DS(C) nº 494/9 del 16/4/2018

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Buenos días. Se abre la sesión. ¿Algún grupo tiene que comunicar alguna sustitución? ¿Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos?

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

José Ignacio Delgado Palacios sustituye a Luis Fuentes Rodríguez. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. ¿Por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León?

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Sí. Gracias, presidenta. Félix Díez sustituye a Juan Pablo Fernández.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista?

LA SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ:

Gracias, presidenta. Juan Carlos Montero sustituye a Virginia Barcones Sanz.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. ¿Por el Grupo Parlamentario Popular?

EL SEÑOR IBÁÑEZ HERNANDO:

Gracias, presidenta. Emilio Cabadas sustituye a Ramiro Ruiz Medrano, Irene Cortés sustituye a Concepción Miguélez y Julián Ramos sustituye a Victoria Moreno.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Pues, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta Comisión al presidente del Consejo Consultivo, don Mario Amilivia, también al resto de componentes del Consejo y a todo el mundo que le acompaña. Y, sin más, por parte de la secretaria se dará lectura del primer punto del orden del día.

Comparecencia presidente Consejo Consultivo

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Comparecencia del excelentísimo señor Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León para la presentación de la Memoria del Consejo Consultivo de Castilla y León correspondiente al año dos mil diecisiete, remitida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1/2002, de nueve de abril, del Consejo Consultivo de Castilla y León.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Pues tiene la palabra el excelentísimo señor presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Bien. Muy buenos días. Querría comenzar mi intervención agradeciendo a la presidenta de la Comisión y a la Mesa de la misma la celeridad que ha tenido este año a convocar mi comparecencia de acuerdo con lo previsto en el Artículo 63 de nuestro Reglamento orgánico. Este es precisamente el año en el que más se acerca este acto a la aprobación pública de la Memoria, que fue el pasado día veintiséis de marzo, en la ciudad de Zamora, y, por lo tanto, creo que de esta manera contribuimos a que este acto tenga una mayor utilidad, una mayor vigencia y, por lo tanto, a dar sentido a la comparecencia parlamentaria que está prevista normativamente.

Quiero también agradecer la presencia de los miembros del Consejo Consultivo que me acompañan, Francisco Ramos Antón, José Ignacio Sobrini Lacruz, y de la secretaria del Consejo y letrada jefe del Consejo Consultivo, María García Fonseca, y don Luis Gracia Romero, secretario del Tribunal de Recursos Contractuales, al tiempo que quiero agradecer públicamente su trabajo, su dedicación, que quiero hacer extensivo a todo el personal del Consejo Consultivo.

Como en años anteriores, daré cuenta sucintamente de los aspectos institucional y administrativo de la institución, de su actividad en el año dos mil diecisiete, que se ha visto notablemente incrementada. Se han emitido un 11,3 más dictámenes que en relación al año dos mil dieciséis y un 31,5 % de resoluciones más que en el año anterior en relación con el Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración. A continuación, en cumplimiento a lo dispuesto... a lo establecido en el Artículo 17 de nuestro Reglamento orgánico, sucintamente, me referiré a las mociones y recomendaciones aprobadas en la Memoria. Y, finalmente, y con carácter separado, haré una referencia a la Memoria del Tribunal de Recursos Contractuales, con especial mención a la Ley 9/2017, de ocho de noviembre, de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado día nueve de marzo.

En relación con los aspectos de carácter institucional y administrativo, señalar que la plantilla de la institución no ha sufrido ninguna alteración (a día de hoy, se encuentran cubiertas 26 de las 27 plazas) y seguimos teniendo, a mi juicio, una plantilla reducida, con una alta cualificación técnica, que está permitiendo emitir los dictámenes y aprobar las resoluciones no solamente en los plazos legales, sino, como pondré de manifiesto posteriormente, en plazos muy inferiores a los veinte días que señala nuestra normativa reguladora.

En relación con el presupuesto de la institución, el año pasado fue el mismo del año anterior, 2.240.748 euros; la ejecución presupuestaria del mismo alcanzó el 91,50 %; y, por lo tanto, se generó un importante resultado presupuestario en una cantidad de 95.488,88 euros, que se incorporarán a políticas sociales, sanitarias y de carácter educativo de las distintas Consejerías de la Junta de Castilla y León, de acuerdo con lo que establece nuestra ley reguladora.

Recordar un año más que el Consejo Consultivo de Castilla y León incorporó a su página web desde el año dos mil quince un portal sobre transparencia, que se contempla y renueva periódicamente y que tiene información de carácter institucional, administrativo, información de carácter económico, presupuestaria y también contractual.

Mención especial y muy breve merece, en este aspecto institucional, el proyecto cultural arqueológico, del que he dado cuenta distintos años, proyecto cultural desarrollado en virtud de un convenio con la Consejería de Cultura, para recuperar, restaurar, exponer y, en este caso, poner en valor los restos arqueológicos encontrados en el solar de la actual sede del Consejo Consultivo. En el año dos mil catorce invertimos 44.000 euros; dos mil quince, más de 65.000; y dos mil dieciséis y diecisiete, más de 31.000 euros en la última fase, que es la restauración de determinadas piezas de carácter cerámico o metálico que van a estar expuestas en vitrinas al efecto. Afrontamos, por lo tanto, este año ya la tercera y definitiva frase de este proyecto cultural... fase de este proyecto cultural, como estoy diciendo, se encuentra ya en licitación o a punto de ser licitado.

Dicho esto, desde el punto de vista institucional y administrativo, no tengo que insistir más con dos breves notas, ¿no?: este es el Consejo Consultivo cuya composición es el más reducido del país, solo tres miembros, y es el único Consejo Consultivo que suma a sus funciones la de Tribunal de Recursos Contractuales. Estas son las notas características, y yo creo que con eso daría por cerrado este capítulo.

En relación a la actividad del Consejo Consultivo, me gustaría subrayar unas breves notas. En primer lugar, en la etapa dos mil tres-dos mil diecisiete, nuestro Consejo Consultivo, que este año en mayo cumple su décimo quinto año de vida, ha emitido 14.200 dictámenes, a los que se suman los 162 aprobados en lo que va de dos mil dieciocho. Es decir, en total, al día de hoy, habríamos aprobado 14.362 dictámenes.

En dos mil diecisiete se emitieron 571: 250 derivaron de las consultas de la Administración autonómica y 361 fueron por la Administración local; 5 universidades. De esta manera, y por tercer año consecutivo, los dictámenes generados por las entidades locales volvieron a superar los recabados por la Administración de la Comunidad. En esta misma línea, en lo que va de dos mil dieciocho, las entidades locales han generado ya el 57,2 % de los dictámenes emitidos. Estos datos, como he puesto de relieve en muchas ocasiones, revelan a mi juicio la voluntad de cercanía, de aproximación a las entidades locales que ha puesto en marcha el Consejo Consultivo con distintas gestiones de carácter institucional y, fundamentalmente, con las jornadas de formación que hemos acometido estos años con las diputaciones provinciales. Todo ello sin olvidar, como he señalado también años anteriores, una página web que el año pasado tuvo 541.000 visitas, más de 541.000 visitas, 100.000 más que el año dos mil dieciséis, y que se ha convertido en la práctica un instrumento de cercanía real, ¿eh?, que está permitiendo como herramienta que todas las Administraciones dispongan, dispongan de todos los dictámenes aprobados, las resoluciones aprobadas y también de la doctrina jurídica que fundamenta unas y otros.

En relación con las Administraciones consultantes, en dos mil diecisiete, la provincia de Valladolid fue la primera en número de peticiones de dictamen, con 109. Históricamente, lo había sido siempre León. Este cambio se ha debido, sin duda, a que se ha percibido un comportamiento distinto a la hora de solicitar dictámenes por parte de distintos ayuntamientos que bien no lo hacían o bien no lo solicitaban con regularidad, como era el caso de la ciudad de Valladolid.

A la provincia de Valladolid le siguen las provincias de León, con 103; Burgos, 84; Salamanca, con 64; Zamora, con 60; Palencia, con 42; Segovia y Ávila, con 27 cada una de ellas; y Soria, con 12. El resto corresponden a consultas varias del ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Las consultas remitidas por las nueve capitales de provincia generaron 161 dictámenes, cifra que representa un aumento del 16,6 % en comparación al año dieciséis. Después de años a la cola de solicitudes, Valladolid se sitúa en primer lugar, con 39 dictámenes; seguido del Ayuntamiento de León, con 33; Burgos y Palencia, 22 respectivamente; Salamanca, 17; Zamora, 14; Segovia, 10; y Ávila y Soria, 2 respectivamente.

Dentro de la Administración autonómica, la Consejería de Sanidad fue nuevamente la que solicitó el mayor número de dictámenes, 146 (el 25,57 %), seguida de la de Fomento y Medio Ambiente, con 40. Los dictámenes de ámbito sanitario se incrementaron un 64,7 %, pasando de 85 en dos mil dieciséis a 140 en dos mil diecisiete, y totalizaron 12,8 millones de euros en indemnizaciones reclamadas.

Desde el punto de vista cualitativo, habría que destacar los dictámenes de carácter normativo, 6 anteproyectos de ley y 33 reglamentos ejecutivos, al mismo tiempo que 2 de carácter facultativo.

Y por materias, desde un punto de vista cuantitativo, señalar que aumentaron un 22 % los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial de la Administración, que pasaron de 359 a 438 y representaron el 76,7 % del total. Desde el inicio de la función consultiva, se han emitido ya 12.380 dictámenes de responsabilidad patrimonial de la Administración, el 86,2 % de todos los aprobados hasta la actualidad, y que significan una cuantía de las indemnizaciones reclamadas de 31.884.169 euros.

Desde otro punto de vista, me gustaría destacar la eficiencia de la institución, entendida como la celeridad en la emisión de los dictámenes, durante el año dos mil diecisiete. El 94 % de los dictámenes solicitados se han emitido en un promedio, en un plazo medio de 13 coma... días hábiles, frente a los 20 que establece nuestro mandato legal. En este sentido, habría que recordar, un año más, que los plazos legales de aprobación de los dictámenes en otros órganos consultivos y el Consejo de Estado oscilan entre los 30 y 60 días, frente a los 20 días hábiles fijados en nuestra ley. Nadie puede, por lo tanto, argumentar que el Consejo Consultivo, que emite una media de 13,10 hábiles... 13,10 días hábiles, es un obstáculo para el normal funcionamiento de las Administraciones. Muy al contrario, la premura en la aprobación de los dictámenes, muy por debajo de lo establecido en la ley, pone en evidencia su contribución a que la Administración actúe con celeridad y resuelva los asuntos en un plazo razonable.

Un año más, debo destacar la auctoritas de la institución, que es su razón de ser, entendida como el grado de seguimiento de las Administraciones al contenido de nuestros dictámenes. El año pasado alcanzó el 95,79 % de los casos, similar al de años anteriores. En ese sentido, hay que reseñar, en cuanto a los 571 dictámenes aprobados, que en el 75,13 % de los casos (429) coincidió la propuesta de resolución administrativa y el sentido del dictamen. Es decir, aproximadamente, hubo en torno a un 25 de discrepancia originaria entre la propuesta de resolución y el dictamen del Consejo, que se reduce, una vez que conocemos la resolución finalmente adoptada por la Administración, alrededor de ese 3-4 %, y todo ello de acuerdo con las comunicaciones oficialmente recibidas.

En cuarto lugar, un año más, no ha habido ningún voto particular, dato que nuevamente quiero poner en relación con la auctoritas del Consejo Consultivo, que es expresión, por lo tanto, de independencia de nuestra institución. Casi un seguimiento total de los dictámenes y su aprobación unánime lo ponen de manifiesto. Con estos datos objetivos, si alguien pretendiera poner en duda la independencia de nuestra institución, del Consejo Consultivo, de sus miembros, lo único que conseguiría es cometer un flagrante error.

Finalmente, daré cuenta, como he dicho antes, sucintamente, de las mociones y recomendaciones aprobadas en asuntos de nuestra competencia con el fin de contribuir a un mejor funcionamiento de las Administraciones consultantes.

La primera recomendación, un año más, es la remisión a la página web, como he dicho antes, una herramienta idónea para mejorar el funcionamiento de las Administraciones, con más de 541.000 visitas el año pasado, y que creemos que está siendo de gran utilidad, como pone de manifiesto 100.000 visitas más en relación al año dos mil dieciséis.

En segundo lugar, se pone de manifiesto un nuevo supuesto de dictamen preceptivo, contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público, en su Artículo 191, que es la intervención preceptiva del Consejo ante la responsabilidad contractual de la Administración. Antes se emitían dictámenes solamente ante la responsabilidad extracontractual de las Administraciones; a partir de ahora, hay un supuesto dictamen de carácter preceptivo, que es la responsabilidad contractual de la Administración cuando se reclamen indemnizaciones iguales o superiores a 50.000 euros. La omisión de dicha consulta, como es obvio, al haberse prescindido de los trámites esenciales del procedimiento, viciaría la resolución o el acuerdo adoptado y sería, por tanto, nula de pleno derecho.

La tercera recomendación o moción que establece el Consejo Consultivo este año en su Memoria es la diferenciación entre los convenios de colaboración y los acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas y sus diferentes regímenes jurídicos. Se encuentran contemplados en el Artículo 145.2 de la Constitución Española y en el Artículo 60.2 y 3 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Simplemente señalar que existe un diferente régimen jurídico, puesto que mientras que los convenios de colaboración, entendidos como los que tienen como finalidad la gestión de un servicio propio de la Comunidad Autónoma, solo requieren una comunicación previa a las Cortes, los acuerdos de cooperación, que residualmente contendrían las materias que no fueran objeto de una... de un servicio propio de la Comunidad Autónoma, requieren la previa autorización de las Cortes Generales. En efecto, dicha omisión, en ambos casos, implicaría la nulidad de pleno derecho.

En nuestra actual regulación normativa, señalar que ya no son objeto de dictamen los acuerdos... convenios de colaboración, salvo en un supuesto, cuando su objetivo sea la proyección exterior de la Comunidad Autónoma con el fin de promover sus intereses, y sí lo son los acuerdos de cooperación.

Seguidamente, hablan nuestras mociones y recomendaciones de la... en relación con la elaboración de las normas de la superposición que estamos percibiendo en distintos dictámenes de los trámites de audiencia e información pública y de participación ciudadana. El Consejo Consultivo ha puesto de manifiesto, y aquí se citan dos dictámenes concretos, que están a su disposición, el 477/2014 y el 170/2017, que en los procedimientos de elaboración de las normas existe superposición de estos trámites, el trámite de participación ciudadana, por tanto en la condición de ciudadano, exigido por la ley de transparencia, y el de audiencia e información pública, previsto en la ley de gobierno de Castilla y León, en la condición de interesado. Y ha aconsejado la revisión de ambas leyes para garantizar su coordinación sin que hasta el momento se haya acogido tal recomendación. Ambos trámites son distintos, sin embargo, son simultáneos y el Consejo recomienda que se acomode la regulación para que ambos trámites, como he dicho antes, se evacúen de una manera adecuada. En tanto no se realice tal acomodación normativa, en los procedimientos de elaboración de las normas en los que así esté previsto, deberá verificarse la realización, por un lado, del trámite de participación ciudadana y, por otro, de los trámites de audiencia e información pública.

La siguiente moción se refiere a distintas cuestiones acerca del desarrollo reglamentario de las normas. En primer lugar, sobre los plazos para el desarrollo normativo a los que se refieren en ocasiones las disposiciones adicionales y finales de las normas. Vemos un frecuente incumplimiento de los plazos. Las leyes dicen que se desarrollarán reglamentariamente en un plazo determinado en una disposición transitoria o en una disposición adicional; dicho plazo transcurre y dicha norma no es, por lo tanto, desarrollada en su contenido. O bien eso pondría de manifiesto la inoportunidad de la norma, o bien que la función social de la misma no es debidamente atendida por la Administración pública.

Seguidamente, pone de manifiesto la Memoria el alcance de la remisión del reglamento a una posterior orden de desarrollo y al ámbito del reglamento. Este es un supuesto que también estamos percibiendo en distintos dictámenes. El reglamento que se dicta en desarrollo de una ley ha de comprender, si bien no todo el contenido de la misma, sí al menos sus elementos fundamentales, que deberían plasmarse en una norma con rango de decreto de la Junta de Castilla y León, sin perjuicio de que el decreto habilite a la Consejería competente para que complemente dicho desarrollo reglamentario. Es decir, la potestad reglamentaria de carácter originario le corresponde a la Junta de Castilla y León y los consejeros pueden ejercer la potestad reglamentaria y la función ejecutiva en materias propias de su Consejería y, en todo caso, con una habilitación expresa caso por caso.

Y el problema se plantea cuando, al abordar el desarrollo reglamentario, se acude indebidamente a la orden para normar aspectos que forman parte del mínimo razonable de la regulación propia del decreto, práctica que viene propiciada, en parte, por el hecho de que en ocasiones las leyes que deben ser objeto de un desarrollo posterior son pródigas en remisiones al reglamento para regulación de determinados aspectos, o bien, incluso, nos encontramos con remisiones en blanco a la norma reglamentaria.

Por ello, esta moción recomienda que las leyes ofrezcan criterios, parámetros o guías que permitan acotar el futuro desarrollo reglamentario que... el futuro desarrollo reglamentario que haya de acometerse.

Y, finalmente, la última recomendación en relación con la potestad reglamentaria de la Junta de Castilla y León es aquella que establece que el reglamento únicamente puede y debe desarrollar lo establecido en la ley, pero no regular aquello que la misma no permite. En ocasiones se aprecia, en este sentido, que las disposiciones reglamentarias exceden del ámbito material que les es propio, al tipificar infracciones que no están previstas en la ley que desarrollan, lo que supone una clara vulneración del principio de tipicidad al que se refiere el Artículo 27 de la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, y, por lo tanto, una vulneración del principio de legalidad en ella consagrado.

Y finalmente, en este capítulo de mociones y recomendaciones se habla de una posible incompatibilidad entre el Consejo Consultivo y el TARCCYL, y el Tribunal, en sus pronunciamientos respecto a determinados asuntos. Y la nueva Ley de Contratos del Sector Público amplía el objeto del recurso especial en materia de contratación en dos supuestos: los modificados contractuales, en los términos que dice la ley, y los acuerdos de rescate de concesiones. En ambos supuestos puede ser necesario el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y puede ocurrir posteriormente que se presente un recurso especial en materia de contratación, que viciaría, por lo tanto, la decisión del Tribunal, al estar conformado por solo tres miembros, pero a esto me referiré un poquito más... más adelante.

Y finalmente, otras mociones y recomendaciones que se reiteran en el tiempo, que sus señorías ya conocen, de las que he dado cuenta más detenidamente en otras comparecencias anteriores.

Muy brevemente, ahora, en relación con el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, como saben, creado por la Ley 1/2012, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. Como saben, el Tribunal desarrolla sus funciones de manera separada, a coste cero, y esta es la única institución, el Consejo Consultivo de Castilla y León, con alguna Comunidad más que lo quiere poner en marcha, que actualmente suma a la función consultiva la de Tribunal. Destacar el incremento notable de su actividad, más de un 31 %... más de un 32 %, perdón, con 121 recursos resueltos de una manera rápida, eficaz y una escasa litigiosidad.

El Tribunal ha resuelto en la etapa dos mil doce-dos mil diecisiete un total de 519 recursos, por un importe global de 3.749.430.826 euros, a los que se suman los 29 resueltos en lo que va de dos mil dieciocho por 346.311.225 euros. Hasta la actualidad, el Tribunal, por lo tanto, habría resuelto 538 recursos, por un importe global, por una cuantía global de más de 4.100 millones de euros, una media aproximada de 685 millones al año.

En dos mil diecisiete se presentaron 126 recursos, de los cuales se resolvieron 121: 101 por resolución y 20 por acuerdo. La suma de los importes recogidos en los recursos resueltos en dos mil diecisiete alcanzó los casi 456 millones de euros. Por provincias de donde procedieron los recursos presentados, Salamanca fue la primera, con 22; seguida por León, 19; Burgos y Valladolid, 18 respectivamente; Soria, 7; Ávila, 6; Palencia, Zamora y Segovia, 5 respectivamente; y otros 21 tuvieron como ámbito el conjunto de la Comunidad Autónoma.

El mayor porcentaje de los recursos tuvo su origen el pasado año en contrataciones de la Administración autonómica, 48; seguido de los contratos de los ayuntamientos, 46; diputaciones, 20; universidades, 9; y mancomunidades, 3.

Por ente adjudicador de la Administración autonómica, Sanidad generó el mayor número, 22 recursos. Por el tipo de contrato recurrido, fueron los servicios los mayoritarios, 94; seguidos del contrato de suministros, 25; acuerdos marco, 5; y de obras, 2.

Según el objeto de la impugnación, la adjudicación fue el acto más recurrido, con 52 recursos por este motivo, 41,27 %; seguidos de por los pliegos, con 47; y otros, 5, la nulidad; y 1 el anuncio de los pliegos.

La duración media de los procedimientos fue solo de 23,6 días hábiles desde su admisión a trámite. Y en el anterior ejercicio solo 9 recurrentes acudieron posteriormente a la vía contenciosa-administrativa, ante 8 resoluciones y un acuerdo referido a una de ellas.

Quiero remarcar, por lo tanto, que el Tribunal forma parte de un modelo de éxito, como así lo ha señalado la Comisión Europea en su informe presentado el pasado veinticuatro de enero de dos mil diecisiete al Parlamento y al Consejo sobre la eficacia de las llamadas Directivas de Recursos. En aquel informe se presentó una encuesta, realizada por los servicios de la Unión, sobre la eficacia del recurso especial en materia de contratación, en 14 países, que puso de manifiesto que se consideraba más transparente el nuevo procedimiento de depuración de la contratación pública en un 80,59 %, más justo en un 79,42, más abierto y accesible, el 77,65 %, y más eficaz que los procedimientos tramitados ante los órganos jurisdiccionales ordinarios por un 74,77 % de los encuestrados... encuestados, perdón.

Por tanto, nuestro Tribunal forma parte de este modelo de éxito y cumple con todas las exigencias con las que deben contar estos órganos desde el punto de vista legal, como ha señalado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: en primer lugar, ostenta la condición de tercero respecto a la autoridad que adoptó la decisión recurrida; en segundo lugar, ejerce sus funciones con plena autonomía, objetividad e imparcialidad frente a las partes en litigio; y, finalmente, sus miembros son inamovibles, es decir, solo cesan en sus mandatos en los supuestos determinados en la leyes. Es, por lo tanto, el Tribunal un instrumento de eficiencia del gasto público y pone de manifiesto... como pone de manifiesto su existencia.

Pero, como pone de relieve la doctrina jurídica más contrastada, mayoritaria y los propios tribunales, nuestro Tribunal, el Tribunal de Castilla y León, es el único que cuenta con una íntegra independencia funcional al estar adscrito al Consejo Consultivo de Castilla y León, y, por lo tanto, respecto al resto de los tribunales del país, disponer de personal y medios propios totalmente ajenos a la Administración contratante. Como saben, además, el Consejo Consultivo y, por lo tanto, el Tribunal se encuentran adscritos presupuestariamente a las Cortes de Castilla y León, lo que refuerza aún más la mencionada independencia.

Dicho esto, me parece necesario advertir que este modelo de planta de los tribunales que establece la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que ha entrado en vigor el pasado nueve de marzo, puede ser una amenaza para este modelo. Señala la ley que la competencia para resolver los recursos de las entidades locales será establecida por las normas de las Comunidades Autónomas cuanto estas tengan atribuidas competencia normativa y de ejecución en materia de régimen local y de contratación, como es el caso de Castilla y León. Y prevé, en todo caso, que los ayuntamientos de los municipios de gran población y las diputaciones provinciales puedan crear sus propios tribunales. Esta dispersión, posible dispersión... –que yo dudo mucho que se acometa, pero es una posibilidad- esta dispersión ya ha sido criticada por la Comisión Europea y los propios tribunales han creado una comisión en tal sentido para intentar modificar la ley. Dicha dispersión pondría en amenaza, como he dicho antes, un modelo cuyo éxito ha consistido en un tribunal independiente, totalmente ajeno a la Administración contratante, y a que exista, como así ha sido, una coordinación entre los tribunales, ahora por mandato legal, y una doctrina jurídica común a todos ellos.

No obstante lo dicho, la nueva Ley de Contratos del Sector Público implica un reforzamiento del recurso especial en materia de contratación. De una parte, se reducen los umbrales económicos de los contratos objetos de recurso de una manera notable, antes eran solamente los contratos sujetos a regulación armonizada, ahora son contratos de obras superiores a 3.000.000 de euros y contratos de suministro y servicios de más de 100.000 euros y concesiones de obras y servicios de más de 3.000.000 de euros.

De otra, se aumentan los actos recurribles. Como he mencionado antes, se incorporan las modificaciones contractuales, los acuerdos de rescate de concesiones, los encargos a medios propios.

Y, en tercer lugar, se amplía la legitimación para interponer el recurso especial de una manera notable respecto a la normativa anterior. Se añade la precisión de que los intereses pueden ser individuales o colectivos y se precisa que cuentan con legitimación las asociaciones o entidades representativas de intereses relacionados con el objeto del contrato para la defensa de los intereses colectivos de los asociados. Además, amplía aún más la legitimación en todo... porque, en todo caso, lo estarán las organizaciones empresariales sectoriales representativas de los intereses afectados, y se reconoce específicamente a las organizaciones sindicales dicha legitimación para el control del cumplimiento por el empresario de las obligaciones sociales o laborales en la ejecución del contrato. Todo ello conllevará, como es inevitable, un aumento aún desconocido del número de recursos y, consiguientemente, de la carga de trabajo.

Además, como saben, la ley contempla un nuevo supuesto dictamen preceptivo, la responsabilidad contractual de la Administración, y... lo que abunda en lo señalado anteriormente. Es decir, al incremento ordinario de la actividad, este año un 11 % y un 32 % respectivamente, habrá que sumar la que se derive de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, lo que puede precisar una reflexión en su momento –yo creo que habrá que evaluarlo en su momento- sobre la actual plantilla de la institución, actualmente, como he reiterado, ajustada.

Pero, además, el aumento, como decía antes, de la carga de trabajo que acabo de señalar, la nueva ley va a generar los supuestos de incompatibilidad mencionados. La actual composición del Tribunal, del Consejo y del Tribunal, solo tres miembros, hace muy difícil, por no decir imposible, evitar dicha incompatibilidad, por lo que inevitablemente habrá que plantarse, o bien modificar la actual composición del Consejo, o bien la modificación legal de los miembros del Tribunal. Ahora la ley dice que es exactamente la misma. En ambos supuestos serán necesaria la modificación de la Ley 4/2013, de instituciones propias de la Comunidad Autónoma, para lo que estamos dispuestos, como es natural, a elaborar, si se nos demanda, un informe al respecto.

Y dicho esto, transcurridos cinco años de su aprobación, de la Ley 4/2013, quizá también fuera el momento para hacer un balance sobre la misma y llevar a cabo una reflexión sobre distintos asuntos, con el fin de garantizar y fortalecer nuestras instituciones propias.

Recordar finalmente que este año se cumplen los quince primeros años de la institución, por lo que será un momento óptimo para conmemorarlo durante este año dos mil dieciocho con la celebración de una jornada en la que se presentará una publicación comprensiva de la doctrina jurídica aprobada tanto por el Consejo Consultivo como por el Tribunal, jornada prevista en principio el próximo día veinte de junio, en la Universidad de Salamanca, lo que también nos permitirá sumarnos a la celebración de su octavo centenario. No es necesario decir que me gustaría contar con su presencia, tanto en esta jornada de contratación como otra que celebraremos el próximo día tres de mayo en estas Cortes, sobre contratos y servicios dirigidos a las personas, y otras que se impulsarán, si todo va de acuerdo con lo previsto, con las diputaciones provinciales para la divulgación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Finalmente manifestar que se acaban de cumplir... se acaba de cumplir el mandato de los miembros que componemos actualmente el Consejo Consultivo, por lo que bien podría decirse que estamos ante la conclusión de una etapa que, a mi juicio, ha supuesto la consolidación de la función consultiva y el afianzamiento de la institución en Castilla y León, y que, en todo caso, mientras que estemos en funciones, seguiremos actuando con plena normalidad para estar a la altura de los... de la alta responsabilidad que ustedes nos han otorgado. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Muchas gracias. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, se procede a la apertura de un turno de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Como el Grupo Mixto no está, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el procurador don José Ignacio Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señor... señora presidenta. En primer lugar, dar la bienvenida al presidente del Consejo Consultivo y a todo su equipo. Y, la verdad, que, a tenor de todos los datos, la verdad es que no tenemos que felicitar, yo creo, por el gran trabajo realizado, aunque, bueno, como ha dicho muy bien su presidente, pues hay muchas de las cuestiones que hay que seguir mejorando y alguna con cierta preocupación, que luego diremos.

Desde luego, pues felicitar esos quince años que este año se cumplen del Consejo Consultivo, y la verdad que yo creo que de pasar... ha pasado de ser una... digamos, una entidad casi poco conocida o casi desconocida, pues yo creo que ya... sobre todo en el tema de la Administración local, en diputaciones, ayuntamientos, sobre todo, y la propia Junta de Castilla y León, pues cada vez tiene mayor reconocimiento y, desde luego, en fin, es mucho más reconocida y conocida por todos los ciudadanos.

Una de las primeras cuestiones que tenemos que decir, lógicamente, yo creo que ha sido bastante profuso y prolijo en las explicaciones y en todos los datos, pero sí que aquí estamos nosotros... yo creo que el parlamentarismo es para... digamos, para preguntar o sobre todo para pedir explicaciones, aquellas que no nos han quedado muy claras.

La primera que se ha referido el señor presidente es que la plantilla sigue siendo insuficiente. Sí que desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos queríamos saber si alguna vez se va a solucionar este tipo de problema o si, en fin, yo creo que se ven expectativas. No sería mal... baladí que este año, que se cumple el quince aniversario, pues sería un buen momento para, digamos, repensar, sobre todo la plantilla, porque todos sabemos que nuestros funcionarios pueden ser excelentes, pero, desde luego, si el número no es suficiente, no se llega siempre, digamos, a la misma calidad y al trabajo. Lo que está claro que hay que felicitarnos sobre todo por esa... esos dictámenes que, de media, tienen 13,10 días, frente a los 20, y, en ese sentido, yo creo que es una de las cuestiones a agradecer, ¿no?, y sobre todo que ese 94 % de los dictámenes pues se ha hecho con una resolución ejemplar.

En cuanto al tema presupuestario, la verdad que felicitarnos, ¿no?, en el sentido que yo creo que es... no digo que sean ustedes hormiguitas, pero está claro que saben, digamos, administrarse e incluso pues hasta les sobra dinero, como ha dicho el señor presidente, pues para dedicarle a otras políticas sociales, etcétera, etcétera.

Sí que nos gustaría también saber si ya se ha terminado esas pequeñas obras que decía de la cuestión arqueológica, esperemos verlas el día que vayamos a Zamora in situ, y sí que hemos oído hablar bastante bien de ellas. Yo creo que también eso es una cuestión... que se interactúa muy bien las Administraciones con nuestro propio patrimonio, nuestra propia, digamos, trayectoria cultural, y siempre es a tener en valor.

En ese sentido, sí que nos choca sobre todo el tema del Ayuntamiento de Valladolid, que ha cogido bastante, digamos, actividad. Seguramente, también vuelve... esto está muy desarrollado, igual que las Administraciones, por ese mayor conocimiento del Consejo Consultivo.

Antes que se nos olvide, también nos decía el tema del Tribunal, que, lógicamente, al ser... al tener solamente tres miembros, desde luego, pues dificulta mucho el tema de las incompatibilidades, y, desde luego, aparte de esa reflexión que decía también usted de la Ley 4/2013, que, bueno, que tantos disgustos nos ha dado muchas veces y que poco a poco se va implantando, pero que, desde luego, sí que en ese sentido tenemos que ser capaces también de mejorar esta cuestión.

Intentar también decir que, efectivamente, hacerle... usted ha dicho que ha llegado ya a su fin este mandato, esperemos que sea más ágil que el tema del Procurador del Común, aunque yo creo que la Administración también funciona, y que se haga todo con la mayor normalidad posible.

Sí que nos gustaría hacer alguna cuestión explícita sobre este nuevo supuesto de preceptividad del dictamen del Consejo Consultivo al amparo de la Ley 9/2017, del ocho de noviembre, que usted lo ha... de Contratos del Sector Público, porque, desde luego, yo creo que ha sido un poco la cuestión más debatida y más llevada, sobre todo por el tema de los ayuntamientos –todo el mundo ha estado muy pendiente- en esa nueva responsabilidad de la Administración, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay que recordar que esta Ley 1/2002, de uno de abril, pues, desde luego, precisamente, el Artículo 4.1 decía: a todos los demás casos en que por precepto expreso de una ley se establezca la obligación de consulta. Y, en este sentido, hay que referirse a esa Ley 9/2017, de ocho de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo -a lo que usted se acaba de referir-, y sobre todo vigente desde el nueve de marzo de dos mil dieciocho. Yo creo que todavía, sobre todo en los temas... los ayuntamientos, Administraciones locales, hay un poco de, en fin, de indefinición, en el sentido que los... sobre todo los secretarios. Usted se ha referido que va a haber... sí que nos gustaría también, si tiene algunas fechas concretas o unos planes de... me imagino que de reuniones con diputaciones provinciales, ¿no?, y para que todos los secretarios y alcaldes pueden, en fin, adecuarse lo máximo posible y lo más rápidamente posible a esta nueva ley; desde luego, sobre todo, pues porque, lógicamente, la Administración ya tiene una responsabilidad contractual en la que pudiera haber incurrido, sobre todo en los casos de indemnizaciones reclamadas, como bien dice, en una cuantía igual o superior a 50.000 euros.

Todo ello, yo creo que, si hablas con cualquier alcalde o cualquier secretario, pues todos hacen referencia a esta ley, y eso sí que nos preocuparía que, cuanto antes, pues eso, acercándose a estas Administraciones, pues tengamos todos la mayor, digamos, relación posible, la mayor publicidad, para intentar que sea lo mejor posible.

Sí que nos gustaría también... esos acuerdos de cooperación y los convenios de colaboración que se ha referido, sobre todo pues... en fin, que requiere el acuerdo de las Cortes de Castilla y León, que nos indicara específicamente, más o menos, a cuáles, digo, por dar, sobre todo, mayor publicidad. Y, en fin, es una cuestión de que yo creo que intentar que siempre seamos todos ágiles, que es de lo que se trata. Yo creo que el Consejo Consultivo, en ese sentido, bien usado... desde luego, ante todo, y antes de que se me olvide, felicitarles porque esa página web la visitan, como ha dicho varias veces, más de medio millón, ¿no?, 471.000 personas, me parece recordar. Y, en fin, quiere decir que eso sí que el ciudadano yo creo que se está... cada vez está mucho más cerca de estos dictámenes y está mucho más pendiente de este tipo de desarrollos.

Y en ese sentido, yo creo que... bueno, en la segunda parte, si tenemos una especie de... a tenor de lo... de lo dicho, simplemente, vuelvo a decir, pues felicitarles, animarles a seguir con su trabajo y, desde luego, intentar que... que, en fin, que ese 94 % de... digamos, de aceptación de los dictámenes quiere decir que se está haciendo muy bien el trabajo, que solamente hay un 4 %, que es lógico también que, por otra parte, haya discrepancias, yo creo que es, al fin y al cabo, la confianza en las instituciones lo que lo está provocando, y, en ese sentido, felicitarnos todos. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Muchas gracias, señor Delgado Palacios. Por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la procuradora doña Natalia del Barrio Jiménez.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, presidenta. Y gracias al presidente del Consejo Consultivo y a su equipo por comparecer hoy aquí y por el gran trabajo que hacen -nuestro grupo parlamentario se lo ha venido diciendo en todas las comparecencias- y especialmente relevante pues este año que ha aumentado el número de dictámenes y consultas que ha tenido que hacer el Consejo Consultivo, ¿no?

Nosotros entendemos que las funciones de su institución son más que necesarias en la Comunidad Autónoma, como veremos a continuación, pues en ciertos dictámenes, revisiones de oficio y en... y a través del TARCCYL, ¿no?

Nosotros, como usted bien sabe, creemos en el Consejo Consultivo y en la labor que se hace, pero yo se lo repito, como todos los años, no creemos en el Consejo Consultivo como un órgano de puertas giratorias, ¿no?

De todas maneras, yo sí que quiero felicitar, como usted lo hace en su informe, el trabajo que realiza la plantilla del Consejo Consultivo. Creemos, como usted, que tienen una gran profesionalidad, a pesar del muy reducido número de personas, como usted bien ha indicado, lo indica en la Memoria y también lo ha dicho aquí, a ver si toman notan y... toman nota algunos y toman algún tipo de iniciativa al respecto, porque no solo le pasa a usted, también le pasa al Procurador del Común, que cada vez se le van atribuyendo muchas más funciones, pero con el mismo personal, y, bueno, a pesar de todo eso y a pesar de la reducción, pues siguen haciendo una labor absolutamente extraordinaria.

Usted ya ha hablado sobre las mociones y recomendaciones que ustedes han hecho a la Junta de Castilla y León, pero nosotros sí queríamos entrar a analizar en profundidad alguna de las cuestiones que hemos visto en ciertos dictámenes y resoluciones, porque queremos preguntarle directamente y personalmente qué es lo que opina el Consejo Consultivo de algunas cuestiones que a nosotros nos parece tremendamente graves las que... de los informes que ustedes hacen de anteproyectos, de decretos, etcétera, ¿no?

Y, en primer lugar, queremos hacer referencia a los anteproyectos de ley, los decretos enviados por parte de la Junta de Castilla y León. Nos preocupa que el Consejo Consultivo, en casi todos los dictámenes que hace, echa en falta una concreción en el articulado de la norma que se le envía al Consejo Consultivo, ¿no? No sé qué le parece usted a esto, porque, desde nuestro grupo parlamentario, porque entenderíamos, a lo mejor, en una norma o en un decreto, o en uno en concreto, pero es que en todas o en casi todas, pues nos parece algo como que al final parece algo deliberado como para que no se entienda y, luego, al final, se puede interpretar de la... de cualquier forma, ¿no? No sé a usted esto qué le parece, porque lo dicen ustedes en casi todos o en todos los dictámenes.

En segundo lugar, usted ha hecho referencia al tema de la participación de... tanto del interesado, en información pública, como de la ciudadanía, a través del portal de transparencia. Le ha dicho que le ha pedido que se... que se intente realizar de manera correcta, pero a nosotros lo que nos preocupa -y no es una cuestión menor, porque creemos que la participación ciudadana es muy importante-, pues algunas cuestiones relacionadas con, por ejemplo, que no se incorporan en los informes de las consultas que se hacen en el portal de transparencia o que no se ha... o que no se ha dado el tiempo mínimo necesario para la exposición pública. Nosotros, como usted bien sabe, la participación ciudadana la entendemos fundamental y nos parece grave este hecho, ¿no? No sé qué usted opina al respecto, porque esto ha pasado en varias normas, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de decreto del título de técnico, se dice que ha habido un plazo insuficiente de consulta previa; en el proyecto que se regula el régimen jurídico personal en los... emérito en los centros, se dice que faltan... que no se ha incorporado el documento justificativo ni las sugerencias que se hicieron en el trámite; el proyecto por el que se modifican las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente, se dice que no consta el expediente justificativo de la realización de la consulta previa. Bueno, y así hay varios más. Y entonces nosotros queremos saber qué opina usted a este respecto.

En tercer lugar, nos preocupa que no se tomen en cuenta las observaciones que el Consejo Consultivo hace a ciertas leyes, y especialmente estamos preocupados por dos en concreto, ¿no?, que es la ley de reducción de cargas administrativas, en las que, en primer lugar, ustedes dicen que les hubiese gustado tener un conocimiento más completo de las razones y motivos que sustentan alguna de las modificaciones, y también alerta de que, cuando se pretende facilitar una mayor dinamización empresarial en aspectos tan importantes como las relativas al juego, espectáculos públicos y actividades recreativas, si no se hacen controles suficientes a posteriori, puede ocasionar perjuicios de gran importancia. La misma advertencia la hace también el Consejo Consultivo para el proyecto en el que se determinan las condiciones ambientales mínimas en relaciones a determinadas industrias agroalimentarias. Y yo le pregunto si usted cree que se van a llevar a cabo estas inspecciones posteriores que ustedes ya alertan en este documento, ya que, como ustedes indican, pues puede ocasionar perjuicios de gran importancia.

Y aunque hay muchas cuestiones que ustedes introducen en los ciertos... en los diferentes informes, también nos preocupan seriamente dos que ustedes hacen, relativos a una norma tan importante como es el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas de nuestra Comunidad Autónoma. Usted, este año, o el Consejo Consultivo ha tenido que hacer dos informes, y lo que ustedes dicen en estos informes para nuestro grupo parlamentario es bastante demoledor, ¿no? Le... le voy a citar frases textuales, que no es de nuestro grupo: "Se advierte que se ha solicitado informe al CES sin haberse cumplimentado la tramitación ordinaria. No es admisible una simple certificación de los acuerdos que no refleje el contenido de ellos. Tales modificaciones no deberían incluirse en las leyes de medidas, sino en leyes distintas con el fin de respetar los principios de buena regulación". Aquí hago un receso. Ya no solo con respetar los principios de buena regulación, sino con respetar los principios de la participación a la que usted, el Consejo... y el Consejo Consultivo da muy... da bastante importancia.

Y con el tema de la buena regulación, también es muy importante porque el Tribunal Constitucional ya ha informado de los riesgos que pueden suponer estas prácticas, y usted lo informa, dictamen tras dictamen, y la Junta de Castilla y León no le hace ni... ni caso. No sé. Usted, ¿no?, ya si se desespera de... quiere hacer una moción... Es que no sé cómo podemos cambiar esta situación, ¿no?

Esto es con referente a la ley de medidas tributarias del dos mil cien... del dos mil diecisiete, pero es que en la del dos mil dieciocho también tenemos varias cosas, ¿no? Ya en este proyecto no se incorporaron tantas medidas administrativas, pero sí que se indica, por ejemplo -y a mí me parece tremendamente grave-, que la Consejería de Familia no remitió los informes que permitían en la memoria de impacto de infancia, adolescencia, familias numerosas y discapacidad. Y hay que reiterar... y le reitera usted también que debe hacerse un uso prudente de las declaraciones de urgencia. Tampoco... le indica que no se ha incorporado al expediente una versión íntegra del texto refundido. Y, bueno, yo es que, de verdad, para nuestro grupo parlamentario, eso es tremendamente... en una norma de tal dimensión, como es la ley de medidas administrativas, pues nos parece tremendamente grave, ¿no?

Y no quería dejar pasar las resoluciones en cuanto a los dictámenes de responsabilidad patrimonial y las revisiones de oficio. En el caso de las revisiones de oficio, cuando leemos las revisiones y las que se estiman, en cierta manera, nos da un poco de impotencia que a veces usted tiene como que ratificar lo que dicen los secretarios y los interventores de los ayuntamientos que los alcaldes... a los cuales alcaldes y alcaldesas no hacen ni caso y que ustedes vienen a ratificar lo que dicen. Y no sé si usted no le parece que es como una cierto... y a ver si se entiende, un cierto caciquismo de algunos alcaldes, que quieren hacer lo que ellos quieran a pesar de todo y a pesar de los informes de los secretarios e interventores de los ayuntamientos.

Con respecto a los dictámenes de responsabilidad patrimonial, mire, yo le voy a decir que, a mí, personalmente, leerlos... no sé a usted... les admiro, porque a mí me ha resultado tremendamente, en algunos casos, desolador, y me resulta algunos desoladores, sobre todo los referentes a sanidad. Yo no voy a entrar en la cuestión económica, no voy a entrar en ese, pero sí que quiero entrar en las cuestiones pues que, por ejemplo, la mayoría de ellos, y las mayorías que estima el Consejo Consultivo, son debidos a los retrasos en las... en diagnósticos provocados por la Consejería de Sanidad y por la falta de personal en la Consejería de Sanidad. Yo no sé si el Consejo Consultivo le ha mandado alguna cuestión a la Consejería de Sanidad a este respecto, porque realmente son demoledoras. Se leen frases de... o sea, se demoró 10 meses el diagnóstico, retraso diagnóstico, retraso diagnóstico de cáncer con más de 16 meses. Todo es demora y retraso, y derivado pues, evidentemente, de la falta de recursos.

Y ya, para finalizar, en cuanto al TARCCYL, pues nada, simplemente darle la enhorabuena por esta cuestión y por esta labor que hace el Consejo Consultivo en cuanto a los contratos públicos. No sé qué consideración o valoración hace de las gestiones que ustedes tienen que hacer, porque nosotros entendemos... o si tiene pensado hacer algún dictamen, porque muchas veces si las propias Administraciones públicas presentaran de manera más clara y transparente los criterios, pues a lo mejor se tendrían que ahorrar todas estas resoluciones. Nada más. Felicitarle otra vez y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Muchas gracias, señora Del Barrio. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la procuradora doña Gloria Acevedo Rodríguez.

LA SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, presidenta. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos dar la bienvenida al presidente del Consejo Consultivo. Le agradecemos su comparecencia, así como a los consejeros y al resto de los miembros de su equipo que esta mañana nos acompañan aquí, a las Cortes de Castilla y León. Y usted cumple con las Cortes y las Cortes cumplen con usted, al contar... al convocar esta comparecencia dentro del plazo legal previsto, que es dentro del primer período de sesiones, y, por ello, nosotros también felicitamos a la Mesa por haberlo acordado así. Y esperemos que este no sea el último informe que tengamos el honor de escucharle, dado que el año que viene pues finaliza la legislatura y esperemos que también la Mesa pues le convoque con anterioridad a la finalización y a la disolución de las Cortes de Castilla y León.

En todo caso, ya pasando a la valoración del informe, pues comenzar con una valoración cuantitativa, y es verdad que ustedes pues han recibido 600 solicitudes de informe durante el año dos mil diecisiete, y es importante –consideramos y doy fe de ello- que para los ciudadanos es importante la reducción del plazo de emisión del dictamen, que baje pues de... de 20 hábiles a 13,10, y ello pues vendrá determinado por la consolidación de la doctrina emitida por el Consejo Consultivo. Pero es algo también de resaltar que esto contrasta con el dilatado lapso de tiempo que los expedientes tienen en los órganos de las Administraciones consultantes, y, al final, pues en la visión del ciudadano pues se restringe esta celeridad por parte del Consejo Consultivo respecto al órgano próximo a su... al ciudadano, que es la Administración contra la que tiene que accionar. Y usted esto lo ha recriminado en sucesivos dictámenes, lo ha recordado en todas sus comparecencias, pero parece que cae en saco roto.

Respecto de las comunicaciones oficiales recibidas sobre las resoluciones finalmente adoptadas por las Administraciones consultantes, pues han pasado, del año dos mil dieciséis, 97,07, a este año, al 95,79. Evidentemente, esta reducción porcentual no reduce su auctoritas, pero también –perdone que haga esta mención- hay una cuestión importante, y es que, en materia de responsabilidad patrimonial, la mayoría de sus resoluciones tristemente son desestimatorias.

En consecuencia, si se desestima la petición del ciudadano, no va a ser la Administración recurrida la que invierta el sentido de la resolución a la propuesta del Consejo Consultivo. Usted sabe que yo ya le he manifestado y el... y el portavoz de esta Comisión también en anteriores ocasiones que, a pesar de que ustedes animan en los informes y en la exposición que hace aquí, en las Cortes de Castilla y León, a los ciudadanos a reclamar, porque es verdad que, en principio, pues no tiene coste alguno, porque la vía administrativa pues no lo requiere, sí que en cierto modo ahuyenta su doctrina un tanto restrictiva, en muchas ocasiones, respecto a la responsabilidad patrimonial. Y es que, si vemos la responsabilidad patrimonial en materia sanitaria, de 138 solicitudes, salvo error u omisión por mi parte, solo cuatro estimaciones parciales y una total. Y yo ya también se lo he manifestado, lo que nos aboca, en ocasiones, pues a ir a la otra jurisdicción competente también en materia de responsabilidad de la Administración, que es la vía civil, cuando accionamos la vía directa contra la aseguradora responsable de la Administración, y que conlleva un menor lapso de tiempo y con unos requisitos menos estrictos, como usted sabe muy bien, en materia de potencial negligencia médica, que es en la que nos basamos, que es el 1902.

En otro orden de cuestiones, le felicito por la labor pedagógica que hace en el propio informe. El año pasado pues nos advertía de las diferencias sustanciales y la confusión de figuras como la revisión de los actos administrativos, con la declaración de lesividad y la revocación de los actos de gravamen y rectificación de errores materiales. Y este año pues nos advierte usted sobre las diferencias de los convenios de colaboración y acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas, que yo entiendo que es una figura bastante poco utilizada por la Administración autonómica, salvo en cuestiones en servicio de entidades limítrofes, y, sobre todo, pues han tenido ustedes ocasiones de emitir el correspondiente dictamen a consecuencia de la carretera de Porto, que con tanto ahínco ha defendido el procurador José Ignacio Martín Benito.

Y respecto de las recomendaciones, pues vuelve usted... el Consejo Consultivo a reiterar la necesidad de separación en los trámites de audiencia pública e información pública y de participación ciudadana en los procedimientos de elaboración de las normas con rango de ley y reglamentos, pues denuncian ustedes que existe una superposición de los trámites de participación ciudadana e información pública, tal y como usted muy bien ha expuesto en el Dictamen 477/2014, en la que ha instado por segunda o por... en otras ocasiones a la Junta a que sea necesaria su coordinación, igualmente en el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, con la ley de transparencia. Parece que la Junta de Castilla y León entiende esta coordinación de estas leyes con la transparencia pues de distinta manera que el resto de las personas. No tiene muy claro lo que significa eso de la transparencia.

Habituales las prácticas dilatorias sobre el cumplimiento de los plazos establecidos en las disposiciones finales o leyes para su desarrollo reglamentario. Tenemos como muestra la Ley de Servicios Sociales, la Ley de la Vivienda; tienen varios años y todavía no se ha producido el desarrollo reglamentario. También tener en cuenta que en ocasiones pues la propia Junta de Castilla y León procede al desarrollo de algunos artículos de la propia ley reglamentariamente, dejando de lado otros artículos, lo que produce una inseguridad jurídica y una disposición normativa. Después también que no entendemos muy bien por qué la Junta de Castilla y León, teniendo proyectos de ley elaborados durante varios años, pues solicita el informe con carácter de urgencia al Consejo Consultivo, cuando ya están todo los... todo ese proyecto de ley a disposición de todos los colectivos.

Y si hay algo poderosamente increíble también es, en materia de régimen sancionador, la vulneración, por parte de la Junta o de la Administración autonómica, de la vulneración del principio de legalidad que tipifique y sancione más hechos en el reglamento que en la propia ley. Nos parece increíble que, a estas alturas del desarrollo democrático, tengamos que... que afrontar este tipo de cuestiones.

Le... le ponemos de manifiesto también, por parte del Grupo Parlamentario Socialista y recogemos el guante, que le ha evidenciado el Consejo Consultivo la incompatibilidad respecto de los miembros del Consejo Consultivo y el Tribunal de Recursos Administrativos que se puede suscitar, e instamos ya también a que hagan caso a lo que manifiesta el Consejo Consultivo para que pongan a disposición de ellos los suficientes medios personales y materiales para que no se sucedan cuestiones de incompatibilidad y no se tengan que activar los mecanismos de abstención y recusación.

Respecto del Tribunal de Recursos Contractuales, pues hacen ustedes un informe, una labor explicativa de las novedades introducidas por la Ley 17 del ocho de noviembre, y es verdad que supone una interminable jornada de amplitud normativa sobre la contratación pública conforme a las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo.

En contraposición o coadyuvando a lo manifestado anteriormente así... aquí, sí que tienen ustedes constancia en relación al número de expedientes que acuden a la vía contenciosa, después de ustedes haber emitido su... su dictamen. Y, por eso, yo aquí quería hacerle hincapié que sería interesante que, para el próximo informe, pues aportasen datos sobre los asuntos en que ha habido resolución en el mismo sentido en la vía contenciosa que en el dictamen del Consejo Consultivo y qué expedientes desestimados en sus informes pues tuvieron una sentencia favorable en Consultivo y viceversa.

Y, por último, señor presidente, pues nada, comentar en esta Comisión de Presidencia un tema que en León nos preocupa expresamente, que es el Real Decreto 128/2018, de dieciséis de marzo, en lo que pueda resultar consecuencias para el Consejo Consultivo, y es que supone la imposición a las juntas vecinales de contar con secretarios de carrera. Y, como usted sabe, pues antes era... tenían el mecanismo de que se cubría con un vecino con capacidad suficiente para el desarrollo del puesto, y los secretarios de los ayuntamientos que presuntamente pues tienen que pasar a desarrollar pues estas funciones, pues tienen más ayuntamientos, más juntas vecinales a las que atender, y pueden verse desbordados. Y nosotros queríamos preguntarle expresamente qué repercusión puede tener esta situación respecto de los recursos de nulidad o anulabilidad que se puedan suscitar en relación a los actos y disposiciones que puedan emitirse desde las juntas vecinales y que no cuenten con la autorización del secretario de carrera, tal y como... tal y como dispone este real decreto.

Y, por último, y desde mi humilde punto de vista, y sin, desde luego, afear en ningún momento la fundamental labor del Consejo Consultivo, la frase esta que ustedes ponen al final de los informes -"No obstante, V. E. resuelva lo que estime más acorde-" parece como que rompe un poco esa vinculación que ustedes quieren tener con los ciudadanos. Igual, pues una... en una evolución democrática, deberíamos de revisar estas cuestiones, y yo lo lanzo así. Debería de ser: resuelva conforme a lo que yo estimo y, si la Administración tiene algún problema, que vaya ella a los Juzgados de lo Contencioso y reducir el pobre peregrinaje de los ciudadanos por los Juzgados de lo Contencioso o el Tribunal Superior de Justicia, en su caso. Muchísimas gracias, y nada más.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Muchas gracias, señora Acevedo. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el procurador don Ángel Ibáñez Hernando.

EL SEÑOR IBÁÑEZ HERNANDO:

Gracias, presidenta. Buenos días. En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos darle la bienvenida a la celebración de esta sesión, bienvenida que hacemos extensiva también a los otros miembros del Consejo Consultivo, el señor Sobrini Lacruz y Ramos Antón, que nos acompañan en el día de hoy, y, ¿cómo no?, a la señora García Fonseca, secretaria del Pleno, y al señor García Romero, del Tribunal de Recursos Contractuales. Una cordial bienvenida a todos ustedes.

Yo creo que, efectivamente, como se ha puesto de manifiesto, no solamente desde el punto de vista del fondo de la Memoria, sino de la forma a la hora de presentarla, el que hayamos sido capaces de adelantar en el tiempo su presencia aquí es un buen ejercicio de mejora al respecto de la rendición de cuentas. Hay que recordar que en el año dos mil dieciséis su presencia, por ejemplo, tuvo lugar en el mes de julio, y que hayamos sido capaces de adelantarlo al mes de abril en este año dos mil dieciocho yo creo que es un ejercicio de normalidad, que debería de seguir continuando en el tiempo, y que es positivo tanto para el Consejo Consultivo como para los grupos parlamentarios.

Entrando en los datos que nos ha facilitado, respecto al informe en la Memoria del año dos mil diecisiete de actividad del Consejo Consultivo, hemos apreciado, en primer lugar, ese dato importante de que el 94 % de las solicitudes de emisión de informes por parte del Consejo Consultivo se ha reducido a 13,1 días en este año dos mil diecisiete. Repasaba las notas de mi intervención en el año pasado, donde se hablaba de que el 81 % de los dictámenes se hacían en 14,6 días de media. Por tanto, hemos aumentado el número de... el porcentaje del número de dictámenes que se emiten y además en menor tiempo que lo que se hacía el año dos mil dieciséis, lo cual denota una mejora que yo quiero valorar hoy y poner de manifiesto, el buen camino que se está siguiendo en la actividad del Consejo Consultivo, y, por supuesto, que puesto en comparación con la actividad de otros Consejos Consultivos, sin duda, denota que en Castilla y León las... la actividad se está desarrollando perfectamente.

En segundo lugar, el dato de ejecución del presupuesto yo creo que no hace falta valorarlo más allá del propio dato. Ese 91,5 % de ejecución demuestra un altísimo porcentaje de esos niveles de educación... de ejecución, perdón, y también, por supuesto, que los 95.000 euros de resultado presupuestario vayan a ir destinados a políticas sociales, tal y como marca la propia Ley 4/2013.

Queremos también hacer una especial mención al apartado I.3.4, en relación con la transparencia. Nos parece muy positivo y, además, es una cuestión en la que los grupos parlamentarios hacemos especial mención permanentemente a que cualquier Administración pública o cualquier, en este caso, institución propia de Castilla y León cumpla con todas las previsiones marcadas en la ley de transparencia, y por eso nos parece muy positivo que se haga una mención expresa en la propia Memoria.

Respecto a las visitas a la página web del Consejo Consultivo, es espectacular ese incremento con más de 100.000 visitas hechas respecto al año pasado, en ese total de más 540.000, lo cual está demostrando que es una herramienta muy potente. Las nuevas tecnologías están aquí, no de paso, sino para quedarse y para ser un instrumento muy útil para todos quien tienen que desarrollar una labor, y especialmente hablaríamos de todo lo que tiene que ver con la doctrina. Hay que tener en cuenta que en Castilla y León hay decenas o centenares de personas que, desde el punto de vista técnico, jurídico, interventores, tienen que trabajar en los ámbitos de competencia del Consejo Consultivo y que tengan esa doctrina a su disposición para hacer mejor su trabajo, pues yo creo que resulta muy positivo y muy importante para poder extender toda la acción en materia de su competencia.

Y entrando ya en el ámbito de la actividad, bueno, esos 571 dictámenes, que suponen un 11,6 %, lo que nos están demostrando es que hay una tendencia creciente. Ya se elevan a más de 14.300 los dictámenes en estos quince años de funcionamiento del Consejo Consultivo. Y nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, también queremos hacer una llamada a la reflexión. Es verdad que esas 26 personas que están trabajando en el Consejo Consultivo estoy convencido de que sus altas cotas de profesionalidad están desarrollando un trabajo a la perfección, pero probablemente haya que reflexionar, si la tendencia es creciente, sobre el dimensionamiento adecuado para que la función que hace el Consejo Consultivo sea adaptada a las necesidades que tiene la Comunidad de Castilla y León.

Sobre esta cuestión de la actividad, yo creo que hay dos datos positivos que nosotros queremos poner de manifiesto: en primer lugar, valorar que, a pesar del aumento, existe esa celeridad en cuanto a la tramitación de los dictámenes, con ese 94 % de los dictámenes evacuados en 13 días hábiles, frente a los 20, que tendría que ser lo que se pide de modo ordinario; y también, en segundo lugar, haría una llamada de atención sobre la no existencia de votos particulares, que, sin duda, da una auténtica imagen de fiabilidad del propio Consejo Consultivo; y también el muy notable seguimiento de lo indicado en los dictámenes del Consejo Consultivo, con ese 96 prácticamente por ciento, de tal modo que solo el 4 % se apartan de las comunicaciones oficiales. Yo creo que la auctoritas, a la que usted hacía mención, y como ha hecho también en anteriores Memorias, acreditan o quedan acreditadas con estos datos en relación con esta actividad del Consejo.

Una pequeña mención es... -que no tenía previsto hacer, pero que sí, a la vista de la Memoria- es la relacionada con los dictámenes en el ámbito de la Consejería de Sanidad. Hay que recordar que en este año se han evacuado 140 dictámenes, frente a los que, por ejemplo, se tuvieron que desarrollar entre los años dos mil nueve y dos mil trece, con más de 200, llegando en el año dos mil trece a 245. El que haya... este año sean esos 140, yo creo que acredita una buena gestión o una mejora de la gestión.

Y, luego, yo la verdad es que no haría una especial llamada sobre que alguna de las cuestiones que forman parte de esos dictámenes están relacionadas con la gestión en el ámbito de la Consejería de Sanidad, porque algunas tienen que ver, como aquí se ha dicho, no con cuestiones de gestión, sino con errores en los diagnósticos o tratamientos inadecuados; cuestiones que probablemente tengan que ver con la dificultad de una profesión tan difícil en muchas ocasiones como la del personal sanitario. Es fácil echar la culpa a los gestores cuando a veces no se trata de la gestión, sino de la actividad, como digo, de un tema muy sensible, muy complicado y sobre la cual, evidentemente, pues nosotros no ponemos en tela de juicio ninguna valoración al respecto de la... de los magníficos profesionales de la sanidad en Castilla y León.

Una cuestión a la que no ha hecho mención en su Memoria pero que yo quiero poner de manifiesto está relacionado con las 40 actividades que hicieron en el año dos mil diecisiete. Nos parece muy positivo y saludamos el hecho de que el Consejo Consultivo no sea una institución cerrada, a la cual las Administraciones públicas recurren para que emitan los dictámenes, sino que también se abra, con la participación de sus miembros en distintas actividades y también en la organización de diversas jornadas. Esa herramienta o ese mecanismo, ese procedimiento de apertura, yo creo que es muy positivo y, cuanto más se conozca al Consejo Consultivo, pues yo creo que es mucho mejor para Castilla y León.

No puedo dejar de hacer una mención en mi intervención de los datos del Tribunal de Recursos Contractuales, esos 519 recursos que ya han... se han gestionado entre dos mil doce y dos mil diecisiete, con los 29 recursos que ya se llevan en dos mil dieciocho, que suponen esos casi 4.100 millones de euros en juego. Estamos hablando de unas cifras muy importantes, lo cual, evidentemente, ya no solo desde el punto de vista cualitativo, sino desde el punto de vista cuantitativo, marcan yo creo que la influencia y la importancia de las acciones que desarrolla el Tribunal de Recursos Contractuales.

Sin duda, la contratación es uno de los ámbitos que más deben de vigilarse en el ámbito de las Administraciones públicas, y la existencia de este Tribunal refuerza yo creo que todos los mecanismos para que la contratación no se desvíe un ápice de lo que contempla la ley y de lo que tiene que ser para que se eviten incidencias negativas, yo creo, en el funcionamiento de las Administraciones públicas. Y queremos, evidentemente, poner en valor esa valoración positiva del funcionamiento del Tribunal que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como modelo de éxito, cumpliendo esas condiciones, de ser un tercero, de tener autonomía e imparcialidad y que, además, sus miembros permanecen inamovibles, lo cual, evidentemente, refuerza esa posición de eficiencia.

Y para concluir, solamente dos cuestiones sobre las cuales me gustaría, si puede hacernos, una reflexión. Nos ha hablado de esa posible amenaza que puede suponer la ley de contratos en cuanto a la posibilidad de que ayuntamientos y diputaciones puedan promover la existencia de... de consejos consultivos o tribunales de recursos. Yo conozco que, en algún caso, en algún ayuntamiento capital de provincia en el cual tuve la posibilidad de estar, sí que se creó un tribunal económico-administrativo previo a la vía contenciosa, que sí que está funcionando bien; está suponiendo que haya menor nivel de litigiosidad, pero, evidentemente, querría que profundizara un poco en por qué valora que puede suponer una... una amenaza.

Y luego los datos sobre el reforzamiento del recurso especial en materia de contratación son aplastantes, ¿no? Antes solo los sujetos a regulación armonizada eran los que podían pasar por ese Tribunal de Recursos Contractuales, pero lo que nos ha indicado ahora en la nueva ley de contratos, con esos contratos de suministro, concesiones y obras, en cuantías muy pequeñas, la mayoría de ayuntamientos de capitales de provincia desarrollan contratos de esta naturaleza, el ampliar los supuestos para poder recurrir, el ampliar las vías de legitimación, yo creo que nos debe marcar una reflexión: o se refuerza el Tribunal o, si no, corremos riesgo de que se pueda colapsar. Y, dicho lo cual, también con la posibilidad de que, desde el punto de vista político, esto... esta capacidad o esta ampliación en la legitimación pueda utilizarse como herramienta política, más allá del control que está previsto en las distintas figuras normativas.

Termino ya simplemente agradeciéndole de nuevo su presencia, esperando que podamos encontrarnos de nuevo en esas jornadas de mayo aquí, en las Cortes, y en junio en la Universidad de Salamanca, y, por supuesto, porque el Grupo Parlamentario Popular está firmemente convencido de que hay que seguir garantizando y fortaleciendo nuestras instituciones propias. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Muchas gracias, señor Ibáñez. Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor presidente del Consejo Consultivo.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los portavoces por las palabras que nos han dedicado en relación al reconocimiento del trabajo de la institución que me honro en presidir.

Muchas gracias, en primer lugar, al portavoz de Ciudadanos, a José Ignacio Delgado, al que tengo el honor de conocer hace muchos años y compartir con él vivencias fundamentalmente desde el punto de vista de la política municipal. Le agradezco que haya reconocido públicamente que la institución hoy es mucho más conocida y más reconocida por los ciudadanos de Castilla y León. Tengo que poner de manifiesto que no es fácil, porque esta es una institución de naturaleza técnica y que, por lo tanto, no tiene la vocación de ser una institución popular, sino actuar en el ámbito de procedimientos administrativos complicados, complejos, desde el punto de vista técnico, y que, además, tiene la particularidad de que el dictamen es de la Administración consultante, y muchas veces incluso los administrados desconocen que, en el ámbito de un procedimiento administrativo, se ha podido inclinar la decisión de la Administración a su favor con ocasión de la emisión de un dictamen del Consejo Consultivo, al que, como mucho, tienen acceso los agentes jurídicos que participan en ese procedimiento administrativo.

Sí me gustaría señalar, sin embargo, que, de esos 14.362 dictámenes emitidos, siempre ha habido un ciudadano de Castilla y León, un grupo de ciudadanos de Castilla y León o todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma, detrás de todos y cada uno de los dictámenes emitidos. Por lo tanto, yo creo que esa es una expresión de verdadera cercanía.

La plantilla es... -contestando a la plantilla- la plantilla yo... es una plantilla ajustada, como he tenido ocasión de decir. En este momento es una plantilla que está dimensionada, incluso se puede hacer algún esfuerzo. Yo no soy partidario, ni ningún miembro del Consejo, de aumentar la plantilla si no fuera absolutamente imprescindible. De hecho, están cubiertas 26 de las 27 plazas, ni hemos intentado agotar la plantilla. Lo que venido a advertir a todos ustedes es que, si hay un incremento natural de la actividad del Consejo, como se está poniendo de manifiesto, tanto en la emisión de dictámenes, en torno al 11 %, o del Tribunal, más del 30 % de las resoluciones, y va a ser inevitable el aumento de dictámenes vía nuevos dictámenes preceptivos, reclamaciones de responsabilidad contractual de la Administración, en esa cantidad de igual a 50.000 euros. Es decir, una modificación de la ley de instituciones propias de la Comunidad Autónoma podría rebajar el umbral económico, ¿eh?, igual que el Consejo de Estado solo emite dictámenes de responsabilidad patrimonial de más de 50.000 euros. En Castilla y León emitimos dictámenes de responsabilidad patrimonial de a partir de 3.000 o 6.000 euros, en función que la reclamación sea ante las entidades locales o la Comunidad Autónoma. Bien se podría reducir ese umbral de 50.000 euros y ajustarlo, por ejemplo, al municipalismo de Castilla y León con 2.243 pequeños ayuntamientos. Eso, sin duda, va o puede traer aumento de actividad, aumento de carga de trabajo. Y, sin duda, el Tribunal... el Tribunal va a conllevar ese aumento de carga de trabajo.

¿A corto plazo? No lo creo. A corto plazo no lo creo, porque creo que los ayuntamientos ahora y las Administraciones, en general, están en un impasse, porque están conociendo la nueva Ley de Contratos del Sector Público, están asumiendo que hay un cambio de criterio en relación a la antigua legislación -el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público- del concepto de oferta económicamente más ventajosa a la relación calidad-precio, ponderando cuestiones sociales, de innovación, medioambientales, fomentando el trabajo, ayudando a las pymes, que va, lógicamente, a incidir en la elaboración de pliegos y que puede, evidentemente, retrasar este año la contratación pública. Pero, una vez que se coja el ritmo adecuado, pues, evidentemente, puede haber un aumento de carga de trabajo vía el Tribunal, porque, además, como decía antes, de reducir el umbral económico a esos 3.100.000 euros, aumenta el número de actos susceptibles de recurso especial en materia de contratación y se amplía de una manera muy importante la legitimación para presentar el recurso. Podría ocurrir, ¿eh?, podría ocurrir que una creación de tribunales en las diputaciones provinciales y en esas grandes ciudades, en este caso régimen de grandes ciudades solo tienen, si no me equivoco, Burgos y Valladolid, atenuara el número de recursos, pero, sinceramente, no lo creo. No creo que las diputaciones –y luego me referiré a ello en contestación expresa- creen esos... creen esos tribunales de las diputaciones provinciales.

Por tanto, es una plantilla ajustada, dimensionada al día de hoy, pero lo que tenemos que ir pensando y advirtiendo, efectivamente, es que no se cree en su momento un colapso como consecuencia del aumento de recursos, especialmente del Tribunal de Recursos Contractuales, que puede ocurrir.

Es muy importante la eficiencia de la institución, efectivamente, señor Delgado. Yo creo que emitir dictámenes en una media de 13,10 días, pues, aunque aquí el dato lo aguanta todo y parece que es algo pues... pues sencillo, pero hay que pensar que el Consejo de Estado emite dictámenes, y se amplían normalmente, por mandato legal en 60 días, y el contenido jurídico es similar, es decir, no son dictámenes distintos; y que otros Consejos Consultivos tienen plazos de 45 días y de 30 días; y que otros Consejos Consultivos pues tienen más número de letrados que nosotros; y que otros Consejos Consultivos no tienen solamente tres miembros en la composición de su Consejo, sino que oscilan entre 5 y 7 y hasta 14. Luego es eficiencia.

Es verdad que a veces se nos utiliza para decir que nosotros dilatamos los procedimientos administrativos. Pues no es cierto; el dato lo pone de manifiesto. Es decir, el Consejo Consultivo, por la premura en la emisión de los dictámenes, facilita que las Administraciones, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 11 del Estatuto de Autonomía, resuelva los asuntos en un plazo razonable. Por tanto, ese argumento, ¿eh?, que suponemos todos de "este asunto está en el Consultivo", pues normalmente pues no es verdad. Este asunto, cuando llega al Consultivo, en 13 días de media y en 20 días como máximo, salvo que haya que suspender para pedir más documentación, pues está emitido el dictamen jurídico y, por lo tanto, yo creo que es una garantía para los ciudadanos.

Me preguntaba el portavoz de Ciudadanos también por el proyecto cultural. El proyecto cultural, bueno, yo creo que ya acomete su tercera fase. Ese proyecto cultural va a permitir exponer en el Consultivo los restos arqueológicos que estaban en el solar donde está la sede. Son restos arqueológicos muy importantes. Ahora están siendo restaurados las últimas piezas en el Museo Arqueológico de Zamora. Y son desde el punto de vista arqueológico muy importantes, porque ponen de manifiesto la propia vida de la ciudad de Zamora. Hay que darse cuenta que el Consejo Consultivo está en el entorno del castillo de Zamora, está en el entorno de la catedral de Zamora, donde normalmente se generaba la vida civil, en el entorno del castillo y tal. Por tanto, se están acuñando todo lo que es la evolución de la vida de la ciudad de Zamora y, en cierta manera, incluso la directora provincial del Museo Arqueológico de Zamora pone de manifiesto que puede ser un museo de la ciudad de Zamora. Lo... ya estamos incluso tomando medidas para garantizar que el edificio está abierto los fines de semana y sea, por lo tanto, visitable la exposición. Pero este año, como he dicho, acometemos la tercera y última fase, que es la de las vitrinas, expositores y restauración de piezas metálicas y de cerámica.

Y en tal sentido, con el impulso de la Secretaría General de Apoyo, hemos encargado unas prescripciones técnicas a un director de un museo provincial de Castilla y León, museo arqueológico, con el fin de que tenga todo un contenido expositivo que sea lo más adecuado posible, y que yo creo que tiene todo sentido, ¿no? Carecería de sentido haber hecho una intervención arqueológica, que fue la más importante desde el punto de vista económico de Castilla y León, y, una vez que tenemos los restos arqueológicos, permitir que vivieran, o que se almacenaran o se perdieran, como posiblemente hubiera ocurrido, en cualquier lugar de Zamora.

¿Qué pasó con el Ayuntamiento de Valladolid? Pues con el Ayuntamiento de Valladolid pasó, como recordarán en mi primera intervención ante esta Comisión, que, como también ocurrió con el Zamora, que inexplicablemente no solicitaba dictámenes de responsabilidad patrimonial. Solicitaba los dictámenes en el resto de los supuestos, pero los dictámenes de responsabilidad patrimonial de la Administración, los que se producen con ocasión de los... de la prestación de los servicios públicos del Ayuntamiento de Valladolid, no se solicitaban. Bueno, había una teoría jurídica entre los técnicos del Ayuntamiento de Valladolid que consideraban que, en virtud de su reglamento interno, ellos podían no atender la Ley, en este caso, 1/2002, que reguló el Consejo Consultivo, y posteriormente la Ley 4/2013, pero ha habido un cambio de criterio, los propios técnicos del Ayuntamiento de Valladolid han encabezado ese criterio jurídico, y ahora ya se solicitan los dictámenes en materia de responsabilidad patrimonial. Obviamente, por el tamaño y proporción de la ciudad, pues ha pasado a encabezar el número de dictámenes emitidos. Y yo creo que eso es una garantía para los derechos de los ciudadanos y también para que la Administración sirva al interés general y garantice un estándar mínimo de calidad en la prestación de los servicios públicos.

Yo no quiero aumentar el número de... yo no planteo aumentar el número de consejeros del Consejo Consultivo, ni... ni es un poco la idea que estoy trasladando; lo que estoy poniendo en evidencia es un dato objetivo. Es decir, si la Ley de Contratos del Sector Público va a llevarnos a supuestos de incompatibilidad y la Ley 4/2013 establece que la composición del Consejo y la del Tribunal es la misma y somos tres miembros, es imposible que tres miembros participen en dos instituciones, pero en dos... en dos órganos, sin viciar el contenido de la decisión adoptada, porque, con tres, ya me dirán ustedes cómo nos abstenemos unos, cómo votan a favor otros, el voto de uno no significaría, no sería suficiente, no sería un órgano colegiado. Por tanto, es imposible. ¿Va a ocurrir? Como dice la Memoria, en supuestos muy limitados. Pero sí puedo advertir: todos los modificados contractuales que hemos emitido dictamen, todos, ¿eh?, han ido luego a la vía contenciosa, todos los que hemos emitido históricamente el Consejo Consultivo dictamen preceptivo en relación con los modificados contractuales, todos.

El rescate de una concesión ¿qué es? Es otra resolución de un contrato; con oposición del contratista, vuelve al dictamen preceptivo del Consejo Consultivo. Luego hay que pensar que, si han ido todos a la jurisdicción contenciosa, en un futuro todos los modificados contractuales irán al recurso especial en materia de contratación, y luego tendríamos que inadmitir porque estaríamos viciados. Conclusión: evidentemente, o se modifica la composición del Consejo y se aumenta el número de miembros del Consejo Consultivo, lo cual ya evitaría este problema, podríamos establecer de manera separadamente la participación de los miembros del Consejo Consultivo; o bien se modifica la composición de los vocales del Tribunal, que bien se podría hacer, como yo he planteado, por ejemplo, con una designación de vocales distinta a la de la ley, incorporando a lo mejor algún letrado, ¿eh?, que algún letrado fuera miembro del tribunal, como podía ser el caso de la letrada jefe, ya que el secretario, según la ley, no puede votar. Habría que modificar la ley y ver cómo incorporar algún vocal más. Ese es el planteamiento que estoy... que estoy explicando.

En relación con los acuerdos de cooperación y los convenios de colaboración, la aportación de la Memoria es explicar un poco los nuevos supuestos de dictamen preceptivo. Los acuerdos de cooperación requieren la autorización previa de las Cortes Generales y los convenios de colaboración una comunicación a las Cortes Generales. En todo caso, la doctrina del Tribunal Constitucional viene a decir que tanto la comunicación previa como la aprobación, en todo caso, es un trámite esencial que, si no se lleva a cabo, implica la nulidad de ese convenio o ese acuerdo de cooperación. La aportación de la Memoria es señalar que solamente son objeto de dictamen preceptivo los convenios de colaboración que tienen como fin la proyección de la acción exterior de la Comunidad, ¿eh?, en gestión... en la gestión de servicios propios de la misma. Bueno, son supuestos muy pocos y muy escasos (el año pasado hubo tres dictámenes en tal sentido), pero yo creo que es interesante también porque aquí están los que pueden modificar las leyes y son los que tienen... que son ustedes, los parlamentarios de Castilla y León, que son los que tienen que plantearse si es suficiente, si habría que extenderlo a todo tipo de convenios de colaboración, si se considera suficiente que solo sea dictamen preceptivo los referidos a acuerdos de cooperación. Es decir, bueno, esa es un poco la reflexión... la reflexión que hacíamos.

Muchísimas gracias también a la portavoz de Podemos, a doña Natalia del Barrio. Agradecerle que haya reconocido nuestro trabajo. Después de once años en el Consejo Consultivo, ya no sé de qué puertas giratorias hablamos de verdad, ¿eh? Yo creo que me ha hecho, como otras ocasiones, unas reflexiones muy interesantes. Sí le querría decir que el Consejo Consultivo habla por sus dictámenes, ¿eh?, habla por sus dictámenes. Y que... en su consecuencia, nosotros, una vez emitido un dictamen y hecha una advertencia, y aquí se ha dado cuenta de cómo el Consejo Consultivo hace advertencias duras y severas e incluso de carácter obstativo, que son las que realmente impiden a la Administración actuar de acuerdo con el Consejo Consultivo, que son mayoritariamente aceptadas, tenemos que decirlo. Sí es verdad que, si hablamos de la ley de medidas, ahí el incumplimiento es histórico, en este Consejo Consultivo y en todos los Consejos Consultivos. Es decir, las leyes de medidas, las llamadas "leyes ómnibus", comprensivas de determinadas materias, tuvieron, desde el punto de vista del Tribunal Constitucional, un distinto tratamiento. En algún momento se consideró incluso que eran inconstitucionales; finalmente la jurisprudencia ha venido a decir que, bueno, que es una práctica inadecuada, que no se deberían hacer de esa manera, ¿eh?, este tipo de regulaciones normativas, pero que nada impide para que sean o que tengan un carácter plenamente constitucional. Y es un abuso, porque en el último momento en la ley de medidas se incorporan pues materias que no son propias de la ley de medidas, que debería tener estrictamente un contenido de carácter administrativo, financiero y tributario, y a veces ahí se modifica la Ley de Caza o se modifica la composición del Consejo Consultivo, ¿eh? O sea, que yo podría contar muchas... o se crea... o se crea el Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración, ¿eh? Pero no crean que esta es una práctica exclusiva de Castilla y León, es una práctica general de todas las Comunidades Autónomas y del Gobierno de España también.

¿Que decimos que a veces se legisla mal? Pues evidentemente. El otro día estaba con el... con el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía y decía lo mismo, ¿no?, que él ponía de manifiesto en todos sus dictámenes que las leyes no son ni breves ni claras ni concisas, y que a veces son confusas y que se legisla de una manera profusa, que se legisla demasiado. Bueno, pero yo creo que esa ha sido una de las tendencias del Estado autonómico, que ha creado una descentralización no solo administrativa sino política y jurídica, a legislarlo todo, a regularlo todo. Y como hemos puesto de manifiesto en la Memoria, se... regular cosas que luego no se desarrollan reglamentariamente. Porque es verdad que hay supuestos que dicen "y esta ley se desarrollará en el plazo de un mes"; y pasan tres años y no se ha desarrollado. Luego, o una de dos, o la ley no era necesaria, ¿eh?, que es lo... que es lo más probable, o, de ser necesaria, es que alguien se olvidó de la función que tenía que cumplir esa... esa norma. Pero ya, si no me equivoco, ya en el Fuero Juzgo se decía que el facedor de la ley, ¿eh?, debe legislar poco y bien, ¿eh?, poco y bien. Ya venimos de lejos, ¿no?, pero es verdad que es así.

Yo digo que... bueno, que nosotros tenemos que seguir haciendo las observaciones, porque es nuestro papel, no pasarnos de ahí. Muchas observaciones que hemos hecho de carácter sustantivo, por ejemplo, a la participación y a los trámites de audiencia a los interesados, han sido objeto de sentencias del TSJ, ¿eh?, que ha anulado determinadas normas jurídicas, y aquí están implícitamente puestas de manifiesto en las mociones y recomendaciones que hacemos. Es decir, no lo decimos con esa crudeza, pero cuando estas recomendaciones aparecen en nuestra Memoria es porque son fruto, a lo mejor, de situaciones que a nadie... que a nadie se le escapa.

¿El trámite de participación ciudadana es fundamental? Evidentemente, pero es en la condición de ciudadano, de acuerdo con la ley de transparencia. ¿El trámite de audiencia e información contemplado en la ley de gobierno es fundamental? Es preceptivo. Es que ahí actúa la persona como interesado. Yo puedo participar en la elaboración de una norma en el portal de Gobierno Abierto como ciudadano y dar mis opiniones, pero, si soy un interesado, no se puede decir que, dándome un trámite de participación ciudadana, ¿eh?, en mi condición de ciudadano, ya se ha cumplido conmigo como interesado. No, tendrá que constar, como ha dicho brillantemente, cuáles son mis manifestaciones en relación con ese decreto o con esa norma jurídica; no decir simplemente que nos reunimos en tal día, ¿eh?, y que nos pareció bien... No, no, habrá que ver qué observaciones hubo, qué observaciones se manifestaron, si hubo discrepancias. Es decir, cuanto más... si hacemos un procedimiento de elaboración de las normas tan complejo y tan participativo, deberá darse cuenta en cada uno de los pasos de qué se ha dicho, porque, de lo contrario, es un brindis al sol, ¿no? Y en ese lío... en ese sentido va la Memoria. Se dice que la participación ciudadana y el trámite de audiencia e información pública se llevan a cabo en la página del portal de Gobierno de la Junta de Castilla y León en el plazo de diez días naturales. Perfecto. Pero habrá que distinguir si se ha hecho el trámite de audiencia e información pública, que es distinto del trámite de participación ciudadana, que tiene otro fin complementario, pero diferente. Y, por lo tanto, en esa línea va... va la Memoria.

Bueno, reclamaciones de responsabilidad patrimonial sanitaria. La... yo creo que... bueno, la casuística es compleja, yo la tengo aquí: caídas en centro, 8; contagio y/o infección hospitalaria, 5; daños morales, 6; deficiente asistencia sanitaria, 5; demora de un traslado, 1; negligencia en el transporte sanitario; otras causas; y, fundamentalmente, error y/o retraso de diagnóstico, falta de medios y/o tratamiento inadecuado. Lógicamente, en una ciencia, como es la médica, que es una ciencia de medios, a la que nadie le pueden garantizar la salud en términos absolutos, pues lo que nosotros tendemos es a contemplar si se ha cumplido o no la lex artis, entendida como el protocolo sanitario al que tenemos derecho. Es decir, lógicamente, para determinar eso, tenemos que ir a los informes técnicos y médicos que forman parte del expediente: informes de los jefes de servicio y, fundamentalmente, informes de las Inspecciones Médicas. Por tanto, nosotros no actuamos por... por seguidismo a la Administración, muy al contrario. Quiere decir, lógicamente, tomamos decisiones de acuerdo con los informes y añadiría un dato más: somos el único Consejo Consultivo que tiene el llamado concurso de expertos, que lo utilizamos muy poco, ¿eh?, que lo utilizamos muy poco, pero lo hemos utilizado históricamente. El concurso de expertos consiste en que, cuando nosotros percibimos que hay contradicciones, por ejemplo, entre el informe de Inspección Médica o un informe pericial de parte en asuntos de una complejidad técnica difícil de evaluar, o incluso de la compañía aseguradora, tenemos un convenio con la Universidad de Salamanca y otro con la Universidad de Valladolid, en virtud del cual, con carácter anónimo, les enviamos el dictamen para que nos digan... para que nos digan... bueno, nos orienten, ¿no?

Claro, hay que pensar, como aquí se ha dicho con acierto, que la responsabilidad patrimonial sanitaria que este año hemos depurado es la del año dos mil quince, porque seguimos con un retraso en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de cerca de dos años, dos mil quince.

¿Se va al contencioso en todos los casos? Yo creo que menos que antes, ¿eh?, y eso tendrá alguna explicación de carácter judicial o de carácter propio de los procedimientos. Pero, bueno, por silencio administrativo, ante la presunción de desestimación de la Administración, muchos particulares van a la vía contenciosa. Ahí aparece el dictamen del Consultivo con posterioridad y en algunos supuestos aparece incluso este concurso de expertos, que creo que es una forma de que los jueces puedan decidir con todas las garantías.

Pero, en todo caso, como estaba diciendo, nosotros en los dictámenes de responsabilidad patrimonial sanitaria lo que tenemos que hacer es estar atento a las... a los informes de carácter técnico, porque lo contrario no estaría ajustado a nuestra... a nuestra función. Creo que con esto, más o menos, la he contestado.

A la portavoz del Partido Socialista, doña Gloria Acevedo, también agradecerla su reflexión. Estamos en el primer período de sesiones, efectivamente, y el primer año no vinimos en julio, vinimos en diciembre, si no me equivoco, en diciembre; el segundo, en julio; el tercero un poquito antes; y el cuarto, que estamos en abril. Yo creo que este es el fin de esta comparecencia, ¿no?, y... y podía haber otras. No sé si el año que viene vamos a poder estar aquí. Las Cortes... hay elecciones en junio; yo no sé cuándo se disuelven las Cortes, pero me parece que vamos a estar así. [Murmullos]. Desde el punto de vista de los parlamentarios. Desde el punto de vista del Consejo, no sé dónde vamos a estar, pero también va a estar la cosa... va a estar la cosa complicada. Pero a mí me parece muy bien que se... que se eviten esas prácticas dilatorias.

¿Las comunicaciones recibidas son pocas? Yo creo que sí. Yo creo que nosotros insistimos siempre en que se nos comunique la decisión totalmente adoptada. Hace algunos años hicimos una campaña específica en tal sentido y, a lo mejor, hay que volver a hacerla, ¿eh? Incorporamos una fórmula a los dictámenes, ¿eh?, siendo secretario general José Ignacio Sobrini, ¿eh?, manifestando que las Administraciones tenían que comunicarnos a los quince días siguientes... Bueno, a lo mejor hay que insistir un poco más para que las comunicaciones oficialmente recibidas aumenten, porque yo creo que es realmente importante desde el punto de vista del conocer la verdadera... la verdadera auctoritas del Consejo Consultivo.

El desarrollo reglamentario, pues, evidentemente, está en línea de lo que he mencionado antes, ¿no? Aquí hay tres supuestos que pone de manifiesto el Consejo Consultivo, a lo que yo he mencionado. Las disposiciones adicionales o transitorias se remiten a un desarrollo reglamentario que luego no se cumple. La invasión de las... de las órdenes de los consejeros en materia de los decretos de la Junta de Castilla y León, que puede ocurrir, ¿eh? Las leyes deben ser desarrolladas, como decía antes, en su contenido fundamental por decretos de la Junta de Castilla y León. Y esa capacidad de emitir dictámenes... perdón, aprobar órdenes de reglamentos por parte de los consejeros debe ser expresión de ese reglamento ejecutivo y habilitación concreta de ese reglamento ejecutivo, no invadir el que es contenido de la norma reglamentaria o de la ley. Y eso ocurre, evidentemente ocurre, y por eso está en la Memoria y se pone de manifiesto, al igual como que se ha incumplido en algún momento el principio de tipicidad de las normas.

Sobre el seguimiento de las sentencias que afecten al TARCCYL en esos nueve recursos me parece del máximo interés, ¿eh? Es verdad que, en la medida que esos datos los tengamos, deberían incorporarse a la Memoria. Es decir, han ido a la vía contenciosa tal y el resultado ha sido... ha sido este. Ese dato no es difícil obtenerlo y es verdad que yo creo que ya en la próxima Memoria, en la medida que se pueda pueda, deberá estar incorporado a la misma.

Y que haga yo una reflexión sobre la imposición a las juntas vecinales de que tengan unos secretarios profesionales que presten asistencia técnica a las mismas. Hombre, yo creo que el problema está en las diputaciones provinciales. Yo entiendo que la razón de ser de las diputaciones provinciales, en este caso mediante su servicio de asistencia a los municipios, es ser ayuntamiento de ayuntamientos, y, en este caso, estar o tener o disponer de un servicio de asistencia municipal, con un conjunto de profesionales adecuado, que pueda complementar esta carencia o este déficit de personal cualificado en las juntas vecinales. ¿Esto está ocurriendo? Yo creo que no del todo, ¿verdad?, pero ahí está el futuro, porque esa competencia es de las diputaciones y son las que deben prestar ese servicio.

Nosotros, en muchas ocasiones, no en este caso, en muchas ocasiones, tenemos reclamaciones de consultas facultativas en asuntos que no emitimos dictamen porque, de acuerdo con nuestra ley, deben ser asuntos de especial repercusión o trascendencia. Pero, al conocer la demanda de la consulta facultativa, ¿qué percibimos? Que es un asunto de gestión ordinaria de un ayuntamiento, que, por lo que sea, carece de un secretario adecuado, que lo comparte... y viene en auxilio al Consultivo. Normalmente les comunicamos –no nos queda más remedio- que, de acuerdo con la ley, no es un asunto de especial repercusión o trascendencia; que deben ir a los servicios de las diputaciones provinciales. Sin ir más lejos, esta semana hay dos supuestos en este sentido. Y otras veces, excediéndonos de nuestras competencias, en el acuerdo en el que decimos que no procede el dictamen, si podemos, intentamos ilustrar o iluminar la decisión que tienen que adoptar dándoles una pista sobre lo que deben hacer, porque somos conscientes de que eso es así.

Hay algún Consejo Consultivo, como el de Andalucía... Claro, yo si digo esto delante de María García Fonseca y de Luis Gracia, y de los consejeros, me pueden mirar con preocupación, ¿no? Hay algún Consejo que se ha convertido, en la práctica, en el órgano de asesoramiento de todas las entidades locales. Es decir, que esta labor de asistencia... Claro, hay que pensar que Andalucía tiene 700 ayuntamientos; Castilla y León tiene 2.243; 9 diputaciones, 9 servicios de asistencia municipales. Es decir, bueno, eso podría acudir, habría que modificar la ley; a mí no me parecería mal. Pero, claro, todo sería en la línea que he mencionado, tendría que haber una plantilla con una... con una dimensión mayor, ¿no?, pero podríamos perfectamente ser... o la institución ser también la que prestara ese servicio con carácter... por ejemplo, ser el servicio de asistencia a los servicios de asistencia de las propias diputaciones, ¿eh? Se me ocurre, se me ocurre. ¿La fórmula? Claro, es que, al final, el que resuelve es la Administración, pero vamos a pensar en una fórmula más... más adecuada a los tiempos, ¿no?, pero es verdad que, al final, nosotros tenemos que enmarcar nuestra decisión en el ámbito de carácter facultativo discrecional por parte de la Administración, que puede desviarse mayoritariamente en relación a ellos.

Bueno, nosotros, en relación a la intervención de don Ángel Ibáñez, que también le agradezco muchísimo la ponderación que ha hecho de la celeridad, tener nueve dictámenes, el menor tiempo, del cumplimiento del presupuesto.

La plantilla ya lo he contestado, ¿no?, yo creo que está dimensionada, el aumento es el que viene y, previsiblemente, pues habrá que tomar decisiones en relación a esa... a esa demanda. Cierto es, tengo que decirlo, que la Secretaría General de Apoyo a las Instituciones Propias y la propia Mesa de las Cortes de Castilla y León en ningún momento nos ha puesto ningún tipo de inconveniente para aumentar la plantilla. Pero creo que tengo que ser prudente y no tomar decisiones antes de que se produzca el problema, pero tampoco, evidentemente, sin que nos coja el toro y nos lleve a una situación de... de colapso.

Sobre el Tribunal, el desarrollo normativo. He dicho antes, y aprovecharía para hacer una reflexión, lo de la planta de los tribunales, ¿no? El modelo de éxito en... Europa estuvo durante años observando que en España había muchísimas irregularidades en la contratación pública, había muchísimas irregularidades, y que, bueno, podían ser de corrupción o no corrupción, irregularidades de carácter general; pero que, sin embargo, en España apenas había litigiosidad. ¿Pero cómo es posible que hubiera irregularidades en la contratación pública contrastadas, posiblemente más que en ningún otro país, y escasa litigiosidad? Bueno, pues ¿por qué? Primero, porque los recursos administrativos ordinarios, el recurso de reposición, era ineficaz. El informe de justicia administrativa año dos mil dieciséis dice que solo prospera el 0 % de los recursos de reposición; cero, nada. Y, además, el que iba a la vía jurisdiccional pues se metía en un procedimiento que podía llegar a durar ocho años, y que, al final, tenía una indemnización de carácter simbólico, pero es que, además, nadie lo restituía, nadie devolvía el contrato, no había una justicia o una tutela de carácter restitutorio.

A la vista de esto, se crea el recurso especial, y se dice: vamos a ver, vamos a crear un recurso administrativo, aunque el órgano sea cuasi jurisdiccional, que tenga como característica que el órgano que apruebe la resolución no tenga nada que ver con la Administración contratante, porque hemos percibido que el licitador no se atreve a reclamar ante la Administración contratante, porque puede tener un efecto disuasorio, a lo mejor no le contratan más. Y, por lo tanto, vamos a intentar que esto se tramite ante un tribunal ajeno, totalmente ajeno a la Administración contratante, y que esto sea muy rápido, y, a poder ser, que entre estos tribunales se coordinen entre ellos y tengan una doctrina jurídica común. ¿Y qué ha traído como consecuencia? Bueno, pues que se están presentado más recursos que nunca, que ya digo que además prosperan en más de un 40 %, que el tribunal es ajeno a la Administración contratante. Y ese ha sido el éxito del sistema.

¿Ahora qué puede ocurrir? ¿Y por qué decimos que el éxito de todos los tribunales hoy se pone como... como mayor ejemplo el de Castilla y León? Porque es que nosotros no dependemos de la Consejería equis, de la Comunidad cual; nosotros somos un tribunal que está adscrito al Consejo Consultivo, tiene personal y medios propios, y, además, el Consejo Consultivo está adscrito a las Cortes. Luego estamos todavía más... somos todavía más ajenos, actuamos con plena separación en relación con las Administraciones contratantes, en este caso con la Comunidad Autónoma.

Si mañana se crean... Dice la ley: las Comunidades Autónomas que tengan competencia normativa de desarrollo, de ejecución en materia de régimen local y de contratación pueden desarrollar la... la regulación de los tribunales en relación con las Administraciones locales, pero que, en todo caso, pueden crearse por las diputaciones y por los ayuntamientos de grandes poblaciones. Bueno, podemos encontrarnos con once tribunales. Claro, en ese supuesto, yo... ¿qué habría que hacer?, ¿qué habría que hacer? Pues habría que desarrollar normativamente la ley. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, por ejemplo, que ayuntamientos capitales de provincia que no sean grandes poblaciones a lo mejor tuvieran que ir a este tribunal de la diputación provincial. Es decir, habría que desarrollar normativamente la ley de tal manera que se atribuyeran competencia a estos tribunales de la diputación solo para los pequeños ayuntamientos. Y alguien me dirá: ya, pero estos ayuntamientos pequeños no van a tener contratos de obras ni de concesiones de 3.000.000 de euros, ni de suministros y servicios de 100.000. Ojo, a lo mejor sí. Ya, pero también se puede rebajar la cuantía, también se puede rebajar el umbral económico. Hay Comunidades Autónomas como Aragón y Navarra que ya han rebajado el umbral económico del recurso especial. ¿Y por qué no podemos extender el recurso especial, a la vista del fracaso de los recursos administrativos tradicionales, a toda la contratación en España, a toda la contratación en Castilla y León? Entonces sí que, a lo mejor, habría que plantearse ese desarrollo normativo de rebajar el umbral económico de todos los contratos.

Hombre, si siguieran residenciados en el Tribunal de Recursos Contractuales, se extendería a todas las cuantías, huelga decir lo de la carga de trabajo y lo de la plantilla. Vaya, ya sería... No, pero, bueno, yo creo que aquí hay que pensar ahora que hay dos tipos de contratos en España. Vamos a poner un ejemplo: un contrato de obras de 2.999.000 euros no tiene recurso especial en materia de contratación; un contrato de 3.000.000 de euros ya sí. Uno tiene una tutela judicial, una tutela administrativa que se está demostrando eficaz. ¿Y el otro? ¿Tiene sentido eso? Yo creo que hay que extender, en la medida que se pueda, el recurso especial en materia de contratación al mayor número de contratos, porque eso, sin duda, va a depurar la contratación pública. Es opinable, pero yo, cuando lo pongo de manifiesto, es porque eso le corresponde, precisamente, a las Cortes de Castilla y León y a los grupos parlamentarios que han intervenido.

Y por mi parte, nada más. Dar las gracias a todos. Y, si quieren hacer alguna cuestión más, pues a su disposición.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Muchas gracias. ¿Algún portavoz desea consumir un turno de réplica? ¿Sí? ¿Alguien más lo va a desear consumir? ¿No? Vale. Pues, entonces, por el Grupo Ciudadanos, y por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra el señor procurador don José Ignacio Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Brevemente, porque, claro, cuando uno oye, más a un amigo y especialista en este tipo de cuestiones, hablar o, en fin, alertarnos en el tema de las diputaciones, no puedo por menos, que no digo congratularme, pero estar muy de acuerdo, ¿no? Yo... ojalá aquí veamos algún día ese Consejo Consultivo a instancias de Andalucía, porque, evidentemente, como hemos dicho muchos muchas veces, la verdad es que las diputaciones no funcionan como deberían, ni mucho menos.

Y en ese sentido, también en esta parte última que acaba de decir, que, efectivamente, rebajar esos recursos especiales en materia de contrataciones, más que lógico y evidente, ¿eh?, como ejemplo en la Comunidad de Aragón.

Y simplemente también hacer una pequeña reflexión que antes se... que se... omití, pero no por... por preocupante anterior, es que los mayores de los dictámenes se refieren a la Consejería de Sanidad, como hemos dicho, casi ese 25,9 %. Y sí hay alguna especial reflexión sobre el mal momento que parece ser que está pasando la Consejería de Sanidad –ya sé que va a decir usted que son cuestiones de la propia Consejería-, pero, bueno, yo creo que constata que todas las Administraciones estamos relacionadas, en fin, en el devenir diario y que es una cuestión fundamental, en ese sentido, ¿no?

Y simplemente hacer ese tipo de reflexiones y, por supuesto, también participar, a tenor de lo anteriormente expuesto, que nos preocuparía muy mucho que las diputaciones, los grandes ayuntamientos hicieran este tipo de tribunales, porque la verdad que es... no... no veríamos garantizado, seguramente, la imparcialidad y el buen hacer de nuestros organismos. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para cerrar el debate, tiene la palabra de nuevo el excelentísimo señor presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ):

Pues muchísimas gracias otra vez a todos, especialmente ahora al portavoz de Ciudadanos. Y poner de manifiesto algo simplemente, es decir, yo soy de los que cree que las instituciones, en este caso las instituciones propias, hay que acomodarlas a las circunstancias que caracterizan las Comunidades Autónomas. ¿Y cuáles son las características de Castilla y León? El otro día, repito, estuve con el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía; ellos son la Comunidad Autónoma más poblada, 8.500.000, tiene 700 ayuntamientos, tiene un Consultivo con catorce miembros, nosotros con tres. Es decir, aquí es el municipalismo; la característica es el municipalismo, ¿eh? Hay 2.243 ayuntamientos.

Por tanto, todo lo que sea adecuar nuestra institución a la realidad yo creo que es interesante. Y en esta línea hemos ido trabajando estos años. Es decir, estas jornadas que hemos llevado a cabo con las diputaciones provinciales, que van varias, y que seguiremos haciendo, de formación, dirigidas a secretarios, a asesores... en esta línea va, asumiendo lo que es la realidad de nuestro territorio, y, en ese sentido, yo creo que habrá que seguir trabajando en el futuro.

Me encantaría, para acabar, y, por tanto, agradecer a todos sus... sus palabras, sus intervenciones, reiterarles la invitación a que vayan -a los zamoranos no les digo nada porque ya están allí, que si quieren, más cerca que los demás- al Consejo Consultivo de Castilla y León, ¿eh?, no sea que se os vaya a pasar la legislatura o el mandato y esto quede en agua de borrajas, ¿eh? Yo reitero la invitación a todos al Consejo Consultivo, y expresamente les haré llegar invitaciones para las jornadas de contratación que se celebrarán el tres de mayo, las del veinte de junio en Salamanca, y les iré comunicando, a partir de ahora, que a lo mejor no lo hemos hecho, las jornadas... –yo creo que sí- las jornadas que vayamos celebrando con las distintas diputaciones provinciales, por si quieren asistir a las mismas. Muchísimas gracias a todos. Y es para mí siempre un placer compartir este rato con ustedes.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Pues muchísimas gracias, de verdad, por estas explicaciones que nos has dado, que siempre son totalmente constructivas. Y yo sí que voy a tomar... voy a hacerme cargo de la invitación y voy a intentar, desde las Cortes, el poder hacer una visita, quizás a ver esa exposición arqueológica o a visitar el... el Consultivo, porque yo creo que debemos de hacer... devolver esa invitación que, año tras año, nos haces y que yo creo que estaría bien que toda la Comisión asistiese. Y sin más asuntos... y, además, porque creo que para el año que viene no va a dar tiempo por cuestiones de procesos electorales el volver a tener esta Comisión, aunque yo... nosotros, la Mesa, nos comprometemos a agilizarlo, si eso es posible, ¿vale?

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos].