entonces, es favorable o partidario a este sistema de avocaciones? ¿De quién es la responsabilidad de la avocación y los plenos poderes del por aquel entonces viceconsejero de Economía, cuando usted era presidente de la Junta de Castilla y León?

Señor Juan Vicente Herrera, ¿sabe usted, es consciente, de que la Instrucción 2/2014, en la que se fundamentan y sustancian todas esas avocaciones realizadas por el entonces viceconsejero de Economía, cuando usted era el presidente de la Junta de Castilla y León, han sido calificadas como ilegales por la Intervención General del Estado en su informe del dieciséis de enero del dos mil diecisiete, emitido a petición de la Fiscalía?

¿Qué opinión le merece el hecho de que políticos del Partido Popular -entre otros, el en aquellos días viceconsejero de Economía-, junto con conseguidores y empresarios, conformasen una presunta trama, cuando usted era el presidente de la Junta de Castilla y León, que impidió la concurrencia en igualdad de oportunidades de todas las personas que querían montar un negocio eólico en Castilla y León, y que ha dado lugar a la intervención de la Fiscalía Anticorrupción?

¿Cómo valora el hecho, señor Herrera, de que haya empresarios que han declinado establecer o intentar establecer sus negocios en Castilla y León, dejando así de generar empleo y riqueza en esta tierra, debido a estas conductas, a estas prácticas, a esta trama ahora investigada por la Fiscalía Anticorrupción, a esta pérdida de confianza en la Comunidad, algo tan decisivo a la hora de realizar inversiones, y que tuvo lugar, que acaeció, cuando usted era presidente de la Junta de Castilla y León?

¿Qué le parece que altos cargos de su Gobierno, nombrados por la Junta de Castilla y León -de la cual usted era el presidente-, estén hoy imputados por la Fiscalía Anticorrupción debido a las praxis desempeñadas durante el desarrollo de su cargo, cuando usted era el presidente de la Junta de Castilla y León?

¿Cree usted que la Junta de Castilla y León, que preside, puso todos los medios y controles necesarios para evitar estos sucesos cuando usted era el presidente de la Junta de Castilla y León?

¿Tiene usted o tenía amistad con el señor Sánchez Galán, presidente de Iberdrola? Si es así, ¿es posible que nunca hablase con él de las exorbitadas cantidades de dinero que se manejaban en esas operaciones en aquellos tiempos en los que usted era el presidente de la Junta de Castilla y León?

¿Despachaba usted con frecuencia con el señor Tomás Villanueva en aquellos días en los que usted era el presidente de la Junta de Castilla y León? ¿Estaba usted al tanto de todo lo que sucedía en la Consejería de Economía? ¿Pedía usted informes periódicos de actuación en la misma al señor Tomás Villanueva o a alguien de su Consejería, como presidente de la Junta de Castilla y León que era usted por entonces?

¿Ha tenido usted acceso a la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción? Creo que ha dicho que no. Ante esto, yo le pregunto: ¿habla usted con su vicepresidente y con el consejero de la Presidencia actualmente, a día de hoy? ¿Sabe usted lo que es la responsabilidad in eligendo, señor Herrera? ¿Conoce usted lo que es la responsabilidad in vigilando? ¿Comparte usted la valoración de la portavoz de la Junta de Castilla y León de que estos hechos no constituyen un asunto de corrupción política por no haber dinero público de por medio?

¿Usted cree que el nombre de la Fiscalía Anticorrupción es casual? ¿Cree que su intervención, en este caso, es fruto del azar? ¿No le parece llamativo que un caso que usted dice que no es de corrupción esté siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción? ¿Lleva usted, señor Juan Vicente Herrera, siendo presidente de la Junta de Castilla y León...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Fernández, tiene que concluir.


EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

... desde el dieciséis de marzo del año dos mil uno?

Espero que me responda a las preguntas. Y yo, en los cinco minutos de réplica, le daré también solución a las mismas. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Fernández. En turno de intervención, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Izquierdo.


EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Gracias, señora presidenta. Señor Herrera, comparece usted en estas Cortes para dar explicaciones sobre la trama eólica con más de dos años de retraso, porque usted tendría que haber comparecido en aquella Diputación Permanente a la que envió al señor Villanueva a inmolarse. Lo hace usted a rastras, tras negarse reiteradamente a comparecer en la Comisión de Investigación y en el Pleno de estas Cortes después de conocerse la querella de la Fiscalía Anticorrupción. Viene usted con la misma intención que el señor Mañueco, la de no esclarecer nada, como ha demostrado... han demostrado ambos con el sainete de la personación en el caso, tanto de la Junta de Castilla y León como del Partido Popular. En lo de querer tapar la corrupción no hay ninguna diferencia entre el viejo y el nuevo Partido Popular de Castilla y León, señor Herrera.

Tras aquella comparecencia del señor Villanueva, los socialistas le pedimos la dimisión, y hoy, con más razones, si cabe, nuevamente le exigimos que asuma responsabilidades políticas por este y otros casos de corrupción, que la presidenta de la Mesa no me va a permitir citar, y que dimita como presidente de la Junta. Si no lo hace, seguirá usted mancillando la institución que personifica y el buen nombre de Castilla y León. No es una exigencia caprichosa. Y voy a relatarle nuestras razones para pedirle que dimita.

Primera. Tiene usted una responsabilidad in eligendo. Usted nombró directamente a tres consejeros implicados, al señor Villanueva, a la señora Ruiz y al señor Carriedo, consejeros de Medio Ambiente; y, mediante acuerdos de la Junta de Castilla y León, a dos viceconsejeros, el señor Delgado y la señora Hernández, a los directores generales de Energía, en particular al señor Carballada, y al que entonces era secretario general de Medio Ambiente –y hoy sigue siendo miembro de su Gobierno-, señor Jiménez. Algunos de ellos ya son investigados en varias causas por corrupción. Debe usted dimitir porque varios nombramientos le salieron rana, señor Herrera.

Segunda. Tiene usted una responsabilidad in vigilando, porque usted lo sabía, y a pesar de las reiteradas denuncias hechas entonces por los socialistas en el Pleno de las Cortes y de que algún empresario le comunicó por carta que estaba siendo extorsionado por su Gobierno, usted no hizo nada, señor Herrera. Es más, hace exactamente un año usted daba una rueda de prensa en la que siguió tratando de forma despectiva a esa empresa, como ya hizo el señor Villanueva en su comparecencia de febrero de dos mil seis. ¿Se da usted cuenta de las empresas que no habrán querido invertir en Castilla y León para no tener que pagar mordidas? ¿Se da usted cuenta de los empleos que se habrán perdido como consecuencia de eso? ¿Se da usted cuenta de por qué las empresas de todas las energías renovables, no solo de las eólicas, llamaban a nuestra tierra Sicilia y León? Porque su Gobierno ha realizado prácticas mafiosas, señor Herrera. Por eso también debe usted dimitir, por no vigilar el charco de ranas que ha enfangado el nombre de Castilla y León. Por eso usted mancilla la Presidencia de la Junta.

Solo por esas dos razones debería usted dimitir. Las mismas por las que Esperanza Aguirre dimitió, secuencialmente, de todas sus responsabilidades. Pero los socialistas pensamos que hay más razones para que lo haga. Esta es una trama de corrupción que usted no puede circunscribir a una o dos personas, altos cargos hace un tiempo; es una trama que corresponde a una acción de gobierno, de su Gobierno, señor Herrera.

Vamos a hacer un poco de memoria. A comienzos de la legislatura dos mil tres-dos mil siete su Gobierno decide coger las riendas del proceso con fines claramente espurios, vulnerando abiertamente la legalidad.

En primer lugar, el veintinueve de septiembre de dos mil tres, el señor Jiménez Blázquez –entonces secretario general de la Consejería, dirigida por María Jesús Ruiz- firma este escrito, remitido a todos los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, para paralizar las declaraciones de impacto ambiental, "como consecuencia –dice textualmente- de unas conversaciones mantenidas con la Consejería de Economía y Empleo". No se trata de un acto administrativo, sino de una carta absolutamente opaca, arbitraria, y que genera una absoluta indefensión en los administrados.

En segundo lugar, el catorce de abril, el director general de Energía y Minas, el señor Ordoñez Carballada, dicta la instrucción de avocación de competencias para que sea el viceconsejero, Rafael Delgado, el que autorice los parques. La instrucción se dicta –leo textualmente- "habiéndose acordado por razones de oportunidad avocar las competencias para resolver la autorización administrativa necesaria para dichas instalaciones en el viceconsejero de Economía". Convierten ustedes una excepción -la figura de la avocación- en regla general, sin publicarlo en el Boletín, nuevamente con total opacidad e indefensión. Y, señor Herrera, de lo que ha dicho usted, por favor, no continúe haciendo el ridículo; los acuerdos de avocación no son objeto de recursos con arreglo a la Ley de Procedimiento Administrativo. Por eso no hay ningún recurso contra esos acuerdos de avocación.

A partir de esos momentos, en una acción coordinada de las dos consejerías -por eso le digo que se trata de una trama fruto de su acción de gobierno, señor Herrera-, van sucediéndose escritos de los señores Jiménez y del señor Carballada para desbloquear las declaraciones de impacto ambiental y desbloquear totalmente los... las autorizaciones de parques eólicos, previa avocación de competencias -eso sí, para algunos parques muy concretos pero para otros no-.

Hace dos años, el señor Villanueva alegaba que lo de la avocación se hizo por razones de oportunidad, para coordinar la conexión a la red de todos los parques de Castilla y León, como si el señor Delgado tuviera en su cabeza la central de operaciones de Red Electrónica Española. Hoy lo que dice la Fiscalía Anticorrupción es que lo que tenía era un Excel donde controlaba qué empresas solicitaban los parques, a quiénes autorizaba –eso figura en las autorizaciones administrativas; no puede decir usted que no lo conocían- y qué cambios de titularidad se producían. Esas eran las verdaderas razones: las de su oportunidad, no las del interés general; una oportunidad que derivó en 80 millones de euros en comisiones, calculadas con fórmulas en las que se fijaba el precio por megavatio y se elevaron a escrituras públicas ante notario.

Mire, aquí tiene usted los plazos en los que algunas de las empresas de Alberto Esgueva recibieron autorizaciones de parques eólicos a los tres, siete o nueve días, no de tener conexión a la red sino de que hubieran cambiado la titularidad del parque de Iberdrola a Energía Global Castellana. La empresa... a Iberdrola la obligaron ustedes a entrar en ella y recomprarle las acciones, que valían 24.000 euros, por 47 millones. Decía entonces el señor Villanueva: acuerdos entre empresas y precio de mercado. No, señor Herrera, este es el precio de la extorsión para obtener las autorizaciones de los parques eólicos. Extorsión, señor Herrera, porque la mayoría de esos parques contaban con declaración de impacto ambiental incluso con años antes, y ustedes no los habían autorizado pese a que el decreto –no diga que cumplían la legalidad- les obligaba a hacerlo a los tres meses de contar con esa declaración de impacto ambiental favorable. Ustedes paralizaban las autorizaciones hasta que el extorsionado pasaba por el aro; una extorsión más grande que el cimborrio de la Catedral de Burgos.

Otros precios de la extorsión son los 10.500.000 que Alberto Esgueva se llevó también de Preneal, empresa a la que los promotores de "la perla negra" les sacaron 3.500.000, y Collosa otros 10.500.000; o los 4.500.000 que Iberdrola le entrega a su ex director general de Deportes.

De la consulta de los expedientes se aprecia que el mismo procedimiento entre que... mediante el que se habría obligado a Iberdrola a ceder parte de sus parques a empresarios locales y que luego volvieron íntegramente a sus manos se produjo con Aerocastilla, donde encontramos nuevamente a Collosa, LH Arias y Horizontes de Castilla, o con PH Renovables, donde encontramos al Grupo Pascual, etcétera, etcétera. No sería de extrañar la existencia de pagos millonarios por la recompra de acciones también en estos casos.

Y llegamos al paradigmático caso de Ibervento, los de la carta que usted comentó en la rueda de prensa, exactamente hoy hace un año. Tiene que ser frustrante para un empresario ver como pasan tres años esperando la autorización de los parques de Cantiruela y Las Pardas, tras haber superado el trámite ambiental, viendo como otros parques que empezaron más tarde van recibiendo las autorizaciones, viendo como el consejero Villanueva les desprecia en una comparecencia en las Cortes, como no reciben ningún amparo por su... por su parte después de escribirle, y que, harto de la extorsión, se vea forzado a vender sus parques a una empresa formada por Endesa y Collosa; las idóneas para ustedes, porque reciben la autorización tan solo dos días después de producirse ese cambio de titularidad. Y todavía usted seguía burlándose de la empresa hace un año en aquella rueda de prensa, señor Herrera.

Seguro que ha habido más "iberventos" extorsionados por la Junta de Castilla y León hasta ser expulsados del sector. Pregunte a los administradores de HL Generación Eólica, a los de Canon Power, Augusta Wind, Neg Micon o Vendaval Promociones. Su acción extorsionadora utilizó la fase de competencias de proyectos para expulsar empresas, demorando hasta catorce años las autorizaciones... las resoluciones, cuando tenían tres meses para hacerlo -no cumplían la legalidad, señor Herrera-, disuadiéndolos con declaraciones de impacto que tardaban en resolverse hasta dos y tres años -especialmente en la época en que el señor Carriedo era consejero de Medio Ambiente-, y, por último, con su avocación de competencias. Sus servicios técnicos les informaron de los pasos dados, no de que estuvieran correctamente resueltos; lo hemos visto en los servicios territoriales, señor Herrera. Extorsión y más extorsión. Sicilia y León en estado puro; una acción de gobierno putrefacta con la que algunos se han metido millones en sus bolsillos. Y usted, que hace dos años ponía la mano en el fuego por sus subordinados, señor Herrera, se estaba quemando a lo bonzo, y comparece hoy aquí políticamente achicharrado, señor Herrera.

Expulsaron a muchas empresas, pero pareciera como si las grandes eléctricas asumieran la extorsión a cambio del oligopolio resultante al final del proceso, una vez pagadas las mordidas tras recomprar las acciones a los empresarios locales. Y aquí me asalta una duda que quiero que me aclare: ¿no le llamaron a usted el señor Bécquer o el señor Sánchez Galán desde Iberdrola, o los responsables de Endesa u otras eléctricas, para decirle que dentro de la Junta de Castilla y León había piratas extorsionándoles?, ¿o todo respondía a un plan prediseñado al más alto nivel político y empresarial para repartirse la tarta eólica, señor Herrera? Sáquenos de dudas.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Izquierdo. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor De la Hoz.


EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Gracias, presidenta. Buenos días. Y comenzar, por supuesto, agradeciendo al presidente de la Junta su extensa, prolija y concreta exposición. La primera duda que asalta personalmente a este portavoz es básica, es: ¿debía usted, señor presidente, comparecer hoy aquí por unos hechos que conoce, como conocemos todos, única y exclusivamente a través de medios de comunicación, sin que tengamos ni el informe de la Agencia Tributaria, que se ha referido aquí, ni la propia querella, y sin que ni siquiera se haya admitido la personación de la Junta de Castilla y León en estas diligencias?

Pero, claro, las dudas se me generan aún más a la vista de las intervenciones de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra; portavoces que, salvo uno, traía escrita su intervención y se ha dedicado a hacer preguntas, la mayoría de las cuales, por cierto, ha contestado usted. Quizás hubiera sido más sencillo que hubieran dado una rueda de prensa o hubiesen entregado el documento y hubiéramos quedado todos más tranquilos; pedir explicaciones a quien las acaba de dar no parece tener mucha coherencia.

La siguiente cuestión que conviene destacar es la cuestión formal. A algunos parece que no les viene bien, en ningún caso, la forma que usted elija de comparecer: la Comisión de Economía, sí, la Comisión de Investigación, no; la Comisión Investigación, sí, y la de Economía, no. Yo simplemente quiero resaltar alguna cuestión, diferencias en cuanto al fondo entre la Comisión de Economía y la Comisión de Investigación, ninguna, ninguna. Creo que a ustedes no se les ha limitado y a nadie se le ha limitado aquí su capacidad de preguntar o de interpelar al compareciente sobre los hechos que son objeto de la comparecencia. Sí hay diferencia en cuanto a la forma; sí, efectivamente, en cuanto a la forma hay diferencia.

La primera, que... por ejemplo, que aquí ha podido intervenir el Grupo de Izquierda Unida, que en la Comisión de Investigación no podría intervenir; la segunda, también la posibilidad de que otros procuradores que no son miembros de la Comisión de Investigación puedan hacer preguntas -como estoy seguro harán-; la tercera, que ustedes... todos disponemos de más tiempo que el fijado en la Comisión de Investigación para intervenir; y la más importante, que la Comisión de Economía daba la oportunidad a los portavoces de venir aquí y dar sus explicaciones. Y realmente me resulta sorprendente, o a este grupo parlamentario le resulta absolutamente sorprendente, que quien lleva como única bandera de su posición el tema de la corrupción, quien hace de su único discurso -y lo hemos visto recientemente- la corrupción en Castilla y León, no haya querido estar hoy aquí dando las explicaciones debidas, dando la cara debida, sencillamente enfrentándose a usted, señor presidente. Deslegitima mucho las ausencias que hoy vemos en esta Cámara, deslegitima mucho de aquellos que, repito, quieren hacer de la corrupción su única y exclusiva bandera de oposición.

Claro, al final, para algunos suena más contundente lo de la Comisión de Investigación que lo de la Comisión de Economía, ¿verdad? Las formas son lo más importantes, el fondo, qué más da; se trataba de hacer un circo mediático, y, evidentemente, el circo mediático suena mucho mejor cuando hablamos de Comisión de Investigación que cuando hablamos de Comisión de Economía. Simplemente les doy un consejo: sepan ustedes que las actas de la Comisión de Economía se pueden trasladar a la Comisión de Investigación -al menos este grupo parlamentario así lo va a hacer-, por lo tanto, tengan ustedes la tranquilidad de que la comparecencia del presidente y sus preguntas que han sido formuladas pasarán a formar parte de la documentación de la Comisión de Investigación.

La siguiente cuestión que le han... se le ha preguntado al presidente, pero no corresponde al presidente contestar, que es sobre el funcionamiento de la Comisión de Investigación. Me voy a permitir... permítame, señor presidente, que conteste yo, y no usted, que creo que tiene poca relación con el funcionamiento de la Comisión de Investigación, en cuanto a que es usted Ejecutivo y no Legislativo. Lo primero que habría que saber es qué es una Comisión de Investigación. No voy a dar yo la definición, sino la voy a extraer de la doctrina parlamentaria. La Comisión de Investigación es un instrumento de control sobre asuntos de interés público de los que podrían derivarse responsabilidades políticas, no penales. ¿Qué sentido tiene -me pregunto- una declaración sobre hechos no probados de personas que aún no han prestado declaración en el juzgado –repito-, sobre hechos no probados de personas que no han prestado declaración en el juzgado, y se pretende que comparezcan aquí, sin garantías procesales, para ser preguntados por personas que no son objetivos, ni tienen por qué serlo, y además, como se ha demostrado aquí, tienen muy poco conocimiento de los hechos?

La Comisión de Investigación reanudará sus trabajos, sí, cuando haya avanzado la investigación judicial, subordinando la exención de responsabilidades penales... –perdón- políticas a la exención de las responsabilidades penales, que es lo que procede en un Estado de derecho en el cual hay división de poderes. Juicios paralelos no se van a admitir, en ningún caso, por parte de este grupo parlamentario.

Y centrándome ya en los hechos que son objeto de la comparecencia, efectivamente, se habla de una serie de delitos cometidos por... supuestamente cometidos por veintiún personas, dos de los cuales los habrían... serían funcionarios de la Junta de Castilla y León, y los delitos los habrían cometido en el ejercicio de sus cargos; por cierto -y aclaro-, ninguno de ellos son cargos del PP, para que les quede claro, porque parece ser que no lo tienen nada claro algunos de los que han intervenido. Y de la calificación inicial que de los mismos hace el Ministerio Fiscal, según el conocimiento que hemos tenido de los medios de comunicación, no habría malversación de caudales públicos; por lo tanto, no habría perjuicio económico de la Junta de Castilla y León.

Yo creo que esto, aunque haya personas aquí que no sean del mundo del derecho, creo que sabrían distinguirlo, porque de su intervención no he extraído que sepan distinguir cuándo hay perjuicio económico y cuándo no hay perjuicio económico para una Administración, y que de eso deriva la capacidad o no de personación en concepto de acusación particular. Y eso también supone la consideración de la concepción que el presidente ha dado de los hechos, de corrupción de personas y no corrupción de instituciones, que convendría también a algunas personas que no son del derecho, y es realmente grave en las personas que sí que vienen de este mundo, que no lo conozcan.

Estamos hablando de unos hechos sucedidos en el año dos mil seis y dos mil siete, que son descubiertos por una investigación tributaria, solo tributaria, del año dos mil quince; no hay evidencia anterior alguna de que hubiese comisión de delitos. Algunos -es fácil- hablan de Sicilia y León. Está muy bien, pero yo me pregunto: entre el año dos mil seis y dos mil siete, que suceden los hechos, y en el dos mil quince, esos que dicen que esto era Sicilia y León, y que los empresarios no invertían y sabían... ¡Oiga!, ¿qué hicieron durante ese tiempo? ¿Por qué no consta en esta Cámara ninguna interpelación, ninguna pregunta, ninguna solicitud de comparecencia respecto a lo que se supone era un escándalo público y nacional en torno a la energía eólica? ¿Dónde estaba la Oposición?, me pregunto yo. A lo mejor resulta que es que no era tal, a lo mejor resulta que no era tal y lo que estamos intentando aquí es sencillamente hacer ver o hacer... o aparentar la existencia de un gran escándalo, donde lo que hay es una presunta comisión de un delito por parte de unas personas que, aprovechándose de la Administración pública, actuaron en beneficio propio e ilícito.

El modelo de desarrollo de Castilla... de desarrollo de la energía eólica en Castilla y León fue un modelo positivo, un modelo que trajo importantes beneficios para la Comunidad Autónoma, sí, y lo decimos con absoluta claridad. Por cierto, un modelo que supo aprovechar la Comunidad Autónoma de forma eficiente: 3.000 empleos hoy viven de la energía eólica en Castilla y León, se han invertido 6.700 millones de euros en nuestra Comunidad Autónoma, y creo que eso es especialmente positivo, además, para el medio rural y para las zonas más deprimidas de nuestra Comunidad Autónoma.

Y el modelo normativo de desarrollo era el modelo normativo, desde nuestro punto de visto, adecuado. Primero, es un modelo normativo creado en el año mil novecientos noventa y siete (este señor, el que comparece hoy, no era presidente de la Comunidad Autónoma en el año mil novecientos noventa y siete; tampoco era consejero de Economía en aquel momento el señor Villanueva, por cierto), y recoge el modelo de autorización. ¿Por qué el modelo de autorización frente a otros modelos? Pues, primero, porque es el más adecuado conforme a la Ley del Sector Eléctrico. La Ley del Sector Eléctrico es el que establece –por cierto, de conformidad con lo establecido en la normativa comunitaria que hemos conocido después- el principio de libre instalación. Es el promotor el que elige el lugar donde se instala, en atención a las condiciones medioambientales, lógicamente, y económicas de la zona. No es la Administración la que determina dónde se instalan los parques eólicos en nuestra Comunidad Autónoma.

Rige también el principio de libre competencia. Hay un procedimiento establecido en el caso de concurrencia. Se ha dicho aquí; si se hubiera escuchado, o al menos si se hubiera leído el decreto, que parece que no ha sido leído, se hubiera conocido. Al inicio del procedimiento, después de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en los boletines oficiales de las provincias afectadas, aquellas personas que tengan interés en instalar un parque eólico en el mismo lugar donde otras... otra sociedad lo ha solicitado, abre un procedimiento de concurrencia competitiva; es decir, una selección de los proyectos para determinar cuál es el que procede instalarse.

Bien. Les ruego, por favor, de eso que parece ser un escándalo para algunos, revisen cuántos recursos hay a las resoluciones que determinan quién... cuál es el expediente que, en atención a los criterios técnicos, debe avanzar en el procedimiento administrativo y cuál debe de decaer; porque a lo mejor así algunos que dicen que esto funcionaba solamente para los amigos callarían sus críticas.

¿Por qué se elige este procedimiento y no el procedimiento de autorización... de adjudicación o de concesión? Porque... sencillamente, primero, porque es más garantista y, en segundo lugar, porque es más adecuado a los principios...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor De la Hoz, tiene que ir terminado.


EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

(Concluyo, presidenta). ... a los principios establecidos en la Ley del Sector Eléctrico.

Los expedientes, por cierto, sí, son necesariamente lentos, han de ser necesariamente lentos. Son procedimientos muy complejos, extraordinariamente complejos. Este procurador que les habla ha tenido la oportunidad no de ir a las Delegaciones Territoriales... –y concluyo con esto, presidenta- no de ir a las Delegaciones Territoriales a hacer ruedas de prensa, sino a conocer los expedientes. Y les puedo decir: cada uno de estos expedientes, al menos, contenía diez clasificadores. Son expedientes muy complejos, en el que intervienen muchas instancias, no solo la Junta de Castilla y León. No estamos hablando de un procedimiento en el que una persona solicita y después se le concede, pasado un tiempo, lo que solicita, no; estamos hablando de procedimientos complejos en el que interviene Red Eléctrica Española, los distribuidores, los ayuntamientos, los propietarios del suelo, otras instituciones, en el que cabe la posibilidad de recurso, en el que está... prima el principio de publicidad y en el que la Junta de Castilla y León –y concluyo con esto, presidenta- en absoluto interviene en la persona o en la titularidad de las acciones que tiene la empresa que promueve o la que finalmente se le adjudica.

Evidentemente -concluyo, presidenta-, ha podido haber, y así se está investigando, una actuación ilegítima o contraria a derecho por parte de algunas personas, pero eso en ningún caso justifica que nadie aquí hoy nos pueda venir a achacar la existencia de una trama...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Concluya, señor De la Hoz.


EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

... de una trama institucional o concertada en la Administración. Desgraciadamente, han sucedido los hechos, y la cuestión ahora será que los tribunales de justicia actúen de la manera más rápida...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Termine ya, señor De la Hoz.


EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

... y más acelerada posible. Nada más y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor De la Hoz. Tiene la palabra, para dar contestación a las cuestiones planteadas, el señor presidente.


EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR HERRERA CAMPO):

Muchas gracias, presidenta. Y debo comenzar agradeciendo a los portavoces de los grupos parlamentarios sus intervenciones. Yo quiero compartir con sus señorías una primera pregunta, que tiene mucho que ver con lo que ha sido una constante en el comienzo de las intervenciones de los grupos de la Oposición. ¿Por qué hoy, treinta de mayo de dos mil diecisiete, nos encontramos aquí, y por qué aquí, en la Comisión de Economía y Hacienda, debatiendo esta cuestión en los términos planteados por la solicitud de comparecencia? Bueno, sobre esto he recibido críticas de todos los grupos, incluido aquel grupo que lo vio primero, que lo pidió primero. Mire, señor Sarrión, seguramente, como ha sido al principio de mi intervención, no estaba usted en ese momento suficientemente atento. Yo no he hecho referencia de ninguna manera a que la comparecencia se producía a petición del presidente de la Junta. Y no tengo ninguna reserva en reconocer que esta petición, coincidiendo con lo solicitado por su señoría, se produce a petición del presidente y también a petición del grupo que usted representa.

Se ha dicho que precisamente por eso usted tiene... en relación a lo que sería la oportunidad en la Comisión de Investigación, de tener presencia, de tener opinión y de tener intervención. Pero, mire, es que algunos otros grupos -pensemos, por ejemplo, en el Grupo Parlamentario Socialista-, que, en un enorme ejemplo de agilidad parlamentaria, al día siguiente de conocerse, el pasado... el veintinueve de abril, al día siguiente lectivo de conocerse las primeras informaciones de prensa que daban noticia de que la Fiscalía había presentado su querella ante los juzgados de Valladolid, ya estaban pidiendo mi comparecencia ante el Pleno de la Cámara, nada más y nada menos que para debatir sobre la querella; algo que, un mes después, yo no puedo realizar, porque, desgraciadamente, esa querella, lo mismo que ocurrió –y lo saben sus señorías- con el informe de la Agencia Tributaria que dio lugar a este tipo de actuaciones de investigación, nos ha sido, de momento, denegada. Y no tengo que recordarles los términos en que le fue denegada a las Cortes de Castilla y León, el revolcón que nos pegó la propia Fiscalía Anticorrupción, ese texto que era básico para que se produjera, en primer lugar, el arranque de la Comisión de Investigación –y con esto me refiero ya al propio funcionamiento de esa Comisión-; y en segundo lugar, también, mi comparecencia ante el Pleno para hablar de la querella. Por cierto, señor Sarrión, usted también pedía mi comparecencia ante esta Comisión para hablar de la querella. Creo que los términos, mucho más ajustados, y además a los que -gracias, señoría- se ha ceñido su intervención, son los relativos a las informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre esa querella, que no conocemos.

Pues bien, yo no voy a entrar en mayores debates acerca del funcionamiento o no funcionamiento de la Comisión de Investigación. Sí que me gustaría reiterar algo que es, señorías, de sentido común. Ustedes hoy, en muchas de las preguntas formuladas, inquieren, requieren y, más allá de la pregunta, también afirman el grado de conocimiento de quien hoy comparece que tenía de estos actos a lo largo de todos estos años. Bueno, ¿pueden explicar la coherencia de esas afirmaciones, de esas rotundas afirmaciones, con el hecho absolutamente cierto de que en el momento de pedir las comparecencias ante la Comisión de Investigación no consideraran que tenía ningún interés, que tenía ningún sentido, la comparecencia de quien hoy comparece aquí? ¿Me lo pueden explicar? ¿Por qué, si ustedes tienen –digo- inclusive la certeza moral de que yo participaba, de que yo conocía, de que yo impulsaba, por qué en aquel momento no lo consideraron? Es que no lo puedo entender, y me da la impresión de que ustedes tampoco lo pueden explicar; salvo que digan: bueno, es que nos olvidamos, es que nos equivocamos, es que lo dejábamos para más tarde.

Miren, somos ya veteranos, y saben ustedes perfectamente, porque sobre eso hemos hablado, que ustedes son conscientes de que no consideraban que fuera a aportar quien, como luego explicaré, ha empezado a tener un conocimiento de estos hechos a raíz, primero, de las informaciones conocidas en abril de dos mil quince, y, de forma mucho más decidida, a partir de las informaciones conocidas hace un mes, que determinan que yo, efectivamente, me estudie, me prepare las cuestiones para comparecer con un poco de dignidad ante ustedes.

Momento procesal oportuno. Es el momento procesal oportuno, este es el momento procesal oportuno. Pero, además, yo lo entiendo por dos tipos de razonamientos, que espero que puedan, de alguna manera, compartir. En primer lugar, es que hay, según dicen los medios, ya una querella... nos consta que hay una querella oficial del fiscal, después de un intenso trabajo de dos años de la Fiscalía, donde modestamente hemos aportado, hemos colaborado –era nuestro deber, pero también lo habíamos ofrecido- todo lo que hemos podido. Y después de ese intenso trabajo, el fiscal elabora una querella y la eleva ya a la autoridad judicial. Y en esa querella... ¡oiga!, mire, es que me debo sentir concernido, es que después de dieciséis años... –es verdad que ustedes me han pedido la dimisión hasta por la muerte de Manolete-, después de dieciséis años, es la primera vez que en una querella se señala como autor central de cuatro delitos graves a un ex alto cargo de mi Gobierno. Es decir, yo tengo que venir aquí, ¿cómo no voy a venir aquí? Eso es absolutamente elemental. Pero también momento procesal oportuno, porque, sin duda alguna, este es el momento en el que existe ya una base adecuada para poder debatir estas cuestiones; esto sí, debatirlas en relación a las informaciones de los medios de comunicación y no al texto oficial de la querella.

Señor Fernández, me parece tremendo que usted aluda o insinúe aquí a un hecho que yo conozco, ¿cómo no voy a conocer? Que el texto, que la copia de esa querella circula, y circula por las redes. Pero, bueno, yo soy el presidente de una Comunidad Autónoma, yo les debo respeto a ustedes, yo debo respeto a la juez que está actuando, yo debo respeto al fiscal, que ha estado dos años trabajando en esa querella. ¿Qué sería el hecho de que yo hubiera manejado esa copia, de que yo hubiera, o mi Gobierno, accedido a una frívola... a un frívolo ofrecimiento, que incluso en un acto público se le hizo a un miembro del Gobierno, de esa... de ese texto, de esa copia? No, no, mire, por respeto a mí mismo, por respeto a ustedes, por respeto a la Cámara, por respeto al fiscal y por respeto a la juez, yo no puedo hablar de la querella, yo no puedo hablar de esa copia. Es más, señor Fernández, yo le aseguro... usted no me creerá, pero yo le aseguro: yo no he trabajado con ese texto, con esa querella, me he abstraído; he trabajado sobre las informaciones de los medios de comunicación, y por eso, por eso, la petición de comparecencia se ha ceñido a lo que los medios han venido informando al respecto.

Pues bien, hablaba yo de una fecha que es importante, la fecha reciente, del veintinueve de abril de este año -estamos hablando de hace un mes-. Esa mañana yo recuerdo que me dirigía a la Feria Agrícola de Lerma, e inmediatamente se me informa que un medio de comunicación nacional de contenido digital informa que la Fiscalía Anticorrupción había dado traslado a los juzgados de Valladolid de una querella, de una querella que ya es la consecuencia trabajada y depurada, con conclusiones, de un trabajo de dos años, y, por tanto, un documento al que debemos atender y prestar toda la importancia que tiene.

¿Qué hicimos a partir de ese mismo día, a partir de ese momento? Yo lo he intentado explicar en mi primera intervención. El siguiente día hábil -el veintinueve era sábado-, dos de mayo, la Junta se dirigió ¿a quién? A la Fiscalía Anticorrupción: señor fiscal, hemos tenido noticia a través de un medio de comunicación digital de que, finalizada sus investigaciones, hay una querella y que esa querella se traslada a los juzgados de Valladolid. Bueno, le anunciamos que necesitamos conocer esa querella para saber, para estudiarla, para debatirla, incluso con los grupos de Oposición, y también le anticipamos que nos gustaría personarnos en las actuaciones, nos gustaría personarnos en las actuaciones; se nos deniega esa posibilidad.

Al día siguiente, conocemos a través de los medios de comunicación -ya, en este caso, un medio de comunicación regional- que esa querella estaba en manos de la juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid. ¿Y qué hacemos inmediatamente? Dirigirnos a la juez y reproducirle: tenemos información de que hay una querella, necesitamos acceder a esa querella, queremos personarnos. La juez nos replantea: ¿en qué condición quieren ustedes personarse? Y nosotros inmediatamente -es que no hemos dejado pasar, de verdad, un día- volvemos a enviar un escrito diciendo: mire, hemos estudiado lo que dicen los medios de comunicación y creo... creemos que podríamos personarnos como acusación particular, como perjudicado, en virtud de uno de los delitos -que en realidad son tres- de los que habla la información y la querella, delito fiscal, delito fiscal en relación con el pago del IRPF.

Porque, como sus señorías conocen, pues la Comunidad tiene unas ciertas competencias; es verdad que son competencias relacionadas con la recaudación, no con la gestión del impuesto, que es lo que determina que la propia juez nos contesta y nos dice: mire, no, no son ustedes competentes en la gestión. Y nos dice, en ese importantísimo... ¿cómo ha podido pasar? Sobre todo, cuando se ha hecho aquí invocación, desde mi punto de vista, indebida al daño para la Administración pública, para la hacienda pública, o incluso a la responsabilidad del Partido Popular, un auto, un auto tan importante como es el auto de la juez, el único... –lo he dicho yo- el único documento oficial del que dispone la Junta, donde se dice clarísimamente que no ha resultada lesionada la hacienda de la Comunidad, los intereses generales de la Comunidad, y que, por tanto, no ha habido malversación de recursos públicos.

Es que me parece que es fundamental, es un elemento también de tranquilidad. Porque aquí se han dicho muchas barbaridades, porque es que algunos responsables políticos en ese momento ya estaban diciendo que cuántas cosas podíamos haber hecho con esos millones que se han debido repartir entre empresas particulares. Esos millones nunca, nunca, estuvieron en la caja pública, y, por tanto, todo eso no es más que pura demagogia sin sentido; ustedes lo saben, ustedes lo entienden.

Y bien, en ese mismo momento, en ese momento, cuando la juez nos deniega por esas causas, por no estar afectada la hacienda de la Comunidad, por no estar afectados los intereses de la Comunidad, por no haber malversación de recursos públicos, nos deniega la personación, tenemos que tomar una decisión. Y tomamos tres decisiones: la primera, no recurrir esa decisión de la juez; la segunda, con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo -también me anticipo a significarlo, porque algunos de los portavoces han hecho referencia a ello-, no personarnos como acusación particular... perdón, como acusación popular. Sobre esto, si quieren, lo debatimos, pero, vamos, para mí es meditado, y ante esta Comisión yo indico: esos intereses generales de lo público están perfectamente defendidos por el Ministerio Fiscal; lo han estado desde el momento en que el Ministerio Fiscal, en el año dos mil quince, comenzó a conocer esos hechos. Y, desde luego, la Junta le sigue ofreciendo al Ministerio Fiscal, y a la autoridad judicial por extensión, toda su colaboración. Pero, como ya ha dicho en varias ocasiones el Tribunal Constitucional, y también el Tribunal Supremo, para esa defensa se cuenta en el proceso penal con la figura del Ministerio Fiscal. Y, por tanto, la acción popular es una concesión a la participación del pueblo en la Justicia, no a la participación de más poderes en la justicia. Esto es claro, esto lo defiendo, esto lo podemos debatir, pero esto es incontrovertible.

Pues bien, en ese punto se decide también, en tercer lugar, que el presidente debe comparecer. Pero vuelvo a decir, porque estamos ante el momento procesal oportuno: han concluido unas actuaciones, en las que hemos colaborado dos años; hay una querella, no la conocemos, pero de los medios de comunicación resulta que el principal implicado en los hechos que en esa querella se definen es un alto cargo, un ex alto cargo de la Junta de Castilla y León; en buena medida, ex alto cargo en tiempos en los que yo era presidente de la Comunidad. Pues bien, ese es el porqué estamos hoy aquí.

Segunda pregunta: ¿para qué estamos hoy aquí?, ¿para qué? Bueno, mire, yo, con asombro, pero con mucho respeto, he escuchado aquí plantear... -la presidenta, haciendo uso de sus facultades, ha moderado esas partes de la intervención- plantear una auténtica causa general. Aquí se ha hablado de hasta tres consejeros. ¿Pero ustedes me pueden garantizar que en la querella del fiscal se hace referencia a algún consejero de la Junta de Castilla y León, actual o anterior? Miren, aquí se ha hablado, o se ha pretendido hablar, de todo, un totum revolutum, es decir... Simplemente -para ser objetivos- les ha faltado a ustedes hablar de...-vuelvo a decir- de la muerte de Manolete, o de los casos de los ERES en Andalucía; para ser objetivos, digo, ¿eh? Pero, si quieren, hablamos de la problemática de la corrupción política en España, que en buena medida afecta a mi partido político, ciertamente, en buena medida, señorías, sí, en buena medida, en buena medida; pero ustedes han planteado, en algunos casos, una causa general.

Por supuesto, ha habido fases de algunas intervenciones que lo que han planteado es un juicio sumarísimo. Yo entiendo... a mí me hubiera... yo fui opositor a notarías, no me hubiera importado ser opositor a juez o a fiscal; pero, bueno, es que aquí hemos visto algunas vocaciones de algunos que acusaban, que juzgaban y que incluso ejecutaban lo sentenciado. Pero, por favor, un poquito de respeto, porque eso también es respeto al papel que tiene, afortunadamente, en el Estado de derecho el Poder Judicial.

Y, finalmente, aquí se ha establecido un juicio político. ¿Pero dónde se habla, que yo sepa...? Incluso en las informaciones de prensa, en las informaciones de prensa, ¿dónde se habla del Partido Popular? ¿Qué sentido tiene hablar aquí del actual presidente del Partido Popular de Castilla y León, o de mi condición de presidente del Partido Popular en la época de esos hechos? ¿Dónde se habla?, ¿dónde se insinúa? Me parece, de verdad, absolutamente fuera de lugar. Incluso ustedes, no sé en virtud de qué consulta a no sé qué registro, atribuyen la condición de miembro del Partido Popular a determinadas personas que -en lo que yo sepa- nunca han sido miembros del Partido Popular. Nunca, nunca. No, no, si ustedes lo han dicho. [Murmullos]. Sí, sí, sí. Ya lo repasarán. Ya tendrán la oportunidad de repasarlo, sin duda alguna, o lo repasaremos todos.

Bueno, yo ya les he indicado: por respeto, el texto de lo que me trae aquí es comparecer en relación a las informaciones de los medios de comunicación. Hombre, y a los hechos ciertos: hay una querella del fiscal –no conocemos esa querella-; esa querella se dirige contra un ex alto cargo, fundamentalmente. Bueno, yo creo que es muy importante lo que la jueza nos dice en su auto; la jueza, en el auto, confirma que hay cuatro delitos, analiza los cuatro delitos y en cada uno de ellos concluye que no hay daño para la Hacienda pública de la Comunidad, que no ha habido, por lo tanto, malversación. Y, en definitiva, esto es, por lo menos, para lo que yo estoy aquí. Desde luego, yo no estoy para colaborar en ninguna causa general, en ningún juicio sumarísimo, ni tampoco en ningún juicio político.

Miren, señorías, la fecha clave de muchas de las cuestiones que sus señorías me han planteado es el veinte de abril del año dos mil quince. Ese es el día en el que un gran medio de comunicación nacional también nos informa... –es el papel también de los medios, pero, en fin, no le vamos a poner ningún reparo- también nos informa que la Agencia Tributaria ha elevado a la Fiscalía Anticorrupción un informe -que además es un informe de carácter tributario- que comienza como consecuencia de la detección por la Agencia Tributaria –que tiene esos instrumentos para hacerlo- de determinados movimientos de fondos y de dinero entre particulares, entre empresas, y que podrían, incluso, afectar pues a algún... a alguna persona. Luego se comprueba –según esa información- podrían afectar pues a algunas personas que tenían alguna responsabilidad política.

Bueno, ese es el momento en el que les puedo asegurar –y más allá de mi conocimiento y de mi apoyo a los principios generales y a los objetivos generales de la política general de la Junta de Castilla y León en materia energética, y particularmente en materia de energía eólica- comienza mi conocimiento, comienza mi preocupación y comienza mi ocupación por el tema... por el tema eólico.

Mire, yo quiero decirles que, antes de esa información del veinte de abril del dos mil quince, en la Comunidad ha habido una mínima litigiosidad en este ámbito, mínima, en un procedimiento que –no lo olvidemos- se pone en marcha en el año mil novecientos noventa y siete. Estamos hablando de veinte años en la Comunidad. Mínima litigiosidad -tengo aquí algunos datos muy relativos-, a pesar de tratarse de unos procedimientos muy complejos –como he intentado explicar- y en los que en un determinado momento –a partir del dos mil cuatro, sobre todo con la regulación de la prima estatal- se produce una avalancha de solicitudes... pensemos que en aquel momento, y al final, solo alcanzan autorización, por capacidad, uno de cada once solicitudes. Estamos hablando de 2.200 solicitudes en aquel periodo; 2.200 solicitudes. Pues bien, mire, señoría, sí hubo –y cabe citar- alguna impugnación contra las resoluciones iniciales de los proyectos en competencia, alguna hubo. Evidentemente, ahí se producía una competencia, y, por tanto, alguna empresa creyó tener un derecho preferente, no suficientemente valorado, pero que no prosperó. Sí hubo algunas impugnaciones en relación a las resoluciones de autorización, resoluciones de autorización -esto tiene algo que ver con algo que me ha afeado su señoría desde el punto de vista del informe jurídico-, resoluciones de autorización, pero en su práctica totalidad esas impugnaciones lo fueron por razones de carácter medioambiental.

Usted sabe que el desarrollo de esta energía tiene también unas condiciones, unos requerimientos, unas exigencias que también en muchos grupos, a muchas personas, les plantea pues dudas, y lo impugnan, ¿eh? Y dentro de esas impugnaciones a las resoluciones de autorización –y, por tanto, corrijo y circunscribo mi... admito su corrección-, no ha habido ni un solo recurso contra la resolución concreta de avocación. En todas constaba, en todas las... -usted lo puede comprobar, usted lo sabe, porque han estudiado los expedientes- en todas las resoluciones finales de adjudicación, en todas, en las cuales se utilizó la avocación, comienza esa resolución haciendo referencia, por cierto, sobre la base del Artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Y con esto entro en algo que es lógico... -quienes no conozcan, o quienes no hayan estudiado durante estas semanas el procedimiento administrativo o el derecho administrativo, no lo entienden-. Pueden sus señorías tener una base de razón cuando hablan de... -yo no lo conozco tampoco- de si la instrucción tiene rango normativo inferior al... Mire, para empezar, la instrucción no tiene rango normativo; la instrucción es, simplemente, un protocolo de actuación, y, por lo tanto, decir que ese protocolo es ilegal... podrá decirse que a lo mejor es inservible, pero es que las avocaciones... perdón, que a lo mejor es inservible, pero es que las avocaciones no estaban basadas en ese protocolo, no estaban basadas en esa instrucción. Yo lo que quiero que entiendan conmigo –lo he intentado explicar en mi primera intervención, pero las suyas me dan pie a volverlo a explicar- que las avocaciones, con referencia expresa cada una de ellas, cada una, individual -no solamente a las motivaciones sino a su base legal-, están basadas en el Artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que tiene una jerarquía normativa superior al procedimiento regulado por un decreto de la Junta de Castilla y León del año mil novecientos noventa y siete de este expediente tramitado.

Luego, miren, yo lo he dicho, hoy podemos debatir aquí teóricamente, y es un debate jurídico que les acepto, me parece hasta precioso. Si hubiera sido preferible que, concurriendo... –como yo he hecho referencia también, y como ya se ha expuesto aquí- concurriendo en aquel período circunstancias que, por razones de eficacia de la Administración y de mayor coordinación en la resolución, determinaron que se hiciera un uso amplio, no absoluto, de la avocación, si hubiera sido preferible en aquel momento modificar el decreto. ¿Hubiera sido preferible? No lo sé. Mire, su grupo lo planteó, pero recuerden lo que planteó su grupo: es mejor que ustedes modifiquen el decreto y que, directamente, en lugar de continuar residenciada la resolución ordinaria de estos expedientes en los servicios territoriales, pase directamente al viceconsejero de Economía.

Bueno, si, desgraciadamente, al final se confirman los hechos que apuntan en la denuncia, ¿qué más hubiera dado? Al revés, al revés. Luego, vuelvo a insistir, señorías, porque... porque, después de estudiar profundamente este asunto, el problema no está en la avocación, que es una figura jurídica legal que la Ley de Procedimiento Administrativo habilita y faculta a las Administraciones para que lo usen cuando se reúnan las circunstancias. Y, señorías, yo creo que les he explicado –y puedo volver a repetir- que concurrieron –y a mí me lo dicen mis servicios jurídicos en aquel momento- las cuatro circunstancias.

Hay requisitos de fondo, hay requisitos de forma, hay también... que no se ha producido ninguna impugnación a aquellos acuerdos de avocación, a través de la impugnación, en su caso, de las resoluciones de autorización. Y, finalmente, es que vemos como el Ministerio Fiscal, que ha examinado algo así como 190 expedientes de autorización donde se ha hecho uso de la avocación, solo ha encontrado una causa de ilegalidad en 35; y no por la avocación, porque en los otros 167 no hace ningún tipo de reproche, sino porque, en paralelo a esa avocación, en paralelo a esa autorización del órgano superior, se habrían podido cometer unos actos que, evidentemente, están al margen, fuera del procedimiento, y que sí esos tendrían un carácter ilegal.

Luego, de verdad, yo ese debate acerca de la naturaleza jurídica de la avocación, acerca de la jerarquía normativa de la instrucción... No, no, mire, aquí la avocación, con mayor... -podemos debatirlo con otras fórmulas que ustedes me puedan plantear preferibles- se hizo en virtud de la utilización de una facultad absolutamente legal; ley que es, en jerarquía normativa, siempre superior a un decreto. Pero, bueno, esto en cuanto a la litigiosidad.

Pero, miren, es que yo les he dicho: 2.200 solicitudes en Castilla y León en el período examinado por el Ministerio Fiscal, 2.200. Ustedes, que ahora hablan de Sicilia y León, ustedes que hablan de que muchos empresarios, emprendedores, promotores, iban a... se quejaban y tal, pero no lo formalizaban porque tenían miedo, porque estaban coaccionados, etcétera, etcétera, ¿dónde estaban ustedes entonces?, porque ustedes no estarían coaccionados. Es decir, si eso es cierto, ¿me pueden ustedes explicar por qué la inacción del Partido Socialista en estos veinte años? Eso sí, solo... solo hasta el año dos mil quince, cuando todos, todos... y yo le agradezco mucho... les agradezco mucho, porque ayer me han ofrecido una perla concluyente, a la que voy a hacer referencia, y es que las prisas son siempre malas consejeras, por eso yo nunca tendré ni he tenido a ninguna prisa por consejera en mi Gobierno. ¿Pero me podrían ustedes decir por qué esta inacción, si ustedes eran conscientes de eso?

¿No caen ustedes en la cuenta que con ello se están convirtiendo incluso, hipotéticamente, en cómplices de una mala praxis? ¿No lo entienden? Mire, iniciativas del Partido Socialista en veinte años, iniciativas en relación a esta materia: hay una interpelación seguida de moción en el año mil novecientos noventa y ocho. ¿Saben ustedes a qué se refería –y me parece muy loable-? A la preocupación que el Partido Socialista debatió -y que, por cierto, fue recogida e incorporada a un decreto posterior, a través de una moratoria-, preocupación por que se fijasen los sitios donde no se podían instalar los parques eólicos; por ejemplo, se decía en aquella -alguno de ustedes se acordará-, cerca de Atapuerca. Magnífico. Mil novecientos... Atapuerca, mil novecientos noventa y ocho.

De ahí pasamos, ¡qué casualidad!, a dos mil seis. Ahí se produce... –y por supuesto yo voy a hacer referencia a ello, porque lo tengo perfectamente claro, y porque, mire, yo me reitero en que desde mi gabinete y con la responsabilidad mía se hizo lo adecuado- dos mil seis, donde surge... –ahí sí, y es verdad que... es verdad que hablando de lo suyo, hablando de su libro- donde surge la queja, la queja de Ibervento. En ese momento se produce la única comparecencia de solicitud de un consejero que ustedes, en veinte años, han planteado en relación a esta cuestión, la comparecencia del consejero, que tuvo lugar el veintiuno de febrero del dos mil seis. Y una PNL en la que lo que nos pedían era precisamente lo que yo les he dicho: modifiquen ustedes la regulación y, por favor, si el que tiene, por razones objetivas o por circunstancias reales, que resolver es el viceconsejero, por favor, en el decreto, que figure el viceconsejero. Hubiéramos tenido... de verdad, es decir, yo simplemente les planteo qué hubiéramos adelantado, en términos... en términos reales.

Mire, en el año dos mil ocho, dos años después, hay –cierto es- una solicitud de comparecencia, en este caso de la viceconsejera -esta se celebró el siete de febrero de dos mil ocho-, en el que el tema central, que ya parece que no les inquieta... –porque es verdad que todo esto determinó que, por una serie de circunstancias, pues esta diferencia se redujera- en el que el tema central era la diferencia entre lo que ya estaba autorizado y lo que, efectivamente, ya se había construido.

Y mire, pasamos al año dos mil catorce, con una PNL en esta materia que caducó, que no llegaron ustedes a incorporar, y pasamos al dos mil quince, donde, a raíz de la información de abril de ese año dos mil quince en el diario nacional, el que comparece ante la Diputación Permanente, a petición propia, en tiempo récord, es el propio consejero de Economía.

Mire, ¿me pueden ustedes, de verdad, explicar, si esto era Sicilia y León, dónde estaba el Partido Socialista? ¿Me pueden ustedes explicar, respecto de mi propia responsabilidad, por qué en dieciséis años –dieciséis, ¿eh?, señorías-, dieciséis años de presidente soy presidente de la Junta de Castilla y León...? Por cierto, no desde el dieciséis de marzo de dos mil uno, desde el diecinueve de marzo del dos mil uno, ¿eh?, diecinueve de marzo. Bien. ¿Me pueden ustedes explicar por qué no me han planteado los sucesivos portavoces del Grupo Parlamentario Socialista, o de cualquier otro grupo parlamentario, una sola pregunta oral de control? No digo ya solicitud de... de comparecencia, una sola pregunta en Pleno. Habrán tenido cientos de preguntas, ni una sola pregunta en esta materia. ¿Era de verdad Sicilia y León o esto forma parte de... –y yo lo entiendo, porque forma parte también de la... del legítimo embarre político de esta materia- o eso no era así? ¿Dónde estaban ustedes, señorías?, ¿dónde estaban ustedes? Ni una sola pregunta.

No me extraña, no me extraña que cuando, en el año dos mil quince o comienzo de dos mil dieciséis, se pone en marcha, sin contar, desgraciadamente, con la base de lo que nos hubiera permitido debatir este asunto, sin contar con el informe de la Agencia Tributaria, se pone en marcha la Comisión de Investigación, ustedes no consideraran de interés para nada lo que yo podría aportar a esa Comisión. Ustedes no me incluyen en la solicitud de comparecientes. Tuve el error, llevado del calor o del debate parlamentario, de reprochárselo, de afeárselo; y a partir de ese momento, sí, se dieron ustedes cuenta, que venga. Y, efectivamente, hoy, hoy, todo lo que no existía en el año dos mil dieciséis, hoy son todas las responsabilidades del presidente de la Junta durante todos estos años. Muy bien.

Después del veinte de abril de dos mil quince, ya les he explicado cumplidamente lo que... lo que hemos hecho. Se revisaron todos los expedientes a los que se refería la información publicada en el año quince sobre el informe de la Agencia Estatal Tributaria, se verificaron de conformidad con la legalidad, y con el expediente y con la tramitación administrativa; nos dirigimos, primero, a la Agencia y, posteriormente, a la Fiscalía –que ya estaba conociendo-, nos pusimos a disposición y empezamos a evacuar todos los informes, toda la información. Yo les he contado, fundamentalmente, la prolija información -que también es un elemento, para mí, de tranquilidad- de aquello que durante dos años ha investigado objetivamente la Fiscalía, que tiene instrumentos y que tiene recursos. ¡Ojo!, y la Fiscalía Anticorrupción, sin duda alguna, habrá investigado muchos otros aspectos personales y empresariales, que no conocemos ni vamos a conocer, porque para eso está la Fiscalía Anticorrupción como un instrumento del Estado.

Comparecencia, ilegalidad o legalidad de la avocación, el caso de Ibervento. En efecto, el caso de Ibervento, que es una queja –que yo les voy a ilustrar-, una queja en relación a lo que hoy conocemos fueron 2.200 solicitudes; es decir, ustedes, que conocen y manejan la estadística, se dan cuenta de lo que estamos hablando, con independencia de que una queja siempre será... de unos ciudadanos o de unas empresas, siempre tiene una importancia.

El catorce de marzo del año dos mil seis se recibe una carta del administrador de Ibervento -esta era una sociedad dedicada al desarrollo de energía eólica-. En la misma se refiere a la tramitación de sus proyectos; no nos habla de la política general de la Junta, ni nos habla del procedimiento, ni nos habla de la avocación, ni nos habla, en general, de irregularidades; no, nos habla de sus proyectos; lo cual también me parece absolutamente lógico y absolutamente legítimo, y absolutamente legítimo. Pero cuando ustedes interpretan esa queja como la denuncia de un mar de fondo, de unas irregularidades... No, no, es la queja de un señor que entiende pues que no está siendo bien atendido o que está siendo perjudicado por algunas decisiones administrativas. Habla de discriminación con respecto a otras empresas, que parece que esas empresas, pues, tenían un trato me imagino que regular. Hablan de... y reconocen múltiples encuentros... –en esa carta, ¿eh?; la tengo aquí, la podemos leer entera- múltiples encuentros con responsables de la Consejería de Economía. Dicen –es verdad que lo dicen con carácter muy generalista, por lo que luego diré- que habían recurrido a otras vías y organismos para que les ayudaran a aclarar la situación y a que se les concedieran las autorizaciones administrativas, como si esos órganos... organismos... –ahora me referiré a ellos-, y solicitan del presidente de la Comunidad que nos ayude a... –textualmente- "que nos ayude a solicitar este grave problema en el que se ha convertido la tramitación administrativa de sus proyectos en Castilla y León".

Yo, en veinte años, he recibido una queja. Es decir, no es que yo tuviera un aluvión todos los días de quejas en relación con esta materia, no es que yo tuviera un runrún, no es que a mí me hablaran o me dejaran de hablar. Aquí se han citado nombres propios, que yo no sé en virtud de qué se citan, pero respecto de los cuales yo les puedo afirmar tajantemente que nunca me han trasladado... Aquí se ha hablado, e incluso se ha insinuado estos días, bueno, que yo me he visto con frecuencia con el actual presidente de Iberdrola. Hombre, vamos a ver, si ustedes estudian un poquito esos encuentros, en los cuales queda, normalmente, reflejo en los medios de comunicación, verán que en la mayor parte de los casos es en otra condición; en su condición actual de presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca. Yo se lo puedo asegurar, se lo puedo asegurar. En cuanto a la otra cita personal que han hecho, mire, en lo que yo conozco, por supuesto, reconozco que soy compadre, íntimo amigo –soy padrino de uno de sus hijos- de don Fernando Becker, pero, que yo sepa, ese señor no tiene nada que ver con las competencias en materia de energías renovables de la compañía donde trabaja. Entonces, eso... y además ustedes lo saben, o lo deben saber. De manera que, bueno... Pero, en fin, vamos al... vamos.

De la carta... de la carta... de la carta del administrador... –esto es importante, ¿eh?- de la carta del administrador de Ibervento se dio traslado –como es lógico- por parte de Gabinete -pero asumo yo la responsabilidad- a la Consejería para que nos informaran. Y usted sabe lo que... lo que nos informan, y, por tanto, usted sabe por qué yo tomo la decisión... -¿cómo hubiera sido hoy, si hubiera tomado la decisión contraria?- la decisión de no recibir, de no recibir. La Consejería a mí me informa, a mí me informa. Es que parece lógico, ¿eh?, que uno, en veinte años, una queja, pues yo la consulte. Oiga, se dirige a mí este señor. ¿Qué está pasando? Eso lo hice y se me contesta. Se confirma lo que ya se decía en la carta, que la Consejería venía manteniendo encuentros de trabajo con los responsables de la citada empresa. Se me dice que incluso el propio consejero de Economía se había reunido con los promotores, acompañados todos de representantes de la Embajada de Alemania.

Se me informa –cosa que me habían ocultado en aquella carta- que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Burgos había dictado un auto por el que se archivó y se sobreseyó libremente todas las actuaciones de una querella criminal que esa empresa había presentado contra el jefe de servicio de Industria de Burgos, y todo ello por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal alguna. Hombre, yo respeto a esa empresa, pero me empecé a mosquear. De manera que ustedes primero se querellan criminalmente contra un servidor público, luego me lo ocultan en la carta, y luego piden que intervenga yo. Luego hay algo que no cuadraba y algo que, desde luego, desde el elemental sentido de la prudencia, determinada... determinaba que yo debía tener eso, especial prudencia.

Pero es que esta misma empresa había interpuesto un total de diecinueve recursos contencioso-administrativos, y también había elevado una queja ante la Comisión Europea. Y todo estaba... o muchas de estas cosas –por así decirlo- abierto, sub iudice. ¿Qué sentido tenía que yo interviniera? Pero es que, a más a más, unos días antes de la carta –un mes, el veintiuno de febrero del año dos mil seis- se había producido esa comparecencia que ustedes habían solicitado, en virtud de la queja de Ibervento, del consejero, del entonces consejero de Economía ante la Comisión de Economía de las Cortes de Castilla y León. ¿Y qué había dicho el consejero? Y ustedes lo conocían, y figura –yo lo he rastreado y ahí lo he encontrado- que la Consejería –y por tanto la Administración, y por tanto yo debía ser todavía especialmente más prudente-, primero, tenía serias dudas acerca de la capacidad técnica y de la capacidad económica de sus promotores; y, en segundo lugar, que tenía la Consejería constancia –como debía tener también el mercado- de su deseo de obtener lo más rápidamente posible autorizaciones para venderlas inmediatamente.

Miren, señorías, esto es lo que hay: una queja de una empresa por un asunto de interés particular, no relacionado con toda esta trama de Sicilia y León, que yo... sobre la que yo recabo información, sobre la cual se me da toda esta información y sobre la que se toma la decisión de no recibirles, de no recibirles. Y, por lo tanto, yo creo que esto está perfectamente, por mi parte, aclarado y perfectamente significado. Alguna cuestión... alguna cuestión más.

Mire, me han hecho ustedes un conjunto de preguntas. Ayer, el Grupo Socialista tuvo la amabilidad de presentarlas por escrito en el Registro de la Cámara por cuestiones... que yo lo digo aquí con toda fortaleza y con toda fiabilidad, la que ustedes me quieran dar. Por cierto, me ha divertido mucho alguna cuestión que estos días ha planteado algún compañero procurador –no, no de mi grupo- acerca de que yo he elegido la Comisión de Economía porque en la Comisión de Investigación tengo la obligación de decir la verdad, como si yo viniera aquí a mentir. A mí me han... [murmullos] ... a mí me han enseñado desde casa a decir la verdad, a decir la verdad, y por lo tanto yo la verdad la digo aquí y en la Comisión de Investigación. Y la verdad es la verdad, la diga Agamenón o el presidente de la Junta, que en este caso para ustedes es el porquero.

Miren, pero me han hecho ustedes un conjunto de preguntas que... de temas, de cuestiones, que ni me constan, de los que no tengo ningún conocimiento, que tampoco sé si son ciertos, que ni siquiera en muchos casos me parece que figuran –por lo que yo sé- en la querella de la Fiscalía que nos ha traído aquí; y a mí me ha traído aquí las informaciones sobre la querella de la Fiscalía. Yo les repito, por favor: si ustedes y sus grupos hubieran tenido, a lo largo de este tiempo, en los meses anteriores, cualquier sospecha objetiva, cualquier sospecha real de que yo conocía cuestiones como las que me han planteado, ¿podrían explicar, razonablemente, por qué no consideraron necesaria mi comparecencia cuando se creó la Comisión de Investigación?, ¿por qué no la pidieron? Pero es que todavía más, y yo, de verdad, se lo agradezco este maravilloso regalo de vísperas de la comparecencia; se lo agradezco. Mire, mucho más... mucho más insistentes, mucho más incisivas, mucho más concretas, mucho más fuera de lugar que las que aquí hoy han formulado sus señorías son las que me formulan en un escrito... -que yo guardaré con mucho cariño para mis recuerdos de momentos importantes de mi actividad parlamentaria- en un escrito firmado ayer por los procuradores Martín Martínez e Izquierdo Roncero.

Después de preguntarme inquisitivamente si conocía, si conocía, si conocía, si manejaba, si tal, llegan, seguramente como consecuencia de las prisas y de la euforia, a la pregunta número 14, después de preguntarme por todos los males del infierno. Y en la pregunta del 14... número 14 me dicen ustedes: "¿Qué hizo, señor Herrera, cuando se enteró de todas estas circunstancias gracias al informe elaborado por un inspector de la Agencia Tributaria y publicado en medios de comunicación nacionales?". Efectivamente, yo, yo, como ustedes reconocen, me enteré de todas estas circunstancias gracias al informe de la Agencia; no al informe, porque tampoco he dispuesto en ningún caso de él, sino al eco que ese informe tuvo en los medios de comunicación. De nuevo estamos hablando de esa fecha a la que yo le he dado tanta importancia, del veintinueve de abril del año dos mil quince. Gracias, de verdad, por este detalle de confianza, por este reconocimiento, que viene a coincidir con esa pregunta que yo les he hecho en varias ocasiones de por qué no se interesaron, por qué no consideraron, por qué entendían que no era interesante mi aportación a la Comisión de Investigación.

Mire, en materia eólica, mi único conocimiento, mi único conocimiento, hasta las informaciones publicadas en abril del año dos mil quince -como ustedes reconocen-, y, por supuesto, de forma mucho más profunda a través de la preparación de esta comparecencia, ha sido la de los principios y la de los objetivos de la política eólica impulsada por la Junta de Castilla y León hace veinte años. Quiero decir que son unos principios y unos objetivos que el consejero Villanueva aquí explicó y debatió en alguna ocasión -no en muchas, porque ustedes no tuvieron demasiado interés en ello-, y que yo comparto, que yo suscribo, yo reitero mi confianza en el consejero Villanueva. Unos principios y unos objetivos que creo que han tenido, como he intentado demostrar, unos resultados muy positivos para la Comunidad. Le repito, mi preocupación y ocupación sobre la energía eólica, que quede claro -ustedes lo reconocen, y yo a eso también me agarro-, comienza el veinte de abril de dos mil quince.

Algunos dirán que, bueno, este Herrera es perro viejo, este Herrera es un tío prudente, este Herrera hasta tiene suerte. Pero lo cierto es que, fíjese, hasta este momento ni siquiera he conocido con detalle el procedimiento administrativo de autorización de parques; un procedimiento que, como todos ustedes saben también, fue aprobado por la Junta en el año mil novecientos noventa y siete, es decir, en un momento en el que a mí me faltaban cuatro años para estar en la Junta, ni lo conocí. Este es el único instrumento normativo que a lo largo de todos estos años ha pasado por la Junta de Castilla y León, es decir, que no he conocido el detalle del procedimiento.

Miren, en estos dieciséis años no recuerdo que haya pasado... –en dieciséis años, ¿eh?- no recuerdo que haya pasado por la mesa del Consejo de Gobierno ningún acuerdo o norma relacionado con la energía eólica en Castilla y León; no lo recuerdo. Si ustedes me desasnan o me desmienten, pues mire, de la misma manera que me ha corregido en el tema administrativo, yo lo podría reconocer. Mire, formalmente, durante todo este tiempo jamás me he reunido con ninguna persona física o jurídica, con ninguna empresa, en relación a su supuesto, o probable, o anunciado interés de promover parques eólicos en Castilla y León. Usted me ha hablado de dos nombres, y yo le he dicho: no, nunca, jamás; si tienen ustedes alguna duda, que les convoquen en sede judicial, en sede judicial. Pero todavía más, fíjese si he sido prudente, si he sido incluso soso, o incluso antipático -es que es fácilmente comprobable también, porque los políticos somos muy dados a que de estas cosas queden testimonio en fotos, y ustedes no la han encontrado-, tampoco he realizado en todos estos años ninguna visita, visita física, a parques eólicos en Castilla y León, donde me podrían haber acompañado legítimamente sus promotores. No. Sí que he visitado, he de reconocer, algunas fábricas muy importantes, que afortunadamente se mantienen, de fabricación de elementos de palas, o incluso de motores, o incluso de carcasas; estoy hablando de muchas, porque, afortunadamente, esas se mantienen, de acuerdo con los datos.

Vuelvo a repetir, de las 2.200 solicitudes de autorización que ha examinado la Fiscalía, 2.200, dos mil cinco a dos mil quince, que se han tramitado en todos estos años, solo ha llegado a mí una queja, la queja me motivó también su única iniciativa. Pero si es que estamos de acuerdo, pero no construyan una monstruosidad en torno a una queja, a una queja cierta. Todo lo demás, miren, es que ni esos supuestos promotores agraviados lo expresaron, ni ustedes se hicieron eco, porque tienes... podría tener sentido unos promotores agraviados y coaccionados, ¿pero ustedes?, ¿pero qué han hecho durante todo este tiempo? Si se excitan, lógicamente, pues a partir de abril de dos mil quince; igual yo estoy, lógicamente, excitado. Una queja, la de Ibervento, sobre que la que he dado, creo, una explicación cumplida, y que, repito, ha sido la única sobre 2.200 interesados.

Y miren, porque aquí se ha hablado de responsabilidad in eligendo y de responsabilidad in vigilando; mire, es una barbaridad afirmar -y también en el Diario de Sesiones, en alguna comparecencia, en la de dos mil quince, del consejero de Economía se hizo referencia a esto- que, como la Junta -entendiendo la Junta como Gobierno y como Administración de la Comunidad- es una estructura piramidal, los niveles inferiores siempre tienen que comunicar, tienen que informar, tienen que pedir autorización de todo a los niveles superiores. Ustedes, que han tenido también responsabilidades de gestión, saben que eso es imposible, que estamos hablando de miles... solo en Castilla y León, de miles de procedimientos administrativos. Yo creo en el procedimiento administrativo. Yo recuerdo vagamente, de mis estudios, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, pero yo no recuerdo la normativa concreta de miles de procedimientos administrativos; hablamos de decenas de miles de profesionales públicos. Es que, llevado al absurdo –y digo que es absurdo con todo respeto a lo que voy a decir- ese argumento, en este momento se están dispensando medicinas en los consultorios locales y en los centros de salud. ¿Usted cree que yo tengo conocimiento o puedo tener responsabilidad acerca de esas decisiones? Es imposible; hablamos de decenas de miles de profesionales públicos, hablamos de cientos de miles, si no de millones, de expedientes administrativos al año. Piensen que solo en el ámbito de la función pública, y en relación a la retribución de los funcionarios, hay 85.000 expedientes todos los meses. ¿Pero de qué enormidad estamos hablando? ¿En virtud de qué, por una estructura jerárquica piramidal, los niveles inferiores tienen que consultar, siempre tienen que decir?

Hay una palabra que es clave en este asunto, y esa palabra es la de "confianza". Mire, podremos hablar de responsabilidad política; yo estoy aquí asumiendo, ejerciendo -he pedido perdón, he pedido perdón por anticipado, he pedido perdón con efecto provisional- responsabilidad política. ¿Pero de conocimiento? Ustedes saben que eso no es ni puede ser.

Mire, la realidad –y con esto finalizo- es que, aunque, evidentemente, con jerarquía y, por tanto, con responsabilidad política, una organización, como es un Gobierno o como es una Administración, muy complejo –en muchos casos ustedes han participado de esas organizaciones-, constituyen una... lo que yo llamo una cadena de confianza, una cadena de servicio. Cuando, por desgracia, por condición humana, por circunstancias que merecen, evidentemente, el reproche social y el reproche judicial, se rompe uno de los eslabones de esa cadena de confianza o de servicio, miren, lo que se está rompiendo es la cadena de confianza o de servicio, pero de ninguna manera esa cadena se está convirtiendo en una cadena de complicidades, que es lo que ustedes están pretendiendo. Y eso me parece que va, en primer lugar, contra el sentido común, contra sus propios actos, hablando de derecho administrativo; y también contra el prestigio, que debemos seguir defendiendo, y la honorabilidad de la inmensa mayoría de los responsables políticos y de los responsables administrativos. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. En turno de intervención, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Sarrión, por un tiempo máximo de cinco minutos.


EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer solamente algunas observaciones, y algunas prácticamente repetidas de mi primera intervención, porque la mayor parte de su intervención ha ido... parece más dirigida a otros grupos.

En primer lugar, algo que ha recorrido su intervención, y que parece manifestar cierto asombro, es la insistencia en varios de los grupos que hemos intervenido en la cuestión de la Comisión de Investigación; yo lo he hecho al final de mi intervención, pidiendo el desbloqueo. Evidentemente, a usted no hay que pedirle responsabilidades, pero sí al grupo político que a usted le ha hecho presidente; por lo tanto, parece razonable que aquí se haga mención, aunque sea de pasada. Y mucho más cuando... cuando hablamos de la situación de bloqueo de la Comisión, tenemos que recordar no solamente que se debe a que no se quiera convocar por parte del grupo que ostenta la Presidencia de dicha Comisión, sino que, además, la causa principal del bloqueo es la falta de acuerdo en torno al listado de comparecientes, y que precisamente esa falta de acuerdo en el listado de comparecientes es causa de que el Grupo Popular se ha, precisamente, negado a que comparezcan personas ciertamente relevantes para esta Comisión, ¿no? El caso de Georgina de la Lastra, por ejemplo -que, supuestamente, habría sido quien habría retrasado la llegada de este informe, por ejemplo-, debería comparecer en el marco de esa Comisión para dar explicaciones acerca de si esto es cierto, los dueños de Collosa, etcétera, etcétera, etcétera. En su momento ya tuvimos un debate en el Pleno, precisamente en una pregunta al presidente, en torno a esta cuestión.

No me aclara si la Fiscalía, entonces, según usted, considera ilegal la instrucción que da el viceconsejero o no. Ahí me ha parecido entenderle, en su primera intervención, que decía usted que no. En esta segunda intervención no me lo ha aclarado. Yo le vuelvo a insistir: de acuerdo a las informaciones que nosotros tenemos -que son, por lo que usted ha dicho, las mismas, es decir, las informaciones vertidas en medios de comunicación a partir de la querella de Anticorrupción-, lo que nosotros hemos leído -que suponemos que será lo mismo que usted, puesto que las fuentes son las mismas, según usted mismo dice- es que "la ilegalidad de esta instrucción queda resaltada en el informe de la Intervención General del Estado de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, emitido a petición de esta Fiscalía". Es decir, que no me ha aclarado si el error ha sido mío o suyo cuando yo he entendido que usted decía que el fiscal no declaraba ilegal esta instrucción; o, por lo menos, lo pone como una posibilidad muy importante.

Y, desde luego, la instrucción, independientemente del carácter legal o ilegal del mismo, que a mí no me corresponde juzgarlo, ni por mi posición política ni por mi capacidad profesional, pero lo cierto es que lo que ha terminado generando es una situación en la cual la expresión Sicilia y León no parece muy desafortunada. Yo la expresión no la conocía, la conocí a través de los medios de comunicación, evidentemente, pero, tal y como se describe que aquí ha estado sucediendo, parece que, evidentemente, lo que ha habido es un trato por el cual cargos políticos, concretamente uno, realizaba favores, o todo lo contrario, o ponía trabas, en función de que las empresas que ponían los molinos fueran unos o fueran otras. Y esa es la información que nos vierte la querella, es decir, esto es lo que a nosotros se nos está indicando en los medios de comunicación, y que dice la querella.

Por lo tanto, la expresión a mí me parece francamente acertada, porque estamos ante una práctica mafiosa. Es decir, propiamente, si esto se confirma como cierto -esto que a día de hoy es un supuesto, hasta que no haya, evidentemente, una resolución judicial del término-, si estos supuestos son finalmente probados y demostrados, aquí hay una práctica mafiosa, en el sentido clásico de las películas de la mafia de Chicago; es decir, cargos públicos trabajando para empresas privadas y haciendo favores o haciendo... generando problemas o trabas en función de que la empresa sea uno o de otro; en algunos casos, de una gravedad francamente extrema, ¿no?, como cuando se habla de empresas que tienen que cambiar de dueño para poder salir adelante en el procedimiento administrativo, como la extrema concentración que se realiza en torno al señor Esgueva Gutiérrez, en torno a la empresa San Cayetano Wind, que se lleva la mayor parte de estos 80 millones de euros; unos 47 millones que se lleva con el sistema de comisiones establecido. E insisto, una persona que además era alto cargo de un organismo que no es jurídicamente público, pero que por la vía de los hechos, señor presidente, es como si lo fuera, porque no olvidemos que más del 95 % lo poníamos los ciudadanos.

Y a lo mejor el debate que tenemos que empezar a abrir es que la existencia de organismos que -sobre el papel- son de carácter privado, pero los estamos financiando desde la Administración pública, a lo mejor el debate que hay que abrir es que estamos ante una "administración b". Es decir, lo que habrá que plantear es si es correcto que empresas, teóricamente y sobre el papel, privadas estén operando bajo el dinero de la ciudadanía, porque, al final, las consecuencias las estamos observando, y las veremos en los próximos meses en los juzgados. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Sarrión. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Delgado.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer s la presencia del señor presidente de la Junta de Castilla y León, pero, desde luego, hemos constatado casi el absoluto desprecio a los partidos, digamos, nuevos. Es increíble cómo se nota que está acostumbrado aquí a, en fin, este ping-pong que tienen desde tiempos inmemoriales con el Partido Socialista, y se cuentan aquí sus películas y que si el Partido Socialista dijo... dejó de hacer o hizo poco o mucho. Sinceramente, es que no es la cuestión de esta comparecencia, y usted lo sabe. Con lo cual, todo este tiempo nos lo podíamos haber ahorrado perfectamente.

Desde luego, es una pena que se haya aburrido incluso a los medios de comunicación, y, efectivamente, usted lo ha dicho, usted comparece aquí –y lo ha dicho explícitamente- por los medios de comunicación, lo cual, vamos a permitir... vamos a darles las gracias, que menos mal que funcionan con total libertad, y menos mal que hacen muy bien su trabajo, porque, por lo menos, fíjese usted, consiguen lo imposible, que es que usted, por fin, se digne a comparecer.

Dicho lo cual, sinceramente, aparte de vaguedades, sí que ha contestado algo. Pero le voy a dar... yo creo que está muy mal asesorado, sinceramente. Fíjese, ha dicho sobre Ibervento que, efectivamente, recibió usted una carta el catorce de marzo de dos mil seis. Es la primera vez que tiene usted noticias de esta empresa, una empresa, bueno, con capital alemán, etcétera, etcétera y, en fin, con... bastante participativo. Pero, según sus informaciones, no era de mucha transcendencia, o sea -sí, es lo que ha dado a entender perfectamente-, de mucha credibilidad, y ni siquiera se le contesta. Bueno, esta empresa... –y vamos al grano, los hechos demuestran la veracidad de las situaciones- esta empresa, que no recibía autorizaciones para poder hacer ningún parque eólico -y estaba, además, en tierras burgalesas, por cierto-, al final vende su autorización... -fíjate, es curioso, ¿eh?- el 100 % de Ibervento se lo vende a Productor Regional de Energía, S. A., una empresa constituida por Inverduero –ya le empieza a sonar-, filial de la constructora vallisoletana Grupo Collosa y Endesa, y se comunica –fíjese- el veintiséis de julio de dos mil seis que ya tiene la autorización.

Es decir, que ese procedimiento que antes hacía una empresa, parece ser que estaba muy mal hecho y muy mal ejecutado. Pero, claro, cuando cambia de empresa, que ya la compró y ha pagado la correspondiente tasa -que es indignante, y ya hemos dicho aquí casos de 24.000 euros que se han convertido en 47 millones de euros, y que no pasa nada; hombre, y usted reitera también...-, bueno, ahora ya sí, ahora ya, cuando ha cambiado de empresa, ya está perfectamente, entonces ya se le da... con esa figura que a usted le encanta de la avocación, porque dice que es perfectamente legal; y total, de 197, solo 35 son sospechosas, bueno, fíjese, casi casi... Hombre, yo creo que hay que ser más serios.

Y, efectivamente, no se ha perdido dinero de la Junta de Castilla y León, pero también se ha perdido dinero, al fin y al cabo, de empresas que sí que son públicas, como Iberdrola o Endesa o en fin... Y ahí también habrá que llegar algún día al quid de la cuestión. Porque ese dinero, en el fondo, perjudica a todos los castellanos y leoneses y a todos los españoles. ¿O qué pasa, que en este país se puede pagar barbaridades en función de a quién le convenga y cómo? Pues no. No se debería. Claro, luego, claro, lo pagamos todos; pero no se preocupe usted, ya lo sabe, lo pagamos todos los usuarios en los recibos de la luz correspondientes, que a día de hoy, como siempre, seguimos sin entender y sin saber casi, digamos, pronunciar sus parámetros. Porque, claro, eso se lo entienden ellos solos.

Yo por eso digo que, hombre... Y luego ya esa pequeña ironía, de verdad -y lo reitera usted mucho-: ¿por qué no me llamaron cuando me tenían que haber llamado a la Comisión de los eólicos? Lo dijo hasta en un Pleno, ¿eh?, y sacaba pecho y todo. Y ahora... sí, sí, hombre, muy ocurrente usted; pues ya le hemos llamado veinte veces; le hemos llamado y no quiere ir. Y no quiere ir porque, en el fondo, no sé si la verdad le gustará mucho o poco, pero, hombre, usted, que es bastante religioso, ya sabe aquello de la verdad os hará libres. Libérese un poco, hombre. Yo creo que un poco de verdad y de... y también de humildad nos viene bien a todos. Yo se lo digo desde esta humildad de este pobre procurador, que -como sabe- hemos sido alcaldes durante muchos años, y por eso me ha ofendido esa referencia que ha hecho al mundo rural, que, efectivamente, ha generado mucho dinero a los ayuntamientos, pero a muy pocos, porque podía haber sido mucho más.

Ahora mismo el Gobierno, ¿eh?, acaba de emitir otra vez 3.000 megavatios y... dos veces consecutivas. A ver si somos diligentes aquí, en Castilla y León, a ver si esto, por lo menos, sirve para algo, ¿eh?; para que nuestros municipios, nuestra gente, nos podamos aquí participar todos de esta... beneficios ambientales más que evidentes. Pero no que unos cuatro, una cuadrilla, se lleven dinero impunemente, ¿eh?, y aquí no pase nada. Eso sí, esa cuadrilla luego, a la mínima, tienen mucha honorabilidad, y nos ponen querellas y denuncias así como que... Pueden poner todas las que quieran.

Desde luego, desde Ciudadanos vamos a decir siempre lo que pensamos y lo que es nuestra obligación, y este ejemplo de Ibervento, ¿eh?, de estos parques que luego venden a otra filial, yo creo que lo demuestra muy claramente. Por eso le digo, sinceramente: está muy mal asesorado. Y el no saber las cosas no quiere decir que no se tenga responsabilidad. Nosotros... por eso le he pedido que si sabía que su secretario general entonces...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Termine ya, señor Delgado.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

... tenía conocimiento o no de lo que estaba pasando. Usted dice que no. El tiempo nos dirá hasta qué grado de conocimiento tenía cada cual. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Delgado. En turno de intervención, tiene la palabra el señor Fernández.


EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Sí. Gracias, presidenta. Bueno, señor presidente, ha ido matizando determinadas cuestiones que nosotros entendemos son importantes. Al principio de su primera alocución decía que usted no tenía la querella, después ya matizó diciendo que no ha trabajado sobre esa querella, que usted y yo sabemos que tiene; que al menos el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, consejero de Presidencia, tienen esa querella.

Mire, señor Herrera, ¿sabe cuál es el drama de todo esto? ¿Sabe cuál es el problema? Es que, al final, usted está imbuido por el "síndrome de la infanta". El problema es que es muy grave que usted no se haya enterado de absolutamente nada, el problema es que usted se jacte y saque pecho de que se entera de todos estos sucesos, muy graves, de una trama de presunta corrupción investigada por la Fiscalía Anticorrupción, que usted saque pecho y se jacte de que ha tenido conocimiento de la misma en dos mil quince, y por la prensa. Es sencillamente vergonzoso, siendo usted, como ha sido, el presidente de la Junta de Castilla y León desde el dos mil uno, desde el dieciséis de marzo; día en el cual se expide el decreto por el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, que le nombra a usted presidente de la Junta de Castilla y León –el dieciséis de marzo-.

Mire, señor Herrera, usted quiere entrar en un debate... en un debate jurídico. No, no, esto es un debate político, y es un debate político de asunción de responsabilidades políticas, cosa que usted no ha hecho. Yo le pregunto: ¿usted considera corrupción utilizar las Administraciones, que un viceconsejero de Economía... –que no es un rango menor dentro de la escala de la Junta de Castilla y León- que un viceconsejero de Economía, nombrado por la Junta de Castilla y León que usted presidía, haya utilizado la Administración pública para lucro y beneficio propio y de otras personas? ¿Usted eso lo considera corrupción, sí o no? Porque para la portavoz de su Gobierno eso no es corrupción, y nosotros entendemos que lo que ustedes están haciendo es intentando normalizar la corrupción y que demuestran una laxitud muy preocupante y muy grave para con las tramas de corrupción.

Mire, el que quiere hacer un totum revolutum de todo esto es usted, que, en lugar de dar explicaciones sobre la causa que hoy nos trae aquí, se ha pasado mucho tiempo hablando de las bondades de la energía eólica en lugar de rendir cuentas y asumir responsabilidades por lo que estamos hablando aquí: que ex altos cargos de la Junta de Castilla y León –que usted presidía-, del nivel de viceconsejeros de Economía, utilizaron la Administración pública para lucrarse de ella. Y eso es muy grave.

Mire, señor Herrera, el sistema de avocación que deviene de una Instrucción, la 2/2004, que es calificada como ilegal, no por Podemos Castilla y León sino por la Intervención General del Estado en su informe del dieciséis de enero, expedido a instancias de la Fiscalía, califica de ilegal esa instrucción, y esa instrucción es la que genera el modus operandi, el caldo de cultivo, el escenario ideal, el marco, para una trama de corrupción, para una bacanal de licencias, para una orgía de concesiones, para una fiesta, señor presidente, en la que estaban excluidas las personas y los empresarios honrados. Y eso es muy muy grave.

Y yo le pregunto, señor presidente: ¿de verdad usted va a utilizar el discurso de que estos son casos aislados –como ha dicho-, que son casos de corrupción aislados, que son manzanas podridas, sabiendo que, cuando hablamos del Partido Popular, todo el cesto está podrido, que es algo estructural, y sabiendo –y lo más importante- que usted, que usted, como presidente de la Junta de Castilla y León, como máximo responsable de la Junta de Castilla y León, era el responsable de vigilar tanto las manzanas como todo el cesto?

Le voy a hacer otra pregunta, señor presidente: ¿por qué no sigue contando con Tomás Villanueva como consejero en dos mil quince? ¿Acaso usted, que da tanta importancia a las informaciones sustanciadas en los medios de comunicación, temía que la información aparecida en el diario El País en dos mil quince hiciera que pudiera llegar a tener a un consejero que llegase a estar imputado? ¿Es algo así?

Otra pregunta que le hago: ante la Instrucción 2/2004, declarada ilegal por la Intervención General del Estado, ¿nadie se dio cuenta?, ¿nadie se percató? ¿Sus servicios jurídicos a qué se dedicaban? ¿En la asesoría jurídica de la Junta, además de defender a los imputados de "la perla negra", a qué se dedican, señor presidente?

Mire, es muy sencillo, es algo muy sencillo. ¿Era usted presidente de la Junta de Castilla y León cuando el señor Rafael Delgado, entonces viceconsejero de Economía, a través de avocaciones devenidas de una instrucción calificada como ilegal por la Intervención General del Estado, empezó a decidir arbitrariamente quiénes conseguían concesiones administrativas y quiénes no? ¿Era usted presidente, señor Juan Vicente Herrera, cuando Iberdrola comienza a pagar comisiones millonarias a empresarios locales que jamás habían visto un molino eléctrico? ¿Era por entonces usted presidente de la Junta de Castilla y León? ¿Era usted presidente de la Junta de Castilla y León cuando el responsable de una empresa eólica, Ibervento, le alerta de un abuso de poder, de prácticas a todas luces irregulares, y le pide reunirse con usted? ¿Era usted entonces presidente?

Pues, señor Herrera, si era usted presidente cuando todos estos hechos sucedieron y usted no supo, ni conoció ni vio, y usted no se preocupó de vigilar a quien eligió, ¿qué hace aún como presidente de esta Comunidad Autónoma? Son hechos muy graves, muy graves, que han mancillado y manchado el nombre de esta Comunidad, que han hecho que muchos empresarios, muchos agentes económicos y sociales, muchos inversores, no hayan venido a Castilla y León ante estas prácticas tan deleznables.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Fernández, tiene que ir terminando.


EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Prácticas que ustedes ni han impedido, ni han perseguido ni se han enterado. ¿Qué hace usted aún de presidente de la Junta de Castilla y León? ¿Cómo dirige la Junta de Castilla y León si lo que hace su Gobierno usted no lo conoce?

Voy a terminar. Usted dice que ha pasado todo esto y dice que qué importancia tiene el hecho de que entonces fuese el presidente de la Junta de Castilla y León. Esa pregunta que usted mismo hace, señor Herrera, a mí me parece terrible, lamentable y penosa, y, para mí, le deslegitima totalmente como presidente de la Junta.

Termino con una frase de Erich Fromm: "El egoísmo que genera el sistema hace que los gobernantes antepongan su éxito personal a su responsabilidad social". Usted está claro que no va a asumir ningún tipo de responsabilidad. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias, señor Fernández. En turno de intervención, tiene la palabra el señor Izquierdo.


EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Gracias, presidenta. Señor Herrera, la verdad es que usted yo creo que las preguntas importantes no las ha respondido. Usted se centra en algunas cuestiones con las que intenta marear y despistar sobre la cuestión.

Pero mire, en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento público a todos los procuradores socialistas que han luchado en estas Cortes contra la corrupción, y muy especialmente a Jorge Félix Alonso y al difunto Pascual Fernández. Son un ejemplo para todos los que seguimos hoy aquí representando a los ciudadanos que han votado al Partido Socialista.

Mire, la pregunta no es dónde estaba el Partido Socialista durante estos años, la pregunta es dónde estaba usted, señor Herrera. Es usted quien tiene que responder y esa es la pregunta que tiene que responder. Porque usted habla de por qué solo ha habido una queja durante estos años y ha habido... y hablamos de Sicilia y León –algo de lo que hablan los periodistas y, a partir de ahí, hemos tomado nosotros esa nota-. Pero mire, habla usted del procedimiento y del cumplimiento estricto de la legalidad; yo lo que le digo es que ha habido un clarísimo y flagrante incumplimiento de la legalidad para llevar a cabo la extorsión que se ha producido en esta Comunidad Autónoma.

Voy a citarle algunos ejemplos para que vea en qué momentos y de qué manera; y podría relatarles bastantes más, y no solo los 35 que usted cita que conoce la Fiscalía Anticorrupción. En los procesos de competencias hay un parque eólico en Zamora... tres parques eólicos con un procedimiento de incompetencia, un procedimiento que se tiene que resolver en tres meses y que se tarda cuatro años en resolver. ¿Sabe usted cuándo se tarda... cuándo se resuelve ese procedimiento de competencia? Cuando una de la empresa que ha... una de las empresas que ha solicitado dos parques renuncia íntegramente a uno, y renuncia a 26 de 32 aerogeneradores del segundo. Y de estos, sobre los proyectos en competencia, podría ponerle más ejemplos. Cuatro años para dictar esa resolución, señor Herrera; y luego usted dice que cree en el procedimiento administrativo.

Me decía que hacíamos una causa general –sigo con el procedimiento, ¿eh?-, porque hablaba usted de que he metido a los consejeros en el saco. Claro, estamos hablando de responsabilidades políticas, señor presidente, y usted sabe que las declaraciones de impacto ambiental han estado paralizadas desde el veintinueve de septiembre de dos mil tres por una carta del secretario general, hoy todavía director general de Calidad Ambiental, bajo su Gobierno, señor Herrera. Por tanto, insisto en la responsabilidad in eligendo e in vigilando.

Pero, claro, esas declaraciones de impacto ambiental llegaron a demorarse dos, tres, cuatro y hasta cinco años, especialmente en la época en la que el señor Carriedo era consejero de Medio Ambiente. Y simultáneamente se producían estos desbloqueos, que también firmaba el señor Jiménez, que decía: "Tramítese la declaración de impacto ambiental de Argañoso, Valdecarrión, Valdeperondo –estos son de Alberto Esgueva, ¿eh?-, Espina, Valdesamario, Quintana". Estas cosas usted no las conocía, según dice. Ya me extraña a mí que no las conociera, señor Herrera.

Habla usted de la avocación como un procedimiento legal. Mire, si el problema es que la avocación es una figura de tipo excepcional, y ustedes la han utilizado hasta la náusea, hasta la saciedad, se han hartado de avocar competencias convirtiendo la excepción en regla, con intereses claramente espurios. Y la han utilizado con un objetivo también muy claro: que la responsabilidad por la inacción de la Administración recaiga en los funcionarios que tendrían que haber continuado tramitando los expedientes. Porque ¿quién es el responsable de que haya expedientes con declaración de impacto ambiental y tres años sin contar con resolución administrativa? Si no hay avocación, es el funcionario, señor presidente. Por tanto, para eso se hace la avocación, para, incluso, diluir esa responsabilidad en terceros.

Y es evidente que se producen cambios de titularidad días antes de dar las autorizaciones. Y, claro, usted habla de que solo ha habido una queja. Eso es lo que ocurre en los regímenes mafiosos, señor Herrera, que hay omertà, hay ley de silencio, y la gente no habla; los beneficiados no hablan, y los perjudicados no hablan, porque quieren seguir haciendo cosas; y, a pesar de eso, ustedes les han castigado incluso con catorce años sin resolver algunos de los expedientes. Eso es lo que ha ocurrido, por eso solo ha habido una queja formal escrita, cuando sabemos todo el mundo que había infinidad de quejas por muchos empresarios.

Mire, uno de los parques de Ibervento -para que usted vea, si no lo conoce y no lo ha leído-. Veinte de abril de dos mil uno: solicitado parque eólico de Cantiruela. Resolución de veinte de mayo de dos mil tres, con declaración de impacto ambiental. A este no llegaron a tiempo, porque la carta del señor Jiménez es de septiembre de ese mismo año; este no pudieron pararlo ustedes con la declaración de impacto ambiental. Y, oiga, tres años en resolver esa declaración de impacto ambiental. Y, entonces, el problema era el enganche a la red, la avocación de competencias. ¿Sabe usted cuándo tiene resolución favorable el enganche a la red? El tres de junio de dos mil tres. ¿Qué le faltaba a esta empresa para obtener la autorización de un parque eólico? ¿Sabe lo que le faltaba? El último paso de los antecedentes de la resolución que está publicada en el Boletín, que dos días antes de la autorización se vendió la empresa a esa otra firma formada por Inverduero y por Endesa. Eso es lo que pasó, señor Herrera. Esa es la queja de extorsión que le ha trasladado algún empresario por escrito, y que no me cabe la menor duda que en el seno de la Consejería ha habido más quejas verbales por parte de otros empresarios, y otros empresarios a los que se les ha dicho que o vendían o no había autorización de parques eólicos.

Porque, claro, el señor Villanueva lo decía en su comparecencia del año dos mil seis: si es que las empresas tienen...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Izquierdo, tiene que ir terminando.


EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

... las empresas tienen una enorme disposición, las eléctricas, a que entren las empresas de nuestra Comunidad Autónoma. Si ustedes estaban hablando permanentemente para ello. Si hablaban cuando firmaban convenios para que cedieran dinero a la Fundación Patrimonio Natural, ¿no les contaban entonces las grandes eléctricas que tenían piratas dentro extorsionándoselo... extorsionándoles? Yo no me lo creo, señor Herrera; o a usted no se lo contaban, o parece mentira que usted de esto no se enterara.

Hoy usted acaba de hacernos un regalo. Decía usted de regalos que le hemos hecho; nos acaba de hacer usted uno maravilloso: ha dicho que reitera su confianza en el señor...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Izquierdo, tiene que terminar.


EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

... en el señor... –concluyo ya- reitera usted su confianza en el señor Villanueva. El tiempo trae y quita... y dará razones, señor Herrera, y veremos si esa confianza le ha valido a usted la pena, políticamente.

Por todo lo dicho en la primera y en esta intervención, señor Herrera, reiteramos la petición de dimisión. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Izquierdo. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De la Hoz.


EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Gracias, presidenta. Cuando este grupo parlamentario ha estado en las delegaciones territoriales viendo los expedientes, hemos llegado a la misma conclusión a la que llegó la entonces portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, cuyas palabras no han sido desmentidas hoy, y es que los procedimientos administrativos son impolutos; eso es lo que dijo Ana Redondo, y eso es lo que se extrae del análisis de los expedientes. Es decir, que aquí, en esta Comunidad Autónoma, a nadie que no cumpla los requisitos establecidos en la norma para que se le otorgue una autorización se le ha denegado la autorización. No hay ninguna resolución administrativa de autorización de instalación de un parque eólico sin propuesta de resolución, no hay ninguna resolución de autorización administrativa contraria a la propuesta de resolución que firman los funcionarios.

¿Qué significa esto? Significa, ni más ni menos, que los presuntos delitos que investiga la... el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid no se habrían cometido a través de una tramitación irregular de los expedientes o contraria a la norma, sino en paralelo a la tramitación de los expedientes.

¿Es malo que entren empresas de Castilla y León en el... en la promoción de energía eólica? En absoluto, nunca se ha negado que sea así; pero eso sucede al margen del expediente, al margen de los 2.200 expedientes que se han tramitado en Castilla y León. Lo que es malo, lo que es evidente malo es que, a cambio de presuntas dádivas, se pueda presionar o a uno o a otro promotor para dar participación a uno o a otro empresario local. Y eso, concretamente eso, es lo que está investigando el juzgado de instrucción. Pero digo yo: ¿existía alguna forma de conocer que eso sucedía al margen del procedimiento? Ni ustedes la tenían, ni nosotros la teníamos ni la Junta de Castilla y León la tenía, pero es que tampoco lo tuvieron los tribunales de justicia. Esto se descubre ocho años después –ocho años después- con ocasión de una investigación tributaria de una de las empresas. Ocho años después. Es decir, esa situación de escándalo absoluto que parece ser que se vivía en Castilla y León ¿nadie la conocía realmente? ¿Ni el Grupo Parlamentario Socialista, que no dijo absolutamente nada en esta Cámara al respecto, ni tampoco ningún interesado que formulara queja al respecto?

Se habla de Ibervento. Yo les invito, por favor, a que vean cuál es el precio que obtuvo Ibervento por la venta de su participación. Y se habla aquí de la defensa de los intereses de Iberdrola, que es realmente curioso, y el perjuicio que pudo sufrir Iberdrola. Si es Endesa la que compra a Ibervento –que no es que sea una empresa local; creo que es una gran... una gran empresa- Pero, de verdad, les invito, por favor, a que analicen el precio que obtuvo Ibervento de la venta de su negocio en Castilla y León. [Murmullos]. Igual que tú. Exactamente igual que tú, porque consta en el expediente, porque consta en el expediente. Es que nosotros mirábamos... nosotros veíamos los expedientes, nosotros veíamos los expedientes; íbamos a las delegaciones territoriales, analizábamos los expedientes, y no dábamos ruedas de prensa en la puerta de las mismas. A lo mejor estaba ahí la diferencia en el tiempo que unos y otros dedicábamos a la... en el análisis de los expedientes. Por eso nos lleva a sacar conclusiones distintas de las que se extrae en la documentación que algún grupo parlamentario reparte entre la prensa. Simplemente, de los datos que se han aportado a la prensa respecto de los quince parques que promovió Energía Global Castellana, de las quince, diez están mal. Simplemente, a modo informativo se lo digo.

Y para terminar, señora presidenta. Sobre la cuestión de la avocación, exactamente lo mismo que sucede con la cuestión de los procedimientos administrativos. Podemos entrar en una discusión jurídica entre lo que opina –habrá que conocerlo- la Intervención General del Estado. Y lo que comparto con el presidente es correcto; y es que, primero, la instrucción no es una norma, no es una norma, y la figura de la avocación está expresamente prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo. El problema vuelve a no estar en la norma o en la tramitación del expediente, sino en el uso que algunas personas pudieran haber hecho de esta figura. ¿La figura es incorrecta? En absoluto, en absoluto, porque la conclusión hubiera sido la misma si se hubiese modificado el decreto, que es lo que proponía en su día el Partido Socialista. Es decir, si se hubiera modificado el decreto, y donde decía "delegado territorial" pasara a ser "director general" o "viceconsejero", el resultado hubiera sido el mismo. ¿Tenía razón de ser que las... la resolución de los expedientes administrativos –es decir, las autorizaciones- no recayeran en manos de los servicios territoriales, sino en un único centro directivo? Lógicamente, porque había que coordinar el desarrollo de la energía eólica en toda la Comunidad Autónoma, y eso es lo que daba razón formal y de fondo al hecho de que la competencia residiera... –como sucede, por cierto, en todas las Comunidades Autónomas, donde la competencia para la autorización no la tienen los jefes de servicio ni las Delegaciones Territoriales, sino los directores generales o cargos superiores- se hiciera aquí en Castilla y León. Daba lo mismo que se hiciera vía avocación o vía modificación de decreto, porque ahí no está el problema, ahí no está el problema; el problema está en el supuesto uso ilegítimo que de dicha figura pudo hacer algún alto cargo de la Administración.

Pero repito –y concluyo con esto-: en absoluto la Junta de Castilla y León tuvo forma de conocerlo, tuvo forma de conocerlo, como igual no tuvimos forma de conocerlo ninguno de los grupos parlamentarios que estábamos aquí, pero tampoco las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino únicamente ocho años después –por eso precisamente alguno habla de prescripción hoy en la prensa-, ocho años después, a través de una investigación tributaria, se pudieron conocer los hechos. ¿Por qué? Porque esos hechos no constaban en los expedientes, sino que tenían lugar al margen de los expedientes, al margen de los expedientes. Y eso es por lo que debemos de ser –y concluyo con esto, presidenta- absolutamente respetuosos con el procedimiento judicial que se está tramitando; y, como decía antes, esperar del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid que, con la mayor celeridad posible, diligencie las actuaciones; y si halla responsabilidades penales, que se concreten de forma también acelerada, para que, si deben de encontrarse culpabilidad en la actuación...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Termine, señor De la Hoz.


EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

(Termino). ... en la actuación de alguna persona, la condena sea contundente y ejemplar. Eso es lo que garantiza un correcto funcionamiento del Estado de derecho, y no las alharacas o los circos mediáticos. Nada más y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor De la Hoz. Para dar contestación, tiene la palabra el señor presidente de la Junta de Castilla y León.


EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR HERRERA CAMPO):

Gracias, presidenta. Procuraré ser más breve que en mi primera intervención. En primer lugar, contestación a alguna de las cuestiones planteadas por los portavoces.

Mire, señor Sarrión, respeto, respeto absoluto al trabajo del Ministerio Fiscal, lo que no significa, especialmente en términos de valoración jurídica de algunos hechos, que yo tenga necesariamente que compartir; o, por mejor decir, que los servicios jurídicos de la Administración lo compartan. Es algo que se verá y que se dirimirá. Pero seguramente no me he expresado bien –a lo mejor es más sencillo-; no creo que haya tanta contradicción entre lo que usted y yo estamos afirmando. Usted habla de ilegalidad de una instrucción; y esto lo afirma porque, al parecer, el fiscal así lo recogería y, al parecer, por su parte, el fiscal se remitiría a un informe -que yo no sé si conoce su señoría, yo tampoco lo conozco- de la... Yo he hablado de la legalidad de la avocación, y le he dicho que la avocación no se fundamenta en la instrucción; la avocación –como su señoría puede comprobar en cada uno de los acuerdos de autorización publicados en el Boletín Oficial del Estado- se basa en la Ley de Procedimiento Administrativo. Y toda la vida de Dios –usted lo sabe-, en el rango normativo, en la jerarquía normativa, una ley que faculta y que habilita estará por encima de la previsión de un decreto. Simplemente. ¿Respeto? Absoluto. No tengo por qué compartirlo. Oiga, mire, que no. Entre otras cosas, porque será objeto de debate. En este caso... vamos, es un tema que tiene trascendencia, pero yo ya le anticipo. Es más, le he puesto de manifiesto una circunstancia: el propio fiscal, que ha analizado los casi 200 expedientes de autorización –de autorización; es decir, expedientes autorizados- con avocación entre mil novecientos... perdón, entre dos mil cinco y dos mil quince, el propio fiscal discrimina, o aplica, o corrige, o reprocha hechos que pudieran ser constitutivos de delito a 35, pero no establece ningún reproche al resto, y esos eran también expedientes de autorización con avocación. Avocación que, de acuerdo con lo que a mí me dicen los técnicos jurídicos, tenía perfectamente establecidos sus requisitos de forma, sus requisitos de fondo; no recibieron, en el marco de las posibles impugnaciones de las resoluciones de autorización, ninguna impugnación. Y, finalmente, se da esa circunstancia de que el fiscal... con independencia de que las actuaciones están abiertas; por tanto, yo tampoco le quiero poner más puertas al campo de la actuación de la Fiscalía y de la actuación judicial.

Pero, en fin, ilegalidad de una instrucción de la que usted me habla, legalidad que yo he intentado explicarle de las avocaciones individuales, motivadas, notificadas, fundamentadas en la Ley de Procedimiento Administrativo, dándose las circunstancias que la propia Ley de Procedimiento Administrativo establece, y no impugnadas, de las que yo he hablado.

Mire, en el Código Penal –y estamos entrando en un terreno demasiado jurídico, seguramente- es que no hay un delito de práctica mafiosa; yo sé que esto es muy bonito, y esto queda un titular estupendo, y no a usted, sino a algunos de nuestros compañeros en el Parlamento les encanta, es decir, estas cosas, ¿no? Pero, mire, no hay un delito de práctica mafiosa; hay delitos, hay tipos de delitos, y en el Código Penal hay nada más y nada menos que cuatro delitos, que son cuatro delitos muy graves, que están en la querella; no tenemos que inventarnos nada: está la prevaricación, que es un delito, desgraciadamente, típicamente administrativo -cuando digo típicamente administrativo, que está vinculado a una actuación administrativa-; está el cohecho; está el blanqueo de capitales y están los delitos fiscales. Bien, no nos inventemos lo de la práctica mafiosa, que queda muy bonito, pero que no significa absolutamente nada.

Y yo he reconocido... –es otro problema que ha tenido el portavoz de Podemos, que como hoy se ha traído las intervenciones escritas...- yo he reconocido que estamos ante un caso de corrupción, pero de corrupción personal. Creo que es muy importante, en los términos actuales, en los términos actuales de corrupción de personas. El que una de esas personas, en ese momento, pudiera tener, en el caso de que esto llegara a confirmarse, una responsabilidad decisiva en la resolución no le da a eso un carácter de corrupción administrativa, de corrupción institucional, eso no arrastra... Me parece injusto, porque -le vuelvo a decir- los servicios jurídicos y el propio fiscal, que es muy importante... usted dirá: bueno, dónde están o para qué están... -ha preguntado un compañero del Parlamento- para qué están los servicios jurídicos. Bueno, los servicios jurídicos analizaron, hicieron su trabajo. Pero es que ha sido el fiscal, durante dos años, el que ha analizado; y no por casualidad, no existen querellados en todos esos pasos administrativos donde estos expedientes han estado servidos, y es muy importante. Y a mí me corresponde también, como jefe de la Administración de la Comunidad, subrayarlo, donde no se puede comprometer el trabajo serio, profesional, honesto y riguroso de los cientos de funcionarios que han participado en esto, porque no es un procedimiento dejado de la mano de Dios.

Mire, al portavoz de Ciudadanos le agradezco por reconocer... Hombre, no se trata de llevarle la contraria a la juez en el único documento oficial del que contamos, que no se ha perdido, que no se ha comprometido, que no ha habido perjuicio, que no ha habido malversación de dinero público; gracias. Pero es que es importante. Porque también algún portavoz de la Oposición lo primero que dijo es: ¡lo que hubiéramos podido hacer con ese dinero!; pues mire, no. Combatamos el enriquecimiento ilícito, ilegítimo. La Administración no otorga o no debe otorgar autorizaciones para que otros se lucren con esas autorizaciones, sino para desarrollo económico, para desarrollo industrial; ese era un principio que estaba desde el primer momento en la política industrial de Castilla y León. Si alguien se ha desviado, corrijamos eso, corrijámoslo, pero que lo... bueno, corrijámoslo... nosotros no, no nos erijamos en la función que le corresponde, en un Estado de derecho, al fiscal y, por supuesto, a la autoridad judicial, al juez que debe instruir y al juez que debe decidir. Pero, evidentemente, yo le agradezco que ponga de manifiesto.

Bueno, me ha hablado del caso, de nuevo, de Ibervento, que... yo le respeto mucho. Yo lo único que le he puesto de manifiesto es un caso entre 2.200 solicitudes, un caso. A mí no me da la... es que no me da la impresión, es que no me dio la impresión, es que cuando esto se reactivó –me han recordado que era hoy hace un año, ¿no?-, pues tuve que pedir todos los... claro, los antecedentes al gabinete, porque... Y si ustedes entienden que eso, en dos mil seis, le deben dejar al presidente de la Comunidad... No, porque es que incluso eso se atendió. Es más, y usted me lo subraya, ¡ojo!, yo seré el primero que si finalmente la autoridad judicial dice que eso se produjo por otras circunstancias... Pero usted me confirma, a las pocas semanas lo venden, y parece ser que lo venden a satisfacción. Porque, mire, no, no, los antiguos dueños perjudicados no se volvieron a dirigir, que yo sepa, a nadie, reiterando "¡oiga!, eso es un...", no, no parece que se mostraron satisfechos con el beneficio que obtuvieron. Y no voy a entrar en eso, y me parece también justo.

Mire, se lo reitero, señor Fernández, el problema de traerse las intervenciones escritas es que usted, en su primera intervención, ha dicho que yo no he pedido perdón. Yo he pedido perdón ante esta Comisión, aquí; claro, no lo voy a... no voy a estar todo el día zurriagándome, ¿eh?, ya me recuerdan algunos otros que tengo convicciones religiosas; ¡qué coño tendrá que ver eso! Bueno, pues yo le digo, hoy he pedido perdón, pero... [Murmullos]. Hoy he pedido perdón, pero, oiga, que sí que he hablado de corrupción, se lo acabo de explicar a su compañero.

Mire, los servicios jurídicos lo bueno que tienen, lo bueno... –no lo dispersen, es decir, no habría...- lo bueno que tienen los servicios jurídicos es que, en la mayor parte de los casos, allí donde está regulado, donde está tasado, pues informan; pero, mire, una instrucción pues no la tienen que informar los servicios jurídicos, un acuerdo concreto de avocación pues no lo tienen que informar los servicios jurídicos. Oiga, son las leyes de procedimiento administrativo, no me las invento yo, eso es ley nacional. Yo le he puesto de manifiesto que, por ejemplo, en el control de las transmisiones de los parques eólicos era y es más estricta la regulación de nuestro decreto del noventa y siete que la legislación estatal correspondiente, es lo que he querido indicarle.

Vuelve a estar equivocado, yo soy presidente desde el diecinueve de marzo de dos mil uno. ¡Hombre, que me lo está diciendo usted a mí! ¡Que yo me acuerdo, que de eso sí que tengo memoria! ¡Eso sí que lo conozco, que no me lo tiene que recordar! Y, desde luego, usted estaba por la labor de que José María Aznar... Pero, vamos a ver, que soy yo el que tomó posesión, querido. [Murmullos]. Pues no... es que lo sé, no sea... Vamos a ver, no se empecine, no sea usted el nuevo Empecinado, ¿eh? Mire, diecinueve de marzo del año dos mil uno. Y, desde luego, no me nombró presidente José María Aznar. Usted estaba loco por que el nombre de José María Aznar apareciera hoy en esta sesión. ¿Qué pinta José María Aznar en todo esto, que había dejado...? Claro, claro, claro, claro, claro, es que para usted... para usted todo es Wikipedia, la vida es Wikipedia, la vida es la red... [murmullos] ... la vida es la red, y por eso está usted enredado, y se ha enredado hoy, y se ha enredado hoy, y se ha enredado hoy. El Boletín Oficial del Estado, ahí está usted en el Boletín Oficial del Estado. Fíese usted de la Virgen y no corra.

Mire... y luego... y luego, ya sé... ya sé que a usted le ha pasado desapercibido, que a usted le importa absolutamente nada que después de todos estos años, ojo, con aspectos que hay que conocer, que hay que analizar y, en su caso, que habrá que castigar, esta Comunidad hoy tiene casi el 25 % del parque eólico. No me hable usted de que han huido los empresarios de aquí, es que es justamente lo contrario, mi querido amigo, es justamente lo contrario. Y yo he dedicado una parte de mi intervención precisamente a dar cuenta -y eso a usted no le interesa- de la energía eólica que se produce, del número de megavatios, del número de parques, del número de... de aerogeneradores, del empleo asociado, del número de trabajadores fabriles, y también del número de trabajadores de los servicios asociados.

Finalmente, al portavoz del Partido Socialista, mire, yo me sumo al respeto y al homenaje a los dos compañeros -yo he estado mucho tiempo con ellos y he trabajado; nos hemos entendido, hemos discrepado, cada uno en su función- a los cuales usted ha hecho referencia. Yo... en fin, yo no he hecho ningún reproche personal, yo simplemente he dicho que eso se dijo, y eso lo tienen ustedes que asumir. De la misma manera que ustedes tienen que asumir lo que ayer me pusieron por escrito. Cuando usted conoció todas estas circunstancias, como consecuencia del informe de la Agencia Tributaria, ¿cómo reaccionó? Yo se lo agradezco, porque eso es... Hombre, es que... es que eso es crítica constructiva.

Mire, responsabilidad política. Soy responsable, yo soy responsable. Soy responsable de lo bueno y de lo malo. Y lo bueno que tiene la democracia -se lo puedo decir después de dieciséis años- que, con ese conjunto de responsabilidades, yo me he sometido -ya no me voy a someter, porque considero que ya no es el momento- al veredicto cada cuatro años. Yo... yo es que... es que parece que es el señor José María Aznar el que me ha elegido en el año... el dieciséis de... qué barbaridad, el dieciséis de marzo el señor Aznar me pone... me instala aquí, y desde entonces me he anclado aquí y no me he marchado. Bueno, eso es lo que me están diciendo por parte de Podemos.

Y finalmente, mire, que no... que no estoy de acuerdo, que yo no puedo compartir con usted esa lectura extensiva que está realizando de la querella. Usted me está hablando de muchas cosas, de muchas personas, de muchas sospechas. Si usted tiene alguna sospecha fundada de algún otro comportamiento ilegal, ilegítimo, de algún promotor que tuvo trato de favor, de alguna otra comisión, de cohecho, tal, presunto, todo, lo que tiene que hacer es, hombre, no reprocharlo, no debatirlo en el marco de un... de un debate que yo he sustanciado en torno a la información de una querella. Si eso no está en la querella, usted lo que tiene que hacer es generar otra querella, otra denuncia. Pero no me lo reproche aquí, porque... porque usted me está haciendo una lectura -y sabe que es un poco trampa- pues parecida a lo que yo hablaba antes, de una causa general, o de un juicio político. No, no; señor Izquierdo, creo que no.

Miren, no sé si es mi última posibilidad de intervenir, pero yo en mi... en mi comparecencia he querido poner de manifiesto, en primer lugar, que el debate, que la comparecencia, se producía seriamente y básicamente sobre informaciones de los medios de comunicación, que, por las circunstancias que sean -que no son baladíes-, no hemos tenido acceso, en este caso -como no tuvimos o no tuvieron las Cortes-, a la querella... a la querella oficial, tampoco al procedimiento. He fijado posición en relación a la acusación popular. Pero sí que he subrayado la importancia que se deriva, cara a los ciudadanos, de lo que la juez, en el único documento disponible que hoy tenemos, y una vez -ella sí- analizada y valorada la querella, nos dice: que no hay en ninguno de los cuatro delitos perjuicio objetivo para los intereses de la Comunidad, para la hacienda de la Comunidad, que no ha habido malversación de fondos, y por eso no nos admite. Me hubiera gustado, me hubiera gustado, se lo digo sinceramente, comparecer hoy ya con la condición de presidente de una Junta y una Administración personada en este procedimiento, pero la juez ha entendido que no procede porque no existe perjuicio para la Administración.

Mire, yo he querido destacar también que, a raíz de las primeras informaciones que usted conoce, y que yo conozco -creo que usted no tenía... que ustedes no tenían información anterior o privilegiada-, el mes de abril de dos mil quince, como consecuencia de la publicación en un importantísimo medio de comunicación nacional, los servicios de la Junta verificaron que los expedientes se habían tramitado conforme a la legalidad y al procedimiento establecido, y que, por tanto, el problema no estaba en los expedientes. El problema, en el caso de algún delito, podía estar en lo que se habría producido, en algunos casos, en paralelo a los expedientes. Y mire, yo he subrayado, y me alegra, y quiero que quede también de nuevo, lo que la propia portavoz del PSOE en la comparecencia en dos mil quince del consejero señaló: hablaba de actividades ilícitas en expedientes impolutos. Y esto es importante, no porque confirme lo que yo digo, de que las irregularidades presuntas pudieron cometerse al margen, sino, hombre, porque los expedientes impolutos no es porque los impulsara Herrera, sino porque los impulsaban, como ustedes perfectamente saben, porque pertenecen, afortunadamente, a ese conjunto de servicios, aunque estén en este momento en excedencia o en servicios especiales, a los profesionales públicos. Son gente seria, son gente honesta. También a ellos yo creo que es conveniente. Y por eso he insistido que no podría hablarse –caso de confirmarse los hechos- de corrupción institucional o administrativa, sino, en todo caso, de corrupción de personas.

Mire, yo he explicado también... -y esto tiene yo creo que mucha importancia; algunos no lo han querido dar- a por qué el arranque de toda esta investigación se produce en el ámbito de la Agencia Tributaria. Primero, porque la Agencia Tributaria, igual que la Fiscalía Anticorrupción, igual que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado al servicio de la autoridad judicial, son instrumentos que tiene el Estado de derecho para investigarnos a todos. ¿Pero es que alguien entiende que, después de dos años, la Fiscalía Anticorrupción no ha hecho una investigación exhaustiva de aquellos... de todos aquellos que, por activa, pasiva o perifrástica, hubieran podido tener algo que ver con estos? ¿Es que no significa para nosotros nada, en ese reproche de esa interpretación extensiva de la querella, que el fiscal dirija su reproche -nada más que cuatro delitos, seis si tenemos en cuenta que son tres delitos fiscales- hacia veintiuna personas? Bueno, pues se tendrá que juzgar eso.

Yo respeto también la narración de hechos del fiscal. Evidentemente, está sometida a las normas de procedimiento y a las garantías del procedimiento, pero... pero yo lo respeto también. Ahora, no hagamos una interpretación extensiva. Bueno, no es baladí, no es casualidad, que la investigación, que los hechos, se conozcan de alante hacia atrás, esto es, que la Agencia Tributaria, como consecuencia... ¿qué conoce la Agencia Tributaria? Los movimientos económicos, desplazamientos de dineros. ¿Eso lo puede conocer la Administración de la Comunidad cuando se sitúa claramente al margen del... de la tramitación de los expedientes? Eso no lo conoce ni la Fiscalía, porque la Fiscalía comienza... comienza a actuar cuando le informa la Agencia Tributaria.

Luego, por favor, de verdad, no le exijan, no le exijan... ¡Ojo!, yo sé que sobre la responsabilidad in vigilando se puede teorizar mucho, pero no le exijan al... -además por esa... por ese razonamiento jerárquico de... piramidal al que he hecho referencia- no le exijan a la autoridad administrativa o política de la Comunidad lo que no se le podría exigir al... a la propia Fiscalía.

Es decir, hay una actuación a partir de la cual se detectan unos movimientos, se detecta una disposición de bienes, y, ¡ojo!, la Agencia, sin que nadie lo supiera –porque nunca lo supimos; yo, de hecho, no he llegado a tener en mis manos ese informe-, la Agencia –me imagino que allí se narrará- comienza a realizar unas investigaciones que, evidentemente... no que evidentemente, que vinculan esos movimientos, esos enriquecimientos, con un procedimiento de autorización administrativa, con una... un momento en esa fase. Bueno, eso es lo que se tiene que acreditar. Pero que en el momento mismo en el que nosotros conocemos ese informe de la Agencia Tributaria -que el... lo que se conoce es que la Agencia Tributaria se lo remite al fiscal, de la misma manera que recientemente que el fiscal lo ha mandado-, ¿que nos hemos movido? Ah, por supuesto. Yo tengo que decir -y me importa mucho que conste- que la labor ímproba, intensa, de la Fiscalía se ha producido también como consecuencia de nuestra colaboración, de la colaboración de muchos funcionarios de esta Administración pues que habrán tenido que dar su opinión o explicar o colaborar con la Agencia, y que, por cierto, no están querellados -por algo será-; y, en segundo lugar, de toda la documentación, muy completa, prolija: he llegado a hablar de 2.200 expedientes, señorías, 2.200 expedientes.

Mire, hemos repasado el procedimiento de parques eólicos, el del noventa y siete, un procedimiento -como he intentado indicar-, por supuesto, reglado y de actos debidos. Y sabemos lo importante que es eso para el principio –también constitucional- de no discrecionalidad de las decisiones administrativas. Un procedimiento complejo, pero también un procedimiento garantista, que –por cierto- responde a un modelo político, responde a una decisión política, responde al modelo de autorización y de proyectos sin competencia; que la propia Comisión Nacional de la Energía siempre dijo que era preferible, por ser mucho más abierto y transparente que otros modelos cuasi concesionales, los que –por cierto- algún compañero suyo de partido nos llegó aquí a proponer. Porque aquí -también consta en alguno de esos debates- se llegó a proponer que la Junta tenía que desarrollar toda la energía eólica con dos grandes empresas: una gran empresa energética –fíjense la guerra que hubiéramos tenido- y una gran empresa de fabricación de aerogeneradores.

Bueno, ese modelo oligopolista, de monopolio, es el que ustedes nos han planteado, es el que se ha desarrollado en otras Comunidades. Es el que se sustituyó aquí por un modelo mucho más abierto, donde –ustedes lo saben- hay una iniciativa de un solicitante que rápidamente se somete a competencia.

Mire, me he referido, y me vuelvo a referir, al uso de la avocación en las autorizaciones -y yo he indicado que esta es una figura con base en la ley procedimiento administrativo, esa no es una figura que se invente ninguna instrucción administrativa, la instrucción administrativa incluso no tiene valor de jerarquía normativa- y a la comprobación de que en todos y cada uno de esos casos en los que se usó se observaron los requisitos de forma, de fondo, de ausencia de impugnaciones y de número limitado de autorizaciones con avocación en las que el fiscal ha apreciado posibles irregularidades.

A mí esto me importa mucho, porque el fiscal ha analizado casi 200 autorizaciones en el período dos mil cinco-dos mil quince con avocación. Y, de ellas, ha dirigido la querella contra 35, pero no ha planteado -al menos por el momento, yo tampoco quiero significar absolutamente nada, porque está abierta la actuación judicial- ningún reproche a otras 162 autorizaciones con avocación que, vuelvo a decir, no tienen reproche alguno.

Mire, he defendido los objetivos de desarrollo y diversificación industrial, una filosofía inicialmente compartida, social y políticamente, en mil novecientos noventa y siete, una oportunidad de desarrollo. He detallado algunos de los resultados. Se los he tenido que reiterar a algunos de los procuradores que dicen que todo esto motivó la salida a tropel de empresarios. Mire, es que eso no es así, es que no se compadece con los datos; es que esta es la Comunidad líder en España en el desarrollo; estamos hablando del 25 %, estamos hablando de 6.700 millones de euros ya de inversión empresarial privada, estamos hablando de miles de megavatios, de miles de aerogeneradores, de 233 parques en ejercicio. Estamos hablando de industrias, algunas de ellas... -si ustedes las conocen y no las voy a localizar- algunas de ellas de referencia mundial en todo lo que es la elaboración de los elementos de los aerogeneradores y también la reparación y el mantenimiento de los mismos.

Y, bueno, para finalizar, mire, yo reitero que, como presidente de la Junta, lamento profundamente que hoy estemos aquí debatiendo. ¡Ojo!, este debate era necesario, pero lo tengo que lamentar, el debate... las circunstancias, el hecho, el que... el que esos presuntos hechos sean eso, presuntos hechos sobre los cuales tengamos que centrar nuestra atención, y no en los problemas actuales y vigentes... –también la corrupción lo es- actuales y vigentes, que son muchos, de la Comunidad.

Yo he reiterado y reitero mi absoluta confianza y mi disposición... mi confianza a la justicia. Entenderán ustedes, sobre todo después de pedirme el Grupo Socialista tantas veces la dimisión... ¡Hombre!, con algo tenían que compensar el desliz de ayer de reconocer que yo hasta el dos mil quince no conocía nada de las circunstancias a las cuales hacen referencia. Pero, mire, el primer interesado en que se esclarezcan; toda la colaboración. Yo he reconocido aquí que, aunque algunos señores son... o acaban de llegar y se quejan de que aquí dicen que hay una especie de pimpampum, estos son los hechos más graves que se han atribuido a una persona que ha sido –y he tenido cientos- alto cargo en mis gobiernos durante estos dieciséis años. ¿Cómo no iba a comparecer?, ¿cómo no voy a dar la cara?, ¿cómo no me puedo sentir afectado?, ¿cómo no puedo tener responsabilidad? Es la parte negativa, porque soy responsable en lo bueno y en lo malo.

Y, mire –yo con esto finalizo-, yo he pedido perdón, y yo sigo pidiendo perdón, y pido perdón por... y pido perdón por anticipado. Ya sé que para ustedes esto no sería suficiente, ya sé que ustedes, incluso antes de que este asunto se conozca, de que se depure, de que se resuelva, están pidiendo que se condene a personas, ¿eh?, no... Por lo tanto, ¿cómo no van a pedir que yo...?, ¿cómo no van a exigir que yo pida perdón hoy aquí? Pues mire, yo ejerzo la responsabilidad, y la ejerzo ante esta Comisión, ante las Cortes, ante los medios de comunicación, y con la convicción plena de confianza en la justicia.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, presidente. Terminado el turno de portavoces, se procede a la apertura de un turno para que el resto de procuradores presentes que no hayan actuado como portavoces de los distintos grupos puedan, escuetamente, formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información facilitada. Señor González Reglero, tiene la palabra.


EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Sí. Gracias, presidenta. Tres preguntas muy concretas. Decía el señor Mañueco que en todo este procedimiento, vamos, que se iba a valorar la personación del Partido Popular. Y le pregunto, señor Herrera, si cree usted que se ha visto beneficiado o perjudicado de alguna manera el Partido Popular en todo este procedimiento.

Dos. ¿Pone usted la mano en el fuego por usted mismo, por el señor Mañueco, por el señor Rafael Delgado y por el señor Villanueva? Son preguntas muy concretas, si pone usted la mano en el fuego por estas cuatro personas: por usted mismo, por el señor Mañueco, por el señor Rafael Delgado y por el señor Villanueva.

Y comentaba usted también que se había podido ver perjudicada la hacienda pública de acuerdo con este procedimiento. Si es que se ha visto perjudicada, ¿en qué cantidad ha calculado usted ese perjuicio que pudiera verse perjudicada la hacienda pública? Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor González Reglero. Señor Martín, tiene la palabra. Sí.


EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR HERRERA CAMPO):

Mire, señor Reglero, yo no estoy aquí en representación del Partido Popular. Por lo tanto, no me pida a mí... No se trata de poner la mano en el fuego. Yo le he explicado que un Gobierno y una Administración –y aquí estamos hablando de una Administración muy amplia, muy extensa- es una cadena de confianza. Y yo le he reiterado: yo no tengo ningún motivo, no tengo ningún motivo; ni la información relacionada con la querella ni de la propia querella parece deducirse para hoy retirar lo que yo siempre mantuve, hasta que quiso dejar de estar en el Gobierno. Mi confianza en don Tomás Villanueva; lo he dicho plenamente.

Y mire, tercera pregunta. Me plantea usted... que no, que no, que es que es justamente lo contrario. Me va... me va a animar a volver a leerlo. Yo lo he dicho al principio, sé que ha sido de madrugada, pero, mire, en este punto hay que destacar como el único documento oficial del que sí disponemos –aquí está; y sí que disponemos porque, lógicamente, ese auto nos los dicta a nosotros después de nuestra solicitud de personarnos en sus actuaciones-, el auto del juez de instrucción número 4 de Valladolid del pasado dieciséis de mayo –no estamos hablando de... estamos hablando del dieciséis de mayo-, por el que no admite la personación de la Junta como acusación particular en sus actuaciones, afirma con rotundidad: "Dicha personación no procede al no tener la Comunidad la condición de perjudicada por los delitos... por los cuatro delitos objeto del procedimiento, ni poder entenderse afectada por ellos la hacienda pública o los intereses que la misma representa. Ergo de esta terminante declaración y disposición que la juez, además, ha hecho –ella sí, porque tiene autoridad y competencia- después de conocer y examinar la querella de la Fiscalía, nos está diciendo a todos que, de acuerdo con lo actuado hasta este momento, los fondos públicos que administra la Junta no se han visto afectados por los hechos denunciados y que no ha habido en ningún momento malversación de dinero público". Con un factor añadido, señor Reglero, que la juez, en un auto muy trabajado, hace un tránsito por los cuatro delitos a los que se refiere la querella. Y aquí sí que puedo yo afirmar ya que son cuatro los delitos a los que se refiere la querella, porque en el auto judicial así se reconoce.

Y repasando uno por uno el alcance y las características de esos cuatro delitos, en cada uno de ellos –yo luego le dejo copia de ese auto-, en cada uno de ellos concluye que no se ha visto perjudicado la Hacienda Pública, que la Comunidad no tiene la condición de perjudicada, y que, por lo tanto, no se han visto afectados los intereses ni de la Hacienda ni de los intereses generales de la Comunidad. Eso es lo que yo le he manifestado, y seguramente ha habido una confusión, para que usted me hiciera la tercera pregunta que me ha formulado.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. Señor Martín, tiene la palabra.


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, presidenta. Muy rápidamente. En relación a algunas preguntas del cuestionario que tan amablemente le remitimos ayer para que pudiera preparar, y que, efectivamente, también ha utilizado también dos grupos de la Oposición, como ya adelantamos ayer, para montar sus intervenciones.

Antes que nada, una pregunta que no está en el cuestionario en relación a su intervención inicial, que no me ha quedado nada clara, y va un poco en la misma línea. Pero usted dice que intentaron personarse y ejercer la acusación particular en relación al expediente por delito fiscal por la implicación que tiene en la Comunidad, etcétera; son sus palabras. En la primera... en la primera intervención, la primera... la primera pregunta es en cuántos expedientes por delito fiscal se ha personado... ha intentado personarse como acusación particular la Junta. Ya le digo yo que uno, este, donde uno de sus argumentos era ese, o delito fiscal o ninguno.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín, tiene que hacer escuetamente las preguntas.


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Nunca, nunca, que yo sepa...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín...


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... se ha personado por delito fiscal.

En relación al cuestionario, efectivamente, ya sabíamos su respuesta a la cuestión catorce, porque es la que ha dicho siempre, de que usted se enteró por la prensa, y se enteró por la prensa cuando...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín, quiere...


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... la prensa publicó el informe de la Agencia.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín, por favor, realice escuetamente las preguntas. Gracias.


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

La pregunta... las preguntas... las preguntas es si es posible mantener eso, si es posible mantener eso, cuando usted ha tenido, y tiene, relaciones absolutamente continuas y constantes con altos directivos y con los presidentes de las grandes empresas eléctricas. Y las preguntas son si en ningún momento ellos le dijeron que les estaban chantajeando en Castilla y León. Si en ningún momento ellos les dijeron que tenían los expedientes parados y que les obligaban a constituir empresas... a constituir sociedades con empresas regionales que nada tenían que ver con el sector y que no aportaban nada a la petición. Si en ningún momento ellos le dijeron que de esta circunstancia el consejero Villanueva se sentía, además... se vanagloriaba, y lo hizo en su comparecencia en las Cortes en el dos mil... en el dos mil seis. Si en...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín, por favor...


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... si en ningún momento esas empresas, esos... esos empresarios le dijeron que después de cambiar la solicitud a nombre de estas empresas constituidas por grandes eléctricas y empresas regionales...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín, esa cuestión...


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Estoy haciendo las preguntas.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

No, pero es que esa cuestión ha sido ya planteada en esta Comisión...


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... el proceso... (No, no, no ha sido planteada en estos términos).


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

No, señor Martín, ha sido planteada por varios grupos en esta Comisión.


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... el proceso se desbloqueaba y la autorización se concedía en plazo récord, en algún caso de un día. Si en algún momento esas empresa, que perdieron, según el auto, más de...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín, estas cuestiones han sido planteadas ya por su portavoz.


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... más de 80... más de 80 millones... (No han sido planteadas).


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Yo no tengo ningún inconveniente en que las plantee su portavoz. Si a usted no le gusta, no es problema...


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Si en algún momento estas...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

... ni del compareciente ni de esta Presidencia...


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... si en algún momento estos directivos...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

... así que, por favor... Le voy a llamar al orden, señor Martín.


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... que perdieron 80 millones no le dijeron nada.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín, ¿tiene usted alguna pregunta concreta más que hacer?


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

¿Estos directivos le avisaron que se estaba...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

¿No tiene usted ninguna pregunta más?


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... chantajeando en Castilla y León?


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor, le voy a retirar la palabra.


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Bueno, ya está.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Bueno, muchas gracias. Para dar contestación, tiene la palabra el señor presidente.


EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR HERRERA CAMPO):

Muchas gracias, señora presidenta. Hombre, yo le entiendo. Es usted... es usted un procurador casi tan veterano como yo, y ayer, por la precipitación, por las... por las ganas de cobrarse pieza, pues es usted... porque, además, no por casualidad, firma usted el primero este escrito, que luego le somete a quien hoy ha sido portavoz de su grupo, haciéndole, lógicamente, pues meter la pata, vamos a decirlo... vamos a decirlo entre amigos. Mire -no, es que... es que usted mismo me lo pone de manifiesto-, "¿qué hizo cuando se enteró de todas estas circunstancias por las que usted me pregunta gracias al informe elaborado por un inspector de la Agencia Estatal Tributaria?". Yo no conocí nunca ese informe, publicado en medios de comunicación nacional. Sí, en abril del año dos mil quince, en abril de dos mil quince. [Murmullos]. No, nunca, jamás. Ya le he dicho que mis coincidencias fundamentales con el presidente de esa gran empresa se han producido fundamentalmente en los últimos años en relación a otra misión que tiene. No sé si le satisface o no le satisface la pregunta.

En cualquiera... en cualquiera de los casos, señor Martín, usted, que es un procurador pues incisivo, yo le... yo le pregunto: ¿dónde ha estado usted estos veinte últimos años? ¿Por qué no me ha formulado ninguna pregunta? ¿Por qué... por qué sus portavoces no me han formulado ninguna pregunta? Bueno, yo... [Murmullos]. No, pero, vamos a ver, si usted se diera por aludido, es su... No, no, no ha sido ninguna, ninguna alusión. En cualquiera de los casos, su grupo no me ha formulado en dieciséis años ni una sola pregunta al respecto.

Yo le agradezco mucho que, para preparar esta comparecencia, de nuevo a su portavoz le haya hecho deslizarse en lo que aquí se dice, y quedará para siempre: usted reconoce que el presidente se enteró de todas estas circunstancias gracias al informe elaborado por un inspector de la Agencia Estatal Tributaria y publicado en medios de comunicación nacional. Firmado: José Francisco Martín Martínez. Gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor López Prieto. [Murmullos]. Señor Martín... No, es que no tiene usted la palabra. La palabra la tiene el señor López Prieto.


EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Gracias, señora presidenta. Señor Herrera, ¿respeta usted la Intervención General del Estado, que en su informe de dieciséis de enero del dos mil dieciséis califica de ilegal la Instrucción 2/2004?

Y la segunda pregunta es lo que ha preguntado antes mi compañero, pero no lo tenemos claro si nos ha contestado, es por qué dejó de contar con Tomás Villanueva en el año dos mil quince, y si tuvo algo que ver la información aparecida en El País sobre esta presunta trama.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias, señor López Prieto. Tiene la palabra el señor presidente.


EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR HERRERA CAMPO):

Muchas gracias, señora presidenta. Es verdad que usted... en ese momento ustedes no tenían presencia. El señor Villanueva tomó una decisión política libre, legítima, y se... dejó la política, dejó la política activa. Es decir, no se trata de... no, dejó la política activa muchos meses antes, muchos meses antes de las elecciones autonómicas, y por tanto muchos meses antes de que esto surgiera como noticia en el año dos mil quince. Eso lo puede usted constatar. Por tanto, yo no tengo nada que decir al respecto.

Y en cuanto a la... ¿que si respeto a la Intervención? Sí. Me gustaría conocer su informe, pero vuelvo a decirle: usted... lo he... lo he repetido varias veces, y veo que no he tenido la capacidad de explicarlo. Es como cuando alguien nos señala lo preciosa que está una estrella, y alguien pues se... yo, tonto, me quedo... no, perdón, no... yo me quedo mirando el dedo de quien lo señala. No, mire, que yo no estoy hablando de que la avocación -porque no es así- esté justificada en una... en una instrucción; entre otras cosas, porque la instrucción no tiene valor o rango normativo. La avocación, el uso de la avocación, se ampara, se justifica, se explica y se referencia en cada uno de los acuerdos a una ley, Ley de Procedimiento Administrativo Común, que faculta u obliga a todas las Administraciones públicas y que, por ser ley, siempre tiene, cuando se cumplan los requisitos y condiciones, un rango superior -en un procedimiento- al decreto que regula ese procedimiento. Es lo que he explicado. Por lo demás, a mí me encantará, en su momento, conocer lo que la Intervención General del Estado... -ojo, cuyo criterio me parece siempre muy a tener en cuenta, porque son profesionales magníficos, pero no es autoridad judicial- lo que la Intervención General del Estado haya dicho en torno a la instrucción, en torno a la avocación y en torno a tantas otras cosas.

Mientras tanto, yo, para no venir aquí como un offsider –porque ya tengo bastante oxidados mis conocimientos jurídicos-, he pedido criterio a los servicios jurídicos de la Comunidad. Y los servicios jurídicos de la Comunidad me dicen –hombre, da un poco de rubor repetirlo- que la avocación es una figura normal, ordinaria, regulada y prevista para su utilización por las Administraciones en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Mire, esto hubo alguien que no es jurista –creo- y que me hizo la siguiente comparación –y, como estamos ya en la fase final de la comparecencia, pues me atrevo a compartirla con sus señorías-: esto es como si, como consecuencia del atraco a una entidad bancaria, alguien intenta responsabilizar al que construye la puerta de la entidad bancaria por la que han entrado los atracadores. La puerta está para la actividad ordinaria, para que entren los trabajadores, para que entren los clientes, tal. También la utilizan, pero fijarse en la puerta administrativa para que alguien con malas intenciones interactúe en procedimientos administrativos me parece un... me parece un error.

Por lo tanto, yo le digo: respeto lo que dice la Intervención. Usted, en su propia pregunta, se ha referido a la instrucción. Yo le digo que la instrucción en ningún caso tendría jerarquía normativa, y, por supuesto, no tendría jerarquía normativa para variar el procedimiento establecido por un decreto; pero la avocación que se utiliza –eso lo puede usted comprobar, y cualquier jurista se lo cerciorará- es una avocación fundamentada creo que, en concreto, en el Artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Y aquí estamos hablando de ley, y, por tanto, sí que me tendrán que explicar...

Otro debate, que yo también he querido plantear, es si hubiera sido preferible el hacer una modificación del decreto y residenciar la competencia... que en principio, bueno, hubo algún grupo que así lo planteó; hoy estaríamos hablando de un mal uso del decreto o de un mal uso de una norma. Pero, desde luego, quédese con la idea clara: la instrucción no tiene rango normativo, la instrucción es un procedimiento o un protocolo de actuación; las avocaciones sucesivas, casi 200, no se justifican en ningún caso en esa instrucción, ¿eh?, en la Ley de Procedimiento Administrativo en concreto, que sí que tiene jerarquía normativa superior a la del decreto. Gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, presidente. Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las trece horas cincuenta y cinco minutos].


DS(C) nº 320/9 del 31/5/2017

CVE="DSCOM-09-000320"





Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Comisión de Economía y Hacienda
DS(C) nº 320/9 del 31/5/2017
CVE: DSCOM-09-000320

DS(C) nº 320/9 del 31/5/2017. Comisión de Economía y Hacienda
Sesión Celebrada el día 31 de mayo de 2017, en Valladolid
Bajo la Presidencia de: Irene Cortés Calvo
Pags. 13888-13954

ORDEN DEL DÍA:

1. Comparecencia del Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León, SC/000281, a petición propia, para informar a la Comisión sobre:- Informaciones aparecidas en medios de comunicación, en relación a la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, sobre hechos relacionados con la concesión de autorizaciones administrativas para la instalación de parques de energía eólica en Castilla y León, que ha dado lugar a las Diligencias Previas número 658/2017, que se tramitan en el Juzgado de Instrucción N.º 4 de Valladolid.

SUMARIO:

 ** Se inicia la sesión a las diez horas.

 ** La presidenta, Sra. Cortés Calvo, abre la sesión.

 ** Intervención del procurador Sr. Izquierdo Roncero (Grupo Socialista) para comunicar sustituciones.

 ** Intervención del procurador Sr. López Prieto (Grupo Podemos CyL) para comunicar sustituciones.

 ** Intervención del procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos) para comunicar sustituciones.

 ** Intervención del procurador Sr. Cruz García (Grupo Popular) para comunicar sustituciones.

 ** Primer punto del orden del día. SC/000281.

 ** La secretaria, Sra. Acevedo Rodríguez, da lectura al primer punto del orden del día.

 ** Intervención del Sr. Herrera Campo, presidente de la Junta de Castilla y León, para informar a la Comisión.

 ** La presidenta, Sra. Cortés Calvo, abre un turno para la formulación de preguntas u observaciones por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios.

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. Sarrión Andaluz (Grupo Mixto).

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. Fernández Santos (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. Izquierdo Roncero (Grupo Socialista).

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. De la Hoz Quintano (Grupo Popular).

 ** Intervención del Sr. Herrera Campo, presidente de la Junta de Castilla y León, para responder a las cuestiones planteadas.

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Sarrión Andaluz (Grupo Mixto).

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Fernández Santos (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Izquierdo Roncero (Grupo Socialista).

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. De la Hoz Quintano (Grupo Popular).

 ** En turno de dúplica, interviene el Sr. Herrera Campo, presidente de la Junta de Castilla y León.

 ** La presidenta, Sra. Cortés Calvo, abre un turno de preguntas para los procuradores que no han intervenido en el debate.

 ** En turno de preguntas, interviene el procurador Sr. González Reglero (Grupo Socialista).

 ** Contestación del Sr. Herrera Campo, presidente de la Junta de Castilla y León.

 ** En turno de preguntas, interviene el procurador Sr. Martín Martínez (Grupo Socialista).

 ** Intervenciones de la presidenta, Sra. Cortés Calvo, y del procurador Sr. Martín Martínez (Grupo Socialista).

 ** Contestación del Sr. Herrera Campo, presidente de la Junta de Castilla y León.

 ** En turno de preguntas, interviene el procurador Sr. López Prieto (Grupo Podemos CyL).

 ** Contestación del Sr. Herrera Campo, presidente de la Junta de Castilla y León.

 ** La presidenta, Sra. Cortés Calvo, levanta la sesión.

 ** Se levanta la sesión a las trece horas cincuenta y cinco minutos.

TEXTO:

[Se inicia la sesión a las diez horas].


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Buenos días, señorías. Se abre la sesión. Damos la bienvenida al excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, que comparece hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda. ¿Los grupos parlamentarios tienen alguna sustitución que comunicar a esta Mesa? Sí, ¿Grupo Socialista?


EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Buenos días, señora... gracias, señora presidenta. Don Pedro González Reglero sustituye a don Juan Luis Cepa Álvarez.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias. ¿Grupo Parlamentario Podemos?


EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Buenos días. Juan Pablo Fernández Santos sustituye a Félix Díez.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias. ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

José Ignacio Delgado Palacios sustituye a Manuel Mitadiel.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias. El Grupo Mixto, no. ¿Grupo Popular?


EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, presidenta. Buenos días. En el Grupo Popular, don Raúl de la Hoz Quintano sustituye a doña Isabel Blanco Llamas y don José Manuel Fernández Santiago sustituye a don Alejandro Vázquez Ramos.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señorías. Por la señora secretaria se dará lectura del primer punto del orden del día.

SC/000281


LA SECRETARIA (SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, presidenta. Primer punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, Solicitud de Comparecencia 281, a petición propia, para informar a la Comisión sobre: Informaciones aparecidas en medios de comunicación, en relación a la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, sobre hechos relacionados con la concesión de autorizaciones administrativas para la instalación de parques de energía eólica en Castilla y León, que ha dado lugar a las Diligencias Previas número 658/2017, que se tramitan en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León.


EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR HERRERA CAMPO):

Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señoras y señores procuradores. Comparezco ante esta Comisión de Economía y Hacienda en relación con las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación sobre una querella formulada por la Fiscalía Anticorrupción por hechos que podrían ser constitutivos de delitos, relacionados con la autorización de parques eólicos en Castilla y León. Tras la presentación de la misma, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha abierto ya las diligencias previas número 658/2017. Mi comparecencia, esta mañana, se produce desde el más absoluto respeto y confianza en la actuación de la autoridad judicial, las reglas del procedimiento y las garantías del mismo.

La Junta de Castilla y León no dispone de la citada querella, pese a haber sido solicitada a la Fiscalía, y por haberse desestimado por el juzgado la petición de tener a la Junta como personada en el procedimiento en calidad de acusación particular. Por ello, señorías, mi intervención tiene que referirse a lo que conocemos sobre la misma a través de los medios de comunicación; sin duda, una paradoja que se produce a veces en un Estado de derecho, que actúa dentro de una sociedad abierta, donde los medios y la opinión pública juegan un papel fundamental.

Junto a lo anterior, para preparar el contenido de la intervención y para tomar conocimiento de toda esta materia, he tenido muy en cuenta la información que me han proporcionado los servicios jurídicos y técnicos de la Administración sobre los aspectos fundamentales de la regulación y la gestión de estos expedientes. Y, asimismo, se han consultado en los Diarios de Sesiones de estas Cortes anteriores comparecencias de otros miembros de la Junta.

A la vista de todo ello, abordaré en esta intervención tres planos distintos: uno, el de los presuntos hechos delictivos a los que se refiere la querella de la Fiscalía, siempre según la información disponible; dos, el del procedimiento administrativo de autorización de parques eólicos en Castilla y León; y tres, el de la política general impulsada por la Junta en relación con el desarrollo de energía eólica en nuestra Comunidad.

En el plano de los presuntos hechos delictivos, lo primero que debo afirmar, sin ningún tipo de reserva, es que, caso de confirmarse por la autoridad judicial la comisión de los mismos, estaríamos ante hechos de enorme gravedad, tan ilícitos como inmorales, merecedores de una contundente sanción por la Justicia. Unos hechos que, ya solo por su carácter de presuntos nos perjudican a todos, y en cuyo esclarecimiento la Junta ha prestado toda su colaboración desde el primer momento que tuvo conocimiento de los mismos. Y va a seguir haciéndolo.

En este punto hay que reseñar y hay que destacar como el único documento oficial del que la Junta sí dispone, el auto de la juez de instrucción número 4 de Valladolid -la que está conociendo de este asunto- del pasado reciente dieciséis de mayo, por el que no admite la personación de la Junta como acusación particular en sus actuaciones, afirma con rotundidad que dicha personación no procede al no tener la Comunidad la condición de perjudicada por los delitos objeto del procedimiento ni poder entenderse afectada por ellos la Hacienda pública o los intereses que la misma representa.

Esta terminante declaración y también disposición que la juez ha hecho después de conocer y de examinar la querella de la Fiscalía nos está diciendo a todos que, de acuerdo con lo actuado hasta este momento, los fondos públicos que administra la Junta no se han visto afectados por los hechos denunciados, y que no ha habido en ningún momento malversación de dinero público.

Señorías, según informan los medios, y en este caso confirma el citado auto judicial de dieciséis de mayo, la querella contempla cuatro posibles tipos de delitos: prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública. Es evidente que los tres últimos -cohecho, blanqueo y delito fiscal-, por su propia naturaleza, se habrían producido, en su caso, al margen de los procedimientos que gestiona la Administración y, presuntamente, con posterioridad a los mismos.

La presunta prevaricación, en cambio, sí podría estar relacionada con los procedimientos administrativos de autorización de parques, razón por la cual, cuando en abril de dos mil quince se conocieron -también a través de un medio de comunicación nacional- las primeras informaciones sobre este asunto, los servicios técnicos competentes revisaron todos aquellos expedientes de autorización y verificaron que habían sido tramitados conforme a la legalidad y el procedimiento administrativo establecido, sin perjuicio, claro está, de aquellas posibles actuaciones personales ilícitas que, de haberse producido, nunca hubieran tenido reflejo en aquellos expedientes.

En mi opinión, estos dos factores, la no afectación de fondos públicos, según señala la propia juez, y la corrección de los procedimientos, a juicio de los técnicos, apuntan con claridad a que, de confirmarse los hechos cuya investigación judicial acaba de iniciarse, estaríamos ante un caso de corrupción de personas, algunas de ellas, sin duda, que tuvo importantes responsabilidades público-administrativas, pero no ante un caso de corrupción de instituciones o de la propia Administración.

Según los medios, la querella se centra en la actuación de Rafael Delgado Núñez, que ocupó distintos altos cargos en la Junta desde mil novecientos noventa y cinco a dos mil once; y, entre ellos, fue viceconsejero de Economía entre dos mil tres y dos mil siete, años en los que intervino decisivamente en los procedimientos de autorización de parques eólicos en la Comunidad. La Fiscalía le considera autor de todos los presuntos delitos; en concreto, y según las informaciones publicadas, la Fiscalía denuncia que, aprovechando esa intervención, habría exigido a algunos solicitantes condiciones no regladas con el fin de favorecer, a través de ello, a empresas con las que tendría una especial relación.

Según los propios medios, la querella también se dirigiría contra otras veinte personas que podrían haber colaborado con el anterior en la comisión de alguno de los presuntos hechos delictivos. Quiero dejar constancia que, en relación a todas estas otras personas, causan especial alarma y preocupación las informaciones referidas a Alberto Esgueva Gutiérrez, por actuaciones de contenido económico muy elevado que este habría realizado en parte cuando, aun no siendo alto cargo de la Junta –nunca lo fue-, sí era, sin embargo, consejero delegado de una empresa participada por nuestra Agencia de Desarrollo Económico.

Debe recordarse que el origen de la investigación de la Fiscalía que ha dado lugar a su querella fue, al parecer, un informe elaborado por la Agencia Tributaria a finales de dos mil catorce, del que, como ya he indicado antes, se hizo eco un importante medio de comunicación nacional el veinte de abril de dos mil quince. La Junta tampoco pudo tener acceso a dicho informe pese a haberlo solicitado tanto a la Agencia Tributaria como a la propia Fiscalía Anticorrupción. Un acceso –conviene hoy recordar- que fue también denegado a estas Cortes de Castilla y León cuando lo solicitaron a finales del año dos mil quince, como pieza para el desarrollo de la Comisión de Investigación creada en este asunto.

Así pues, al parecer, los posibles delitos son descubiertos en el ámbito tributario al detectar... al detectarse movimientos de dinero entre empresas y particulares sin justificación aparente, y disposición de cantidades y bienes también sin justificación, hechos que la Agencia Tributaria conoce, investiga y relaciona finalmente con algunas autorizaciones administrativas de parques eólicos en la Comunidad. Es solo a partir del veinte de abril de dos mil quince, con la información de aquel medio de comunicación nacional, según la cual la Agencia Tributaria había remitido su informe a la Fiscalía Anticorrupción, cuando la Junta conoce la existencia de todos estos hechos, pues antes de esa fecha ninguna autoridad tributaria, ni judicial ni de cualquier otra índole se había puesto en contacto con ella en relación con los mismos.

A partir de esa fecha, veinte de abril de dos mil quince, y con toda celeridad, la Junta se puso a disposición y a colaborar proactivamente con la Justicia. El mismo día veinte de abril se remite escrito a la Fiscalía manifestando el desconocimiento de las actuaciones, acompañando informe técnico sobre la normativa y procedimiento de autorización de parques eólicos, poniendo a su disposición todos los expedientes de autorización, ofreciendo toda la colaboración en la investigación y manifestando la intención de personarse en las diligencias.

Siete días después, el veintisiete de abril, el entonces consejero de Economía compareció ante la Diputación Permanente de las Cortes, que ya se encontraban disueltas ante la convocatoria de las elecciones autonómicas que habían de celebrarse el veinticuatro de mayo. Posteriormente, como era nuestro deber, y también habíamos ofrecido desde el primer momento, la Junta ha venido colaborando con la Fiscalía en cuantas ocasiones esta lo ha requerido, ya solicitando el envío de documentación, ya la cooperación de empleados públicos conocedores de la tramitación de los procedimientos.

En concreto, en estos casi dos años, hasta en ocho ocasiones se ha remitido documentación a la Fiscalía, incluyendo los dieciséis expedientes de autorización completos que la Fiscalía ha solicitado; información exhaustiva en formato electrónico sobre los 209 parques autorizados entre dos mil cinco y dos mil quince; información sobre los casi 2.000 solicitudes presentadas en esos mismos años que no recibieron autorización; y otros informes jurídicos, técnicos y documentación solicitada.

El pasado veintinueve de abril, otro medio de comunicación, en este caso un medio de comunicación digital nacional, informó sobre la presentación de la querella por la Fiscalía. A raíz de esta información, y también con absoluta celeridad, el primer día hábil siguiente, que fue el dos de mayo, la Junta remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción manifestando su interés en que se le diera traslado del documento de la querella del que se estaban haciendo eco los medios de comunicación, y también, en su caso, de personarse en las diligencias, lo que no nos fue facilitado.

Hay que insistir en que, respecto de las presuntas actuaciones delictivas de las que los medios han informado estas últimas semanas, la Junta no tiene conocimiento, por tratarse, al parecer, de operaciones económicas exteriores al propio procedimiento, cuyas motivaciones, obviamente, no tenían reflejo en el mismo, y acerca de las cuales la Administración no recibió a lo largo de los años ninguna denuncia. Lo que nuestros servicios técnicos sí conocen es lo que deriva de los propios expedientes administrativos, cuyos principales datos, además, eran de conocimiento general a través de las múltiples y sucesivas informaciones públicas y publicación en los boletines oficiales que estos expedientes, como luego se dirá, conllevan.

Confiamos plenamente en que la Justicia esclarecerá todos estos hechos, los calificará jurídicamente, y, en su caso, impondrá a sus autores las sanciones previstas en la ley. Si esto llegara a producirse, y la Justicia confirmara la ilegalidad de las actuaciones a las que se refiere la querella, y en particular las de algún ex alto cargo, creo que, en nombre de la Junta, debo pedir perdón por anticipado por esta, aún hoy, presunta mala actuación. Lamento, de verdad, profundamente que se tengan hoy que investigar unos hechos que, de ser ciertos, serían tan radicalmente contrarios a nuestra voluntad de asentar el Gobierno y la Administración de esta Comunidad sobre unos principios legales y éticos irreprochables, pero me alegro de que el Estado de derecho cuente con instrumentos para detectarlos y conocerlos, y de que la Justicia esté actuando ya, pues esa es la fundamental garantía para todos de que vamos a conocer la verdad, y la mejor forma de que los ciudadanos puedan mantener su confianza en la honorabilidad y honestidad de la inmensa mayoría de los responsables públicos.

Paso así al segundo de los aspectos de esta intervención, que es el del plano del procedimiento administrativo. Según me informan nuestros servicios jurídicos, ese procedimiento es el de autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de energía eólica, regulado por el Decreto mil... –perdón- regulado por el Decreto 189/1997, de veintiséis de septiembre. Un procedimiento reglado y sometido a actos debidos, que se inicia con la presentación de una solicitud, que debe ir acompañada de una completa memoria que exprese, además de otros extremos, la capacidad técnica y financiera del solicitante. Esa solicitud se somete a información pública por anuncios en el BOCYL y en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente, indicando, entre otros datos, quién es el solicitante y qué municipios están afectados. Se abre, a partir de ese momento, un plazo de un mes para que puedan presentarse otros proyectos en competencia. Presentados estos, se lleva a cabo la fase de selección del proyecto, previos los informes procedentes, lo que finaliza con una resolución motivada. Tras ella, el solicitante del proyecto seleccionado debe presentar relación de afectados, documentación sobre la conexión a la red de distribución, el proyecto técnico y la documentación necesaria para la evaluación de impacto ambiental.

El expediente así formado es sometido a información pública, con anuncios en el BOCYL, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncio de los ayuntamientos que corresponda. También se notifica, en su caso, a los particulares afectados por el reconocimiento de utilidad pública con los que no se hubiere llegado antes a un acuerdo. Durante la información pública se presentan alegaciones, que el solicitante debe contestar, y se remite todo a Medio Ambiente para su valoración en la declaración de impacto ambiental, que se hace pública, asimismo, en el BOCYL. Por fin, la autorización administrativa se publica también íntegramente en el BOCYL y en el Boletín Oficial de la Provincia.

El funcionamiento definitivo del parque requiere, además, la presentación del proyecto de ejecución, la aprobación técnica de este, la ejecución material de las obras, el acta de puesta en marcha provisional, el período de pruebas, la obtención de las licencias municipales y el acta de puesta en marcha definitiva.

Como vemos, se trata de un procedimiento administrativo muy complejo, pero también muy garantista, en el que se somete a información pública y a publicidad cada solicitud, cada expediente, cada declaración de impacto y cada autorización. Y que, además, se tramita por funcionarios públicos que han demostrado ser tan profesionales como eficaces.

Según se me informa, sin embargo, ninguna de estas fases permitiría a la Administración de la Comunidad, ni a ningún interesado que tenga acceso a los expedientes a través de su múltiple publicidad, detectar los posibles actos o movimientos injustificados de dinero que han dado lugar, en este caso, a las investigaciones, primero, de la Agencia Tributaria y, después, de la Fiscalía. Hay que indicar que solo quien lo hizo, la Administración tributaria, tenía medios, capacidad y competencia para detectar esos movimientos injustificados y, a partir de ellos, iniciar la investigación. Ni la Administración de la Comunidad podía detectar algo así, ni tampoco podían hacerlo los particulares interesados.

Como antes señalé, a raíz de las primeras informaciones de los medios publicadas en abril de dos mil quince, los servicios técnicos verificaron todos los expedientes de autorización a los que la noticia se refería, e informaron que, a su juicio, su tramitación había sido conforme a la legalidad y al procedimiento establecido. Esto significaría que los presuntos delitos en ningún caso se habrían cometido a través de un procedimiento administrativo ilegal, sino con ocasión de un procedimiento administrativo plenamente legal; vamos, aprovechándose de este. Un procedimiento que concluía con autorizaciones a empresas que efectivamente cumplían los requisitos normativamente establecidos para recibirlas, pero, con ocasión del cual y al margen del mismo, se habrían podido producir, presuntamente, acuerdos, coacciones u otros actos dirigidos a obtener un provecho ilegítimo o un beneficio personal.

En este punto, quiero y cabe recordar las palabras de la portavoz del Grupo Socialista durante la comparecencia del anterior consejero de Economía el veintisiete de abril de dos mil quince –como he indicado- ante la Diputación Permanente de estas Cortes, cuando dicha portavoz valoró que estábamos ante unas actuaciones ilícitas realizadas en paralelo a unos procedimientos impolutos. Fin de la cita y nada que añadir.

A este respecto, señorías, creo necesario comentar ahora dos aspectos que sí han merecido estas últimas semanas la atención de los medios que han venido informando sobre este asunto: el uso de la figura de la avocación y el objetivo de fortalecer la industrialización de Castilla y León. En primer lugar, el uso de la figura de la avocación. El Decreto 189/1997 atribuye a los Servicios Territoriales de Industria la tramitación y la resolución de las solicitudes de autorización de parques eólicos en coordinación con todos los organismos afectados, reservando a la dirección general con competencia en energía dos facultades: la de seleccionar el más idóneo cuando se presenten proyectos en competencia y la de resolver la solicitud cuando el parque eólico o el aerogenerador afectase a más de una provincia.

No obstante lo anterior, se ha comprobado que en la mayoría –aunque no en todos- de los expedientes que la Fiscalía ha examinado, correspondientes al período dos mil cinco-dos mil quince, se utilizó la figura de la avocación de competencias, en virtud de la cual el viceconsejero de Economía asumía la de dictar la resolución de autorización correspondiente, como órgano superior a los servicios territoriales, los cuales recibieron, en abril de dos mil cuatro, una instrucción para aplicar dicha figura a estos procedimientos.

Según informan nuestros Servicios Jurídicos, la avocación de competencias es una figura prevista y regulada por la Ley de Procedimiento Administrativo para su uso por parte de las Administraciones públicas. Ley de Procedimiento Administrativo que, es ocioso recordar, es norma de rango superior al Decreto 189/1997, por lo que, si se cumplen sus requisitos legales, la avocación sería plenamente legal.

Pues bien, tras la revisión que han llevado a cabo de todos los expedientes, los técnicos han informado que, en todos los casos en que se produjo, la avocación efectuada cumplía los requisitos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo. Por un lado, en primer lugar, los requisitos de forma: que la avocación se realizase individualmente mediante acuerdo motivado, y que este fuera notificado, también individualmente, a los interesados con anterioridad a la resolución de autorización final que se dicte, lo que así sucedió en todos y cada uno de los expedientes en los que se hizo uso de la avocación, además con referencia expresa de que esta se producía al amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo. Esto figura en los boletines oficiales de la Comunidad.

Por otro, el requisito de fondo. Según la propia Ley de Procedimiento Administrativo, que circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial hicieran conveniente que un órgano superior conociera de asuntos en principio atribuidos a órganos dependientes del mismo.

También parece que dichas circunstancias están recogidas expresamente en la motivación de cada una de las avocaciones individuales y concretas efectuadas, y también fueron objeto de explicación en sede parlamentaria por el entonces consejero de Economía. Según esto, las circunstancias de fondo tenidas en cuenta fueron, en esencia, tres: uno, asegurar la consideración de las ventajas socioeconómicas para la Comunidad en su conjunto; dos, favorecer la imprescindible vinculación que la viabilidad de los parques debía tener con la planificación y la ordenación energética, tanto nacional como regional; y tres, resolver la complejidad que tenía la necesaria coordinación con las diferentes instancias intervinientes en estos expedientes. Recordemos: la autoridad de Industria, Medio Ambiente, Red Eléctrica de España y ayuntamientos afectados en especial, en un contexto, además –y esto es muy importante-, en el que se estaba produciendo una avalancha de solicitudes de autorización; que hay que recordar que fueron más de 2.200 solicitudes en Castilla y León en el período dos mil cinco-dos mil quince investigado por la Fiscalía, y, por tanto, con una proporción de unas once solicitudes por cada autorización final.

Así pues, como se ha informado técnicamente, y también se explicó en sede parlamentaria en su momento, en ese periodo de máximo volumen de solicitudes de autorización existían razones que justificaban que la resolución de los procedimientos no se realizase en cada servicio territorial sino a través de un órgano superior. Ello, sin perjuicio de que su tramitación siguiese realizándolo... realizándose –como así fue- por parte de los servicios territoriales, cuyas propuestas -según añaden también los técnicos- eran elevadas a autorizaciones sin sufrir cambio alguno.

Al margen de lo anterior, referido a los requisitos de forma y de fondo de la figura de la avocación, hay otros dos datos que a mi juicio apuntan por qué la avocación no ha sido, en este caso, el problema. Por un lado, los servicios técnicos informan que a lo largo de todos estos años no ha habido ni una sola impugnación o recurso contra un acuerdo de avocación de la competencia para resolver la autorización de parques eólicos.

Por otro lado, de la información publicada en los medios de comunicación se deduce que la mayoría de los expedientes en los que se utilizó la figura de la avocación no sufrieron, en paralelo, ninguna actuación presuntamente ilícita. Así, de las 209 autorizaciones que la Fiscalía solicitó y ha investigado, que fueron todas las concedidas en ese periodo dos mil cinco-dos mil quince, se utilizó la figura de la avocación en 197; de esas 197 autorizaciones, nuestros servicios informan que 35 podrían estar relacionadas con los hechos a los que, según los medios, se refiere la querella, mientras que las 162 autorizaciones restantes, en las que -hay que recordar- también se utilizó la figura de la avocación, no han recibido reproche alguno derivado de su investigación por la Fiscalía, que las ha conocido, que las ha examinado y que no ha hecho respecto de ellas ningún reproche en el texto de la querella, según los medios.

A la vista de todo lo anterior, parece que no es correcto afirmar que la avocación ha sido aquí el problema, sino, en todo caso, el mal uso de la misma en determinados supuestos, en determinadas autorizaciones, en los que pudo ser aprovechada para realizar actuaciones presuntamente ilícitas.

Hoy podemos debatir –y esto tendría sentido- si el amplio uso de esa figura legal fue la fórmula más adecuada o si, por el contrario, habría sido mejor llevar a cabo una modificación del decreto de mil novecientos noventa y siete. Algún grupo político de esta Cámara, de hecho, propuso modificar ese decreto para residenciar la competencia de autorización en el viceconsejero de Economía –textual-, y que así no fuera necesaria avocación alguna. Pero en este caso nadie puede hoy descartar que quizá ahora no estaríamos hablando del mal uso de la figura de la avocación, sino del mal uso de ese decreto modificado, por lo que, desgraciadamente, tal vez, no habrían cambiado demasiado las cosas.

El segundo aspecto que quería comentar es el del objetivo de fortalecer la industrialización de Castilla y León. Ya en una vieja interpelación sobre este tema, de veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, el entonces consejero de Industria explicaba que la filosofía de su departamento en materia eólica era conseguir un desarrollo industrial en Castilla y León, tanto en relación con la fabricación de los elementos necesarios para instalar los parques como en las labores de operación, mantenimiento, formación, etcétera. Una filosofía que había sido instada por el propio Consejo Económico y Social en su informe previo sobre el proyecto de decreto de mil novecientos noventa y siete, y que, a juzgar por los Diarios Oficiales de las Cortes, era básicamente compartida por los grupos que entonces contaban con representación parlamentaria.

Se trataba, por tanto, de un propósito que tenía una base normativa y que contaba con un amplio consenso político y social. Una vez más, lo mismo que en el caso de la avocación, el problema no parece estar en el objetivo de favorecer la industrialización de Castilla y León, un objetivo y un principio que creo que todos podemos, podríamos, y podemos también para el futuro, compartir, sino, en su caso, en el mal uso que hubiera podido hacerse de esa voluntad al negarse, presuntamente en algunos casos, el responsable de firmar las autorizaciones a hacerlo hasta que no se cumplían determinadas condiciones ilícitas o, al menos, no previstas en la regulación.

Cabe insistir en que, según dejó muy claro el entonces consejero en sus comparecencias en estas Cortes, el objetivo era el de promover una mayor industrialización de Castilla y León y la diversificación de la actividad industrial de sus empresas, esto es, facilitar el desarrollo de proyectos industriales serios, profesionales y estables, y evitar, en cambio, operaciones puramente especulativas. De hecho, una de las pretensiones del Decreto de mil novecientos noventa y siete era evitar la especulación en la transmisión de autorizaciones de parques eólicos.

A este fin, el titular de una autorización que quisiera trasmitirla y el posible adquirente de ella debían, y deben, someterse a la autorización previa de la dirección general con competencia en energía. El régimen de nuestro decreto es, además, en este sentido, más exigente que el previsto en la ley estatal del sector eléctrico y sus normas de desarrollo, al equiparar a esa transmisión de la autorización aquellas operaciones de compraventa de más del 50 % de las acciones o participaciones del capital social de la empresa titular del parque eólico o aerogenerador que tenga la autorización.

Por lo tanto, nuestra normativa no contempla con buenos ojos ningún tipo de operación especulativa, y menos aún, por supuesto, operaciones que podrían conllevar enriquecimientos ilegítimos. Creo, señorías, que es una barbaridad, por tanto, decir -como ha llegado a hacerse- que la normativa fue redactada con toda intención para facilitar la comisión de actos delictivos. Y lo puedo decir incluso desde la objetividad de quien era completamente ajeno, en su momento, a la redacción de esa normativa. Es justo todo lo contrario: la normativa de Castilla y León, en esta materia introdujo garantías adicionales a la de la legislación estatal, y además ha aplicado un modelo de autorización y de proyectos en competencia, que he explicado en su procedimiento, que es más abierto y transparente que los modelos casi concesionales aplicados en otras Comunidades, como así reconoció en su día la Comisión Nacional de la Energía, hoy Comisión de los Mercados y la Competencia. Una normativa, lo repito, que somete a información pública cada solicitud, cada expediente y cada declaración de impacto ambiental, y cada autorización.

A mi juicio, pues, atribuir estos presuntos hechos a la normativa de Castilla y León sería tan injusto como atribuírselos a la normativa estatal que previó importantes primas para la energía eólica; una normativa absolutamente legal y con un propósito loable. Otra cosa es que esa normativa, además de provocar una auténtica avalancha de solicitudes de personas legítimamente interesadas, fuera una ocasión aprovechada por algunos para llevar a cabo operaciones ilegales.

Señorías, analizo, por último, el plano de la política impulsada para el desarrollo de la energía eólica en Castilla y León. La eólica es una energía limpia que evita la producción de CO2, que reduce la dependencia energética exterior, que contribuye al objetivo europeo de que en dos mil veinte el 20 % de toda la potencia sea de origen renovable, y que, además, es una fuente clarísima de inversión y de generación de empleo, especialmente en el medio rural. Desde esas perspectivas, debería ser del todo compatible condenar sin paliativos unos posibles hechos delictivos y reconocer que la política impulsada para el desarrollo de la energía eólica en nuestra Comunidad ha sido adecuada y beneficiosa a sus intereses generales.

En los primeros años de este siglo se produjo una auténtica carrera entre las distintas Comunidades Autónomas para lograr la mayor instalación de potencia eólica en sus territorios y obtener así los máximos réditos en términos de inversión y de empleo. Una carrera que tenía lugar en un escenario complicado, en el que, según nuestros servicios técnicos, incidían, entre otras, estas circunstancias que hoy también debemos tener en cuenta: las sucesivas modificaciones de la planificación energética nacional, con unas previsiones cambiantes de potencia eólica máxima para Castilla y León, que en determinados momentos iban por detrás incluso de lo ya autorizado y en construcción, lo que exigía en cada caso reivindicar y obtener las correspondientes ampliaciones; las variaciones en la planificación y ordenación de las redes de evacuación y transporte de la energía eléctrica; y, por supuesto, las constantes variaciones en la regulación nacional del sector eólico, incentivado desde mil novecientos noventa y ocho, y con especial intensidad a partir del año dos mil cuatro, por el gran atractivo que supuso para la inversión en este sector la regulación y abono de una prima estatal, que provocó que en esos años se multiplicaran las expectativas y las peticiones de instalación de parques eólicos en toda España, y también en Castilla y León.

Pues bien, los datos acreditan que la nuestra ha sido una Comunidad que ha sabido aprovechar esta oportunidad, siendo la más destacada en España en la implantación y el desarrollo de la energía eólica.

Castilla y León es la Comunidad que cuenta, según los datos de la Asociación Empresarial Eólica, con mayor potencia eólica instalada: casi 5.600 megavatios, a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, lo que es más del 24 % del total nacional. Hablamos de 233 parques activos, con más de 4.300 aerogeneradores, capaces de producir una energía equivalente al consumo de 3,5 millones de familias, y con una inversión empresarial privada, ya movilizada, superior a los 6.700 millones de euros. A todo lo cual habría que añadir, además, otros 914 megavatios, correspondientes a otros 58 parques que, estando autorizados, no han iniciado aún su construcción.

Gracias a todo ello, de la práctica inexistencia de instalaciones industriales en este sector al comienzo del siglo, empresas de la Comunidad comenzaron a fabricar palas, torres, mecanizados, sistemas de control, elementos de fundición, carcasas de poliéster y sistemas de freno; y pasaron a realizar el montaje de la góndola y albergar diversos centros de logística y de reparación de los componentes de los aerogeneradores, algunos de los cuales son de referencia mundial. Un nuevo sector industrial, hasta ese momento inédito en la Comunidad, que hoy cuenta aquí con en torno a 2.100 empleos directos y otros 750 en las labores de operación y mantenimiento, fundamentalmente ocupados por jóvenes de las propias zonas en que están implantados los parques.

Considero, pues, que fue un acierto implantar un sistema favorecedor de la libre iniciativa empresarial, coherente con los principios de libre instalación y competencia recogidos en la ley estatal del sector eléctrico, lo cual ha favorecido la creación de un tejido empresarial diversificado y amplio, en vez de la opción de dejar todo este desarrollo en manos de unas pocas empresas, que fue la elegida por otras Comunidades, y que incluso aquí fue defendida en algún momento por algún grupo político que pidió un acuerdo entre nuestra Administración y tan solo una o dos grandes empresas energéticas.

Un buen resumen de los aspectos positivos que la energía eólica ha significado se recoge en una declaración nacional que en dos mil trece suscribieron muchos ayuntamientos en España; y entre ellos, 61 de Castilla y León, y de la que se hizo eco alguno de los grupos de estas Cortes, y, por tanto, figura en su Diario de Sesiones, y que dice así: "Nuestros municipios se han visto beneficiados a lo largo de los años por los parques eólicos allí instalados. Hemos visto prosperar nuestros pueblos gracias al empleo directo e indirecto generado, que ha permitido a nuestros jóvenes quedarse y no tener que emigrar a las ciudades. Hemos visto como nuestros vecinos han podido establecer empresas y negocios para ofrecer asistencia a esos parques. En definitiva, hemos visto como la energía eólica mejora el presente y el futuro económico y social de nuestras comarcas". Fin de la cita.

Cuando se investigan judicialmente comportamientos individuales que han podido generar el beneficio ilegítimo de unos pocos, me parece que es bueno también recordar los beneficios objetivos de interés público y general que el desarrollo de la energía eólica está produciendo en nuestra tierra.

Para concluir, señorías, y a modo de recapitulación, el desarrollo de la energía eólica en Castilla y León ha contribuido a generar y atraer importantes inversiones y un buen número de empleos en beneficio de todos. Revisados los procedimientos de autorización de parques por los correspondientes servicios técnicos y jurídicos, han informado que los mismos se tramitaron conforme a la legalidad y el procedimiento administrativo establecido, sin perjuicio, claro está, de otras actuaciones personales con motivaciones ocultas que, en caso de haberse producido, hubieran sido en paralelo a esos expedientes y nunca tendrían reflejo en los mismos.

Y, por último, reiterar una valoración: de confirmarse la comisión de los presuntos delitos difundidos por los medios, estaríamos ante unos hechos de enorme gravedad; los más graves, atribuidos a un ex alto cargo en todos los años que quien les habla lleva al frente de la Junta de Castilla y León. Esto justifica de sobra mi comparecencia aquí, esta mañana, y por ello me encuentro -no lo duden sus señorías- entre los más interesados en que la Justicia esclarezca plenamente y rápidamente dichos actos. En la Justicia confiamos, y a ella vamos a seguir prestando toda la colaboración que nos solicite, como desde el primer momento hemos hecho. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, se procede a la apertura de un turno de intervención de los distintos portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra el señor Sarrión, del Grupo Parlamentario Mixto.


EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bueno, buenos días. Y, en primer lugar, gracias por la comparecencia. A nosotros nos habría gustado que se hubiera realizado en Pleno, aunque también solicitamos esta comparecencia en esta Comisión. Por cierto, no habría estado mal que, además de añadir que viene a petición propia, no habría estado mal que hubiera añadido también que viene a petición del Grupo de Izquierda Unida-Equo, el Grupo Mixto, puesto que nosotros así se lo... lo solicitamos en estas Cortes. En todo caso, es una cuestión absolutamente menor.

Empezaré haciendo una reflexión en torno al tercer plano que usted planteaba, y que tiene poco que ver con lo que aquí nos trae, al menos a lo que es el texto central de la demanda, es decir, la cuestión sobre política general de la Junta en materia de energías renovables. Y espero que la presidenta de la Comisión sea tan benevolente con los grupos en sus intervenciones como lo ha sido con esta intervención al hablar de temas no directamente relacionados con la trama de las eólicas, sino con políticas generales de la Junta.

En esto, evidentemente, tendremos posiciones diferentes, porque cuando se habla de política general, lógicamente, la política general tiene siempre importantes imbricaciones con la posición ideológica de un grupo político. Y si bien podremos estar de acuerdo en la importante necesidad de la energía eólica, creo que el modo en que la Junta ha desarrollado este tipo de política precisamente es una de las causantes de tramas de corrupción como la que hoy estamos debatiendo. Y lo diré muy brevemente a través de un autor clásico, ya Platón lo dijo en La República, cuando separaba de manera abstracta la clase de los gobernantes, o de los guardianes, de la clase de los artesanos, cuando decía que aquellos que deben guardar del bienestar general de la ciudadanía no pueden ser propietarios de riquezas, no pueden ser personas cuyo objetivo sea enriquecerse.

Lo que aquí hemos visto, precisamente, señor presidente, es consecuencia de tener a un alto empresario al frente de un organismo al 95 % participado por finanzas de la Junta de Castilla y León, y es consecuencia de la relación constante y permanente que en nuestro país existe entre el sector de la política y el sector de los negocios.

Y entrando en materia, como usted ha señalado, estamos hablando de indicios de seis delitos, como usted mismo ha reconocido: delito de prevaricación, de cohecho, de blanqueo de capitales y otros tres delitos contra la Hacienda Pública. La persona central... y aquí entra mi primera sorpresa, cuando ustedes dicen, y lo han dicho ya varias veces, que este caso no ensucia a la Administración, parece sorprendente que se diga esto, cuando el principal autor de estos delitos sería la persona de Rafael Delgado, ex número dos de la Consejería de Economía y Hacienda, y exviceconsejero de Economía y secretario general de dicha Consejería entre dos mil tres y dos mil once, el número dos de Tomás Villanueva durante dieciséis años, en tres departamentos diferentes.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Rafael Delgado exigía... -y este es un término que se recoge literalmente, de acuerdo a los medios de comunicación, en la querella de la Fiscalía Anticorrupción- exigía a los promotores que desarrollaban parques eólicos ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto, bajo amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que exigía que fuera próxima al 40 %. Entre las empresas beneficiadas, las empresas locales beneficiadas por esta trama, cabrían destacar las de Alberto Esgueva, ex alto cargo de la Consejería, creador, junto a su hermano, de Industrias San Cayetano, y más tarde constructor en Varsovia; Germán José Martín Giraldo, socio de Esgueva en Polonia; y los hermanos Llorente Muñoz, dueños del Grupo Collosa, grupo que tuvo a sueldo, primero, a Federico Trillo y, después, a Vicente Martínez-Pujalte.

Entre las empresas beneficiadas, precisamente la Fiscalía Anticorrupción destaca que, de los empresarios amigos de Rafael Delgado, casi ninguno tenía interés en el negocio eólico; su permanencia en entidades promotoras fue muy corta en el tiempo, poco más de un año, algo impropio, según la Fiscalía Anticorrupción, de una inversión industrial. Y, además, también destaca el Fiscal Anticorrupción que esa permanencia no supuso ninguna aportación empresarial en dichas entidades promotoras. Estoy, al igual que usted, centrándome en las informaciones de medios de comunicación, que es lo que podemos tener a disposición.

Y ahora entro en materia, en una contradicción entre lo que me ha parecido entenderle y lo que yo entiendo en los medios de comunicación. Como usted sabe, en dos mil cuatro el señor Delgado ordena publicar una instrucción, que ha centrado una parte importante de su exposición, para que las autorizaciones administrativas ya no fuesen competencia de las delegaciones provinciales de la Junta, sino que dependiesen directamente de él; esta famosa avocación, que ha centrado una parte de su relato, desde un punto de vista del análisis jurídico-administrativo.

Una instrucción que, me ha parecido entender... -y corríjame si ha sido error de interpretación mío- me ha parecido entenderle que usted decía que el fiscal no pone en cuestión la ilegalidad de dicha avocación; yo tengo entendido precisamente lo contrario. Según la información que yo he podido recoger en los medios de comunicación, la instrucción, de acuerdo a la Fiscalía Anticorrupción, es manifiestamente ilegal, porque así lo dice un informe de la Intervención General del Estado, pedida, precisamente, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Así se lee en el artículo de El Confidencial que relata el informe de la... la querella de la Fiscalía, y en el cual dice literalmente –inicio cita-: "La ilegalidad de esta instrucción queda resaltada en el informe de la Intervención General del Estado de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, emitido a petición de esta fiscalía". Fin de la cita.

Por lo tanto, ya cabría poner en duda el hecho de su afirmación acerca de que estamos ante una avocación legal cuyo uso fue ilegal. Y, aun así, este debate nos parecería una excusa pobre; decir que la avocación era legal pero que el uso que se hizo de la misma fue ilegal nos parecería, francamente, una excusa poco convincente. En todo caso, si fuera como usted dice, si la avocación fuera legal y el mal uso fuera ilegal, en ese caso, señor presidente, estaríamos hablando de una pantalla legal para cometer delitos, una pantalla legal para cometer delitos, en el supuesto de que la avocación fuera ilegal. Yo entiendo la preocupación de la Administración en demostrar o en insistir en el carácter legal de la avocación, precisamente para elaborar un círculo en torno al cual no salgan las demás... las demás... posibles delitos, ¿no? Pero esto, al menos en la información que tenemos de la querella, no es así; la información de la que disponemos indica que, de acuerdo a un informe de Intervención, esta instrucción sería manifiestamente ilegal.

Y de acuerdo a este sistema ilegal, siguiendo de nuevo la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, de las 209 autorizaciones de parques en Castilla y León, 197 fueron resueltas por esa avocación a los viceconsejeros, un 71 % a Rafael Delgado y un 23 % a Begoña Hernández. Instrucción que habría permitido, siempre de acuerdo al Fiscal Anticorrupción, manipular la tramitación de los expedientes de los parques –y aquí estoy citando de nuevo la querella a través de los medios-, al controlar el momento en el que se debían tramitar los expedientes para otorgar las autorizaciones, con independencia de que los mismos cumpliesen o no los requisitos, para obtener la autorización administrativa.

Algunos ejemplos. El caso de IDER, S. L., en León, el cual fue frenado por el viceconsejero para que pudiera ser vendido a BIOVEL, empresa vinculada a Iberdrola.

Otro caso, el caso de Ibervento, con dos parques en Burgos. El viceconsejero no firmó la resolución de avocación porque quería asignar -según el Fiscal Anticorrupción- los parques a otros promotores; finalmente, el promotor termina vendiendo a Endesa e Inverduero, filial de Collosa. Fíjese como los nombres, además, se van repitiendo. Es decir, estamos viendo cómo van apareciendo diferentes empresas vinculadas siempre a distintos aspectos de la trama.

El parque eólico en Bureba, en Burgos, que no sale adelante hasta que se cambia la titularidad a una empresa participada por Alberto Esgueva. Siete días después de estos hechos se produce el visto bueno del viceconsejero Rafael Delgado.

O la gran beneficiada, el caso de San Cayetano Wind, propiedad de Alberto Esgueva Gutiérrez; Alberto Esgueva, que -como decíamos- es el principal beneficiado e imputado de la trama eólica de Castilla y León. La Fiscalía estima que ganó 47 millones de euros con este sistema de comisiones. Alguien que era, no lo olvidemos, consejero delegado de Excal, la oficina de internacionalización de la Junta de Castilla y León, y que, por cierto, facturaba su trabajo a través de una sociedad limitada, protagonizando también otro importante escándalo de una situación, como mínimo, irregular, ya que cuando asumió su cargo, en noviembre de dos mil tres, se estableció una remuneración que quedaba reflejada en una cuenta de sueldos y salarios de dicha entidad, y a partir del año siguiente se dejan de registrar los apuntes contables en ese apartado para pasar a registrarse otros nuevos en el subgrupo de Servicios Exteriores. Y a partir de ahí se empiezan a registrar servicios de dicho consejero delegado, del señor Alberto Esgueva, pasando a cobrar 11.600 euros mensuales, o 120.000 euros anuales, más IVA. Un incremento de sueldo del 114 % que hemos pagado la ciudadanía, porque –como decíamos y como usted ha dicho en su intervención- el 95 % del presupuesto de Excal salía de la Agencia de Desarrollo Económico, de naturaleza pública.

Hablamos, además, de que, además de Delgado y Esgueva, hay otras diecinueve personas, entre excargos de la Junta, empresarios y directivos; unos 80 millones de euros en comisiones ilegales, cobradas a cambio de beneficiar a empresas locales para la concesión de unos 50 parques eólicos. Y no olvidemos que, además, la Fiscalía Anticorrupción ha entregado querella al juzgado de Valladolid, pero que a día de hoy sigue investigando, que en este momento está investigando la pista del dinero en cuentas de empresas offshore, que ha solicitado comisiones...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Sarrión, tiene que ir terminando.


EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

(Finalizo inmediatamente, presidenta). ... ha solicitado comisiones rogatorias a Suiza y Mónaco, y espera conclusiones de un último informe de la Unidad de Apoyo a la Agencia Tributaria para decidir –y esto es muy importante- si se amplía la querella o no contra otras personas.

Por lo tanto, dos preguntas: ¿cómo se puede decir que no hay corrupción en la Administración o que esta trama no salpica a la Administración, si el principal corrupto es un viceconsejero y el secretario general, y el principal beneficiado es un ex alto cargo, ex consejero delegado de Excal, financiado al 95 % de la Junta? ¿Y cuándo van a desbloquear la Comisión de las eólicas para que de todo esto se pueda debatir despacio por parte de los grupos parlamentarios, con presencia de la ciudadanía? Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Sarrión. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Delgado Palacios.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señora presidenta. Señor Herrera, bien sabe usted que lo que correspondería a esta situación estaría en la Comisión de la trama eólica, pero, por desgracia, usted no acude a ella, y estamos en una Comisión, parece ser, que más le conviene, que es la de Economía. Habiéndose negado usted a dicha comparecencia, vamos a intentar dar luz, al menos, aquí a diferentes cuestiones, además muy claras. Confiemos, dicho lo cual, que la luz, ya que no viene de su Gobierno, venga de la Justicia, que –como bien sabemos todos- sigue trabajando todos los días.

Mire, señor Herrera, si usted fuera un presidente valiente –y yo creo que lo es-, esta comparecencia la hubiéramos hecho en la Comisión de la eólicas, que esperemos también verle algún día para profundizar mucho más. Pero sí que le quiero hacer una serie de preguntas para... a modo de reflexión, y que espero me conteste lo mejor y más claramente posible.

¿En qué momento habría tenido el presidente de la Junta de Castilla y León constancia de que se habrían estado cometiendo hechos presuntamente delictivos dentro del Gobierno de la Junta de Castilla y León?

Segunda. ¿Sería cierto que en el año dos mil seis –dos mil seis- el presidente de la Junta ya tenía conocimiento de la existencia de irregularidades en los parques eólicos, a través de una carta que el responsable de la empresa Ibervento le habría remitido? Dos mil seis –reitero-. ¿Habría abierto esta carta el presidente de la Junta o alguien de su equipo? Imaginemos que sí. En este caso, ¿habría emitido el presidente la orden de realizar algún tipo de gestión para investigar los hechos que en dicha carta se denunciaban?

Quinta. ¿Qué tipo de medidas se habrían adoptado en el momento en que tuvo conocimiento de dichos hechos? Ya sé que nos ha dicho que se han revisado todos los expedientes, y lo dábamos por hecho, pero si había algún tipo de medidas concretas. Y no me refiero a las de revisar expedientes, sino si se llamó a algunos despachos, si se indujo o se dedujo que había que poner coto, en fin, a diferentes cuestiones.

¿Por qué razones empresas que cumplían los requisitos necesarios se habrían quedado fuera de los proyectos, retrasándose las tramitaciones de sus expedientes durante años, cuando el plazo máximo era de tres meses? Usted ha aludido a ese famoso decreto, sí, muy extenso, muy claro; pero es curioso como unas se hacían muy pronto y otras estaban más de siete años esperando el sueño de los justos. ¿Sería cierta la existencia de la discriminación en esas actuaciones? Es decir, ¿eran aleatorias: a unas sí a otras no? ¿Se concederían únicamente a aquellas empresas del sector que estaban en manos afines a los supuestos -y ya sabemos- altos cargos de la Junta?

¿Qué opinión tendría el presidente de la Junta de la emisión de sentencias del Tribunal Supremo contra la gestión de su Gobierno sobre las concesiones de las eólicas, en caso que se hagan?

Desde luego, si estuviéramos donde teníamos que estar, que era en la Comisión de las eólicas, seguiríamos preguntándole: ¿cuáles habrían sido los motivos por los que el Partido Popular ha impedido la comparecencia en la Comisión de las personas que aparecen como titulares de las empresas implicadas en la trama eólica? Y fíjese, ya no hablamos ni de altos cargos, simplemente de las empresas, que tienen mucho que decir, como usted comprenderá.

Ese presidente que un día dice que lucha contra la corrupción, pero lo que hace es bloquear las Comisiones, como está haciendo, ¿habría cambiado de opinión, y permitiría ahora esas comparecencias, si hubiera sabido todo lo que sabe? Pero vemos que sigue sabiéndolo, y esperemos que de una vez por todas se resuelva.

¿Estaría el presidente de la Junta en condiciones de asegurar hoy que en su Gobierno, y en el partido del que forma parte, no se estarían cometiendo hechos delictivos, como los que se hacen referencia en la denuncia de la Fiscalía? ¿Usted está hoy en condiciones de decir que este tipo de delitos ya no se están haciendo?

Habiendo sido presidente de este partido, ¿habría tomado medidas de seguridad específicas en el seno de esta formación para impedir que sus miembros formasen parte de las tramas de esa presunta corrupción, como la de las eólicas? Ayer mismo hemos visto como otra trama, la de las solares, que ha pasado casi casi de tapadillo, han sido condenados, condenados, cargos de la Administración de la Junta de Castilla y León; y ya no estamos hablando de supuestos, estamos hablando de algo, por desgracia, tan sabido como que en la Junta de Castilla y León nunca se actuaba con la diligencia que se tenía que actuar, y que no todas las empresas tenían las mismas oportunidades.

En este sentido, ¿habría tenido el intento de personación –que casi ya da risa- del PP en el proceso la finalidad de servir de lavado de imagen, como parece ser? Porque ustedes, es curioso -y lo ha dicho usted en su comparecencia-, se personan cuando aparece en los medios de comunicación lo que ya sabemos todos; lo sabíamos, pero también es verdad que a través de los medios de comunicación. Y no sé por qué me da a mí la sensación, sin ser mal pensado, que, claro, ustedes se personan para: señora juez, señor juez, deme usted, para así a ver si me entero de todo. Pero ¿para qué? Para enterarse, ¿para qué? ¿Realmente con la intención de poner coto de una vez por todas a esas malas prácticas, o simplemente para planificar mejor sus defensas sabiendo, como están sabiendo, la que se les viene encima? Pero yo creo que a buen entendedor, pocas palabras.

¿Por qué no habría usado la vía de la acusación popular para personarse en dicho procedimiento, como así lo ha intentado? Pero realmente ¿para qué? Es una cosa casi casi de risa, en el sentido que sus consejeras, sus portavoces, siempre han dicho que la Junta de Castilla y León no ha sido damnificada, que aquí no se ha robado dinero; entonces, ¿para qué ese afán de personarse? Y, claro, es normal que los jueces le hayan dicho: usted a lo suyo, y déjenos a nosotros trabajar. Pero ¿para qué?, ¿para enterarse o para realmente contribuir al esclarecimiento de los hechos?

¿Usted confiaría que el Poder Judicial... cree que el Poder Judicial no terminará descubriendo el uso del dinero público de la trama para beneficio de miembros de su partido? ¿Usted realmente cree que es algo residual? ¿Habría seguido manteniendo el presidente de la Junta contacto o relación con aquellos excargos de su partido que están siendo investigados en la trama? Y estamos hablando desde el dos mil seis. Esa pregunta para nosotros es fundamental, para Ciudadanos, si lo sabía o no lo sabía; y es obvio que usted siguió manteniendo no relación con altos cargos, sino que los mantuvo y los ocupó en sus lugares.

¿Cuáles serían los motivos que habrían llevado a un presidente tan experimentado a seguir confiando en quien ocupaba la Consejería de Economía, el señor Tomás Villanueva, mano derecha suya durante tantos años? ¿Realmente el presidente de la Junta de Castilla y León nunca sospechó nada, cuando era vox populi que, por ejemplo, la trama solar, el que no tenía buenas relaciones con la Consejería de Economía no ponía ni un metro cuadrado de placas solares en este... en esta región? Y ya no digamos, como se ha demostrado, con los parques eólicos.

Y una pregunta fundamental, y usted, siendo paisano, como es, del señor Rafael Delgado Núñez, ¿tampoco conocía nada de sus procederes? ¿No sabía realmente a qué se dedicaba? En este mundo, no digo yo que todo el mundo habla de todo... de casi todo el mundo, pero, hombre, ante hechos tan graves como son los que son... y no será porque –le vuelvo a decir- empresarios han denunciado lo que han denunciado; y, además, hay hemerotecas enteras donde se dice, y no un empresario, sino varios –y lo vamos a ver en el procedimiento judicial-, como se les instaba, como se les obligaba a repartir la adjudicación de megavatios, porque, si no, no montaban ningún parque eólico. Si es una cosa tan clarividente que da hasta sonrojo y da hasta vergüenza.

De verdad, ¿usted no puede sospechar ni sospechaba toda la cuestión de "la perla negra", Portillo, las Cajas de Ahorro –que ya hablaremos-...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor... señor Delgado.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

... Gürtel, la Púnica?


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Delgado, perdone. Cíñase al objeto de la comparecencia. Se lo he advertido a todos los portavoces antes de comenzar esta Comisión.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Ya me imaginaba yo que hay que ceñirse; nos estamos ciñendo. Y antes que se me olvide, ¿usted podría asegurar hoy con absoluta certeza, ante toda la sociedad, ante esta Comisión, el presidente de la Junta de Castilla y León, que su mano derecha, el señor Fernández Mañueco, por entonces secretario general del Partido Popular, también desconocía los hechos delictivos que se explican en la denuncia de la Fiscalía? ¿Tampoco el secretario general del Partido Popular sabía y tenía conocimiento de estos delitos? Yo creo que estamos ante una trama eólica lamentable, que, sinceramente, la credibilidad de Castilla y León la estamos poniendo en juego, que, lamentablemente, ha ido en contra de muchos empresarios que quieren generar empleo, que quieren trabajar.

Usted se refería también, y me ha hecho mucha gracia, a esos... ese informe que a los ayuntamientos, lógicamente, les ha generado riqueza. Pero ¿a qué ayuntamientos? A los que ustedes querían solamente. Pregunte usted por ahí cuántos alcaldes y...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Delgado, señor Delgado, vaya terminando, por favor.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

... concejales han perdido su oportunidad. Gente honrada, gente de su partido, de todos los partidos, que todos los días trabajan gratis, y usted lo sabe, y no se les dieron la oportunidad, a través de la energía eólica, de haber hecho prosperar a su pueblo. Usted piense y reflexione. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Delgado. En turno de intervención, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, tiene la palabra el señor Fernández.


EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Gracias, presidenta. En primer lugar, señor Herrera, queremos lamentar el desprecio que usted demuestra por este Parlamento autonómico, por estas Cortes, donde reside la soberanía de los castellanos y leoneses, de las leonesas y castellanas. Lleva usted año y medio desdeñando la solicitud de todos los grupos de la Oposición para que comparezca en la Comisión de Investigación sobre la trama eólica y el edificio de Arroyo y Portillo, Comisión que lleva más de un año y medio bloqueada y cercenada por la voluntad política del Partido Popular, que está demostrando no querer investigar ni depurar ningún tipo de responsabilidad política en un asunto sobre el que tanto la Agencia Tributaria como la Fiscalía Anticorrupción han puesto de relieve múltiples irregularidades.

Nos parece triste y muy grave que usted, como máximo responsable de la Junta de Castilla y León, y hasta hace pocos meses de su partido, haya permitido y amparado ese bloqueo de la Comisión de Investigación, y también entendemos que los hechos que hoy se sustancian son lo suficientemente graves como para que esta comparecencia hubiese acaecido en esa Comisión de Investigación.

De igual forma, señor Herrera, nos resulta deplorable que usted demuestra que obedece y se debe no a la ciudadanía castellana y leonesa -a la que, por cierto, todavía no ha pedido perdón por haber mancillado el buen nombre de esta Comunidad-, sino que se debe única y exclusivamente a su partido, al Partido Popular, ya que solo se ha dignado a comparecer cuando así se lo ha indicado su nuevo jefe, el señor Maíllo... perdón, el señor Mañueco, el señor Fernández Mañueco, recientemente designado presidente del Partido Popular de Castilla y León. Y, además, comparece sobre la base de informaciones aparecidas en los medios de comunicación, a las que, al parecer, otorga más valor que a las peticiones registradas por los representantes en estas Cortes de buena parte de la ciudadanía castellana y leonesa.

También es desolador comprobar como usted, como su partido, en lugar de poner las instituciones al servicio de la ciudadanía, las utiliza en beneficio propio, patrimonializándolas, fabricándose una comparecencia a su medida, demostrando que entienden las mismas como un cortijo del que pueden disponer a su antojo y a su voluntad. De su comparecencia, señor presidente, espero que diga la verdad. Ya sé que es práctica usual de la Junta de Castilla y León mentir, ocultar y faltar a la verdad, como recientemente se ha comprobado con, por ejemplo, el caso de la sede comercial que ustedes tenían en Panamá y que negaron durante años, descubriéndose posteriormente que la sede estaba radicada allí.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Fernández, le repito lo mismo que le he dicho al portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos...


EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Pero espero que hoy diga la verdad...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

... cíñase usted al tema de la comparecencia...


EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Pero espero...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

... porque lo que acaba de referir no es objeto de esta comparecencia.


EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

... pero espero que usted hoy diga la verdad y que no se presente aquí imbuido por el "síndrome de la infanta".

Así que, señor presidente de la Junta de Castilla y León, quiero que me responda a las siguientes preguntas, que son muy claras. ¿Conoce usted las razones por las cuales algunos procedimientos administrativos relativos a la concesión de autorizaciones de parques eólicos se dilataron en el tiempo años, para acelerarse súbitamente después en semanas, o incluso días, coincidiendo con las avocaciones realizadas por el entonces viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León? ¿Era por aquel entonces, en dos mil cuatro, dos mil cinco y dos mil seis, usted el presidente de la Junta de Castilla y León? Un hombre de su dilatada trayectoria al frente de la Administración autonómica, y que por aquel entonces era presidente de la Junta de Castilla y León, ¿vio lógico que un procedimiento administrativo reglado sufriese esas anomalías?

¿Inició usted, ya que era por entonces el presidente de la Junta de Castilla y León y máximo responsable de esta Comunidad, algún procedimiento de averiguación o investigación interna ante estas anomalías? ¿Tuvo usted constancia o conocimiento durante el año dos mil cinco, año en el que usted era el presidente de la Junta de Castilla y León, de que algún empresario dirigiera y registrase escritos ante la Administración, denunciando tardanzas injustificadas y abusos de poder en la concesión de autorizaciones? ¿Recibió usted una carta en marzo de dos mil seis, año en el que usted era el presidente de la Junta de Castilla y León, poniéndole al corriente de las irregularidades constatadas por empresarios quejándose de sufrir discriminaciones y abusos de poder? A raíz de esa misiva, y siendo, como era usted, el presidente de la Junta de Castilla y León por entonces, ¿planteó u ordenó realizar algún tipo de investigación sobre estos asuntos, sobre estos hechos denunciados? ¿Cotejó o mandó hacerlo, al menos, a resultas de esta carta, y ya que usted, por entonces, era el presidente de la Junta de Castilla y León, las llamativas faltas de respuesta sobre las autorizaciones solicitadas? ¿Se preocupó usted, como presidente de la Junta de Castilla y León que era por entonces, por conocer las causas de las muy notorias demoras iniciales en los procesos de concesión de autorizaciones y en el repentino cambio en los mismos a raíz de la avocación del, en aquellos días, viceconsejero de Economía?

¿Compartía usted, como presidente de la Junta de Castilla y León que era por entonces, las razones por las que se justificó el uso sistemático de avocaciones para la concesión de autorizaciones administrativas de los parques eólicos, siempre por parte del por entonces viceconsejero de Economía, sabiendo que, con la excepción de la firma de la autorización, todo el expediente se instruía en el servicio territorial correspondiente? Y permítame que le reseñe que, según usted, justifica estas avocaciones por la complejidad del sistema, pero yo le voy a informar de que Rafael Delgado únicamente hacía la firma, ya que eran los servicios territoriales correspondientes los que se ocupaban de toda la tramitación.

Continúo. Al ser usted entonces el presidente de la Junta de Castilla y León y, por tanto, el máximo responsable en esta Comunidad, ¿no le chocó, o sorprendió, que estos actos administrativos se concentrasen únicamente en una sola persona, sobre la que ha quedado demostrado no había ningún tipo de control? ¿Usted, como presidente y máximo responsable de la Junta de Castilla y León que es, y era entonces, es favorable o partidario a este sistema de avocaciones? ¿De quién es la responsabilidad de la avocación y los plenos poderes del por aquel entonces viceconsejero de Economía, cuando usted era presidente de la Junta de Castilla y León?

Señor Juan Vicente Herrera, ¿sabe usted, es consciente, de que la Instrucción 2/2014, en la que se fundamentan y sustancian todas esas avocaciones realizadas por el entonces viceconsejero de Economía, cuando usted era el presidente de la Junta de Castilla y León, han sido calificadas como ilegales por la Intervención General del Estado en su informe del dieciséis de enero del dos mil diecisiete, emitido a petición de la Fiscalía?

¿Qué opinión le merece el hecho de que políticos del Partido Popular -entre otros, el en aquellos días viceconsejero de Economía-, junto con conseguidores y empresarios, conformasen una presunta trama, cuando usted era el presidente de la Junta de Castilla y León, que impidió la concurrencia en igualdad de oportunidades de todas las personas que querían montar un negocio eólico en Castilla y León, y que ha dado lugar a la intervención de la Fiscalía Anticorrupción?

¿Cómo valora el hecho, señor Herrera, de que haya empresarios que han declinado establecer o intentar establecer sus negocios en Castilla y León, dejando así de generar empleo y riqueza en esta tierra, debido a estas conductas, a estas prácticas, a esta trama ahora investigada por la Fiscalía Anticorrupción, a esta pérdida de confianza en la Comunidad, algo tan decisivo a la hora de realizar inversiones, y que tuvo lugar, que acaeció, cuando usted era presidente de la Junta de Castilla y León?

¿Qué le parece que altos cargos de su Gobierno, nombrados por la Junta de Castilla y León -de la cual usted era el presidente-, estén hoy imputados por la Fiscalía Anticorrupción debido a las praxis desempeñadas durante el desarrollo de su cargo, cuando usted era el presidente de la Junta de Castilla y León?

¿Cree usted que la Junta de Castilla y León, que preside, puso todos los medios y controles necesarios para evitar estos sucesos cuando usted era el presidente de la Junta de Castilla y León?

¿Tiene usted o tenía amistad con el señor Sánchez Galán, presidente de Iberdrola? Si es así, ¿es posible que nunca hablase con él de las exorbitadas cantidades de dinero que se manejaban en esas operaciones en aquellos tiempos en los que usted era el presidente de la Junta de Castilla y León?

¿Despachaba usted con frecuencia con el señor Tomás Villanueva en aquellos días en los que usted era el presidente de la Junta de Castilla y León? ¿Estaba usted al tanto de todo lo que sucedía en la Consejería de Economía? ¿Pedía usted informes periódicos de actuación en la misma al señor Tomás Villanueva o a alguien de su Consejería, como presidente de la Junta de Castilla y León que era usted por entonces?

¿Ha tenido usted acceso a la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción? Creo que ha dicho que no. Ante esto, yo le pregunto: ¿habla usted con su vicepresidente y con el consejero de la Presidencia actualmente, a día de hoy? ¿Sabe usted lo que es la responsabilidad in eligendo, señor Herrera? ¿Conoce usted lo que es la responsabilidad in vigilando? ¿Comparte usted la valoración de la portavoz de la Junta de Castilla y León de que estos hechos no constituyen un asunto de corrupción política por no haber dinero público de por medio?

¿Usted cree que el nombre de la Fiscalía Anticorrupción es casual? ¿Cree que su intervención, en este caso, es fruto del azar? ¿No le parece llamativo que un caso que usted dice que no es de corrupción esté siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción? ¿Lleva usted, señor Juan Vicente Herrera, siendo presidente de la Junta de Castilla y León...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Fernández, tiene que concluir.


EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

... desde el dieciséis de marzo del año dos mil uno?

Espero que me responda a las preguntas. Y yo, en los cinco minutos de réplica, le daré también solución a las mismas. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Fernández. En turno de intervención, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Izquierdo.


EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Gracias, señora presidenta. Señor Herrera, comparece usted en estas Cortes para dar explicaciones sobre la trama eólica con más de dos años de retraso, porque usted tendría que haber comparecido en aquella Diputación Permanente a la que envió al señor Villanueva a inmolarse. Lo hace usted a rastras, tras negarse reiteradamente a comparecer en la Comisión de Investigación y en el Pleno de estas Cortes después de conocerse la querella de la Fiscalía Anticorrupción. Viene usted con la misma intención que el señor Mañueco, la de no esclarecer nada, como ha demostrado... han demostrado ambos con el sainete de la personación en el caso, tanto de la Junta de Castilla y León como del Partido Popular. En lo de querer tapar la corrupción no hay ninguna diferencia entre el viejo y el nuevo Partido Popular de Castilla y León, señor Herrera.

Tras aquella comparecencia del señor Villanueva, los socialistas le pedimos la dimisión, y hoy, con más razones, si cabe, nuevamente le exigimos que asuma responsabilidades políticas por este y otros casos de corrupción, que la presidenta de la Mesa no me va a permitir citar, y que dimita como presidente de la Junta. Si no lo hace, seguirá usted mancillando la institución que personifica y el buen nombre de Castilla y León. No es una exigencia caprichosa. Y voy a relatarle nuestras razones para pedirle que dimita.

Primera. Tiene usted una responsabilidad in eligendo. Usted nombró directamente a tres consejeros implicados, al señor Villanueva, a la señora Ruiz y al señor Carriedo, consejeros de Medio Ambiente; y, mediante acuerdos de la Junta de Castilla y León, a dos viceconsejeros, el señor Delgado y la señora Hernández, a los directores generales de Energía, en particular al señor Carballada, y al que entonces era secretario general de Medio Ambiente –y hoy sigue siendo miembro de su Gobierno-, señor Jiménez. Algunos de ellos ya son investigados en varias causas por corrupción. Debe usted dimitir porque varios nombramientos le salieron rana, señor Herrera.

Segunda. Tiene usted una responsabilidad in vigilando, porque usted lo sabía, y a pesar de las reiteradas denuncias hechas entonces por los socialistas en el Pleno de las Cortes y de que algún empresario le comunicó por carta que estaba siendo extorsionado por su Gobierno, usted no hizo nada, señor Herrera. Es más, hace exactamente un año usted daba una rueda de prensa en la que siguió tratando de forma despectiva a esa empresa, como ya hizo el señor Villanueva en su comparecencia de febrero de dos mil seis. ¿Se da usted cuenta de las empresas que no habrán querido invertir en Castilla y León para no tener que pagar mordidas? ¿Se da usted cuenta de los empleos que se habrán perdido como consecuencia de eso? ¿Se da usted cuenta de por qué las empresas de todas las energías renovables, no solo de las eólicas, llamaban a nuestra tierra Sicilia y León? Porque su Gobierno ha realizado prácticas mafiosas, señor Herrera. Por eso también debe usted dimitir, por no vigilar el charco de ranas que ha enfangado el nombre de Castilla y León. Por eso usted mancilla la Presidencia de la Junta.

Solo por esas dos razones debería usted dimitir. Las mismas por las que Esperanza Aguirre dimitió, secuencialmente, de todas sus responsabilidades. Pero los socialistas pensamos que hay más razones para que lo haga. Esta es una trama de corrupción que usted no puede circunscribir a una o dos personas, altos cargos hace un tiempo; es una trama que corresponde a una acción de gobierno, de su Gobierno, señor Herrera.

Vamos a hacer un poco de memoria. A comienzos de la legislatura dos mil tres-dos mil siete su Gobierno decide coger las riendas del proceso con fines claramente espurios, vulnerando abiertamente la legalidad.

En primer lugar, el veintinueve de septiembre de dos mil tres, el señor Jiménez Blázquez –entonces secretario general de la Consejería, dirigida por María Jesús Ruiz- firma este escrito, remitido a todos los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, para paralizar las declaraciones de impacto ambiental, "como consecuencia –dice textualmente- de unas conversaciones mantenidas con la Consejería de Economía y Empleo". No se trata de un acto administrativo, sino de una carta absolutamente opaca, arbitraria, y que genera una absoluta indefensión en los administrados.

En segundo lugar, el catorce de abril, el director general de Energía y Minas, el señor Ordoñez Carballada, dicta la instrucción de avocación de competencias para que sea el viceconsejero, Rafael Delgado, el que autorice los parques. La instrucción se dicta –leo textualmente- "habiéndose acordado por razones de oportunidad avocar las competencias para resolver la autorización administrativa necesaria para dichas instalaciones en el viceconsejero de Economía". Convierten ustedes una excepción -la figura de la avocación- en regla general, sin publicarlo en el Boletín, nuevamente con total opacidad e indefensión. Y, señor Herrera, de lo que ha dicho usted, por favor, no continúe haciendo el ridículo; los acuerdos de avocación no son objeto de recursos con arreglo a la Ley de Procedimiento Administrativo. Por eso no hay ningún recurso contra esos acuerdos de avocación.

A partir de esos momentos, en una acción coordinada de las dos consejerías -por eso le digo que se trata de una trama fruto de su acción de gobierno, señor Herrera-, van sucediéndose escritos de los señores Jiménez y del señor Carballada para desbloquear las declaraciones de impacto ambiental y desbloquear totalmente los... las autorizaciones de parques eólicos, previa avocación de competencias -eso sí, para algunos parques muy concretos pero para otros no-.

Hace dos años, el señor Villanueva alegaba que lo de la avocación se hizo por razones de oportunidad, para coordinar la conexión a la red de todos los parques de Castilla y León, como si el señor Delgado tuviera en su cabeza la central de operaciones de Red Electrónica Española. Hoy lo que dice la Fiscalía Anticorrupción es que lo que tenía era un Excel donde controlaba qué empresas solicitaban los parques, a quiénes autorizaba –eso figura en las autorizaciones administrativas; no puede decir usted que no lo conocían- y qué cambios de titularidad se producían. Esas eran las verdaderas razones: las de su oportunidad, no las del interés general; una oportunidad que derivó en 80 millones de euros en comisiones, calculadas con fórmulas en las que se fijaba el precio por megavatio y se elevaron a escrituras públicas ante notario.

Mire, aquí tiene usted los plazos en los que algunas de las empresas de Alberto Esgueva recibieron autorizaciones de parques eólicos a los tres, siete o nueve días, no de tener conexión a la red sino de que hubieran cambiado la titularidad del parque de Iberdrola a Energía Global Castellana. La empresa... a Iberdrola la obligaron ustedes a entrar en ella y recomprarle las acciones, que valían 24.000 euros, por 47 millones. Decía entonces el señor Villanueva: acuerdos entre empresas y precio de mercado. No, señor Herrera, este es el precio de la extorsión para obtener las autorizaciones de los parques eólicos. Extorsión, señor Herrera, porque la mayoría de esos parques contaban con declaración de impacto ambiental incluso con años antes, y ustedes no los habían autorizado pese a que el decreto –no diga que cumplían la legalidad- les obligaba a hacerlo a los tres meses de contar con esa declaración de impacto ambiental favorable. Ustedes paralizaban las autorizaciones hasta que el extorsionado pasaba por el aro; una extorsión más grande que el cimborrio de la Catedral de Burgos.

Otros precios de la extorsión son los 10.500.000 que Alberto Esgueva se llevó también de Preneal, empresa a la que los promotores de "la perla negra" les sacaron 3.500.000, y Collosa otros 10.500.000; o los 4.500.000 que Iberdrola le entrega a su ex director general de Deportes.

De la consulta de los expedientes se aprecia que el mismo procedimiento entre que... mediante el que se habría obligado a Iberdrola a ceder parte de sus parques a empresarios locales y que luego volvieron íntegramente a sus manos se produjo con Aerocastilla, donde encontramos nuevamente a Collosa, LH Arias y Horizontes de Castilla, o con PH Renovables, donde encontramos al Grupo Pascual, etcétera, etcétera. No sería de extrañar la existencia de pagos millonarios por la recompra de acciones también en estos casos.

Y llegamos al paradigmático caso de Ibervento, los de la carta que usted comentó en la rueda de prensa, exactamente hoy hace un año. Tiene que ser frustrante para un empresario ver como pasan tres años esperando la autorización de los parques de Cantiruela y Las Pardas, tras haber superado el trámite ambiental, viendo como otros parques que empezaron más tarde van recibiendo las autorizaciones, viendo como el consejero Villanueva les desprecia en una comparecencia en las Cortes, como no reciben ningún amparo por su... por su parte después de escribirle, y que, harto de la extorsión, se vea forzado a vender sus parques a una empresa formada por Endesa y Collosa; las idóneas para ustedes, porque reciben la autorización tan solo dos días después de producirse ese cambio de titularidad. Y todavía usted seguía burlándose de la empresa hace un año en aquella rueda de prensa, señor Herrera.

Seguro que ha habido más "iberventos" extorsionados por la Junta de Castilla y León hasta ser expulsados del sector. Pregunte a los administradores de HL Generación Eólica, a los de Canon Power, Augusta Wind, Neg Micon o Vendaval Promociones. Su acción extorsionadora utilizó la fase de competencias de proyectos para expulsar empresas, demorando hasta catorce años las autorizaciones... las resoluciones, cuando tenían tres meses para hacerlo -no cumplían la legalidad, señor Herrera-, disuadiéndolos con declaraciones de impacto que tardaban en resolverse hasta dos y tres años -especialmente en la época en que el señor Carriedo era consejero de Medio Ambiente-, y, por último, con su avocación de competencias. Sus servicios técnicos les informaron de los pasos dados, no de que estuvieran correctamente resueltos; lo hemos visto en los servicios territoriales, señor Herrera. Extorsión y más extorsión. Sicilia y León en estado puro; una acción de gobierno putrefacta con la que algunos se han metido millones en sus bolsillos. Y usted, que hace dos años ponía la mano en el fuego por sus subordinados, señor Herrera, se estaba quemando a lo bonzo, y comparece hoy aquí políticamente achicharrado, señor Herrera.

Expulsaron a muchas empresas, pero pareciera como si las grandes eléctricas asumieran la extorsión a cambio del oligopolio resultante al final del proceso, una vez pagadas las mordidas tras recomprar las acciones a los empresarios locales. Y aquí me asalta una duda que quiero que me aclare: ¿no le llamaron a usted el señor Bécquer o el señor Sánchez Galán desde Iberdrola, o los responsables de Endesa u otras eléctricas, para decirle que dentro de la Junta de Castilla y León había piratas extorsionándoles?, ¿o todo respondía a un plan prediseñado al más alto nivel político y empresarial para repartirse la tarta eólica, señor Herrera? Sáquenos de dudas.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Izquierdo. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor De la Hoz.


EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Gracias, presidenta. Buenos días. Y comenzar, por supuesto, agradeciendo al presidente de la Junta su extensa, prolija y concreta exposición. La primera duda que asalta personalmente a este portavoz es básica, es: ¿debía usted, señor presidente, comparecer hoy aquí por unos hechos que conoce, como conocemos todos, única y exclusivamente a través de medios de comunicación, sin que tengamos ni el informe de la Agencia Tributaria, que se ha referido aquí, ni la propia querella, y sin que ni siquiera se haya admitido la personación de la Junta de Castilla y León en estas diligencias?

Pero, claro, las dudas se me generan aún más a la vista de las intervenciones de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra; portavoces que, salvo uno, traía escrita su intervención y se ha dedicado a hacer preguntas, la mayoría de las cuales, por cierto, ha contestado usted. Quizás hubiera sido más sencillo que hubieran dado una rueda de prensa o hubiesen entregado el documento y hubiéramos quedado todos más tranquilos; pedir explicaciones a quien las acaba de dar no parece tener mucha coherencia.

La siguiente cuestión que conviene destacar es la cuestión formal. A algunos parece que no les viene bien, en ningún caso, la forma que usted elija de comparecer: la Comisión de Economía, sí, la Comisión de Investigación, no; la Comisión Investigación, sí, y la de Economía, no. Yo simplemente quiero resaltar alguna cuestión, diferencias en cuanto al fondo entre la Comisión de Economía y la Comisión de Investigación, ninguna, ninguna. Creo que a ustedes no se les ha limitado y a nadie se le ha limitado aquí su capacidad de preguntar o de interpelar al compareciente sobre los hechos que son objeto de la comparecencia. Sí hay diferencia en cuanto a la forma; sí, efectivamente, en cuanto a la forma hay diferencia.

La primera, que... por ejemplo, que aquí ha podido intervenir el Grupo de Izquierda Unida, que en la Comisión de Investigación no podría intervenir; la segunda, también la posibilidad de que otros procuradores que no son miembros de la Comisión de Investigación puedan hacer preguntas -como estoy seguro harán-; la tercera, que ustedes... todos disponemos de más tiempo que el fijado en la Comisión de Investigación para intervenir; y la más importante, que la Comisión de Economía daba la oportunidad a los portavoces de venir aquí y dar sus explicaciones. Y realmente me resulta sorprendente, o a este grupo parlamentario le resulta absolutamente sorprendente, que quien lleva como única bandera de su posición el tema de la corrupción, quien hace de su único discurso -y lo hemos visto recientemente- la corrupción en Castilla y León, no haya querido estar hoy aquí dando las explicaciones debidas, dando la cara debida, sencillamente enfrentándose a usted, señor presidente. Deslegitima mucho las ausencias que hoy vemos en esta Cámara, deslegitima mucho de aquellos que, repito, quieren hacer de la corrupción su única y exclusiva bandera de oposición.

Claro, al final, para algunos suena más contundente lo de la Comisión de Investigación que lo de la Comisión de Economía, ¿verdad? Las formas son lo más importantes, el fondo, qué más da; se trataba de hacer un circo mediático, y, evidentemente, el circo mediático suena mucho mejor cuando hablamos de Comisión de Investigación que cuando hablamos de Comisión de Economía. Simplemente les doy un consejo: sepan ustedes que las actas de la Comisión de Economía se pueden trasladar a la Comisión de Investigación -al menos este grupo parlamentario así lo va a hacer-, por lo tanto, tengan ustedes la tranquilidad de que la comparecencia del presidente y sus preguntas que han sido formuladas pasarán a formar parte de la documentación de la Comisión de Investigación.

La siguiente cuestión que le han... se le ha preguntado al presidente, pero no corresponde al presidente contestar, que es sobre el funcionamiento de la Comisión de Investigación. Me voy a permitir... permítame, señor presidente, que conteste yo, y no usted, que creo que tiene poca relación con el funcionamiento de la Comisión de Investigación, en cuanto a que es usted Ejecutivo y no Legislativo. Lo primero que habría que saber es qué es una Comisión de Investigación. No voy a dar yo la definición, sino la voy a extraer de la doctrina parlamentaria. La Comisión de Investigación es un instrumento de control sobre asuntos de interés público de los que podrían derivarse responsabilidades políticas, no penales. ¿Qué sentido tiene -me pregunto- una declaración sobre hechos no probados de personas que aún no han prestado declaración en el juzgado –repito-, sobre hechos no probados de personas que no han prestado declaración en el juzgado, y se pretende que comparezcan aquí, sin garantías procesales, para ser preguntados por personas que no son objetivos, ni tienen por qué serlo, y además, como se ha demostrado aquí, tienen muy poco conocimiento de los hechos?

La Comisión de Investigación reanudará sus trabajos, sí, cuando haya avanzado la investigación judicial, subordinando la exención de responsabilidades penales... –perdón- políticas a la exención de las responsabilidades penales, que es lo que procede en un Estado de derecho en el cual hay división de poderes. Juicios paralelos no se van a admitir, en ningún caso, por parte de este grupo parlamentario.

Y centrándome ya en los hechos que son objeto de la comparecencia, efectivamente, se habla de una serie de delitos cometidos por... supuestamente cometidos por veintiún personas, dos de los cuales los habrían... serían funcionarios de la Junta de Castilla y León, y los delitos los habrían cometido en el ejercicio de sus cargos; por cierto -y aclaro-, ninguno de ellos son cargos del PP, para que les quede claro, porque parece ser que no lo tienen nada claro algunos de los que han intervenido. Y de la calificación inicial que de los mismos hace el Ministerio Fiscal, según el conocimiento que hemos tenido de los medios de comunicación, no habría malversación de caudales públicos; por lo tanto, no habría perjuicio económico de la Junta de Castilla y León.

Yo creo que esto, aunque haya personas aquí que no sean del mundo del derecho, creo que sabrían distinguirlo, porque de su intervención no he extraído que sepan distinguir cuándo hay perjuicio económico y cuándo no hay perjuicio económico para una Administración, y que de eso deriva la capacidad o no de personación en concepto de acusación particular. Y eso también supone la consideración de la concepción que el presidente ha dado de los hechos, de corrupción de personas y no corrupción de instituciones, que convendría también a algunas personas que no son del derecho, y es realmente grave en las personas que sí que vienen de este mundo, que no lo conozcan.

Estamos hablando de unos hechos sucedidos en el año dos mil seis y dos mil siete, que son descubiertos por una investigación tributaria, solo tributaria, del año dos mil quince; no hay evidencia anterior alguna de que hubiese comisión de delitos. Algunos -es fácil- hablan de Sicilia y León. Está muy bien, pero yo me pregunto: entre el año dos mil seis y dos mil siete, que suceden los hechos, y en el dos mil quince, esos que dicen que esto era Sicilia y León, y que los empresarios no invertían y sabían... ¡Oiga!, ¿qué hicieron durante ese tiempo? ¿Por qué no consta en esta Cámara ninguna interpelación, ninguna pregunta, ninguna solicitud de comparecencia respecto a lo que se supone era un escándalo público y nacional en torno a la energía eólica? ¿Dónde estaba la Oposición?, me pregunto yo. A lo mejor resulta que es que no era tal, a lo mejor resulta que no era tal y lo que estamos intentando aquí es sencillamente hacer ver o hacer... o aparentar la existencia de un gran escándalo, donde lo que hay es una presunta comisión de un delito por parte de unas personas que, aprovechándose de la Administración pública, actuaron en beneficio propio e ilícito.

El modelo de desarrollo de Castilla... de desarrollo de la energía eólica en Castilla y León fue un modelo positivo, un modelo que trajo importantes beneficios para la Comunidad Autónoma, sí, y lo decimos con absoluta claridad. Por cierto, un modelo que supo aprovechar la Comunidad Autónoma de forma eficiente: 3.000 empleos hoy viven de la energía eólica en Castilla y León, se han invertido 6.700 millones de euros en nuestra Comunidad Autónoma, y creo que eso es especialmente positivo, además, para el medio rural y para las zonas más deprimidas de nuestra Comunidad Autónoma.

Y el modelo normativo de desarrollo era el modelo normativo, desde nuestro punto de visto, adecuado. Primero, es un modelo normativo creado en el año mil novecientos noventa y siete (este señor, el que comparece hoy, no era presidente de la Comunidad Autónoma en el año mil novecientos noventa y siete; tampoco era consejero de Economía en aquel momento el señor Villanueva, por cierto), y recoge el modelo de autorización. ¿Por qué el modelo de autorización frente a otros modelos? Pues, primero, porque es el más adecuado conforme a la Ley del Sector Eléctrico. La Ley del Sector Eléctrico es el que establece –por cierto, de conformidad con lo establecido en la normativa comunitaria que hemos conocido después- el principio de libre instalación. Es el promotor el que elige el lugar donde se instala, en atención a las condiciones medioambientales, lógicamente, y económicas de la zona. No es la Administración la que determina dónde se instalan los parques eólicos en nuestra Comunidad Autónoma.

Rige también el principio de libre competencia. Hay un procedimiento establecido en el caso de concurrencia. Se ha dicho aquí; si se hubiera escuchado, o al menos si se hubiera leído el decreto, que parece que no ha sido leído, se hubiera conocido. Al inicio del procedimiento, después de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en los boletines oficiales de las provincias afectadas, aquellas personas que tengan interés en instalar un parque eólico en el mismo lugar donde otras... otra sociedad lo ha solicitado, abre un procedimiento de concurrencia competitiva; es decir, una selección de los proyectos para determinar cuál es el que procede instalarse.

Bien. Les ruego, por favor, de eso que parece ser un escándalo para algunos, revisen cuántos recursos hay a las resoluciones que determinan quién... cuál es el expediente que, en atención a los criterios técnicos, debe avanzar en el procedimiento administrativo y cuál debe de decaer; porque a lo mejor así algunos que dicen que esto funcionaba solamente para los amigos callarían sus críticas.

¿Por qué se elige este procedimiento y no el procedimiento de autorización... de adjudicación o de concesión? Porque... sencillamente, primero, porque es más garantista y, en segundo lugar, porque es más adecuado a los principios...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor De la Hoz, tiene que ir terminado.


EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

(Concluyo, presidenta). ... a los principios establecidos en la Ley del Sector Eléctrico.

Los expedientes, por cierto, sí, son necesariamente lentos, han de ser necesariamente lentos. Son procedimientos muy complejos, extraordinariamente complejos. Este procurador que les habla ha tenido la oportunidad no de ir a las Delegaciones Territoriales... –y concluyo con esto, presidenta- no de ir a las Delegaciones Territoriales a hacer ruedas de prensa, sino a conocer los expedientes. Y les puedo decir: cada uno de estos expedientes, al menos, contenía diez clasificadores. Son expedientes muy complejos, en el que intervienen muchas instancias, no solo la Junta de Castilla y León. No estamos hablando de un procedimiento en el que una persona solicita y después se le concede, pasado un tiempo, lo que solicita, no; estamos hablando de procedimientos complejos en el que interviene Red Eléctrica Española, los distribuidores, los ayuntamientos, los propietarios del suelo, otras instituciones, en el que cabe la posibilidad de recurso, en el que está... prima el principio de publicidad y en el que la Junta de Castilla y León –y concluyo con esto, presidenta- en absoluto interviene en la persona o en la titularidad de las acciones que tiene la empresa que promueve o la que finalmente se le adjudica.

Evidentemente -concluyo, presidenta-, ha podido haber, y así se está investigando, una actuación ilegítima o contraria a derecho por parte de algunas personas, pero eso en ningún caso justifica que nadie aquí hoy nos pueda venir a achacar la existencia de una trama...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Concluya, señor De la Hoz.


EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

... de una trama institucional o concertada en la Administración. Desgraciadamente, han sucedido los hechos, y la cuestión ahora será que los tribunales de justicia actúen de la manera más rápida...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Termine ya, señor De la Hoz.


EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

... y más acelerada posible. Nada más y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor De la Hoz. Tiene la palabra, para dar contestación a las cuestiones planteadas, el señor presidente.


EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR HERRERA CAMPO):

Muchas gracias, presidenta. Y debo comenzar agradeciendo a los portavoces de los grupos parlamentarios sus intervenciones. Yo quiero compartir con sus señorías una primera pregunta, que tiene mucho que ver con lo que ha sido una constante en el comienzo de las intervenciones de los grupos de la Oposición. ¿Por qué hoy, treinta de mayo de dos mil diecisiete, nos encontramos aquí, y por qué aquí, en la Comisión de Economía y Hacienda, debatiendo esta cuestión en los términos planteados por la solicitud de comparecencia? Bueno, sobre esto he recibido críticas de todos los grupos, incluido aquel grupo que lo vio primero, que lo pidió primero. Mire, señor Sarrión, seguramente, como ha sido al principio de mi intervención, no estaba usted en ese momento suficientemente atento. Yo no he hecho referencia de ninguna manera a que la comparecencia se producía a petición del presidente de la Junta. Y no tengo ninguna reserva en reconocer que esta petición, coincidiendo con lo solicitado por su señoría, se produce a petición del presidente y también a petición del grupo que usted representa.

Se ha dicho que precisamente por eso usted tiene... en relación a lo que sería la oportunidad en la Comisión de Investigación, de tener presencia, de tener opinión y de tener intervención. Pero, mire, es que algunos otros grupos -pensemos, por ejemplo, en el Grupo Parlamentario Socialista-, que, en un enorme ejemplo de agilidad parlamentaria, al día siguiente de conocerse, el pasado... el veintinueve de abril, al día siguiente lectivo de conocerse las primeras informaciones de prensa que daban noticia de que la Fiscalía había presentado su querella ante los juzgados de Valladolid, ya estaban pidiendo mi comparecencia ante el Pleno de la Cámara, nada más y nada menos que para debatir sobre la querella; algo que, un mes después, yo no puedo realizar, porque, desgraciadamente, esa querella, lo mismo que ocurrió –y lo saben sus señorías- con el informe de la Agencia Tributaria que dio lugar a este tipo de actuaciones de investigación, nos ha sido, de momento, denegada. Y no tengo que recordarles los términos en que le fue denegada a las Cortes de Castilla y León, el revolcón que nos pegó la propia Fiscalía Anticorrupción, ese texto que era básico para que se produjera, en primer lugar, el arranque de la Comisión de Investigación –y con esto me refiero ya al propio funcionamiento de esa Comisión-; y en segundo lugar, también, mi comparecencia ante el Pleno para hablar de la querella. Por cierto, señor Sarrión, usted también pedía mi comparecencia ante esta Comisión para hablar de la querella. Creo que los términos, mucho más ajustados, y además a los que -gracias, señoría- se ha ceñido su intervención, son los relativos a las informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre esa querella, que no conocemos.

Pues bien, yo no voy a entrar en mayores debates acerca del funcionamiento o no funcionamiento de la Comisión de Investigación. Sí que me gustaría reiterar algo que es, señorías, de sentido común. Ustedes hoy, en muchas de las preguntas formuladas, inquieren, requieren y, más allá de la pregunta, también afirman el grado de conocimiento de quien hoy comparece que tenía de estos actos a lo largo de todos estos años. Bueno, ¿pueden explicar la coherencia de esas afirmaciones, de esas rotundas afirmaciones, con el hecho absolutamente cierto de que en el momento de pedir las comparecencias ante la Comisión de Investigación no consideraran que tenía ningún interés, que tenía ningún sentido, la comparecencia de quien hoy comparece aquí? ¿Me lo pueden explicar? ¿Por qué, si ustedes tienen –digo- inclusive la certeza moral de que yo participaba, de que yo conocía, de que yo impulsaba, por qué en aquel momento no lo consideraron? Es que no lo puedo entender, y me da la impresión de que ustedes tampoco lo pueden explicar; salvo que digan: bueno, es que nos olvidamos, es que nos equivocamos, es que lo dejábamos para más tarde.

Miren, somos ya veteranos, y saben ustedes perfectamente, porque sobre eso hemos hablado, que ustedes son conscientes de que no consideraban que fuera a aportar quien, como luego explicaré, ha empezado a tener un conocimiento de estos hechos a raíz, primero, de las informaciones conocidas en abril de dos mil quince, y, de forma mucho más decidida, a partir de las informaciones conocidas hace un mes, que determinan que yo, efectivamente, me estudie, me prepare las cuestiones para comparecer con un poco de dignidad ante ustedes.

Momento procesal oportuno. Es el momento procesal oportuno, este es el momento procesal oportuno. Pero, además, yo lo entiendo por dos tipos de razonamientos, que espero que puedan, de alguna manera, compartir. En primer lugar, es que hay, según dicen los medios, ya una querella... nos consta que hay una querella oficial del fiscal, después de un intenso trabajo de dos años de la Fiscalía, donde modestamente hemos aportado, hemos colaborado –era nuestro deber, pero también lo habíamos ofrecido- todo lo que hemos podido. Y después de ese intenso trabajo, el fiscal elabora una querella y la eleva ya a la autoridad judicial. Y en esa querella... ¡oiga!, mire, es que me debo sentir concernido, es que después de dieciséis años... –es verdad que ustedes me han pedido la dimisión hasta por la muerte de Manolete-, después de dieciséis años, es la primera vez que en una querella se señala como autor central de cuatro delitos graves a un ex alto cargo de mi Gobierno. Es decir, yo tengo que venir aquí, ¿cómo no voy a venir aquí? Eso es absolutamente elemental. Pero también momento procesal oportuno, porque, sin duda alguna, este es el momento en el que existe ya una base adecuada para poder debatir estas cuestiones; esto sí, debatirlas en relación a las informaciones de los medios de comunicación y no al texto oficial de la querella.

Señor Fernández, me parece tremendo que usted aluda o insinúe aquí a un hecho que yo conozco, ¿cómo no voy a conocer? Que el texto, que la copia de esa querella circula, y circula por las redes. Pero, bueno, yo soy el presidente de una Comunidad Autónoma, yo les debo respeto a ustedes, yo debo respeto a la juez que está actuando, yo debo respeto al fiscal, que ha estado dos años trabajando en esa querella. ¿Qué sería el hecho de que yo hubiera manejado esa copia, de que yo hubiera, o mi Gobierno, accedido a una frívola... a un frívolo ofrecimiento, que incluso en un acto público se le hizo a un miembro del Gobierno, de esa... de ese texto, de esa copia? No, no, mire, por respeto a mí mismo, por respeto a ustedes, por respeto a la Cámara, por respeto al fiscal y por respeto a la juez, yo no puedo hablar de la querella, yo no puedo hablar de esa copia. Es más, señor Fernández, yo le aseguro... usted no me creerá, pero yo le aseguro: yo no he trabajado con ese texto, con esa querella, me he abstraído; he trabajado sobre las informaciones de los medios de comunicación, y por eso, por eso, la petición de comparecencia se ha ceñido a lo que los medios han venido informando al respecto.

Pues bien, hablaba yo de una fecha que es importante, la fecha reciente, del veintinueve de abril de este año -estamos hablando de hace un mes-. Esa mañana yo recuerdo que me dirigía a la Feria Agrícola de Lerma, e inmediatamente se me informa que un medio de comunicación nacional de contenido digital informa que la Fiscalía Anticorrupción había dado traslado a los juzgados de Valladolid de una querella, de una querella que ya es la consecuencia trabajada y depurada, con conclusiones, de un trabajo de dos años, y, por tanto, un documento al que debemos atender y prestar toda la importancia que tiene.

¿Qué hicimos a partir de ese mismo día, a partir de ese momento? Yo lo he intentado explicar en mi primera intervención. El siguiente día hábil -el veintinueve era sábado-, dos de mayo, la Junta se dirigió ¿a quién? A la Fiscalía Anticorrupción: señor fiscal, hemos tenido noticia a través de un medio de comunicación digital de que, finalizada sus investigaciones, hay una querella y que esa querella se traslada a los juzgados de Valladolid. Bueno, le anunciamos que necesitamos conocer esa querella para saber, para estudiarla, para debatirla, incluso con los grupos de Oposición, y también le anticipamos que nos gustaría personarnos en las actuaciones, nos gustaría personarnos en las actuaciones; se nos deniega esa posibilidad.

Al día siguiente, conocemos a través de los medios de comunicación -ya, en este caso, un medio de comunicación regional- que esa querella estaba en manos de la juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid. ¿Y qué hacemos inmediatamente? Dirigirnos a la juez y reproducirle: tenemos información de que hay una querella, necesitamos acceder a esa querella, queremos personarnos. La juez nos replantea: ¿en qué condición quieren ustedes personarse? Y nosotros inmediatamente -es que no hemos dejado pasar, de verdad, un día- volvemos a enviar un escrito diciendo: mire, hemos estudiado lo que dicen los medios de comunicación y creo... creemos que podríamos personarnos como acusación particular, como perjudicado, en virtud de uno de los delitos -que en realidad son tres- de los que habla la información y la querella, delito fiscal, delito fiscal en relación con el pago del IRPF.

Porque, como sus señorías conocen, pues la Comunidad tiene unas ciertas competencias; es verdad que son competencias relacionadas con la recaudación, no con la gestión del impuesto, que es lo que determina que la propia juez nos contesta y nos dice: mire, no, no son ustedes competentes en la gestión. Y nos dice, en ese importantísimo... ¿cómo ha podido pasar? Sobre todo, cuando se ha hecho aquí invocación, desde mi punto de vista, indebida al daño para la Administración pública, para la hacienda pública, o incluso a la responsabilidad del Partido Popular, un auto, un auto tan importante como es el auto de la juez, el único... –lo he dicho yo- el único documento oficial del que dispone la Junta, donde se dice clarísimamente que no ha resultada lesionada la hacienda de la Comunidad, los intereses generales de la Comunidad, y que, por tanto, no ha habido malversación de recursos públicos.

Es que me parece que es fundamental, es un elemento también de tranquilidad. Porque aquí se han dicho muchas barbaridades, porque es que algunos responsables políticos en ese momento ya estaban diciendo que cuántas cosas podíamos haber hecho con esos millones que se han debido repartir entre empresas particulares. Esos millones nunca, nunca, estuvieron en la caja pública, y, por tanto, todo eso no es más que pura demagogia sin sentido; ustedes lo saben, ustedes lo entienden.

Y bien, en ese mismo momento, en ese momento, cuando la juez nos deniega por esas causas, por no estar afectada la hacienda de la Comunidad, por no estar afectados los intereses de la Comunidad, por no haber malversación de recursos públicos, nos deniega la personación, tenemos que tomar una decisión. Y tomamos tres decisiones: la primera, no recurrir esa decisión de la juez; la segunda, con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo -también me anticipo a significarlo, porque algunos de los portavoces han hecho referencia a ello-, no personarnos como acusación particular... perdón, como acusación popular. Sobre esto, si quieren, lo debatimos, pero, vamos, para mí es meditado, y ante esta Comisión yo indico: esos intereses generales de lo público están perfectamente defendidos por el Ministerio Fiscal; lo han estado desde el momento en que el Ministerio Fiscal, en el año dos mil quince, comenzó a conocer esos hechos. Y, desde luego, la Junta le sigue ofreciendo al Ministerio Fiscal, y a la autoridad judicial por extensión, toda su colaboración. Pero, como ya ha dicho en varias ocasiones el Tribunal Constitucional, y también el Tribunal Supremo, para esa defensa se cuenta en el proceso penal con la figura del Ministerio Fiscal. Y, por tanto, la acción popular es una concesión a la participación del pueblo en la Justicia, no a la participación de más poderes en la justicia. Esto es claro, esto lo defiendo, esto lo podemos debatir, pero esto es incontrovertible.

Pues bien, en ese punto se decide también, en tercer lugar, que el presidente debe comparecer. Pero vuelvo a decir, porque estamos ante el momento procesal oportuno: han concluido unas actuaciones, en las que hemos colaborado dos años; hay una querella, no la conocemos, pero de los medios de comunicación resulta que el principal implicado en los hechos que en esa querella se definen es un alto cargo, un ex alto cargo de la Junta de Castilla y León; en buena medida, ex alto cargo en tiempos en los que yo era presidente de la Comunidad. Pues bien, ese es el porqué estamos hoy aquí.

Segunda pregunta: ¿para qué estamos hoy aquí?, ¿para qué? Bueno, mire, yo, con asombro, pero con mucho respeto, he escuchado aquí plantear... -la presidenta, haciendo uso de sus facultades, ha moderado esas partes de la intervención- plantear una auténtica causa general. Aquí se ha hablado de hasta tres consejeros. ¿Pero ustedes me pueden garantizar que en la querella del fiscal se hace referencia a algún consejero de la Junta de Castilla y León, actual o anterior? Miren, aquí se ha hablado, o se ha pretendido hablar, de todo, un totum revolutum, es decir... Simplemente -para ser objetivos- les ha faltado a ustedes hablar de...-vuelvo a decir- de la muerte de Manolete, o de los casos de los ERES en Andalucía; para ser objetivos, digo, ¿eh? Pero, si quieren, hablamos de la problemática de la corrupción política en España, que en buena medida afecta a mi partido político, ciertamente, en buena medida, señorías, sí, en buena medida, en buena medida; pero ustedes han planteado, en algunos casos, una causa general.

Por supuesto, ha habido fases de algunas intervenciones que lo que han planteado es un juicio sumarísimo. Yo entiendo... a mí me hubiera... yo fui opositor a notarías, no me hubiera importado ser opositor a juez o a fiscal; pero, bueno, es que aquí hemos visto algunas vocaciones de algunos que acusaban, que juzgaban y que incluso ejecutaban lo sentenciado. Pero, por favor, un poquito de respeto, porque eso también es respeto al papel que tiene, afortunadamente, en el Estado de derecho el Poder Judicial.

Y, finalmente, aquí se ha establecido un juicio político. ¿Pero dónde se habla, que yo sepa...? Incluso en las informaciones de prensa, en las informaciones de prensa, ¿dónde se habla del Partido Popular? ¿Qué sentido tiene hablar aquí del actual presidente del Partido Popular de Castilla y León, o de mi condición de presidente del Partido Popular en la época de esos hechos? ¿Dónde se habla?, ¿dónde se insinúa? Me parece, de verdad, absolutamente fuera de lugar. Incluso ustedes, no sé en virtud de qué consulta a no sé qué registro, atribuyen la condición de miembro del Partido Popular a determinadas personas que -en lo que yo sepa- nunca han sido miembros del Partido Popular. Nunca, nunca. No, no, si ustedes lo han dicho. [Murmullos]. Sí, sí, sí. Ya lo repasarán. Ya tendrán la oportunidad de repasarlo, sin duda alguna, o lo repasaremos todos.

Bueno, yo ya les he indicado: por respeto, el texto de lo que me trae aquí es comparecer en relación a las informaciones de los medios de comunicación. Hombre, y a los hechos ciertos: hay una querella del fiscal –no conocemos esa querella-; esa querella se dirige contra un ex alto cargo, fundamentalmente. Bueno, yo creo que es muy importante lo que la jueza nos dice en su auto; la jueza, en el auto, confirma que hay cuatro delitos, analiza los cuatro delitos y en cada uno de ellos concluye que no hay daño para la Hacienda pública de la Comunidad, que no ha habido, por lo tanto, malversación. Y, en definitiva, esto es, por lo menos, para lo que yo estoy aquí. Desde luego, yo no estoy para colaborar en ninguna causa general, en ningún juicio sumarísimo, ni tampoco en ningún juicio político.

Miren, señorías, la fecha clave de muchas de las cuestiones que sus señorías me han planteado es el veinte de abril del año dos mil quince. Ese es el día en el que un gran medio de comunicación nacional también nos informa... –es el papel también de los medios, pero, en fin, no le vamos a poner ningún reparo- también nos informa que la Agencia Tributaria ha elevado a la Fiscalía Anticorrupción un informe -que además es un informe de carácter tributario- que comienza como consecuencia de la detección por la Agencia Tributaria –que tiene esos instrumentos para hacerlo- de determinados movimientos de fondos y de dinero entre particulares, entre empresas, y que podrían, incluso, afectar pues a algún... a alguna persona. Luego se comprueba –según esa información- podrían afectar pues a algunas personas que tenían alguna responsabilidad política.

Bueno, ese es el momento en el que les puedo asegurar –y más allá de mi conocimiento y de mi apoyo a los principios generales y a los objetivos generales de la política general de la Junta de Castilla y León en materia energética, y particularmente en materia de energía eólica- comienza mi conocimiento, comienza mi preocupación y comienza mi ocupación por el tema... por el tema eólico.

Mire, yo quiero decirles que, antes de esa información del veinte de abril del dos mil quince, en la Comunidad ha habido una mínima litigiosidad en este ámbito, mínima, en un procedimiento que –no lo olvidemos- se pone en marcha en el año mil novecientos noventa y siete. Estamos hablando de veinte años en la Comunidad. Mínima litigiosidad -tengo aquí algunos datos muy relativos-, a pesar de tratarse de unos procedimientos muy complejos –como he intentado explicar- y en los que en un determinado momento –a partir del dos mil cuatro, sobre todo con la regulación de la prima estatal- se produce una avalancha de solicitudes... pensemos que en aquel momento, y al final, solo alcanzan autorización, por capacidad, uno de cada once solicitudes. Estamos hablando de 2.200 solicitudes en aquel periodo; 2.200 solicitudes. Pues bien, mire, señoría, sí hubo –y cabe citar- alguna impugnación contra las resoluciones iniciales de los proyectos en competencia, alguna hubo. Evidentemente, ahí se producía una competencia, y, por tanto, alguna empresa creyó tener un derecho preferente, no suficientemente valorado, pero que no prosperó. Sí hubo algunas impugnaciones en relación a las resoluciones de autorización, resoluciones de autorización -esto tiene algo que ver con algo que me ha afeado su señoría desde el punto de vista del informe jurídico-, resoluciones de autorización, pero en su práctica totalidad esas impugnaciones lo fueron por razones de carácter medioambiental.

Usted sabe que el desarrollo de esta energía tiene también unas condiciones, unos requerimientos, unas exigencias que también en muchos grupos, a muchas personas, les plantea pues dudas, y lo impugnan, ¿eh? Y dentro de esas impugnaciones a las resoluciones de autorización –y, por tanto, corrijo y circunscribo mi... admito su corrección-, no ha habido ni un solo recurso contra la resolución concreta de avocación. En todas constaba, en todas las... -usted lo puede comprobar, usted lo sabe, porque han estudiado los expedientes- en todas las resoluciones finales de adjudicación, en todas, en las cuales se utilizó la avocación, comienza esa resolución haciendo referencia, por cierto, sobre la base del Artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Y con esto entro en algo que es lógico... -quienes no conozcan, o quienes no hayan estudiado durante estas semanas el procedimiento administrativo o el derecho administrativo, no lo entienden-. Pueden sus señorías tener una base de razón cuando hablan de... -yo no lo conozco tampoco- de si la instrucción tiene rango normativo inferior al... Mire, para empezar, la instrucción no tiene rango normativo; la instrucción es, simplemente, un protocolo de actuación, y, por lo tanto, decir que ese protocolo es ilegal... podrá decirse que a lo mejor es inservible, pero es que las avocaciones... perdón, que a lo mejor es inservible, pero es que las avocaciones no estaban basadas en ese protocolo, no estaban basadas en esa instrucción. Yo lo que quiero que entiendan conmigo –lo he intentado explicar en mi primera intervención, pero las suyas me dan pie a volverlo a explicar- que las avocaciones, con referencia expresa cada una de ellas, cada una, individual -no solamente a las motivaciones sino a su base legal-, están basadas en el Artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que tiene una jerarquía normativa superior al procedimiento regulado por un decreto de la Junta de Castilla y León del año mil novecientos noventa y siete de este expediente tramitado.

Luego, miren, yo lo he dicho, hoy podemos debatir aquí teóricamente, y es un debate jurídico que les acepto, me parece hasta precioso. Si hubiera sido preferible que, concurriendo... –como yo he hecho referencia también, y como ya se ha expuesto aquí- concurriendo en aquel período circunstancias que, por razones de eficacia de la Administración y de mayor coordinación en la resolución, determinaron que se hiciera un uso amplio, no absoluto, de la avocación, si hubiera sido preferible en aquel momento modificar el decreto. ¿Hubiera sido preferible? No lo sé. Mire, su grupo lo planteó, pero recuerden lo que planteó su grupo: es mejor que ustedes modifiquen el decreto y que, directamente, en lugar de continuar residenciada la resolución ordinaria de estos expedientes en los servicios territoriales, pase directamente al viceconsejero de Economía.

Bueno, si, desgraciadamente, al final se confirman los hechos que apuntan en la denuncia, ¿qué más hubiera dado? Al revés, al revés. Luego, vuelvo a insistir, señorías, porque... porque, después de estudiar profundamente este asunto, el problema no está en la avocación, que es una figura jurídica legal que la Ley de Procedimiento Administrativo habilita y faculta a las Administraciones para que lo usen cuando se reúnan las circunstancias. Y, señorías, yo creo que les he explicado –y puedo volver a repetir- que concurrieron –y a mí me lo dicen mis servicios jurídicos en aquel momento- las cuatro circunstancias.

Hay requisitos de fondo, hay requisitos de forma, hay también... que no se ha producido ninguna impugnación a aquellos acuerdos de avocación, a través de la impugnación, en su caso, de las resoluciones de autorización. Y, finalmente, es que vemos como el Ministerio Fiscal, que ha examinado algo así como 190 expedientes de autorización donde se ha hecho uso de la avocación, solo ha encontrado una causa de ilegalidad en 35; y no por la avocación, porque en los otros 167 no hace ningún tipo de reproche, sino porque, en paralelo a esa avocación, en paralelo a esa autorización del órgano superior, se habrían podido cometer unos actos que, evidentemente, están al margen, fuera del procedimiento, y que sí esos tendrían un carácter ilegal.

Luego, de verdad, yo ese debate acerca de la naturaleza jurídica de la avocación, acerca de la jerarquía normativa de la instrucción... No, no, mire, aquí la avocación, con mayor... -podemos debatirlo con otras fórmulas que ustedes me puedan plantear preferibles- se hizo en virtud de la utilización de una facultad absolutamente legal; ley que es, en jerarquía normativa, siempre superior a un decreto. Pero, bueno, esto en cuanto a la litigiosidad.

Pero, miren, es que yo les he dicho: 2.200 solicitudes en Castilla y León en el período examinado por el Ministerio Fiscal, 2.200. Ustedes, que ahora hablan de Sicilia y León, ustedes que hablan de que muchos empresarios, emprendedores, promotores, iban a... se quejaban y tal, pero no lo formalizaban porque tenían miedo, porque estaban coaccionados, etcétera, etcétera, ¿dónde estaban ustedes entonces?, porque ustedes no estarían coaccionados. Es decir, si eso es cierto, ¿me pueden ustedes explicar por qué la inacción del Partido Socialista en estos veinte años? Eso sí, solo... solo hasta el año dos mil quince, cuando todos, todos... y yo le agradezco mucho... les agradezco mucho, porque ayer me han ofrecido una perla concluyente, a la que voy a hacer referencia, y es que las prisas son siempre malas consejeras, por eso yo nunca tendré ni he tenido a ninguna prisa por consejera en mi Gobierno. ¿Pero me podrían ustedes decir por qué esta inacción, si ustedes eran conscientes de eso?

¿No caen ustedes en la cuenta que con ello se están convirtiendo incluso, hipotéticamente, en cómplices de una mala praxis? ¿No lo entienden? Mire, iniciativas del Partido Socialista en veinte años, iniciativas en relación a esta materia: hay una interpelación seguida de moción en el año mil novecientos noventa y ocho. ¿Saben ustedes a qué se refería –y me parece muy loable-? A la preocupación que el Partido Socialista debatió -y que, por cierto, fue recogida e incorporada a un decreto posterior, a través de una moratoria-, preocupación por que se fijasen los sitios donde no se podían instalar los parques eólicos; por ejemplo, se decía en aquella -alguno de ustedes se acordará-, cerca de Atapuerca. Magnífico. Mil novecientos... Atapuerca, mil novecientos noventa y ocho.

De ahí pasamos, ¡qué casualidad!, a dos mil seis. Ahí se produce... –y por supuesto yo voy a hacer referencia a ello, porque lo tengo perfectamente claro, y porque, mire, yo me reitero en que desde mi gabinete y con la responsabilidad mía se hizo lo adecuado- dos mil seis, donde surge... –ahí sí, y es verdad que... es verdad que hablando de lo suyo, hablando de su libro- donde surge la queja, la queja de Ibervento. En ese momento se produce la única comparecencia de solicitud de un consejero que ustedes, en veinte años, han planteado en relación a esta cuestión, la comparecencia del consejero, que tuvo lugar el veintiuno de febrero del dos mil seis. Y una PNL en la que lo que nos pedían era precisamente lo que yo les he dicho: modifiquen ustedes la regulación y, por favor, si el que tiene, por razones objetivas o por circunstancias reales, que resolver es el viceconsejero, por favor, en el decreto, que figure el viceconsejero. Hubiéramos tenido... de verdad, es decir, yo simplemente les planteo qué hubiéramos adelantado, en términos... en términos reales.

Mire, en el año dos mil ocho, dos años después, hay –cierto es- una solicitud de comparecencia, en este caso de la viceconsejera -esta se celebró el siete de febrero de dos mil ocho-, en el que el tema central, que ya parece que no les inquieta... –porque es verdad que todo esto determinó que, por una serie de circunstancias, pues esta diferencia se redujera- en el que el tema central era la diferencia entre lo que ya estaba autorizado y lo que, efectivamente, ya se había construido.

Y mire, pasamos al año dos mil catorce, con una PNL en esta materia que caducó, que no llegaron ustedes a incorporar, y pasamos al dos mil quince, donde, a raíz de la información de abril de ese año dos mil quince en el diario nacional, el que comparece ante la Diputación Permanente, a petición propia, en tiempo récord, es el propio consejero de Economía.

Mire, ¿me pueden ustedes, de verdad, explicar, si esto era Sicilia y León, dónde estaba el Partido Socialista? ¿Me pueden ustedes explicar, respecto de mi propia responsabilidad, por qué en dieciséis años –dieciséis, ¿eh?, señorías-, dieciséis años de presidente soy presidente de la Junta de Castilla y León...? Por cierto, no desde el dieciséis de marzo de dos mil uno, desde el diecinueve de marzo del dos mil uno, ¿eh?, diecinueve de marzo. Bien. ¿Me pueden ustedes explicar por qué no me han planteado los sucesivos portavoces del Grupo Parlamentario Socialista, o de cualquier otro grupo parlamentario, una sola pregunta oral de control? No digo ya solicitud de... de comparecencia, una sola pregunta en Pleno. Habrán tenido cientos de preguntas, ni una sola pregunta en esta materia. ¿Era de verdad Sicilia y León o esto forma parte de... –y yo lo entiendo, porque forma parte también de la... del legítimo embarre político de esta materia- o eso no era así? ¿Dónde estaban ustedes, señorías?, ¿dónde estaban ustedes? Ni una sola pregunta.

No me extraña, no me extraña que cuando, en el año dos mil quince o comienzo de dos mil dieciséis, se pone en marcha, sin contar, desgraciadamente, con la base de lo que nos hubiera permitido debatir este asunto, sin contar con el informe de la Agencia Tributaria, se pone en marcha la Comisión de Investigación, ustedes no consideraran de interés para nada lo que yo podría aportar a esa Comisión. Ustedes no me incluyen en la solicitud de comparecientes. Tuve el error, llevado del calor o del debate parlamentario, de reprochárselo, de afeárselo; y a partir de ese momento, sí, se dieron ustedes cuenta, que venga. Y, efectivamente, hoy, hoy, todo lo que no existía en el año dos mil dieciséis, hoy son todas las responsabilidades del presidente de la Junta durante todos estos años. Muy bien.

Después del veinte de abril de dos mil quince, ya les he explicado cumplidamente lo que... lo que hemos hecho. Se revisaron todos los expedientes a los que se refería la información publicada en el año quince sobre el informe de la Agencia Estatal Tributaria, se verificaron de conformidad con la legalidad, y con el expediente y con la tramitación administrativa; nos dirigimos, primero, a la Agencia y, posteriormente, a la Fiscalía –que ya estaba conociendo-, nos pusimos a disposición y empezamos a evacuar todos los informes, toda la información. Yo les he contado, fundamentalmente, la prolija información -que también es un elemento, para mí, de tranquilidad- de aquello que durante dos años ha investigado objetivamente la Fiscalía, que tiene instrumentos y que tiene recursos. ¡Ojo!, y la Fiscalía Anticorrupción, sin duda alguna, habrá investigado muchos otros aspectos personales y empresariales, que no conocemos ni vamos a conocer, porque para eso está la Fiscalía Anticorrupción como un instrumento del Estado.

Comparecencia, ilegalidad o legalidad de la avocación, el caso de Ibervento. En efecto, el caso de Ibervento, que es una queja –que yo les voy a ilustrar-, una queja en relación a lo que hoy conocemos fueron 2.200 solicitudes; es decir, ustedes, que conocen y manejan la estadística, se dan cuenta de lo que estamos hablando, con independencia de que una queja siempre será... de unos ciudadanos o de unas empresas, siempre tiene una importancia.

El catorce de marzo del año dos mil seis se recibe una carta del administrador de Ibervento -esta era una sociedad dedicada al desarrollo de energía eólica-. En la misma se refiere a la tramitación de sus proyectos; no nos habla de la política general de la Junta, ni nos habla del procedimiento, ni nos habla de la avocación, ni nos habla, en general, de irregularidades; no, nos habla de sus proyectos; lo cual también me parece absolutamente lógico y absolutamente legítimo, y absolutamente legítimo. Pero cuando ustedes interpretan esa queja como la denuncia de un mar de fondo, de unas irregularidades... No, no, es la queja de un señor que entiende pues que no está siendo bien atendido o que está siendo perjudicado por algunas decisiones administrativas. Habla de discriminación con respecto a otras empresas, que parece que esas empresas, pues, tenían un trato me imagino que regular. Hablan de... y reconocen múltiples encuentros... –en esa carta, ¿eh?; la tengo aquí, la podemos leer entera- múltiples encuentros con responsables de la Consejería de Economía. Dicen –es verdad que lo dicen con carácter muy generalista, por lo que luego diré- que habían recurrido a otras vías y organismos para que les ayudaran a aclarar la situación y a que se les concedieran las autorizaciones administrativas, como si esos órganos... organismos... –ahora me referiré a ellos-, y solicitan del presidente de la Comunidad que nos ayude a... –textualmente- "que nos ayude a solicitar este grave problema en el que se ha convertido la tramitación administrativa de sus proyectos en Castilla y León".

Yo, en veinte años, he recibido una queja. Es decir, no es que yo tuviera un aluvión todos los días de quejas en relación con esta materia, no es que yo tuviera un runrún, no es que a mí me hablaran o me dejaran de hablar. Aquí se han citado nombres propios, que yo no sé en virtud de qué se citan, pero respecto de los cuales yo les puedo afirmar tajantemente que nunca me han trasladado... Aquí se ha hablado, e incluso se ha insinuado estos días, bueno, que yo me he visto con frecuencia con el actual presidente de Iberdrola. Hombre, vamos a ver, si ustedes estudian un poquito esos encuentros, en los cuales queda, normalmente, reflejo en los medios de comunicación, verán que en la mayor parte de los casos es en otra condición; en su condición actual de presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca. Yo se lo puedo asegurar, se lo puedo asegurar. En cuanto a la otra cita personal que han hecho, mire, en lo que yo conozco, por supuesto, reconozco que soy compadre, íntimo amigo –soy padrino de uno de sus hijos- de don Fernando Becker, pero, que yo sepa, ese señor no tiene nada que ver con las competencias en materia de energías renovables de la compañía donde trabaja. Entonces, eso... y además ustedes lo saben, o lo deben saber. De manera que, bueno... Pero, en fin, vamos al... vamos.

De la carta... de la carta... de la carta del administrador... –esto es importante, ¿eh?- de la carta del administrador de Ibervento se dio traslado –como es lógico- por parte de Gabinete -pero asumo yo la responsabilidad- a la Consejería para que nos informaran. Y usted sabe lo que... lo que nos informan, y, por tanto, usted sabe por qué yo tomo la decisión... -¿cómo hubiera sido hoy, si hubiera tomado la decisión contraria?- la decisión de no recibir, de no recibir. La Consejería a mí me informa, a mí me informa. Es que parece lógico, ¿eh?, que uno, en veinte años, una queja, pues yo la consulte. Oiga, se dirige a mí este señor. ¿Qué está pasando? Eso lo hice y se me contesta. Se confirma lo que ya se decía en la carta, que la Consejería venía manteniendo encuentros de trabajo con los responsables de la citada empresa. Se me dice que incluso el propio consejero de Economía se había reunido con los promotores, acompañados todos de representantes de la Embajada de Alemania.

Se me informa –cosa que me habían ocultado en aquella carta- que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Burgos había dictado un auto por el que se archivó y se sobreseyó libremente todas las actuaciones de una querella criminal que esa empresa había presentado contra el jefe de servicio de Industria de Burgos, y todo ello por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal alguna. Hombre, yo respeto a esa empresa, pero me empecé a mosquear. De manera que ustedes primero se querellan criminalmente contra un servidor público, luego me lo ocultan en la carta, y luego piden que intervenga yo. Luego hay algo que no cuadraba y algo que, desde luego, desde el elemental sentido de la prudencia, determinada... determinaba que yo debía tener eso, especial prudencia.

Pero es que esta misma empresa había interpuesto un total de diecinueve recursos contencioso-administrativos, y también había elevado una queja ante la Comisión Europea. Y todo estaba... o muchas de estas cosas –por así decirlo- abierto, sub iudice. ¿Qué sentido tenía que yo interviniera? Pero es que, a más a más, unos días antes de la carta –un mes, el veintiuno de febrero del año dos mil seis- se había producido esa comparecencia que ustedes habían solicitado, en virtud de la queja de Ibervento, del consejero, del entonces consejero de Economía ante la Comisión de Economía de las Cortes de Castilla y León. ¿Y qué había dicho el consejero? Y ustedes lo conocían, y figura –yo lo he rastreado y ahí lo he encontrado- que la Consejería –y por tanto la Administración, y por tanto yo debía ser todavía especialmente más prudente-, primero, tenía serias dudas acerca de la capacidad técnica y de la capacidad económica de sus promotores; y, en segundo lugar, que tenía la Consejería constancia –como debía tener también el mercado- de su deseo de obtener lo más rápidamente posible autorizaciones para venderlas inmediatamente.

Miren, señorías, esto es lo que hay: una queja de una empresa por un asunto de interés particular, no relacionado con toda esta trama de Sicilia y León, que yo... sobre la que yo recabo información, sobre la cual se me da toda esta información y sobre la que se toma la decisión de no recibirles, de no recibirles. Y, por lo tanto, yo creo que esto está perfectamente, por mi parte, aclarado y perfectamente significado. Alguna cuestión... alguna cuestión más.

Mire, me han hecho ustedes un conjunto de preguntas. Ayer, el Grupo Socialista tuvo la amabilidad de presentarlas por escrito en el Registro de la Cámara por cuestiones... que yo lo digo aquí con toda fortaleza y con toda fiabilidad, la que ustedes me quieran dar. Por cierto, me ha divertido mucho alguna cuestión que estos días ha planteado algún compañero procurador –no, no de mi grupo- acerca de que yo he elegido la Comisión de Economía porque en la Comisión de Investigación tengo la obligación de decir la verdad, como si yo viniera aquí a mentir. A mí me han... [murmullos] ... a mí me han enseñado desde casa a decir la verdad, a decir la verdad, y por lo tanto yo la verdad la digo aquí y en la Comisión de Investigación. Y la verdad es la verdad, la diga Agamenón o el presidente de la Junta, que en este caso para ustedes es el porquero.

Miren, pero me han hecho ustedes un conjunto de preguntas que... de temas, de cuestiones, que ni me constan, de los que no tengo ningún conocimiento, que tampoco sé si son ciertos, que ni siquiera en muchos casos me parece que figuran –por lo que yo sé- en la querella de la Fiscalía que nos ha traído aquí; y a mí me ha traído aquí las informaciones sobre la querella de la Fiscalía. Yo les repito, por favor: si ustedes y sus grupos hubieran tenido, a lo largo de este tiempo, en los meses anteriores, cualquier sospecha objetiva, cualquier sospecha real de que yo conocía cuestiones como las que me han planteado, ¿podrían explicar, razonablemente, por qué no consideraron necesaria mi comparecencia cuando se creó la Comisión de Investigación?, ¿por qué no la pidieron? Pero es que todavía más, y yo, de verdad, se lo agradezco este maravilloso regalo de vísperas de la comparecencia; se lo agradezco. Mire, mucho más... mucho más insistentes, mucho más incisivas, mucho más concretas, mucho más fuera de lugar que las que aquí hoy han formulado sus señorías son las que me formulan en un escrito... -que yo guardaré con mucho cariño para mis recuerdos de momentos importantes de mi actividad parlamentaria- en un escrito firmado ayer por los procuradores Martín Martínez e Izquierdo Roncero.

Después de preguntarme inquisitivamente si conocía, si conocía, si conocía, si manejaba, si tal, llegan, seguramente como consecuencia de las prisas y de la euforia, a la pregunta número 14, después de preguntarme por todos los males del infierno. Y en la pregunta del 14... número 14 me dicen ustedes: "¿Qué hizo, señor Herrera, cuando se enteró de todas estas circunstancias gracias al informe elaborado por un inspector de la Agencia Tributaria y publicado en medios de comunicación nacionales?". Efectivamente, yo, yo, como ustedes reconocen, me enteré de todas estas circunstancias gracias al informe de la Agencia; no al informe, porque tampoco he dispuesto en ningún caso de él, sino al eco que ese informe tuvo en los medios de comunicación. De nuevo estamos hablando de esa fecha a la que yo le he dado tanta importancia, del veintinueve de abril del año dos mil quince. Gracias, de verdad, por este detalle de confianza, por este reconocimiento, que viene a coincidir con esa pregunta que yo les he hecho en varias ocasiones de por qué no se interesaron, por qué no consideraron, por qué entendían que no era interesante mi aportación a la Comisión de Investigación.

Mire, en materia eólica, mi único conocimiento, mi único conocimiento, hasta las informaciones publicadas en abril del año dos mil quince -como ustedes reconocen-, y, por supuesto, de forma mucho más profunda a través de la preparación de esta comparecencia, ha sido la de los principios y la de los objetivos de la política eólica impulsada por la Junta de Castilla y León hace veinte años. Quiero decir que son unos principios y unos objetivos que el consejero Villanueva aquí explicó y debatió en alguna ocasión -no en muchas, porque ustedes no tuvieron demasiado interés en ello-, y que yo comparto, que yo suscribo, yo reitero mi confianza en el consejero Villanueva. Unos principios y unos objetivos que creo que han tenido, como he intentado demostrar, unos resultados muy positivos para la Comunidad. Le repito, mi preocupación y ocupación sobre la energía eólica, que quede claro -ustedes lo reconocen, y yo a eso también me agarro-, comienza el veinte de abril de dos mil quince.

Algunos dirán que, bueno, este Herrera es perro viejo, este Herrera es un tío prudente, este Herrera hasta tiene suerte. Pero lo cierto es que, fíjese, hasta este momento ni siquiera he conocido con detalle el procedimiento administrativo de autorización de parques; un procedimiento que, como todos ustedes saben también, fue aprobado por la Junta en el año mil novecientos noventa y siete, es decir, en un momento en el que a mí me faltaban cuatro años para estar en la Junta, ni lo conocí. Este es el único instrumento normativo que a lo largo de todos estos años ha pasado por la Junta de Castilla y León, es decir, que no he conocido el detalle del procedimiento.

Miren, en estos dieciséis años no recuerdo que haya pasado... –en dieciséis años, ¿eh?- no recuerdo que haya pasado por la mesa del Consejo de Gobierno ningún acuerdo o norma relacionado con la energía eólica en Castilla y León; no lo recuerdo. Si ustedes me desasnan o me desmienten, pues mire, de la misma manera que me ha corregido en el tema administrativo, yo lo podría reconocer. Mire, formalmente, durante todo este tiempo jamás me he reunido con ninguna persona física o jurídica, con ninguna empresa, en relación a su supuesto, o probable, o anunciado interés de promover parques eólicos en Castilla y León. Usted me ha hablado de dos nombres, y yo le he dicho: no, nunca, jamás; si tienen ustedes alguna duda, que les convoquen en sede judicial, en sede judicial. Pero todavía más, fíjese si he sido prudente, si he sido incluso soso, o incluso antipático -es que es fácilmente comprobable también, porque los políticos somos muy dados a que de estas cosas queden testimonio en fotos, y ustedes no la han encontrado-, tampoco he realizado en todos estos años ninguna visita, visita física, a parques eólicos en Castilla y León, donde me podrían haber acompañado legítimamente sus promotores. No. Sí que he visitado, he de reconocer, algunas fábricas muy importantes, que afortunadamente se mantienen, de fabricación de elementos de palas, o incluso de motores, o incluso de carcasas; estoy hablando de muchas, porque, afortunadamente, esas se mantienen, de acuerdo con los datos.

Vuelvo a repetir, de las 2.200 solicitudes de autorización que ha examinado la Fiscalía, 2.200, dos mil cinco a dos mil quince, que se han tramitado en todos estos años, solo ha llegado a mí una queja, la queja me motivó también su única iniciativa. Pero si es que estamos de acuerdo, pero no construyan una monstruosidad en torno a una queja, a una queja cierta. Todo lo demás, miren, es que ni esos supuestos promotores agraviados lo expresaron, ni ustedes se hicieron eco, porque tienes... podría tener sentido unos promotores agraviados y coaccionados, ¿pero ustedes?, ¿pero qué han hecho durante todo este tiempo? Si se excitan, lógicamente, pues a partir de abril de dos mil quince; igual yo estoy, lógicamente, excitado. Una queja, la de Ibervento, sobre que la que he dado, creo, una explicación cumplida, y que, repito, ha sido la única sobre 2.200 interesados.

Y miren, porque aquí se ha hablado de responsabilidad in eligendo y de responsabilidad in vigilando; mire, es una barbaridad afirmar -y también en el Diario de Sesiones, en alguna comparecencia, en la de dos mil quince, del consejero de Economía se hizo referencia a esto- que, como la Junta -entendiendo la Junta como Gobierno y como Administración de la Comunidad- es una estructura piramidal, los niveles inferiores siempre tienen que comunicar, tienen que informar, tienen que pedir autorización de todo a los niveles superiores. Ustedes, que han tenido también responsabilidades de gestión, saben que eso es imposible, que estamos hablando de miles... solo en Castilla y León, de miles de procedimientos administrativos. Yo creo en el procedimiento administrativo. Yo recuerdo vagamente, de mis estudios, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, pero yo no recuerdo la normativa concreta de miles de procedimientos administrativos; hablamos de decenas de miles de profesionales públicos. Es que, llevado al absurdo –y digo que es absurdo con todo respeto a lo que voy a decir- ese argumento, en este momento se están dispensando medicinas en los consultorios locales y en los centros de salud. ¿Usted cree que yo tengo conocimiento o puedo tener responsabilidad acerca de esas decisiones? Es imposible; hablamos de decenas de miles de profesionales públicos, hablamos de cientos de miles, si no de millones, de expedientes administrativos al año. Piensen que solo en el ámbito de la función pública, y en relación a la retribución de los funcionarios, hay 85.000 expedientes todos los meses. ¿Pero de qué enormidad estamos hablando? ¿En virtud de qué, por una estructura jerárquica piramidal, los niveles inferiores tienen que consultar, siempre tienen que decir?

Hay una palabra que es clave en este asunto, y esa palabra es la de "confianza". Mire, podremos hablar de responsabilidad política; yo estoy aquí asumiendo, ejerciendo -he pedido perdón, he pedido perdón por anticipado, he pedido perdón con efecto provisional- responsabilidad política. ¿Pero de conocimiento? Ustedes saben que eso no es ni puede ser.

Mire, la realidad –y con esto finalizo- es que, aunque, evidentemente, con jerarquía y, por tanto, con responsabilidad política, una organización, como es un Gobierno o como es una Administración, muy complejo –en muchos casos ustedes han participado de esas organizaciones-, constituyen una... lo que yo llamo una cadena de confianza, una cadena de servicio. Cuando, por desgracia, por condición humana, por circunstancias que merecen, evidentemente, el reproche social y el reproche judicial, se rompe uno de los eslabones de esa cadena de confianza o de servicio, miren, lo que se está rompiendo es la cadena de confianza o de servicio, pero de ninguna manera esa cadena se está convirtiendo en una cadena de complicidades, que es lo que ustedes están pretendiendo. Y eso me parece que va, en primer lugar, contra el sentido común, contra sus propios actos, hablando de derecho administrativo; y también contra el prestigio, que debemos seguir defendiendo, y la honorabilidad de la inmensa mayoría de los responsables políticos y de los responsables administrativos. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. En turno de intervención, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Sarrión, por un tiempo máximo de cinco minutos.


EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer solamente algunas observaciones, y algunas prácticamente repetidas de mi primera intervención, porque la mayor parte de su intervención ha ido... parece más dirigida a otros grupos.

En primer lugar, algo que ha recorrido su intervención, y que parece manifestar cierto asombro, es la insistencia en varios de los grupos que hemos intervenido en la cuestión de la Comisión de Investigación; yo lo he hecho al final de mi intervención, pidiendo el desbloqueo. Evidentemente, a usted no hay que pedirle responsabilidades, pero sí al grupo político que a usted le ha hecho presidente; por lo tanto, parece razonable que aquí se haga mención, aunque sea de pasada. Y mucho más cuando... cuando hablamos de la situación de bloqueo de la Comisión, tenemos que recordar no solamente que se debe a que no se quiera convocar por parte del grupo que ostenta la Presidencia de dicha Comisión, sino que, además, la causa principal del bloqueo es la falta de acuerdo en torno al listado de comparecientes, y que precisamente esa falta de acuerdo en el listado de comparecientes es causa de que el Grupo Popular se ha, precisamente, negado a que comparezcan personas ciertamente relevantes para esta Comisión, ¿no? El caso de Georgina de la Lastra, por ejemplo -que, supuestamente, habría sido quien habría retrasado la llegada de este informe, por ejemplo-, debería comparecer en el marco de esa Comisión para dar explicaciones acerca de si esto es cierto, los dueños de Collosa, etcétera, etcétera, etcétera. En su momento ya tuvimos un debate en el Pleno, precisamente en una pregunta al presidente, en torno a esta cuestión.

No me aclara si la Fiscalía, entonces, según usted, considera ilegal la instrucción que da el viceconsejero o no. Ahí me ha parecido entenderle, en su primera intervención, que decía usted que no. En esta segunda intervención no me lo ha aclarado. Yo le vuelvo a insistir: de acuerdo a las informaciones que nosotros tenemos -que son, por lo que usted ha dicho, las mismas, es decir, las informaciones vertidas en medios de comunicación a partir de la querella de Anticorrupción-, lo que nosotros hemos leído -que suponemos que será lo mismo que usted, puesto que las fuentes son las mismas, según usted mismo dice- es que "la ilegalidad de esta instrucción queda resaltada en el informe de la Intervención General del Estado de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, emitido a petición de esta Fiscalía". Es decir, que no me ha aclarado si el error ha sido mío o suyo cuando yo he entendido que usted decía que el fiscal no declaraba ilegal esta instrucción; o, por lo menos, lo pone como una posibilidad muy importante.

Y, desde luego, la instrucción, independientemente del carácter legal o ilegal del mismo, que a mí no me corresponde juzgarlo, ni por mi posición política ni por mi capacidad profesional, pero lo cierto es que lo que ha terminado generando es una situación en la cual la expresión Sicilia y León no parece muy desafortunada. Yo la expresión no la conocía, la conocí a través de los medios de comunicación, evidentemente, pero, tal y como se describe que aquí ha estado sucediendo, parece que, evidentemente, lo que ha habido es un trato por el cual cargos políticos, concretamente uno, realizaba favores, o todo lo contrario, o ponía trabas, en función de que las empresas que ponían los molinos fueran unos o fueran otras. Y esa es la información que nos vierte la querella, es decir, esto es lo que a nosotros se nos está indicando en los medios de comunicación, y que dice la querella.

Por lo tanto, la expresión a mí me parece francamente acertada, porque estamos ante una práctica mafiosa. Es decir, propiamente, si esto se confirma como cierto -esto que a día de hoy es un supuesto, hasta que no haya, evidentemente, una resolución judicial del término-, si estos supuestos son finalmente probados y demostrados, aquí hay una práctica mafiosa, en el sentido clásico de las películas de la mafia de Chicago; es decir, cargos públicos trabajando para empresas privadas y haciendo favores o haciendo... generando problemas o trabas en función de que la empresa sea uno o de otro; en algunos casos, de una gravedad francamente extrema, ¿no?, como cuando se habla de empresas que tienen que cambiar de dueño para poder salir adelante en el procedimiento administrativo, como la extrema concentración que se realiza en torno al señor Esgueva Gutiérrez, en torno a la empresa San Cayetano Wind, que se lleva la mayor parte de estos 80 millones de euros; unos 47 millones que se lleva con el sistema de comisiones establecido. E insisto, una persona que además era alto cargo de un organismo que no es jurídicamente público, pero que por la vía de los hechos, señor presidente, es como si lo fuera, porque no olvidemos que más del 95 % lo poníamos los ciudadanos.

Y a lo mejor el debate que tenemos que empezar a abrir es que la existencia de organismos que -sobre el papel- son de carácter privado, pero los estamos financiando desde la Administración pública, a lo mejor el debate que hay que abrir es que estamos ante una "administración b". Es decir, lo que habrá que plantear es si es correcto que empresas, teóricamente y sobre el papel, privadas estén operando bajo el dinero de la ciudadanía, porque, al final, las consecuencias las estamos observando, y las veremos en los próximos meses en los juzgados. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Sarrión. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Delgado.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer s la presencia del señor presidente de la Junta de Castilla y León, pero, desde luego, hemos constatado casi el absoluto desprecio a los partidos, digamos, nuevos. Es increíble cómo se nota que está acostumbrado aquí a, en fin, este ping-pong que tienen desde tiempos inmemoriales con el Partido Socialista, y se cuentan aquí sus películas y que si el Partido Socialista dijo... dejó de hacer o hizo poco o mucho. Sinceramente, es que no es la cuestión de esta comparecencia, y usted lo sabe. Con lo cual, todo este tiempo nos lo podíamos haber ahorrado perfectamente.

Desde luego, es una pena que se haya aburrido incluso a los medios de comunicación, y, efectivamente, usted lo ha dicho, usted comparece aquí –y lo ha dicho explícitamente- por los medios de comunicación, lo cual, vamos a permitir... vamos a darles las gracias, que menos mal que funcionan con total libertad, y menos mal que hacen muy bien su trabajo, porque, por lo menos, fíjese usted, consiguen lo imposible, que es que usted, por fin, se digne a comparecer.

Dicho lo cual, sinceramente, aparte de vaguedades, sí que ha contestado algo. Pero le voy a dar... yo creo que está muy mal asesorado, sinceramente. Fíjese, ha dicho sobre Ibervento que, efectivamente, recibió usted una carta el catorce de marzo de dos mil seis. Es la primera vez que tiene usted noticias de esta empresa, una empresa, bueno, con capital alemán, etcétera, etcétera y, en fin, con... bastante participativo. Pero, según sus informaciones, no era de mucha transcendencia, o sea -sí, es lo que ha dado a entender perfectamente-, de mucha credibilidad, y ni siquiera se le contesta. Bueno, esta empresa... –y vamos al grano, los hechos demuestran la veracidad de las situaciones- esta empresa, que no recibía autorizaciones para poder hacer ningún parque eólico -y estaba, además, en tierras burgalesas, por cierto-, al final vende su autorización... -fíjate, es curioso, ¿eh?- el 100 % de Ibervento se lo vende a Productor Regional de Energía, S. A., una empresa constituida por Inverduero –ya le empieza a sonar-, filial de la constructora vallisoletana Grupo Collosa y Endesa, y se comunica –fíjese- el veintiséis de julio de dos mil seis que ya tiene la autorización.

Es decir, que ese procedimiento que antes hacía una empresa, parece ser que estaba muy mal hecho y muy mal ejecutado. Pero, claro, cuando cambia de empresa, que ya la compró y ha pagado la correspondiente tasa -que es indignante, y ya hemos dicho aquí casos de 24.000 euros que se han convertido en 47 millones de euros, y que no pasa nada; hombre, y usted reitera también...-, bueno, ahora ya sí, ahora ya, cuando ha cambiado de empresa, ya está perfectamente, entonces ya se le da... con esa figura que a usted le encanta de la avocación, porque dice que es perfectamente legal; y total, de 197, solo 35 son sospechosas, bueno, fíjese, casi casi... Hombre, yo creo que hay que ser más serios.

Y, efectivamente, no se ha perdido dinero de la Junta de Castilla y León, pero también se ha perdido dinero, al fin y al cabo, de empresas que sí que son públicas, como Iberdrola o Endesa o en fin... Y ahí también habrá que llegar algún día al quid de la cuestión. Porque ese dinero, en el fondo, perjudica a todos los castellanos y leoneses y a todos los españoles. ¿O qué pasa, que en este país se puede pagar barbaridades en función de a quién le convenga y cómo? Pues no. No se debería. Claro, luego, claro, lo pagamos todos; pero no se preocupe usted, ya lo sabe, lo pagamos todos los usuarios en los recibos de la luz correspondientes, que a día de hoy, como siempre, seguimos sin entender y sin saber casi, digamos, pronunciar sus parámetros. Porque, claro, eso se lo entienden ellos solos.

Yo por eso digo que, hombre... Y luego ya esa pequeña ironía, de verdad -y lo reitera usted mucho-: ¿por qué no me llamaron cuando me tenían que haber llamado a la Comisión de los eólicos? Lo dijo hasta en un Pleno, ¿eh?, y sacaba pecho y todo. Y ahora... sí, sí, hombre, muy ocurrente usted; pues ya le hemos llamado veinte veces; le hemos llamado y no quiere ir. Y no quiere ir porque, en el fondo, no sé si la verdad le gustará mucho o poco, pero, hombre, usted, que es bastante religioso, ya sabe aquello de la verdad os hará libres. Libérese un poco, hombre. Yo creo que un poco de verdad y de... y también de humildad nos viene bien a todos. Yo se lo digo desde esta humildad de este pobre procurador, que -como sabe- hemos sido alcaldes durante muchos años, y por eso me ha ofendido esa referencia que ha hecho al mundo rural, que, efectivamente, ha generado mucho dinero a los ayuntamientos, pero a muy pocos, porque podía haber sido mucho más.

Ahora mismo el Gobierno, ¿eh?, acaba de emitir otra vez 3.000 megavatios y... dos veces consecutivas. A ver si somos diligentes aquí, en Castilla y León, a ver si esto, por lo menos, sirve para algo, ¿eh?; para que nuestros municipios, nuestra gente, nos podamos aquí participar todos de esta... beneficios ambientales más que evidentes. Pero no que unos cuatro, una cuadrilla, se lleven dinero impunemente, ¿eh?, y aquí no pase nada. Eso sí, esa cuadrilla luego, a la mínima, tienen mucha honorabilidad, y nos ponen querellas y denuncias así como que... Pueden poner todas las que quieran.

Desde luego, desde Ciudadanos vamos a decir siempre lo que pensamos y lo que es nuestra obligación, y este ejemplo de Ibervento, ¿eh?, de estos parques que luego venden a otra filial, yo creo que lo demuestra muy claramente. Por eso le digo, sinceramente: está muy mal asesorado. Y el no saber las cosas no quiere decir que no se tenga responsabilidad. Nosotros... por eso le he pedido que si sabía que su secretario general entonces...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Termine ya, señor Delgado.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

... tenía conocimiento o no de lo que estaba pasando. Usted dice que no. El tiempo nos dirá hasta qué grado de conocimiento tenía cada cual. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Delgado. En turno de intervención, tiene la palabra el señor Fernández.


EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Sí. Gracias, presidenta. Bueno, señor presidente, ha ido matizando determinadas cuestiones que nosotros entendemos son importantes. Al principio de su primera alocución decía que usted no tenía la querella, después ya matizó diciendo que no ha trabajado sobre esa querella, que usted y yo sabemos que tiene; que al menos el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, consejero de Presidencia, tienen esa querella.

Mire, señor Herrera, ¿sabe cuál es el drama de todo esto? ¿Sabe cuál es el problema? Es que, al final, usted está imbuido por el "síndrome de la infanta". El problema es que es muy grave que usted no se haya enterado de absolutamente nada, el problema es que usted se jacte y saque pecho de que se entera de todos estos sucesos, muy graves, de una trama de presunta corrupción investigada por la Fiscalía Anticorrupción, que usted saque pecho y se jacte de que ha tenido conocimiento de la misma en dos mil quince, y por la prensa. Es sencillamente vergonzoso, siendo usted, como ha sido, el presidente de la Junta de Castilla y León desde el dos mil uno, desde el dieciséis de marzo; día en el cual se expide el decreto por el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, que le nombra a usted presidente de la Junta de Castilla y León –el dieciséis de marzo-.

Mire, señor Herrera, usted quiere entrar en un debate... en un debate jurídico. No, no, esto es un debate político, y es un debate político de asunción de responsabilidades políticas, cosa que usted no ha hecho. Yo le pregunto: ¿usted considera corrupción utilizar las Administraciones, que un viceconsejero de Economía... –que no es un rango menor dentro de la escala de la Junta de Castilla y León- que un viceconsejero de Economía, nombrado por la Junta de Castilla y León que usted presidía, haya utilizado la Administración pública para lucro y beneficio propio y de otras personas? ¿Usted eso lo considera corrupción, sí o no? Porque para la portavoz de su Gobierno eso no es corrupción, y nosotros entendemos que lo que ustedes están haciendo es intentando normalizar la corrupción y que demuestran una laxitud muy preocupante y muy grave para con las tramas de corrupción.

Mire, el que quiere hacer un totum revolutum de todo esto es usted, que, en lugar de dar explicaciones sobre la causa que hoy nos trae aquí, se ha pasado mucho tiempo hablando de las bondades de la energía eólica en lugar de rendir cuentas y asumir responsabilidades por lo que estamos hablando aquí: que ex altos cargos de la Junta de Castilla y León –que usted presidía-, del nivel de viceconsejeros de Economía, utilizaron la Administración pública para lucrarse de ella. Y eso es muy grave.

Mire, señor Herrera, el sistema de avocación que deviene de una Instrucción, la 2/2004, que es calificada como ilegal, no por Podemos Castilla y León sino por la Intervención General del Estado en su informe del dieciséis de enero, expedido a instancias de la Fiscalía, califica de ilegal esa instrucción, y esa instrucción es la que genera el modus operandi, el caldo de cultivo, el escenario ideal, el marco, para una trama de corrupción, para una bacanal de licencias, para una orgía de concesiones, para una fiesta, señor presidente, en la que estaban excluidas las personas y los empresarios honrados. Y eso es muy muy grave.

Y yo le pregunto, señor presidente: ¿de verdad usted va a utilizar el discurso de que estos son casos aislados –como ha dicho-, que son casos de corrupción aislados, que son manzanas podridas, sabiendo que, cuando hablamos del Partido Popular, todo el cesto está podrido, que es algo estructural, y sabiendo –y lo más importante- que usted, que usted, como presidente de la Junta de Castilla y León, como máximo responsable de la Junta de Castilla y León, era el responsable de vigilar tanto las manzanas como todo el cesto?

Le voy a hacer otra pregunta, señor presidente: ¿por qué no sigue contando con Tomás Villanueva como consejero en dos mil quince? ¿Acaso usted, que da tanta importancia a las informaciones sustanciadas en los medios de comunicación, temía que la información aparecida en el diario El País en dos mil quince hiciera que pudiera llegar a tener a un consejero que llegase a estar imputado? ¿Es algo así?

Otra pregunta que le hago: ante la Instrucción 2/2004, declarada ilegal por la Intervención General del Estado, ¿nadie se dio cuenta?, ¿nadie se percató? ¿Sus servicios jurídicos a qué se dedicaban? ¿En la asesoría jurídica de la Junta, además de defender a los imputados de "la perla negra", a qué se dedican, señor presidente?

Mire, es muy sencillo, es algo muy sencillo. ¿Era usted presidente de la Junta de Castilla y León cuando el señor Rafael Delgado, entonces viceconsejero de Economía, a través de avocaciones devenidas de una instrucción calificada como ilegal por la Intervención General del Estado, empezó a decidir arbitrariamente quiénes conseguían concesiones administrativas y quiénes no? ¿Era usted presidente, señor Juan Vicente Herrera, cuando Iberdrola comienza a pagar comisiones millonarias a empresarios locales que jamás habían visto un molino eléctrico? ¿Era por entonces usted presidente de la Junta de Castilla y León? ¿Era usted presidente de la Junta de Castilla y León cuando el responsable de una empresa eólica, Ibervento, le alerta de un abuso de poder, de prácticas a todas luces irregulares, y le pide reunirse con usted? ¿Era usted entonces presidente?

Pues, señor Herrera, si era usted presidente cuando todos estos hechos sucedieron y usted no supo, ni conoció ni vio, y usted no se preocupó de vigilar a quien eligió, ¿qué hace aún como presidente de esta Comunidad Autónoma? Son hechos muy graves, muy graves, que han mancillado y manchado el nombre de esta Comunidad, que han hecho que muchos empresarios, muchos agentes económicos y sociales, muchos inversores, no hayan venido a Castilla y León ante estas prácticas tan deleznables.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Fernández, tiene que ir terminando.


EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Prácticas que ustedes ni han impedido, ni han perseguido ni se han enterado. ¿Qué hace usted aún de presidente de la Junta de Castilla y León? ¿Cómo dirige la Junta de Castilla y León si lo que hace su Gobierno usted no lo conoce?

Voy a terminar. Usted dice que ha pasado todo esto y dice que qué importancia tiene el hecho de que entonces fuese el presidente de la Junta de Castilla y León. Esa pregunta que usted mismo hace, señor Herrera, a mí me parece terrible, lamentable y penosa, y, para mí, le deslegitima totalmente como presidente de la Junta.

Termino con una frase de Erich Fromm: "El egoísmo que genera el sistema hace que los gobernantes antepongan su éxito personal a su responsabilidad social". Usted está claro que no va a asumir ningún tipo de responsabilidad. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias, señor Fernández. En turno de intervención, tiene la palabra el señor Izquierdo.


EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Gracias, presidenta. Señor Herrera, la verdad es que usted yo creo que las preguntas importantes no las ha respondido. Usted se centra en algunas cuestiones con las que intenta marear y despistar sobre la cuestión.

Pero mire, en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento público a todos los procuradores socialistas que han luchado en estas Cortes contra la corrupción, y muy especialmente a Jorge Félix Alonso y al difunto Pascual Fernández. Son un ejemplo para todos los que seguimos hoy aquí representando a los ciudadanos que han votado al Partido Socialista.

Mire, la pregunta no es dónde estaba el Partido Socialista durante estos años, la pregunta es dónde estaba usted, señor Herrera. Es usted quien tiene que responder y esa es la pregunta que tiene que responder. Porque usted habla de por qué solo ha habido una queja durante estos años y ha habido... y hablamos de Sicilia y León –algo de lo que hablan los periodistas y, a partir de ahí, hemos tomado nosotros esa nota-. Pero mire, habla usted del procedimiento y del cumplimiento estricto de la legalidad; yo lo que le digo es que ha habido un clarísimo y flagrante incumplimiento de la legalidad para llevar a cabo la extorsión que se ha producido en esta Comunidad Autónoma.

Voy a citarle algunos ejemplos para que vea en qué momentos y de qué manera; y podría relatarles bastantes más, y no solo los 35 que usted cita que conoce la Fiscalía Anticorrupción. En los procesos de competencias hay un parque eólico en Zamora... tres parques eólicos con un procedimiento de incompetencia, un procedimiento que se tiene que resolver en tres meses y que se tarda cuatro años en resolver. ¿Sabe usted cuándo se tarda... cuándo se resuelve ese procedimiento de competencia? Cuando una de la empresa que ha... una de las empresas que ha solicitado dos parques renuncia íntegramente a uno, y renuncia a 26 de 32 aerogeneradores del segundo. Y de estos, sobre los proyectos en competencia, podría ponerle más ejemplos. Cuatro años para dictar esa resolución, señor Herrera; y luego usted dice que cree en el procedimiento administrativo.

Me decía que hacíamos una causa general –sigo con el procedimiento, ¿eh?-, porque hablaba usted de que he metido a los consejeros en el saco. Claro, estamos hablando de responsabilidades políticas, señor presidente, y usted sabe que las declaraciones de impacto ambiental han estado paralizadas desde el veintinueve de septiembre de dos mil tres por una carta del secretario general, hoy todavía director general de Calidad Ambiental, bajo su Gobierno, señor Herrera. Por tanto, insisto en la responsabilidad in eligendo e in vigilando.

Pero, claro, esas declaraciones de impacto ambiental llegaron a demorarse dos, tres, cuatro y hasta cinco años, especialmente en la época en la que el señor Carriedo era consejero de Medio Ambiente. Y simultáneamente se producían estos desbloqueos, que también firmaba el señor Jiménez, que decía: "Tramítese la declaración de impacto ambiental de Argañoso, Valdecarrión, Valdeperondo –estos son de Alberto Esgueva, ¿eh?-, Espina, Valdesamario, Quintana". Estas cosas usted no las conocía, según dice. Ya me extraña a mí que no las conociera, señor Herrera.

Habla usted de la avocación como un procedimiento legal. Mire, si el problema es que la avocación es una figura de tipo excepcional, y ustedes la han utilizado hasta la náusea, hasta la saciedad, se han hartado de avocar competencias convirtiendo la excepción en regla, con intereses claramente espurios. Y la han utilizado con un objetivo también muy claro: que la responsabilidad por la inacción de la Administración recaiga en los funcionarios que tendrían que haber continuado tramitando los expedientes. Porque ¿quién es el responsable de que haya expedientes con declaración de impacto ambiental y tres años sin contar con resolución administrativa? Si no hay avocación, es el funcionario, señor presidente. Por tanto, para eso se hace la avocación, para, incluso, diluir esa responsabilidad en terceros.

Y es evidente que se producen cambios de titularidad días antes de dar las autorizaciones. Y, claro, usted habla de que solo ha habido una queja. Eso es lo que ocurre en los regímenes mafiosos, señor Herrera, que hay omertà, hay ley de silencio, y la gente no habla; los beneficiados no hablan, y los perjudicados no hablan, porque quieren seguir haciendo cosas; y, a pesar de eso, ustedes les han castigado incluso con catorce años sin resolver algunos de los expedientes. Eso es lo que ha ocurrido, por eso solo ha habido una queja formal escrita, cuando sabemos todo el mundo que había infinidad de quejas por muchos empresarios.

Mire, uno de los parques de Ibervento -para que usted vea, si no lo conoce y no lo ha leído-. Veinte de abril de dos mil uno: solicitado parque eólico de Cantiruela. Resolución de veinte de mayo de dos mil tres, con declaración de impacto ambiental. A este no llegaron a tiempo, porque la carta del señor Jiménez es de septiembre de ese mismo año; este no pudieron pararlo ustedes con la declaración de impacto ambiental. Y, oiga, tres años en resolver esa declaración de impacto ambiental. Y, entonces, el problema era el enganche a la red, la avocación de competencias. ¿Sabe usted cuándo tiene resolución favorable el enganche a la red? El tres de junio de dos mil tres. ¿Qué le faltaba a esta empresa para obtener la autorización de un parque eólico? ¿Sabe lo que le faltaba? El último paso de los antecedentes de la resolución que está publicada en el Boletín, que dos días antes de la autorización se vendió la empresa a esa otra firma formada por Inverduero y por Endesa. Eso es lo que pasó, señor Herrera. Esa es la queja de extorsión que le ha trasladado algún empresario por escrito, y que no me cabe la menor duda que en el seno de la Consejería ha habido más quejas verbales por parte de otros empresarios, y otros empresarios a los que se les ha dicho que o vendían o no había autorización de parques eólicos.

Porque, claro, el señor Villanueva lo decía en su comparecencia del año dos mil seis: si es que las empresas tienen...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Izquierdo, tiene que ir terminando.


EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

... las empresas tienen una enorme disposición, las eléctricas, a que entren las empresas de nuestra Comunidad Autónoma. Si ustedes estaban hablando permanentemente para ello. Si hablaban cuando firmaban convenios para que cedieran dinero a la Fundación Patrimonio Natural, ¿no les contaban entonces las grandes eléctricas que tenían piratas dentro extorsionándoselo... extorsionándoles? Yo no me lo creo, señor Herrera; o a usted no se lo contaban, o parece mentira que usted de esto no se enterara.

Hoy usted acaba de hacernos un regalo. Decía usted de regalos que le hemos hecho; nos acaba de hacer usted uno maravilloso: ha dicho que reitera su confianza en el señor...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Izquierdo, tiene que terminar.


EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

... en el señor... –concluyo ya- reitera usted su confianza en el señor Villanueva. El tiempo trae y quita... y dará razones, señor Herrera, y veremos si esa confianza le ha valido a usted la pena, políticamente.

Por todo lo dicho en la primera y en esta intervención, señor Herrera, reiteramos la petición de dimisión. Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Izquierdo. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De la Hoz.


EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Gracias, presidenta. Cuando este grupo parlamentario ha estado en las delegaciones territoriales viendo los expedientes, hemos llegado a la misma conclusión a la que llegó la entonces portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, cuyas palabras no han sido desmentidas hoy, y es que los procedimientos administrativos son impolutos; eso es lo que dijo Ana Redondo, y eso es lo que se extrae del análisis de los expedientes. Es decir, que aquí, en esta Comunidad Autónoma, a nadie que no cumpla los requisitos establecidos en la norma para que se le otorgue una autorización se le ha denegado la autorización. No hay ninguna resolución administrativa de autorización de instalación de un parque eólico sin propuesta de resolución, no hay ninguna resolución de autorización administrativa contraria a la propuesta de resolución que firman los funcionarios.

¿Qué significa esto? Significa, ni más ni menos, que los presuntos delitos que investiga la... el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid no se habrían cometido a través de una tramitación irregular de los expedientes o contraria a la norma, sino en paralelo a la tramitación de los expedientes.

¿Es malo que entren empresas de Castilla y León en el... en la promoción de energía eólica? En absoluto, nunca se ha negado que sea así; pero eso sucede al margen del expediente, al margen de los 2.200 expedientes que se han tramitado en Castilla y León. Lo que es malo, lo que es evidente malo es que, a cambio de presuntas dádivas, se pueda presionar o a uno o a otro promotor para dar participación a uno o a otro empresario local. Y eso, concretamente eso, es lo que está investigando el juzgado de instrucción. Pero digo yo: ¿existía alguna forma de conocer que eso sucedía al margen del procedimiento? Ni ustedes la tenían, ni nosotros la teníamos ni la Junta de Castilla y León la tenía, pero es que tampoco lo tuvieron los tribunales de justicia. Esto se descubre ocho años después –ocho años después- con ocasión de una investigación tributaria de una de las empresas. Ocho años después. Es decir, esa situación de escándalo absoluto que parece ser que se vivía en Castilla y León ¿nadie la conocía realmente? ¿Ni el Grupo Parlamentario Socialista, que no dijo absolutamente nada en esta Cámara al respecto, ni tampoco ningún interesado que formulara queja al respecto?

Se habla de Ibervento. Yo les invito, por favor, a que vean cuál es el precio que obtuvo Ibervento por la venta de su participación. Y se habla aquí de la defensa de los intereses de Iberdrola, que es realmente curioso, y el perjuicio que pudo sufrir Iberdrola. Si es Endesa la que compra a Ibervento –que no es que sea una empresa local; creo que es una gran... una gran empresa- Pero, de verdad, les invito, por favor, a que analicen el precio que obtuvo Ibervento de la venta de su negocio en Castilla y León. [Murmullos]. Igual que tú. Exactamente igual que tú, porque consta en el expediente, porque consta en el expediente. Es que nosotros mirábamos... nosotros veíamos los expedientes, nosotros veíamos los expedientes; íbamos a las delegaciones territoriales, analizábamos los expedientes, y no dábamos ruedas de prensa en la puerta de las mismas. A lo mejor estaba ahí la diferencia en el tiempo que unos y otros dedicábamos a la... en el análisis de los expedientes. Por eso nos lleva a sacar conclusiones distintas de las que se extrae en la documentación que algún grupo parlamentario reparte entre la prensa. Simplemente, de los datos que se han aportado a la prensa respecto de los quince parques que promovió Energía Global Castellana, de las quince, diez están mal. Simplemente, a modo informativo se lo digo.

Y para terminar, señora presidenta. Sobre la cuestión de la avocación, exactamente lo mismo que sucede con la cuestión de los procedimientos administrativos. Podemos entrar en una discusión jurídica entre lo que opina –habrá que conocerlo- la Intervención General del Estado. Y lo que comparto con el presidente es correcto; y es que, primero, la instrucción no es una norma, no es una norma, y la figura de la avocación está expresamente prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo. El problema vuelve a no estar en la norma o en la tramitación del expediente, sino en el uso que algunas personas pudieran haber hecho de esta figura. ¿La figura es incorrecta? En absoluto, en absoluto, porque la conclusión hubiera sido la misma si se hubiese modificado el decreto, que es lo que proponía en su día el Partido Socialista. Es decir, si se hubiera modificado el decreto, y donde decía "delegado territorial" pasara a ser "director general" o "viceconsejero", el resultado hubiera sido el mismo. ¿Tenía razón de ser que las... la resolución de los expedientes administrativos –es decir, las autorizaciones- no recayeran en manos de los servicios territoriales, sino en un único centro directivo? Lógicamente, porque había que coordinar el desarrollo de la energía eólica en toda la Comunidad Autónoma, y eso es lo que daba razón formal y de fondo al hecho de que la competencia residiera... –como sucede, por cierto, en todas las Comunidades Autónomas, donde la competencia para la autorización no la tienen los jefes de servicio ni las Delegaciones Territoriales, sino los directores generales o cargos superiores- se hiciera aquí en Castilla y León. Daba lo mismo que se hiciera vía avocación o vía modificación de decreto, porque ahí no está el problema, ahí no está el problema; el problema está en el supuesto uso ilegítimo que de dicha figura pudo hacer algún alto cargo de la Administración.

Pero repito –y concluyo con esto-: en absoluto la Junta de Castilla y León tuvo forma de conocerlo, tuvo forma de conocerlo, como igual no tuvimos forma de conocerlo ninguno de los grupos parlamentarios que estábamos aquí, pero tampoco las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino únicamente ocho años después –por eso precisamente alguno habla de prescripción hoy en la prensa-, ocho años después, a través de una investigación tributaria, se pudieron conocer los hechos. ¿Por qué? Porque esos hechos no constaban en los expedientes, sino que tenían lugar al margen de los expedientes, al margen de los expedientes. Y eso es por lo que debemos de ser –y concluyo con esto, presidenta- absolutamente respetuosos con el procedimiento judicial que se está tramitando; y, como decía antes, esperar del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid que, con la mayor celeridad posible, diligencie las actuaciones; y si halla responsabilidades penales, que se concreten de forma también acelerada, para que, si deben de encontrarse culpabilidad en la actuación...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Termine, señor De la Hoz.


EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

(Termino). ... en la actuación de alguna persona, la condena sea contundente y ejemplar. Eso es lo que garantiza un correcto funcionamiento del Estado de derecho, y no las alharacas o los circos mediáticos. Nada más y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor De la Hoz. Para dar contestación, tiene la palabra el señor presidente de la Junta de Castilla y León.


EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR HERRERA CAMPO):

Gracias, presidenta. Procuraré ser más breve que en mi primera intervención. En primer lugar, contestación a alguna de las cuestiones planteadas por los portavoces.

Mire, señor Sarrión, respeto, respeto absoluto al trabajo del Ministerio Fiscal, lo que no significa, especialmente en términos de valoración jurídica de algunos hechos, que yo tenga necesariamente que compartir; o, por mejor decir, que los servicios jurídicos de la Administración lo compartan. Es algo que se verá y que se dirimirá. Pero seguramente no me he expresado bien –a lo mejor es más sencillo-; no creo que haya tanta contradicción entre lo que usted y yo estamos afirmando. Usted habla de ilegalidad de una instrucción; y esto lo afirma porque, al parecer, el fiscal así lo recogería y, al parecer, por su parte, el fiscal se remitiría a un informe -que yo no sé si conoce su señoría, yo tampoco lo conozco- de la... Yo he hablado de la legalidad de la avocación, y le he dicho que la avocación no se fundamenta en la instrucción; la avocación –como su señoría puede comprobar en cada uno de los acuerdos de autorización publicados en el Boletín Oficial del Estado- se basa en la Ley de Procedimiento Administrativo. Y toda la vida de Dios –usted lo sabe-, en el rango normativo, en la jerarquía normativa, una ley que faculta y que habilita estará por encima de la previsión de un decreto. Simplemente. ¿Respeto? Absoluto. No tengo por qué compartirlo. Oiga, mire, que no. Entre otras cosas, porque será objeto de debate. En este caso... vamos, es un tema que tiene trascendencia, pero yo ya le anticipo. Es más, le he puesto de manifiesto una circunstancia: el propio fiscal, que ha analizado los casi 200 expedientes de autorización –de autorización; es decir, expedientes autorizados- con avocación entre mil novecientos... perdón, entre dos mil cinco y dos mil quince, el propio fiscal discrimina, o aplica, o corrige, o reprocha hechos que pudieran ser constitutivos de delito a 35, pero no establece ningún reproche al resto, y esos eran también expedientes de autorización con avocación. Avocación que, de acuerdo con lo que a mí me dicen los técnicos jurídicos, tenía perfectamente establecidos sus requisitos de forma, sus requisitos de fondo; no recibieron, en el marco de las posibles impugnaciones de las resoluciones de autorización, ninguna impugnación. Y, finalmente, se da esa circunstancia de que el fiscal... con independencia de que las actuaciones están abiertas; por tanto, yo tampoco le quiero poner más puertas al campo de la actuación de la Fiscalía y de la actuación judicial.

Pero, en fin, ilegalidad de una instrucción de la que usted me habla, legalidad que yo he intentado explicarle de las avocaciones individuales, motivadas, notificadas, fundamentadas en la Ley de Procedimiento Administrativo, dándose las circunstancias que la propia Ley de Procedimiento Administrativo establece, y no impugnadas, de las que yo he hablado.

Mire, en el Código Penal –y estamos entrando en un terreno demasiado jurídico, seguramente- es que no hay un delito de práctica mafiosa; yo sé que esto es muy bonito, y esto queda un titular estupendo, y no a usted, sino a algunos de nuestros compañeros en el Parlamento les encanta, es decir, estas cosas, ¿no? Pero, mire, no hay un delito de práctica mafiosa; hay delitos, hay tipos de delitos, y en el Código Penal hay nada más y nada menos que cuatro delitos, que son cuatro delitos muy graves, que están en la querella; no tenemos que inventarnos nada: está la prevaricación, que es un delito, desgraciadamente, típicamente administrativo -cuando digo típicamente administrativo, que está vinculado a una actuación administrativa-; está el cohecho; está el blanqueo de capitales y están los delitos fiscales. Bien, no nos inventemos lo de la práctica mafiosa, que queda muy bonito, pero que no significa absolutamente nada.

Y yo he reconocido... –es otro problema que ha tenido el portavoz de Podemos, que como hoy se ha traído las intervenciones escritas...- yo he reconocido que estamos ante un caso de corrupción, pero de corrupción personal. Creo que es muy importante, en los términos actuales, en los términos actuales de corrupción de personas. El que una de esas personas, en ese momento, pudiera tener, en el caso de que esto llegara a confirmarse, una responsabilidad decisiva en la resolución no le da a eso un carácter de corrupción administrativa, de corrupción institucional, eso no arrastra... Me parece injusto, porque -le vuelvo a decir- los servicios jurídicos y el propio fiscal, que es muy importante... usted dirá: bueno, dónde están o para qué están... -ha preguntado un compañero del Parlamento- para qué están los servicios jurídicos. Bueno, los servicios jurídicos analizaron, hicieron su trabajo. Pero es que ha sido el fiscal, durante dos años, el que ha analizado; y no por casualidad, no existen querellados en todos esos pasos administrativos donde estos expedientes han estado servidos, y es muy importante. Y a mí me corresponde también, como jefe de la Administración de la Comunidad, subrayarlo, donde no se puede comprometer el trabajo serio, profesional, honesto y riguroso de los cientos de funcionarios que han participado en esto, porque no es un procedimiento dejado de la mano de Dios.

Mire, al portavoz de Ciudadanos le agradezco por reconocer... Hombre, no se trata de llevarle la contraria a la juez en el único documento oficial del que contamos, que no se ha perdido, que no se ha comprometido, que no ha habido perjuicio, que no ha habido malversación de dinero público; gracias. Pero es que es importante. Porque también algún portavoz de la Oposición lo primero que dijo es: ¡lo que hubiéramos podido hacer con ese dinero!; pues mire, no. Combatamos el enriquecimiento ilícito, ilegítimo. La Administración no otorga o no debe otorgar autorizaciones para que otros se lucren con esas autorizaciones, sino para desarrollo económico, para desarrollo industrial; ese era un principio que estaba desde el primer momento en la política industrial de Castilla y León. Si alguien se ha desviado, corrijamos eso, corrijámoslo, pero que lo... bueno, corrijámoslo... nosotros no, no nos erijamos en la función que le corresponde, en un Estado de derecho, al fiscal y, por supuesto, a la autoridad judicial, al juez que debe instruir y al juez que debe decidir. Pero, evidentemente, yo le agradezco que ponga de manifiesto.

Bueno, me ha hablado del caso, de nuevo, de Ibervento, que... yo le respeto mucho. Yo lo único que le he puesto de manifiesto es un caso entre 2.200 solicitudes, un caso. A mí no me da la... es que no me da la impresión, es que no me dio la impresión, es que cuando esto se reactivó –me han recordado que era hoy hace un año, ¿no?-, pues tuve que pedir todos los... claro, los antecedentes al gabinete, porque... Y si ustedes entienden que eso, en dos mil seis, le deben dejar al presidente de la Comunidad... No, porque es que incluso eso se atendió. Es más, y usted me lo subraya, ¡ojo!, yo seré el primero que si finalmente la autoridad judicial dice que eso se produjo por otras circunstancias... Pero usted me confirma, a las pocas semanas lo venden, y parece ser que lo venden a satisfacción. Porque, mire, no, no, los antiguos dueños perjudicados no se volvieron a dirigir, que yo sepa, a nadie, reiterando "¡oiga!, eso es un...", no, no parece que se mostraron satisfechos con el beneficio que obtuvieron. Y no voy a entrar en eso, y me parece también justo.

Mire, se lo reitero, señor Fernández, el problema de traerse las intervenciones escritas es que usted, en su primera intervención, ha dicho que yo no he pedido perdón. Yo he pedido perdón ante esta Comisión, aquí; claro, no lo voy a... no voy a estar todo el día zurriagándome, ¿eh?, ya me recuerdan algunos otros que tengo convicciones religiosas; ¡qué coño tendrá que ver eso! Bueno, pues yo le digo, hoy he pedido perdón, pero... [Murmullos]. Hoy he pedido perdón, pero, oiga, que sí que he hablado de corrupción, se lo acabo de explicar a su compañero.

Mire, los servicios jurídicos lo bueno que tienen, lo bueno... –no lo dispersen, es decir, no habría...- lo bueno que tienen los servicios jurídicos es que, en la mayor parte de los casos, allí donde está regulado, donde está tasado, pues informan; pero, mire, una instrucción pues no la tienen que informar los servicios jurídicos, un acuerdo concreto de avocación pues no lo tienen que informar los servicios jurídicos. Oiga, son las leyes de procedimiento administrativo, no me las invento yo, eso es ley nacional. Yo le he puesto de manifiesto que, por ejemplo, en el control de las transmisiones de los parques eólicos era y es más estricta la regulación de nuestro decreto del noventa y siete que la legislación estatal correspondiente, es lo que he querido indicarle.

Vuelve a estar equivocado, yo soy presidente desde el diecinueve de marzo de dos mil uno. ¡Hombre, que me lo está diciendo usted a mí! ¡Que yo me acuerdo, que de eso sí que tengo memoria! ¡Eso sí que lo conozco, que no me lo tiene que recordar! Y, desde luego, usted estaba por la labor de que José María Aznar... Pero, vamos a ver, que soy yo el que tomó posesión, querido. [Murmullos]. Pues no... es que lo sé, no sea... Vamos a ver, no se empecine, no sea usted el nuevo Empecinado, ¿eh? Mire, diecinueve de marzo del año dos mil uno. Y, desde luego, no me nombró presidente José María Aznar. Usted estaba loco por que el nombre de José María Aznar apareciera hoy en esta sesión. ¿Qué pinta José María Aznar en todo esto, que había dejado...? Claro, claro, claro, claro, claro, es que para usted... para usted todo es Wikipedia, la vida es Wikipedia, la vida es la red... [murmullos] ... la vida es la red, y por eso está usted enredado, y se ha enredado hoy, y se ha enredado hoy, y se ha enredado hoy. El Boletín Oficial del Estado, ahí está usted en el Boletín Oficial del Estado. Fíese usted de la Virgen y no corra.

Mire... y luego... y luego, ya sé... ya sé que a usted le ha pasado desapercibido, que a usted le importa absolutamente nada que después de todos estos años, ojo, con aspectos que hay que conocer, que hay que analizar y, en su caso, que habrá que castigar, esta Comunidad hoy tiene casi el 25 % del parque eólico. No me hable usted de que han huido los empresarios de aquí, es que es justamente lo contrario, mi querido amigo, es justamente lo contrario. Y yo he dedicado una parte de mi intervención precisamente a dar cuenta -y eso a usted no le interesa- de la energía eólica que se produce, del número de megavatios, del número de parques, del número de... de aerogeneradores, del empleo asociado, del número de trabajadores fabriles, y también del número de trabajadores de los servicios asociados.

Finalmente, al portavoz del Partido Socialista, mire, yo me sumo al respeto y al homenaje a los dos compañeros -yo he estado mucho tiempo con ellos y he trabajado; nos hemos entendido, hemos discrepado, cada uno en su función- a los cuales usted ha hecho referencia. Yo... en fin, yo no he hecho ningún reproche personal, yo simplemente he dicho que eso se dijo, y eso lo tienen ustedes que asumir. De la misma manera que ustedes tienen que asumir lo que ayer me pusieron por escrito. Cuando usted conoció todas estas circunstancias, como consecuencia del informe de la Agencia Tributaria, ¿cómo reaccionó? Yo se lo agradezco, porque eso es... Hombre, es que... es que eso es crítica constructiva.

Mire, responsabilidad política. Soy responsable, yo soy responsable. Soy responsable de lo bueno y de lo malo. Y lo bueno que tiene la democracia -se lo puedo decir después de dieciséis años- que, con ese conjunto de responsabilidades, yo me he sometido -ya no me voy a someter, porque considero que ya no es el momento- al veredicto cada cuatro años. Yo... yo es que... es que parece que es el señor José María Aznar el que me ha elegido en el año... el dieciséis de... qué barbaridad, el dieciséis de marzo el señor Aznar me pone... me instala aquí, y desde entonces me he anclado aquí y no me he marchado. Bueno, eso es lo que me están diciendo por parte de Podemos.

Y finalmente, mire, que no... que no estoy de acuerdo, que yo no puedo compartir con usted esa lectura extensiva que está realizando de la querella. Usted me está hablando de muchas cosas, de muchas personas, de muchas sospechas. Si usted tiene alguna sospecha fundada de algún otro comportamiento ilegal, ilegítimo, de algún promotor que tuvo trato de favor, de alguna otra comisión, de cohecho, tal, presunto, todo, lo que tiene que hacer es, hombre, no reprocharlo, no debatirlo en el marco de un... de un debate que yo he sustanciado en torno a la información de una querella. Si eso no está en la querella, usted lo que tiene que hacer es generar otra querella, otra denuncia. Pero no me lo reproche aquí, porque... porque usted me está haciendo una lectura -y sabe que es un poco trampa- pues parecida a lo que yo hablaba antes, de una causa general, o de un juicio político. No, no; señor Izquierdo, creo que no.

Miren, no sé si es mi última posibilidad de intervenir, pero yo en mi... en mi comparecencia he querido poner de manifiesto, en primer lugar, que el debate, que la comparecencia, se producía seriamente y básicamente sobre informaciones de los medios de comunicación, que, por las circunstancias que sean -que no son baladíes-, no hemos tenido acceso, en este caso -como no tuvimos o no tuvieron las Cortes-, a la querella... a la querella oficial, tampoco al procedimiento. He fijado posición en relación a la acusación popular. Pero sí que he subrayado la importancia que se deriva, cara a los ciudadanos, de lo que la juez, en el único documento disponible que hoy tenemos, y una vez -ella sí- analizada y valorada la querella, nos dice: que no hay en ninguno de los cuatro delitos perjuicio objetivo para los intereses de la Comunidad, para la hacienda de la Comunidad, que no ha habido malversación de fondos, y por eso no nos admite. Me hubiera gustado, me hubiera gustado, se lo digo sinceramente, comparecer hoy ya con la condición de presidente de una Junta y una Administración personada en este procedimiento, pero la juez ha entendido que no procede porque no existe perjuicio para la Administración.

Mire, yo he querido destacar también que, a raíz de las primeras informaciones que usted conoce, y que yo conozco -creo que usted no tenía... que ustedes no tenían información anterior o privilegiada-, el mes de abril de dos mil quince, como consecuencia de la publicación en un importantísimo medio de comunicación nacional, los servicios de la Junta verificaron que los expedientes se habían tramitado conforme a la legalidad y al procedimiento establecido, y que, por tanto, el problema no estaba en los expedientes. El problema, en el caso de algún delito, podía estar en lo que se habría producido, en algunos casos, en paralelo a los expedientes. Y mire, yo he subrayado, y me alegra, y quiero que quede también de nuevo, lo que la propia portavoz del PSOE en la comparecencia en dos mil quince del consejero señaló: hablaba de actividades ilícitas en expedientes impolutos. Y esto es importante, no porque confirme lo que yo digo, de que las irregularidades presuntas pudieron cometerse al margen, sino, hombre, porque los expedientes impolutos no es porque los impulsara Herrera, sino porque los impulsaban, como ustedes perfectamente saben, porque pertenecen, afortunadamente, a ese conjunto de servicios, aunque estén en este momento en excedencia o en servicios especiales, a los profesionales públicos. Son gente seria, son gente honesta. También a ellos yo creo que es conveniente. Y por eso he insistido que no podría hablarse –caso de confirmarse los hechos- de corrupción institucional o administrativa, sino, en todo caso, de corrupción de personas.

Mire, yo he explicado también... -y esto tiene yo creo que mucha importancia; algunos no lo han querido dar- a por qué el arranque de toda esta investigación se produce en el ámbito de la Agencia Tributaria. Primero, porque la Agencia Tributaria, igual que la Fiscalía Anticorrupción, igual que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado al servicio de la autoridad judicial, son instrumentos que tiene el Estado de derecho para investigarnos a todos. ¿Pero es que alguien entiende que, después de dos años, la Fiscalía Anticorrupción no ha hecho una investigación exhaustiva de aquellos... de todos aquellos que, por activa, pasiva o perifrástica, hubieran podido tener algo que ver con estos? ¿Es que no significa para nosotros nada, en ese reproche de esa interpretación extensiva de la querella, que el fiscal dirija su reproche -nada más que cuatro delitos, seis si tenemos en cuenta que son tres delitos fiscales- hacia veintiuna personas? Bueno, pues se tendrá que juzgar eso.

Yo respeto también la narración de hechos del fiscal. Evidentemente, está sometida a las normas de procedimiento y a las garantías del procedimiento, pero... pero yo lo respeto también. Ahora, no hagamos una interpretación extensiva. Bueno, no es baladí, no es casualidad, que la investigación, que los hechos, se conozcan de alante hacia atrás, esto es, que la Agencia Tributaria, como consecuencia... ¿qué conoce la Agencia Tributaria? Los movimientos económicos, desplazamientos de dineros. ¿Eso lo puede conocer la Administración de la Comunidad cuando se sitúa claramente al margen del... de la tramitación de los expedientes? Eso no lo conoce ni la Fiscalía, porque la Fiscalía comienza... comienza a actuar cuando le informa la Agencia Tributaria.

Luego, por favor, de verdad, no le exijan, no le exijan... ¡Ojo!, yo sé que sobre la responsabilidad in vigilando se puede teorizar mucho, pero no le exijan al... -además por esa... por ese razonamiento jerárquico de... piramidal al que he hecho referencia- no le exijan a la autoridad administrativa o política de la Comunidad lo que no se le podría exigir al... a la propia Fiscalía.

Es decir, hay una actuación a partir de la cual se detectan unos movimientos, se detecta una disposición de bienes, y, ¡ojo!, la Agencia, sin que nadie lo supiera –porque nunca lo supimos; yo, de hecho, no he llegado a tener en mis manos ese informe-, la Agencia –me imagino que allí se narrará- comienza a realizar unas investigaciones que, evidentemente... no que evidentemente, que vinculan esos movimientos, esos enriquecimientos, con un procedimiento de autorización administrativa, con una... un momento en esa fase. Bueno, eso es lo que se tiene que acreditar. Pero que en el momento mismo en el que nosotros conocemos ese informe de la Agencia Tributaria -que el... lo que se conoce es que la Agencia Tributaria se lo remite al fiscal, de la misma manera que recientemente que el fiscal lo ha mandado-, ¿que nos hemos movido? Ah, por supuesto. Yo tengo que decir -y me importa mucho que conste- que la labor ímproba, intensa, de la Fiscalía se ha producido también como consecuencia de nuestra colaboración, de la colaboración de muchos funcionarios de esta Administración pues que habrán tenido que dar su opinión o explicar o colaborar con la Agencia, y que, por cierto, no están querellados -por algo será-; y, en segundo lugar, de toda la documentación, muy completa, prolija: he llegado a hablar de 2.200 expedientes, señorías, 2.200 expedientes.

Mire, hemos repasado el procedimiento de parques eólicos, el del noventa y siete, un procedimiento -como he intentado indicar-, por supuesto, reglado y de actos debidos. Y sabemos lo importante que es eso para el principio –también constitucional- de no discrecionalidad de las decisiones administrativas. Un procedimiento complejo, pero también un procedimiento garantista, que –por cierto- responde a un modelo político, responde a una decisión política, responde al modelo de autorización y de proyectos sin competencia; que la propia Comisión Nacional de la Energía siempre dijo que era preferible, por ser mucho más abierto y transparente que otros modelos cuasi concesionales, los que –por cierto- algún compañero suyo de partido nos llegó aquí a proponer. Porque aquí -también consta en alguno de esos debates- se llegó a proponer que la Junta tenía que desarrollar toda la energía eólica con dos grandes empresas: una gran empresa energética –fíjense la guerra que hubiéramos tenido- y una gran empresa de fabricación de aerogeneradores.

Bueno, ese modelo oligopolista, de monopolio, es el que ustedes nos han planteado, es el que se ha desarrollado en otras Comunidades. Es el que se sustituyó aquí por un modelo mucho más abierto, donde –ustedes lo saben- hay una iniciativa de un solicitante que rápidamente se somete a competencia.

Mire, me he referido, y me vuelvo a referir, al uso de la avocación en las autorizaciones -y yo he indicado que esta es una figura con base en la ley procedimiento administrativo, esa no es una figura que se invente ninguna instrucción administrativa, la instrucción administrativa incluso no tiene valor de jerarquía normativa- y a la comprobación de que en todos y cada uno de esos casos en los que se usó se observaron los requisitos de forma, de fondo, de ausencia de impugnaciones y de número limitado de autorizaciones con avocación en las que el fiscal ha apreciado posibles irregularidades.

A mí esto me importa mucho, porque el fiscal ha analizado casi 200 autorizaciones en el período dos mil cinco-dos mil quince con avocación. Y, de ellas, ha dirigido la querella contra 35, pero no ha planteado -al menos por el momento, yo tampoco quiero significar absolutamente nada, porque está abierta la actuación judicial- ningún reproche a otras 162 autorizaciones con avocación que, vuelvo a decir, no tienen reproche alguno.

Mire, he defendido los objetivos de desarrollo y diversificación industrial, una filosofía inicialmente compartida, social y políticamente, en mil novecientos noventa y siete, una oportunidad de desarrollo. He detallado algunos de los resultados. Se los he tenido que reiterar a algunos de los procuradores que dicen que todo esto motivó la salida a tropel de empresarios. Mire, es que eso no es así, es que no se compadece con los datos; es que esta es la Comunidad líder en España en el desarrollo; estamos hablando del 25 %, estamos hablando de 6.700 millones de euros ya de inversión empresarial privada, estamos hablando de miles de megavatios, de miles de aerogeneradores, de 233 parques en ejercicio. Estamos hablando de industrias, algunas de ellas... -si ustedes las conocen y no las voy a localizar- algunas de ellas de referencia mundial en todo lo que es la elaboración de los elementos de los aerogeneradores y también la reparación y el mantenimiento de los mismos.

Y, bueno, para finalizar, mire, yo reitero que, como presidente de la Junta, lamento profundamente que hoy estemos aquí debatiendo. ¡Ojo!, este debate era necesario, pero lo tengo que lamentar, el debate... las circunstancias, el hecho, el que... el que esos presuntos hechos sean eso, presuntos hechos sobre los cuales tengamos que centrar nuestra atención, y no en los problemas actuales y vigentes... –también la corrupción lo es- actuales y vigentes, que son muchos, de la Comunidad.

Yo he reiterado y reitero mi absoluta confianza y mi disposición... mi confianza a la justicia. Entenderán ustedes, sobre todo después de pedirme el Grupo Socialista tantas veces la dimisión... ¡Hombre!, con algo tenían que compensar el desliz de ayer de reconocer que yo hasta el dos mil quince no conocía nada de las circunstancias a las cuales hacen referencia. Pero, mire, el primer interesado en que se esclarezcan; toda la colaboración. Yo he reconocido aquí que, aunque algunos señores son... o acaban de llegar y se quejan de que aquí dicen que hay una especie de pimpampum, estos son los hechos más graves que se han atribuido a una persona que ha sido –y he tenido cientos- alto cargo en mis gobiernos durante estos dieciséis años. ¿Cómo no iba a comparecer?, ¿cómo no voy a dar la cara?, ¿cómo no me puedo sentir afectado?, ¿cómo no puedo tener responsabilidad? Es la parte negativa, porque soy responsable en lo bueno y en lo malo.

Y, mire –yo con esto finalizo-, yo he pedido perdón, y yo sigo pidiendo perdón, y pido perdón por... y pido perdón por anticipado. Ya sé que para ustedes esto no sería suficiente, ya sé que ustedes, incluso antes de que este asunto se conozca, de que se depure, de que se resuelva, están pidiendo que se condene a personas, ¿eh?, no... Por lo tanto, ¿cómo no van a pedir que yo...?, ¿cómo no van a exigir que yo pida perdón hoy aquí? Pues mire, yo ejerzo la responsabilidad, y la ejerzo ante esta Comisión, ante las Cortes, ante los medios de comunicación, y con la convicción plena de confianza en la justicia.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, presidente. Terminado el turno de portavoces, se procede a la apertura de un turno para que el resto de procuradores presentes que no hayan actuado como portavoces de los distintos grupos puedan, escuetamente, formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información facilitada. Señor González Reglero, tiene la palabra.


EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Sí. Gracias, presidenta. Tres preguntas muy concretas. Decía el señor Mañueco que en todo este procedimiento, vamos, que se iba a valorar la personación del Partido Popular. Y le pregunto, señor Herrera, si cree usted que se ha visto beneficiado o perjudicado de alguna manera el Partido Popular en todo este procedimiento.

Dos. ¿Pone usted la mano en el fuego por usted mismo, por el señor Mañueco, por el señor Rafael Delgado y por el señor Villanueva? Son preguntas muy concretas, si pone usted la mano en el fuego por estas cuatro personas: por usted mismo, por el señor Mañueco, por el señor Rafael Delgado y por el señor Villanueva.

Y comentaba usted también que se había podido ver perjudicada la hacienda pública de acuerdo con este procedimiento. Si es que se ha visto perjudicada, ¿en qué cantidad ha calculado usted ese perjuicio que pudiera verse perjudicada la hacienda pública? Muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor González Reglero. Señor Martín, tiene la palabra. Sí.


EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR HERRERA CAMPO):

Mire, señor Reglero, yo no estoy aquí en representación del Partido Popular. Por lo tanto, no me pida a mí... No se trata de poner la mano en el fuego. Yo le he explicado que un Gobierno y una Administración –y aquí estamos hablando de una Administración muy amplia, muy extensa- es una cadena de confianza. Y yo le he reiterado: yo no tengo ningún motivo, no tengo ningún motivo; ni la información relacionada con la querella ni de la propia querella parece deducirse para hoy retirar lo que yo siempre mantuve, hasta que quiso dejar de estar en el Gobierno. Mi confianza en don Tomás Villanueva; lo he dicho plenamente.

Y mire, tercera pregunta. Me plantea usted... que no, que no, que es que es justamente lo contrario. Me va... me va a animar a volver a leerlo. Yo lo he dicho al principio, sé que ha sido de madrugada, pero, mire, en este punto hay que destacar como el único documento oficial del que sí disponemos –aquí está; y sí que disponemos porque, lógicamente, ese auto nos los dicta a nosotros después de nuestra solicitud de personarnos en sus actuaciones-, el auto del juez de instrucción número 4 de Valladolid del pasado dieciséis de mayo –no estamos hablando de... estamos hablando del dieciséis de mayo-, por el que no admite la personación de la Junta como acusación particular en sus actuaciones, afirma con rotundidad: "Dicha personación no procede al no tener la Comunidad la condición de perjudicada por los delitos... por los cuatro delitos objeto del procedimiento, ni poder entenderse afectada por ellos la hacienda pública o los intereses que la misma representa. Ergo de esta terminante declaración y disposición que la juez, además, ha hecho –ella sí, porque tiene autoridad y competencia- después de conocer y examinar la querella de la Fiscalía, nos está diciendo a todos que, de acuerdo con lo actuado hasta este momento, los fondos públicos que administra la Junta no se han visto afectados por los hechos denunciados y que no ha habido en ningún momento malversación de dinero público". Con un factor añadido, señor Reglero, que la juez, en un auto muy trabajado, hace un tránsito por los cuatro delitos a los que se refiere la querella. Y aquí sí que puedo yo afirmar ya que son cuatro los delitos a los que se refiere la querella, porque en el auto judicial así se reconoce.

Y repasando uno por uno el alcance y las características de esos cuatro delitos, en cada uno de ellos –yo luego le dejo copia de ese auto-, en cada uno de ellos concluye que no se ha visto perjudicado la Hacienda Pública, que la Comunidad no tiene la condición de perjudicada, y que, por lo tanto, no se han visto afectados los intereses ni de la Hacienda ni de los intereses generales de la Comunidad. Eso es lo que yo le he manifestado, y seguramente ha habido una confusión, para que usted me hiciera la tercera pregunta que me ha formulado.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. Señor Martín, tiene la palabra.


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, presidenta. Muy rápidamente. En relación a algunas preguntas del cuestionario que tan amablemente le remitimos ayer para que pudiera preparar, y que, efectivamente, también ha utilizado también dos grupos de la Oposición, como ya adelantamos ayer, para montar sus intervenciones.

Antes que nada, una pregunta que no está en el cuestionario en relación a su intervención inicial, que no me ha quedado nada clara, y va un poco en la misma línea. Pero usted dice que intentaron personarse y ejercer la acusación particular en relación al expediente por delito fiscal por la implicación que tiene en la Comunidad, etcétera; son sus palabras. En la primera... en la primera intervención, la primera... la primera pregunta es en cuántos expedientes por delito fiscal se ha personado... ha intentado personarse como acusación particular la Junta. Ya le digo yo que uno, este, donde uno de sus argumentos era ese, o delito fiscal o ninguno.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín, tiene que hacer escuetamente las preguntas.


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Nunca, nunca, que yo sepa...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín...


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... se ha personado por delito fiscal.

En relación al cuestionario, efectivamente, ya sabíamos su respuesta a la cuestión catorce, porque es la que ha dicho siempre, de que usted se enteró por la prensa, y se enteró por la prensa cuando...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín, quiere...


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... la prensa publicó el informe de la Agencia.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín, por favor, realice escuetamente las preguntas. Gracias.


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

La pregunta... las preguntas... las preguntas es si es posible mantener eso, si es posible mantener eso, cuando usted ha tenido, y tiene, relaciones absolutamente continuas y constantes con altos directivos y con los presidentes de las grandes empresas eléctricas. Y las preguntas son si en ningún momento ellos le dijeron que les estaban chantajeando en Castilla y León. Si en ningún momento ellos les dijeron que tenían los expedientes parados y que les obligaban a constituir empresas... a constituir sociedades con empresas regionales que nada tenían que ver con el sector y que no aportaban nada a la petición. Si en ningún momento ellos le dijeron que de esta circunstancia el consejero Villanueva se sentía, además... se vanagloriaba, y lo hizo en su comparecencia en las Cortes en el dos mil... en el dos mil seis. Si en...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín, por favor...


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... si en ningún momento esas empresas, esos... esos empresarios le dijeron que después de cambiar la solicitud a nombre de estas empresas constituidas por grandes eléctricas y empresas regionales...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín, esa cuestión...


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Estoy haciendo las preguntas.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

No, pero es que esa cuestión ha sido ya planteada en esta Comisión...


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... el proceso... (No, no, no ha sido planteada en estos términos).


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

No, señor Martín, ha sido planteada por varios grupos en esta Comisión.


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... el proceso se desbloqueaba y la autorización se concedía en plazo récord, en algún caso de un día. Si en algún momento esas empresa, que perdieron, según el auto, más de...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín, estas cuestiones han sido planteadas ya por su portavoz.


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... más de 80... más de 80 millones... (No han sido planteadas).


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Yo no tengo ningún inconveniente en que las plantee su portavoz. Si a usted no le gusta, no es problema...


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Si en algún momento estas...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

... ni del compareciente ni de esta Presidencia...


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... si en algún momento estos directivos...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

... así que, por favor... Le voy a llamar al orden, señor Martín.


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... que perdieron 80 millones no le dijeron nada.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín, ¿tiene usted alguna pregunta concreta más que hacer?


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

¿Estos directivos le avisaron que se estaba...


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

¿No tiene usted ninguna pregunta más?


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... chantajeando en Castilla y León?


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor, le voy a retirar la palabra.


EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Bueno, ya está.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Bueno, muchas gracias. Para dar contestación, tiene la palabra el señor presidente.


EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR HERRERA CAMPO):

Muchas gracias, señora presidenta. Hombre, yo le entiendo. Es usted... es usted un procurador casi tan veterano como yo, y ayer, por la precipitación, por las... por las ganas de cobrarse pieza, pues es usted... porque, además, no por casualidad, firma usted el primero este escrito, que luego le somete a quien hoy ha sido portavoz de su grupo, haciéndole, lógicamente, pues meter la pata, vamos a decirlo... vamos a decirlo entre amigos. Mire -no, es que... es que usted mismo me lo pone de manifiesto-, "¿qué hizo cuando se enteró de todas estas circunstancias por las que usted me pregunta gracias al informe elaborado por un inspector de la Agencia Estatal Tributaria?". Yo no conocí nunca ese informe, publicado en medios de comunicación nacional. Sí, en abril del año dos mil quince, en abril de dos mil quince. [Murmullos]. No, nunca, jamás. Ya le he dicho que mis coincidencias fundamentales con el presidente de esa gran empresa se han producido fundamentalmente en los últimos años en relación a otra misión que tiene. No sé si le satisface o no le satisface la pregunta.

En cualquiera... en cualquiera de los casos, señor Martín, usted, que es un procurador pues incisivo, yo le... yo le pregunto: ¿dónde ha estado usted estos veinte últimos años? ¿Por qué no me ha formulado ninguna pregunta? ¿Por qué... por qué sus portavoces no me han formulado ninguna pregunta? Bueno, yo... [Murmullos]. No, pero, vamos a ver, si usted se diera por aludido, es su... No, no, no ha sido ninguna, ninguna alusión. En cualquiera de los casos, su grupo no me ha formulado en dieciséis años ni una sola pregunta al respecto.

Yo le agradezco mucho que, para preparar esta comparecencia, de nuevo a su portavoz le haya hecho deslizarse en lo que aquí se dice, y quedará para siempre: usted reconoce que el presidente se enteró de todas estas circunstancias gracias al informe elaborado por un inspector de la Agencia Estatal Tributaria y publicado en medios de comunicación nacional. Firmado: José Francisco Martín Martínez. Gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor López Prieto. [Murmullos]. Señor Martín... No, es que no tiene usted la palabra. La palabra la tiene el señor López Prieto.


EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Gracias, señora presidenta. Señor Herrera, ¿respeta usted la Intervención General del Estado, que en su informe de dieciséis de enero del dos mil dieciséis califica de ilegal la Instrucción 2/2004?

Y la segunda pregunta es lo que ha preguntado antes mi compañero, pero no lo tenemos claro si nos ha contestado, es por qué dejó de contar con Tomás Villanueva en el año dos mil quince, y si tuvo algo que ver la información aparecida en El País sobre esta presunta trama.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias, señor López Prieto. Tiene la palabra el señor presidente.


EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR HERRERA CAMPO):

Muchas gracias, señora presidenta. Es verdad que usted... en ese momento ustedes no tenían presencia. El señor Villanueva tomó una decisión política libre, legítima, y se... dejó la política, dejó la política activa. Es decir, no se trata de... no, dejó la política activa muchos meses antes, muchos meses antes de las elecciones autonómicas, y por tanto muchos meses antes de que esto surgiera como noticia en el año dos mil quince. Eso lo puede usted constatar. Por tanto, yo no tengo nada que decir al respecto.

Y en cuanto a la... ¿que si respeto a la Intervención? Sí. Me gustaría conocer su informe, pero vuelvo a decirle: usted... lo he... lo he repetido varias veces, y veo que no he tenido la capacidad de explicarlo. Es como cuando alguien nos señala lo preciosa que está una estrella, y alguien pues se... yo, tonto, me quedo... no, perdón, no... yo me quedo mirando el dedo de quien lo señala. No, mire, que yo no estoy hablando de que la avocación -porque no es así- esté justificada en una... en una instrucción; entre otras cosas, porque la instrucción no tiene valor o rango normativo. La avocación, el uso de la avocación, se ampara, se justifica, se explica y se referencia en cada uno de los acuerdos a una ley, Ley de Procedimiento Administrativo Común, que faculta u obliga a todas las Administraciones públicas y que, por ser ley, siempre tiene, cuando se cumplan los requisitos y condiciones, un rango superior -en un procedimiento- al decreto que regula ese procedimiento. Es lo que he explicado. Por lo demás, a mí me encantará, en su momento, conocer lo que la Intervención General del Estado... -ojo, cuyo criterio me parece siempre muy a tener en cuenta, porque son profesionales magníficos, pero no es autoridad judicial- lo que la Intervención General del Estado haya dicho en torno a la instrucción, en torno a la avocación y en torno a tantas otras cosas.

Mientras tanto, yo, para no venir aquí como un offsider –porque ya tengo bastante oxidados mis conocimientos jurídicos-, he pedido criterio a los servicios jurídicos de la Comunidad. Y los servicios jurídicos de la Comunidad me dicen –hombre, da un poco de rubor repetirlo- que la avocación es una figura normal, ordinaria, regulada y prevista para su utilización por las Administraciones en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Mire, esto hubo alguien que no es jurista –creo- y que me hizo la siguiente comparación –y, como estamos ya en la fase final de la comparecencia, pues me atrevo a compartirla con sus señorías-: esto es como si, como consecuencia del atraco a una entidad bancaria, alguien intenta responsabilizar al que construye la puerta de la entidad bancaria por la que han entrado los atracadores. La puerta está para la actividad ordinaria, para que entren los trabajadores, para que entren los clientes, tal. También la utilizan, pero fijarse en la puerta administrativa para que alguien con malas intenciones interactúe en procedimientos administrativos me parece un... me parece un error.

Por lo tanto, yo le digo: respeto lo que dice la Intervención. Usted, en su propia pregunta, se ha referido a la instrucción. Yo le digo que la instrucción en ningún caso tendría jerarquía normativa, y, por supuesto, no tendría jerarquía normativa para variar el procedimiento establecido por un decreto; pero la avocación que se utiliza –eso lo puede usted comprobar, y cualquier jurista se lo cerciorará- es una avocación fundamentada creo que, en concreto, en el Artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Y aquí estamos hablando de ley, y, por tanto, sí que me tendrán que explicar...

Otro debate, que yo también he querido plantear, es si hubiera sido preferible el hacer una modificación del decreto y residenciar la competencia... que en principio, bueno, hubo algún grupo que así lo planteó; hoy estaríamos hablando de un mal uso del decreto o de un mal uso de una norma. Pero, desde luego, quédese con la idea clara: la instrucción no tiene rango normativo, la instrucción es un procedimiento o un protocolo de actuación; las avocaciones sucesivas, casi 200, no se justifican en ningún caso en esa instrucción, ¿eh?, en la Ley de Procedimiento Administrativo en concreto, que sí que tiene jerarquía normativa superior a la del decreto. Gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, presidente. Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las trece horas cincuenta y cinco minutos].


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