DS(C) nº 330/9 del 15/6/2017

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Buenas tardes, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Empleo convocada para esta tarde. Plantearles que, antes de pedir a los grupos las posibles sustituciones, por acuerdo de los portavoces, va a haber una permutación en el orden del día, de tal manera que el punto inicialmente convocado como número tres pasará a ser el primero, el número cuatro pasará a ser el segundo y después se debatirán los inicialmente convocados con los números uno y dos, para facilitar la actividad simultánea que esta tarde hay en esta Cámara.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, ¿tiene alguna sustitución que comunicar?

LA SEÑORA PELEGRINA CORTIJO:

Sí, presidente. Buenas tardes. Por el Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Aceves sustituye a Óscar Álvarez.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Pelegrina. Grupo Podemos Castilla y León, no. Grupo Ciudadanos.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, presidente. Pues en sustitución de Manuel Mitadiel Martínez, Belén Rosado Diago.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchísimas gracias, señora Rosado. ¿Grupo Parlamentario Popular, don José Manuel?

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO:

Gracias, presidente. Don Ramiro Felipe Ruiz Medrano en sustitución de Francisco Julián Ramos Manzano y don Jorge Domingo Martínez Antolín en sustitución de Pedro Antonio Heras Jiménez.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Fernández Santiago. Por parte del señor vicepresidente se va a dar lectura al primer punto del orden del día, con el orden ya... del día modificado.

PNL/001473

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Sí. Buenas tardes. Gracias, presidente. Primer punto del orden del día, antes tercer punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL 1473, presentada por el Procurador don José Sarrión Andaluz, instando a la Junta de Castilla y León a abrir una investigación para esclarecer si alguna empresa que imparte formación profesional para desempleados subvencionada con fondos de la misma ejercita la presunta práctica fraudulenta de exigir el retorno de una parte del salario en efectivo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 274, de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra don José Sarrión Andaluz, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Muchas gracias, Presidente. Y gracias también por la deferencia al permitir alterar el orden del día a la Presidencia de la Comisión y a los grupos parlamentarios. Hoy se da la circunstancia de que estoy convocado, no ya a dos, sino a tres Comisiones parlamentarias, ¿no? Con lo cual, después de dos años rozando el don de la ubicuidad, esto empieza a evolucionar hacia el don de la omnipresencia, ¿no? Evidentemente, renuncio a ir a la Comisión de Familia, agradezco que ustedes tengan la deferencia de permitir pasar al primer punto del orden del día para poder defender esto en Comisión, haré decaer el cuarto punto del orden del día, y acudiré a y media a la Comisión de las Cajas de Ahorros.

Como digo, entonces, solicito que decaiga la proposición no de ley que se encontraba hasta ahora en el punto cuarto del orden del día, que han desplazado al punto segundo ahora mismo, la PNL/001474, referente a la oficina de empleo de Cadenas de San Gregorio. A mí me habría gustado debatirla, aunque es verdad que se ha debatido y aprobado una proposición no de ley hace no tanto en esta Comisión, y, por lo tanto, me sirve con esa proposición y que se apruebe, aunque a mí me habría gustado que también hubiéramos podido debatir y aprobar hoy la misma. [Murmullos]. ¿No se aprobó? ¡Ah!, pues con mayor razón me habría gustado que se volviera a debatir en tal caso. Gracias por la... gracias por la aclaración. Pero bueno, en todo caso, puesto que ya se ha debatido recientemente, pues la retiro para poder atender a mis obligaciones parlamentarias en el marco de la Comisión de Investigación de las Cajas de Ahorro.

Y me voy a concentrar, por lo tanto, en la Proposición 1473. Bien, el planteamiento es el siguiente: ustedes saben que venimos haciendo un esfuerzo, desde mi humilde fuerza política, por realizar una fiscalización y un control de las políticas de formación a desempleados y desempleadas en la Comunidad. Hemos presentado ya dos interpelaciones con su correspondiente moción en materia de formación para desempleados y desempleadas: en la primera conseguimos meter el dedo en la llaga de los cursos... esencialmente los cursos FOD y los certificados de profesionalidad; y en la segunda nos especializamos en la cuestión de las acreditaciones profesionales; y hemos realizado varias proposiciones no de ley también relacionadas con esta cuestión.

El tema que hoy les traigo es el producto de diferentes reuniones con diferentes profesionales que trabajan en el ámbito de la formación a desempleados y a desempleadas en el ámbito de Castilla y León, y que viene planteándonos desde hace ya unos meses una problemática de la cual lo que vengo a requerir con esta iniciativa, con esta proposición no de ley, es que se realice una investigación, que se realice una investigación por parte de la Administración pública, como de hecho está obligada a hacer por normativa dicho seguimiento.

El caso es que estamos recibiendo diferentes denuncias por parte de colectivos y de personas relacionadas con las acciones formativas acerca de que se está produciendo una práctica bastante generalizada en varias academias privadas de Castilla y León, y en la cual, para poder trabajar, una parte del salario tiene que ser devuelta de forma efectiva al ente colaborador. Es decir, el gran problema que se nos está planteando aquí es que estamos encontrando como la subvención que da la Junta de Castilla y León, de acuerdo siempre a lo que me están denunciando los empleados y las empleadas que se dedican a realizar dicha formación, es que cuando se realiza una subvención, la cual consigna que el 30 % de la misma, por ley, debe dedicarse al salario de los formadores y las formadoras, lo que nos están diciendo diferentes profesionales es que en las academias, bajo cuerda, se les está diciendo que solo se les contratará si devuelven dicho 30 % en efectivo a la entidad contratante.

Es decir, el Artículo 28 de la Orden EYE/452/2014, de dos de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas destinadas a la financiación de acciones de formación profesional para el empleo, en su modalidad de oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, en la Comunidad de Castilla y León, el Artículo 28, Retribuciones de los formadores internos y externos, establece que la suma de los costes imputables en concepto de retribuciones de los formadores deben representar un coste mínimo del 30 % de los costes totales de la subvención a liquidar.

Lo que a nosotros se nos está transmitiendo a través de diferentes reuniones con colectivos de formadores que trabajan para academias que viven a su vez de estas subvenciones públicas es que se está produciendo, en definitiva, un fraude. Me dirá ustedes: ¿por qué estos señores no judicializan dicho fraude, como es su obligación? Pues, precisamente, por el temor a no volver a ser contratados por dichas academias. En definitiva, lo que están pidiendo es que sea la Administración la que inicie una investigación. Por eso yo hablo de presunto fraude, porque hasta ahora yo no puedo demostrar la existencia del mismo, lo que sí puedo afirmar es que en diferentes reuniones con diferentes profesionales de la formación a desempleados y desempleadas se nos está manifestando la existencia de este presunto fraude.

¿Qué más elementos nos indican que estamos ante algo que debe ser investigado? Que es algo que ha sucedido a nivel estatal, que es algo que se está denunciando a nivel estatal. Y no hablo ya aquí, por lo tanto, solo de Castilla y León, hablo del conjunto del país. Así, por ejemplo, recientemente, un artículo en la revista Interviú publicaba precisamente un artículo en torno al escándalo del fraude en los cursos de formación subvencionados por diferentes Comunidades Autónomas. Así, por ejemplo, en el año dos mil catorce, Jordi Évole, en el programa de Salvados, dedicó el programa del dos de noviembre de dos mil catorce a mostrar esta realidad; así, encontramos como el diario El Mundo, en el día doce de junio, publicaba un artículo, en este caso a la Comunidad Autónoma de Andalucía, hablando de como el funcionario que se atrevió a denunciar el presunto fraude de los cursos en Andalucía hablaba con el siguiente titular: "La Junta 'acosa' otra vez al testigo protegido de los cursos" –esta persona, por cierto, lleva desde enero sin claves para poder realizar su trabajo, y eso que el juez le dio la categoría de testigo protegido-. Al mismo tiempo, uno de los docentes que dio la cara en el programa de Salvados no fue contratado nunca más. Entenderán ustedes los motivos por los cuales, cuando los profesionales de la formación a desempleados y desempleadas en Castilla y León traen esta información, me indican que ellos no quieren judicializarlo, porque tienen miedo a posibles represalias.

Por lo tanto, ¿a quién corresponde realizar esta labor? Evidentemente, al propio ECYL, a través de los técnicos de formación. Pero, para ello, el ECYL debe emitir una orden de que se investigue. Tal y como se regula en la orden que mencionaba anteriormente, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas, en el Artículo 44 se sitúan las actuaciones de seguimiento y control. Así, en el Artículo 44.1 se dice que "El Servicio Público de Empleo de Castilla y León podrá realizar, en cualquier momento, mediante los procedimientos pertinentes, de manera directa o indirecta, las comprobaciones oportunas respecto al destino y aplicación de las subvenciones concedidas, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y las condiciones impuestas". En el punto 2 del mismo Artículo se dice que "En las acciones formativas realizadas al amparo de las presentes bases se efectuarán las actuaciones de seguimiento y control in situ que determine el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en los términos del Artículo 36.1 de la Orden TAS/718/2008, del siete de marzo, y del Artículo 22 de la Orden ESS/1897/2013, de diez de octubre". Y en el punto 4 se indica que: "Las actuaciones de seguimiento y control previstas en los apartados anteriores se entienden sin perjuicio de cualesquiera otras que se articulen por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León".

Así, parece evidente que la normativa permite realizar esta acción que nosotros demandamos, es más, lo aconseja, es más, parece que está previsto, y el problema es que, por la información que nosotros recibimos, la impresión que se nos da es que esta acción, que aparece indicada en la normativa de la propia Junta, parece que no se está realizando, al menos con el celo que debería guardarse, si damos por creíbles los razonamientos y las argumentaciones que me traen los empleados de formación de las academias; las cuales, por cierto, yo doy enorme credibilidad. Porque nadie se molesta en venir a una... a un grupo parlamentario a explicarnos una situación si no hay un problema real, ¿no?

Por lo tanto, lo que estamos planteando es que debe realizarse dicha investigación prevista y dichas acciones de control previstas por el ECYL, debe realizarse por iniciativa del propio ECYL. Debe ser el ECYL quien dé la orden y elabore un protocolo para detectar estos presuntos fraudes o, simplemente, para confirmar, en caso de que así sea -lo cual sería una gran alegría para todos nosotros-, que en Castilla y León no existiera dicho fraude; lo cual, yo pongo en duda.

Es tan sencillo como lo siguiente: realizar una encuesta de calidad desde el propio ECYL, el cual, el docente, de manera directa y sin intermediación de la empresa, el docente, en la encuesta de calidad, responda de manera directa, a través de dicha encuesta, al ECYL cuánto está cobrando. Está comprobado, además, que cuando se les pregunta directamente, en muchos casos, se reconoce, se comenta y se denuncia este presunto fraude. Si se habilita una encuesta en la cual no hay intermediación de la academia, para que pueda expresarse lo que está cobrando, puede, sencillamente, solucionarse.

Vemos así como la precariedad de este colectivo es tan grande, por cierto, que se ha llegado a crear una asociación (AFOREN), que, entre otros temas, está denunciando esta costumbre. Y se habla, además, de varias fórmulas para denunciar la mordida: la fórmula de devolución en caliente, en la que el docente cobra su sueldo y devuelve en mano una parte; la fórmula de falsos tutores, en las que se justifica parte de la subvención a personal que no interviene en la docencia en calidad de tutor; la práctica de falsos docentes, como es poner dos docentes en un curso, cuando realmente solo hay uno; y la práctica de facturas falsas, como es cobrar al docente por otras actividades que el docente recibe de la empresa, por ejemplo, recibir un curso en el cual el docente no genera dicha factura, el docente...

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Señor Sarrión, debe ir concluyendo, por favor.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

(Sí. Gracias, presidente. Inmediatamente). ... el docente paga, por ejemplo, 1.500 euros a la academia por un curso que ha recibido, que, en cambio, no lo ha recibido.

Y, por último, en el segundo punto, qué planteamos. Que al igual que ocurre, por ejemplo, en la Consejería de Educación, que también en estos formadores que dependen de empleo que cobren directamente de la Junta, lo cual supondría, sencillamente, terminar con este problema. Por mi parte, nada más. Agradezco la benevolencia del señor presidente, y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Sarrión. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Belén Rosado Diago.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, presidente. Pues muy breve, porque está perfectamente explicado. Nuestro voto a favor de esta proposición no de ley, porque aquí lo que hablamos es de hechos bastante graves, que una solo mínima sospecha que haya merece que haya una investigación. Cualquier dinero público que esté entregado, desde luego, debería de tener un seguimiento. Es cierto, es vox populi ya, y está en la prensa nacional, de que esto está pasando en multitud de academias, y es un acto, desde luego, de responsabilidad de la Junta hacer un seguimiento de este dinero. Y también es cierto que en el punto 2 se podría evitar ingresándoselo directamente el dinero al profesorado, porque sería más difícil, así, realizar este fraude del que estamos hablando.

Por lo tanto, nuestro voto a favor, y hacer una comisión de investigación y esclarecer todos estos hechos. Que, es cierto, si vienen a contarlo es por algo y es porque está pasando. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Rosado Diago. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Adela Pascual Álvarez.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias, presidente. Pues bien, entre las recomendaciones de la Comisión Europea para España, en empleo y educación, cabe destacar la mejora de la coordinación entre los servicios de empleo, los servicios sociales y las empresas; favorecer la contratación indefinida y hacer frente a las disparidades autonómicas y la fragmentación en los sistemas de renta mínima garantizada. Cuando el Servicio Público de Empleo concede subvención para la realización de acciones de formación profesional para el empleo en la modalidad de oferta, dirigidas prioritariamente a desempleados, hacen gran hincapié en cómo debe ser el control de los alumnos: altas, bajas, seguros, requisitos. Parece que la Junta se preocupa mucho de los datos de los alumnos, para luego, bueno, pues hacer grandes titulares, ¿pero qué pasa con las condiciones laborales de los trabajadores?

También hablan de las actuaciones de evaluación y control de la calidad de la formación. Me imagino que cuando los centros colaboradores justifican la realización de la acción subvencionada y de los gastos realizados para cada una de las acciones formativas, de forma individualizada, todo está en orden. De lo que hoy hablamos no forma parte de esta justificación, hoy hablamos del posible robo, primero, el trabajador, y segundo... primero, al trabajador, y segundo, a todos los castellanos y castellanas, y leonesas y leoneses, que pagamos impuestos para conseguir una sociedad más justa y no un mundo de corruptos y defraudadores.

Estamos seguras que lo que hoy se denuncia en esta PNL es la excepción, pero solo con un caso que exista hay que denunciarlo, y, claro, los trabajadores tienen miedo. Cómo no van a tener miedo los trabajadores de esta Comunidad Autónoma, donde el trabajo es cada vez es más precario, donde, como consecuencia de las reformas laborales, la estabilidad en el empleo es una entelequia. Cómo creen ustedes que nos sentimos las trabajadoras; la reforma laboral solo ha traído impunidad para algunos empresarios y temor para muchos trabajadores.

El Partido Popular, haciendo alusión a nuestra región, preferentemente agrícola, ha sembrado de trabajadores pobres nuestra Comunidad. Tener un empleo en Castilla y León ya no garantiza salir de la pobreza, la precarización de los trabajos hace que el salario no alcance a muchas personas para cubrir los gastos básicos de subsistencia. Fíjense hasta dónde, que la Junta de Castilla y León, como siempre, con los acuerdos dentro del marco del diálogo social, ha tenido que tomar medidas para compatibilizar la exigua Renta Garantizada de Ciudadanía que tenemos en esta Comunidad con la prestación por desempleo. ¿Y saben a qué se debe esto? Pues a que los contratos a tiempo parcial generan prestaciones de miseria. Y, por favor, que no nos presenten esto, los firmantes del acuerdo, como un éxito.

Quisiera destacar dos cosas de la argumentación de la PNL. La primera, que uno de los colectivos que se ha dirigido a Izquierda Unida-Equo ha sido el del profesorado de los centros colaboradores, quienes han comentado como una práctica bastante generalizada en bastantes centros que, para poder trabajar, una parte de su salario tiene que ser devuelto en efectivo al centro colaborador. Es decir, pagar para poder trabajar, para que puedan contar con las personas que quiere... con las personas que quieren trabajar, estas deben de pagar en B, porque si uno no lo acepta, otro vendrá detrás, más necesitado, que sí lo aceptará. Si lo damos credibilidad, de lo que se está hablando es de vulneración de derechos, de fraude, de robo, y no sé cuántos delitos más; esto es una barbaridad. Si hay indicios, al menos indicio, hay que intervenir ya.

No voy a calificar este hecho, puesto que está calificado por sí solo. Ahora bien, yo sé... yo sé quién puede o debe denunciar esto, que no sea el propio afectado, pero lo que sí sé es que quien lo denuncie debe tener pruebas o evidencias del delito; no es posible lanzar la piedra y esconder la mano; la acusación es muy grave.

Nos parece grave. Por lo tanto, es necesario aclararlo cuanto antes, pues también es frecuente denostar los planes formativos, muchas veces sin más argumentos que la propia denostación, a la vez que se introduce en el mismo saco la corruptela a todos los centros y entidades colaboradoras. Y no se trata, desde nuestro punto de vista, de poner mecanismos que impidan que eso pase, que, por supuesto, estamos de acuerdo, se trataría de investigar dónde ha pasado, a fin de deshomologar a los centros o entidades cuyos responsables han cometido el delito, y exigir las correspondientes responsabilidades. Una vez que se pone el hecho encima de la mesa, solo queda una solución: la investigación para resolverlo por la vía que corresponda, si esto ha sido así, como se denuncia. En caso contrario, el descrédito infundado de todos los centros formativos o entidades colaboradoras está servido, y el daño injustificado, hecho.

Al segundo punto que me quería referir es cuando se dice que el gran problema que se nos plantea es que ninguna de estas personas está dispuesta a denunciarlo ni pública ni judicialmente; tienen miedo a que, si lo hacen, no trabajarán más en el sector, y por ello no quieren que sus nombres aparezcan públicamente. Ante una situación de crisis como la que se vive en nuestra Comunidad Autónoma, aceptan estas condiciones, que califican de leoninas, pero que les permite no estar en la cola del paro. Eso está ocurriendo en un país que en su Constitución, en el Artículo 1, establece que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". Y aquí tenemos una de las claves de muchos de los problemas que padecemos: miedo a denunciar, miedo a no trabajar, miedo a que me marquen por mi manera de pensar, miedo y miedo y más miedo. Y tengo que reconocer que este punto al que me estoy refiriendo me provoca emociones contradictorias, porque, reconociendo o admitiendo el derecho al miedo, también es verdad que se está implantando en la sociedad la gestión basada en ese miedo. Nada nuevo, es lo mismo a lo que recurrían las religiones en la Edad Media, y no tan media, para someter a los fieles, y, como ocurre con la "ley mordaza", para someter a la ciudadanía. Miedo a defender nuestros derechos; y, cuando se tiene miedo a defender los derechos, es que estos ya se han perdido. Y eso es lo que les ocurre a estos y a todos los trabajadores.

Y decía lo de "emociones contradictorias" porque considero que admitir situaciones injustas, justificadas en las consecuencias que acarrearían, me lleva a pensar que cada uno pone el precio a sus derechos. Como no puede ser de otra manera, apoyamos la propuesta de resolución. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Pascual. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Consolación Pablos Labajo.

LA SEÑORA PABLOS LABAJO:

Gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, habla esta iniciativa que trae hoy Izquierda Unida aquí de una presunta ilegalidad en la gestión de las subvenciones para los cursos de formación de desempleados. Bueno, presunta ilegalidad que, como él ya ha dicho, se ha hecho patente en una revista, donde la verdad es que hay un interesante reportaje –que no deja de ser más que un reportaje de investigación en una revista de tirada nacional- donde incluso hay casos concretos, personas que cuentan su situación, y donde, bueno, pues se viene a decir que en todas... en todo el país es una tónica habitual que los profesores devuelvan parte de sus sueldos a las entidades colaboradoras que les contratan, y que luego, por su parte, declaren en el IRPF aquello que no han recibido. Es un resumen de lo que viene a decir esta entrevista o este reportaje.

La verdad que, este grupo político, pues nos ha preocupado al ver esta iniciativa y nos hemos puesto en contacto también con personas relacionadas con estos cursos de formación. Y es cierto que en petit comité... nadie afirma nada, pero en petit comité todo el mundo dice "pues sí que es así", todo el mundo dice "es una práctica bastante normal", nadie pone nombres, nadie pone nada más, y también todo el mundo dice "pero nadie se atreve a denunciar". Un poco lo que... el resumen de lo que se ha hablado aquí.

Desde luego, desde este grupo estamos... si esto es cierto, como también se ha dicho, nos parece un caso muy grave, pues hablamos de falsedad, malversación de fondos... bueno, no sé cuántas clases de delitos tocaría. Y a la mínima duda que haya sobre la legalidad de cómo se están gestionando estas subvenciones, por parte de este grupo creemos que, bueno, pues sí que se debería investigar por parte de la Junta. Sí que es cierto que tenemos dudas que esa investigación llegara a buen puerto, porque si no hay nadie con nombres y apellidos que denuncie, pues va a ser muy difícil; lo de la encuesta que ha explicado el señor Garzón no lo veo muy claro, que de una encuesta se pueda llegar luego a denunciar o ir a la Fiscalía. Pero, desde luego, lo que sí que tenemos claro es que algo tiene que hacer la Administración, porque debe controlar el dinero que está dando, y que es dinero de todos.

Nos genera más dudas la segunda parte de su iniciativa, porque creemos que no es viable. Entonces, vamos a esperar a que en su segunda intervención nos explique de qué manera se podría hacer esto que dice usted de ingresar directamente el salario al profesorado; y entonces ya pues diremos cómo votamos esta iniciativa. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Pablos Labajo. En un turno de posición... de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don Emilio Cabadas Cifuentes.

EL SEÑOR CABADAS CIFUENTES:

Gracias, señor presidente. Bien. Señorías, en relación a la proposición no de ley que presenta el grupo de Izquierda Unida hoy, sobre el salario del profesorado de formación y estos supuestos fraudes, estas... propuesta de abrir una investigación, bien, para esclarecer si alguna empresa de Castilla y León imparte formación... que imparta formación a desempleados, pues ejerce esa... ese fraude, ¿no?, de no pagar completo el salario a los trabajadores y quedarse una parte, bueno, yo, me gustaría decir que hay que señalar algunos aspectos que aquí no se han comentado, datos que quizá faltan y que quizá ayuden a esclarecer un poco la situación.

A la convocatoria de subvenciones de este tipo, bueno, pues dirigidas a centros de formación -prioritariamente van dirigidas a trabajadores desempleados-, pues las entidades que se benefician se seleccionan a través de un proceso de concurrencia competitiva; es decir, hay un proceso para seleccionar estas academias, no se hace de forma arbitraria. Los centros seleccionados imparten la formación, siendo la misma objeto de un seguimiento a través de visitas in situ por parte del personal técnico del ECYL. Concluida la formación, tienen la obligación de justificar documentalmente los gastos subvencionables, siendo estos gastos siempre objeto de verificación y validación por los servicios gestores y los órganos de control de la Administración; entre ellos se encuentran también los correspondientes a nómina y pagos a la Seguridad Social de los formadores. Por tanto, la dinámica permanente de gestión de estas subvenciones, estos pagos, son siempre objeto de justificación por los centros beneficiarios, conforme a los procedimientos que hemos indicado.

Es cierto –y esto me lo han informado directamente los responsables del Servicio Público de Empleo- que, cuando se produce alguna denuncia de este tipo de situaciones que hace mención el grupo proponente, se ha dado trámite administrativo o judicial, según proceda el caso; si bien esto no es una práctica generalizada, ni mucho menos, aunque así pueda desprenderse de esos artículos de prensa o programas de televisión que ustedes dicen, sino que son casos excepcionales. Yo no dudo, señor Sarrión, que las personas que se han puesto en contacto con Izquierda Unida, evidentemente, tengan este problema... [Murmullos]. No, no se preocupe, usted atienda, que sé que está usted solo. Bueno, las personas que se hayan puesto en contacto con usted seguramente tengan este problema, esto sea así; pero también entienda usted que muy probablemente sea una excepcionalidad. Por el motivo que sea, han decidido acudir a usted -por afinidad, por cualquier motivo-; pero estos profesionales deben saber que pueden dirigirse al Servicio Público de Empleo. Es decir, en materia laboral, si un empresario... –sea una academia, sea un empleo subvencionado, sea el que quiera- si el empleador incumple las condiciones de trabajo, el trabajador tiene la posibilidad de denunciar.

¿Y miedo? Hombre, el miedo es libre, pero miedo ninguno; la denuncia puede ser anónima, no es necesario que el trabajador vaya y denuncie él, puede ir un tercero y denunciar. Si usted trabajando, o yo, o cualquiera, en una empresa, y la empresa no le paga... ya no digo que haga un fraude, que diga "te pago 1.000 en nómina pero te doy 800" o "te contrato por diez horas", eso es un fraude; el trabajador tiene el derecho a denunciar. Cosa distinta –y yo creo que eso sería objeto de un debate mucho más profundo, que seguramente no se resuelva en diez minutos- es que el trabajador se atreva, no se atreva, a veces por miedo a perder el trabajo que tiene o por la precaria situación laboral que muchas veces nos podemos llegar a encontrar, no se atreva; pero la posibilidad de denunciar anónimamente en la Administración, lo tiene. Y, desde luego, si hay una denuncia, se investiga; yo quiero que eso quede claro, que la investigación la hay. Es más, si usted... –y yo le animo- si usted tiene ese conocimiento y pruebas... ya no en materia laboral, si en materia de justificación de subvenciones se produce un fraude, yo lo pondría... si estuviera en su caso, lo pondría en conocimiento de la Fiscalía o de la Justicia, porque eso es un fraude. Hay dos fraudes aquí: hay una parte de materia laboral importante y una parte de fraude a la Administración; por un lado, la empresa que está subvencionándose fraudulentamente y, por otro, un trabajador al que se vulneran sus derechos. Creo que son dos partes: la de la Administración, desde luego, el fraude debería ir vía fiscal; y la laboral, yo creo que el trabajador debería atreverse a denunciar.

Respecto al miedo que no le vuelvan a contratar, si por un casual... Es que, si es verdad, tenga usted por seguro que esa academia o ese centro de formación no va a recibir más subvenciones. Temor, ninguno, porque no le iban a poder contratar en ningún caso, porque no se le darían las subvenciones, aparte de las consecuencias penales que pudiera... que pudiera tener.

La segunda parte que ustedes plantean, tanto el Ciudadanos como usted, es la gestión de la nómina, cómo se podría solucionar. Proponen que la Administración autonómica pague directamente la nómina al trabajador subvencionado, en este caso; pero, claro, hay un problema, es decir, el planteamiento de la forma de gestionar estos cursos, la gestión que hace la Administración viene impuesta, y es una materia de ámbito nacional, estatal, eso no está trasladado a las Comunidades Autónomas, no tenemos potestad legislativa para cambiar eso. Entonces, o bien se hace una gestión directa por parte de las Administraciones públicas, o, como es este caso, mediante subvenciones de... subvenciones a entidades... a otras entidades, a las academias. Pero, si se hace así, se rigen por la ley de subvenciones; no se puede subvencionar a la academia y pagar la cuantía a un tercero, o sea, al trabajador o fuera un proveedor al que no se le paga. No se puede hacer. Pero no solo no se puede hacer porque vulneraríamos la ley, sino que no tenemos la capacidad, porque, si fuera una materia... podíamos proponer "quizá hay que cambiar la...", pero es que no podemos. Es materia de ámbito nacional, entonces, eso habría que... esto habría que plantearlo... ese cambio que usted ha propuesto, seguramente en el Congreso de los Diputados es donde tendrían esta competencia.

Por consiguiente, y reconociendo que puede haber casos de fraude, creo que no podemos, en los términos que usted plantea, apoyar su proposición, su propuesta, señor Sarrión. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Cabadas. Finalmente, para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, don José Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Muchas gracias. Pocas sorpresas. Agradecer a Ciudadanos su voto de apoyo manifestado a aquí. Agradecer también lo mismo al Grupo Podemos, que la verdad es que me lo esperaba. Y coincidir con la reflexión, ¿no?, de la compañera Adela, ¿no? Yo creo que el miedo es uno de los grandes elementos articuladores de la explotación laboral en el mundo, y este país no es una excepción. Es decir, decía Antonio Gramsci que la coacción, junto con la dirección, eran los dos grandes elementos que posibilitaban que los poderosos fueran los que no solamente mandan, sino además convencen, ¿no? Y en ese... en ese factor, el miedo, el miedo a perder el puesto de trabajo, el miedo a la represalia, el miedo a no ser contratado, eso genera elementos de enorme dispersión a la hora de aplicar principios de igualdad o principios de derechos laborales, ¿no? Esto es algo yo creo que central, ¿no?, en el... en debates como este.

Al Grupo Socialista agradecerle también el voto favorable, y, además, el que en la argumentación pues lo que vienen a decir es que, efectivamente, ustedes también han localizado el problema, ¿no?, lo cual pues yo creo que es una muestra más de que este problema es una realidad. Y, además, como señalaba muy bien, ha empleado la expresión en petit comité, ¿no?, es decir, que se... es un problema que se plantea, efectivamente, cuando se habla personalmente con cada empleado, ¿no?, con cada formador, o con algunos de ellos, ¿no?, debería decir, porque ahí también estoy de acuerdo con lo que ha planteado Adela, y además lo digo en la proposición no de ley, que esto no es una práctica que realicen todas las academias, ni mucho menos, ¿eh?, y viene reconocido además en la exposición de motivos de la proposición. Es decir, que son casos que hemos ido conociendo, pero que precisamente el más perjudicado es la academia que lo haga bien y que está haciendo su trabajo correctamente, ¿no?

Por eso, lo cierto es que me decepciona en parte la posición del Grupo Popular, ¿no? Hemos conseguido llegar a acuerdos en otras materias precisamente relacionadas con empleo, y es una lástima que no podamos conseguir un avance, ¿no?, en esta materia.

Es cierto que la segunda parte de la proposición es seguramente la más compleja, ¿no?, por eso lo que planteo... de lo que hablo es de comenzar a estudiar la viabilidad de ingresar directamente el salario del profesor, es decir, hablo de estudiar la viabilidad. Porque, ciertamente, jurídica y técnicamente, seguramente tenga enormes complicaciones. Nosotros lo vemos difícil desde un punto de vista técnico, pero precisamente por eso de lo que hablamos es de estudiar la viabilidad, es decir, no de dar un mandato directamente desde esta Comisión de que se ingrese directamente el dinero, sino que se busque la posibilidad, que no seamos los procuradores en un debate de treinta minutos los que decidamos si se puede hacer o no se puede hacer, sino que haya un estudio técnico y jurídico acerca de la posibilidad, ¿no? Porque lo cierto es que esa sería la forma de evitar cualquier tipo de fraude, ¿no?, la posibilidad de realizar el pago de la subvención directa al profesor, ¿no?, y ver si existe algún marco legal que lo pudiera permitir, ¿no? Que yo no entro en esa cuestión.

La primera parte, en cambio, es la que no le veo ningún problema, ¿no?, por eso el Grupo Socialista manifiesta claramente su apoyo, ¿no?, y por eso pues me decepciona que no podamos llegar a un acuerdo con el Grupo Popular, porque esto es una cuestión que yo creo que beneficiaría mucho a la Junta de Castilla y León, beneficiaría mucho a las academias; y eso que yo no soy partidario de la formación en academias, y ustedes lo saben; mi posición política ideológica es partidaria de que la formación debe de darse en los centros públicos, que es por los cuales debemos apostar prioritariamente. Pero, dejando a un lado esta posición política -que ustedes conocen, y que además en Presupuestos debatimos machaconamente año tras año, porque, yo, uno de mis esfuerzos es precisamente concentrar en este tipo de centros el esfuerzo-, lo cierto es que creemos que, ya que se da formación en academias, pues esta formación debe estar lo mejor organizada posible, lo mejor reglada posible, y que, desde luego, aquellas academias que actúan bien, deben ser recompensadas frente a aquellas actúan mal, incorrectamente, ¿no?

Por eso, nosotros traíamos una proposición que en realidad es poco ambiciosa, es decir, yo... es una proposición que estamos pidiendo que se aplique la normativa, al fin y al cabo, ante presuntos casos que suceden no solo en la Comunidad, insisto, porque esto es un mal endémico del país en su conjunto, lo que pasa es que yo soy procurador en Castilla y León y trato los temas de Castilla y León, y, por lo tanto, aquí lo traigo, porque es un servicio autonómico, y, por lo tanto, si fuera procurador o diputado autonómico en cualquier otra Comunidad, seguramente llevaría también esta cuestión.

Pero es una lástima que no podamos llegar a un acuerdo, porque insisto que sería algo enormemente necesario, ¿no?, la apertura a una investigación para esclarecer si hay alguna empresa que imparte formación profesional para desempleados subvencionada con fondos de la Junta de Castilla y León que estuviera ejerciendo la presunta práctica fraudulenta de exigir el retorno de una parte del salario en efectivo, ¿no?

Bueno, por lo tanto, yo creo que están bastante claras las posiciones y no tiene sentido prolongar el debate. ¿No sé si el Grupo Socialista probablemente quiere que realice votación separada o lo votamos conjuntamente? Bien, pues en ese caso, mantengo el texto.

Votación PNL/001473

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muy bien. Muchas gracias, señor Sarrión. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Abstenciones, ninguna. Habiéndose producido un empate, se procede, de conformidad con lo establecido en el Artículo 92 del Reglamento, a someter a una nueva votación esta iniciativa parlamentaria.

¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Suponemos que ningún grupo pide que se haga ningún receso. Por tanto, votaremos por última vez, tal y como dice el Reglamento.

¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. En consecuencia, habiéndose mantenido el empate de las tres votaciones previstas en el Artículo 92 del Reglamento, esta Presidencia procederá a comunicárselo así a la excelentísima señora presidenta de la Cámara, a los efectos previstos en el apartado 3 de ese precepto reglamentario.

PNL/001474 (Retirada)

Bien, habiéndose retirado el segundo punto del orden del día, vamos a proceder a la lectura del tercer punto del orden del día. Le damos tiempo al señor secretario para que lea el tercero, que inicialmente era el primer punto del orden del día. Señor Cabadas, tiene la palabra.

PNL/001430

EL SECRETARIO (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Tercer punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL 1430, presentada por los Procuradores don Manuel Mitadiel Martínez y doña María Belén Rosado Diago, para instar a la Junta a la devolución al SMAC de las competencias en materia de servicios de mediación y arbitraje, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 262, de veinte de abril de dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor secretario. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, y por un tiempo máximo de diez minutos, doña María Belén Rosado Diago.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, presidente. Bueno, hoy abrimos aquí un debate que ya tuvimos en otra Comisión de Empleo, o por lo menos muy parecido, una proposición no de ley muy parecida, con el mismo... con el mismo tema. La Junta, CECALE, Comisiones Obreras y UGT firmaron el pasado treinta de septiembre del dos mil dieciséis el acuerdo para poner en marcha un nuevo servicio que conlleva la resolución extrajudicial de conflictos individuales de naturaleza laboral que no tengan exclusivamente una reclamación económica.

Esto surge del III Acuerdo Interprofesional sobre el procedimiento de solución autónoma de conflictos laborales de Castilla y León y determinados aspectos de la negociación colectiva en Castilla y León, que supuso ampliar las funciones del SERLA, permitiendo la resolución de conflictos individuales de naturaleza laboral; funciones que hasta este... hasta ese momento había desarrollando... desarrollado el SMAC, dependientes de las oficinas territoriales de trabajo. En la práctica, supuso una externalización del Servicio de Mediación y Arbitraje, servicio prestado de una manera eficaz e independiente por funcionarios de la oposición de la Administración. Una decisión poco explicable dentro de la racionalidad económica, ya que, habiendo funcionarios en activo en el puesto para el que se externaliza el servicio, se está duplicando el gasto para el mismo trabajo.

Según los informes recibidos, el servicio estaba siendo perfectamente ejercido por el personal funcionario, que, según argumentan los graduados sociales del Colegio Oficial de Valladolid, que son expertos en esta materia, esta resolución supone en la práctica un derroche de 3.000.000 de euros. Que nos parece que no es ni ético ni legal que los datos de los ciudadanos vayan a parar a manos privadas o a organizaciones que pueden utilizarlo en beneficio propio, y que los únicos depositarios de los datos de los ciudadanos en el ámbito de lo público deben de ser los funcionarios, que ejercen sus funciones sin dependencias políticas ni personales, y que son los encargados de ejercer las potestades públicas.

Por lo tanto, estamos hablando de un derroche de 3.000.000 de euros, que antes no estaba teniendo la Junta, de un servicio que estaba funcionando perfectamente, sin embargo, preferimos externalizarlo al SERLA y derrochar 3.000.000. Este servicio, además, va a traer consecuencias y va a traer problemas, como un trabajador que ya ha dicho que no quiere que su resolución de conflicto laboral lo lleve el SERLA, sino que lo lleve el SMAC; y lo ha solicitado así. Según fuentes de últimoCero, el trabajador ha dicho que entiende... "el presente proceso no supone un conflicto solucionable mediante la intervención de lo que se ha dado en llamar (inadecuadamente) un mediador del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), motivo por el cual no quiere someterse de forma voluntaria al referido servicio. Por ello solicita de forma expresa la celebración del preceptivo acto de conciliación exclusivamente ante el SMAC, dejando claro que no autoriza la cesión de sus datos personales a ningún otro organismo ni entidad, sea ésta de carácter público, semipúblico, o privado”.

Por lo tanto, ahora mismo, va a tener que ser un juez el que determine si los trabajadores, en virtud del acuerdo firmado por la Junta con los sindicatos mayoritarios y la patronal, deben obligatoriamente usar el SERLA para presentar sus papeletas de conciliación o pueden seguir usando el SMAC, donde, a pesar de las órdenes dadas por la Junta, siguen llegando papeletas de demanda al SMAC. Por lo tanto, aquí se nos presenta un conflicto, un conflicto que tienen que solucionar y que un juez va a tener que emitir una sentencia.

Hay un gran descontento entre los graduados sociales, entre los abogados y entre algunos sindicalistas de base, y también hay un gran descontento en todo lo que son los sindicatos que forman parte de la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta, que también han expresado su oposición a que los procedimientos de conciliación mediante... de mediación y arbitraje en conflictos laborales de carácter individual por despido, hasta ahora realizados por el SMAC, pasan a manos del SERLA; ya que es un traslado de competencias que carece completamente de motivación.

Por lo tanto, tenemos a sindicatos de los funcionarios en contra, tenemos a trabajadores que no quieren que se lleve su conflicto laboral mediante el SERLA, y tenemos 3.000.000 de euros derrochados por implantar este servicio, que ya les digo que es que no era necesario, o sea, estaba funcionando perfectamente de la otra forma. Ahora mismo hay 36 mediadores en Valladolid, y están cobrando 90 euros por cada conciliación. Hay una media de unas 4.500 conciliaciones, por lo tanto, serán 810.000 euros el pago que se realice a los mediadores, un pago a sindicatos -en este caso, a CECALE, a Comisiones Obreras y a UGT- que no era necesario.

Y el otro día, además, en la gala de Confae, de Ávila, el presidente de Confae dijo que, gracias a los servicios del SERLA, que les iban a arreglar las oficinas por valor de 200.000 euros, que iban a hacer obras. Entonces, yo quiero saber, al final, si estos... además, eso está dicho, grabado, y lo pueden recuperar, en la gala de Confae lo dijo: 200.000 euros para reformas dentro de las oficinas de Confae, y que va a ser a través del SERLA, y por este servicio de conciliación laboral. Con lo cual, a mí se me descuadra totalmente; ya no son los 90 euros que van a dar por cada expediente de conciliación, sino que, de alguna partida presupuestaria también de este tipo, van a dar 200.000 euros para oficinas, que antes se estaba haciendo en las oficinas de trabajo, allí mismo estaban las instalaciones y estaba el personal que lo llevaban, que eran funcionarios y que estaban totalmente capacitados para hacer esta función.

Así que, con esto, lo que hemos hecho es la siguiente propuesta de resolución, que está en cuatro puntos, que es: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: la devolución al SMAC de todas las competencias de los servicios de mediación y arbitraje externalizados en la mencionada resolución; la ejecución de las mencionadas competencias y de todas las potestades públicas por funcionarios de oposición; la potenciación por parte de la Administración de los funcionarios de oposición como método de lucha contra la corrupción y el despilfarro; y, por último, el cuarto punto, que es el fin de todas las externalizaciones hacia organizaciones sindicales o empresariales como posible método de financiación encubierta".

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Rosado Diago. En un turno de fijación de posiciones, por un tiempo máximo de diez minutos, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Luis Mariano Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bien, antes de comenzar a hablar de la proposición no de ley, una primera reflexión personal, si me lo permiten, y es que –yo creo que alguna vez lo he dicho, pero en este caso quiero repetirlo-, es decir, yo soy partidario de lo público -es una definición personal, creo que también ideológica en cuanto a mi partido-, pero no tengo rechazo tampoco a lo privado. Y lo digo esto porque la verdad es que me sorprende un poco toda esta... toda esta proposición no de ley; y me voy a explicar por qué me sorprende. Porque veo ciertas incongruencias. Yo esperaba en la proposición no de ley que existiera datos que me pudieran indicar si el SEMAT... perdón, si el SERLA funciona mejor que el SMAC o no funciona, o funciona peor. Es decir, que existiera una evaluación real de cómo está funcionando el SERLA y de si realmente debemos retrotraernos a lo que anteriormente teníamos o si debemos centralizarlo otra vez en lo público, en el SEMAT, o dejarlo ahí, o seguir profundizando en esa ampliación hacia los conflictos individuales, que se está planteando con el tema... con el tema del SERLA.

Porque esa es la verdadera cuestión, la verdadera cuestión es si hemos conseguido algo... hemos conseguido mejorar la situación de intermediación, de conciliación, de arbitraje a la hora adoptar esta –digamos- externalización o no lo hemos hecho. Y eso es lo que yo aquí ahora mismo no veo, y lo que sí veo es una... –digamos- una expresión o una declaración de, en este caso, el Grupo Ciudadanos, en otro caso –porque sé que se ha debatido también en otro anteriormente- una declaración del grupo, bueno, pues un poco en contra de la externalización, en concreto, o casi casi de la privatización y en favor de fortalecer lo público. Lo cual, en algunos casos, parece una incongruencia, porque en alguna ocasión yo he oído decir a Ciudadanos hablar de otras cuestiones, y hablar de esa libertad entre lo privado y lo público en ese... en el libre comercio, y en general en esa posibilidad de ir más allá de esa posición ideológica.

Como también he visto a los sindicatos, incluso al Partido Popular, cuando habla del diálogo social, defender a ultranza lo público por encima de lo privado y aquí cambiar absolutamente su posición, dependiendo de lo que les interesa en cada momento, dependiendo de que el sindicato sea el propio de los funcionarios que están... los funcionarios que están en el SMAC, o dependiendo de que sea la central sindical independiente. Lo cual, permítanme esta reflexión, porque creo que de alguna forma va a marcar la posición de la UPL. Es decir, yo esperaré a esta segunda intervención a que realmente la proponente, si los tiene... si los tiene, me los pueda hacer llegar o me diga exactamente cómo está funcionando, porque hay dos cuestiones que nosotros sí que planteamos en su momento, con una proposición no de ley que presentó el Partido Popular: que no iba en torno a esta definición que ustedes piden ahora mismo, sino a la... a la petición de cofinanciación del Ministerio para seguir profundizando en esa externalización o ese mantenimiento del servicio. Y yo no... nosotros en aquel momento ya decíamos que lo que nos preocupa no es en sí si se externaliza o no se externaliza, lo que nos preocupa es que se amorticen puestos de trabajo público, lo que nos preocupa es que se deje al SMAC absolutamente sin ningún tipo de competencia, y lo que nos preocupa fundamentalmente es que exista una evaluación que nos diga: ¿se está generando... o se está generando un beneficio con esa externalización?, ¿estamos mejorando el servicio?, ¿lo estamos empeorando o está igual? Porque, en cualquiera de los casos, yo creo que eso es lo profundamente... lo mollar y lo más importante del asunto. Lo más importante es saber si realmente este nuevo sistema, o este -bueno, nuevo, "nuevo" entre comillas- sistema, si el SERLA está siendo más productivo, si no lo está siendo, si el porcentaje de aciertos... perdón, de acuerdos, si el porcentaje de acuerdos es mayor, si el grado de satisfacción de los conflictos laborales desde el punto de vista de los trabajadores, es mayor ahora, es menor ahora; yo creo que ese es el debate en profundidad.

De no tener esa certeza, permítanme -y se lo digo con total franqueza-, nosotros nos vamos a abstener. Pero no porque de esa abstención se defina una posición en contra de fortalecer lo público. Repito, nosotros queremos fortalecer lo público, pero, antes de fortalecer lo público por encima de lo privado, lo que realmente nos preocupa es si el servicio es mejor o es peor. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Santos Reyero. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Adela Pascual Álvarez.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias. Bueno, la verdad es que para nuestro grupo es un asunto muy importante y además muy grave. Nosotros estamos en contra de las externalizaciones de los servicios públicos, estamos en contra no solamente de que se externalicen hacia organizaciones sindicales o empresariales, sino también hacia empresas privadas. Es decir, estamos por la defensa del sector público, estamos por la defensa del sector público. Y, por aclarar una cosa, somos críticos... criticamos el sindicalismo pero somos firmes defensores de los sindicatos de clase, simplemente por dejarlo claro.

Pues bien, mi grupo parlamentario ha venido denunciando en numerosas ocasiones con este... con escasa fortuna la externalización del SMAC. Para ello, hemos expuesto argumentos económicos, organizativos, políticos, legales, de todo tipo. La percepción que hemos tenido cuando se nos ha argumentado en sentido contrario ha sido un "esto es lo que hay", amparado con que el resultado de la... con el resultado de las votaciones. Evidentemente, no cuestionamos el procedimiento: se plantee lo que se plantee, se vota y ahí hay un resultado. Pero así como las votaciones de los ciudadanos -por ejemplo- no legitiman la corrupción, tampoco en este caso las votaciones sirven para dar racionalidad a la decisión tomada, racionalidad. Y quiero hacer hincapié en la falta de racionalidad del acuerdo interprofesional sobre procedimiento de solución autónoma de conflictos laborales de Castilla y León, firmada el treinta de septiembre del dos mil dieciséis.

Mire, el veintitrés de marzo del diecisiete el Juzgado de lo Social número 4 firma un auto en el que expone -no voy a relatarlo, pero destaco alguna cuestión-: "Con ello, si la preceptividad de la conciliación-mediación ante el SERLA, tratándose de los conflictos individuales incluidos en el acuerdo, se sujeta a o condiciona a solicitud de una de las partes", solicitud de una de las partes. Porque la legislación vigente prevé... la legislación nacional prevé que convivan, porque no está derogado. Y esta conclusión se argumenta en el auto. Solo cuando alguna de las partes solicita la conciliación-mediación ante el SERLA en los conflictos individuales incluidos en su ámbito competencial resultaría preceptiva la utilización de tal vía para cumplimentar el requisito... –perdón- preprocesal, cuando una de las partes lo solicita. Y expone la siguiente conclusión: "El intento de conciliación previa en los casos en que ninguna de las partes solicita la conciliación-mediación ante el SERLA, aunque se trate de conflictos individuales incluidos en su ámbito competencial, puede ser realizado ante el servicio administrativo correspondiente, máxime tratándose de la cumplimentación de un requisito previo o procesal, con la finalidad de posibilitar la consecución de un acuerdo que haga innecesario acudir a los órganos jurisdiccionales -y quiero destacar- en la medida en que la finalidad institucional se cumple a través de dos cauces previstos en el Artículo 63 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, sin que quepa realizar interpretaciones restrictivas que impidan el acceso a la jurisdicción como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en el Artículo 24.1 de la Constitución".

El auto es claro en cuanto a las dos vías para resolver el conflicto antes de llegar a juicio, pero ¿qué respuesta se da a este auto por parte de CECALE, UGT y Comisiones Obreras? Pues muy sencilla: vienen a... lo que ocurre es que el seis de abril, es decir, dos semanas después del auto del Juzgado de lo Social, se reúne la Comisión Negociadora del III Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos de resolución de conflictos laborales y determinados aspectos de la negociación colectiva para la firma de un acuerdo de modificación. ¿Qué modifican? Los Artículos 2, 8, 16, 25 del III Acuerdo.

A modo de ejemplo, en el Artículo 2 se incorpora: "El presente Acuerdo se establece a tenor de lo dispuesto en el Título III del Estatuto de los Trabajadores, de los Artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y del Artículo 63 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El presente Acuerdo será de obligado cumplimiento para todas las organizaciones empresariales y sindicales, así como para todas las empresas y trabajadores de cualquier sector de la actividad de Castilla y León". El Artículo 8 relata los procedimientos asumidos por el SERLA. El 16, el inicio y la tramitación: "La tramitación del procedimiento de conciliación-mediación por el SERLA será de obligatoria en los conflictos mencionados en el Artículo 8 de este Acuerdo. El SERLA iniciará el procedimiento de conciliación-mediación, una vez recibido el escrito de solicitud correspondiente". Es muy importante que el Artículo 25 se elimina, el Artículo 25 se elimina a solicitud de una de las partes. Como decía el acuerdo anterior, las partes tenían que solicitar ir al SERLA. Pues se ha eliminado, dejando... dejándolo en: "La conciliación-mediación ante el SERLA es preceptiva en los conflictos individuales incluidos en el ámbito de este Acuerdo".

Mire, todo lo que acabo de explicar o de relatar está documentado en el auto, en la resolución 10, en la resolución 13. Es decir, que se legisla a medida de los intereses de parte, y así nos va. Un coste... O sea, no se... no se llegan a más acuerdos, porque el conflicto ya está planteado. Si el acuerdo es posible, los profesionales ya han llegado a él. Ya van simplemente a sede judicial a plasmarlo o a todo lo contrario, no se consiguen más acuerdos. El coste es impresionante, porque no son 3.000.000 de euros. Dicho por los firmantes del acuerdo, son 5.000.000, porque hay que llevarlo a toda la Comunidad, porque efectivamente se va a dedicar mucho dinero a adecuar instalaciones, sedes, pertenecientes a diferentes entes de los firmantes del acuerdo, etcétera, etcétera, porque no hacía ninguna falta, en una situación como la que tiene esta Comunidad, donde debería... hacer política debe y es imprescindible que tenga prioridades, y las prioridades ya saben ustedes cuáles son para este grupo parlamentario: las personas, no el despilfarro. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Pascual. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don Pedro Luis González Reglero.

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Gracias presidente, y buenas tardes. Es verdad que es la tercera vez que debatimos esta proposición no de ley prácticamente igual, y, desde luego, nosotros no nos vamos a mover de cuál es nuestra posición, lo hemos dicho por activa y por pasiva cuál es la prioridad. Es verdad que nosotros respetamos, pero respetamos de verdad, el diálogo social, creemos en la autonomía de las partes; podremos compartir o no podremos compartir más o menos con lo que emana del diálogo social, pero, desde luego, somos profundamente respetuosos; y lo dice alguien que tiene ya más de treinta años de trayectoria en esta... en este mundo en concreto.

Entonces, claro, oír algunas de las cosas que se oye aquí... "Criticamos el sindicalismo pero le respetamos". Bueno, voy a omitir cuál es mi opinión y cuál es el trasfondo real de algunas de las frases que se han oído aquí. Yo creo que conviene decir las verdades.

A partir de ahí, es verdad que, nosotros, una de las dos cuestiones fundamentales nos preocupaban cuando se debatía allá por diciembre del año pasado esta... una proposición no de ley similar a esta, y era fundamentalmente una: el control al Gobierno. Creemos que el consejero debe de comparecer periódicamente para informar de cuál es... hacia dónde avanza el número de mediaciones, hacia dónde avanzan los posibles acuerdos... Es más, nos hemos molestado -me imagino que el resto de los grupos también- en preguntar a la Junta de Castilla y León cómo está la situación con el Ministerio de Justicia a la hora de la cofinanciación del sistema este de resolución de conflictos individuales; el consejero nos contestó que es cierto que todavía no se habían aprobado los Presupuestos y que se encontraba en proceso de tramitación. Vamos a seguir preguntando, a ver si ya, finalmente, dentro de esos Presupuestos que ya han sido aprobados en el conjunto del Estado, cuál es la cantidad o si va a existir esa cofinanciación con el procedimiento nuevo del servicio de mediación. Esa era una cuestión; desde luego, lo hemos solicitado y lo vamos a seguir perseverando en que se nos explique por parte de la Junta de Castilla y León cuáles son esas bondades o cuáles son los datos sobre los que sustenta la Junta de Castilla y León el número de intermediaciones con éxito o sin éxito. Por los datos que me pasaban, desde luego, es verdad que parece ser que están conciliando con acuerdo, con avenencia –yo creo que es el término concreto-, muchos de los procedimientos que allí se inician.

Y el segundo punto que nosotros poníamos encima de la mesa, y que volvemos a insistir en el día de hoy, es que se preservara el empleo público ante esas dudas que pudiéramos tener sobre si pudiera existir pérdida o no pérdida de empleo público. Es verdad que yo creo que esta proposición no de ley emana pues de las reuniones que todos hemos tenido con el Colegio de Graduados Sociales; hay alguien en esta sala pues que tiene mucha más experiencia, incluso, bueno, pues forma parte de ese colectivo, por lo tanto, conoce cuál es la posición del colectivo y cuál ha sido la posición nuestra también en ese sentido. Y hemos dicho que nosotros, uno, pues es el control que queremos que... que debemos de exigirnos todos al Gobierno y, dos, el que se preserve el empleo público.

Otras cuestiones que pueden servir, no sé si se ha querido decir o no, y fíjese que yo no voy... desde luego, no voy a romper ninguna lanza a favor de las confederaciones empresariales de esta Comunidad, son lo que son y están como están; pero si alguien aquí, en esta sala, ha dicho que está sirviendo este método de financiación para arreglar las salas, o los medios o los edificios de alguna confederación patronal y empresarial de alguna provincia, pues hombre, yo creo que lo tiene fácil, porque es acudir al juzgado. Porque yo creo que eso es... no sé si es levantar un falso dato o no; si es así, y se ha dicho... yo no he estado presente en esa cita o en esa celebración que había, pero yo creo que eso es muy grave, lo que se está diciendo, porque yo creo que es un desvío claro de fondos. Otra cosa es que los... la Junta de Castilla y León tenga que adecuar o adecentar, en algunos casos, algún tipo de salas; que, hasta donde yo conozco, las mediaciones se siguen haciendo en el mismo sitio, en los servicios de mediación, incluso en algún hotel –yo he participado en alguna mediación en algún hotel, pero es algo que está enmarcado dentro de lo que es el presupuesto global-.

Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener, como he dicho. Respetamos, de verdad, el diálogo social, creemos en la autonomía de las partes. No son las Tablas de Moisés, algunas veces, y lo hemos dicho... yo, por lo menos, lo he dicho en reiteradas ocasiones, que no es palabra de Dios lo que ahí se pueda acordar, con los errores y con las virtudes que puede haber. Pero yo creo que debiéramos, por lo menos, de atrevernos a decir claramente a qué tipo de sindicatos de clase defendemos, respetamos y apoyamos y a qué tipos de sindicatos de clase no, porque es que luego, bueno, pues da lugar a muchas interpretaciones erróneas en algunos de los casos, y más recientemente, no han pasado ni veinticuatro horas, de algunas de las cuestiones que se decía en ese sentido.

Entonces, bueno, yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, ser valientes –yo creo que es un principio que deberíamos tener todos aquí-, y decir claramente qué es lo que se opina del diálogo social, lo que se opina de los sindicatos de clase, porque se ha dejado entrever... –ya digo, y lo dice alguien que lleva mucha trayectoria en este sentido- se ha dejado entrever situaciones que yo, desde luego, no comparto, y que en algunos casos, pues puede dejar ahí, en la nebulosa, pues ciertas actitudes hacia los agentes sociales de esta Comunidad, que, desde luego, no es nuestra posición. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener en este sentido.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor González Reglero. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don Vidal Galicia Jaramillo.

EL SEÑOR GALICIA JARAMILLO:

Buenas tardes. Gracias, presidente. Es verdad, es la tercera vez que estamos debatiendo este asunto. Indudablemente, cuantas más veces lo debatimos, de más cosas hablamos, y menos hablamos, muchas veces, del asunto central, que es el tema del SERLA, el tema de las nuevas competencias, y nos desviamos a otros asuntos.

He visto y sé cuál es la posición de todos y cada uno de los grupos; me temo que no se va a cambiar. Indudablemente, la de Podemos es la que es; hace poco hemos debatido una PNL, presentada por ustedes, más o menos en los mismos términos, y siguen manteniéndose en la misma postura. Nosotros vamos a seguir manteniéndonos en la misma postura, es decir, vamos a rechazar la PNL.

Al Grupo Podemos, se sigue manteniendo con la postura, diciendo que estamos hablando de privatización, de externalización... Mire, en lo único que coincidimos con usted de lo que acaba de decir ahora mismo es que la prioridad es las personas y no el despilfarro, lo mismo que para nosotros, lo que pasa que con planteamientos completamente distintos. Seguramente ahora, contestando a otros grupos, le daré los argumentos por los cuales quedan rechazadas la opinión suya de que estamos hablando de externalización o de privatización.

Quizá, a lo mejor, si hablamos de la tercera vez que debatimos el asunto, a lo mejor conseguimos que en este caso el Grupo Mixto... Intentaré darle alguna información, por si acaso, a Ciudadanos, a lo mejor no dispone o se le pasa, para si conseguimos que su postura... consigamos la abstención o incluso que vote el rechazo, porque le convencemos, pues bienvenida sea esta vez esta... este tercer debate.

A mí no me gustaría que se me olvidase contestarle y darle algunas de las informaciones, que algunas cosas coinciden también con el grupo del PSOE, y es una cuestión. En cuanto al tema de si se va a perder personal -esto ya se debatió en su momento-, decimos no. ¿Por qué? Porque en el SMAC siguen manteniéndose los funcionarios que estaban anteriormente. Algunas competencias pasan al SERLA, en tema de conflictos individuales, salvo los que sean exclusivamente en materia económica. Pero los funcionarios del SMAC van a seguir estando en el SMAC, están garantizados sus puestos de trabajo, siguen llevando a cabo otras muchas funciones, como es, por ejemplo, intervención en regulaciones de empleo, como es responsabilidad en prevención de riesgos laborales, trámites de subvenciones, conflictos individuales con reclamación de cantidad; e incluso tendrán hasta más tiempo para hacerlo mejor, o igual de bien, porque, indudablemente, lo que está fuera de duda es el buen trabajo que han llevado a cabo el SERLA durante estos veinte años y lo bien que lo han hecho.

Pedía algunos datos del SERLA, de cómo están las cosas. Pues mire, un balance de gestión que en los veinte años de SERLA... porque estamos hablando de que el SERLA, ahora mismo, con el nuevo acuerdo, adquiere competencias añadidas a las que ya tenía, a las que ya tenía, porque lo conflictos colectivos ya los llevaba el SERLA, y alguna cuestión en tema de huelga; lo que pasa que se le da más competencias. Pues mire, en los veinte años de funcionamiento del SERLA, 40.000 expedientes tramitados, 1,8 millones de trabajadores afectados, 125.000 empresas han pasado por el SERLA y un porcentaje de acuerdos extrajudiciales de conflictos colectivos del 43 %. Es decir, un balance -reconocido por todos- bueno. Ahora se les da más competencia.

Estamos hablando de un modelo que, además, se está llevando a cabo y se está trasladando a otras Comunidades Autónomas, por ejemplo a Baleares, a Cantabria, a Navarra, a Rioja. Esos son algunos de los datos a los que usted hacía referencia. Y también le aseguro que en tema de trabajadores y funcionarios se va a mantener el empleo. Es decir, no se desmantela el SMAC y se da más competencias al...

Traslada Ciudadanos y, en cierto modo, Podemos, es cierto que... -yo estoy de acuerdo también como usted- que hay cierta incongruencia con el Grupo Ciudadanos en cuanto a matiz. Mire, el día veintiuno de diciembre estuvimos trabajando y se planteó una PNL en las Cortes donde se pedía financiación al Estado, y se votó con el voto favorable de ustedes; creo que los únicos que se abstuvieron, ¿eh?, ni siquiera votaron en contra, el Grupo Podemos, ni siquiera en contra. Y todo el Parlamento votamos a favor, ¿de qué? De pedir financiación al Estado. ¿Por qué pedíamos esa financiación? Porque se ponía de manifiesto que con este nuevo acuerdo y esas nuevas competencias que se iban a dar al SERLA iba a haber un ahorro al Ministerio, al Ministerio, de unos 70 millones. Ese ahorro que se va a... que va a existir es lo que pedíamos: oiga, a nosotros nos va a suponer un gasto añadido, finánciesenos un poquito ese coste añadido. Por lo tanto, ¿despilfarro? Pues ninguno, lo importante es que va a haber un ahorro, eso es lo importante.

Y luego, en cuanto a privatización y externalización... Y ya con esto... con esto del despilfarro también le contesto a Ciudadanos, ¿eh?, el argumento de que no hay despilfarro, ni muchísimo menos, frente al ahorro que va a haber. Y luego ya, en cuanto a la externalización, en cuanto a la privatización, pues mire, el SERLA es una entidad... por lo menos es una entidad semipública, en cierto modo; no estamos hablando de una entidad privada, ¿eh?, es una institución de naturaleza pública -vamos a quedarnos con esa precisión-, una institución de naturaleza pública. Y además, externalización, no; lo que hacemos es aplicar la normativa, la normativa al respecto, que prevé la Ley de la Jurisdicción Social, el Artículo 63, que no me voy a poner a leerle, ni tampoco el Artículo 83 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores –tampoco lo voy a leer-; pero lo que viene a decir es que, ante esa necesidad de requisitos de conciliaciones previas, la ley prevé que, entre otras formas de llevar a cabo esas conciliaciones, se lleve a cabo a través de lo que pacten, en este caso, los sindicatos. Nosotros... los sindicatos y el diálogo social.

Nosotros creemos en los sindicatos, creemos en el diálogo social, y no creemos que estemos hablando de externalización, ni muchísimo menos. Creemos que lo que se ha hecho es reducir carga de trabajo, por un lado, al SMAC, dar más carga de trabajo al SERLA, producto del acuerdo, producto del diálogo social. No hay, para nada, ningún tipo de privatización, no se desmantela el SERLA; incluso le digo más datos al Grupo Mixto: solo el 53 % de los actuales intentos de conciliación que se presentan en el SMAC pasan al SERLA, es decir, sigue manteniéndose con unas competencias razonablemente importantes y sin ningún tipo de riesgo de desmantelamiento.

Yo creo que estos son, razonablemente, los argumentos fundamentales por los cuales nosotros seguimos manteniéndonos en nuestra postura. Vamos a rechazar total y absolutamente la PNL, como hemos hecho otras veces, y si, con esta tercera vez que hemos discutido, conseguimos que el Grupo Mixto como... al menos, se abstenga en la votación, pues se da por buena esta intervención y este nuevo debate. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Galicia Jaramillo. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, doña Belén Rosado Diago.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, presidente. Pues, bueno, aquí tienen ustedes un ejemplo claro de lo que es la vieja política y la nueva política; se ha visto, pero vamos, clarísimamente. La tercera vez que se debate, es cierto, y no se han cambiado las posturas, las dos posturas son las de... desde el principio. Mi agradecimiento al Grupo Podemos por su voto a favor; espero que el Grupo Mixto, Unión del Pueblo Leonés, sepa si a la vieja o a la nueva política, a ver a quién se suma.

Y, mire, es que es muy claro, no hay ahorro, es una... lo que decimos es de sentido común, solo hay tres preguntas, nada más tres preguntas, que son del Colegio de Graduados Sociales, que es: ¿hacía falta esta modificación? Pues no, un no rotundo. ¿Mejora en algo la ligitiosidad en el ámbito de lo social? Pues no, un no rotundo. ¿Y aporta alguna garantía adicional al justiciado? Pues no, otro no rotundo.

Por lo tanto, es que no era necesario, es que ahora mismo, sí, se mantienen los puestos de funcionario, pero se vacían de contenidos, y es lo que estamos haciendo todo el rato, y lo estamos viendo con un montón de externalidades. Y lo que dice... y lo que dice Ciudadanos, que quede bien claro, nosotros apoyamos la externalización, pero cuando hay un ahorro, y se puede ver y se puede verificar. Pero en este caso estamos hablando de una externalización que no supone un ahorro, sino que supone la compra de voluntades, y es así. [Murmullos]. No, lo pone, lo pone claramente y lo dice, también, en su carta el consejo... o sea, el... bueno, los de trabajo social, los... lo dice claramente la Junta de Gobierno del Colegio Oficial, y lo dice en un escrito que mandó a la Junta, y que les recomiendo a todos que se lean desde el principio hasta el final. Si no hacemos caso a los expertos, que ellos son los expertos, ya me dirán para qué, entonces, sirve... para qué estudiamos esta carrera, por ejemplo, si es que luego no les hacemos caso a los graduados sociales. Se dedican al tema laboral; entonces, pues es que hay que escuchar y hay que escuchar un poquito.

Y en cuanto a la votación en el Pleno a favor, pues claro que a favor de que pidiéramos financiación; ya que nos está costando 3 o 5.000.000 de euros, por lo menos que nos lo aporten. Pero es que es el sentido común lo que se aplica. No dijimos que estuviéramos a favor de que el SERLA hiciera estos servicios, dijimos que estábamos a favor de que, ya que nos cuesta dinero y no podemos cambiarlo, porque, por desgracia, Ciudadanos no está en el Gobierno, pues entonces, por lo menos, que nos lo subvencione el Gobierno central; y eso es lo que estuvimos diciendo.

Y tampoco hace falta mucho más decir, porque lo hemos dicho casi todo en estas tres veces que se ha debatido esta proposición no de ley. Sí que quiero decirles que hay trabajadores que no están de acuerdo con ir a los servicios del SERLA y que quieren ir al SMAC, y a ver qué va a pasar con esto, y a ver qué va a hacer un juez y qué sentencia va a haber. Porque, a lo mejor, sí que tenemos que echar hacia atrás, y entonces tendremos que cambiar. Y aunque haya Comunidades Autónomas que se están sumando a esto, pues a lo mejor también están equivocadas o lo están haciendo de otra forma. El caso es que es un servicio que no supone ahorro, es un servicio que no tenía ningún sentido y es un servicio que no aporta nada a una mejor defensión de los trabajadores. Gracias.

Votación PNL/001430

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Rosado. Finalizado el debate, sometemos a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Tres. ¿Votos en contra? Nueve. ¿Abstenciones? Seis. El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: dieciocho. Votos a favor: tres. Votos en contra: nueve. Abstenciones: seis. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley debatida.

Por parte del señor secretario se dará lectura al cuarto punto del orden del día, segundo del orden inicialmente previsto.

PNL/001460

EL SECRETARIO (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Cuarto punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL/001460, presentada por los Procuradores doña Laura... [Murmullos]. Perdón, es el tercero.

Tercer punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL 1460, presentada por los Procuradores doña Laura Pelegrina Cortijo, don Óscar Álvarez Domínguez, don Fernando Pablos Romo, doña María Consolación Pablos Labajo y don Pedro Luis González Reglero, para instar a la Junta a poner en marcha la Medida número 22 del Acuerdo de Reforma del ECYL, implantando puntos de atención personalizada no permanente en municipios en los que no exista oficina de empleo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 274, de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor secretario. Para la presentación de la proposición no de ley, en representación de los señores procuradores proponentes, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Laura Pelegrina Cortijo.

LA SEÑORA PELEGRINA CORTIJO:

Gracias, presidente. Arrancaba el año dos mil catorce, cuando el veintinueve de enero se aprobó la reforma del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, fruto del acuerdo entre la Junta de Castilla y León y el Consejo del Diálogo Social. La prensa se llenaba de titulares anunciando la firma del acuerdo y el compromiso de invertir más de 92 millones de euros en un plan de estímulos para el empleo acordado en el seno del Consejo del Diálogo Social, como era la reforma del ECYL. Esta reforma buscaba alcanzar la máxima eficiencia y perseguía como objetivo prioritario mejorar la colocación y contratación de los trabajadores.

Castilla y León fue la primera Comunidad que adoptó el acuerdo de reformular su Servicio Público de Empleo e incluyó un conjunto de veintidós medidas, agrupadas en seis grandes ejes, orientadas a adaptar el Servicio Público de Empleo a nuevos modelos de gestión más modernos, simplificados y competitivos. Los criterios y medidas, en la nueva definición de Servicio Público de Empleo, incluyeron aspectos como la especialización y optimación de los recursos humanos y materiales del ECYL con el objetivo de mejorar la gestión de los servicios al empleo, en particular de la orientación y atención personalizada a los usuarios.

Tal y como informó la gerente del ECYL en su comparecencia sobre modernización del Servicio Público de Empleo en aquel momento, en enero de dos mil catorce, se convino la necesidad de mantener el Servicio Público de Empleo como organismo autónomo, considerando que era la fórmula más eficaz para conseguir los objetivos que se persiguen. Se descartó, por tanto, acudir a otras fórmulas de gestión, manteniendo así una autonomía administrativa y de gestión, así como de participación, que todos entendían como idónea para las necesidades del momento.

Dicha reforma, tal y como se daba traslado en nota de prensa desde comunicación de la Junta de Castilla y León de veintinueve de enero de dos mil catorce, pretendía potenciar las 54 oficinas de empleo existentes, configurándolas como el elemento clave para la prestación de servicios. También incluía mejorar su distribución geográfica y a garantizar su presencia en el territorio a través de puntos de atención personalizada no permanente en municipios donde se considerara conveniente y no existiera oficina. A partir de febrero se formaría a los trabajadores del ECYL.

Asimismo, la nota de prensa también recogía que se iba a proceder a reestructurar los servicios centrales y periféricos, adaptándolos al catálogo de servicios a prestar. También: "Desde el punto de vista territorial -recogía la nota-, el ECYL creará una Red de Fomento de la Ocupación, del Empleo y de la Actividad Económica de la que formarán parte, bajo su coordinación, las entidades locales y las sociedades de desarrollo, así como sindicatos y empresarios. Y también se coordinaría con ADE Rural.

Las Agencias Privadas de colocación –incluía también la nota de prensa- con las que se establezca convenios podrán formar parte de la Red, pero siempre bajo el control del Consejo General de Empleo, y podrán hacer labores de intermediación.

Se elaborará –igualmente- un catálogo de servicios, mediante la aprobación anual del correspondiente Plan, que incluiría aquellos que actualmente prestan las diputaciones. El catálogo establecerá ratios de atención a los ciudadanos y niveles de prestación de los diferentes servicios".

Esta nota de prensa que emitía comunicación de la Junta de Castilla y León sobre las medidas anunciadas. Todas estas propuestas estaban incluidas en las medidas desarrolladas en dicho plan, como la Medida número 5, que incluye un plan de mejoras de la red de oficinas de empleo; como es el establecimiento de protocolos de actuación, así como la posible redistribución y ampliación de oficinas, siempre dentro del marco de las posibilidades existentes. También en materia organizativa, la reforma del ECYL, destacar que el nuevo enfoque del propio ECYL precisa de una organización bien cohesionada, formada y alineada como los... con los objetivos marcados en su estrategia, tal y como recoge la Medida número 20, que hace mención a la reestructuración de los servicios centrales y provinciales, potenciando las oficinas de empleo como núcleo de atención a trabajadores y empresas, reforzando, igualmente, las gerencias provinciales.

Sin embargo, sigue existiendo la necesidad de acercar los servicios al ciudadano. Esta proximidad se consigue mediante la potenciación de las oficinas de empleo como eje fundamental de atención a trabajadores, emprendedores y empresarios, tal y como recoge la Medida número 22, que dice literalmente: la mejora de la distribución geográfica y garantizar su presencia en el territorio mediante puntos de atención personalizada no permanentes en los municipios en los que no exista oficina de empleo mejoraría la atención a trabajadores y empresas.

Por ello, y teniendo en cuenta que no se va a abrir ninguna oficina nueva del ECYL en la Comunidad y que van a mantener la distribución geográfica de las oficinas de empleo, que es la respuesta del propio consejero de Empleo de fecha dos de mayo de dos mil diecisiete a varias preguntas parlamentarias presentadas por el Grupo Socialista sobre este asunto, consideramos que es fundamental que en aquellos municipios que carezcan de oficina del ECYL, independientemente del número de habitantes que tengan, puedan disponer de puntos de atención personalizada que permitan acercar la Administración a los ciudadanos.

Por todo lo anterior, formulamos la siguiente propuesta de resolución: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a poner en marcha la Medida número 22 del Acuerdo de Reforma del ECYL implantando puntos de atención personalizada no permanente a los municipios en los que no exista Oficina de Empleo". Y, de momento, nada más.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Pelegrina. En un turno fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don Luis Mariano Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, presidente. Bien, de forma breve, porque yo creo que es muy concisa la proposición no de ley. Bien, yo quiero recordar que una... probablemente la primera iniciativa, como proposición no de ley, que yo he presentado en este... en esta Comisión estaba destinada a la creación de una nueva oficina de desem... de empleo –perdón- no de desempleo, sino de empleo, en la ciudad de San Andrés del Rabanedo. Yo lo hacía, o lo hacíamos desde la UPL, pensando en que una ciudad de treinta y pico mil habitantes, entre las quince primeras de esta Comunidad Autónoma, tenía la suficiente entidad y el suficiente número de desempleados para que se hiciera merecedora de esa oficina de empleo.

Yo no recuerdo ahora mismo la contestación que se me dio desde el Grupo Popular, sí sé que fue rechazada, fue empatada aquí, llegó al Pleno y fue rechazada también en el Pleno. En ningún momento, en ningún momento se me dijo que existiera... -pues lo que nos está diciendo ahora mismo la proponente- que existiera ya un... digamos, una decisión tomada sobre la no creación de ningún tipo de oficina... de oficina de empleo a mayores, ¿no?, simplemente que en estos momentos no era procedente, que incluso yo creo que se llegó a afirmar que no era el momento, que si se abría el melón, el melón, con la ciudad de San Andrés, probablemente existirían otras ciudades, sobre todo del alfoz de grandes capitales, como por ejemplo Valladolid, que probablemente también exigieran eso mismo. Incluso se me dijo algo con referencia -yo creo recordar- a Bembibre o algo así; bueno, no lo sé, no lo sé, un poco por ahí.

Esta reflexión es porque yo creo y yo entiendo que, si dentro de las líneas y de la reforma, esa reforma de la que el Partido Popular ha hablado cada vez que comparece aquí un consejero, cada vez que comparece la gerente del ECYL, cada vez que alguien del Partido Popular se siente en esta Comisión, o comparece, es para decirnos y hablarnos de la reforma del ECYL; una reforma que a veces conocemos por su nombre, pero que, en definitiva, se convierte casi en una declaración de intenciones. En cualquier caso, en esa Medida número 20 se dice, porque se ha leído aquí, que se mejorará la distribución geográfica de las oficinas de empleo y se garantizará su presencia en el territorio mediante puntos de atención personalizada no permanentes en los municipios en que no exista oficina de empleo.

Dicho esto, si ustedes han dicho no a crear una oficina de empleo permanente en una ciudad como San Andrés del Rabanedo, que, por entidad, por número de habitantes, por número de desempleados, parece evidente que podría ser necesario y aconsejable, lo habrán hecho, supongo, porque han decidido que allí se implante una... un punto de atención personalizada no permanente. Por lo tanto, yo creo que la proposición no de ley del Partido Popular... y esto es un ejemplo, lo de San Andrés del Rabanedo, pero la proposición que plantea el Partido Socialista –perdón- creo que es suficientemente concreta para que desde la UPL, en este caso, la vayamos a apoyar.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Santos Reyero. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Belén Rosado Diago.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, presidente. Pues nuestro voto a favor de esta proposición no de ley, porque lo hemos hablado muchas veces en esta Comisión: el medio rural sin servicios, pues al final la gente se va, produce despoblación, y cuantos más servicios podamos dotarles muchísimo mejor. Es una Medida, la número 22, que está regulada; es verdad, siempre escuchamos la gran reforma del ECYL, el acuerdo en nuevas estructuras, nuevos servicios, y, sin embargo, nunca llega. Por lo tanto, un voto a favor de que se cumpla la Medida número 22, que al final no es otra cosa que atención personalizada no permanente en los municipios, en el mundo rural, y aunque no exista una oficina de empleo. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Rosado. Ahora, en un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Adela Pascual Álvarez.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias, presidente. Bueno, pues fruto del diálogo social se aprueba la reforma del Servicio Público de Empleo. No voy a desarrollar, de las diez nuevas directrices para la Estrategia 2020, las cuatro en concreto que se refieren específicamente al ámbito de las políticas de empleo, pero sí voy a destacar, como bien se expone en el argumentario de la PNL presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que esta reforma del Servicio Público de Empleo buscaba alcanzar la máxima eficiencia y perseguía como objetivo prioritario mejorar la colocación y la contratación de los trabajadores. Como siempre, las intenciones son incuestionables, otra cosa son los resultados; los resultados no aguantan la más mínima valoración.

Pero a lo que no me puedo sustraer es a lo que podemos entender, según el documento de reforma del Servicio Público de Empleo, a lo que sería la visión del ECYL. La visión, como todos ustedes conocen, define las metas realistas y alcanzables que se pretenden conseguir por una organización en un futuro más o menos inmediato, son esas propuestas que nos inspiran y motivan; en definitiva, qué es lo que quiero lograr, dónde quiero estar y para quién. El Servicio Público de Empleo de Castilla y León quiere ser reconocido como la organización de referencia de los agentes que intervienen en el mercado de trabajo de nuestra Comunidad Autónoma, apostando por la mejora continua en aras a lograr una mayor empleabilidad de los trabajadores y competitividad de las empresas de Castilla y León. Pero esta visión, este reconocimiento, se construye día a día desde un plan estratégico que se revisa y se evalúa. Pero bueno, lo dejemos ahí.

La PNL hace referencia al cumplimiento de la Medida 22, dentro de lo que son aspectos organizativos de ese plan estratégico. Yo les quería hacer una pregunta, sinceramente, con el fin de aclarar si el hecho de referirse a la Medida 22 del Acuerdo de la Reforma del ECYL es porque es la única medida que falta por cumplir o es la primera de una serie de incumplimientos o simplemente... no sé, por cualquier otra razón. Simplemente es a efectos aclaratorios.

Les digo esto porque dentro del Capítulo 7, Elementos de la definición del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en su punto 2, Aspectos organizativos, las medidas van desde la 18, Modificación de su estructura, etcétera, etcétera, a la 22, "se potenciarán las oficinas de empleo...", que... etcétera, que es la que nos ocupa. Nosotros estamos de acuerdo que lo que se pacta sea para cumplirlo, y más en el diálogo social. Nosotros estamos de acuerdo que una medida como la 22 debe de ser de aplicación urgente, por los problemas que pretende resolver, como es mejorar la atención a los trabajadores y empresas. Lo que nos preocupa es que esta medida... o esta demanda de realizar lo pactado, de cumplir lo acordado, no venga precisamente de los agentes sociales partícipes del diálogo social, o, por lo menos, no nos consta que así haya sido. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Pascual. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don José Manuel Fernández Santiago.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO:

Sí. Muchas gracias. Pues yo también con brevedad, para decirle que estamos de acuerdo con la proponente y con el grupo que propone, como no puede ser de otra manera, porque, en realidad, en relación con esta proposición no de ley, lo que se ha hecho es poner de manifiesto dos cosas fundamentales:

La primera, que allá por enero del año catorce se realizó en esta Comunidad, de acuerdo con los agentes del diálogo social, una reforma, una reforma del Sistema Público de Empleo, del ECYL, pero que fue la primera de España, y, por tanto, recogió –como ha dicho muy bien la proponente- pues aspectos en los que todos estábamos de acuerdo. Doña Laura ha leído, ha relatado parte de ese acuerdo. Yo le tengo muy presente -no me le sé de memoria, pero recuerdo-, y gran parte de los párrafos que su señoría ha leído son precisamente fruto de ese... de esa primera reforma, y, por tanto, los compartimos de la "a" a la "zeta".

Y en ese contexto, siendo la primera, se pone de manifiesto como todos estábamos de acuerdo en la necesidad de vertebrar esa red en los aspectos organizativos. Se ha dicho aquí: ¿por qué la 22? Porque es la que más afecta a la red que había que extender en una región que es la más extensa de toda Europa. Por lo tanto, tenía mucho sentido que aquí nos moviéramos en ese ámbito, y, de hecho, hacer llegar al último rincón de una geografía muy extensa esta ayuda. Y, por eso, es absolutamente conveniente que desde el primer momento le diga: vamos a votar favorablemente a esta proposición no de ley, vamos a ponernos de acuerdo en que la Medida número 22, en relación con todas la que ha dicho también la portavoz de Podemos; de la 18 para adelante son aspectos organizativos, pero en realidad la 22 es la que habla de la mejora de la distribución geográfica, que es de lo que estamos hablando aquí, y se va a incrementar el número garantizando su presencia en el territorio a través de puntos de atención personalizada no permanente en aquellos municipios que se estime conveniente y en las que no exista oficina de empleo.

En este sentido, y por no alargarlo mucho, yo tengo el listado de todas las que ya se han puesto en marcha; son muchas, podría relatárselo -si tienen interés, le leo dónde están y dónde no están-. Pero lo cierto es que el Servicio Público de Empleo, a través de sus 54 oficinas de empleo, ya presta servicio de carácter personalizado. Pero mejorar esos servicios que prestamos a nuestros ciudadanos para conseguir la mejora de la empleabilidad –se ha dicho aquí- como objetivo fundamental es lo que se intentaba con esta reforma que se llevó a cabo para, bueno, pues conseguir mejora de la empleabilidad, una mayor inserción laboral, implicar a toda la gente, públicos o privados, que puedan aportar su experiencia o sus conocimientos en la prestación de servicios de intermediación, y siempre bajo la tutela –se ha dicho también- y el liderazgo del Servicio Público de Empleo. Esto lo dice el propio acuerdo de reforma.

Pues bien, por este motivo, la atención y prestación de servicios que ofrece el ECYL no solo se va a llevar a cabo por medios propios -así se acuerda- y en la red de oficinas de empleo, sino también se presta a través de otros puntos de atención no permanentes, puestos a disposición por entidades de colaboración público-privada. Lo único que queda es que estaban de acuerdo cuando se reforma el ECYL, estamos de acuerdo ahora. La selección de estos usuarios a los que estas entidades dan servicio se hace por el Servicio de Intermediación, Orientación y Ocupación, como servicio responsable de esta gestión; y su afán de mejora, pues mejorar la atención a los ciudadanos en el último rincón, en cualquier parte de una geografía de 94.000 kilómetros cuadrados, como digo, que es muy grande, pretendiendo así diversificar y ampliar los puntos de atención al mismo. Y este es precisamente el requisito que se está valorando en el momento de elegir cuáles son estas entidades de colaboración público-privada.

En dos mil diecisiete los puntos de atención no permanente son una lista interminable, que pongo a su disposición. Si quieren la leo, pero no lo vamos a hacer, porque, estando de acuerdo, lo que podemos decir es que sí que se está haciendo un gran esfuerzo, pero, no obstante, se puede seguir mejorando, porque partimos del entendimiento pleno respecto al apoyo de esa reforma que se hizo entre todos, y que nosotros seguimos viendo como muy beneficiosa para conseguir el objetivo de empleabilidad, que se ha dicho aquí, y que llegue al último rincón de nuestra geografía.

Por lo tanto, vamos a aceptar la propuesta y vamos a votar favorablemente en los términos exactos en que se formula la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Fernández Santiago. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que se propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, doña Laura Pelegrina Cortijo.

LA SEÑORA PELEGRINA CORTIJO:

Gracias, presidente. Quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios el apoyo de esta iniciativa. Y simplemente -por ser muy breve y centrar el debate-, en cuanto al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, le agradezco que no haya leído todo el listado de los puntos de atención no permanentes de dos mil diecisiete, más que nada porque en pregunta parlamentaria realizada por este grupo ya nos dieron respuesta.

Creo que usted es de la provincia de Ávila, y lo que... y tenemos los datos de 14 puntos de atención no permanente personalizada, y en concreto de Ávila... o sea, lo que pide esta iniciativa es que se pongan en funcionamiento o en marcha estos puntos de atención en los lugares donde no hay oficina física de empleo, y, casualmente, en la oficina de Ávila, en Ávila capital hay 5 puntos de atención no personalizada y sí que tiene oficina de empleo; El Tiemblo, 1, también tiene oficina de empleo; Arenas de San Pedro, 1, también tiene oficina de empleo; en Arévalo, 1, también tiene oficina de empleo; en el resto de municipios, como es La Colilla, Pajares de Adaja, Candeleda, Cebreros, Las Navas del Marqués, todos los alcaldes y portavoces socialistas nos piden que si... que, ya que existe un punto de atención no permanente personalizada, que nos digan dónde está, quién lo gestiona, por lo menos para poder presentarse y tener un contacto directo. Con lo cual, las respuestas que nos dan o no son ciertas o nos quieren tomar el pelo, porque, o sea, alcaldes, y muchos de ellos procuradores de esta Cámara, que no sepan realmente dónde están esos puntos de atención no permanente, pues realmente nos sorprende.

Le podría dar traslado del resto de las provincias, o como es el caso de Valladolid; ocurre exactamente lo mismo. Le digo Valladolid porque yo soy de esta provincia. Valladolid: figura que consta 19 centros de atención no permanente; Valladolid tiene oficinas de empleo. Tordesillas, 1, exactamente igual; Medina del Campo, 1, lo mismo; Íscar, también tiene oficina de empleo; Peñafiel, también tiene; Medina de Rioseco, también tiene; el alcalde de La Cistérniga, también consta que tiene un punto de atención no... personalizada no permanente, y tampoco sabe ni quién lo gestiona, ni dónde está ni dónde se ubica.

Entonces, sí le agradezco que voten a favor, pero quiero que quede constancia en el acta de la sesión de hoy que nos dan información que no es real. Nada más.

Votación PNL/001460

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muy bien. Muchas gracias, señora Pelegrina. ¿Podemos dar aprobada por unanimidad esta proposición no de ley? Muchas gracias, señorías.

Se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos].