DS(C) nº 464/9 del 9/3/2018









Orden del Día:




1. Comparecencia del Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe de Fiscalización sobre el Patrimonio Inmobiliario de la Diputación de Palencia, ejercicio 2015, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

2. Comparecencia del Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe de Fiscalización de determinadas Áreas del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán (Palencia), del Consejo de Cuentas de Castilla y León.


Sumario:






 ** Se inicia la sesión a las diez horas treinta minutos.

 ** La presidenta, Sra. Cortés Calvo, abre la sesión.

 ** Intervención del procurador Sr. Cepa Álvarez (Grupo Socialista) para comunicar sustituciones.

 ** Intervención del procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos) para comunicar sustituciones.

 ** Intervención del procurador Sr. Martínez Antolín (Grupo Popular) para comunicar sustituciones.

 ** Primer punto del orden del día.

 ** La presidenta, Sra. Cortés Calvo, da lectura al primer punto del orden del día.

 ** Intervención del Sr. Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, para informar a la Comisión.

 ** La presidenta, Sra. Cortés Calvo, abre un turno para la formulación de preguntas u observaciones por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios.

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. López Prieto (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de portavoces, interviene la procuradora Sra. Pablos Labajo (Grupo Socialista).

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. Martínez Antolín (Grupo Popular).

 ** Intervención del Sr. Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, para responder a las cuestiones planteadas.

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. López Prieto (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Martínez Antolín (Grupo Popular).

 ** En turno de dúplica, interviene el Sr. Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

 ** Segundo punto del orden del día.

 ** La presidenta, Sra. Cortés Calvo, da lectura al segundo punto del orden del día.

 ** Intervención del Sr. Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, para informar a la Comisión.

 ** El vicepresidente, Sr. Martínez Antolín, abre un turno para la formulación de preguntas u observaciones por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios.

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. López Prieto (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. Guerrero Arroyo (Grupo Socialista).

 ** En turno de portavoces, interviene la procuradora Sra. Cortés Calvo (Grupo Popular).

 ** Intervención del Sr. Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, para responder a las cuestiones planteadas.

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. López Prieto (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Guerrero Arroyo (Grupo Socialista).

 ** En turno de réplica, interviene la procuradora Sra. Cortés Calvo (Grupo Popular).

 ** En turno de dúplica, interviene el Sr. Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Finaliza su intervención con palabras de despedida tras concluir su segundo mandato.

 ** La presidenta, Sra. Cortés Calvo, traslada el agradecimiento de la Comisión por el trabajo realizado por el presidente y todos los miembros del Consejo de Cuentas y levanta la sesión.

 ** Se levanta la sesión a las doce horas cuarenta minutos.




Texto:

[Se inicia la sesión a las diez horas treinta minutos].


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Buenos días, señorías. Se abre la sesión. Silencio, por favor. ¿Los grupos parlamentarios tienen sustituciones que comunicar a la Mesa? Sí. ¿Grupo Socialista?


EL SEÑOR CEPA ÁLVAREZ:

Gracias, señora presidenta. Consolación Pablos Labajo sustituye a José Javier Izquierdo... [murmullos].


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Perdone un segundo, señor Cepa. Señorías, por favor, ¿pueden guardar silencio? Gracias. Señor Cepa, tiene la palabra.


EL SEÑOR CEPA ÁLVAREZ:

Gracias, señora presidenta, de nuevo. Consolación Pablos sustituye a José Javier Izquierdo, Jesús Guerrero a José Francisco Martín y José Luis Aceves a Gloria María Acevedo.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias. Grupo Parlamentario Podemos, no. ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

José Ignacio Delgado Palacios sustituye a Manuel Mitadiel.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

El Grupo Parlamentario Mixto ha comunicado a esta Mesa que no iba a poder asistir. Así que ¿Grupo Parlamentario Popular?


EL SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN:

Gracias, presidenta. José Manuel Fernández Santiago sustituye a Juanjo Sanz Vitorio, Vidal Galicia Jaramillo sustituye a José Manuel Otero Merayo, María Paloma Vallejo Quevedo sustituye a María Isabel Blanco Llamas y Manuela Crespo Calles en sustitución de Salvador Cruz García.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señorías. Doy la bienvenida de nuevo a esta Comisión a don Jesús Jaime Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que comparece ante esta Comisión para presentar diversos informes de fiscalización remitidos a las Cortes de Castilla y León por el Consejo de Cuentas. La tramitación de los mismos se desarrollará de conformidad con lo previsto en la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve.

En primer lugar, doy lectura al primer punto del orden del día.

Informe


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Primer punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe de Fiscalización sobre el Patrimonio Inmobiliario de la Diputación de Palencia, ejercicio 2015, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Para la presentación del mismo, tiene la palabra el excelentísimo señor don Jesús Jaime Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.


EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señoras y señores procuradores. El presente informe de fiscalización corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2016 y resultó aprobado por el pleno del Consejo de Cuentas con fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. La publicación en la página web, tanto del texto íntegro del informe como de la nota resumen del mismo, tuvo lugar el veintiuno del mismo mes.

Objetivos. El propósito de esta fiscalización es el análisis y comprobación, mediante la realización de una auditoría combinada de cumplimiento de legalidad y operativa, del patrimonio inmobiliario de la Diputación de Palencia y sus entes dependientes, entendiendo como tal el conjunto de sus bienes inmuebles, tanto los de carácter patrimonial como los de dominio público. No obstante, quedan excluidos de esta fiscalización las inversiones destinadas al uso general, como las carreteras, y otros bienes destinados al uso colectivo y directo por la generalidad de los ciudadanos.

Los objetivos específicos han sido los siguientes: verificar los aspectos de legalidad relacionados con el patrimonio inmobiliario (obligaciones de llevanza, actualización, autorización, aprobación e inscripción, así como su adecuado registro y reflejo en contabilidad). Comprobar las variaciones experimentadas y la correcta tramitación de los expedientes instruidos. Analizar el inventario de bienes inmuebles, en cuanto al carácter de los mismos y su uso y destino, incluyendo las cesiones realizadas y recibidas, así como otros bienes recibidos de Administraciones y particulares. Analizar la adecuada gestión del patrimonio inmobiliario, en función de su situación, su uso y destino, así como los costes, rendimientos e ingresos que se obtienen del mismo. Comprobar la adopción de medidas, políticas o planes relacionados con el patrimonio inmobiliario en función de la situación financiera y presupuestaria y la existencia de planes de saneamiento o económico-financieros derivados de la misma.

En definitiva, la auditoría realizada es de cumplimiento de legalidad para alcanzar uno de estos objetivos, es decir, pretende constatar la regularidad, y, en consecuencia, su finalidad es emitir una opinión relativa a si se ha cumplido o no dicho objetivo.

Alcance. El período al que se refieren las actuaciones fiscalizadoras es el ejercicio dos mil quince. Las actuaciones recaen sobre la propia Diputación Provincial de Palencia, pues el organismo autónomo de Fundación Provincial de Deportes se extinguió con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.

Limitaciones al alcance. Han existido las siguientes limitaciones, que han afectado a la realización del trabajo de fiscalización: la información del inventario a efectos de su valoración económica no está actualizada o no es completa. La falta de un seguimiento y control detallado de los bienes del inmovilizado ha impedido realizar comprobaciones de la contabilidad, como la idoneidad de los saldos de las cuentas de activo, la debida separación del valor de los terrenos y el de los edificios, en el caso de los inmuebles construidos, o el contenido de los saldos de las cuentas de patrimonio recibido y entregado en cesión a treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. Teniendo en cuenta las incidencias en algunas de las referencias catastrales que figuran en las fichas del inventario, en algunos casos no se ha podido asignar valor catastral a los inmuebles.

A efectos de analizar el inventario, así como la adecuada gestión del patrimonio inmobiliario, la Memoria sobre el coste y rendimiento de los servicios del Artículo 211 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales carece de una metodología del cálculo adecuada a los manuales existentes y a los principios y pautas de la Intervención General de la Administración del Estado relacionados con la contabilidad analítica, lo que hace perder fiabilidad a la información sobre costes incluidas en la misma.

Alegaciones. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, se remitió el informe provisional a la Diputación de Palencia para que presentara alegaciones. Se formularon alegaciones por la presidenta de la diputación, dentro del plazo concedido, y han sido analizadas pormenorizadamente para su aceptación o desestimación.

Conclusiones. Sobre la comprobación del patrimonio inmobiliario. La Diputación Provincial de Palencia cuenta con un inventario de bienes y derechos formado y aprobado por el pleno el veintiséis de abril de dos mil siete, cumpliendo lo previsto en el Artículo 86 del Texto Refundido de disposiciones legales de Régimen Local, 17.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (REBEL) y 32 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Sin embargo, el inventario no figura actualizado, al no haberse incluido en el mismo las rectificaciones anuales aprobadas con posterioridad, incumpliéndose lo previsto en el Artículo 35 del REBEL, así como el Artículo 1 del Decreto 128/1984 de la Junta de Castilla y León, sobre protección del patrimonio de las entidades locales y actualización de inventarios.

No consta que se instrumente la autorización y el visto bueno del inventario a los que se refiere el Artículo 32 del REBEL. En la actualidad se encuentra en proceso la formación de un nuevo inventario. En cumplimiento de lo previsto por los Artículos 33 y 34 del mismo texto legal, tras las elecciones locales celebradas en mayo de dos mil quince, se efectuó la comprobación del inventario, a pesar de su falta de actualización. Por otra parte, no consta que se haya producido la remisión en forma y plazo de una copia del inventario y sus rectificaciones al Estado y a la Junta de Castilla y León, incumpliéndose lo previsto por el Artículo 32.1 del REBEL y el decreto antes citado. También ha de señalarse que no se elabora la memoria anual exigida por el Artículo 149 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en la que han de incorporarse las modificaciones introducidas en el inventario.

El porcentaje de cumplimiento de los datos que deben figurar en el inventario al que se refiere el Artículo 20 del REBEL es, con carácter general, elevado, salvo en algunos apartados, como el que recoge el coste de adquisición, que solo se incluye en el 29 % de los casos, y el valor que correspondería en venta al inmueble, que figura en el 48 %.

En la llevanza de contabilidad no se efectúa un control o seguimiento detallado, o de manera individualizada, de los elementos de activo, que se integre dentro de un subsistema o área contable que cumpla con los requisitos de automatismo, coherencia y concordancia que prevén las Reglas 12, 13 y 14 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. Se han producido movimientos en las cuentas del inmovilizado que no tienen su reflejo en el inventario.

En el análisis de las cuentas que inciden en la contabilización de las operaciones relacionadas con los inmuebles, se han puesto de manifiesto diversos incumplimientos de las partes segunda, cuarta y quinta del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, correspondientes, respectivamente, a las normas de reconocimiento y valoración, cuadro de cuentas y definiciones y relaciones contables. Así, en el caso de inmuebles construidos, no puede garantizarse que figure por separado el valor de los terrenos correspondientes, no se registran deterioros de valor del inmovilizado, o tampoco consta que se haya contabilizado la resolución de la cesión de un inmueble propiedad de la diputación, en el ejercicio dos mil quince. Asimismo, se ha incumplido lo previsto en el nuevo Plan General de Contabilidad Local al realizar el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio dos mil quince, resultando particularmente destacable la falta de inclusión de los importes correspondientes a los bienes patrimoniales dentro del subgrupo 22, de inversiones inmobiliarias, por no estar destinados a fines administrativos ni a la prestación de servicios.

En la tramitación del expediente 2015/32, se ha comprobado que se incumple el Artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que se califica como contratos privados a aquellos celebrados por una Administración pública que tengan por objeto servicios comprendidos en la categoría 26 del Anexo II, entre los que se incluyen los relacionados con el expediente de referencia. En este mismo expediente se ha comprobado que se incorporan en el pliego de prescripciones técnicas aspectos que han de incluirse en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Sobre la situación y el análisis del inventario. La Diputación de Palencia cuenta con 165 bienes inmuebles inventariados, 75 patrimoniales y 79 de servicio público, 4 sin calificar y 7 inmuebles de dominio público para los que no se identifica si son de uso o servicio público. Como consecuencia de las actuaciones de comprobación llevadas a cabo, teniendo en cuenta la existencia de algunos datos erróneos en la llevanza del inventario, se ha podido determinar que el total de inmuebles, en efecto, son 165, cuyo desglose sería el siguiente: 71 patrimoniales, 93 de servicio público y 1 de uso público.

Los inmuebles patrimoniales construidos o edificados ascienden a 20 a treinta y uno de diciembre de dos mil quince, con una valoración catastral, según la Dirección General del Catastro, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas, de 13.639.729 euros, correspondiendo al solar San Telmo 9.986.203 euros, cuya valoración es conjunta con la del inmueble Ciudad Asistencial San Telmo, donde se prestan servicios públicos. De los 20 inmuebles, 12, entre los que figura el citado solar, están en poder de la Diputación de Palencia, siendo 3 de ellos objeto de explotación económica. Cabe destacar la Plaza de Toros, vinculada su explotación a la feria taurina, y los viveros de empresas en Aguilar de Campoo y Venta de Baños. Entre los inmuebles no explotados destaca el castillo de Monzón como de dominio público, ya que en él no se prestan servicios públicos. Hay 8 inmuebles que están en uso de terceros, con una valoración según la Dirección General del Catastro de 851.250 euros. Destacan entre ellos el derecho de superficie en favor de la Universidad de Valladolid.

Hay otros 51 inmuebles patrimoniales que son terrenos, de los cuales 11 son urbanos y el resto rústicos, cuya valoración, con las limitaciones expresadas, es de 603.304 euros para aquellos y 1.038.570 euros para estos. Es de reseñar que el 82 % del montante urbano son 5 parcelas industriales en el polígono de Venta de Baños.

En cuanto a los inmuebles de servicio público, a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince, ascienden a 94, con un valor catastral, según la Dirección General del Catastro, de 16.140.983 euros. El más destacable es la Ciudad Asistencial San Telmo, donde la diputación presta los servicios de residencia de ancianos, servicios sociales y Escuela Universitaria de Enfermería. Es de indicar que la Junta de Castilla y León, en otra parte del inmueble, presta asistencia sanitaria, y otra se utiliza por el ayuntamiento para instalaciones deportivas. La diputación presta servicios en otros 10 inmuebles.

Los bienes de uso público vienen constituidos por los viales o carreteras, si bien existe otro inmueble que debería tener el mismo carácter, tratándose del camino natural sobre el antiguo trazado del tren secundario de Castilla, tramo Palencia-Castromocho.

Según lo previsto en el Artículo 18 del REBEL, deben constar en el inventario todos los bienes y derechos que podrían ser susceptibles de revertir a la diputación. Sin embargo, están incluidos en dicho epígrafe dos inmuebles que no son propiedad de la diputación (Parque de Bomberos de Palencia y el templo de San Pedro de Saldaña). Lo cierto es que ambos inmuebles deberían de haberse incluido en el epígrafe correspondiente a derechos reales, juntamente con otros dos inmuebles, que no son de su propiedad, en los que se prestan servicios públicos, como son la Cueva de los Franceses y la sala de exposiciones de la calle Don Sancho. Asimismo, la diputación tiene alquilados dos locales de servicio público, uno en la calle Mayor, oficina de turismo, y otro en la calle Don Sancho, como local para los grupos políticos.

La información catastral del inventario es discrepante con respecto a la obrante en la Dirección General del Catastro. Según los certificados emitidos por la dicha dirección, los bienes cuya titularidad se atribuye a la Diputación de Palencia ascienden a 1.075, de los cuales 46 son bienes inmuebles urbanos y 1.029 bienes inmuebles rústicos. De estos últimos, 858 corresponden a carreteras y caminos, cuyo valor catastral es cero. Del total de 217 inmuebles, al margen de las carreteras, tan solo 29 se corresponden con inmuebles inventariados, existiendo, por tanto, 188 que no se recogen en las fichas de inventario. Por otro lado, en el inventario existen 6 inmuebles cuya referencia catastral está a nombre de terceros y 12 con referencia catastral errónea.

Sobre la gestión del patrimonio inmobiliario. La información de la memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, del Artículo 211 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se limita a presentar un estado de ejecución presupuestaria total, por servicios de la clasificación orgánica, así como por programa de gasto. Esta memoria carece de una metodología de cálculo de costes que siga los principios generales establecidos por la IGAE en el año dos mil cuatro. Ello hace perder fiabilidad a la información sobre el coste de los servicios públicos. En base a la previsión de la Disposición Transitoria Tercera de la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, la diputación no ha incluido en la memoria de las cuentas anuales la información sobre el coste de las actividades y los indicadores de gestión.

Según la memoria justificativa, el coste total asciende a 59.639.855 euros y los rendimientos a 6.481.783 euros. En el servicio de sanatorios psiquiátricos el coste asciende a 2.224.114 euros y los rendimientos por estancia a 502.917 euros. Por lo que respecta a la residencia de ancianos, los costes ascienden a 4.354.938 euros y los rendimientos a 942.525 euros. En la Escuela Universitaria de Enfermería el coste es de 802.689 euros y los ingresos son de 426.891 euros.

El otro documento sobre costes corresponde al cálculo del coste de los servicios prestados por la diputación, que debe elaborarse y comunicarse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en virtud del Artículo 116 ter de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, derivado del ejercicio de sus competencias previstas legalmente. Esta información es singular y diferencial con respecto a otras informaciones sobre costes y parte de los datos de ejecución presupuestaria. El coste efectivo calculado asciende a 27.126.331 euros.

Con las limitaciones establecidas y las asignaciones que han podido realizarse, el coste de los servicios públicos por inmuebles asciende a 19.227.410 euros. El Palacio Provincial y la Ciudad Asistencial San Telmo son los más destacados, con el 33 % ambos.

Según la información certificada, el total de gastos generados por los inmuebles de carácter patrimonial habría ascendido a 43.927 euros, y los ingresos imputables a los mismos ascienden a 61.229 euros. Existen 50 inmuebles para los que no se obtiene ningún ingreso. Los gastos más importantes corresponden al cine Amor de Aguilar de Campoo, cedido al ayuntamiento, que suponen el 43 % del total. A continuación, en cuanto a gastos, está la Plaza de Toros, con un 40 % del total, si bien es cierto que se producen unos ingresos, en concepto de canon de explotación, que cubren sus gastos y que suponen el 33 % de los ingresos totales. Las fincas rústicas generan el 6 % de los gastos totales, si bien, gracias a su arrendamiento agrícola, se cubren sobradamente los gastos, y suponen el 49 % de los ingresos totales.

En los ejercicios fiscalizados, la diputación no cuenta con planes de ajuste derivados de medidas excepcionales de pago a proveedores, ni planes de saneamiento, por la generación de ahorro neto negativa. En cuanto al endeudamiento financiero, el porcentaje de capital vivo sobre los recursos corrientes liquidados está por debajo del 75 %, y en cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, su situación es muy positiva.

No consta que la diputación haya aprobado programas de actuación y planes de optimización sobre los edificios administrativos, ni tampoco medidas o programas de actuación sobre sus inmuebles patrimoniales, en aplicación de los principios de eficacia, eficiencia, economía y rentabilidad.

Opinión. La aprobación del actual Inventario General de Bienes y Derechos de la Diputación de Palencia se produjo el veintiséis de abril dos mil siete. El inventario no figura actualizado ya que, con posterioridad a esta fecha, con carácter general, no se han reflejado en el mismo las rectificaciones anuales acordadas. Con la renovación de la corporación, tras las elecciones locales celebradas en mayo de dos mil quince, se efectuó la comprobación del inventario, a pesar de su falta de actualización. (Conclusión 1).

En la llevanza de contabilidad no existe un control y seguimiento detallado del inmovilizado, dentro del sistema de información contable, con los debidos requisitos de automatismo, coherencia y concordancia. La información de las cuentas contables relacionadas con el inventario de bienes inmuebles no se ha registrado conforme a los principios y criterios de contabilidad contenidos en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. (Conclusiones 3 y 4).

Recomendaciones. Primera. La Diputación de Palencia debe instrumentar la forma y procedimiento por el que, sobre el inventario, se produzca la autorización del secretario y el visto bueno del presidente, según lo previsto en la normativa sobre bienes de las entidades locales.

Segunda. El pleno, como órgano competente para la aprobación y comprobación del inventario, así como para el ejercicio de las atribuciones sobre los bienes de la diputación que le confiere la normativa local, debe adoptar las medidas oportunas de actualización y regularización del Inventario General de Bienes y Derechos, con el fin de adecuar este documento y el programa a través del que se lleva a la realidad de la situación patrimonial existente. Ello debe hacerse con las precauciones legales oportunas y la participación de la secretaría como órgano autorizante del mismo. De especial relevancia resulta la necesidad de efectuar la valoración de la totalidad de los inmuebles y actualizar la existente para el resto, así como actualizar el valor catastral en las fichas de inventario y proceder a la revisión de las referencias catastrales.

Tercera. Tras la señalada regularización del Inventario General de Bienes y Derechos, debe someterse a su aprobación por el pleno de la corporación y, a partir de ese momento, deben autorizarse y aprobarse puntualmente sus actualizaciones. Solo de esta forma el inventario puede constituir un instrumento de protección, defensa y control de los bienes y derechos y una herramienta de información útil para la toma de decisiones, reuniendo unas notas esenciales de unidad, centralidad, rigurosidad, actualización y valoración.

Cuarta. Debe realizarse una adecuada reseña o codificación de los bienes incluidos en el inventario, que permita diferenciar las altas de inmuebles, de las inversiones o mejoras sobre inmuebles ya inventariados. En el caso de inmuebles construidos, en las fichas de inventario debe poder diferenciarse el valor del suelo del valor de la construcción.

Quinta. Debe procederse a la regularización de los diferentes aspectos contables que se han puesto de manifiesto en el apartado dedicado a la comprobación y análisis de la contabilidad, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad Pública.

Sexta. La diputación deberá establecer los mecanismos necesarios para mejorar las vías de colaboración y comunicación con el Catastro Inmobiliario, de tal forma que los datos que obren en ambos registros sean coincidentes.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario establece en su Artículo 18 los procedimientos de subsanación de discrepancias y rectificación, dirigidos a obtener la modificación de datos catastrales cuando la Administración tenga conocimiento de la falta de concordancia entre la descripción catastral de los bienes inmuebles y la realidad inmobiliaria, y su origen no se deba al incumplimiento de la obligación de declarar o comunicar.

Séptima. La implantación por parte de la diputación de un sistema de contabilidad analítica sería oportuna y necesaria.

Octava. Particularmente, en aplicación de los principios de eficacia, rentabilidad y eficiencia, y para una adecuada administración y conservación, que permitan optimizar la utilización y el rendimiento de su patrimonio inmobiliario, la diputación debería adoptar un plan o programa sobre sus inmuebles de carácter patrimonial.

Novena. Asimismo, la diputación debería regular sus relaciones de carácter patrimonial con otras Administraciones públicas mediante convenios o protocolos que, de una forma general, ordenen estas relaciones y los inmuebles afectados por las mismas. Nada más. Y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. Se abre ahora un turno de intervenciones para los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Delgado Palacios.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señora presidenta. Dar la bienvenida al señor Encabo y agradecer su exposición. Estamos ante otra fiscalización del patrimonio inmobiliario, en este caso de la Diputación de Palencia, y, en fin, yo creo que casi todas las diputaciones en Castilla y León actúan de una manera muy similar, aunque en este caso hay cuestiones bastante claras y específicas, ¿no?

En este caso hay que decir, sobre todo el resumen, que, efectivamente, esa aprobación del actual inventario general se retrotrae al veintiséis de abril de dos mil siete, y que, desde luego, el inventario no figura actualizado, lo cual pues implica toda esta serie de errores que hay que subsanar. Desde luego, está claro que no existe ese control y ese seguimiento detallado del inmovilizado. Y, desde luego, pues que ese sistema de información contable, con los debidos requisitos de automatismo, coherencia y concordancia, tres palabras fundamentales, pues tampoco está totalmente realizado. Desde luego, la información de las cuentas contables relacionadas en el inventario de bienes inmuebles no se ha registrado conforme a los principios y criterios de contabilidad y contenidos.

Desde luego, vamos, aparte de que el pleno de la Diputación de Palencia debe adoptar medidas oportunas de actualización y regularización y efectuar mejor sus valoraciones, etcétera, siempre tenemos que intentar, pues eso, tener criterios de centralidad, rigurosidad, actualización y valoración.

Pero por ir a cuestiones concretas que detallan un poco la singularidad, digamos, de la Diputación de Palencia, lo que sí que nos hace a nosotros bastante... algo chocante, por ejemplo, no se entiende qué criterios tiene una diputación como la de Palencia para tener, por ejemplo, una plaza de toros. Sinceramente, llama muchísimo la atención, en ese sentido, que, desde luego, ya también se deduce de este inventario pues que, lógicamente, el uso de ese... de ese edificio, digamos, pues tampoco es el más adecuado, desde luego, el más, digamos, para uso social. Se entiende muy poco.

Desde luego, también hay que decir que, visto un poco la cuestión de nuestra información sobre la Diputación de Palencia, cómo funciona, hay muchísimos convenios que se hacen, por ejemplo, con el Arzobispado, pues para templos, de unos 100.000 euros, para apertura de templos, que tampoco, digamos, tienen una fiscalización, aunque no sea este el caso, pero, en fin, sobre todo que también, en fin, hay demasiados convenios, frente a una concurrencia competitiva, que sería lo lógico, en fin, de concurso, en muchísimos... sobre todo en temas de servicios sociales.

Y también echamos... una cosa curiosa, que con todo el patrimonio que tiene la Diputación de Palencia, le queremos preguntar qué hace exactamente, por ejemplo, cómo tiene que alquilar edificios para grupos políticos o para oficina de turismo. Yo creo que, desde luego, a veces no es una buena adecuación de esos recursos que tiene para que no sea de esa manera, ¿no? En ese sentido, yo creo que, desde luego, en fin, es una cosa bastante chocante.

Desde luego, hay que reiterar que la Diputación de Palencia no ha aprobado programas de actuación ni planes de optimización sobre los edificios administrativos, que es lo que queremos incidir, ni tampoco medidas o programas de actuación sobre bienes inmuebles patrimoniales -vuelvo a reiterar- con esos principios que deben de seguir, de eficacia, eficiencia, economía y rentabilidad.

Pero, desde luego, como casi todas las cuestiones impropias, competencias impropias, llama la atención también Palencia, en este caso, otra más, aparte de la residencia de San Telmo, que ya de por sí es bastante, digamos, tiene lógicamente un peso importante su administración, sino que en este caso también existe una Escuela de Enfermería que, sinceramente, creemos que más pronto que tarde debería pasar, lógicamente, pues a la Universidad, firmar un convenio de una vez por todas para que la Diputación de Palencia incluso no tenga que ya... cuestiones tan puestas en moda hace muchos años, en fin, incluso a veces con tipos y cuestiones digamos poco justas, por no decir escandalosas, en torno a esta Escuela de Enfermería, que todos recordamos hace muchísimos años. Sinceramente, bueno, pues hay cuestiones que queda mucho mejora, como esos viveros de empresas en Aguilar de Campoo, etcétera, que tampoco se les ve una trazabilidad lógica y que, lógicamente, deberían también pues actualizarse.

Vuelvo a decir que la Diputación de Palencia, como otras muchísimas, a veces se dedican realmente a lo que no se deben dedicar, ¿no?, es la opinión de Ciudadanos, y por eso a veces usted comprenderá que tenemos serias dudas de su normativa y de su funcionamiento y de su adecuación, digamos, actual. Sinceramente, creemos que muchas veces se dedican pues a otro tipo de cuestiones. También pues tienen fincas, como la de Perales, granjas, etcétera, etcétera, y que, sinceramente, tampoco entendemos mucho su cuestión. Aunque, en este caso, vuelvo a decir, incidir, sí queremos su opinión sobre la Escuela de Enfermería, si le parece normal una Diputación de Palencia –yo creo que será el único caso, creo recordar, en toda España- que tiene una instalación tan específica, y sobre todo esa cuestión de San Telmo, con esa residencia de ancianos, que, de una vez por todas, creemos, por lo menos desde Ciudadanos, que deben de desaparecer esas competencias impropias que tanto inciden y preocupan.

Desde luego, no entendemos cómo las diputaciones provinciales, con todos sus medios, con todo su personal, en fin, cualificado, no actualizan estos inventarios, y sinceramente no podemos entenderlo. Pero lógicamente solo puede obedecer pues a una falta de voluntad por parte de los dirigentes, porque creo que medios tenemos todos para hacerlo así, y me imagino que también el propio Consejo de Cuentas de Castilla y León me imagino que también asesorará, si es necesario, a estos organismos, a estas diputaciones provinciales, o si le han pedido alguna vez asesoramiento, ¿eh?, queremos también saberlo, para agilizar todo este tipo de inventarios. Vuelvo a decir que nos parece, lógicamente, pues unas cuestiones no normales, ¿no?, alquileres de 1.000 euros al mes, por ejemplo, para los grupos políticos, cuando hay edificios suficientes, a nuestro modo de ver, pues habla mucho de la no buena gestión de este tipo de organismos públicos como son las diputaciones provinciales.

Nosotros queremos volver a decir que la legalidad está para cumplirse. Y desde luego que desde... vuelvo a decir, desde el pleno de veintiséis de abril de dos mil siete, que ha pasado muchísimo, once años, seguimos en la misma situación, nos parece totalmente increíble, y esperemos que de una vez por todas esto se pueda subsanar. Muchísimas gracias. Nada más.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Delgado Palacios. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Podemos, el señor López Prieto.


EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Gracias, presidenta. Y buenos días a todos y a todas. Bueno, pues agradecer la exposición del presidente del Consejo de Cuentas y también el trabajo realizado por el Consejo de Cuentas sobre este informe del patrimonio inmobiliario de la Diputación de Palencia del año dos mil quince. En esta ocasión debatimos pues un quinto informe sobre el patrimonio inmobiliario de las diputaciones provinciales, y vemos que no hay nada nuevo. El Consejo de Cuentas revela las mismas cuestiones sobre el patrimonio inmobiliario de la Diputación de Palencia que en las anteriores. Principalmente, pues nos informa de que no está actualizado y también pues el incumplimiento de varios aspectos de la legalidad.

A destacar particularmente sobre la fiscalización del patrimonio de Palencia, no consta que se instrumente la autorización y el visto bueno del inventario. Tampoco existe una memoria de las modificaciones introducidas. Y pues no se facilitan la identificación y presentación de determinados datos, como el costo de la adquisición o el valor de venta de determinados inmuebles, y... o también pues no figura por separado el valor de los terrenos correspondientes.

Por lo tanto, si de algo debemos sentirnos satisfechos es la labor de este órgano fiscalizador, porque todas las diputaciones han respondido a estos informes del Consejo de Cuentas, también la de Palencia -nosotros así lo hemos visto a través de la prensa-, pues asumiendo el total de las recomendaciones formuladas por... para la gestión de su patrimonio y del inventario general de bienes. Y nos parece pues oportuno que, después de una década, en este caso también la Diputación de Palencia u otras diputaciones que han sido fiscalizadas, pues cumplan lo que exige la legislación respecto al patrimonio inmobiliario. Esperemos o veremos si, después de diez años, pues se dan las mismas circunstancias o lo han corregido.

No sabemos si la Diputación de Palencia también se ha comprometido a respetar ciertos aspectos de la legalidad, por ejemplo a calificar contratos como administrativos especial, en vez de contrato privado, tal y como establece la ley; o si ese compromiso comprende también mejorar pues la información que tenga que ver con la justificación de los costes, que, según el Consejo de Cuentas, la Diputación de Palencia pierde la fiabilidad en la información sobre los costes de los servicios públicos que gestiona al carecer de una metodología adecuada... una metodología de cálculo adecuada. Por lo tanto, esto genera bastantes dudas sobre la gestión de la Diputación de Palencia de los servicios públicos.

En relación a los gastos sobre los que la Diputación de Palencia no obtiene ningún ingreso, nos gustaría señalar que, correspondiente al cine Amor, de Aguilar de Campoo, que ha sido cedido al ayuntamiento de esta localidad, supone el más importante, representa el 43,3 % del total. Este es un patrimonio que se cede al Ayuntamiento de Aguilar, pero que luego la diputación paga 20.000 euros en gastos de luz, agua, teléfonos y tributos. A este grupo parlamentario pues no le llama la atención que este inmueble no tenga ni número de inventario, ni conste el valor que correspondería en venta a este... a este inmueble cedido al Ayuntamiento de Aguilar, porque, curiosamente, se hizo una inversión de 540.000 euros por este edificio, con una licencia para rehabilitarlo, y antes de rehabilitarlo lo que hizo el ayuntamiento, lo que hizo la Diputación de Palencia, fue demolerlo, y, curiosamente, pues después de esa inversión de 540.000 euros, actualmente el valor del suelo es de... –perdón- de 218.000 euros, nada más y nada menos que con una inversión de 3,3 millones de euros.

Para aquellos que no conozcan este centro, fue inaugurado en el año dos mil diez, y fue inaugurado bajo sospechas de no ajustarse al plan urbanístico, y sobre el que la Diputación de Palencia pues no quiso crear una comisión de investigación. Como digo, sobre este patrimonio, sobre este edificio, se hizo una inversión de 3,3 millones de euros, y sobre el que planeó pues una orden de derribo en base a una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia, una sentencia que fue recurrida por el ayuntamiento y por la diputación y que, finalmente, pues fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Sobre este patrimonio que tiene la Diputación de Palencia sí que habrá que estar atento a cuál es el recorrido final, porque la Audiencia Provincial ha reabierto el caso de este proceso penal sobre el cine Amor. Y ayer pues ya estuvo declarando la alcaldesa de Aguilar, también diputada provincial. Y, bueno, pues veremos el recorrido de este... de este patrimonio inmobiliario de la Diputación de Palencia.

Por lo demás, plantearemos para su cumplimiento pues las nueve recomendaciones del Consejo de Cuentas. Nada más. Gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor López Prieto. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pablos Labajo.


LA SEÑORA PABLOS LABAJO:

Gracias, presidenta. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, poner en valor la iniciativa llevada a cabo por el Consejo de fiscalizar el patrimonio inmobiliario de las diputaciones provinciales. En este caso, como ya es conocido, se refiere a la Diputación de Palencia. Desde luego, informe que nos da idea, primero, del importante patrimonio de la misma, tanto en cantidad como también diríamos en la variedad de bienes y derechos de la diputación, que va desde carreteras, parcelas rústicas y urbanas, diversos edificios, castillos, villas romanas y hasta algo, como también se ha dicho ya aquí, tan atípico como una plaza de toros. Y, sobre todo, lo que nos parece aún más importante, este informe nos analiza la gestión de este patrimonio, en este caso, los trabajos realizados se refieren al ejercicio dos mil quince.

Destacable nos parece resaltar que se han producido limitaciones a la hora de hacer la fiscalización, debido sobre todo a los propios incumplimientos en cuanto a normativa o legalidad que se pretende analizar. Por ejemplo, dificulta esta fiscalización el que la valoración económica no esté actualizada o no sea completa, o que la consignación del valor que correspondería en la venta de los inmuebles no alcance el 50 % de los bienes, o no haya separación entre el valor de los terrenos y el de los edificios, o que la memoria sobre el coste y rendimiento de los servicios carezca de una metodología de cálculo adecuado a los manuales existentes y a los principios y pautas de la contabilidad analítica.

Teniendo en cuenta todas estas limitaciones, como dice el propio informe, destacamos, en cuanto a los diversos aspectos del mismo, que el Inventario General de Bienes y Derechos, formado y aprobado por el pleno de la Diputación de Palencia, es del veintiséis de abril del dos mil siete. Que el inventario no está actualizado. No se han incluido las rectificaciones anuales aprobadas con posterioridad. Que tras las elecciones de dos mil quince se efectuó la comprobación del inventario, pero no se actualizó. Que no se ha elaborado la memoria anual exigida por el ROF, en la que se ha de dar cuenta de las modificaciones. Y en cuanto a los datos que deben de figurar en el inventario, no se incluye el 21,1... 29,1 % de los casos el coste de la adquisición, y en el 47,9 el valor que correspondería a la venta del inmueble.

En cuanto a la contabilidad, no se lleva control del seguimiento detallado, de manera individualizada, de los elementos del activo, se han producido movimientos que no se han reflejado en el inventario, o no figura por separado el valor de los terrenos de los inmuebles construidos, o bien no se ha registrado el deterioro del valor inmovilizado.

Importante en este apartado reparar en la comprobación de expedientes de los negocios jurídicos tramitados por la Diputación de Palencia sobre patrimonio inmobiliario, y en especial -por lo atípico, como ya hemos dicho antes, en cuanto a competencias de las entidades locales- el expediente del contrato administrativo especial para la explotación de la plaza de toros de Palencia. La plaza de toros de Palencia es un bien patrimonial. La contratación se ha realizado mediante un procedimiento abierto, tramitación urgente y con varios criterios de adjudicación. Y de la comprobación se puede ver cómo se incumplen diversos artículos, tanto del Texto Refundido de la Ley de Contratos Públicos como del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ya que el contrato debe calificarse como privado y no como contrato administrativo general. O se puede comprobar como el pliego de prescripciones técnicas regula aspectos propios del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Desde luego, si es importante la verificación de la legalidad respecto al patrimonio, tan o más importante nos parece conocer, a través de este informe de fiscalización, el análisis de la situación, usos y destino del patrimonio. Y así podemos comprobar que la Diputación de Palencia tiene un total de 165 inmuebles, de los cuales 71 son patrimoniales, 93 de servicio público y 1 de uso público. Destacaríamos que de los 71 patrimoniales, 20 están construidos o edificados, y, de estos, 3 son objeto de explotación económica: la plaza de toros, a la que ya nos hemos referido anteriormente, que es, al margen del solar, el inmueble más valorado, y los viveros de empresas de Venta de Baños y Aguilar de Campoo. Y de los no explotados económicamente, nos llama la atención el castillo de Monzón de Campos, ya que está calificado indebidamente como dominio público, cuando en él se presta servicios tan... servicios públicos.

También podemos comprobar como 8 inmuebles están en uso de terceros (importante el número), por la Universidad de Valladolid, o el cine Amor, por el Ayuntamiento de Aguilar, objeto de convenio de cesión y que, como también –no voy a repetir- se ha dicho aquí, está judicializado. Así como que la información catastral del inventario es discrepante con respecto a la obrante en la Dirección General del Catastro. En el informe se hace una descripción detallada de todos los inmuebles y sus usos, que no vamos a repetir aquí, pero, desde luego, que nos parece importantísima a la hora de tener un conocimiento específico de los mismos y, desde luego, fundamental a la hora de la fiscalización de la gestión del patrimonio de la Diputación de Palencia.

La información sobre el coste de los rendimientos de los servicios públicos se limita a un estado de ejecución presupuestaria total, careciendo de una metodología de cálculo de costes. Por lo tanto, no es fiable la información sobre el coste de los servicios públicos. Vamos a hacer referencia a algunos datos, especialmente diríamos llamativos, que se desprenden de la memoria justificativa. El coste de los servicios públicos es de más de 59 millones, mientras que los rendimientos son de 6,5 millones aproximadamente. Queremos destacar el coste del servicio de planes provinciales, que supone un 19,9 % (a lo mejor esto tiene algo que ver con que el Estado y esta Administración dejaron de aportar para los planes provinciales), y el de servicios de acción social, con un 15,6 %.

Hay tres servicios que se están prestando por parte de la Diputación de Palencia y que podríamos considerar... no es que podríamos considerar, es que son competencias impropias, como son el sanitario psiquiátrico, con un coste de más de 2.000.000 de euros y unos rendimientos de unos 500.000; la residencia de ancianos, con un coste de más de 4.000.000 de euros y unos rendimientos de 942.000 euros; y la Escuela de Enfermería, con un coste de 812.000 euros y unos rendimientos de unos escasos 462.000 euros.

Por último, en cuanto a la gestión, también nos parece importante que en los rendimientos destaca la prestación del servicio de tratamiento de residuos, con un 27,1 % del total de la gestión, y la recaudación de ingresos de las entidades locales, con un 20 %. Rendimientos que provienen, ambos, de los ayuntamientos de la provincia; por lo tanto, rendimientos que provienen de los palentinos.

Teniendo en cuenta las conclusiones, recomendaciones -que suscribimos en su totalidad- y la opinión reflejadas en este informe de fiscalización, podríamos decir, siendo generosos, que la situación y gestión del patrimonio inmobiliario de la Diputación de Palencia es manifiestamente mejorable. Es cierto que la diputación ha presentado 17 alegaciones a este informe, que la mayoría no han sido aceptadas, y también parece ser que es cierto que la diputación está dispuesta a aceptar las recomendaciones y corregir esta situación, lo cual nos parece desde luego positivo, aunque también, de alguna manera, se debía comprobar que esto es realmente así y no se queda en buenas intenciones. Nada más. Y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias, señora De Pablos. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Martínez Antolín.


EL SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN:

Muchas gracias, presidenta. Y buenos días, señorías. Bueno, pues en primer lugar, dar la bienvenida una vez más a esta sede parlamentaria al presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, a los consejeros que le acompañan hoy y al equipo también técnico, para hablar, una vez más, de un tema de fiscalización, un informe de fiscalización, en este caso sobre el patrimonio inmobiliario de la Diputación de Palencia en el ejercicio dos mil quince.

Un informe que, sobre todo, pone de manifiesto la situación de transparencia que se lleva a cabo desde estas Cortes de Castilla y León y la situación de transparencia desde el propio Consejo de Cuentas, porque cualquier ciudadano de nuestra Comunidad tiene a su disposición la posibilidad de ver cómo es este informe, lo que refleja, lo que recomienda, las alegaciones que se presentan a los posibles errores; en definitiva, el poder participar y ser conocedor plenamente de lo que en estos momentos también aquí hoy estamos debatiendo.

Dentro de todo lo que hace referencia el informe, pues a mí me gustaría destacar sobre todas las cosas el hecho de que el porcentaje de cumplimiento de las exigencias que establece la ley respecto a lo que tiene que aparecer en el inventario del patrimonio inmobiliario de la Diputación de Palencia es muy alto, como así lo dice el propio informe.

Respecto a lo que hace referencia a la actualización o no del inventario, pues la Diputación Provincial de Palencia cuenta con un Inventario General de Bienes y Derechos, firmado y aprobado por el pleno del veintiséis de abril de dos mil siete, y cumple de esa manera con lo establecido en el Artículo 86 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local. Si bien es cierto que se ha hablado aquí que no está actualizado, al no incluir rectificaciones anuales aprobadas con posterioridad, hay que decir también que las rectificaciones anuales del inventario se han aprobado oportunamente e incorporado al inventario de dos mil seis, por lo que el inventario está actualizado a treinta y uno de diciembre de dos mil quince, aunque no se encuentre consolidado.

No vamos a entrar en el detalle de todos los bienes inmuebles en los que hace referencia este informe, así como a su valoración. Y sí que vamos a decir que, respecto a los errores a los que se hace referencia, en algunos casos son errores que creo presentan una escasa relevancia. En algunos casos, pues hace referencia a calificaciones que se llevan a cabo de algunos inmuebles de manera indebida, como es el caso de algún inmueble que tenía que considerarse como de dominio público, en vez de considerarse en una situación en la que ya no es de dominio público por el servicio que no presta. O hay también situaciones de error porque no se están considerando determinados inmuebles en unos epígrafes determinados o en otros. O que en algún epígrafe no aparece rellenado con ningún tipo de inmueble. Bueno, en definitiva, consideramos que hace referencia también a una gran cantidad de errores que yo creo que no aportan nada importante ni relevante desde el punto de vista de lo que verdaderamente es la parte mollar de lo que tiene que transmitir este inventario de inmuebles de la Diputación de Palencia.

Hay otra situación que hace referencia a la información catastral, y parece ser que sí que no coincide la información catastral de los datos de estos bienes inmuebles que aparecen en el inventario con lo que en realidad viene expuesto en la Dirección General del Catastro. Y, a este respecto, el Consejo de Cuentas establece 188 apuntes de bienes de titularidad provincial que están diferenciados respecto a lo que aparece en catastro. Y, desde este punto de vista, también así se figura luego posteriormente, y teniendo en cuenta las alegaciones que hace la Diputación de Palencia, en muchas ocasiones esas diferencias o la... esa falta de presencia de esos inmuebles no es que no sea tal, sino que lo que ocurre en realidad es que hay una modificación o hay un cambio en el número de referencia y por eso hace que en muchas ocasiones no se puedan identificar.

En cualquier caso, ante las situaciones de errores que aparecen en el inventario, la Diputación de Palencia establece una serie de alegaciones, de las cuales unas sí que se han considerado, aunque otras no.

Hay otro tema interesante respecto a la... a lo que hace referencia a que la diputación no incluye en la memoria de las cuentas anuales la información sobre el coste de las actividades y los indicadores de gestión, pero hay que tener en cuenta también que esto, en estos momentos, por lo menos en este informe, que es del año dos mil quince, no era obligatorio, porque cuando empieza a ser obligatorio es a partir de las cuentas del año dos mil diecisiete.

Es de destacar también el análisis que hace -además lo hace de manera muy pormenorizada el Consejo de Cuentas, y muy detallada, lo que es de agradecer-: el tema de los costes y rendimientos de los servicios públicos. Y desde ese punto de vista... y, desde este punto de vista, pues hay que destacar dos aspectos fundamentales, que son los servicios de los planes provinciales y los servicios que se prestan de acción social.

Desde este punto de vista, pues los planes provinciales representan el 19,5 % de ese coste total, y los de la acción social representan el 15,6 % del total. Por tanto, consideramos que es una prestación muy importante que está haciendo la Diputación de Palencia a los municipios de la provincia. Y hay que tener en cuenta que, si bien en las situaciones de alta crisis y las malas situaciones económicas que estuvimos y que tuvimos en el pasado, pues en el caso de la Diputación de Palencia es de destacar y de poner en valor que los planes provinciales se mantuviesen y que todos los municipios pudiesen disponer de unas disposiciones de financiación para llevar a cabo obras de bastante interés para esos municipios, que es algo además que no ha pasado en todas las diputaciones de la Comunidad. Entonces, quiero manifestar ese esfuerzo de la diputación en todo momento en el mantenimiento de esos planes provinciales.

También hay otros costes importantes en la prestación de servicios, como es el de los sanatorios psiquiátricos, como el de la residencia de ancianos, como el de la Escuela Universitaria de Enfermería. Y, respecto a los rendimientos, pues también había que destacar los que se obtienen como consecuencia de la prestación del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos para municipios menores de 20.000 habitantes, que en este caso representa el 27,1 % del total de esos rendimientos.

Por tanto, desde este punto de vista, y aunque en algunas ocasiones y en algunos grupos ponen de manifiesto la necesidad de que desaparezcan las diputaciones, pues con estos resultados y con estos datos que pone sobre la mesa el Consejo de Cuentas se pone de manifiesto también una importante prestación de servicios, sobre todo en el caso de la Diputación Provincial de Palencia, una importante prestación de servicios para los municipios, y sobre todo, y por ende, a los vecinos de estos municipios.

En cuanto a los gastos generales por los inmuebles de carácter patrimonial, y también se ha hecho referencia aquí al tema del inmueble de la plaza de toros, pues bien, si bien es cierto que en este caso el 40 % de los gastos generales se imputan a la plaza de toros, hay que resaltar, por otro lado, que esos... que esos gastos son totalmente compensados con los ingresos que se obtienen por su explotación. Y para llevar a cabo esta explotación pues hay que hacer mención también a que lo que se lleva a cabo es una adjudicación de la prestación de los servicios y de los espectáculos que se prestan en esta... en esta plaza de toros, se hacen a través de una adjudicación, que se desarrolla respecto a un pliego de prescripciones técnicas y respecto a un pliego de cláusulas administrativas, que lógicamente es aprobado por el pleno de la diputación.

En cualquier caso, la plaza de toros, que se ponía de manifiesto que no tenía mucho sentido, lo que sí que hay que resaltar es que no le cuesta nada a los vecinos de la provincia de Palencia, en tanto en cuanto todo el coste que genera esa plaza de toros está totalmente compensado por los ingresos que se obtienen a través de su arrendamiento. Por lo tanto, ahí no podemos decir que se impute gastos a los ciudadanos de la provincia de Palencia.

¿Otros datos importantes a destacar? Pues yo creo que también hay que considerar que, en los ejercicios fiscalizados, pues la diputación no cuenta con planes de ajuste derivados de medidas excepcionales de pago a proveedores, ni planes de saneamiento por la generación de ahorro neto negativo, ni económico-financieros derivados del incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto o deuda pública, en los que pudieran incluirse o adoptarse medidas de cualquier tipo sobre el patrimonio inmobiliario con el objetivo de reducir gastos o estimular o potenciar los ingresos.

Luego, destacar también que el endeudamiento financiero por operaciones de crédito a largo plazo y específicamente el porcentaje de capital vivo sobre los recursos corrientes liquidados se sitúan por debajo del 75 %, y por tanto en unos niveles moderados que no exigen coyunturalmente la adopción de medidas extraordinarias para su reducción sobre dicho patrimonio.

También es de destacar la situación del remanente de tesorería para gastos generales, que es muy positivo. Y, bueno, pues, en definitiva, yo creo que es de tener en cuenta también las recomendaciones que hace... que hace el Consejo de Cuentas, que la Diputación de Palencia también está en disposición de tenerlas en cuenta. Y, en definitiva, pues consideramos que el informe del Consejo de Cuentas es muy interesante, muy pormenorizado y pone también... y saca a la luz pues una actuación de prestación de servicios importantes que está haciendo la Diputación de Palencia, con unos recursos que ha mantenido allá cuando había momentos en los cuales las condiciones económicas eran muy malas y donde ninguna otra diputación, prácticamente ninguna otra diputación de la Comunidad, llevaba a cabo la prestación de los planes provinciales, y que, por ejemplo, la Diputación de Palencia sí, así como otra serie de servicios que he mencionado que también consideramos que son de interés para los ciudadanos de la provincia de Palencia. Nada más. Y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Martínez Antolín. Para contestar a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.


EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchísimas gracias, presidenta. Solamente una intervención muy breve, porque yo creo que todos coinciden en lo mismo. Es decir, estos informes de fiscalización sobre el patrimonio inmobiliario de las distintas diputaciones provinciales de nuestra Comunidad Autónoma son muy coincidentes, es decir, lo que varían son los bienes inmuebles, los derechos, que evidentemente son distintos de cada una de las diputaciones provinciales, pero, desde el punto de vista de lo que son las conclusiones y las recomendaciones y la opinión, pues son prácticamente coincidentes en las distintas valoraciones que hemos hecho nosotros a lo largo de este último año y medio.

Este es el quinto informe que hemos aprobado en relación a patrimonio inmobiliario. Es de reseñar de que este tipo de informes han tenido una cualidad importante, y es que haya estimulado que todas las diputaciones provinciales hayan puesto en marcha sus actualizaciones sobre sus inventarios generales de bienes y derechos, lo cual yo creo que va a repercutir de una manera pues muy notable en una buena gestión de ese patrimonio inmobiliario.

Después, otra conclusión que a mí me parece importante poner de manifiesto hoy, y es que todas las diputaciones provinciales, y así lo ha hecho... creo que todas hasta la fecha, pero también lo ha hecho Palencia. "La Junta de Gobierno de la institución provincial ha dado el visto bueno esta mañana -dice una noticia de prensa- a aceptar las recomendaciones del Consejo de Cuentas sobre la mejora de la gestión del inventario general de bienes". En definitiva, que hay una conformidad de los destinatarios sobre estos informes, y está sirviendo para que en su momento todos ustedes puedan comprobar como, a raíz de esta iniciativa fiscalizadora, se vaya a mejorar una gestión en todos los bienes inmuebles y de los bienes y derechos de nuestra Comunidad.

Por eso yo les voy a hacer una petición. Es que a veces aquí se producen pues ciertas controversias sobre si se aceptan o no las recomendaciones cuando se dirigen a entidades locales. Yo creo que caerían en una contradicción ustedes si las mismas destinatarios de las recomendaciones las aceptan y esta Comisión no las acepta. Es decir, yo, por eso, les voy a pedir muy encarecidamente que en un situación como la presente, si lo... hace la propuesta de recomendaciones el Consejo de Cuentas, el destinatario, la diputación provincial, lo acepta, que ustedes acepten también las recomendaciones, por ir yo creo que en sintonía todos, porque, en definitiva, aquí no estamos yo creo que más que intentando entre todos conseguir una mejora efectiva de lo que es la gestión económica financiera.

Después, sobre otras cuestiones que se han formulado, y en particular por don José Ignacio Delgado, matizar un par de cosas. Es decir, nuestra opinión son las que se manifiestan en los informes. Yo no tengo opiniones sobre otras cuestiones -usted ya me lo ha hecho en alguna otra ocasión-, yo no voy a expresar ninguna otra opinión. Después, sobre si tenemos funciones de asesoramiento, mire, nosotros emitimos, a través de los informes, los asesoramientos. Esto es un auténtico asesoramiento a la diputación provincial sobre cómo debe de gestionar su patrimonio inmobiliario. Porque la función consultiva del Consejo de Cuentas viene especificada en el Artículo 16 de nuestra ley, que dice exactamente: "El Consejo de Cuentas emitirá dictamen respecto de anteproyectos de disposiciones de carácter general relativos a procedimientos presupuestarios, contabilidad pública, intervención y auditoría, cuando así se solicite por la Junta de Castilla y León, por conducto de las Cortes". Esa es... ese es nuestro cometido.

Yo creo que con lo que he dicho quedan aclaradas las posibles dudas que pudieran haberse formulado por ustedes. Y, sobre todo, significar el valor que han tenido la puesta en marcha de estas fiscalizaciones. Tanto es así que el mismo Tribunal de Cuentas, en estos instantes, está ya formulando unos informes de fiscalización similares a los nuestros en materia de análisis de la situación del patrimonio inmobiliario de las diputaciones provinciales, y se va a hacer con carácter general en toda España. Es decir, nosotros, si me lo permite, nos hemos adelantado a lo que ha sido la iniciativa del Tribunal de Cuentas, y por ese motivo, a la vista de la iniciativa del Tribunal de Cuentas, con el informe de la Diputación Provincial de Zamora que aprobamos en la mañana de ayer en el Consejo de Cuentas, y que en próximas fechas se remitirá a estas Cortes de Castilla y León, damos por concluidos los informes sobre patrimonio inmobiliario, habida cuenta que el Tribunal de Cuentas de España va a realizarlo del resto de las diputaciones provinciales. Nada más. Y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra el señor Delgado Palacios.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señora presidenta. Pues brevemente. Efectivamente, usted no va a entrar... a entrar en controversias de si el patrimonio de una diputación o no son los adecuados o dejan de ser, lo que está claro, yo creo que por casi todos los miembros de esta Comisión, es que esas competencias impropias de alguna vez por todas tienen que acabar o, por lo menos, regularizarse.

Y luego no dejará de ser curioso o extraño que una diputación, como la de Palencia, tenga una plaza de toros, sea rentable o no rentable, porque, desde luego, eso es muy discutible, en el sentido que ese patrimonio y esos ingresos supuestos se pueden dedicar a lo que se tiene que dedicar las diputaciones provinciales, que supuestamente es a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Que yo sepa, entre esas competencias, no está el de dar toros, o espectáculos taurinos, u otro tipo de espectáculos, sinceramente. Pero bueno, allá cada cual con sus curiosidades, digamos, o singularidades.

Y luego, pues, efectivamente, ahí está también el castillo de Monzón, por ejemplo, otra singularidad de Palencia, que, en fin, que ni está ni se le espera, en el sentido de... lógicamente, de tener... porque aparte de tener patrimonio, lógicamente, lo que tienen que hacer los organismos oficiales y públicos... ese patrimonio es de todos, y es optimizar esos recursos y, desde luego, ponerlos al servicio del ciudadano. Pero, lógicamente...

Y simplemente decir y, efectivamente, agradecerle esta fiscalización, y, además, que cuando se hacen las cosas bien y además sirven de ejemplo, como es lo que acaba de decir, pues nos tenemos que enorgullecer todos de que la fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León, pues eso, sirva de modelo para esa fiscalización en todas las provincias de España y en el conjunto del Estado. Pero vamos, yo creo que es una labor buena, que se debe de hacer, pero que, vuelvo a decir, tiene que servir, al fin y al cabo, también para darnos cuenta de a qué se tiene que dedicar, digamos, cada organismo oficial, en este caso las diputaciones. Y resalto y vuelvo a recalcar que es al servicio de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y al servicio de los ciudadanos, que muchas necesidades tienen, desde luego. Gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias, señor Delgado. Tiene la palabra el señor López Prieto.


EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Gracias, presidenta. Bien, pues nosotros simplemente, sobre la calificación de los errores que pueda tener este patrimonio inmobiliario, bien, pues entendemos que sí que pueden ser errores no importantes pues la identificación o la presentación de determinados datos, ¿no? Pero lo que no podemos calificar en ningún momento como un error no importante es la fiabilidad de la información sobre los costes de los servicios públicos que gestiona la Diputación de Palencia, y no entendemos que se pueda decir que desde el dos mil diecisiete no era... no era obligatorio, porque para esto nos ofrece dudas sobre la gestión de este patrimonio por parte de la Diputación de Palencia y que pone de manifiesto, en cierto modo, la baja consideración para la utilización eficiente de unos recursos públicos. Gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias, señor López Prieto. El Grupo Parlamentario Socialista renuncia al turno de réplica. Grupo Parlamentario... Sí, tiene la palabra el señor Martínez Antolín.


EL SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN:

Gracias, presidenta. Bueno, dentro de lo que se ha estado también manifestando aquí, y ahora en otra nueva intervención del portavoz de Ciudadanos, haciendo referencia a la prestación de servicios que son competencias propias o impropias. Eso está claro que es así, pero mientras no se regule la existencia de esas competencias, lo que está claro es que hay que... hay que llevarlas a cabo. Porque, aunque hay cosas que no son de nuestra competencia, sí que son de nuestra incumbencia. Entonces, lo que al final el ciudadano de lo que se queja es que ahí se estaba haciendo un servicio, se estaba prestando un servicio, que estará regulado o no, pero que si no le prestas te le van a demandar. Y desde ese punto de vista, pues no será competencia, pero yo creo que la incumbencia hace que haya que seguir actuando como se está actuando. Y que en la prestación, reitero otra vez, de algunos servicios, como algunos inmuebles, como el de la plaza de toros, fuera aparte de que sea más necesario o menos necesario el hacerlo, lo importante es que no le cueste nada a los ciudadanos, y a los ciudadanos no les cuesta nada porque la explotación de ese inmueble se lleva a cabo por una empresa que genera unos ingresos a través de los cuales se compensan todos los gastos que se establecen en él. Nada más. Y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias, señor Martínez Antolín. Tiene de nuevo la palabra el presidente del Consejo de Cuentas.


EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias, presidenta. Muy breve. He tenido dos olvidos en mi anterior intervención.

Uno, en primer lugar, que siempre informo de que no habido responsabilidad contable, y, en el caso de que lo hubiera habido, pues era el momento de manifestarlo, lo tenía que haber hecho en la anterior intervención.

Y después otra, y en relación a lo que preguntó la portavoz del Grupo Socialista. En estos momentos estamos elaborando el Informe de Seguimiento de Recomendaciones. Entonces, ustedes, como este es un informe aprobado en el mes de diciembre, en breve plazo -es decir, nosotros aprobamos dentro de los seis o siete primeros meses, e incluso a veces he comparecido con él antes del mes de agosto sobre el Informe de Seguimiento de Recomendaciones- ustedes podrán ver cuál es el resultado en relación a estas recomendaciones. Es decir, eso se documentará oportunamente en ese Informe de Seguimiento de Recomendaciones, que, como saben ustedes, es un informe de mandato legal que viene expresamente de conformidad con lo que se determinó en la Ley 4/2013, y que hemos sido pioneros en España con esa clase de informes. Por lo tanto, en breve plazo pues se verá formalizado qué es lo que nos dice la Diputación Provincial de Palencia en relación a las recomendaciones que van incluido en dicho informe.

Y, por último, significar que estos informes están teniendo sobre todo una cualidad complementaria, que yo creo que es también, como se ha comentado aquí, dar a conocer cuál es el patrimonio de las distintas diputaciones provinciales, algo que yo creo que puede ser de interés común para los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma. Nada más. Y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la Norma cuarta de Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los grupos parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el dieciséis de marzo a las catorce horas.

Pasamos ahora al segundo punto del orden del día.

Informe


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Segundo punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe de Fiscalización de determinadas Áreas del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán (Palencia), del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Para la presentación de este informe, tiene la palabra de nuevo el excelentísimo señor don Jesús Jaime Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.


EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

El presente informe de fiscalización corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil dieciséis y resultó aprobado por el pleno del Consejo de Cuentas con fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete. La publicación en la página web del texto íntegro del informe y la nota resumen del mismo tuvo lugar el diecinueve de diciembre del pasado año.

Objetivos. Esta fiscalización pretende analizar determinadas áreas del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán mediante la realización de una auditoría de cumplimiento con los siguientes objetivos: analizar las causas que han motivado el incumplimiento de la obligación de rendición de cuentas; obtener y analizar el endeudamiento contraído en su vertiente tanto financiera como comercial; analizar la ejecución presupuestaria del ayuntamiento a través de sus principales magnitudes.

Alcance. El período al que se refieren las actuaciones fiscalizadoras es el año dos mil dieciséis. Sin perjuicio de las comprobaciones relativas a otros ejercicios que se han estimado necesarias, es preciso manifestar que no han existido limitaciones a la realización de los trabajos de fiscalización.

Alegaciones. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, se remitió el informe provisional al responsable del ente fiscalizado para que formulara alegaciones. Transcurrido el plazo señalado, el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán no ha presentado alegaciones.

Es de reseñar que el que fue alcalde en el período dos mil siete-dos mil once presentó una serie de documentos con fecha veintidós de enero del corriente año, finalizado el plazo de alegaciones dado al ayuntamiento, en el que -y cito literalmente- manifiesta: “Solicito tomen en consideración cuantas alegaciones realizo y unan las mismas y la documentación que aporto al expediente que contiene el informe de fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán correspondiente al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil dieciséis, y ello para que se tenga cabal conocimiento de cuál fue mi actuación durante el tiempo en que presidí esa corporación en los hechos fiscalizados”.

Esta petición se conoció en el pleno celebrado el pasado veintidós de febrero. No es preciso ser exhaustivo, pero sí me parece necesario hacer varias consideraciones. Tal como señala el Artículo 25.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, el texto del informe provisional será trasladado a los responsables del ente fiscalizado y a todas las personas “legalmente interesadas”. Es evidente que la persona recurrente no es el responsable del ente fiscalizado, por lo que ha de valorarse si puede considerarse como interesado.

Entendemos que, cuando se califique o someta a juicio crítico la actuación de un tercero que aparezca designado nominativamente en nuestros informes, se le considerará legítimamente interesado a los efectos del Artículo 25.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, y en ese caso se le dará trámite de alegaciones. Otra interpretación daría inviabilidad al trámite de alegaciones, puesto que las personas que participan, con diferentes grados de responsabilidad, en los procedimientos de gestión del gasto público son incontables, diluyéndose además la responsabilidad directa del responsable actual del ente fiscalizado, único representante de este ente y a quien le corresponde la defensa de los intereses del mismo. En consecuencia, al no estar mencionado nominativamente el recurrente, el Consejo de Cuentas acordó inadmitir las alegaciones.

Por otro lado, a raíz del escrito del recurrente, se ha comprobado que se han producido unos errores materiales, que se han subsanado por el Consejo de Cuentas en la sesión plenaria celebrada el veintidós de febrero. No obstante, es de significar que la información errónea no fue advertida ni por el secretario-interventor ni por el alcalde, pues es de recordar que no se presentaron alegaciones, ya que, de haberlas formulado, se podría haber aclarado sin más dificultades.

Las rectificaciones de errores materiales son las siguientes: página quince, en el cuarto párrafo, donde dice: “Verbalmente el alcalde puntualizó que todas las cuentas estaban debidamente aprobadas, lo que, sin embargo, no se corresponde con las comprobaciones llevadas a cabo dentro de los trabajos de fiscalización”, debe decir: “Verbalmente el alcalde puntualizó que todas las cuentas estaban debidamente aprobadas”. Página veintidós, sexto párrafo: donde dice: “Cuentas de 2008/2009/2010”, debe decir: “Cuenta de 2010”. Página sesenta y dos, (conclusión quinta), donde dice: “Además, en contra de lo previsto en el mismo artículo, no se ha realizado la aprobación de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2013 y 2015”, debe decir: “Además, en contra de lo previsto en el mismo artículo, no se ha realizado la aprobación de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2010, 2013 y 2015”.

Conclusiones. Sobre la falta de rendición de la cuenta. Es conveniente precisar que el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán no ha rendido sus cuentas en el período dos mil ocho-dos mil quince. Su última cuenta rendida data del año dos mil siete. El Consejo de Cuentas, al comprobar el reiterado incumplimiento de este ayuntamiento, citó al alcalde y al secretario-interventor en el mes de marzo de dos mil doce, remitiéndole con carácter previo un cuestionario. En la reunión celebrada, se comprobó que el cuestionario adolecía de falta de información, comprometiéndose ambos responsables municipales a cumplimentar detalladamente la situación de cada una de las cuentas. Hay que señalar que se incumplió el compromiso adquirido, así como el de remitir las cuentas pendientes de rendir.

El Consejo de Cuentas ha venido requiriendo al ayuntamiento para que cumpla con sus obligaciones, sin que haya atendido ninguno de ellos. El nombramiento de un... de un miembro de la corporación como tesorero es contrario al Artículo 92 bis de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, que atribuye la función de tesorería a la secretaría-intervención. El ayuntamiento no cuenta con RPT aprobada, ni aprueba anualmente una plantilla de personal. El puesto de secretaría-intervención está ocupado, desde el mes de marzo del año dos mil doce, por concurso, siéndolo también del municipio de Brañosera, por acumulación. La gestión recaudatoria fue delegada en la diputación provincial, según acuerdo de noviembre de dos mil quince.

La diputación provincial presta su apoyo de distintas maneras: facilita el programa informático de contabilidad, ayuda en las tareas de contabilidad y en el manejo de la aplicación informática. También comunica regularmente a las entidades locales sobre las obligaciones de rendición de cuentas al Consejo de Cuentas y de la remisión de información al Estado.

Barruelo de Santullán no ha rendido la Cuenta General de los ejercicios del dos mil ocho al dos mil quince, ambos inclusive, incumpliendo lo establecido en el Artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Estos incumplimientos son imputables al alcalde y al pleno, ya que corresponde al primero proceder a la rendición de los estados y cuentas, la convocatoria de la Comisión Especial de Cuentas y en general impulsar la tramitación de la misma, y al segundo ejercer el control de dicha tramitación y proceder a su aprobación. Asimismo, corresponde al interventor la formación de la cuenta del ayuntamiento.

Se han detectado diversos incumplimientos en materia de contabilidad y fiscalización, incumpliéndose lo previsto en los Artículos 204, 205 y 213 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Los más destacables son los siguientes: no se efectúan a través del sistema de información contable el seguimiento y control del endeudamiento, el control del inmovilizado o los gastos con financiación afectada. Se acumulan de forma sistemática las fases de ejecución presupuestaria, incumpliendo el Artículo 184 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. No se realiza la previa certificación de existencia de crédito. No se realiza la intervención crítica o previa de los actos o expedientes susceptibles de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimientos de valores, incumpliendo el Artículo 214.2 a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. No existe conformidad o visto bueno en las facturas y documentos justificativos del gasto, de forma que se acredite documentalmente la conformidad con la prestación de servicio o suministro del bien.

La tramitación presupuestaria de los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis incumple la normativa de Haciendas Locales, provocando un desfase temporal y una gran desviación en gastos e ingresos. Se constata que desde el año dos mil trece, partiendo de un presupuesto de 3.000.000 de euros, la ejecución no llega en ningún ejercicio al 45 %.

En el año dos mil dieciséis no se ha elaborado ni aprobado presupuesto, comprobándose que la prórroga presupuestaria incumple lo establecido en la normativa, al no realizar los ajustes a la baja de los créditos por los programas que deben finalizar en el ejercicio.

La liquidación del Presupuesto del ejercicio dos mil dieciséis, aprobada por Decreto de Alcaldía de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, no se ha remitido al Estado ni a la Comunidad Autónoma, tal como previene el Artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Sobre el endeudamiento. A treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el endeudamiento financiero del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán ascendía a 1.029.710 euros, de los que 828.981 euros, es decir, el 80,5 %, corresponde al crédito concertado en el ejercicio dos mil doce para el pago a proveedores. Mediante esta operación se produjo una sustitución del endeudamiento comercial a corto plazo por un endeudamiento financiero a largo plazo, comportando un saneamiento del remanente de tesorería para gastos generales. Sin embargo, en los años posteriores ha tomado valores negativos crecientes. En estos momentos, el importe de las amortizaciones del crédito contraído se satisface descontándolo de la participación en los tributos del Estado. En los últimos ejercicios no se ha concertado ninguna operación de crédito a largo plazo, si bien no es menos cierto que sistemáticamente se firman operaciones a corto plazo por necesidades de tesorería o falta de liquidez.

Se producen numerosos incumplimientos. Entre otros, cabe destacar: se incumple la contabilidad del endeudamiento financiero; no se emite informe sobre el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera; se incumplen las obligaciones anuales y trimestrales de suministro de información relacionadas con la deuda; en la concertación de las sucesivas operaciones de tesorería, no se están cumpliendo los requisitos establecidos en cuanto a límites, adopción por el órgano competente e informe de la Intervención municipal; no se han... no se están adoptando las medidas contenidas en el plan de ajuste aprobado por el pleno en el año dos mil doce, ni se está realizando el seguimiento y control del mismo.

Según los cálculos realizados por el Consejo de Cuentas, a treinta y uno de diciembre de dos mil quince el porcentaje de capital vivo sobre los recursos corrientes liquidados estaría en el 90 %, mientras que a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis estaría alrededor del 82 %, por lo que el pleno debió aprobar un plan de reducción de deuda a cinco años. Además, la concertación de operaciones de crédito a largo plazo precisaría la previa autorización del órgano de tutela financiera de la Junta de Castilla y León.

Al ser el remanente de tesorería para gastos generales negativo, el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán no puede realizar inversiones nuevas financiadas con endeudamiento, ya que se encuentra en el período de amortización del préstamo para el pago a proveedores concertado en dos mil doce.

El endeudamiento comercial, a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, asciende a 417.774 euros.

Hay numerosos incumplimientos de la normativa sobre morosidad, pudiéndose citar los siguientes: no se emiten los informes trimestrales sobre el cumplimiento del plazo de pago a proveedores y, cuando lo hace (último trimestre de dos mil dieciséis), sus datos son incoherentes con la información existente en el ayuntamiento; tampoco se remiten los informes trimestrales al órgano de tutela financiera de la Junta de Castilla y León, sin que se haya procedido a su requerimiento; no dispone de un plan de tesorería actualizado con medidas para garantizar el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores, incumpliendo la normativa sobre el particular; no se publican los períodos medios de pago, tal como previene la normativa.

La deuda total con las Administraciones públicas asciende a 1.089.255 euros, de los que 926.429 corresponden al Estado y 162.825 a la Junta de Castilla y León. Esta deuda trae causa del mecanismo de pago a proveedores y, además, del reintegro de tres subvenciones, una concedida por el Estado, cuyo importe asciende a 97.448 euros, que ha derivado en un coste financiero de 29.657 euros en concepto de intereses, y dos subvenciones a la Junta de Castilla y León que suman 162.825 euros, de los que 32.366 corresponden a intereses.

Sobre la ejecución presupuestaria. No se emite el informe independiente sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera, incumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Como consecuencia, no puede verificarse el cumplimiento del objetivo en la aprobación y liquidación del presupuesto del ejercicio dos mil dieciséis.

En dos mil dieciséis, el desfase entre los créditos y previsiones iniciales y lo realmente gastado e ingresado se concreta en unos porcentajes de ejecución del 40 %. El resultado presupuestario es negativo en 41.566 euros. El remanente de tesorería para gastos generales, a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, es negativo en 309.882 euros. Hay que tener presente que es negativo en los últimos ejercicios de forma creciente, sin que conste que se adopten las medidas adecuadas para su saneamiento.

El ingreso más importante en dos mil dieciséis para el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, con el 42,2 %, transferencias corrientes, se refiere a la participación en los tributos del Estado. Con cargo a las entregas a cuenta de dos mil dieciséis, que ascendieron a 214.587 euros, el Estado retuvo 103.409 euros, cuyo desglose es el siguiente: 73.043 euros se refieren al reintegro de una subvención para el plan de reindustrialización, 34.250 euros son las cantidades adeudadas al fondo de pago a proveedores y 3.884 son las adeudadas por la liquidación definitiva de la participación en los impuestos del Estado en el período dos mil nueve a dos mil trece.

La información del estado del remanente de tesorería es coherente con el resto de estados presupuestarios y financieros. Destacan las cifras pendientes de deudas del ejercicio dos mil diez, correspondiente a transferencias de capital de la diputación y de la Administración del Estado, por importes, respectivamente, de 152.991 euros y 136.870 para planes provinciales y en concepto del fondo estatal de inversión local.

No se realiza el ajuste del remanente de tesorería en los excesos de financiación afectada, ya que no se efectúa un seguimiento y control de esos gastos, en contra de lo previsto en la normativa contable.

La cuenta 413, de acreedores pendientes de aplicar a presupuesto, presenta un saldo, a treinta y uno de diciembre de dos mil quince, de 53.958 euros, que, según manifiestan, corresponde a gastos realizado sin consignación presupuestaria.

Opinión. El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán no rinde la cuenta general desde el ejercicio dos mil ocho. El incumplimiento de la obligación de rendición debe relacionarse con la falta de ejercicio de sus competencias por el alcalde y por el pleno. Al analizar las causas de la falta de rendición, se han comprobado otros incumplimientos y falta de ejercicio de las funciones públicas necesarias de intervención por parte del secretario-interventor, comprensivas de la contabilidad y el control y fiscalización interna. (Conclusiones 5 y 6).

En la tramitación presupuestaria se incumple la normativa legal y reglamentariamente establecida. Ante una situación reiterada e histórica de prórroga del presupuesto, los órganos necesarios tampoco han ejercido debidamente sus competencias y atribuciones, ni en la ejecución presupuestaria puede garantizarse el debido control de los expedientes y gastos. (Conclusiones 7 y 8).

El endeudamiento financiero del ayuntamiento, a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, ascendió a 1.029.169 euros, de los que 828.981 euros corresponden al crédito concertado en el ejercicio dos mil doce para el pago a proveedores. Este crédito requirió la aprobación de un plan de ajuste por el pleno, sin que exista constancia de que estén adoptando las medidas contenidas en el mismo ni de que se esté efectuando su seguimiento y control. Con carácter general, el endeudamiento financiero no se contabiliza correctamente. (Conclusiones 9, 11 y 12).

El endeudamiento de carácter comercial o con proveedores de bienes y servicios del ayuntamiento asciende, a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, a 417.774 euros. Adicionalmente, existe una deuda con la Administración del Estado, por importe de 97.448 euros, por el reintegro, dada su falta de justificación, de una subvención para un plan de reindustrialización, que, junto con la deuda con el fondo de pago a proveedores, está siendo mensualmente retenida con cargo a las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado. La deuda con la Junta de Castilla y León asciende a 162.825 euros por el reintegro de dos subvenciones relacionadas con los fondos MINER. (Conclusiones 15, 17 y 18).

Recomendaciones. Primera. El alcalde deberá presentar al pleno, anualmente y en plazo, el presupuesto general, en el que se incluya una previsión precisa y ajustada de los gastos e ingresos. Segunda. El alcalde debe impulsar, en el ejercicio de sus competencias, el seguimiento y control de la actividad del ayuntamiento que posibiliten la rendición efectiva de la cuenta general en plazo. Tercera. El pleno deberá ejercer su función de control sobre la acción de gobierno, especialmente en el área presupuestaria y de rendición de cuentas. Cuarta. El alcalde, como jefe de personal del ayuntamiento, debe realizar un seguimiento del cumplimiento de las obligaciones legales por parte de los funcionarios de habilitación nacional, en especial las referidas al control de la gestión económica-financiera y presupuestaria y a la contabilidad pública, así como del cumplimiento de las obligaciones de suministro de información al Estado y a otros organismos públicos. Quinta. Para el cumplimiento de las obligaciones legales, el alcalde deberá solicitar de forma expresa el asesoramiento jurídico y económico prestado por el servicio de asistencia a municipios de la Diputación Provincial de Palencia. Y sexta. El pleno de la corporación debe proceder al nombramiento de un tesorero, de acuerdo con las posibilidades establecidas en la normativa vigente. Nada más. Y muchas gracias.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Muchas gracias, señor presidente. Se abre ahora un turno de intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Delgado Palacios.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señor presidente. La verdad que esta situación de este municipio casi casi parece no digo de ciencia ficción, pero vamos, lamentablemente es una realidad. Me estaba acordando yo de aquel famoso pueblo de Peleas de Abajo, en Zamora, que llegó a 4,5 millones de euros de deuda, de lo cual esperemos que en Castilla y León seamos noticia por otras cosas y no por este tipo de cuestiones.

Evidentemente, hay que lamentar esta situación administrativa de este ayuntamiento. Un ayuntamiento, por desgracia, en una cuenca minera, Barruelo de Santullán, que, para que se hagan una idea, en el dos mil uno todavía tenía 1.750 habitantes, en el dos mil diez, 1.500, y ahora... y ahora pues solo tiene 1.203. Es decir, en una situación, por desgracia, muy parecida a casi muchos pueblos de Castilla y León.

Un pueblo, además, me imagino, como casi todos, complejo, también con 10 pedanías, etcétera, pero que desde luego no justifica en modo alguno este tipo de situaciones. Sí que nos hace pensar que, aparte de la... del mar proceder por parte del alcalde, el pleno y del propio ayuntamiento, nos tenemos que hacer pensar que las Administraciones, que en teoría tenemos que tutelar, aparte de... dice, en el quinto punto, dice "el alcalde debería solicitar de forma expresa el asesoramiento jurídico y económico prestado por el servicio de la Diputación de Palencia...". Pero yo creo que ya hay bastantes casos que están demostrando que hay que intervenir de alguna manera, hay que ser ágiles por parte de las Administraciones, pues para evitar este tipo de cuestiones. Cuestiones que pueden ser sobrevenidas, pues, efectivamente, porque sabemos que en el mundo municipal las... en fin, la parte de funcionarios y personal es la que es, y los medios son los que son, pero no pueden justificar en modo alguno este tipo de situaciones. Y sobre todo porque al final los que lo padecen son los propios vecinos y ciudadanos, ¿no? Desde luego, esto son cuestiones totalmente inaceptables.

Hay que... por hacer un repaso, pues ya sabemos que, efectivamente, no aprueban las cuentas de dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez y del trece hasta el quince. Que se incumplen reiteradamente todo este tipo de compromisos. Y desde luego, sinceramente, vuelvo a decir, tenemos que ser ágiles, en el sentido de que las Administraciones podemos, debemos de intervenir de alguna manera para evitar este tipo de situaciones. Porque, desde luego, aparte de que así no se puede funcionar y que solamente los tributos del Estado, sí, ya sabemos que la cuestión es como es, pero me parece que los que vivimos en los pueblos pequeños sabemos de lo que estamos hablando, ¿eh? Aparte de los... en fin, de las expresiones que pueden hacer o no hacer, de acuerdo o no acuerdo, de lo que se trata es que esto sirva realmente para que no vuelva a suceder en ningún otro ayuntamiento.

Que, sinceramente, creo que, en esta cuestión, en el Parlamento de Castilla y León es lo que nos tiene que preocupar. Los hechos son tan clarividentes que están... que son evidentes, y aquí están. Pero fíjese que incluso en las conclusiones tampoco vemos el final de la situación, es decir, se sigue pidiendo al alcalde y al pleno que sean ágiles y que cumplan con la legalidad, pero, lógicamente, ante los incumplimientos reiterados, vuelvo a decir, tenemos que adecuar mecanismos de intervención y de actuación rápidos, pues para no evitar este tipo de situaciones, o aquella famosa de Zamora, de Peleas de Abajo, que también salimos en todos los medios de comunicación.

Y, la verdad, yo creo que esa es la cuestión, sinceramente, aparte de una situación tan lamentable y tan evidente. Y esa es la situación que no se puede ni se debe consentir, que ayuntamientos, además de un cierto tamaño como es este, puedan funcionar de esta manera. Pero fíjese, ya no le digo por la parte del pleno, del alcalde y los concejales, sino sobre todo también de la intervención y del secretario, lo cual todavía me parece, y creo que nos debe parecer más alarmante y más peligroso. Porque, evidentemente, el mundo rural sabemos cómo es, hay mucha gente que no quiere tampoco asumir responsabilidades, etcétera, etcétera. Incluso hay pueblos grandes, Vilviestre del Pinar, en Burgos, tiene 800 habitantes casi, y ahora mismo funciona con una gestora, porque nadie se presenta ya a las elecciones, lo cual también incide y denota que tenemos que hacernos ver un poco, en fin, el futuro de las Administraciones locales, y dar un poco más de mecanismos de intervención y de actuación rápidas y acercadas a la realidad. Pero, en este caso, la labor del secretario interventor nos parece totalmente fuera de... no tiene ninguna justificación.

Y, vuelvo a decir, desde luego, o la propia Junta de Castilla y León o el Estado, con los mecanismos de intervención, deberían de actuar lo más rápidamente posible para que esto no se pueda trasladar más en el tiempo. Yo creo que está muy claro la situación. Lamentar este tipo de situaciones. Pero, vuelvo a decir, nuestra labor es evitar que estos ejemplos proliferen y se vuelvan a repetir por todo Castilla y León. Muchas gracias.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Delgado Palacios. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, el señor López Prieto.


EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Gracias, vicepresidente. Bien, pues a nosotros nos ha quedado bastante claras las causas para esta falta de rendición de cuentas en el Ayuntamiento de Barruelo y el alcance y la dimensión que está suponiendo este incumplimiento para los vecinos y para las vecinas de Barruelo. Como también nos queda clara las consecuencias del endeudamiento y de la sostenibilidad financiera de este consistorio palentino.

Un consistorio que no ha rendido cuentas en los últimos ocho ejercicios, desde dos mil ocho al dos mil quince, a pesar de los recordatorios que hace el Consejo de Cuentas. Sí que vemos la responsabilidad de estos incumplimientos, como dice el Consejo de Cuentas, que recae en la actuación del alcalde, como impulsor de la tramitación en el pleno, al que le corresponde su aprobación, y también del secretario interventor como encargado de la formación de la cuenta de esta entidad local.

En este sentido, la Alcaldía de Barruelo de Santullán, en esos ocho años que no se ha rendido cuenta general, ha estado presidida por la Agrupación Independiente y por el Partido Popular. Actualmente, la Alcaldía la ostenta el Partido Popular. Una corporación local denominada como "de concentración", en la que participa el Partido Popular, el Partido Socialista y la Asociación Independiente, tras las últimas elecciones del año dos mil quince. Y, en este sentido, este Gobierno no ha presentado ninguna alegación a este informe.

A nosotros también nos han llegado las alegaciones a las que se ha referido el presidente del Consejo de Cuentas, del que fuera responsable de la Alcaldía de Barruelo entre el año dos mil siete y dos mil once, sobre las actuaciones de ese incumplimiento a las que se refiere el informe. Básicamente, hace referencia a la persona encargada de la tarea de rendir... de rendir la cuenta. Esta responsabilidad la atribuye al secretario interventor, añadiendo además que este incumplimiento generaría alguna responsabilidad administrativa. Yo no sé si esto lo ha valorado el Consejo de Cuentas, creo entender que en opinión... la opinión que se recoge en el informe es que sí, que también hay algún tipo de responsabilidad administrativa.

Lo que nos tenemos que preguntar es ¿ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar con esta pésima gestión? Porque entendemos que recomendar al alcalde que ejerza sus competencias, pues bueno, o que el pleno realice sus funciones de control, pues bien. Pero tampoco entendemos que haya que promover sanciones económicas, como se han promovido... se han promovido aquí, para que al final los vecinos y las vecinas sean los que sufran pues la privación de servicios y equipamientos. Tampoco entendemos que baste con recomendar al alcalde que realice un seguimiento del cumplimiento de las obligaciones legales del secretario interventor, porque lleva sin hacerlo pues desde hace ocho años, si no son más, si no son más, ¿no? Porque si el alcalde no lo hace, o sí lo hace pero no suficiente, pues al final quien lo van a pagar pues son los vecinos y las vecinas de Barruelo de Santullán.

Evidentemente, también en el incumplimiento de las funciones de contabilidad, pues bueno, no existe conformidad en las facturas; el Consejo de Cuentas no ha podido acceder a expedientes, contratos o justificantes; tampoco se justifica la elección del procedimiento y el modo en que se lleva a cabo en la contratación, dice que... el informe que, en el caso... ni en la contratación ni en el caso de los contratos menores se garantiza la aprobación del gasto; yo no sé si incluso insinúa el informe que se hacen contratos de forma verbal. Yo no sé si aquí hay también una responsabilidad contable. Estamos hablando de una responsabilidad administrativa, pero entiendo que también pueda haber una responsabilidad contable con esto que dice... que dice el informe. Porque más de 1.000.000 de euros para un municipio con una población de 1.200 habitantes, pues, evidentemente, es... a mí me parece una deuda pues considerable, un ayuntamiento que se enfrenta, como dice el informe, con déficits puntuales de liquidez.

Es decir, hay incumplimientos del Plan General de Contabilidad. No se tiene ni siquiera constancia de que se esté ejecutando el plan de ajuste aprobado en base a ese crédito para pagar a los proveedores. Estamos hablando de que se están gestionando 830.000 euros sin ningún tipo de control, y así lo manifiesta el informe. Cuando habla de las obligaciones de remisión de información relativas al endeudamiento y el cumplimiento del objetivo de la deuda dice: "Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda, no consta". "Informe de la intervención de evaluación y cumplimiento de estabilidad del límite de deuda, no consta". "Estado de previsión de movimiento y situación del deudo... de la deuda del presupuesto, no consta". "Situación a treinta y uno de diciembre del ejercicio anterior de la deuda viva, incluidos los cuadros de amortización, no consta". "Estado de la cuenta general, no consta". Por lo tanto, si lo... no sé, yo entiendo aquí hay algún tipo de responsabilidad contable.

Respecto a los presupuestos, pues bueno, también una cuestión de una pésima gestión durante los últimos cinco años. El ayuntamiento solo ha aprobado tres presupuestos (en el año dos mil doce, dos mil catorce y dos mil quince), lo que pone en entredicho la validez, como dice el informe del Consejo de Cuentas, de los dos últimos, porque no se ha efectuado su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, lo que conlleva pues una aplicación sistemática de la prórroga presupuestaria en el año dos mil trece y en el año dos mil dieciséis; un año dos mil dieciséis en el que no se ha elaborado ningún presupuesto, la prórroga presupuestaria no cumple lo establecido en la ley, la liquidación se aprueba por decreto de la Alcaldía, sin que se haya remitido copia a este Consejo de Cuentas, ni tampoco al Estado ni a la Comunidad Autónoma.

En definitiva, pues no podemos más que decir que es un demoledor informe de la gestión del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, dirigido por el Partido Popular desde el año mil novecientos noventa, excepto en el año dos mil siete al dos mil once, por parte de la formación independiente. Una pésima gestión que van a sufrir los vecinos y vecinas de Barruelo de Santullán. Y esperamos pues que este informe sirva para algo. Muchas gracias.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor López Prieto. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Guerrero Arroyo.


EL SEÑOR GUERRERO ARROYO:

Bien. Muchas gracias, buenos días. Bueno, en primer lugar, saludamos al presidente del Consejo de Cuentas, al señor Encabo, de la misma manera que lo hacemos al resto de los consejeros y colaboradores de esa institución, y agradecemos su trabajo y la labor concienzuda y rigurosa que llevan a cabo, como demuestra este informe de fiscalización referido al Ayuntamiento palentino de Barruelo de Santullán.

Según nuestra interpretación, hay que decir que el Consejo, en sus conclusiones, recomendaciones y opinión final, ha elaborado un informe que, sin duda, es uno de los más duros realizados sobre la gestión de un ayuntamiento. Se ha señalado los objetivos de esta fiscalización, centrados en el incumplimiento de la obligación de rendición de las... de cuentas y las causas que lo han motivado, en el endeudamiento contraído y en la ejecución presupuestaria.

En el primero de dichos objetivos, la obligación de rendición de cuentas, el informe afirma que el Ayuntamiento de Barruelo no ha rendido la cuenta general desde el año dos mil ocho, dato señalado en base a la información facilitada por el propio Ayuntamiento de Barruelo después de peticiones y requerimientos directos al responsable del municipio por parte del Consejo. Posteriormente, un exalcalde, de un grupo independiente, Arturo Ruiz, ha facilitado por su cuenta determinada documentación, ya que el ayuntamiento no lo había hecho -no sabemos si por desidia o por consciente ocultación-, que afecta al período de su gestión y que, con las correcciones pertinentes del Consejo, permite constatar que la falta de rendición de cuentas se ha dado fundamentalmente en los períodos de gestión y responsabilidad de los regidores del Partido Popular, Alejandro Lamalfa y Javier Calderón. Por lo tanto, queda acreditado que desde el ejercicio dos mil diez este ayuntamiento, regido por esos dos alcaldes del mismo signo político, no ha rendido cuentas, a pesar de estar obligados por ley.

Ya no valoramos la falta de colaboración a la hora de facilitar la documentación necesaria, a pesar de que ello perjudicara a terceros, ¿eh?, como que ha quedado constatado el grave incumplimiento reiterado de la obligación que como alcaldes han tenido, y que no puede disolverse en el conjunto del pleno de la corporación, puesto que la desidia de esos alcaldes ha estado acompañada muchas veces por mayoría absoluta en sus mandatos.

El informe añade a este grave incumplimiento legal de la no rendición de cuentas el incumplimiento de la normativa legal y reglamentariamente establecida en la tramitación presupuestaria, abusando de la prórroga de presupuestos de manera reiterada e indicando no menos de 11 incumplimientos, muy precisados en el informe, en el ejercicio y funciones de la contabilidad y fiscalización, que yo aquí no voy a reiterar. Además, el ayuntamiento no cuenta con una relación de puestos de trabajo aprobado, ni aprueba anualmente la plantilla de personal, como se cita. Y el broche de todos estos incumplimientos e irregularidades es el nombramiento de un miembro de la corporación como tesorero, lo que es contrario a la Ley de Bases de Régimen Local, como es, claro y manifiesto, una absoluta constatación.

En segundo lugar, el Consejo de Cuentas analiza el endeudamiento y la sostenibilidad financiera. Más allá de la cantidad concreta, que suma poco más de 1.000.000 de euros, que el propio Consejo considera que no es tan difícil de reflotar ni tan asfixiante, lo que sí se constata es una mala gestión y hábitos que incurren en muchas irregularidades, como recurrir sistemáticamente a las operaciones de tesorería cuando hay necesidades de liquidez, llegando a contabilizar más de una veintena de incumplimientos de la legislación, tanto en lo que se refiere al endeudamiento financiero como al comercial, por parte de este informe del Consejo de Cuentas.

Destacan las deudas contraídas con el Estado, por una subvención del plan de reindustrialización, de en torno a 100.000 euros, no justificada en tiempo y forma, y las dos con la Junta de Castilla y León, por otras subvenciones de Fondos MINER, también, que suman un total de unos 160.000 euros, y que han debido devolverse con un coste añadido de intereses, 30.000 en el primer caso, y 32.000 en el segundo, lo que suma mala gestión a un claro... suma a la mala gestión un claro perjuicio, muy evidente, a los intereses de todas y todos los barruelanos, que ven como, en vez de aprovechar los recursos que se van transfiriendo, vía subvención, por parte de otras Administraciones, tienen que devolver estas cantidades, sumando además recursos propios del ayuntamiento, y que encima se está cobrando a través de la retención de la partida de transferencias del ingreso del Estado, que es la más importante que tienen los ingresos de este ayuntamiento. Por tanto, abunda la mala gestión y la pérdida de recursos propios.

Y el tercer y último de los apartados analizados es el referido a la ejecución presupuestaria. Se siguen constatando incumplimientos, como la no emisión de los informes vinculados a la Ley de Estabilidad, que debo recordar que mi grupo no comparte, pero no deja de ser una ley que hay que cumplir y que, aunque esperemos que se cambie en poco tiempo, sin embargo, pues hay que dar, como digo, cumplida norma de la misma, ¿no?

Más grave nos parecen los bajísimos niveles de ejecución presupuestaria, que se sitúan en torno al 40 %, con reiterados ejercicios bajo remanentes de tesorería negativos. A esta situación contribuye la retención, como he señalado antes, por parte del Estado, de la parte correspondiente a la deuda que tiene este ayuntamiento y la devolución con la... de las dos subvenciones de la Junta, como hemos citado.

Bien. ¿Y quiénes son... o quién o quiénes son los responsables de esta situación? Nosotros no vamos a apuntar a trabajadores o técnicos de municipio... del municipio. La legislación, el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, deja muy claramente que el secretario interventor tiene mucha responsabilidad, y es obvio que ahí, en este asunto, este municipio tiene un problema muy grave, pero será el ayuntamiento, el Consejo de Cuentas o el fiscal, si al final termina derivando y recabando este asunto en esos ámbitos, quienes tengan que actuar al respecto. Nosotros tenemos que hacer recaer las responsabilidades y reproches políticos pertinentes hacia los responsables políticos, y en este caso los hay y tienen nombres y apellidos.

Durante los últimos 28 años este ayuntamiento ha estado gobernado, en 24 años, por dos alcaldes del Partido Popular, fundamentalmente uno, don Alejandro Lamalfa, que fue alcalde durante más de 20 años y senador del Partido Popular, y su teniente de alcalde y sucesor, el actual regidor, Javier Calderón. Ellos son los que han dejado este ayuntamiento patas arriba por desidia y mala praxis, que ni siquiera han trasladado alegación alguna al informe del Consejo de Cuentas, que lógicamente les hizo llegar en tiempo y forma, antes de publicarlo oficialmente, el mismo. Lo que, recordando la vieja sentencia popular que dice "el que calla otorga", pues lo deja todo muy claro.

Hay que indicar que, con estos alcaldes, y con el otro de distinto signo político, Grupo Independiente, que gobernó el ayuntamiento y que hemos citado anteriormente, el secretario interventor es el mismo, lo que viene a demostrar que este mismo técnico ha actuado de manera distinta con unos alcaldes y con otros, ¿no? Por lo tanto, estos hechos quedan claramente señalados. Se ha indicado que este técnico también lo es de otro ayuntamiento -de distinto signo político- que no tiene estos niveles de incumplimiento que aparecen aquí constatados.

Y si seguimos buscando responsables de esta situación, tenemos que apuntar también y subsidiariamente, puesto que es un órgano de tutela financiera, a la Diputación de Palencia, que se ha limitado a asesorar vía telefónica, lo que claramente ha sido insuficiente. Y, en última instancia, a la propia Junta de Castilla y León, la Consejería de Hacienda, también órgano de tutela financiera, por lo mismo.

Y una cosa es la autonomía municipal, en la que nosotros... de la que nosotros somos firmemente defensores y creemos en ella, y otra tolerar reiteradamente el incumplimiento de la ley, puesto que el Partido Popular, cuando quiere, eso de la autonomía municipal se lo salta a la torera, y ahí está la reforma local o "ley Montoro". Pues bien, ¿cómo es posible que Administraciones del mismo signo político, ayuntamiento, diputación, consejería, no sean capaces de hacer cumplir la legislación en tiempo y forma? Para nosotros esta es la pregunta que subyace, ¿eh?, en todo este informe, con toda la prolijidad, todo lo complejo y todo lo duro que es hacia este ayuntamiento.

Terminamos reiterando el agradecimiento al Consejo de Cuentas, el trabajo realizado, y esperando las reflexiones siguientes del propio presidente del Consejo. Muchas gracias. Y nada más.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Guerrero Arroyo. Para concluir este primer turno de intervenciones, y por un tiempo máximo también de diez minutos, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Cortés Calvo.


LA SEÑORA CORTÉS CALVO:

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. En fin, bueno, no sé muy bien por dónde empezar, porque tenía previsto ser un poco... pasar por encima por según qué asuntos, pero, al albur de algunas intervenciones de los distintos portavoces, pues voy a tener que cambiar mi intervención. Vaya por delante que comparto con todos... con todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra que en esta localidad lo que se produce es una situación histórica de incumplimientos. No voy a enumerarlos, pero bueno, prórrogas de presupuesto, no hay conformidad en las facturas ni documentos justificativos del gasto, no cuentan con una relación de puestos de trabajo, aumenta el endeudamiento financiero, el comercial, en fin, todo lo que el informe del Consejo de Cuentas ha puesto negro sobre blanco, al cual también agradezco el trabajo desarrollado, como no puede ser de otra manera.

Pero lo que no puedo pasar por alto son afirmaciones como las que se han hecho en esta mañana, en relación a personas con nombres y apellidos. Yo creo que no es necesario, ni creo que en la práctica parlamentaria sea algo de lo que tengamos que hacer uso. Me parece... me parece innecesario y quiero dejarlo... quiero dejarlo claro.

Si bien es cierto que la responsabilidad última es del alcalde y del pleno en los distintos ayuntamientos, no es menos cierto que también se recoge en este informe que fue el propio alcalde el que traslada la petición de que aparezca expresamente su nombre como aportador de una serie de alegaciones. Luego la intención yo creo que se ve. Lo que sí que es cierto, y me llama muchísimo la atención, es que, viniendo yo creo que casi todos los que estamos hoy en esta Comisión del mundo municipal, pues se pase por alto la importancia de la relación entre el secretario interventor y el alcalde o alcaldesa de la localidad en cuestión.

Lo que sí que es cierto es que el secretario es la persona que es la misma a lo largo de todos estos años, independientemente de que, como les he dicho, que hay que cumplir, como bien ha dicho usted, con la norma –me estoy refiriendo al portavoz del Grupo Socialista-, pero también es cierto, y todos los que hemos estado en el mundo municipal conocemos de la imposibilidad, de la dificultad que supone cuando el secretario interventor está, digamos, enfrente del alcalde o alcaldesa. Yo creo que este es uno de los casos en los que esta situación se produce. Sin quitar responsabilidad a quien la tenga, que es el responsable máximo de la corporación, que es el alcalde en este caso de esta localidad.

Pero tampoco es menos cierto que recientemente también, en la misma provincia, hemos visto cómo una corporación en pleno, PSOE y Partido Popular unidos, dimiten por la imposibilidad de gobernar por la dejación de funciones del secretario del ayuntamiento. Yo no digo que... ni le quito culpa al señor alcalde en este caso, pero sí que es cierto –y me van a permitir la expresión que voy a utilizar ahora- que cuando el señor secretario no quiere que se gobierne un ayuntamiento, el alcalde no lo gobierna. Y yo creo que lo conocemos todos, lo sabemos todos, y yo creo que la situación de los secretarios es una situación que hay que estudiar y que hay que analizar. No quito responsabilidad, porque la tiene, al alcalde en este caso de Barruelo de Santullán, porque, como he dicho, la situación histórica de incumplimientos pues ahí está, ¿no?, pero sí que es cierto que la dificultad existe, y yo creo que todos somos conocedores de esta situación.

Sin embargo, y con... en fin, haciendo gala a nuestro principio de no intervenir y de creer en la independencia de las entidades locales, no vamos a presentar alegaciones a este informe presentado hoy por el Consejo de Cuentas en esta Comisión. Nada más. Y muchas gracias.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Muchas gracias, señora Cortés Calvo. Para contestar las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.


EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí. Muchas gracias, presidente. Nos encontramos ante un informe, y se ha dicho por alguno de los portavoces, un informe duro. Efectivamente, es un informe muy duro. Pero, al mismo tiempo, ustedes, que son muy sagaces, se habrán... llamado la atención, les habrá llamado la atención de cómo hacemos unas recomendaciones que son todas de legalidad. Es decir, ustedes, si leen las recomendaciones que hemos estado examinando en el informe anterior, eran para un mejor gobierno, para una mejor gestión, pero en este caso estamos hablando, de la primera a la última, son todas cuestiones de legalidad. No es... es algo, si ustedes me lo permiten, algo anómalo, desde el punto de vista de lo que es un informe de fiscalización. Lo normal en un informe de fiscalización es que las recomendaciones sean para mejorar la gestión, y las cuestiones de legalidad vayan prácticamente a opinión. Pero es que aquí estamos hablando de que hay una falta de gestión de principio a fin.

Y sobre eso, una serie de matizaciones. Se ha preguntado sobre si existe responsabilidad contable. No ha habido responsabilidad contable. Es cierto que... ustedes saben que tenemos formalizado un protocolo con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, mediante el cual se aclaran las cuestiones. Es cierto que la Fiscalía pidió una serie de aclaraciones, se le han dado, y ha archivado el asunto. Pero, al margen de eso, al margen de eso, yo creo que, si ustedes lo analizan, aquí lo que hay es un incumplimiento flagrante del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales en todo lo que se refiere a la cuenta general. Porque a veces se confunde lo que es formación, aprobación y rendición, ¿me explico? Es decir, las cuentas, ¿quién las tiene que formar? Evidentemente, las tiene que formar el secretario, Artículo 212. ¿Quién es el cuentadante? Es el alcalde. Y las cuentas se aprueban. Que, después, de ahí ha venido la discusión del escrito que se ha presentado. Pero no se rinde, porque, si ustedes han visto, en lo que nos mantenemos es que desde el año dos mil ocho no se rinden cuentas. Es cierto que se han aprobado algunas cuentas, y hemos rectificado, pero una cuestión es aprobar y otra cosa es rendir cuentas, ¿entendido?

Entonces, esa es una situación que se pone de manifiesto en este... en este informe. Y yo, por eso, les ruego encarecidamente, en este caso también, que aprueben las recomendaciones, porque estas recomendaciones son recomendaciones de legalidad. Aquí no estamos hablando sobre interpretaciones de gestión. Es decir, quitando una, que es la que se establece -creo que es la quinta, por no estar leyendo el expediente-, que se establece la conveniencia de recabar el asesoramiento de la diputación provincial, pero hay otras que son flagrantemente de legalidad. Es decir, por eso, sinceramente, yo les pido a todos ustedes que cuando, en este plazo de los cinco días, pues propongan la aprobación de todas las recomendaciones.

Sé que hay aquí, en el ánimo de esta Comisión de Economía y Hacienda, de discriminar las recomendaciones según sean de ayuntamientos, según sean de Comunidad Autónoma, fundaciones... Lo entiendo, pero... pero en este caso, sinceramente, reflexionen de que las propuestas que estamos haciendo es de cumplimiento de legalidad. Y, en ese sentido, entiendo que sería oportuno que fuesen aceptadas íntegramente en los términos en que han sido redactadas.

Y después también significar que este no es un asunto nuevo. Sobre esto se ha pronunciado inclusive hasta el mismo Defensor del Pueblo, el diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis. Que, como sugerencia, en su apartado tres, dice algo tan taxativo como lo que les voy a leer: "Ordenar, en su condición de jefe superior de personal de ese ayuntamiento, que el secretario interventor proceda a formar las cuentas generales de cada uno de los ejercicios comprendidos entre dos mil ocho y dos mil catorce". Pero significando que el que tiene la responsabilidad de personal es el alcalde. El alcalde es el jefe del personal, para entendernos, el responsable. Entonces... y el mismo, el mismo Defensor del Pueblo se ha pronunciado en esos términos.

Yo, en definitiva, coincidir con todos ustedes, porque estamos ante un informe que a nosotros, la verdad nos ha sorprendido de que no se presenten alegaciones. Es decir, a nosotros nos encanta que nos presenten alegaciones, porque es la manera de contrastar tu informe. Nosotros no somos, evidentemente, infalibles a la hora de hacer los informes, y contrastar la opinión con la entidad fiscalizada siempre nos ayuda, en unos casos a confirmar que lo hemos hecho acertadamente, y en otros casos, si hay pues aspectos que no hemos sido suficientemente rigurosos en el análisis, podemos enmendarlo en la fase de alegaciones. En este caso, pues no se presentaron alegaciones, cuando, si nos hubieran facilitado esa información, no se habría dado lugar a esa rectificación de errores que hemos puesto de manifiesto, ¿entendido?

Entonces, concluyo mi intervención pues agradeciendo a todos ustedes pues el interés que han tomado también por este informe de fiscalización y deseando pues que el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán pues haga caso explícito de todas y cada una de esas recomendaciones que hemos puesto de manifiesto a lo largo del informe. Porque, además, si ustedes lo observan, pues es cierto que tiene un endeudamiento por encima del 75 %, pero tampoco estamos hablando de un endeudamiento que sea auténticamente escandaloso. Es un importante endeudamiento, pero yo les recuerdo de que hay ayuntamientos en nuestra Comunidad Autónoma muy por encima del 120, del 130, del 150 %. Aquí estamos hablando de un problema de gestión de principio a fin, ¿entendido? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que, aceptando y siguiendo estas recomendaciones, la situación del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán se podría, desde luego, enmendar y rectificar económicamente. Nada más. Y muchas gracias.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Muchas gracias, señor presidente. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Delgado Palacios.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señor presidente. Fíjese, me estaba acordando ahora, cuando estábamos hablando de la cuestión de los secretarios, ayer, que fue el Día de la Mujer, como sabemos todos, aquí hubo muchas alcaldesas, y hablando yo con una, de Matilla de Arzón –se puede decir-, de Zamora, decía "fíjate, que estuvimos viendo un parque, y -dice- no puedo ni contratar la máquina –fíjate qué despilfarro y qué dispendio-, porque, claro, la secretaria me lo impide, con el tema de la estabilidad famosa presupuestaria". Cosas ridículas. Con lo cual, efectivamente, damos por... porque cuando hay secretarios interventores que quieren actuar y actúan, pues lógicamente impiden todo este tipo de cuestiones.

Pero, sinceramente, a mí me preocupa qué es lo que va a pasar con este tipo de situaciones, porque dan una sensación de impunidad. ¿Esto va a suceder en más ayuntamientos? Ojo a lo que estoy diciendo. Es decir, si aquí no pasa nada -no, no, no es baladí la cuestión-, si aquí no pasa nada, si efectivamente se está contraviniendo todo el ordenamiento jurídico, si todas las recomendaciones que se hacen tampoco se cumplen, y pasa el tiempo y pasan los años y los días como si tal cosa, ojo que puede dar, ¿eh?, a alguien se le puede ocurrir, a otros alcaldes, a otros ayuntamientos, decir aquello "bueno, pues mira, si, total, no pasa nada, y aquí tenemos este ejemplo, que llevan sine die sin publicar sus... vamos, sus... aplicar Ley de Cuentas, etcétera, etcétera, estabilidad presupuestaria, tal...". Esa es una de las cuestiones peores.

Y, desde luego, claro, dice no presentan alegaciones. ¿Pero por qué? ¿Porque no quieren? ¿Porque les da lo mismo? Yo creo que eso es una cuestión importante. Es decir, de una vez por todas, vuelvo a reiterar que las Administraciones tenemos que ser más expeditivas y más rápidas en atajar este tipo de situaciones. No sé si a través de la Fiscalía, en fin, con ese protocolo, o buscar otro tipo de, digamos, de argumentos y de soluciones, pero algo tenemos que hacer para que estas situaciones no sirvan de ejemplo y no... lamentablemente, la población, el mundo rural está como está, no vamos a una mayor población, como bien sabemos todos, sino a una despoblación. Y, ojo, ojo, que este tipo de situaciones pueden sucederse.

Pero incido, y comparto con alguna de las que ha intervenido, sobre todo hay que actuar con los secretarios e interventores. Es inadmisible que se pueda, digamos, facilitar este tipo de actuaciones año tras año. Y, curiosamente, en este caso, es el mismo. Bueno, no sé si es que, a lo mejor, por el declive del tiempo tiene algún tipo de problema personal, lo desconozco, pero vamos, es inaudito que, desde luego, el mismo secretario haga este tipo de situaciones en el tiempo y no pase absolutamente nada. Desde luego, algo tenía que pasar. Muchas gracias.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Delgado Palacios. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, el señor López Prieto.


EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Gracias. Nosotros hemos preguntado por la responsabilidad, tanto administrativa como contable, porque entendemos que es una situación excepcional, ¿no?, lo de... lo que refleja este informe. Y tampoco hacía referencia el informe si había habido esa comunicación o no con la... con la Fiscalía. Y, al ser una situación excepcional, sí que nos gustaría un poco, no sé si este grupo parlamentario podrá tener acceso a esa comunicación, sobre esa valoración de la Fiscalía sobre el incumplimiento de las funciones de contabilidad.

Bien, en este sentido, nosotros no vamos a valorar el grado de uno u otro sobre la responsabilidad. Entendemos que hay una responsabilidad compartida, el propio Consejo de Cuentas habla de responsabilidad de principio a fin. Y, bueno, pues no sería por la facilidad de palabra de los responsables del ayuntamiento, ¿no?, donde hemos visto que incluso pues se insinúa que se hacen contratos de forma verbal. Sería la otra parte la que no estaría por la labor. Muchas gracias.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor López Prieto. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Guerrero Arroyo.


EL SEÑOR GUERRERO ARROYO:

Sí. Muchas gracias. Y brevemente, porque yo creo que está absolutamente todo claramente precisado. Decir, efectivamente, que aprobamos las recomendaciones. Es que... es que es cumplir la ley, entonces, es de suyo. Y, por lo tanto, absolutamente de acuerdo en eso, ¿no?, con el señor presidente, el señor Encabo.

Decir también que, bueno, pues con la señora Cortés, en fin, los incumplimientos se han constatado, lo hemos reconocido todos y es así, ¿no? Sí precisarle un par de cosillas, porque sí que es verdad. En este caso no es la clásica que todos conocemos, los que hemos estado en el mundo municipal, o que hemos estado con compañeros. Al fin y al cabo, nuestros grupos políticos pues gobiernan en muchísimos sitios o están presentes en muchísimos ayuntamientos y siempre hemos conocido casos de enfrentamiento alcalde-técnico, alcalde-secretario. No es el caso. No es el caso, ¿eh? Permítame decirlo, porque yo no soy vecino de ese municipio, pero casi, ¿no?, pero casi, vivo al lado, ¿eh? Entonces, no es el caso, ¿eh?, no es el caso. Lo cual todavía agrava más la cuestión, y, al constatar que no hay alegaciones, pues es que la palabra es desidia, es que no hay otra, no hay otra, ¿no?

No es el caso del Ayuntamiento de Lantadilla de Palencia, donde dimitió toda la corporación por la frustración ante haber iniciado todo tipo de procedimientos contra ese técnico o esa técnica, en este caso era una técnica, y, bueno, ver, encontrarse con la frustración de que al final pues razones legales pues se ponían del lado de ese técnico. En este caso es que no ha habido ni apertura de ningún expediente, ningún procedimiento sancionador, ningún tipo de elemento que conste por escrito que se haya hecho por parte de ningún alcalde contra el técnico en esta cuestión.

Por lo tanto, la responsabilidad es que políticamente –y es nuestro campo, ¿no?, yo, fiscalmente, o si hay posibles delitos, yo eso no... evidentemente, no es nuestro caso y no es nuestra responsabilidad señalarlos, ¿no?-, pero políticamente es que no cabe otra, es, lógicamente, el regidor, el alcalde correspondiente, ¿no? Y quizá no debía haber dado nombres y, bueno, pues bien, pues recojo ese planteamiento. Lo que pasa es que, claro, conociendo la zona, conociendo el territorio, conociendo los vecinos, pues mentalmente los tengo presentes y es así, ¿no?, y sé perfectamente que esa situación es de esa manera.

Sí que quisiera romper una lanza sobre el hecho de que los alcaldes, en su inmensa mayoría, cumplen y hacen las cosas como pueden y se buscan el asesoramiento de sus técnicos y medianamente las cosas funcionan correctamente. Y, recogiendo un poco alguna de las palabras que ha hecho... que ha vertido el señor Delgado, yo pienso que si en este ayuntamiento hubiera habido una alcaldesa, me da igual ya el signo político y haciendo alusión a la jornada histórica de ayer, probablemente no estábamos con este informe, y lo digo porque lo creo de verdad. Aquí la palabra es desidia. Nada más.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Guerrero Arroyo. También para consumir un turno de réplica, tiene la palabra, en representación del Grupo Popular, la señora Cortés Calvo.


LA SEÑORA CORTÉS CALVO:

Muchas gracias, presidente. Bien. Agradezco al portavoz del Grupo Socialista que tome nota de la pequeña recomendación que me he permitido hacer. Y en otro orden de cosas, pues vamos a ver, señor Delgado Palacios, yo creo que el porcentaje de rendición de cuentas de las entidades locales que en esta Comisión hemos ido viendo día tras día, a través del Consejo de Cuentas, es francamente elevado, es el 100 % en el conjunto de las diputaciones de nuestra Comunidad. Y además es que muchas de estas entidades locales han rendido cuentas gracias al asesoramiento de estas diputaciones que ya han rendido sus cuentas. Por lo tanto, yo creo que el ejemplo que cunde es el de rendir cuentas y no el contrario. O sea que, en ese sentido, me sumo también a la opinión del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

En cuanto a que un secretario, bueno, no permita hacer un gasto por cumplir con la estabilidad presupuestaria, bueno, pues bienvenido sea. Eso es otra cosa distinta a lo que yo creo que ocurre en el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, ¿vale? Yo creo que ha quedado claro que es una larga historia de incumplimientos y que no tiene nada que ver con el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y el control del déficit. En ese caso, si los secretarios hacen esa función, pues yo creo que está bien hecha.

Por otro... por otro lado, es cierto que el propio ayuntamiento no presenta alegaciones, pero, como también ha dicho el señor presidente del Consejo de Cuentas, es que la cuenta nace de la elaboración por parte del secretario del ayuntamiento. Si esa circunstancia no se produce, pues a partir de ahí todo mal. Que es lo que he dicho en mi primera intervención.

Y para finalizar, y por terminar también con el último... o el último comentario del portavoz del Grupo Socialista, en fin, yo creo que cualquier hombre o cualquier mujer puede ser un magnífico alcalde o alcaldesa. En fin, uno eso no lo lleva en el género, sino en la inteligencia. Y, en ese sentido, yo creo que tanto hombres como mujeres pueden desarrollar y desempeñar esta función igualmente bien. Nada más. Y muchas gracias.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señora Cortés Calvo. Tiene de nuevo la palabra el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.


EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias. Para ser muy breve. Pero sí es conveniente hacer una serie de reflexiones o aclaraciones. En relación a la responsabilidad contable, es cuando se produce un perjuicio económico. Y se ha analizado desde la Fiscalía si hay ese perjuicio económico. Otra cuestión, otra cuestión, y si hubiese detectado que existen otro tipo de indicios delictivos, ya hubiera actuado, evidentemente, la Fiscalía. Pero nosotros le enviamos el expediente, le enviamos el informe, ellos lo examinan, y lo que le puedo decir que en estos momentos es que están archivadas. No hay ninguna otra cuestión.

No les parezca mal lo que les voy a decir, pero es que el Consejo de Cuentas sí ha propuesto medidas para mejorar la rendición de cuentas. Yo se las he propuesto aquí muchas veces, muchas veces. Y yo, sinceramente, lo único que les voy a recordar: por ejemplo, la supeditación de la obtención de ayudas o subvenciones a la efectiva rendición de cuentas. Por ejemplo, la efectiva imposición de multas coercitivas; ojo, que a veces se entienden mal las multas coercitivas, serían de carácter personalísimo a los responsables de los incumplimientos; pero eso, eso, está en la Ley 4/2013, y lamentablemente no se ha desarrollado, ¿me comprenden? Es decir, eso hay que desarrollarlo. Hay habilitación legal (Ley 4/2013), pero no podemos establecer multas coercitivas porque eso no se ha desarrollado. Es decir, medidas hay, medidas hay, es decir, y se pueden tomar esas medidas, lo que ocurre es que tienen que tener carácter normativo. En estos momentos, solamente recordarles que ahí fue tremendamente activo el departamento de local de nuestro Consejo de Cuentas de Castilla y León, se hicieron una serie de propuestas, que si no recuerdo mal son de mayo del año dos mil dieciséis, y, partiendo prácticamente de esas propuestas, de ese análisis de la situación de falta de rendición de cuentas, eso estuvo plasmado en un documento que yo les he facilitado recientemente, cuando les presenté el informe del sector público local del año anterior, es decir, referido al año dos mil quince, en el que el Tribunal de Cuentas y el conjunto de los órganos de control externo de España aprobaban una serie de medidas para mejorar los niveles de rendición de cuentas. Ahí están.

Pero, al mismo tiempo, tengo que reconocer que aquí se ha avanzado mucho a lo largo de estos años. Es decir, hemos pasado de que, cuando entró el actual Pleno, en el año dos mil doce, había 120 ayuntamientos que nunca habían rendido cuentas, y ahora la situación se ha reducido pues a la mínima expresión. Es cierto. Es decir, y después es cierto que en esta Comunidad Autónoma, desde el punto de vista de la situación económica-financiera de las entidades locales, pues está saneada, como lo hemos puesto de manifiesto en el último informe del sector público local. En 2.248 municipios pues es normal de que haya algunos municipios que estén en unas situaciones de endeudamiento, para decirlo claramente, alarmantes, es normal. Pero la tónica general, la tónica general, y cuando lo hemos analizado en el último informe del sector público local, y ahora estamos realizando -que se aprobará en los próximos meses- el correspondiente al año dos mil dieciséis, que ya saben que se produce el rendimiento en dos mil diecisiete, pues va en esa misma tónica, es decir, se cierra con superávit en el ámbito local.

Entonces, centremos las cosas. Estamos hablando de un caso, que es el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, en el que se dan estas circunstancias. Que yo creo, y vuelvo a insistir, es un problema de cumplimiento de legalidad. Estamos hablando de cumplimiento de legalidad, es decir, hay algo en lo que ustedes no han incidido en ello, pero que yo creo que es tremendamente útil que lo miren, que es lo que son los índices económicos del ayuntamiento, comparativamente con el resto. Es decir, los ingresos por habitante aquí son superiores a la media, son superiores a la media. Entonces, centremos de que es el problema de este ayuntamiento y es en el que nosotros, desde luego, hemos valorado y fiscalizado.

Y, por lo tanto, insisto, medidas hay, las hemos propuesto nosotros. En el Parlamento, esto es, está la decisión de tomar en consideración las propuestas que se han hecho desde el Consejo de Cuentas, ¿conforme?

Y llega el momento de la despedida, si ustedes me lo permiten. Como todos ustedes saben, el próximo lunes, doce de marzo, termina el segundo y último mandato de tres años para el que fui elegido como presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. En consecuencia, tal y como se señala en el Artículo 21.5 de la Ley Reguladora del Consejo de Cuentas, continuaré en el ejercicio de las funciones de dicho cargo hasta el nombramiento y toma de posesión del nuevo presidente. Por este motivo, creo que es el momento idóneo para expresar mi agradecimiento al Parlamento de Castilla y León, y muy especialmente a esta Comisión de Economía y Hacienda, por el trato que me han dispensado a lo largo de estos años. En mi primera comparecencia ante la Comisión de Hacienda, el cuatro de octubre de dos mil doce, expuse los compromisos y objetivos que asumía como presidente de esta institución. Puedo asegurarles que he intentado cumplirlos con seriedad y dedicación. A ustedes, señorías, les corresponde valorar si, efectivamente, ha sido así.

Por otro lado, incluí un conjunto de propuestas de modificación de la Ley del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que he de decir que algunas fueron incorporadas a la Ley 4/2013, mientras que otras no fueron consideradas como procedentes por este Parlamento. Quiero también expresar mi satisfacción y gratitud por el respaldo recibido por las Cortes de Castilla y León el veintitrés de septiembre de dos mil quince en mi renovación como presidente, cuando recibí el apoyo de 80 procuradores, registrándose cuatro abstenciones. Espero no haber defraudado la confianza que depositaron en mí.

He comparecido en 41 ocasiones ante esta Comisión y he presentado un total de 91 informes que han elaborado con rigor y profesionalidad los empleados públicos del Consejo de Cuentas.

Señorías, el Consejo de Cuentas es una institución que ha sido, es y debe seguir siendo útil para Castilla y León, y que ha contribuido, sin la menor duda, a mejorar la gestión económica-financiera de la Comunidad Autónoma y del sector público local. Entiendo que en la actualidad precisa de un nuevo impulso, que parte de una reforma legislativa que refuerce su autonomía e independencia.

No quiero entretenerles más en la mañana de hoy, pero sí quiero expresar mis disculpas por todos los errores cometidos, que sin duda han sido numerosos, y al mismo tiempo significar mi más profundo reconocimiento a todos ustedes y a todo el personal de la Cámara. Con mi más sincero agradecimiento, hasta siempre. [Aplausos].


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la Norma Cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los grupos parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el dieciséis de marzo a las catorce horas.

Y antes de concluir el orden del día, yo creo que puedo trasladar, en nombre de todas sus señorías, el agradecimiento por el trabajo realizado a este presidente que hoy nos acompaña, a sus consejeros, al trabajo del Consejo de Cuentas, a la atención que siempre han prestado a los miembros de esta Comisión, su colaboración y la ampliación de todas aquellas informaciones que le hemos precisado, con todo lujo de detalles. De verdad y de corazón, muchísimas gracias. Y por supuesto que hasta siempre.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las doce horas cuarenta minutos].


DS(C) nº 464/9 del 9/3/2018

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Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Comisión de Economía y Hacienda
DS(C) nº 464/9 del 9/3/2018
CVE: DSCOM-09-000464

DS(C) nº 464/9 del 9/3/2018. Comisión de Economía y Hacienda
Sesión Celebrada el día 09 de marzo de 2018, en Valladolid
Bajo la Presidencia de: Irene Cortés Calvo
Pags. 20380-20424

ORDEN DEL DÍA:

1. Comparecencia del Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe de Fiscalización sobre el Patrimonio Inmobiliario de la Diputación de Palencia, ejercicio 2015, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

2. Comparecencia del Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe de Fiscalización de determinadas Áreas del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán (Palencia), del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

SUMARIO:

 ** Se inicia la sesión a las diez horas treinta minutos.

 ** La presidenta, Sra. Cortés Calvo, abre la sesión.

 ** Intervención del procurador Sr. Cepa Álvarez (Grupo Socialista) para comunicar sustituciones.

 ** Intervención del procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos) para comunicar sustituciones.

 ** Intervención del procurador Sr. Martínez Antolín (Grupo Popular) para comunicar sustituciones.

 ** Primer punto del orden del día.

 ** La presidenta, Sra. Cortés Calvo, da lectura al primer punto del orden del día.

 ** Intervención del Sr. Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, para informar a la Comisión.

 ** La presidenta, Sra. Cortés Calvo, abre un turno para la formulación de preguntas u observaciones por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios.

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. López Prieto (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de portavoces, interviene la procuradora Sra. Pablos Labajo (Grupo Socialista).

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. Martínez Antolín (Grupo Popular).

 ** Intervención del Sr. Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, para responder a las cuestiones planteadas.

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. López Prieto (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Martínez Antolín (Grupo Popular).

 ** En turno de dúplica, interviene el Sr. Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

 ** Segundo punto del orden del día.

 ** La presidenta, Sra. Cortés Calvo, da lectura al segundo punto del orden del día.

 ** Intervención del Sr. Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, para informar a la Comisión.

 ** El vicepresidente, Sr. Martínez Antolín, abre un turno para la formulación de preguntas u observaciones por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios.

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. López Prieto (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. Guerrero Arroyo (Grupo Socialista).

 ** En turno de portavoces, interviene la procuradora Sra. Cortés Calvo (Grupo Popular).

 ** Intervención del Sr. Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, para responder a las cuestiones planteadas.

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios (Grupo Ciudadanos).

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. López Prieto (Grupo Podemos CyL).

 ** En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Guerrero Arroyo (Grupo Socialista).

 ** En turno de réplica, interviene la procuradora Sra. Cortés Calvo (Grupo Popular).

 ** En turno de dúplica, interviene el Sr. Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Finaliza su intervención con palabras de despedida tras concluir su segundo mandato.

 ** La presidenta, Sra. Cortés Calvo, traslada el agradecimiento de la Comisión por el trabajo realizado por el presidente y todos los miembros del Consejo de Cuentas y levanta la sesión.

 ** Se levanta la sesión a las doce horas cuarenta minutos.

TEXTO:

[Se inicia la sesión a las diez horas treinta minutos].


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Buenos días, señorías. Se abre la sesión. Silencio, por favor. ¿Los grupos parlamentarios tienen sustituciones que comunicar a la Mesa? Sí. ¿Grupo Socialista?


EL SEÑOR CEPA ÁLVAREZ:

Gracias, señora presidenta. Consolación Pablos Labajo sustituye a José Javier Izquierdo... [murmullos].


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Perdone un segundo, señor Cepa. Señorías, por favor, ¿pueden guardar silencio? Gracias. Señor Cepa, tiene la palabra.


EL SEÑOR CEPA ÁLVAREZ:

Gracias, señora presidenta, de nuevo. Consolación Pablos sustituye a José Javier Izquierdo, Jesús Guerrero a José Francisco Martín y José Luis Aceves a Gloria María Acevedo.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias. Grupo Parlamentario Podemos, no. ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

José Ignacio Delgado Palacios sustituye a Manuel Mitadiel.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

El Grupo Parlamentario Mixto ha comunicado a esta Mesa que no iba a poder asistir. Así que ¿Grupo Parlamentario Popular?


EL SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN:

Gracias, presidenta. José Manuel Fernández Santiago sustituye a Juanjo Sanz Vitorio, Vidal Galicia Jaramillo sustituye a José Manuel Otero Merayo, María Paloma Vallejo Quevedo sustituye a María Isabel Blanco Llamas y Manuela Crespo Calles en sustitución de Salvador Cruz García.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señorías. Doy la bienvenida de nuevo a esta Comisión a don Jesús Jaime Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que comparece ante esta Comisión para presentar diversos informes de fiscalización remitidos a las Cortes de Castilla y León por el Consejo de Cuentas. La tramitación de los mismos se desarrollará de conformidad con lo previsto en la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve.

En primer lugar, doy lectura al primer punto del orden del día.

Informe


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Primer punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe de Fiscalización sobre el Patrimonio Inmobiliario de la Diputación de Palencia, ejercicio 2015, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Para la presentación del mismo, tiene la palabra el excelentísimo señor don Jesús Jaime Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.


EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señoras y señores procuradores. El presente informe de fiscalización corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2016 y resultó aprobado por el pleno del Consejo de Cuentas con fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. La publicación en la página web, tanto del texto íntegro del informe como de la nota resumen del mismo, tuvo lugar el veintiuno del mismo mes.

Objetivos. El propósito de esta fiscalización es el análisis y comprobación, mediante la realización de una auditoría combinada de cumplimiento de legalidad y operativa, del patrimonio inmobiliario de la Diputación de Palencia y sus entes dependientes, entendiendo como tal el conjunto de sus bienes inmuebles, tanto los de carácter patrimonial como los de dominio público. No obstante, quedan excluidos de esta fiscalización las inversiones destinadas al uso general, como las carreteras, y otros bienes destinados al uso colectivo y directo por la generalidad de los ciudadanos.

Los objetivos específicos han sido los siguientes: verificar los aspectos de legalidad relacionados con el patrimonio inmobiliario (obligaciones de llevanza, actualización, autorización, aprobación e inscripción, así como su adecuado registro y reflejo en contabilidad). Comprobar las variaciones experimentadas y la correcta tramitación de los expedientes instruidos. Analizar el inventario de bienes inmuebles, en cuanto al carácter de los mismos y su uso y destino, incluyendo las cesiones realizadas y recibidas, así como otros bienes recibidos de Administraciones y particulares. Analizar la adecuada gestión del patrimonio inmobiliario, en función de su situación, su uso y destino, así como los costes, rendimientos e ingresos que se obtienen del mismo. Comprobar la adopción de medidas, políticas o planes relacionados con el patrimonio inmobiliario en función de la situación financiera y presupuestaria y la existencia de planes de saneamiento o económico-financieros derivados de la misma.

En definitiva, la auditoría realizada es de cumplimiento de legalidad para alcanzar uno de estos objetivos, es decir, pretende constatar la regularidad, y, en consecuencia, su finalidad es emitir una opinión relativa a si se ha cumplido o no dicho objetivo.

Alcance. El período al que se refieren las actuaciones fiscalizadoras es el ejercicio dos mil quince. Las actuaciones recaen sobre la propia Diputación Provincial de Palencia, pues el organismo autónomo de Fundación Provincial de Deportes se extinguió con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.

Limitaciones al alcance. Han existido las siguientes limitaciones, que han afectado a la realización del trabajo de fiscalización: la información del inventario a efectos de su valoración económica no está actualizada o no es completa. La falta de un seguimiento y control detallado de los bienes del inmovilizado ha impedido realizar comprobaciones de la contabilidad, como la idoneidad de los saldos de las cuentas de activo, la debida separación del valor de los terrenos y el de los edificios, en el caso de los inmuebles construidos, o el contenido de los saldos de las cuentas de patrimonio recibido y entregado en cesión a treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. Teniendo en cuenta las incidencias en algunas de las referencias catastrales que figuran en las fichas del inventario, en algunos casos no se ha podido asignar valor catastral a los inmuebles.

A efectos de analizar el inventario, así como la adecuada gestión del patrimonio inmobiliario, la Memoria sobre el coste y rendimiento de los servicios del Artículo 211 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales carece de una metodología del cálculo adecuada a los manuales existentes y a los principios y pautas de la Intervención General de la Administración del Estado relacionados con la contabilidad analítica, lo que hace perder fiabilidad a la información sobre costes incluidas en la misma.

Alegaciones. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, se remitió el informe provisional a la Diputación de Palencia para que presentara alegaciones. Se formularon alegaciones por la presidenta de la diputación, dentro del plazo concedido, y han sido analizadas pormenorizadamente para su aceptación o desestimación.

Conclusiones. Sobre la comprobación del patrimonio inmobiliario. La Diputación Provincial de Palencia cuenta con un inventario de bienes y derechos formado y aprobado por el pleno el veintiséis de abril de dos mil siete, cumpliendo lo previsto en el Artículo 86 del Texto Refundido de disposiciones legales de Régimen Local, 17.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (REBEL) y 32 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Sin embargo, el inventario no figura actualizado, al no haberse incluido en el mismo las rectificaciones anuales aprobadas con posterioridad, incumpliéndose lo previsto en el Artículo 35 del REBEL, así como el Artículo 1 del Decreto 128/1984 de la Junta de Castilla y León, sobre protección del patrimonio de las entidades locales y actualización de inventarios.

No consta que se instrumente la autorización y el visto bueno del inventario a los que se refiere el Artículo 32 del REBEL. En la actualidad se encuentra en proceso la formación de un nuevo inventario. En cumplimiento de lo previsto por los Artículos 33 y 34 del mismo texto legal, tras las elecciones locales celebradas en mayo de dos mil quince, se efectuó la comprobación del inventario, a pesar de su falta de actualización. Por otra parte, no consta que se haya producido la remisión en forma y plazo de una copia del inventario y sus rectificaciones al Estado y a la Junta de Castilla y León, incumpliéndose lo previsto por el Artículo 32.1 del REBEL y el decreto antes citado. También ha de señalarse que no se elabora la memoria anual exigida por el Artículo 149 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en la que han de incorporarse las modificaciones introducidas en el inventario.

El porcentaje de cumplimiento de los datos que deben figurar en el inventario al que se refiere el Artículo 20 del REBEL es, con carácter general, elevado, salvo en algunos apartados, como el que recoge el coste de adquisición, que solo se incluye en el 29 % de los casos, y el valor que correspondería en venta al inmueble, que figura en el 48 %.

En la llevanza de contabilidad no se efectúa un control o seguimiento detallado, o de manera individualizada, de los elementos de activo, que se integre dentro de un subsistema o área contable que cumpla con los requisitos de automatismo, coherencia y concordancia que prevén las Reglas 12, 13 y 14 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. Se han producido movimientos en las cuentas del inmovilizado que no tienen su reflejo en el inventario.

En el análisis de las cuentas que inciden en la contabilización de las operaciones relacionadas con los inmuebles, se han puesto de manifiesto diversos incumplimientos de las partes segunda, cuarta y quinta del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, correspondientes, respectivamente, a las normas de reconocimiento y valoración, cuadro de cuentas y definiciones y relaciones contables. Así, en el caso de inmuebles construidos, no puede garantizarse que figure por separado el valor de los terrenos correspondientes, no se registran deterioros de valor del inmovilizado, o tampoco consta que se haya contabilizado la resolución de la cesión de un inmueble propiedad de la diputación, en el ejercicio dos mil quince. Asimismo, se ha incumplido lo previsto en el nuevo Plan General de Contabilidad Local al realizar el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio dos mil quince, resultando particularmente destacable la falta de inclusión de los importes correspondientes a los bienes patrimoniales dentro del subgrupo 22, de inversiones inmobiliarias, por no estar destinados a fines administrativos ni a la prestación de servicios.

En la tramitación del expediente 2015/32, se ha comprobado que se incumple el Artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que se califica como contratos privados a aquellos celebrados por una Administración pública que tengan por objeto servicios comprendidos en la categoría 26 del Anexo II, entre los que se incluyen los relacionados con el expediente de referencia. En este mismo expediente se ha comprobado que se incorporan en el pliego de prescripciones técnicas aspectos que han de incluirse en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Sobre la situación y el análisis del inventario. La Diputación de Palencia cuenta con 165 bienes inmuebles inventariados, 75 patrimoniales y 79 de servicio público, 4 sin calificar y 7 inmuebles de dominio público para los que no se identifica si son de uso o servicio público. Como consecuencia de las actuaciones de comprobación llevadas a cabo, teniendo en cuenta la existencia de algunos datos erróneos en la llevanza del inventario, se ha podido determinar que el total de inmuebles, en efecto, son 165, cuyo desglose sería el siguiente: 71 patrimoniales, 93 de servicio público y 1 de uso público.

Los inmuebles patrimoniales construidos o edificados ascienden a 20 a treinta y uno de diciembre de dos mil quince, con una valoración catastral, según la Dirección General del Catastro, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas, de 13.639.729 euros, correspondiendo al solar San Telmo 9.986.203 euros, cuya valoración es conjunta con la del inmueble Ciudad Asistencial San Telmo, donde se prestan servicios públicos. De los 20 inmuebles, 12, entre los que figura el citado solar, están en poder de la Diputación de Palencia, siendo 3 de ellos objeto de explotación económica. Cabe destacar la Plaza de Toros, vinculada su explotación a la feria taurina, y los viveros de empresas en Aguilar de Campoo y Venta de Baños. Entre los inmuebles no explotados destaca el castillo de Monzón como de dominio público, ya que en él no se prestan servicios públicos. Hay 8 inmuebles que están en uso de terceros, con una valoración según la Dirección General del Catastro de 851.250 euros. Destacan entre ellos el derecho de superficie en favor de la Universidad de Valladolid.

Hay otros 51 inmuebles patrimoniales que son terrenos, de los cuales 11 son urbanos y el resto rústicos, cuya valoración, con las limitaciones expresadas, es de 603.304 euros para aquellos y 1.038.570 euros para estos. Es de reseñar que el 82 % del montante urbano son 5 parcelas industriales en el polígono de Venta de Baños.

En cuanto a los inmuebles de servicio público, a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince, ascienden a 94, con un valor catastral, según la Dirección General del Catastro, de 16.140.983 euros. El más destacable es la Ciudad Asistencial San Telmo, donde la diputación presta los servicios de residencia de ancianos, servicios sociales y Escuela Universitaria de Enfermería. Es de indicar que la Junta de Castilla y León, en otra parte del inmueble, presta asistencia sanitaria, y otra se utiliza por el ayuntamiento para instalaciones deportivas. La diputación presta servicios en otros 10 inmuebles.

Los bienes de uso público vienen constituidos por los viales o carreteras, si bien existe otro inmueble que debería tener el mismo carácter, tratándose del camino natural sobre el antiguo trazado del tren secundario de Castilla, tramo Palencia-Castromocho.

Según lo previsto en el Artículo 18 del REBEL, deben constar en el inventario todos los bienes y derechos que podrían ser susceptibles de revertir a la diputación. Sin embargo, están incluidos en dicho epígrafe dos inmuebles que no son propiedad de la diputación (Parque de Bomberos de Palencia y el templo de San Pedro de Saldaña). Lo cierto es que ambos inmuebles deberían de haberse incluido en el epígrafe correspondiente a derechos reales, juntamente con otros dos inmuebles, que no son de su propiedad, en los que se prestan servicios públicos, como son la Cueva de los Franceses y la sala de exposiciones de la calle Don Sancho. Asimismo, la diputación tiene alquilados dos locales de servicio público, uno en la calle Mayor, oficina de turismo, y otro en la calle Don Sancho, como local para los grupos políticos.

La información catastral del inventario es discrepante con respecto a la obrante en la Dirección General del Catastro. Según los certificados emitidos por la dicha dirección, los bienes cuya titularidad se atribuye a la Diputación de Palencia ascienden a 1.075, de los cuales 46 son bienes inmuebles urbanos y 1.029 bienes inmuebles rústicos. De estos últimos, 858 corresponden a carreteras y caminos, cuyo valor catastral es cero. Del total de 217 inmuebles, al margen de las carreteras, tan solo 29 se corresponden con inmuebles inventariados, existiendo, por tanto, 188 que no se recogen en las fichas de inventario. Por otro lado, en el inventario existen 6 inmuebles cuya referencia catastral está a nombre de terceros y 12 con referencia catastral errónea.

Sobre la gestión del patrimonio inmobiliario. La información de la memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, del Artículo 211 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se limita a presentar un estado de ejecución presupuestaria total, por servicios de la clasificación orgánica, así como por programa de gasto. Esta memoria carece de una metodología de cálculo de costes que siga los principios generales establecidos por la IGAE en el año dos mil cuatro. Ello hace perder fiabilidad a la información sobre el coste de los servicios públicos. En base a la previsión de la Disposición Transitoria Tercera de la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, la diputación no ha incluido en la memoria de las cuentas anuales la información sobre el coste de las actividades y los indicadores de gestión.

Según la memoria justificativa, el coste total asciende a 59.639.855 euros y los rendimientos a 6.481.783 euros. En el servicio de sanatorios psiquiátricos el coste asciende a 2.224.114 euros y los rendimientos por estancia a 502.917 euros. Por lo que respecta a la residencia de ancianos, los costes ascienden a 4.354.938 euros y los rendimientos a 942.525 euros. En la Escuela Universitaria de Enfermería el coste es de 802.689 euros y los ingresos son de 426.891 euros.

El otro documento sobre costes corresponde al cálculo del coste de los servicios prestados por la diputación, que debe elaborarse y comunicarse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en virtud del Artículo 116 ter de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, derivado del ejercicio de sus competencias previstas legalmente. Esta información es singular y diferencial con respecto a otras informaciones sobre costes y parte de los datos de ejecución presupuestaria. El coste efectivo calculado asciende a 27.126.331 euros.

Con las limitaciones establecidas y las asignaciones que han podido realizarse, el coste de los servicios públicos por inmuebles asciende a 19.227.410 euros. El Palacio Provincial y la Ciudad Asistencial San Telmo son los más destacados, con el 33 % ambos.

Según la información certificada, el total de gastos generados por los inmuebles de carácter patrimonial habría ascendido a 43.927 euros, y los ingresos imputables a los mismos ascienden a 61.229 euros. Existen 50 inmuebles para los que no se obtiene ningún ingreso. Los gastos más importantes corresponden al cine Amor de Aguilar de Campoo, cedido al ayuntamiento, que suponen el 43 % del total. A continuación, en cuanto a gastos, está la Plaza de Toros, con un 40 % del total, si bien es cierto que se producen unos ingresos, en concepto de canon de explotación, que cubren sus gastos y que suponen el 33 % de los ingresos totales. Las fincas rústicas generan el 6 % de los gastos totales, si bien, gracias a su arrendamiento agrícola, se cubren sobradamente los gastos, y suponen el 49 % de los ingresos totales.

En los ejercicios fiscalizados, la diputación no cuenta con planes de ajuste derivados de medidas excepcionales de pago a proveedores, ni planes de saneamiento, por la generación de ahorro neto negativa. En cuanto al endeudamiento financiero, el porcentaje de capital vivo sobre los recursos corrientes liquidados está por debajo del 75 %, y en cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, su situación es muy positiva.

No consta que la diputación haya aprobado programas de actuación y planes de optimización sobre los edificios administrativos, ni tampoco medidas o programas de actuación sobre sus inmuebles patrimoniales, en aplicación de los principios de eficacia, eficiencia, economía y rentabilidad.

Opinión. La aprobación del actual Inventario General de Bienes y Derechos de la Diputación de Palencia se produjo el veintiséis de abril dos mil siete. El inventario no figura actualizado ya que, con posterioridad a esta fecha, con carácter general, no se han reflejado en el mismo las rectificaciones anuales acordadas. Con la renovación de la corporación, tras las elecciones locales celebradas en mayo de dos mil quince, se efectuó la comprobación del inventario, a pesar de su falta de actualización. (Conclusión 1).

En la llevanza de contabilidad no existe un control y seguimiento detallado del inmovilizado, dentro del sistema de información contable, con los debidos requisitos de automatismo, coherencia y concordancia. La información de las cuentas contables relacionadas con el inventario de bienes inmuebles no se ha registrado conforme a los principios y criterios de contabilidad contenidos en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. (Conclusiones 3 y 4).

Recomendaciones. Primera. La Diputación de Palencia debe instrumentar la forma y procedimiento por el que, sobre el inventario, se produzca la autorización del secretario y el visto bueno del presidente, según lo previsto en la normativa sobre bienes de las entidades locales.

Segunda. El pleno, como órgano competente para la aprobación y comprobación del inventario, así como para el ejercicio de las atribuciones sobre los bienes de la diputación que le confiere la normativa local, debe adoptar las medidas oportunas de actualización y regularización del Inventario General de Bienes y Derechos, con el fin de adecuar este documento y el programa a través del que se lleva a la realidad de la situación patrimonial existente. Ello debe hacerse con las precauciones legales oportunas y la participación de la secretaría como órgano autorizante del mismo. De especial relevancia resulta la necesidad de efectuar la valoración de la totalidad de los inmuebles y actualizar la existente para el resto, así como actualizar el valor catastral en las fichas de inventario y proceder a la revisión de las referencias catastrales.

Tercera. Tras la señalada regularización del Inventario General de Bienes y Derechos, debe someterse a su aprobación por el pleno de la corporación y, a partir de ese momento, deben autorizarse y aprobarse puntualmente sus actualizaciones. Solo de esta forma el inventario puede constituir un instrumento de protección, defensa y control de los bienes y derechos y una herramienta de información útil para la toma de decisiones, reuniendo unas notas esenciales de unidad, centralidad, rigurosidad, actualización y valoración.

Cuarta. Debe realizarse una adecuada reseña o codificación de los bienes incluidos en el inventario, que permita diferenciar las altas de inmuebles, de las inversiones o mejoras sobre inmuebles ya inventariados. En el caso de inmuebles construidos, en las fichas de inventario debe poder diferenciarse el valor del suelo del valor de la construcción.

Quinta. Debe procederse a la regularización de los diferentes aspectos contables que se han puesto de manifiesto en el apartado dedicado a la comprobación y análisis de la contabilidad, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad Pública.

Sexta. La diputación deberá establecer los mecanismos necesarios para mejorar las vías de colaboración y comunicación con el Catastro Inmobiliario, de tal forma que los datos que obren en ambos registros sean coincidentes.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario establece en su Artículo 18 los procedimientos de subsanación de discrepancias y rectificación, dirigidos a obtener la modificación de datos catastrales cuando la Administración tenga conocimiento de la falta de concordancia entre la descripción catastral de los bienes inmuebles y la realidad inmobiliaria, y su origen no se deba al incumplimiento de la obligación de declarar o comunicar.

Séptima. La implantación por parte de la diputación de un sistema de contabilidad analítica sería oportuna y necesaria.

Octava. Particularmente, en aplicación de los principios de eficacia, rentabilidad y eficiencia, y para una adecuada administración y conservación, que permitan optimizar la utilización y el rendimiento de su patrimonio inmobiliario, la diputación debería adoptar un plan o programa sobre sus inmuebles de carácter patrimonial.

Novena. Asimismo, la diputación debería regular sus relaciones de carácter patrimonial con otras Administraciones públicas mediante convenios o protocolos que, de una forma general, ordenen estas relaciones y los inmuebles afectados por las mismas. Nada más. Y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. Se abre ahora un turno de intervenciones para los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Delgado Palacios.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señora presidenta. Dar la bienvenida al señor Encabo y agradecer su exposición. Estamos ante otra fiscalización del patrimonio inmobiliario, en este caso de la Diputación de Palencia, y, en fin, yo creo que casi todas las diputaciones en Castilla y León actúan de una manera muy similar, aunque en este caso hay cuestiones bastante claras y específicas, ¿no?

En este caso hay que decir, sobre todo el resumen, que, efectivamente, esa aprobación del actual inventario general se retrotrae al veintiséis de abril de dos mil siete, y que, desde luego, el inventario no figura actualizado, lo cual pues implica toda esta serie de errores que hay que subsanar. Desde luego, está claro que no existe ese control y ese seguimiento detallado del inmovilizado. Y, desde luego, pues que ese sistema de información contable, con los debidos requisitos de automatismo, coherencia y concordancia, tres palabras fundamentales, pues tampoco está totalmente realizado. Desde luego, la información de las cuentas contables relacionadas en el inventario de bienes inmuebles no se ha registrado conforme a los principios y criterios de contabilidad y contenidos.

Desde luego, vamos, aparte de que el pleno de la Diputación de Palencia debe adoptar medidas oportunas de actualización y regularización y efectuar mejor sus valoraciones, etcétera, siempre tenemos que intentar, pues eso, tener criterios de centralidad, rigurosidad, actualización y valoración.

Pero por ir a cuestiones concretas que detallan un poco la singularidad, digamos, de la Diputación de Palencia, lo que sí que nos hace a nosotros bastante... algo chocante, por ejemplo, no se entiende qué criterios tiene una diputación como la de Palencia para tener, por ejemplo, una plaza de toros. Sinceramente, llama muchísimo la atención, en ese sentido, que, desde luego, ya también se deduce de este inventario pues que, lógicamente, el uso de ese... de ese edificio, digamos, pues tampoco es el más adecuado, desde luego, el más, digamos, para uso social. Se entiende muy poco.

Desde luego, también hay que decir que, visto un poco la cuestión de nuestra información sobre la Diputación de Palencia, cómo funciona, hay muchísimos convenios que se hacen, por ejemplo, con el Arzobispado, pues para templos, de unos 100.000 euros, para apertura de templos, que tampoco, digamos, tienen una fiscalización, aunque no sea este el caso, pero, en fin, sobre todo que también, en fin, hay demasiados convenios, frente a una concurrencia competitiva, que sería lo lógico, en fin, de concurso, en muchísimos... sobre todo en temas de servicios sociales.

Y también echamos... una cosa curiosa, que con todo el patrimonio que tiene la Diputación de Palencia, le queremos preguntar qué hace exactamente, por ejemplo, cómo tiene que alquilar edificios para grupos políticos o para oficina de turismo. Yo creo que, desde luego, a veces no es una buena adecuación de esos recursos que tiene para que no sea de esa manera, ¿no? En ese sentido, yo creo que, desde luego, en fin, es una cosa bastante chocante.

Desde luego, hay que reiterar que la Diputación de Palencia no ha aprobado programas de actuación ni planes de optimización sobre los edificios administrativos, que es lo que queremos incidir, ni tampoco medidas o programas de actuación sobre bienes inmuebles patrimoniales -vuelvo a reiterar- con esos principios que deben de seguir, de eficacia, eficiencia, economía y rentabilidad.

Pero, desde luego, como casi todas las cuestiones impropias, competencias impropias, llama la atención también Palencia, en este caso, otra más, aparte de la residencia de San Telmo, que ya de por sí es bastante, digamos, tiene lógicamente un peso importante su administración, sino que en este caso también existe una Escuela de Enfermería que, sinceramente, creemos que más pronto que tarde debería pasar, lógicamente, pues a la Universidad, firmar un convenio de una vez por todas para que la Diputación de Palencia incluso no tenga que ya... cuestiones tan puestas en moda hace muchos años, en fin, incluso a veces con tipos y cuestiones digamos poco justas, por no decir escandalosas, en torno a esta Escuela de Enfermería, que todos recordamos hace muchísimos años. Sinceramente, bueno, pues hay cuestiones que queda mucho mejora, como esos viveros de empresas en Aguilar de Campoo, etcétera, que tampoco se les ve una trazabilidad lógica y que, lógicamente, deberían también pues actualizarse.

Vuelvo a decir que la Diputación de Palencia, como otras muchísimas, a veces se dedican realmente a lo que no se deben dedicar, ¿no?, es la opinión de Ciudadanos, y por eso a veces usted comprenderá que tenemos serias dudas de su normativa y de su funcionamiento y de su adecuación, digamos, actual. Sinceramente, creemos que muchas veces se dedican pues a otro tipo de cuestiones. También pues tienen fincas, como la de Perales, granjas, etcétera, etcétera, y que, sinceramente, tampoco entendemos mucho su cuestión. Aunque, en este caso, vuelvo a decir, incidir, sí queremos su opinión sobre la Escuela de Enfermería, si le parece normal una Diputación de Palencia –yo creo que será el único caso, creo recordar, en toda España- que tiene una instalación tan específica, y sobre todo esa cuestión de San Telmo, con esa residencia de ancianos, que, de una vez por todas, creemos, por lo menos desde Ciudadanos, que deben de desaparecer esas competencias impropias que tanto inciden y preocupan.

Desde luego, no entendemos cómo las diputaciones provinciales, con todos sus medios, con todo su personal, en fin, cualificado, no actualizan estos inventarios, y sinceramente no podemos entenderlo. Pero lógicamente solo puede obedecer pues a una falta de voluntad por parte de los dirigentes, porque creo que medios tenemos todos para hacerlo así, y me imagino que también el propio Consejo de Cuentas de Castilla y León me imagino que también asesorará, si es necesario, a estos organismos, a estas diputaciones provinciales, o si le han pedido alguna vez asesoramiento, ¿eh?, queremos también saberlo, para agilizar todo este tipo de inventarios. Vuelvo a decir que nos parece, lógicamente, pues unas cuestiones no normales, ¿no?, alquileres de 1.000 euros al mes, por ejemplo, para los grupos políticos, cuando hay edificios suficientes, a nuestro modo de ver, pues habla mucho de la no buena gestión de este tipo de organismos públicos como son las diputaciones provinciales.

Nosotros queremos volver a decir que la legalidad está para cumplirse. Y desde luego que desde... vuelvo a decir, desde el pleno de veintiséis de abril de dos mil siete, que ha pasado muchísimo, once años, seguimos en la misma situación, nos parece totalmente increíble, y esperemos que de una vez por todas esto se pueda subsanar. Muchísimas gracias. Nada más.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Delgado Palacios. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Podemos, el señor López Prieto.


EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Gracias, presidenta. Y buenos días a todos y a todas. Bueno, pues agradecer la exposición del presidente del Consejo de Cuentas y también el trabajo realizado por el Consejo de Cuentas sobre este informe del patrimonio inmobiliario de la Diputación de Palencia del año dos mil quince. En esta ocasión debatimos pues un quinto informe sobre el patrimonio inmobiliario de las diputaciones provinciales, y vemos que no hay nada nuevo. El Consejo de Cuentas revela las mismas cuestiones sobre el patrimonio inmobiliario de la Diputación de Palencia que en las anteriores. Principalmente, pues nos informa de que no está actualizado y también pues el incumplimiento de varios aspectos de la legalidad.

A destacar particularmente sobre la fiscalización del patrimonio de Palencia, no consta que se instrumente la autorización y el visto bueno del inventario. Tampoco existe una memoria de las modificaciones introducidas. Y pues no se facilitan la identificación y presentación de determinados datos, como el costo de la adquisición o el valor de venta de determinados inmuebles, y... o también pues no figura por separado el valor de los terrenos correspondientes.

Por lo tanto, si de algo debemos sentirnos satisfechos es la labor de este órgano fiscalizador, porque todas las diputaciones han respondido a estos informes del Consejo de Cuentas, también la de Palencia -nosotros así lo hemos visto a través de la prensa-, pues asumiendo el total de las recomendaciones formuladas por... para la gestión de su patrimonio y del inventario general de bienes. Y nos parece pues oportuno que, después de una década, en este caso también la Diputación de Palencia u otras diputaciones que han sido fiscalizadas, pues cumplan lo que exige la legislación respecto al patrimonio inmobiliario. Esperemos o veremos si, después de diez años, pues se dan las mismas circunstancias o lo han corregido.

No sabemos si la Diputación de Palencia también se ha comprometido a respetar ciertos aspectos de la legalidad, por ejemplo a calificar contratos como administrativos especial, en vez de contrato privado, tal y como establece la ley; o si ese compromiso comprende también mejorar pues la información que tenga que ver con la justificación de los costes, que, según el Consejo de Cuentas, la Diputación de Palencia pierde la fiabilidad en la información sobre los costes de los servicios públicos que gestiona al carecer de una metodología adecuada... una metodología de cálculo adecuada. Por lo tanto, esto genera bastantes dudas sobre la gestión de la Diputación de Palencia de los servicios públicos.

En relación a los gastos sobre los que la Diputación de Palencia no obtiene ningún ingreso, nos gustaría señalar que, correspondiente al cine Amor, de Aguilar de Campoo, que ha sido cedido al ayuntamiento de esta localidad, supone el más importante, representa el 43,3 % del total. Este es un patrimonio que se cede al Ayuntamiento de Aguilar, pero que luego la diputación paga 20.000 euros en gastos de luz, agua, teléfonos y tributos. A este grupo parlamentario pues no le llama la atención que este inmueble no tenga ni número de inventario, ni conste el valor que correspondería en venta a este... a este inmueble cedido al Ayuntamiento de Aguilar, porque, curiosamente, se hizo una inversión de 540.000 euros por este edificio, con una licencia para rehabilitarlo, y antes de rehabilitarlo lo que hizo el ayuntamiento, lo que hizo la Diputación de Palencia, fue demolerlo, y, curiosamente, pues después de esa inversión de 540.000 euros, actualmente el valor del suelo es de... –perdón- de 218.000 euros, nada más y nada menos que con una inversión de 3,3 millones de euros.

Para aquellos que no conozcan este centro, fue inaugurado en el año dos mil diez, y fue inaugurado bajo sospechas de no ajustarse al plan urbanístico, y sobre el que la Diputación de Palencia pues no quiso crear una comisión de investigación. Como digo, sobre este patrimonio, sobre este edificio, se hizo una inversión de 3,3 millones de euros, y sobre el que planeó pues una orden de derribo en base a una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia, una sentencia que fue recurrida por el ayuntamiento y por la diputación y que, finalmente, pues fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Sobre este patrimonio que tiene la Diputación de Palencia sí que habrá que estar atento a cuál es el recorrido final, porque la Audiencia Provincial ha reabierto el caso de este proceso penal sobre el cine Amor. Y ayer pues ya estuvo declarando la alcaldesa de Aguilar, también diputada provincial. Y, bueno, pues veremos el recorrido de este... de este patrimonio inmobiliario de la Diputación de Palencia.

Por lo demás, plantearemos para su cumplimiento pues las nueve recomendaciones del Consejo de Cuentas. Nada más. Gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor López Prieto. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pablos Labajo.


LA SEÑORA PABLOS LABAJO:

Gracias, presidenta. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, poner en valor la iniciativa llevada a cabo por el Consejo de fiscalizar el patrimonio inmobiliario de las diputaciones provinciales. En este caso, como ya es conocido, se refiere a la Diputación de Palencia. Desde luego, informe que nos da idea, primero, del importante patrimonio de la misma, tanto en cantidad como también diríamos en la variedad de bienes y derechos de la diputación, que va desde carreteras, parcelas rústicas y urbanas, diversos edificios, castillos, villas romanas y hasta algo, como también se ha dicho ya aquí, tan atípico como una plaza de toros. Y, sobre todo, lo que nos parece aún más importante, este informe nos analiza la gestión de este patrimonio, en este caso, los trabajos realizados se refieren al ejercicio dos mil quince.

Destacable nos parece resaltar que se han producido limitaciones a la hora de hacer la fiscalización, debido sobre todo a los propios incumplimientos en cuanto a normativa o legalidad que se pretende analizar. Por ejemplo, dificulta esta fiscalización el que la valoración económica no esté actualizada o no sea completa, o que la consignación del valor que correspondería en la venta de los inmuebles no alcance el 50 % de los bienes, o no haya separación entre el valor de los terrenos y el de los edificios, o que la memoria sobre el coste y rendimiento de los servicios carezca de una metodología de cálculo adecuado a los manuales existentes y a los principios y pautas de la contabilidad analítica.

Teniendo en cuenta todas estas limitaciones, como dice el propio informe, destacamos, en cuanto a los diversos aspectos del mismo, que el Inventario General de Bienes y Derechos, formado y aprobado por el pleno de la Diputación de Palencia, es del veintiséis de abril del dos mil siete. Que el inventario no está actualizado. No se han incluido las rectificaciones anuales aprobadas con posterioridad. Que tras las elecciones de dos mil quince se efectuó la comprobación del inventario, pero no se actualizó. Que no se ha elaborado la memoria anual exigida por el ROF, en la que se ha de dar cuenta de las modificaciones. Y en cuanto a los datos que deben de figurar en el inventario, no se incluye el 21,1... 29,1 % de los casos el coste de la adquisición, y en el 47,9 el valor que correspondería a la venta del inmueble.

En cuanto a la contabilidad, no se lleva control del seguimiento detallado, de manera individualizada, de los elementos del activo, se han producido movimientos que no se han reflejado en el inventario, o no figura por separado el valor de los terrenos de los inmuebles construidos, o bien no se ha registrado el deterioro del valor inmovilizado.

Importante en este apartado reparar en la comprobación de expedientes de los negocios jurídicos tramitados por la Diputación de Palencia sobre patrimonio inmobiliario, y en especial -por lo atípico, como ya hemos dicho antes, en cuanto a competencias de las entidades locales- el expediente del contrato administrativo especial para la explotación de la plaza de toros de Palencia. La plaza de toros de Palencia es un bien patrimonial. La contratación se ha realizado mediante un procedimiento abierto, tramitación urgente y con varios criterios de adjudicación. Y de la comprobación se puede ver cómo se incumplen diversos artículos, tanto del Texto Refundido de la Ley de Contratos Públicos como del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ya que el contrato debe calificarse como privado y no como contrato administrativo general. O se puede comprobar como el pliego de prescripciones técnicas regula aspectos propios del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Desde luego, si es importante la verificación de la legalidad respecto al patrimonio, tan o más importante nos parece conocer, a través de este informe de fiscalización, el análisis de la situación, usos y destino del patrimonio. Y así podemos comprobar que la Diputación de Palencia tiene un total de 165 inmuebles, de los cuales 71 son patrimoniales, 93 de servicio público y 1 de uso público. Destacaríamos que de los 71 patrimoniales, 20 están construidos o edificados, y, de estos, 3 son objeto de explotación económica: la plaza de toros, a la que ya nos hemos referido anteriormente, que es, al margen del solar, el inmueble más valorado, y los viveros de empresas de Venta de Baños y Aguilar de Campoo. Y de los no explotados económicamente, nos llama la atención el castillo de Monzón de Campos, ya que está calificado indebidamente como dominio público, cuando en él se presta servicios tan... servicios públicos.

También podemos comprobar como 8 inmuebles están en uso de terceros (importante el número), por la Universidad de Valladolid, o el cine Amor, por el Ayuntamiento de Aguilar, objeto de convenio de cesión y que, como también –no voy a repetir- se ha dicho aquí, está judicializado. Así como que la información catastral del inventario es discrepante con respecto a la obrante en la Dirección General del Catastro. En el informe se hace una descripción detallada de todos los inmuebles y sus usos, que no vamos a repetir aquí, pero, desde luego, que nos parece importantísima a la hora de tener un conocimiento específico de los mismos y, desde luego, fundamental a la hora de la fiscalización de la gestión del patrimonio de la Diputación de Palencia.

La información sobre el coste de los rendimientos de los servicios públicos se limita a un estado de ejecución presupuestaria total, careciendo de una metodología de cálculo de costes. Por lo tanto, no es fiable la información sobre el coste de los servicios públicos. Vamos a hacer referencia a algunos datos, especialmente diríamos llamativos, que se desprenden de la memoria justificativa. El coste de los servicios públicos es de más de 59 millones, mientras que los rendimientos son de 6,5 millones aproximadamente. Queremos destacar el coste del servicio de planes provinciales, que supone un 19,9 % (a lo mejor esto tiene algo que ver con que el Estado y esta Administración dejaron de aportar para los planes provinciales), y el de servicios de acción social, con un 15,6 %.

Hay tres servicios que se están prestando por parte de la Diputación de Palencia y que podríamos considerar... no es que podríamos considerar, es que son competencias impropias, como son el sanitario psiquiátrico, con un coste de más de 2.000.000 de euros y unos rendimientos de unos 500.000; la residencia de ancianos, con un coste de más de 4.000.000 de euros y unos rendimientos de 942.000 euros; y la Escuela de Enfermería, con un coste de 812.000 euros y unos rendimientos de unos escasos 462.000 euros.

Por último, en cuanto a la gestión, también nos parece importante que en los rendimientos destaca la prestación del servicio de tratamiento de residuos, con un 27,1 % del total de la gestión, y la recaudación de ingresos de las entidades locales, con un 20 %. Rendimientos que provienen, ambos, de los ayuntamientos de la provincia; por lo tanto, rendimientos que provienen de los palentinos.

Teniendo en cuenta las conclusiones, recomendaciones -que suscribimos en su totalidad- y la opinión reflejadas en este informe de fiscalización, podríamos decir, siendo generosos, que la situación y gestión del patrimonio inmobiliario de la Diputación de Palencia es manifiestamente mejorable. Es cierto que la diputación ha presentado 17 alegaciones a este informe, que la mayoría no han sido aceptadas, y también parece ser que es cierto que la diputación está dispuesta a aceptar las recomendaciones y corregir esta situación, lo cual nos parece desde luego positivo, aunque también, de alguna manera, se debía comprobar que esto es realmente así y no se queda en buenas intenciones. Nada más. Y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias, señora De Pablos. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Martínez Antolín.


EL SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN:

Muchas gracias, presidenta. Y buenos días, señorías. Bueno, pues en primer lugar, dar la bienvenida una vez más a esta sede parlamentaria al presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, a los consejeros que le acompañan hoy y al equipo también técnico, para hablar, una vez más, de un tema de fiscalización, un informe de fiscalización, en este caso sobre el patrimonio inmobiliario de la Diputación de Palencia en el ejercicio dos mil quince.

Un informe que, sobre todo, pone de manifiesto la situación de transparencia que se lleva a cabo desde estas Cortes de Castilla y León y la situación de transparencia desde el propio Consejo de Cuentas, porque cualquier ciudadano de nuestra Comunidad tiene a su disposición la posibilidad de ver cómo es este informe, lo que refleja, lo que recomienda, las alegaciones que se presentan a los posibles errores; en definitiva, el poder participar y ser conocedor plenamente de lo que en estos momentos también aquí hoy estamos debatiendo.

Dentro de todo lo que hace referencia el informe, pues a mí me gustaría destacar sobre todas las cosas el hecho de que el porcentaje de cumplimiento de las exigencias que establece la ley respecto a lo que tiene que aparecer en el inventario del patrimonio inmobiliario de la Diputación de Palencia es muy alto, como así lo dice el propio informe.

Respecto a lo que hace referencia a la actualización o no del inventario, pues la Diputación Provincial de Palencia cuenta con un Inventario General de Bienes y Derechos, firmado y aprobado por el pleno del veintiséis de abril de dos mil siete, y cumple de esa manera con lo establecido en el Artículo 86 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local. Si bien es cierto que se ha hablado aquí que no está actualizado, al no incluir rectificaciones anuales aprobadas con posterioridad, hay que decir también que las rectificaciones anuales del inventario se han aprobado oportunamente e incorporado al inventario de dos mil seis, por lo que el inventario está actualizado a treinta y uno de diciembre de dos mil quince, aunque no se encuentre consolidado.

No vamos a entrar en el detalle de todos los bienes inmuebles en los que hace referencia este informe, así como a su valoración. Y sí que vamos a decir que, respecto a los errores a los que se hace referencia, en algunos casos son errores que creo presentan una escasa relevancia. En algunos casos, pues hace referencia a calificaciones que se llevan a cabo de algunos inmuebles de manera indebida, como es el caso de algún inmueble que tenía que considerarse como de dominio público, en vez de considerarse en una situación en la que ya no es de dominio público por el servicio que no presta. O hay también situaciones de error porque no se están considerando determinados inmuebles en unos epígrafes determinados o en otros. O que en algún epígrafe no aparece rellenado con ningún tipo de inmueble. Bueno, en definitiva, consideramos que hace referencia también a una gran cantidad de errores que yo creo que no aportan nada importante ni relevante desde el punto de vista de lo que verdaderamente es la parte mollar de lo que tiene que transmitir este inventario de inmuebles de la Diputación de Palencia.

Hay otra situación que hace referencia a la información catastral, y parece ser que sí que no coincide la información catastral de los datos de estos bienes inmuebles que aparecen en el inventario con lo que en realidad viene expuesto en la Dirección General del Catastro. Y, a este respecto, el Consejo de Cuentas establece 188 apuntes de bienes de titularidad provincial que están diferenciados respecto a lo que aparece en catastro. Y, desde este punto de vista, también así se figura luego posteriormente, y teniendo en cuenta las alegaciones que hace la Diputación de Palencia, en muchas ocasiones esas diferencias o la... esa falta de presencia de esos inmuebles no es que no sea tal, sino que lo que ocurre en realidad es que hay una modificación o hay un cambio en el número de referencia y por eso hace que en muchas ocasiones no se puedan identificar.

En cualquier caso, ante las situaciones de errores que aparecen en el inventario, la Diputación de Palencia establece una serie de alegaciones, de las cuales unas sí que se han considerado, aunque otras no.

Hay otro tema interesante respecto a la... a lo que hace referencia a que la diputación no incluye en la memoria de las cuentas anuales la información sobre el coste de las actividades y los indicadores de gestión, pero hay que tener en cuenta también que esto, en estos momentos, por lo menos en este informe, que es del año dos mil quince, no era obligatorio, porque cuando empieza a ser obligatorio es a partir de las cuentas del año dos mil diecisiete.

Es de destacar también el análisis que hace -además lo hace de manera muy pormenorizada el Consejo de Cuentas, y muy detallada, lo que es de agradecer-: el tema de los costes y rendimientos de los servicios públicos. Y desde ese punto de vista... y, desde este punto de vista, pues hay que destacar dos aspectos fundamentales, que son los servicios de los planes provinciales y los servicios que se prestan de acción social.

Desde este punto de vista, pues los planes provinciales representan el 19,5 % de ese coste total, y los de la acción social representan el 15,6 % del total. Por tanto, consideramos que es una prestación muy importante que está haciendo la Diputación de Palencia a los municipios de la provincia. Y hay que tener en cuenta que, si bien en las situaciones de alta crisis y las malas situaciones económicas que estuvimos y que tuvimos en el pasado, pues en el caso de la Diputación de Palencia es de destacar y de poner en valor que los planes provinciales se mantuviesen y que todos los municipios pudiesen disponer de unas disposiciones de financiación para llevar a cabo obras de bastante interés para esos municipios, que es algo además que no ha pasado en todas las diputaciones de la Comunidad. Entonces, quiero manifestar ese esfuerzo de la diputación en todo momento en el mantenimiento de esos planes provinciales.

También hay otros costes importantes en la prestación de servicios, como es el de los sanatorios psiquiátricos, como el de la residencia de ancianos, como el de la Escuela Universitaria de Enfermería. Y, respecto a los rendimientos, pues también había que destacar los que se obtienen como consecuencia de la prestación del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos para municipios menores de 20.000 habitantes, que en este caso representa el 27,1 % del total de esos rendimientos.

Por tanto, desde este punto de vista, y aunque en algunas ocasiones y en algunos grupos ponen de manifiesto la necesidad de que desaparezcan las diputaciones, pues con estos resultados y con estos datos que pone sobre la mesa el Consejo de Cuentas se pone de manifiesto también una importante prestación de servicios, sobre todo en el caso de la Diputación Provincial de Palencia, una importante prestación de servicios para los municipios, y sobre todo, y por ende, a los vecinos de estos municipios.

En cuanto a los gastos generales por los inmuebles de carácter patrimonial, y también se ha hecho referencia aquí al tema del inmueble de la plaza de toros, pues bien, si bien es cierto que en este caso el 40 % de los gastos generales se imputan a la plaza de toros, hay que resaltar, por otro lado, que esos... que esos gastos son totalmente compensados con los ingresos que se obtienen por su explotación. Y para llevar a cabo esta explotación pues hay que hacer mención también a que lo que se lleva a cabo es una adjudicación de la prestación de los servicios y de los espectáculos que se prestan en esta... en esta plaza de toros, se hacen a través de una adjudicación, que se desarrolla respecto a un pliego de prescripciones técnicas y respecto a un pliego de cláusulas administrativas, que lógicamente es aprobado por el pleno de la diputación.

En cualquier caso, la plaza de toros, que se ponía de manifiesto que no tenía mucho sentido, lo que sí que hay que resaltar es que no le cuesta nada a los vecinos de la provincia de Palencia, en tanto en cuanto todo el coste que genera esa plaza de toros está totalmente compensado por los ingresos que se obtienen a través de su arrendamiento. Por lo tanto, ahí no podemos decir que se impute gastos a los ciudadanos de la provincia de Palencia.

¿Otros datos importantes a destacar? Pues yo creo que también hay que considerar que, en los ejercicios fiscalizados, pues la diputación no cuenta con planes de ajuste derivados de medidas excepcionales de pago a proveedores, ni planes de saneamiento por la generación de ahorro neto negativo, ni económico-financieros derivados del incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto o deuda pública, en los que pudieran incluirse o adoptarse medidas de cualquier tipo sobre el patrimonio inmobiliario con el objetivo de reducir gastos o estimular o potenciar los ingresos.

Luego, destacar también que el endeudamiento financiero por operaciones de crédito a largo plazo y específicamente el porcentaje de capital vivo sobre los recursos corrientes liquidados se sitúan por debajo del 75 %, y por tanto en unos niveles moderados que no exigen coyunturalmente la adopción de medidas extraordinarias para su reducción sobre dicho patrimonio.

También es de destacar la situación del remanente de tesorería para gastos generales, que es muy positivo. Y, bueno, pues, en definitiva, yo creo que es de tener en cuenta también las recomendaciones que hace... que hace el Consejo de Cuentas, que la Diputación de Palencia también está en disposición de tenerlas en cuenta. Y, en definitiva, pues consideramos que el informe del Consejo de Cuentas es muy interesante, muy pormenorizado y pone también... y saca a la luz pues una actuación de prestación de servicios importantes que está haciendo la Diputación de Palencia, con unos recursos que ha mantenido allá cuando había momentos en los cuales las condiciones económicas eran muy malas y donde ninguna otra diputación, prácticamente ninguna otra diputación de la Comunidad, llevaba a cabo la prestación de los planes provinciales, y que, por ejemplo, la Diputación de Palencia sí, así como otra serie de servicios que he mencionado que también consideramos que son de interés para los ciudadanos de la provincia de Palencia. Nada más. Y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Martínez Antolín. Para contestar a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.


EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchísimas gracias, presidenta. Solamente una intervención muy breve, porque yo creo que todos coinciden en lo mismo. Es decir, estos informes de fiscalización sobre el patrimonio inmobiliario de las distintas diputaciones provinciales de nuestra Comunidad Autónoma son muy coincidentes, es decir, lo que varían son los bienes inmuebles, los derechos, que evidentemente son distintos de cada una de las diputaciones provinciales, pero, desde el punto de vista de lo que son las conclusiones y las recomendaciones y la opinión, pues son prácticamente coincidentes en las distintas valoraciones que hemos hecho nosotros a lo largo de este último año y medio.

Este es el quinto informe que hemos aprobado en relación a patrimonio inmobiliario. Es de reseñar de que este tipo de informes han tenido una cualidad importante, y es que haya estimulado que todas las diputaciones provinciales hayan puesto en marcha sus actualizaciones sobre sus inventarios generales de bienes y derechos, lo cual yo creo que va a repercutir de una manera pues muy notable en una buena gestión de ese patrimonio inmobiliario.

Después, otra conclusión que a mí me parece importante poner de manifiesto hoy, y es que todas las diputaciones provinciales, y así lo ha hecho... creo que todas hasta la fecha, pero también lo ha hecho Palencia. "La Junta de Gobierno de la institución provincial ha dado el visto bueno esta mañana -dice una noticia de prensa- a aceptar las recomendaciones del Consejo de Cuentas sobre la mejora de la gestión del inventario general de bienes". En definitiva, que hay una conformidad de los destinatarios sobre estos informes, y está sirviendo para que en su momento todos ustedes puedan comprobar como, a raíz de esta iniciativa fiscalizadora, se vaya a mejorar una gestión en todos los bienes inmuebles y de los bienes y derechos de nuestra Comunidad.

Por eso yo les voy a hacer una petición. Es que a veces aquí se producen pues ciertas controversias sobre si se aceptan o no las recomendaciones cuando se dirigen a entidades locales. Yo creo que caerían en una contradicción ustedes si las mismas destinatarios de las recomendaciones las aceptan y esta Comisión no las acepta. Es decir, yo, por eso, les voy a pedir muy encarecidamente que en un situación como la presente, si lo... hace la propuesta de recomendaciones el Consejo de Cuentas, el destinatario, la diputación provincial, lo acepta, que ustedes acepten también las recomendaciones, por ir yo creo que en sintonía todos, porque, en definitiva, aquí no estamos yo creo que más que intentando entre todos conseguir una mejora efectiva de lo que es la gestión económica financiera.

Después, sobre otras cuestiones que se han formulado, y en particular por don José Ignacio Delgado, matizar un par de cosas. Es decir, nuestra opinión son las que se manifiestan en los informes. Yo no tengo opiniones sobre otras cuestiones -usted ya me lo ha hecho en alguna otra ocasión-, yo no voy a expresar ninguna otra opinión. Después, sobre si tenemos funciones de asesoramiento, mire, nosotros emitimos, a través de los informes, los asesoramientos. Esto es un auténtico asesoramiento a la diputación provincial sobre cómo debe de gestionar su patrimonio inmobiliario. Porque la función consultiva del Consejo de Cuentas viene especificada en el Artículo 16 de nuestra ley, que dice exactamente: "El Consejo de Cuentas emitirá dictamen respecto de anteproyectos de disposiciones de carácter general relativos a procedimientos presupuestarios, contabilidad pública, intervención y auditoría, cuando así se solicite por la Junta de Castilla y León, por conducto de las Cortes". Esa es... ese es nuestro cometido.

Yo creo que con lo que he dicho quedan aclaradas las posibles dudas que pudieran haberse formulado por ustedes. Y, sobre todo, significar el valor que han tenido la puesta en marcha de estas fiscalizaciones. Tanto es así que el mismo Tribunal de Cuentas, en estos instantes, está ya formulando unos informes de fiscalización similares a los nuestros en materia de análisis de la situación del patrimonio inmobiliario de las diputaciones provinciales, y se va a hacer con carácter general en toda España. Es decir, nosotros, si me lo permite, nos hemos adelantado a lo que ha sido la iniciativa del Tribunal de Cuentas, y por ese motivo, a la vista de la iniciativa del Tribunal de Cuentas, con el informe de la Diputación Provincial de Zamora que aprobamos en la mañana de ayer en el Consejo de Cuentas, y que en próximas fechas se remitirá a estas Cortes de Castilla y León, damos por concluidos los informes sobre patrimonio inmobiliario, habida cuenta que el Tribunal de Cuentas de España va a realizarlo del resto de las diputaciones provinciales. Nada más. Y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra el señor Delgado Palacios.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señora presidenta. Pues brevemente. Efectivamente, usted no va a entrar... a entrar en controversias de si el patrimonio de una diputación o no son los adecuados o dejan de ser, lo que está claro, yo creo que por casi todos los miembros de esta Comisión, es que esas competencias impropias de alguna vez por todas tienen que acabar o, por lo menos, regularizarse.

Y luego no dejará de ser curioso o extraño que una diputación, como la de Palencia, tenga una plaza de toros, sea rentable o no rentable, porque, desde luego, eso es muy discutible, en el sentido que ese patrimonio y esos ingresos supuestos se pueden dedicar a lo que se tiene que dedicar las diputaciones provinciales, que supuestamente es a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Que yo sepa, entre esas competencias, no está el de dar toros, o espectáculos taurinos, u otro tipo de espectáculos, sinceramente. Pero bueno, allá cada cual con sus curiosidades, digamos, o singularidades.

Y luego, pues, efectivamente, ahí está también el castillo de Monzón, por ejemplo, otra singularidad de Palencia, que, en fin, que ni está ni se le espera, en el sentido de... lógicamente, de tener... porque aparte de tener patrimonio, lógicamente, lo que tienen que hacer los organismos oficiales y públicos... ese patrimonio es de todos, y es optimizar esos recursos y, desde luego, ponerlos al servicio del ciudadano. Pero, lógicamente...

Y simplemente decir y, efectivamente, agradecerle esta fiscalización, y, además, que cuando se hacen las cosas bien y además sirven de ejemplo, como es lo que acaba de decir, pues nos tenemos que enorgullecer todos de que la fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León, pues eso, sirva de modelo para esa fiscalización en todas las provincias de España y en el conjunto del Estado. Pero vamos, yo creo que es una labor buena, que se debe de hacer, pero que, vuelvo a decir, tiene que servir, al fin y al cabo, también para darnos cuenta de a qué se tiene que dedicar, digamos, cada organismo oficial, en este caso las diputaciones. Y resalto y vuelvo a recalcar que es al servicio de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y al servicio de los ciudadanos, que muchas necesidades tienen, desde luego. Gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias, señor Delgado. Tiene la palabra el señor López Prieto.


EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Gracias, presidenta. Bien, pues nosotros simplemente, sobre la calificación de los errores que pueda tener este patrimonio inmobiliario, bien, pues entendemos que sí que pueden ser errores no importantes pues la identificación o la presentación de determinados datos, ¿no? Pero lo que no podemos calificar en ningún momento como un error no importante es la fiabilidad de la información sobre los costes de los servicios públicos que gestiona la Diputación de Palencia, y no entendemos que se pueda decir que desde el dos mil diecisiete no era... no era obligatorio, porque para esto nos ofrece dudas sobre la gestión de este patrimonio por parte de la Diputación de Palencia y que pone de manifiesto, en cierto modo, la baja consideración para la utilización eficiente de unos recursos públicos. Gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias, señor López Prieto. El Grupo Parlamentario Socialista renuncia al turno de réplica. Grupo Parlamentario... Sí, tiene la palabra el señor Martínez Antolín.


EL SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN:

Gracias, presidenta. Bueno, dentro de lo que se ha estado también manifestando aquí, y ahora en otra nueva intervención del portavoz de Ciudadanos, haciendo referencia a la prestación de servicios que son competencias propias o impropias. Eso está claro que es así, pero mientras no se regule la existencia de esas competencias, lo que está claro es que hay que... hay que llevarlas a cabo. Porque, aunque hay cosas que no son de nuestra competencia, sí que son de nuestra incumbencia. Entonces, lo que al final el ciudadano de lo que se queja es que ahí se estaba haciendo un servicio, se estaba prestando un servicio, que estará regulado o no, pero que si no le prestas te le van a demandar. Y desde ese punto de vista, pues no será competencia, pero yo creo que la incumbencia hace que haya que seguir actuando como se está actuando. Y que en la prestación, reitero otra vez, de algunos servicios, como algunos inmuebles, como el de la plaza de toros, fuera aparte de que sea más necesario o menos necesario el hacerlo, lo importante es que no le cueste nada a los ciudadanos, y a los ciudadanos no les cuesta nada porque la explotación de ese inmueble se lleva a cabo por una empresa que genera unos ingresos a través de los cuales se compensan todos los gastos que se establecen en él. Nada más. Y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias, señor Martínez Antolín. Tiene de nuevo la palabra el presidente del Consejo de Cuentas.


EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias, presidenta. Muy breve. He tenido dos olvidos en mi anterior intervención.

Uno, en primer lugar, que siempre informo de que no habido responsabilidad contable, y, en el caso de que lo hubiera habido, pues era el momento de manifestarlo, lo tenía que haber hecho en la anterior intervención.

Y después otra, y en relación a lo que preguntó la portavoz del Grupo Socialista. En estos momentos estamos elaborando el Informe de Seguimiento de Recomendaciones. Entonces, ustedes, como este es un informe aprobado en el mes de diciembre, en breve plazo -es decir, nosotros aprobamos dentro de los seis o siete primeros meses, e incluso a veces he comparecido con él antes del mes de agosto sobre el Informe de Seguimiento de Recomendaciones- ustedes podrán ver cuál es el resultado en relación a estas recomendaciones. Es decir, eso se documentará oportunamente en ese Informe de Seguimiento de Recomendaciones, que, como saben ustedes, es un informe de mandato legal que viene expresamente de conformidad con lo que se determinó en la Ley 4/2013, y que hemos sido pioneros en España con esa clase de informes. Por lo tanto, en breve plazo pues se verá formalizado qué es lo que nos dice la Diputación Provincial de Palencia en relación a las recomendaciones que van incluido en dicho informe.

Y, por último, significar que estos informes están teniendo sobre todo una cualidad complementaria, que yo creo que es también, como se ha comentado aquí, dar a conocer cuál es el patrimonio de las distintas diputaciones provinciales, algo que yo creo que puede ser de interés común para los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma. Nada más. Y muchas gracias.


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la Norma cuarta de Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los grupos parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el dieciséis de marzo a las catorce horas.

Pasamos ahora al segundo punto del orden del día.

Informe


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Segundo punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe de Fiscalización de determinadas Áreas del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán (Palencia), del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Para la presentación de este informe, tiene la palabra de nuevo el excelentísimo señor don Jesús Jaime Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.


EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

El presente informe de fiscalización corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil dieciséis y resultó aprobado por el pleno del Consejo de Cuentas con fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete. La publicación en la página web del texto íntegro del informe y la nota resumen del mismo tuvo lugar el diecinueve de diciembre del pasado año.

Objetivos. Esta fiscalización pretende analizar determinadas áreas del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán mediante la realización de una auditoría de cumplimiento con los siguientes objetivos: analizar las causas que han motivado el incumplimiento de la obligación de rendición de cuentas; obtener y analizar el endeudamiento contraído en su vertiente tanto financiera como comercial; analizar la ejecución presupuestaria del ayuntamiento a través de sus principales magnitudes.

Alcance. El período al que se refieren las actuaciones fiscalizadoras es el año dos mil dieciséis. Sin perjuicio de las comprobaciones relativas a otros ejercicios que se han estimado necesarias, es preciso manifestar que no han existido limitaciones a la realización de los trabajos de fiscalización.

Alegaciones. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, se remitió el informe provisional al responsable del ente fiscalizado para que formulara alegaciones. Transcurrido el plazo señalado, el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán no ha presentado alegaciones.

Es de reseñar que el que fue alcalde en el período dos mil siete-dos mil once presentó una serie de documentos con fecha veintidós de enero del corriente año, finalizado el plazo de alegaciones dado al ayuntamiento, en el que -y cito literalmente- manifiesta: “Solicito tomen en consideración cuantas alegaciones realizo y unan las mismas y la documentación que aporto al expediente que contiene el informe de fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán correspondiente al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil dieciséis, y ello para que se tenga cabal conocimiento de cuál fue mi actuación durante el tiempo en que presidí esa corporación en los hechos fiscalizados”.

Esta petición se conoció en el pleno celebrado el pasado veintidós de febrero. No es preciso ser exhaustivo, pero sí me parece necesario hacer varias consideraciones. Tal como señala el Artículo 25.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, el texto del informe provisional será trasladado a los responsables del ente fiscalizado y a todas las personas “legalmente interesadas”. Es evidente que la persona recurrente no es el responsable del ente fiscalizado, por lo que ha de valorarse si puede considerarse como interesado.

Entendemos que, cuando se califique o someta a juicio crítico la actuación de un tercero que aparezca designado nominativamente en nuestros informes, se le considerará legítimamente interesado a los efectos del Artículo 25.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, y en ese caso se le dará trámite de alegaciones. Otra interpretación daría inviabilidad al trámite de alegaciones, puesto que las personas que participan, con diferentes grados de responsabilidad, en los procedimientos de gestión del gasto público son incontables, diluyéndose además la responsabilidad directa del responsable actual del ente fiscalizado, único representante de este ente y a quien le corresponde la defensa de los intereses del mismo. En consecuencia, al no estar mencionado nominativamente el recurrente, el Consejo de Cuentas acordó inadmitir las alegaciones.

Por otro lado, a raíz del escrito del recurrente, se ha comprobado que se han producido unos errores materiales, que se han subsanado por el Consejo de Cuentas en la sesión plenaria celebrada el veintidós de febrero. No obstante, es de significar que la información errónea no fue advertida ni por el secretario-interventor ni por el alcalde, pues es de recordar que no se presentaron alegaciones, ya que, de haberlas formulado, se podría haber aclarado sin más dificultades.

Las rectificaciones de errores materiales son las siguientes: página quince, en el cuarto párrafo, donde dice: “Verbalmente el alcalde puntualizó que todas las cuentas estaban debidamente aprobadas, lo que, sin embargo, no se corresponde con las comprobaciones llevadas a cabo dentro de los trabajos de fiscalización”, debe decir: “Verbalmente el alcalde puntualizó que todas las cuentas estaban debidamente aprobadas”. Página veintidós, sexto párrafo: donde dice: “Cuentas de 2008/2009/2010”, debe decir: “Cuenta de 2010”. Página sesenta y dos, (conclusión quinta), donde dice: “Además, en contra de lo previsto en el mismo artículo, no se ha realizado la aprobación de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2013 y 2015”, debe decir: “Además, en contra de lo previsto en el mismo artículo, no se ha realizado la aprobación de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2010, 2013 y 2015”.

Conclusiones. Sobre la falta de rendición de la cuenta. Es conveniente precisar que el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán no ha rendido sus cuentas en el período dos mil ocho-dos mil quince. Su última cuenta rendida data del año dos mil siete. El Consejo de Cuentas, al comprobar el reiterado incumplimiento de este ayuntamiento, citó al alcalde y al secretario-interventor en el mes de marzo de dos mil doce, remitiéndole con carácter previo un cuestionario. En la reunión celebrada, se comprobó que el cuestionario adolecía de falta de información, comprometiéndose ambos responsables municipales a cumplimentar detalladamente la situación de cada una de las cuentas. Hay que señalar que se incumplió el compromiso adquirido, así como el de remitir las cuentas pendientes de rendir.

El Consejo de Cuentas ha venido requiriendo al ayuntamiento para que cumpla con sus obligaciones, sin que haya atendido ninguno de ellos. El nombramiento de un... de un miembro de la corporación como tesorero es contrario al Artículo 92 bis de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, que atribuye la función de tesorería a la secretaría-intervención. El ayuntamiento no cuenta con RPT aprobada, ni aprueba anualmente una plantilla de personal. El puesto de secretaría-intervención está ocupado, desde el mes de marzo del año dos mil doce, por concurso, siéndolo también del municipio de Brañosera, por acumulación. La gestión recaudatoria fue delegada en la diputación provincial, según acuerdo de noviembre de dos mil quince.

La diputación provincial presta su apoyo de distintas maneras: facilita el programa informático de contabilidad, ayuda en las tareas de contabilidad y en el manejo de la aplicación informática. También comunica regularmente a las entidades locales sobre las obligaciones de rendición de cuentas al Consejo de Cuentas y de la remisión de información al Estado.

Barruelo de Santullán no ha rendido la Cuenta General de los ejercicios del dos mil ocho al dos mil quince, ambos inclusive, incumpliendo lo establecido en el Artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Estos incumplimientos son imputables al alcalde y al pleno, ya que corresponde al primero proceder a la rendición de los estados y cuentas, la convocatoria de la Comisión Especial de Cuentas y en general impulsar la tramitación de la misma, y al segundo ejercer el control de dicha tramitación y proceder a su aprobación. Asimismo, corresponde al interventor la formación de la cuenta del ayuntamiento.

Se han detectado diversos incumplimientos en materia de contabilidad y fiscalización, incumpliéndose lo previsto en los Artículos 204, 205 y 213 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Los más destacables son los siguientes: no se efectúan a través del sistema de información contable el seguimiento y control del endeudamiento, el control del inmovilizado o los gastos con financiación afectada. Se acumulan de forma sistemática las fases de ejecución presupuestaria, incumpliendo el Artículo 184 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. No se realiza la previa certificación de existencia de crédito. No se realiza la intervención crítica o previa de los actos o expedientes susceptibles de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimientos de valores, incumpliendo el Artículo 214.2 a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. No existe conformidad o visto bueno en las facturas y documentos justificativos del gasto, de forma que se acredite documentalmente la conformidad con la prestación de servicio o suministro del bien.

La tramitación presupuestaria de los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis incumple la normativa de Haciendas Locales, provocando un desfase temporal y una gran desviación en gastos e ingresos. Se constata que desde el año dos mil trece, partiendo de un presupuesto de 3.000.000 de euros, la ejecución no llega en ningún ejercicio al 45 %.

En el año dos mil dieciséis no se ha elaborado ni aprobado presupuesto, comprobándose que la prórroga presupuestaria incumple lo establecido en la normativa, al no realizar los ajustes a la baja de los créditos por los programas que deben finalizar en el ejercicio.

La liquidación del Presupuesto del ejercicio dos mil dieciséis, aprobada por Decreto de Alcaldía de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, no se ha remitido al Estado ni a la Comunidad Autónoma, tal como previene el Artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Sobre el endeudamiento. A treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el endeudamiento financiero del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán ascendía a 1.029.710 euros, de los que 828.981 euros, es decir, el 80,5 %, corresponde al crédito concertado en el ejercicio dos mil doce para el pago a proveedores. Mediante esta operación se produjo una sustitución del endeudamiento comercial a corto plazo por un endeudamiento financiero a largo plazo, comportando un saneamiento del remanente de tesorería para gastos generales. Sin embargo, en los años posteriores ha tomado valores negativos crecientes. En estos momentos, el importe de las amortizaciones del crédito contraído se satisface descontándolo de la participación en los tributos del Estado. En los últimos ejercicios no se ha concertado ninguna operación de crédito a largo plazo, si bien no es menos cierto que sistemáticamente se firman operaciones a corto plazo por necesidades de tesorería o falta de liquidez.

Se producen numerosos incumplimientos. Entre otros, cabe destacar: se incumple la contabilidad del endeudamiento financiero; no se emite informe sobre el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera; se incumplen las obligaciones anuales y trimestrales de suministro de información relacionadas con la deuda; en la concertación de las sucesivas operaciones de tesorería, no se están cumpliendo los requisitos establecidos en cuanto a límites, adopción por el órgano competente e informe de la Intervención municipal; no se han... no se están adoptando las medidas contenidas en el plan de ajuste aprobado por el pleno en el año dos mil doce, ni se está realizando el seguimiento y control del mismo.

Según los cálculos realizados por el Consejo de Cuentas, a treinta y uno de diciembre de dos mil quince el porcentaje de capital vivo sobre los recursos corrientes liquidados estaría en el 90 %, mientras que a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis estaría alrededor del 82 %, por lo que el pleno debió aprobar un plan de reducción de deuda a cinco años. Además, la concertación de operaciones de crédito a largo plazo precisaría la previa autorización del órgano de tutela financiera de la Junta de Castilla y León.

Al ser el remanente de tesorería para gastos generales negativo, el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán no puede realizar inversiones nuevas financiadas con endeudamiento, ya que se encuentra en el período de amortización del préstamo para el pago a proveedores concertado en dos mil doce.

El endeudamiento comercial, a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, asciende a 417.774 euros.

Hay numerosos incumplimientos de la normativa sobre morosidad, pudiéndose citar los siguientes: no se emiten los informes trimestrales sobre el cumplimiento del plazo de pago a proveedores y, cuando lo hace (último trimestre de dos mil dieciséis), sus datos son incoherentes con la información existente en el ayuntamiento; tampoco se remiten los informes trimestrales al órgano de tutela financiera de la Junta de Castilla y León, sin que se haya procedido a su requerimiento; no dispone de un plan de tesorería actualizado con medidas para garantizar el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores, incumpliendo la normativa sobre el particular; no se publican los períodos medios de pago, tal como previene la normativa.

La deuda total con las Administraciones públicas asciende a 1.089.255 euros, de los que 926.429 corresponden al Estado y 162.825 a la Junta de Castilla y León. Esta deuda trae causa del mecanismo de pago a proveedores y, además, del reintegro de tres subvenciones, una concedida por el Estado, cuyo importe asciende a 97.448 euros, que ha derivado en un coste financiero de 29.657 euros en concepto de intereses, y dos subvenciones a la Junta de Castilla y León que suman 162.825 euros, de los que 32.366 corresponden a intereses.

Sobre la ejecución presupuestaria. No se emite el informe independiente sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera, incumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Como consecuencia, no puede verificarse el cumplimiento del objetivo en la aprobación y liquidación del presupuesto del ejercicio dos mil dieciséis.

En dos mil dieciséis, el desfase entre los créditos y previsiones iniciales y lo realmente gastado e ingresado se concreta en unos porcentajes de ejecución del 40 %. El resultado presupuestario es negativo en 41.566 euros. El remanente de tesorería para gastos generales, a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, es negativo en 309.882 euros. Hay que tener presente que es negativo en los últimos ejercicios de forma creciente, sin que conste que se adopten las medidas adecuadas para su saneamiento.

El ingreso más importante en dos mil dieciséis para el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, con el 42,2 %, transferencias corrientes, se refiere a la participación en los tributos del Estado. Con cargo a las entregas a cuenta de dos mil dieciséis, que ascendieron a 214.587 euros, el Estado retuvo 103.409 euros, cuyo desglose es el siguiente: 73.043 euros se refieren al reintegro de una subvención para el plan de reindustrialización, 34.250 euros son las cantidades adeudadas al fondo de pago a proveedores y 3.884 son las adeudadas por la liquidación definitiva de la participación en los impuestos del Estado en el período dos mil nueve a dos mil trece.

La información del estado del remanente de tesorería es coherente con el resto de estados presupuestarios y financieros. Destacan las cifras pendientes de deudas del ejercicio dos mil diez, correspondiente a transferencias de capital de la diputación y de la Administración del Estado, por importes, respectivamente, de 152.991 euros y 136.870 para planes provinciales y en concepto del fondo estatal de inversión local.

No se realiza el ajuste del remanente de tesorería en los excesos de financiación afectada, ya que no se efectúa un seguimiento y control de esos gastos, en contra de lo previsto en la normativa contable.

La cuenta 413, de acreedores pendientes de aplicar a presupuesto, presenta un saldo, a treinta y uno de diciembre de dos mil quince, de 53.958 euros, que, según manifiestan, corresponde a gastos realizado sin consignación presupuestaria.

Opinión. El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán no rinde la cuenta general desde el ejercicio dos mil ocho. El incumplimiento de la obligación de rendición debe relacionarse con la falta de ejercicio de sus competencias por el alcalde y por el pleno. Al analizar las causas de la falta de rendición, se han comprobado otros incumplimientos y falta de ejercicio de las funciones públicas necesarias de intervención por parte del secretario-interventor, comprensivas de la contabilidad y el control y fiscalización interna. (Conclusiones 5 y 6).

En la tramitación presupuestaria se incumple la normativa legal y reglamentariamente establecida. Ante una situación reiterada e histórica de prórroga del presupuesto, los órganos necesarios tampoco han ejercido debidamente sus competencias y atribuciones, ni en la ejecución presupuestaria puede garantizarse el debido control de los expedientes y gastos. (Conclusiones 7 y 8).

El endeudamiento financiero del ayuntamiento, a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, ascendió a 1.029.169 euros, de los que 828.981 euros corresponden al crédito concertado en el ejercicio dos mil doce para el pago a proveedores. Este crédito requirió la aprobación de un plan de ajuste por el pleno, sin que exista constancia de que estén adoptando las medidas contenidas en el mismo ni de que se esté efectuando su seguimiento y control. Con carácter general, el endeudamiento financiero no se contabiliza correctamente. (Conclusiones 9, 11 y 12).

El endeudamiento de carácter comercial o con proveedores de bienes y servicios del ayuntamiento asciende, a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, a 417.774 euros. Adicionalmente, existe una deuda con la Administración del Estado, por importe de 97.448 euros, por el reintegro, dada su falta de justificación, de una subvención para un plan de reindustrialización, que, junto con la deuda con el fondo de pago a proveedores, está siendo mensualmente retenida con cargo a las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado. La deuda con la Junta de Castilla y León asciende a 162.825 euros por el reintegro de dos subvenciones relacionadas con los fondos MINER. (Conclusiones 15, 17 y 18).

Recomendaciones. Primera. El alcalde deberá presentar al pleno, anualmente y en plazo, el presupuesto general, en el que se incluya una previsión precisa y ajustada de los gastos e ingresos. Segunda. El alcalde debe impulsar, en el ejercicio de sus competencias, el seguimiento y control de la actividad del ayuntamiento que posibiliten la rendición efectiva de la cuenta general en plazo. Tercera. El pleno deberá ejercer su función de control sobre la acción de gobierno, especialmente en el área presupuestaria y de rendición de cuentas. Cuarta. El alcalde, como jefe de personal del ayuntamiento, debe realizar un seguimiento del cumplimiento de las obligaciones legales por parte de los funcionarios de habilitación nacional, en especial las referidas al control de la gestión económica-financiera y presupuestaria y a la contabilidad pública, así como del cumplimiento de las obligaciones de suministro de información al Estado y a otros organismos públicos. Quinta. Para el cumplimiento de las obligaciones legales, el alcalde deberá solicitar de forma expresa el asesoramiento jurídico y económico prestado por el servicio de asistencia a municipios de la Diputación Provincial de Palencia. Y sexta. El pleno de la corporación debe proceder al nombramiento de un tesorero, de acuerdo con las posibilidades establecidas en la normativa vigente. Nada más. Y muchas gracias.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Muchas gracias, señor presidente. Se abre ahora un turno de intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Delgado Palacios.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señor presidente. La verdad que esta situación de este municipio casi casi parece no digo de ciencia ficción, pero vamos, lamentablemente es una realidad. Me estaba acordando yo de aquel famoso pueblo de Peleas de Abajo, en Zamora, que llegó a 4,5 millones de euros de deuda, de lo cual esperemos que en Castilla y León seamos noticia por otras cosas y no por este tipo de cuestiones.

Evidentemente, hay que lamentar esta situación administrativa de este ayuntamiento. Un ayuntamiento, por desgracia, en una cuenca minera, Barruelo de Santullán, que, para que se hagan una idea, en el dos mil uno todavía tenía 1.750 habitantes, en el dos mil diez, 1.500, y ahora... y ahora pues solo tiene 1.203. Es decir, en una situación, por desgracia, muy parecida a casi muchos pueblos de Castilla y León.

Un pueblo, además, me imagino, como casi todos, complejo, también con 10 pedanías, etcétera, pero que desde luego no justifica en modo alguno este tipo de situaciones. Sí que nos hace pensar que, aparte de la... del mar proceder por parte del alcalde, el pleno y del propio ayuntamiento, nos tenemos que hacer pensar que las Administraciones, que en teoría tenemos que tutelar, aparte de... dice, en el quinto punto, dice "el alcalde debería solicitar de forma expresa el asesoramiento jurídico y económico prestado por el servicio de la Diputación de Palencia...". Pero yo creo que ya hay bastantes casos que están demostrando que hay que intervenir de alguna manera, hay que ser ágiles por parte de las Administraciones, pues para evitar este tipo de cuestiones. Cuestiones que pueden ser sobrevenidas, pues, efectivamente, porque sabemos que en el mundo municipal las... en fin, la parte de funcionarios y personal es la que es, y los medios son los que son, pero no pueden justificar en modo alguno este tipo de situaciones. Y sobre todo porque al final los que lo padecen son los propios vecinos y ciudadanos, ¿no? Desde luego, esto son cuestiones totalmente inaceptables.

Hay que... por hacer un repaso, pues ya sabemos que, efectivamente, no aprueban las cuentas de dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez y del trece hasta el quince. Que se incumplen reiteradamente todo este tipo de compromisos. Y desde luego, sinceramente, vuelvo a decir, tenemos que ser ágiles, en el sentido de que las Administraciones podemos, debemos de intervenir de alguna manera para evitar este tipo de situaciones. Porque, desde luego, aparte de que así no se puede funcionar y que solamente los tributos del Estado, sí, ya sabemos que la cuestión es como es, pero me parece que los que vivimos en los pueblos pequeños sabemos de lo que estamos hablando, ¿eh? Aparte de los... en fin, de las expresiones que pueden hacer o no hacer, de acuerdo o no acuerdo, de lo que se trata es que esto sirva realmente para que no vuelva a suceder en ningún otro ayuntamiento.

Que, sinceramente, creo que, en esta cuestión, en el Parlamento de Castilla y León es lo que nos tiene que preocupar. Los hechos son tan clarividentes que están... que son evidentes, y aquí están. Pero fíjese que incluso en las conclusiones tampoco vemos el final de la situación, es decir, se sigue pidiendo al alcalde y al pleno que sean ágiles y que cumplan con la legalidad, pero, lógicamente, ante los incumplimientos reiterados, vuelvo a decir, tenemos que adecuar mecanismos de intervención y de actuación rápidos, pues para no evitar este tipo de situaciones, o aquella famosa de Zamora, de Peleas de Abajo, que también salimos en todos los medios de comunicación.

Y, la verdad, yo creo que esa es la cuestión, sinceramente, aparte de una situación tan lamentable y tan evidente. Y esa es la situación que no se puede ni se debe consentir, que ayuntamientos, además de un cierto tamaño como es este, puedan funcionar de esta manera. Pero fíjese, ya no le digo por la parte del pleno, del alcalde y los concejales, sino sobre todo también de la intervención y del secretario, lo cual todavía me parece, y creo que nos debe parecer más alarmante y más peligroso. Porque, evidentemente, el mundo rural sabemos cómo es, hay mucha gente que no quiere tampoco asumir responsabilidades, etcétera, etcétera. Incluso hay pueblos grandes, Vilviestre del Pinar, en Burgos, tiene 800 habitantes casi, y ahora mismo funciona con una gestora, porque nadie se presenta ya a las elecciones, lo cual también incide y denota que tenemos que hacernos ver un poco, en fin, el futuro de las Administraciones locales, y dar un poco más de mecanismos de intervención y de actuación rápidas y acercadas a la realidad. Pero, en este caso, la labor del secretario interventor nos parece totalmente fuera de... no tiene ninguna justificación.

Y, vuelvo a decir, desde luego, o la propia Junta de Castilla y León o el Estado, con los mecanismos de intervención, deberían de actuar lo más rápidamente posible para que esto no se pueda trasladar más en el tiempo. Yo creo que está muy claro la situación. Lamentar este tipo de situaciones. Pero, vuelvo a decir, nuestra labor es evitar que estos ejemplos proliferen y se vuelvan a repetir por todo Castilla y León. Muchas gracias.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Delgado Palacios. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, el señor López Prieto.


EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Gracias, vicepresidente. Bien, pues a nosotros nos ha quedado bastante claras las causas para esta falta de rendición de cuentas en el Ayuntamiento de Barruelo y el alcance y la dimensión que está suponiendo este incumplimiento para los vecinos y para las vecinas de Barruelo. Como también nos queda clara las consecuencias del endeudamiento y de la sostenibilidad financiera de este consistorio palentino.

Un consistorio que no ha rendido cuentas en los últimos ocho ejercicios, desde dos mil ocho al dos mil quince, a pesar de los recordatorios que hace el Consejo de Cuentas. Sí que vemos la responsabilidad de estos incumplimientos, como dice el Consejo de Cuentas, que recae en la actuación del alcalde, como impulsor de la tramitación en el pleno, al que le corresponde su aprobación, y también del secretario interventor como encargado de la formación de la cuenta de esta entidad local.

En este sentido, la Alcaldía de Barruelo de Santullán, en esos ocho años que no se ha rendido cuenta general, ha estado presidida por la Agrupación Independiente y por el Partido Popular. Actualmente, la Alcaldía la ostenta el Partido Popular. Una corporación local denominada como "de concentración", en la que participa el Partido Popular, el Partido Socialista y la Asociación Independiente, tras las últimas elecciones del año dos mil quince. Y, en este sentido, este Gobierno no ha presentado ninguna alegación a este informe.

A nosotros también nos han llegado las alegaciones a las que se ha referido el presidente del Consejo de Cuentas, del que fuera responsable de la Alcaldía de Barruelo entre el año dos mil siete y dos mil once, sobre las actuaciones de ese incumplimiento a las que se refiere el informe. Básicamente, hace referencia a la persona encargada de la tarea de rendir... de rendir la cuenta. Esta responsabilidad la atribuye al secretario interventor, añadiendo además que este incumplimiento generaría alguna responsabilidad administrativa. Yo no sé si esto lo ha valorado el Consejo de Cuentas, creo entender que en opinión... la opinión que se recoge en el informe es que sí, que también hay algún tipo de responsabilidad administrativa.

Lo que nos tenemos que preguntar es ¿ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar con esta pésima gestión? Porque entendemos que recomendar al alcalde que ejerza sus competencias, pues bueno, o que el pleno realice sus funciones de control, pues bien. Pero tampoco entendemos que haya que promover sanciones económicas, como se han promovido... se han promovido aquí, para que al final los vecinos y las vecinas sean los que sufran pues la privación de servicios y equipamientos. Tampoco entendemos que baste con recomendar al alcalde que realice un seguimiento del cumplimiento de las obligaciones legales del secretario interventor, porque lleva sin hacerlo pues desde hace ocho años, si no son más, si no son más, ¿no? Porque si el alcalde no lo hace, o sí lo hace pero no suficiente, pues al final quien lo van a pagar pues son los vecinos y las vecinas de Barruelo de Santullán.

Evidentemente, también en el incumplimiento de las funciones de contabilidad, pues bueno, no existe conformidad en las facturas; el Consejo de Cuentas no ha podido acceder a expedientes, contratos o justificantes; tampoco se justifica la elección del procedimiento y el modo en que se lleva a cabo en la contratación, dice que... el informe que, en el caso... ni en la contratación ni en el caso de los contratos menores se garantiza la aprobación del gasto; yo no sé si incluso insinúa el informe que se hacen contratos de forma verbal. Yo no sé si aquí hay también una responsabilidad contable. Estamos hablando de una responsabilidad administrativa, pero entiendo que también pueda haber una responsabilidad contable con esto que dice... que dice el informe. Porque más de 1.000.000 de euros para un municipio con una población de 1.200 habitantes, pues, evidentemente, es... a mí me parece una deuda pues considerable, un ayuntamiento que se enfrenta, como dice el informe, con déficits puntuales de liquidez.

Es decir, hay incumplimientos del Plan General de Contabilidad. No se tiene ni siquiera constancia de que se esté ejecutando el plan de ajuste aprobado en base a ese crédito para pagar a los proveedores. Estamos hablando de que se están gestionando 830.000 euros sin ningún tipo de control, y así lo manifiesta el informe. Cuando habla de las obligaciones de remisión de información relativas al endeudamiento y el cumplimiento del objetivo de la deuda dice: "Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda, no consta". "Informe de la intervención de evaluación y cumplimiento de estabilidad del límite de deuda, no consta". "Estado de previsión de movimiento y situación del deudo... de la deuda del presupuesto, no consta". "Situación a treinta y uno de diciembre del ejercicio anterior de la deuda viva, incluidos los cuadros de amortización, no consta". "Estado de la cuenta general, no consta". Por lo tanto, si lo... no sé, yo entiendo aquí hay algún tipo de responsabilidad contable.

Respecto a los presupuestos, pues bueno, también una cuestión de una pésima gestión durante los últimos cinco años. El ayuntamiento solo ha aprobado tres presupuestos (en el año dos mil doce, dos mil catorce y dos mil quince), lo que pone en entredicho la validez, como dice el informe del Consejo de Cuentas, de los dos últimos, porque no se ha efectuado su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, lo que conlleva pues una aplicación sistemática de la prórroga presupuestaria en el año dos mil trece y en el año dos mil dieciséis; un año dos mil dieciséis en el que no se ha elaborado ningún presupuesto, la prórroga presupuestaria no cumple lo establecido en la ley, la liquidación se aprueba por decreto de la Alcaldía, sin que se haya remitido copia a este Consejo de Cuentas, ni tampoco al Estado ni a la Comunidad Autónoma.

En definitiva, pues no podemos más que decir que es un demoledor informe de la gestión del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, dirigido por el Partido Popular desde el año mil novecientos noventa, excepto en el año dos mil siete al dos mil once, por parte de la formación independiente. Una pésima gestión que van a sufrir los vecinos y vecinas de Barruelo de Santullán. Y esperamos pues que este informe sirva para algo. Muchas gracias.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor López Prieto. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Guerrero Arroyo.


EL SEÑOR GUERRERO ARROYO:

Bien. Muchas gracias, buenos días. Bueno, en primer lugar, saludamos al presidente del Consejo de Cuentas, al señor Encabo, de la misma manera que lo hacemos al resto de los consejeros y colaboradores de esa institución, y agradecemos su trabajo y la labor concienzuda y rigurosa que llevan a cabo, como demuestra este informe de fiscalización referido al Ayuntamiento palentino de Barruelo de Santullán.

Según nuestra interpretación, hay que decir que el Consejo, en sus conclusiones, recomendaciones y opinión final, ha elaborado un informe que, sin duda, es uno de los más duros realizados sobre la gestión de un ayuntamiento. Se ha señalado los objetivos de esta fiscalización, centrados en el incumplimiento de la obligación de rendición de las... de cuentas y las causas que lo han motivado, en el endeudamiento contraído y en la ejecución presupuestaria.

En el primero de dichos objetivos, la obligación de rendición de cuentas, el informe afirma que el Ayuntamiento de Barruelo no ha rendido la cuenta general desde el año dos mil ocho, dato señalado en base a la información facilitada por el propio Ayuntamiento de Barruelo después de peticiones y requerimientos directos al responsable del municipio por parte del Consejo. Posteriormente, un exalcalde, de un grupo independiente, Arturo Ruiz, ha facilitado por su cuenta determinada documentación, ya que el ayuntamiento no lo había hecho -no sabemos si por desidia o por consciente ocultación-, que afecta al período de su gestión y que, con las correcciones pertinentes del Consejo, permite constatar que la falta de rendición de cuentas se ha dado fundamentalmente en los períodos de gestión y responsabilidad de los regidores del Partido Popular, Alejandro Lamalfa y Javier Calderón. Por lo tanto, queda acreditado que desde el ejercicio dos mil diez este ayuntamiento, regido por esos dos alcaldes del mismo signo político, no ha rendido cuentas, a pesar de estar obligados por ley.

Ya no valoramos la falta de colaboración a la hora de facilitar la documentación necesaria, a pesar de que ello perjudicara a terceros, ¿eh?, como que ha quedado constatado el grave incumplimiento reiterado de la obligación que como alcaldes han tenido, y que no puede disolverse en el conjunto del pleno de la corporación, puesto que la desidia de esos alcaldes ha estado acompañada muchas veces por mayoría absoluta en sus mandatos.

El informe añade a este grave incumplimiento legal de la no rendición de cuentas el incumplimiento de la normativa legal y reglamentariamente establecida en la tramitación presupuestaria, abusando de la prórroga de presupuestos de manera reiterada e indicando no menos de 11 incumplimientos, muy precisados en el informe, en el ejercicio y funciones de la contabilidad y fiscalización, que yo aquí no voy a reiterar. Además, el ayuntamiento no cuenta con una relación de puestos de trabajo aprobado, ni aprueba anualmente la plantilla de personal, como se cita. Y el broche de todos estos incumplimientos e irregularidades es el nombramiento de un miembro de la corporación como tesorero, lo que es contrario a la Ley de Bases de Régimen Local, como es, claro y manifiesto, una absoluta constatación.

En segundo lugar, el Consejo de Cuentas analiza el endeudamiento y la sostenibilidad financiera. Más allá de la cantidad concreta, que suma poco más de 1.000.000 de euros, que el propio Consejo considera que no es tan difícil de reflotar ni tan asfixiante, lo que sí se constata es una mala gestión y hábitos que incurren en muchas irregularidades, como recurrir sistemáticamente a las operaciones de tesorería cuando hay necesidades de liquidez, llegando a contabilizar más de una veintena de incumplimientos de la legislación, tanto en lo que se refiere al endeudamiento financiero como al comercial, por parte de este informe del Consejo de Cuentas.

Destacan las deudas contraídas con el Estado, por una subvención del plan de reindustrialización, de en torno a 100.000 euros, no justificada en tiempo y forma, y las dos con la Junta de Castilla y León, por otras subvenciones de Fondos MINER, también, que suman un total de unos 160.000 euros, y que han debido devolverse con un coste añadido de intereses, 30.000 en el primer caso, y 32.000 en el segundo, lo que suma mala gestión a un claro... suma a la mala gestión un claro perjuicio, muy evidente, a los intereses de todas y todos los barruelanos, que ven como, en vez de aprovechar los recursos que se van transfiriendo, vía subvención, por parte de otras Administraciones, tienen que devolver estas cantidades, sumando además recursos propios del ayuntamiento, y que encima se está cobrando a través de la retención de la partida de transferencias del ingreso del Estado, que es la más importante que tienen los ingresos de este ayuntamiento. Por tanto, abunda la mala gestión y la pérdida de recursos propios.

Y el tercer y último de los apartados analizados es el referido a la ejecución presupuestaria. Se siguen constatando incumplimientos, como la no emisión de los informes vinculados a la Ley de Estabilidad, que debo recordar que mi grupo no comparte, pero no deja de ser una ley que hay que cumplir y que, aunque esperemos que se cambie en poco tiempo, sin embargo, pues hay que dar, como digo, cumplida norma de la misma, ¿no?

Más grave nos parecen los bajísimos niveles de ejecución presupuestaria, que se sitúan en torno al 40 %, con reiterados ejercicios bajo remanentes de tesorería negativos. A esta situación contribuye la retención, como he señalado antes, por parte del Estado, de la parte correspondiente a la deuda que tiene este ayuntamiento y la devolución con la... de las dos subvenciones de la Junta, como hemos citado.

Bien. ¿Y quiénes son... o quién o quiénes son los responsables de esta situación? Nosotros no vamos a apuntar a trabajadores o técnicos de municipio... del municipio. La legislación, el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, deja muy claramente que el secretario interventor tiene mucha responsabilidad, y es obvio que ahí, en este asunto, este municipio tiene un problema muy grave, pero será el ayuntamiento, el Consejo de Cuentas o el fiscal, si al final termina derivando y recabando este asunto en esos ámbitos, quienes tengan que actuar al respecto. Nosotros tenemos que hacer recaer las responsabilidades y reproches políticos pertinentes hacia los responsables políticos, y en este caso los hay y tienen nombres y apellidos.

Durante los últimos 28 años este ayuntamiento ha estado gobernado, en 24 años, por dos alcaldes del Partido Popular, fundamentalmente uno, don Alejandro Lamalfa, que fue alcalde durante más de 20 años y senador del Partido Popular, y su teniente de alcalde y sucesor, el actual regidor, Javier Calderón. Ellos son los que han dejado este ayuntamiento patas arriba por desidia y mala praxis, que ni siquiera han trasladado alegación alguna al informe del Consejo de Cuentas, que lógicamente les hizo llegar en tiempo y forma, antes de publicarlo oficialmente, el mismo. Lo que, recordando la vieja sentencia popular que dice "el que calla otorga", pues lo deja todo muy claro.

Hay que indicar que, con estos alcaldes, y con el otro de distinto signo político, Grupo Independiente, que gobernó el ayuntamiento y que hemos citado anteriormente, el secretario interventor es el mismo, lo que viene a demostrar que este mismo técnico ha actuado de manera distinta con unos alcaldes y con otros, ¿no? Por lo tanto, estos hechos quedan claramente señalados. Se ha indicado que este técnico también lo es de otro ayuntamiento -de distinto signo político- que no tiene estos niveles de incumplimiento que aparecen aquí constatados.

Y si seguimos buscando responsables de esta situación, tenemos que apuntar también y subsidiariamente, puesto que es un órgano de tutela financiera, a la Diputación de Palencia, que se ha limitado a asesorar vía telefónica, lo que claramente ha sido insuficiente. Y, en última instancia, a la propia Junta de Castilla y León, la Consejería de Hacienda, también órgano de tutela financiera, por lo mismo.

Y una cosa es la autonomía municipal, en la que nosotros... de la que nosotros somos firmemente defensores y creemos en ella, y otra tolerar reiteradamente el incumplimiento de la ley, puesto que el Partido Popular, cuando quiere, eso de la autonomía municipal se lo salta a la torera, y ahí está la reforma local o "ley Montoro". Pues bien, ¿cómo es posible que Administraciones del mismo signo político, ayuntamiento, diputación, consejería, no sean capaces de hacer cumplir la legislación en tiempo y forma? Para nosotros esta es la pregunta que subyace, ¿eh?, en todo este informe, con toda la prolijidad, todo lo complejo y todo lo duro que es hacia este ayuntamiento.

Terminamos reiterando el agradecimiento al Consejo de Cuentas, el trabajo realizado, y esperando las reflexiones siguientes del propio presidente del Consejo. Muchas gracias. Y nada más.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Guerrero Arroyo. Para concluir este primer turno de intervenciones, y por un tiempo máximo también de diez minutos, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Cortés Calvo.


LA SEÑORA CORTÉS CALVO:

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. En fin, bueno, no sé muy bien por dónde empezar, porque tenía previsto ser un poco... pasar por encima por según qué asuntos, pero, al albur de algunas intervenciones de los distintos portavoces, pues voy a tener que cambiar mi intervención. Vaya por delante que comparto con todos... con todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra que en esta localidad lo que se produce es una situación histórica de incumplimientos. No voy a enumerarlos, pero bueno, prórrogas de presupuesto, no hay conformidad en las facturas ni documentos justificativos del gasto, no cuentan con una relación de puestos de trabajo, aumenta el endeudamiento financiero, el comercial, en fin, todo lo que el informe del Consejo de Cuentas ha puesto negro sobre blanco, al cual también agradezco el trabajo desarrollado, como no puede ser de otra manera.

Pero lo que no puedo pasar por alto son afirmaciones como las que se han hecho en esta mañana, en relación a personas con nombres y apellidos. Yo creo que no es necesario, ni creo que en la práctica parlamentaria sea algo de lo que tengamos que hacer uso. Me parece... me parece innecesario y quiero dejarlo... quiero dejarlo claro.

Si bien es cierto que la responsabilidad última es del alcalde y del pleno en los distintos ayuntamientos, no es menos cierto que también se recoge en este informe que fue el propio alcalde el que traslada la petición de que aparezca expresamente su nombre como aportador de una serie de alegaciones. Luego la intención yo creo que se ve. Lo que sí que es cierto, y me llama muchísimo la atención, es que, viniendo yo creo que casi todos los que estamos hoy en esta Comisión del mundo municipal, pues se pase por alto la importancia de la relación entre el secretario interventor y el alcalde o alcaldesa de la localidad en cuestión.

Lo que sí que es cierto es que el secretario es la persona que es la misma a lo largo de todos estos años, independientemente de que, como les he dicho, que hay que cumplir, como bien ha dicho usted, con la norma –me estoy refiriendo al portavoz del Grupo Socialista-, pero también es cierto, y todos los que hemos estado en el mundo municipal conocemos de la imposibilidad, de la dificultad que supone cuando el secretario interventor está, digamos, enfrente del alcalde o alcaldesa. Yo creo que este es uno de los casos en los que esta situación se produce. Sin quitar responsabilidad a quien la tenga, que es el responsable máximo de la corporación, que es el alcalde en este caso de esta localidad.

Pero tampoco es menos cierto que recientemente también, en la misma provincia, hemos visto cómo una corporación en pleno, PSOE y Partido Popular unidos, dimiten por la imposibilidad de gobernar por la dejación de funciones del secretario del ayuntamiento. Yo no digo que... ni le quito culpa al señor alcalde en este caso, pero sí que es cierto –y me van a permitir la expresión que voy a utilizar ahora- que cuando el señor secretario no quiere que se gobierne un ayuntamiento, el alcalde no lo gobierna. Y yo creo que lo conocemos todos, lo sabemos todos, y yo creo que la situación de los secretarios es una situación que hay que estudiar y que hay que analizar. No quito responsabilidad, porque la tiene, al alcalde en este caso de Barruelo de Santullán, porque, como he dicho, la situación histórica de incumplimientos pues ahí está, ¿no?, pero sí que es cierto que la dificultad existe, y yo creo que todos somos conocedores de esta situación.

Sin embargo, y con... en fin, haciendo gala a nuestro principio de no intervenir y de creer en la independencia de las entidades locales, no vamos a presentar alegaciones a este informe presentado hoy por el Consejo de Cuentas en esta Comisión. Nada más. Y muchas gracias.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Muchas gracias, señora Cortés Calvo. Para contestar las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.


EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí. Muchas gracias, presidente. Nos encontramos ante un informe, y se ha dicho por alguno de los portavoces, un informe duro. Efectivamente, es un informe muy duro. Pero, al mismo tiempo, ustedes, que son muy sagaces, se habrán... llamado la atención, les habrá llamado la atención de cómo hacemos unas recomendaciones que son todas de legalidad. Es decir, ustedes, si leen las recomendaciones que hemos estado examinando en el informe anterior, eran para un mejor gobierno, para una mejor gestión, pero en este caso estamos hablando, de la primera a la última, son todas cuestiones de legalidad. No es... es algo, si ustedes me lo permiten, algo anómalo, desde el punto de vista de lo que es un informe de fiscalización. Lo normal en un informe de fiscalización es que las recomendaciones sean para mejorar la gestión, y las cuestiones de legalidad vayan prácticamente a opinión. Pero es que aquí estamos hablando de que hay una falta de gestión de principio a fin.

Y sobre eso, una serie de matizaciones. Se ha preguntado sobre si existe responsabilidad contable. No ha habido responsabilidad contable. Es cierto que... ustedes saben que tenemos formalizado un protocolo con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, mediante el cual se aclaran las cuestiones. Es cierto que la Fiscalía pidió una serie de aclaraciones, se le han dado, y ha archivado el asunto. Pero, al margen de eso, al margen de eso, yo creo que, si ustedes lo analizan, aquí lo que hay es un incumplimiento flagrante del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales en todo lo que se refiere a la cuenta general. Porque a veces se confunde lo que es formación, aprobación y rendición, ¿me explico? Es decir, las cuentas, ¿quién las tiene que formar? Evidentemente, las tiene que formar el secretario, Artículo 212. ¿Quién es el cuentadante? Es el alcalde. Y las cuentas se aprueban. Que, después, de ahí ha venido la discusión del escrito que se ha presentado. Pero no se rinde, porque, si ustedes han visto, en lo que nos mantenemos es que desde el año dos mil ocho no se rinden cuentas. Es cierto que se han aprobado algunas cuentas, y hemos rectificado, pero una cuestión es aprobar y otra cosa es rendir cuentas, ¿entendido?

Entonces, esa es una situación que se pone de manifiesto en este... en este informe. Y yo, por eso, les ruego encarecidamente, en este caso también, que aprueben las recomendaciones, porque estas recomendaciones son recomendaciones de legalidad. Aquí no estamos hablando sobre interpretaciones de gestión. Es decir, quitando una, que es la que se establece -creo que es la quinta, por no estar leyendo el expediente-, que se establece la conveniencia de recabar el asesoramiento de la diputación provincial, pero hay otras que son flagrantemente de legalidad. Es decir, por eso, sinceramente, yo les pido a todos ustedes que cuando, en este plazo de los cinco días, pues propongan la aprobación de todas las recomendaciones.

Sé que hay aquí, en el ánimo de esta Comisión de Economía y Hacienda, de discriminar las recomendaciones según sean de ayuntamientos, según sean de Comunidad Autónoma, fundaciones... Lo entiendo, pero... pero en este caso, sinceramente, reflexionen de que las propuestas que estamos haciendo es de cumplimiento de legalidad. Y, en ese sentido, entiendo que sería oportuno que fuesen aceptadas íntegramente en los términos en que han sido redactadas.

Y después también significar que este no es un asunto nuevo. Sobre esto se ha pronunciado inclusive hasta el mismo Defensor del Pueblo, el diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis. Que, como sugerencia, en su apartado tres, dice algo tan taxativo como lo que les voy a leer: "Ordenar, en su condición de jefe superior de personal de ese ayuntamiento, que el secretario interventor proceda a formar las cuentas generales de cada uno de los ejercicios comprendidos entre dos mil ocho y dos mil catorce". Pero significando que el que tiene la responsabilidad de personal es el alcalde. El alcalde es el jefe del personal, para entendernos, el responsable. Entonces... y el mismo, el mismo Defensor del Pueblo se ha pronunciado en esos términos.

Yo, en definitiva, coincidir con todos ustedes, porque estamos ante un informe que a nosotros, la verdad nos ha sorprendido de que no se presenten alegaciones. Es decir, a nosotros nos encanta que nos presenten alegaciones, porque es la manera de contrastar tu informe. Nosotros no somos, evidentemente, infalibles a la hora de hacer los informes, y contrastar la opinión con la entidad fiscalizada siempre nos ayuda, en unos casos a confirmar que lo hemos hecho acertadamente, y en otros casos, si hay pues aspectos que no hemos sido suficientemente rigurosos en el análisis, podemos enmendarlo en la fase de alegaciones. En este caso, pues no se presentaron alegaciones, cuando, si nos hubieran facilitado esa información, no se habría dado lugar a esa rectificación de errores que hemos puesto de manifiesto, ¿entendido?

Entonces, concluyo mi intervención pues agradeciendo a todos ustedes pues el interés que han tomado también por este informe de fiscalización y deseando pues que el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán pues haga caso explícito de todas y cada una de esas recomendaciones que hemos puesto de manifiesto a lo largo del informe. Porque, además, si ustedes lo observan, pues es cierto que tiene un endeudamiento por encima del 75 %, pero tampoco estamos hablando de un endeudamiento que sea auténticamente escandaloso. Es un importante endeudamiento, pero yo les recuerdo de que hay ayuntamientos en nuestra Comunidad Autónoma muy por encima del 120, del 130, del 150 %. Aquí estamos hablando de un problema de gestión de principio a fin, ¿entendido? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que, aceptando y siguiendo estas recomendaciones, la situación del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán se podría, desde luego, enmendar y rectificar económicamente. Nada más. Y muchas gracias.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Muchas gracias, señor presidente. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Delgado Palacios.


EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señor presidente. Fíjese, me estaba acordando ahora, cuando estábamos hablando de la cuestión de los secretarios, ayer, que fue el Día de la Mujer, como sabemos todos, aquí hubo muchas alcaldesas, y hablando yo con una, de Matilla de Arzón –se puede decir-, de Zamora, decía "fíjate, que estuvimos viendo un parque, y -dice- no puedo ni contratar la máquina –fíjate qué despilfarro y qué dispendio-, porque, claro, la secretaria me lo impide, con el tema de la estabilidad famosa presupuestaria". Cosas ridículas. Con lo cual, efectivamente, damos por... porque cuando hay secretarios interventores que quieren actuar y actúan, pues lógicamente impiden todo este tipo de cuestiones.

Pero, sinceramente, a mí me preocupa qué es lo que va a pasar con este tipo de situaciones, porque dan una sensación de impunidad. ¿Esto va a suceder en más ayuntamientos? Ojo a lo que estoy diciendo. Es decir, si aquí no pasa nada -no, no, no es baladí la cuestión-, si aquí no pasa nada, si efectivamente se está contraviniendo todo el ordenamiento jurídico, si todas las recomendaciones que se hacen tampoco se cumplen, y pasa el tiempo y pasan los años y los días como si tal cosa, ojo que puede dar, ¿eh?, a alguien se le puede ocurrir, a otros alcaldes, a otros ayuntamientos, decir aquello "bueno, pues mira, si, total, no pasa nada, y aquí tenemos este ejemplo, que llevan sine die sin publicar sus... vamos, sus... aplicar Ley de Cuentas, etcétera, etcétera, estabilidad presupuestaria, tal...". Esa es una de las cuestiones peores.

Y, desde luego, claro, dice no presentan alegaciones. ¿Pero por qué? ¿Porque no quieren? ¿Porque les da lo mismo? Yo creo que eso es una cuestión importante. Es decir, de una vez por todas, vuelvo a reiterar que las Administraciones tenemos que ser más expeditivas y más rápidas en atajar este tipo de situaciones. No sé si a través de la Fiscalía, en fin, con ese protocolo, o buscar otro tipo de, digamos, de argumentos y de soluciones, pero algo tenemos que hacer para que estas situaciones no sirvan de ejemplo y no... lamentablemente, la población, el mundo rural está como está, no vamos a una mayor población, como bien sabemos todos, sino a una despoblación. Y, ojo, ojo, que este tipo de situaciones pueden sucederse.

Pero incido, y comparto con alguna de las que ha intervenido, sobre todo hay que actuar con los secretarios e interventores. Es inadmisible que se pueda, digamos, facilitar este tipo de actuaciones año tras año. Y, curiosamente, en este caso, es el mismo. Bueno, no sé si es que, a lo mejor, por el declive del tiempo tiene algún tipo de problema personal, lo desconozco, pero vamos, es inaudito que, desde luego, el mismo secretario haga este tipo de situaciones en el tiempo y no pase absolutamente nada. Desde luego, algo tenía que pasar. Muchas gracias.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Delgado Palacios. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, el señor López Prieto.


EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Gracias. Nosotros hemos preguntado por la responsabilidad, tanto administrativa como contable, porque entendemos que es una situación excepcional, ¿no?, lo de... lo que refleja este informe. Y tampoco hacía referencia el informe si había habido esa comunicación o no con la... con la Fiscalía. Y, al ser una situación excepcional, sí que nos gustaría un poco, no sé si este grupo parlamentario podrá tener acceso a esa comunicación, sobre esa valoración de la Fiscalía sobre el incumplimiento de las funciones de contabilidad.

Bien, en este sentido, nosotros no vamos a valorar el grado de uno u otro sobre la responsabilidad. Entendemos que hay una responsabilidad compartida, el propio Consejo de Cuentas habla de responsabilidad de principio a fin. Y, bueno, pues no sería por la facilidad de palabra de los responsables del ayuntamiento, ¿no?, donde hemos visto que incluso pues se insinúa que se hacen contratos de forma verbal. Sería la otra parte la que no estaría por la labor. Muchas gracias.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor López Prieto. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Guerrero Arroyo.


EL SEÑOR GUERRERO ARROYO:

Sí. Muchas gracias. Y brevemente, porque yo creo que está absolutamente todo claramente precisado. Decir, efectivamente, que aprobamos las recomendaciones. Es que... es que es cumplir la ley, entonces, es de suyo. Y, por lo tanto, absolutamente de acuerdo en eso, ¿no?, con el señor presidente, el señor Encabo.

Decir también que, bueno, pues con la señora Cortés, en fin, los incumplimientos se han constatado, lo hemos reconocido todos y es así, ¿no? Sí precisarle un par de cosillas, porque sí que es verdad. En este caso no es la clásica que todos conocemos, los que hemos estado en el mundo municipal, o que hemos estado con compañeros. Al fin y al cabo, nuestros grupos políticos pues gobiernan en muchísimos sitios o están presentes en muchísimos ayuntamientos y siempre hemos conocido casos de enfrentamiento alcalde-técnico, alcalde-secretario. No es el caso. No es el caso, ¿eh? Permítame decirlo, porque yo no soy vecino de ese municipio, pero casi, ¿no?, pero casi, vivo al lado, ¿eh? Entonces, no es el caso, ¿eh?, no es el caso. Lo cual todavía agrava más la cuestión, y, al constatar que no hay alegaciones, pues es que la palabra es desidia, es que no hay otra, no hay otra, ¿no?

No es el caso del Ayuntamiento de Lantadilla de Palencia, donde dimitió toda la corporación por la frustración ante haber iniciado todo tipo de procedimientos contra ese técnico o esa técnica, en este caso era una técnica, y, bueno, ver, encontrarse con la frustración de que al final pues razones legales pues se ponían del lado de ese técnico. En este caso es que no ha habido ni apertura de ningún expediente, ningún procedimiento sancionador, ningún tipo de elemento que conste por escrito que se haya hecho por parte de ningún alcalde contra el técnico en esta cuestión.

Por lo tanto, la responsabilidad es que políticamente –y es nuestro campo, ¿no?, yo, fiscalmente, o si hay posibles delitos, yo eso no... evidentemente, no es nuestro caso y no es nuestra responsabilidad señalarlos, ¿no?-, pero políticamente es que no cabe otra, es, lógicamente, el regidor, el alcalde correspondiente, ¿no? Y quizá no debía haber dado nombres y, bueno, pues bien, pues recojo ese planteamiento. Lo que pasa es que, claro, conociendo la zona, conociendo el territorio, conociendo los vecinos, pues mentalmente los tengo presentes y es así, ¿no?, y sé perfectamente que esa situación es de esa manera.

Sí que quisiera romper una lanza sobre el hecho de que los alcaldes, en su inmensa mayoría, cumplen y hacen las cosas como pueden y se buscan el asesoramiento de sus técnicos y medianamente las cosas funcionan correctamente. Y, recogiendo un poco alguna de las palabras que ha hecho... que ha vertido el señor Delgado, yo pienso que si en este ayuntamiento hubiera habido una alcaldesa, me da igual ya el signo político y haciendo alusión a la jornada histórica de ayer, probablemente no estábamos con este informe, y lo digo porque lo creo de verdad. Aquí la palabra es desidia. Nada más.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Guerrero Arroyo. También para consumir un turno de réplica, tiene la palabra, en representación del Grupo Popular, la señora Cortés Calvo.


LA SEÑORA CORTÉS CALVO:

Muchas gracias, presidente. Bien. Agradezco al portavoz del Grupo Socialista que tome nota de la pequeña recomendación que me he permitido hacer. Y en otro orden de cosas, pues vamos a ver, señor Delgado Palacios, yo creo que el porcentaje de rendición de cuentas de las entidades locales que en esta Comisión hemos ido viendo día tras día, a través del Consejo de Cuentas, es francamente elevado, es el 100 % en el conjunto de las diputaciones de nuestra Comunidad. Y además es que muchas de estas entidades locales han rendido cuentas gracias al asesoramiento de estas diputaciones que ya han rendido sus cuentas. Por lo tanto, yo creo que el ejemplo que cunde es el de rendir cuentas y no el contrario. O sea que, en ese sentido, me sumo también a la opinión del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

En cuanto a que un secretario, bueno, no permita hacer un gasto por cumplir con la estabilidad presupuestaria, bueno, pues bienvenido sea. Eso es otra cosa distinta a lo que yo creo que ocurre en el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, ¿vale? Yo creo que ha quedado claro que es una larga historia de incumplimientos y que no tiene nada que ver con el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y el control del déficit. En ese caso, si los secretarios hacen esa función, pues yo creo que está bien hecha.

Por otro... por otro lado, es cierto que el propio ayuntamiento no presenta alegaciones, pero, como también ha dicho el señor presidente del Consejo de Cuentas, es que la cuenta nace de la elaboración por parte del secretario del ayuntamiento. Si esa circunstancia no se produce, pues a partir de ahí todo mal. Que es lo que he dicho en mi primera intervención.

Y para finalizar, y por terminar también con el último... o el último comentario del portavoz del Grupo Socialista, en fin, yo creo que cualquier hombre o cualquier mujer puede ser un magnífico alcalde o alcaldesa. En fin, uno eso no lo lleva en el género, sino en la inteligencia. Y, en ese sentido, yo creo que tanto hombres como mujeres pueden desarrollar y desempeñar esta función igualmente bien. Nada más. Y muchas gracias.


EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señora Cortés Calvo. Tiene de nuevo la palabra el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.


EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias. Para ser muy breve. Pero sí es conveniente hacer una serie de reflexiones o aclaraciones. En relación a la responsabilidad contable, es cuando se produce un perjuicio económico. Y se ha analizado desde la Fiscalía si hay ese perjuicio económico. Otra cuestión, otra cuestión, y si hubiese detectado que existen otro tipo de indicios delictivos, ya hubiera actuado, evidentemente, la Fiscalía. Pero nosotros le enviamos el expediente, le enviamos el informe, ellos lo examinan, y lo que le puedo decir que en estos momentos es que están archivadas. No hay ninguna otra cuestión.

No les parezca mal lo que les voy a decir, pero es que el Consejo de Cuentas sí ha propuesto medidas para mejorar la rendición de cuentas. Yo se las he propuesto aquí muchas veces, muchas veces. Y yo, sinceramente, lo único que les voy a recordar: por ejemplo, la supeditación de la obtención de ayudas o subvenciones a la efectiva rendición de cuentas. Por ejemplo, la efectiva imposición de multas coercitivas; ojo, que a veces se entienden mal las multas coercitivas, serían de carácter personalísimo a los responsables de los incumplimientos; pero eso, eso, está en la Ley 4/2013, y lamentablemente no se ha desarrollado, ¿me comprenden? Es decir, eso hay que desarrollarlo. Hay habilitación legal (Ley 4/2013), pero no podemos establecer multas coercitivas porque eso no se ha desarrollado. Es decir, medidas hay, medidas hay, es decir, y se pueden tomar esas medidas, lo que ocurre es que tienen que tener carácter normativo. En estos momentos, solamente recordarles que ahí fue tremendamente activo el departamento de local de nuestro Consejo de Cuentas de Castilla y León, se hicieron una serie de propuestas, que si no recuerdo mal son de mayo del año dos mil dieciséis, y, partiendo prácticamente de esas propuestas, de ese análisis de la situación de falta de rendición de cuentas, eso estuvo plasmado en un documento que yo les he facilitado recientemente, cuando les presenté el informe del sector público local del año anterior, es decir, referido al año dos mil quince, en el que el Tribunal de Cuentas y el conjunto de los órganos de control externo de España aprobaban una serie de medidas para mejorar los niveles de rendición de cuentas. Ahí están.

Pero, al mismo tiempo, tengo que reconocer que aquí se ha avanzado mucho a lo largo de estos años. Es decir, hemos pasado de que, cuando entró el actual Pleno, en el año dos mil doce, había 120 ayuntamientos que nunca habían rendido cuentas, y ahora la situación se ha reducido pues a la mínima expresión. Es cierto. Es decir, y después es cierto que en esta Comunidad Autónoma, desde el punto de vista de la situación económica-financiera de las entidades locales, pues está saneada, como lo hemos puesto de manifiesto en el último informe del sector público local. En 2.248 municipios pues es normal de que haya algunos municipios que estén en unas situaciones de endeudamiento, para decirlo claramente, alarmantes, es normal. Pero la tónica general, la tónica general, y cuando lo hemos analizado en el último informe del sector público local, y ahora estamos realizando -que se aprobará en los próximos meses- el correspondiente al año dos mil dieciséis, que ya saben que se produce el rendimiento en dos mil diecisiete, pues va en esa misma tónica, es decir, se cierra con superávit en el ámbito local.

Entonces, centremos las cosas. Estamos hablando de un caso, que es el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, en el que se dan estas circunstancias. Que yo creo, y vuelvo a insistir, es un problema de cumplimiento de legalidad. Estamos hablando de cumplimiento de legalidad, es decir, hay algo en lo que ustedes no han incidido en ello, pero que yo creo que es tremendamente útil que lo miren, que es lo que son los índices económicos del ayuntamiento, comparativamente con el resto. Es decir, los ingresos por habitante aquí son superiores a la media, son superiores a la media. Entonces, centremos de que es el problema de este ayuntamiento y es en el que nosotros, desde luego, hemos valorado y fiscalizado.

Y, por lo tanto, insisto, medidas hay, las hemos propuesto nosotros. En el Parlamento, esto es, está la decisión de tomar en consideración las propuestas que se han hecho desde el Consejo de Cuentas, ¿conforme?

Y llega el momento de la despedida, si ustedes me lo permiten. Como todos ustedes saben, el próximo lunes, doce de marzo, termina el segundo y último mandato de tres años para el que fui elegido como presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. En consecuencia, tal y como se señala en el Artículo 21.5 de la Ley Reguladora del Consejo de Cuentas, continuaré en el ejercicio de las funciones de dicho cargo hasta el nombramiento y toma de posesión del nuevo presidente. Por este motivo, creo que es el momento idóneo para expresar mi agradecimiento al Parlamento de Castilla y León, y muy especialmente a esta Comisión de Economía y Hacienda, por el trato que me han dispensado a lo largo de estos años. En mi primera comparecencia ante la Comisión de Hacienda, el cuatro de octubre de dos mil doce, expuse los compromisos y objetivos que asumía como presidente de esta institución. Puedo asegurarles que he intentado cumplirlos con seriedad y dedicación. A ustedes, señorías, les corresponde valorar si, efectivamente, ha sido así.

Por otro lado, incluí un conjunto de propuestas de modificación de la Ley del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que he de decir que algunas fueron incorporadas a la Ley 4/2013, mientras que otras no fueron consideradas como procedentes por este Parlamento. Quiero también expresar mi satisfacción y gratitud por el respaldo recibido por las Cortes de Castilla y León el veintitrés de septiembre de dos mil quince en mi renovación como presidente, cuando recibí el apoyo de 80 procuradores, registrándose cuatro abstenciones. Espero no haber defraudado la confianza que depositaron en mí.

He comparecido en 41 ocasiones ante esta Comisión y he presentado un total de 91 informes que han elaborado con rigor y profesionalidad los empleados públicos del Consejo de Cuentas.

Señorías, el Consejo de Cuentas es una institución que ha sido, es y debe seguir siendo útil para Castilla y León, y que ha contribuido, sin la menor duda, a mejorar la gestión económica-financiera de la Comunidad Autónoma y del sector público local. Entiendo que en la actualidad precisa de un nuevo impulso, que parte de una reforma legislativa que refuerce su autonomía e independencia.

No quiero entretenerles más en la mañana de hoy, pero sí quiero expresar mis disculpas por todos los errores cometidos, que sin duda han sido numerosos, y al mismo tiempo significar mi más profundo reconocimiento a todos ustedes y a todo el personal de la Cámara. Con mi más sincero agradecimiento, hasta siempre. [Aplausos].


LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la Norma Cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los grupos parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el dieciséis de marzo a las catorce horas.

Y antes de concluir el orden del día, yo creo que puedo trasladar, en nombre de todas sus señorías, el agradecimiento por el trabajo realizado a este presidente que hoy nos acompaña, a sus consejeros, al trabajo del Consejo de Cuentas, a la atención que siempre han prestado a los miembros de esta Comisión, su colaboración y la ampliación de todas aquellas informaciones que le hemos precisado, con todo lujo de detalles. De verdad y de corazón, muchísimas gracias. Y por supuesto que hasta siempre.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las doce horas cuarenta minutos].


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