DS(P) nº 31/9 del 4/5/2016

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Buenos días. Antes de dar comienzo a este Pleno, quiero daros la bienvenida a todos los que os habéis acercado en esta mañana hasta la Real Colegiata de San Isidoro para acompañarnos en un Pleno ordinario de las Cortes de Castilla y León, que representa un acontecimiento excepcional en la historia del Parlamento de Castilla y León, y con el que la sociedad de esta Comunidad en él representada rinde homenaje al lugar en el que hace ahora 828 años, y por estas fechas, se reunieron las primeras Cortes de León.

Señor presidente de la Junta de Castilla y León. En primer lugar, saludo al obispo, al abad y a los miembros del cabildo de San Isidoro, en quienes hemos encontrado la máxima disposición y el apoyo necesario para poder situar este Pleno en el marco de un monumento tan significativo para las Cortes de Castilla y León y para la historia de León como es el claustro de esta colegiata, y a quienes hoy deseo expresar públicamente, y en nombre de las Cortes, mi agradecimiento por la hospitalidad que nos han ofrecido en estos días, y por toda su ayuda y dedicación para garantizar la celebración de este Pleno en las mejores condiciones.

Saludo también al alcalde de León y a los miembros de la Corporación municipal que nos acompañan, y agradezco su interés y colaboración para que León pudiera acoger esta sesión plenaria contando con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad.

Saludo también al presidente de la Diputación de León, así como a los alcaldes de otros municipios de León que también nos acompañan: el alcalde del Ayuntamiento de Hospital de Órbigo y a los alcaldes de los ayuntamientos del alfoz de León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Valverde de la Virgen y Sariegos. Al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y a la alcaldesa de Ponferrada.

Deseo saludar también a los expresidentes de la Junta y de las Cortes de Castilla y León. A los presidentes de las instituciones propias de la Comunidad y a la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Igualmente, a todas las autoridades civiles y militares de ámbito regional y de la provincia de León que asisten hoy a este Pleno, otorgando al mismo la solemnidad y el realce que merece esta conmemoración para el conjunto de la sociedad.

En esta dirección, quiero destacar que hoy nos acompaña una representación muy significativa de la sociedad civil leonesa y de Castilla y León. Saludo a los principales actores del diálogo social y del tejido económico y social de la Comunidad y de esta provincia; a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, y, por lo tanto, de un sector económico como es el agrario y alimentario, que en León tiene un peso muy significativo en el conjunto de su economía provincial; a los representantes del mundo de la cultura y del patrimonio de León, que también nos acompañan en este claustro, que sin duda es un espacio muy representativo de la riqueza monumental y cultural que atesora esta provincia, y que se ha convertido en un factor muy importante de crecimiento y desarrollo.

También agradezco a los representantes de cerca de veinte asociaciones, entidades y organizaciones no gubernamentales de ámbito regional, y específicamente de la provincia de León, que con su presencia hoy dan visibilidad a aquellos colectivos más desfavorecidos, y cuya realidad social debemos de tener siempre presente en este Parlamento para contribuir desde el mismo a mejorar su calidad de vida.

También saludo a los medios de comunicación regionales y de la provincia de León que nos acompañan, y destacar su apoyo y colaboración para dar a este Pleno la mayor difusión posible.

Bienvenidos, señores procuradores. Bienvenidos, señoras y señores.

DI/000005

A continuación, voy a proceder a dar lectura a la declaración institucional de las Cortes de Castilla y León en homenaje a León y su vinculación con el origen del parlamentarismo en Europa.

"Las Cortes de Castilla y León, en el primer Pleno ordinario celebrado fuera de su sede, rinden homenaje y expresan su reconocimiento al histórico Reino de León y a la ciudad de León por su vinculación con los Decreta de 1188; el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo. Hace 828 años, por estas mismas fechas y en este mismo lugar de la Real Colegiata de San Isidoro donde nos encontramos, el rey Alfonso IX convocó a su curia regia, y en ella participaron por primera vez los ciudadanos elegidos de cada una de las ciudades, junto con la nobleza y el clero.

Aquella iniciativa del rey leonés representó el punto de partida en el proceso de construcción de un auténtico régimen representativo en el que las decisiones sobre los asuntos públicos acabarían teniendo que ser refrendadas por el juicio de la soberanía popular representada en las Cortes.

Considerando la trascendencia de este hecho histórico, que fue reflejado documentalmente en junio de dos mil trece, la Organización Mundial de Naciones Unidas, UNESCO, reconoció a los Decreta de León de 1188 como el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo y concedió a este corpus documental la dignidad de Memoria de la Humanidad.

En este documento se refleja el compromiso del rey Alfonso IX de respetar las buenas costumbres establecidas por sus antecesores, al tiempo que asume el deber de preservar la casa y las propiedades de sus súbditos, estableciendo garantías similares a las que asumieron con su reino otros monarcas europeos coetáneos en textos también de gran trascendencia histórica.

Igualmente, los Decreta se refieren expresamente a la participación en la curia regia de los ciudadanos elegidos, junto con los obispos y magnates, y se reconoce la intervención de todos ellos en la toma de algunas decisiones, al asumir el rey el compromiso de no hacer guerra ni paz, o pacto alguno, sin contar con el consejo de aquellos por el que debía regirse.

Este legado documental, por tanto, otorga al histórico Reino de León y a la ciudad de León un lugar muy destacado en la historia del parlamentarismo, porque fue aquí donde se alumbró la defensa de la participación de la sociedad en las primeras Cortes en la historia de los países europeos. Ese vestigio situó al Reino de León en la senda común de la tradición europea del sistema parlamentario, de la que también ha formado parte España desde sus orígenes.

Las asambleas de representantes, con la denominación propia de cada país, han servido para dar cauce a las demandas de la sociedad y se han mostrado a lo largo del tiempo como el instrumento más eficaz para trasladar el ejercicio del poder político a los ciudadanos. Así ocurrió cuando las asambleas organizadas por estamentos se convirtieron en asambleas nacionales, como aconteció en España por primera vez en mil ochocientos doce en las Cortes de Cádiz. Y así sucedió, de forma plenamente democrática, cuando los parlamentos pasaron a ser elegidos por todos los ciudadanos, con independencia de su posición social, su condición económica o su sexo, y se conformaron garantizando en su seno el pluralismo político de la sociedad, como ha ocurrido en nuestro país de forma estable, pacífica y continuada tras la Constitución de mil novecientos setenta y ocho.

En esta Constitución se ha permitido que convivan al mismo tiempo en nuestro territorio, junto a las Cortes Generales del Estado, otros diecisiete Parlamentos de las distintas Comunidades Autónomas, dotando así a nuestro sistema parlamentario de una riqueza que ha permitido a los ciudadanos una participación intensa y activa en la vida pública, a través de instituciones como las Cortes de Castilla y León, que deberán seguir sirviendo de cauce para la mejor representación de los intereses plurales de la sociedad.

Por todo ello, y en estos momentos en los que la difícil situación económica y social de los últimos años ha conformado un sentimiento ciudadano cada vez más exigente con el ejercicio del poder político, las Cortes de Castilla y León quieren reafirmar hoy la vigencia del sistema parlamentario como el mejor modelo para hacer presente la voluntad de los ciudadanos, y canalizar, a través de las opciones políticas representadas en el Parlamento, sus diferentes sensibilidades.

Por último, desde las Cortes de Castilla y León expresamos nuestra firme intención de promover que el debate político sea cada vez más conocido y accesible para los ciudadanos, al tiempo que manifestamos nuestro compromiso en abrir nuevos cauces de opinión, interacción y participación de los leoneses y castellanos en el Parlamento de esta Comunidad".

Esta declaración ha sido suscrita por los grupos parlamentarios que tienen representación en la Cámara. Muchas gracias. [Aplausos].

Se abre la sesión. Por el señor secretario se procede a dar lectura al primer y único punto del orden del día.

Informe Procurador del Común

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias, señora presidenta. Informe anual del Procurador del Común de Castilla y León, correspondiente al año dos mil quince, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 107, de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para presentar el informe anual del Procurador del Común de Castilla y León correspondiente al año dos mil quince, tiene la palabra el excelentísimo señor don Javier Amoedo Conde, Procurador del Común de Castilla y León.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMOEDO CONDE):

Excelentísima señora presidenta de las Cortes, excelentísimo señor presidente de la Junta, miembros de la Mesa de las Cortes, consejeras, consejeros, procuradoras, procuradores, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, señoras y señores, es para mí un honor exponer el informe anual de la institución del Procurador del Común en el Pleno de hoy, donde en mil ciento ochenta y ocho se constituyeron las primeras Cortes de Castilla y León. Y quiero prestar mi agradecimiento a todas aquellas personas que lo han hecho posible.

Como sus señorías ya conocen, la Ley del Procurador del Común impone a la Institución la obligación de elaborar y presentar en las Cortes un informe, haciendo constar el número y clase de los expedientes incoados a instancia de parte y los que hemos iniciado de oficio, las quejas rechazadas, las que están en tramitación y las investigadas, así como su resultado.

Durante el año dos mil quince, se han recibido 4.329 quejas. Nunca, en ningún año, se había recibido un número tan elevado de quejas por parte de los ciudadanos. Y hemos incoado de oficio 36 expedientes. La provincia que más quejas ha presentado es la de Palencia, con 1.616; León, 1.214; Valladolid, 540; Burgos, 276; Salamanca, 139; Segovia, 118; Ávila, 94; Zamora, 68; y Soria, 50.

Pero es necesario hacer constar que el número de ciudadanos que han presentado reclamaciones es muy superior al número de quejas, teniendo en cuenta que 213 quejas se han presentado por colectivos y 78 fueron presentadas por varios firmantes. De las quejas presentadas, afectan a la Administración autonómica 2.973; a la Administración local, 1.144; y a las Administraciones no sujetas a nuestra supervisión, 212 (Administración del Estado, otras Comunidades Autónomas, etcétera, etcétera).

Hemos dictado 994 resoluciones. En 395, hemos acordado el archivo del expediente por estimar que no había irregularidad en la actuación de la Administración. En 599, se formuló recomendación por estimar que sí había habido una actuación irregular de la Administración y que se habían vulnerado los derechos de los ciudadanos.

A fecha de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, 422 quejas, se aceptaron total o parcialmente 330, y no aceptadas 92, quedando pendientes de contestación 121, en las que, al día de hoy, ya se han contestado 83, habiéndose aceptado 72.

En resumen, de 505 reclamaciones o resoluciones contestadas, se han aceptado 402, lo que supone el 80 %.

En general, la colaboración de las Administraciones con el Procurador del Común sigue siendo aceptable, pero seguimos constatando que algunas Administraciones requeridas no responden con la diligencia necesaria o proporcionan una información insuficiente, lo que no facilita el trabajo de la institución y va en detrimento del servicio que nosotros prestamos a los ciudadanos.

Seguimos manteniendo una relación personal y directa con los ciudadanos de nuestra Comunidad. En el año dos mil quince hemos mantenido 600 entrevistas... 670 entrevistas, en las que han participado 927 personas, que se han celebrado en la sede de la institución y en los desplazamientos que realizamos por la Comunidad. Asimismo, hemos dado contestación a 88 consultas, que fueron formuladas en las oficinas de atención al ciudadano.

A continuación, voy a exponer el contenido de las quejas formuladas contra la actuación de la Administración.

En el área de Función Pública, debemos destacar las reclamaciones presentadas contra los procesos selectivos en las contrataciones temporales realizadas por los ayuntamientos, sobre todo los de escasa población. Se sigue constatando una considerable falta de transparencia, ausencia de publicidad de las contrataciones, selección arbitraria de los trabajadores e insuficiente intervención del Servicio Público de Empleo de Castilla y León en cuanto a la preselección de los candidatos y al seguimiento de los procesos selectivos. En nuestras resoluciones hemos recomendado a los ayuntamientos supervisados la necesidad de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en todas las contrataciones de personal, incluidas aquellas que se desarrollen por breves periodos de tiempo o en la modalidad de jornada a tiempo parcial.

Hemos también recibido quejas por la falta de convocatoria de concursos de traslado para algunos cuerpos especiales de personal funcionario de la Administración de la Comunidad, entre otros, trabajadores sociales, ingenieros técnicos industriales e ingenieros técnicos de montes, siempre con base en argumentos que se vienen reiterando desde hace más de cinco años.

Cuestión destacable en esta materia de la Función Pública quiero hacer referencia a una resolución sobre el complemento de prestación económica en caso de incapacidad laboral para trabajadoras víctimas de violencia de género. Acudió a nuestra institución una empleada pública de baja temporal a la que se reducía de manera importante sus emolumentos, que hacían tremendamente difícil que pudiera atender a todas sus necesidades familiares. Recibida la información, y sin más datos, y teniendo en cuenta la necesidad de apoyar a este colectivo de mujeres víctimas de violencia de género, dictamos una resolución en la que pedíamos que se incluyese a las empleadas públicas víctimas de violencia de género dentro de los supuestos excepcionales que permiten percibir el complemento de incapacidad temporal hasta alcanzar el 100 % de sus retribuciones. Esta resolución ha sido aceptada. Petición que recientemente hemos ampliado para los empleados públicos que acrediten padecer alguna de las enfermedades graves contempladas en el Real Decreto 1148, de veintinueve de julio del año dos mil once.

En el área de bienes y servicios municipales, un año más, reseñamos el elevado número de quejas por la inactividad de las Administraciones locales a la hora de realizar una eficaz defensa de sus bienes de dominio público o patrimoniales.

En cuanto a los servicios municipales, el mayor número de reclamaciones se han referido al abastecimiento de agua potable, pavimentación de vías públicas, alumbrado y limpieza viaria. Hemos tramitado una actuación de oficio en relación con el abastecimiento de agua potable. Como conclusión de dicha investigación hemos recordado a las Administraciones a las que nos dirigíamos -que fueron 104 ayuntamientos de más de 2.500 habitantes-, que, al ser el derecho al agua un derecho humano básico, se deben de adoptar todas las medidas necesarias para su defensa, salvaguardando el derecho de acceso de todos los usuarios a unos mínimos de suministro asequibles, y protegiendo de modo especial a las personas y colectivos más vulnerables para que no se vean privados de un derecho fundamental para una vida digna por causas exclusivamente económicas.

Igualmente, hemos examinado de oficio cuestiones que tienen relación con los servicios de extinción y prevención de incendios incidiendo en la atención que se debe prestar a las poblaciones situadas en ámbitos rurales, vistos los elevados tiempos de respuesta de los medios ante las situaciones de emergencia que se pueden plantear y teniendo en cuenta los diferentes medios humanos, profesionales o voluntarios, que están atendiendo este tipo de contingencias.

En el área de familia, se sigue reclamando por los ciudadanos, en materia de dependencia, que ninguna persona... que ninguna persona quede desatendida y pueda desarrollar su proyecto de vida con dignidad y perspectiva de futuro. El logro de este objetivo ha determinado la recomendación a la Consejería de Familia de la superación de los retrasos en algunos procedimientos de reconocimiento de la situación de dependencia o de las prestaciones reconocidas y la legitimidad de los procesos seguidos para la revisión de oficio de las ayudas económicas.

Ha sido objeto de reclamación ciudadana las dificultades en el acceso a los recursos residenciales públicos o concertados. Solicitamos la cobertura de las demandas residenciales insatisfechas por la insuficiente oferta pública. Hemos impulsado el ejercicio eficaz de la actividad de control y supervisión de centros residenciales públicos y privados para asegurar la corrección de posibles irregularidades en su funcionamiento y garantizar así el bienestar de los usuarios.

En relación con los menores, las reclamaciones están relacionadas con la intervención protectora de la Administración frente a supuestos de riesgo o desamparo. Hemos constatado de forma generalizada una rápida y eficaz actuación de la entidad pública protectora, así como la justificación de las medidas que implican la separación temporal del menor con su familia de origen o la ruptura definitiva para promover su integración en un entorno de convivencia alternativa adecuado y estable.

Las personas con discapacidad siguen encontrándose con diferentes obstáculos que dificultan y limitan el normal desarrollo de su vida diaria y su plena integración en la sociedad. Parte de las demandas presentadas se relacionan con los procesos de reconocimiento del grado de discapacidad a causa de las revisiones a la baja resultante de las valoraciones, y con las dificultades en el acceso a los centros específicos de atención por la insuficiencia de plazas. En nuestras resoluciones recomendamos la eliminación de las posibles anormalidades en los procesos de revisión y a posibilitar el ingreso en los... en los recursos públicos o concertados, o, en su defecto, en centros privados, mediante la fórmula de financiación más adecuada.

Los problemas relacionados con el incumplimiento por parte de los poderes públicos de la normativa sobre la supresión de barreras urbanísticas y arquitectónicas son las que han dado lugar a un mayor número de quejas. La Procuraduría ha defendido el derecho de todos a disfrutar de un entorno accesible, con igualdad de condiciones y sin impedimentos discriminatorios, reclamando a las Administraciones competentes la adaptación de las vías públicas, mobiliario urbano, edificación y de la propia configuración de todo el entorno, así como del transporte.

En cuanto a la salud mental, hemos reclamado la cobertura de las necesidades residenciales insatisfechas, mediante el ofrecimiento de recursos específicos, con la finalidad de abordar de manera eficaz su protección, el tratamiento integral de su enfermedad, y evitar su desamparo, exclusión y el impacto en el medio social cercano de convivencia.

En el área de educación, en la enseñanza no universitaria han tenido protagonismo las deficiencias existentes en los edificios e instalaciones de los centros educativos. La dotación presupuestaria y, en algunos casos, la discrepancia entre Administraciones que habrían de llevar a cabo las oportunas obras ha sido el principal inconveniente para contar con unos edificios e instalaciones que garanticen un servicio educativo de calidad.

El acoso escolar también ha estado presente en el trabajo desarrollado por la institución. Destacamos, entre las resoluciones dictadas, las dirigidas a promover el debido rigor en la prevención y la adopción de medidas para su eliminación, así como la debida documentación de las actuaciones llevadas a cabo, con las garantías de acceso a dicha documentación por parte de los interesados, junto, como es lógico, con las garantías derivadas de la protección de datos de carácter personal.

Se ha vuelto a insistir que se debe garantizar la regularidad de los ingresos que demandan los centros educativos a las familias en concepto de actividades complementarias extraescolares y servicios complementarios.

Hemos solicitado a la Consejería de Educación la incorporación de profesionales de enfermería en los centros docentes, si es preciso con la coordinación de la Consejería de Sanidad, para la atención de los alumnos que requieran, de forma continuada, los servicios que prestan dichos profesionales, con el fin de ofrecer un servicio educativo de calidad; resolución que no fue aceptada por la Consejería.

En los procedimientos de admisión de alumnos en todo tipo de centros educativos sostenidos con fondos públicos se ha recomendado que se adopten las medidas oportunas para que en los listados publicados no se identifique el motivo de reserva de plaza que corresponde a los alumnos con derecho a la misma, porque afecta a la privacidad de las personas.

En el área de medio ambiente se han incrementado las quejas presentadas. Los problemas que sufren los ciudadanos en esta materia es el incumplimiento... es el incumplimiento de los límites de los ruidos fijados en la ley, la falta de control de los horarios de cierre, el funcionamiento de los locales de ocio sin ajustarse a las licencias otorgadas y la permisibilidad del consumo de alcohol en la vía pública, en donde está prohibido. A través de todos los expedientes que nosotros hemos tramitado, hemos constatado una pasividad en la actuación de la Administración para resolver estos problemas. En nuestras resoluciones, y para que las sanciones sean eficaces, hemos solicitado que en los supuestos de incumplimiento del horario de cierre se fije como sanción, con carácter general, la suspensión de la actividad o clausura del establecimiento por un periodo máximo de un año en los casos de reincidencia, para que la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la norma infringida. Y también solicitábamos que se valorara la adopción de esta medida como medida... de esta medida como medida cautelar en el marco del expediente sancionador.

Igualmente se han presentado reclamaciones por la difícil convivencia de las actividades ganaderas con el uso residencial en el casco urbano de las localidades de nuestra Comunidad. Se ha reiterado a la Administración la obligación de garantizar el derecho de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente ecológicamente equilibrado impulsando la compatibilidad entre la actividad económica y la calidad ambiental.

En el área de Seguridad Social y en relación con la Renta Garantizada de Ciudadanía hemos seguido insistiendo, de modo reiterado, durante el año dos mil quince, en la necesidad de evitar la demora en la resolución de la concesión y extinción de la renta, en el rigor de la existencia de la documentación que deben presentar los ciudadanos extranjeros para solicitarla, cambios necesarios en la concreción de la unidad familiar o de convivencia, desproporción de la medida que impide solicitar la prestación durante los seis meses siguientes a la fecha de la resolución del procedimiento de extinción y aplicación rigurosa de las causas de extinción.

Sobre todo ello hemos hablado en bastantes ocasiones sobre todas estas... el contenido de todas estas quejas que se presentaban en la Consejería de Sanidad. Yo creo que la situación va a mejorar; va a mejorar porque ustedes ya conocen que, por Decreto-ley de 14 de abril, Decreto 1 del año dos mil dieciséis, publicado en el BOCYL, se adoptan medidas extraordinarias para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la red de protección a las familias afectadas por la crisis. Medidas que, como se dice en la exposición de motivos, responden a los compromisos alcanzados en el seno del diálogo social, así como a las recomendaciones planteadas desde la Procuraduría del Común.

De oficio, consideramos oportuno valorar la eficacia y el funcionamiento de la Red Centinela del sistema de protección de la infancia, recomendando se mantenga activada de forma permanente y con carácter preventivo para anticiparse a situaciones de necesidad de alimentos que puedan surgir en períodos de vacaciones escolares, con el fin último de que la población infantil tenga cubiertas sus necesidades alimenticias en todo momento y sin interrupciones.

En el área... en el área de urbanismo, un año más, el número de resoluciones dirigidas a los ayuntamientos en esta materia se ha referido a la protección de la... de la legalidad urbanística. Han sido numerosas las ocasiones en las que nos hemos dirigido a las Administraciones poniendo de manifiesto irregularidades en su actuación, siendo reseñable la pasividad en la que incurren algunos ayuntamientos ante la ejecución de obras y el... y el desarrollo de uso del suelo no autorizado.

En gestión urbanística hemos vuelto a resaltar la responsabilidad que puede corresponder a los ayuntamientos en orden a completar una urbanización incompleta o inacabada y haya tenido lugar un inadecuado ejercicio de su papel de garante de la adecuada terminación de aquella. Debe ser en el marco de un procedimiento de responsabilidad patrimonial donde se determinará la parte de los gastos de urbanización pendientes que correspondería sufragar al ayuntamiento.

En vivienda se tramitó un expediente de oficio en el que recomendamos a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la adopción de diez medidas dirigidas a mejorar la protección del derecho a la vivienda, entre ellas, la aprobación de un plan de vivienda autonómico, el establecimiento de un registro de vivienda de protección pública, la creación de la reserva de viviendas desocupadas para colectivos de riesgo, etcétera, etcétera.

También de oficio recomendamos realizar una convocatoria de ayudas al alquiler dirigidas a quienes no podían acreditar un nivel mínimo de ingresos, así como suprimir el límite inferior de ingresos para las sucesivas convocatorias realizadas al amparo del plan estatal; recomendaciones que fueron aceptadas por la Consejería.

Como resultado de la tramitación de quejas, se ha puesto de manifiesto una cierta insuficiencia de las viviendas de protección pública destinadas a las personas que más las necesitan, incidiendo de nuevo en la obligación de constituir las reservas de viviendas desocupadas y para el... y para el parque público de alquiler social, así como de informar a los ciudadanos de la existencia de estas viviendas y de la posibilidad de acceder a las mismas.

Pero, además del derecho de acceder a la vivienda, hay un derecho a conservar la vivienda. A esto último nos hemos referido en una resolución en la que se recomendó que, en el caso de ocupaciones ilegales de viviendas públicas vacías por familias en situación de exclusión social, se pondere de modo adecuado el derecho a la vivienda de los ocupantes, especialmente si hay menores de edad, ofreciendo en estos casos, con carácter previo a instar el desalojo, soluciones residenciales alternativas y la atención social necesaria.

En el área de sanidad se ha centrado una parte importante de la actividad del Procurador del Común. Hemos asistido a un incremento de quejas por el deficiente ejercicio de la asistencia sanitaria. Aunque la institución carece de competencia para solicitar informes periciales dirimentes, hemos observado que existen casos en lo que, al menos de modo indiciario, concurren los requisitos necesarios para la... para que la actuación de la Administración sanitaria sea investigada mediante la tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial para valorar la posible vulneración de la lex artis.

Un problema importante –que todos ustedes ya conocen- en nuestro sistema sanitario y el sistema de España son las listas de espera. Hacemos un seguimiento permanente de su evolución por los datos que la propia Consejería publica y por el contenido de las quejas de los ciudadanos. En nuestras resoluciones solicitamos que, en la medida de lo posible, se finalice, o por lo menos se reduzcan, las listas de espera. Las últimas actualizaciones sobre las listas de espera ponen de manifiesto lo expresado por esta Procuraduría y... dado que existen importantes diferencias entre unas provincias y otras. En fecha reciente el consejero de Sanidad ha anunciado la puesta en marcha de un plan de eficiencia, Plan Perycles, para reducir de modo drástico las listas de espera en todos los ámbitos. Nosotros, desde nuestra institución, le deseamos a la Consejería y al consejero de Sanidad los mayores éxitos en este trabajo.

De oficio hemos recomendado eliminar de los servicios de urgencias de centros hospitalarios carteles disuasorios con el fin de que inmigrantes en situación irregular acudan a recibir asistencia.

Y seguimos reiterando la necesidad de modificar la regulación de las ayudas por desplazamientos, alojamiento y manutención para los usuarios que se desplacen con fines asistenciales. La regulación y concesión de este tipo de ayudas es... es importante a la hora de potenciar el principio de igualdad en el acceso a la sanidad. Hemos expuesto la necesidad de modificar la normativa reguladora eliminando el número exento de 25 euros, que no existe en otras Comunidades, así como la necesidad de actualizar las cantidades a satisfacer, que no se habían revisado desde el año dos mil seis.

En el área de las corporaciones locales, los principios que informan la contratación pública, como la libertad de acceso a las licitaciones, la igualdad de trato a los licitadores, la publicidad y la transparencia en los procedimientos, la salvaguarda de la libre competencia y la búsqueda de la máxima eficiencia en la utilización de los fondos públicos, han estado presentes a la hora de abordar el tratamiento y resolución de las reclamaciones sobre la actividad contractual del sector público local.

Sobre la organización y funcionamiento interno de las corporaciones locales hemos recomendado eliminar cualquier práctica que pueda restringir los derechos reconocidos a los representantes políticos de los ciudadanos, su derecho a ser convocados a las sesiones de los órganos de que forman parte, a participar en su desarrollo y a que se reconozca la legitimación para impugnar acuerdos y a no encontrar obstáculos en sus pretensiones dirigidas a obtener información en el ejercicio de sus funciones.

En materia de participación ciudadana, en nuestras resoluciones hemos puesto el acento en la necesidad de respetar las exigencias de la publicidad, de la actividad de las entidades locales para facilitar el conocimiento de los ciudadanos de sus actuaciones en materia de contratación, en la elaboración y liquidación de sus presupuestos, en la rendición de cuentas, incluso permitiendo la grabación de las sesiones públicas.

Señorías, termino ya mi intervención. Pero quiero antes agradecer a la Junta de Castilla y León, a los Ayuntamientos, a las Diputaciones Provinciales y a las Juntas Vecinales la colaboración que han prestado a la Institución, y a los que no han colaborado debidamente, que sí que lo hagan en este año. A todo mi equipo de colaboradores, mi agradecimiento por el trabajo desarrollado. A los medios de comunicación, siempre atentos a nuestras actuaciones. Y, cómo no, quiero manifestar expresamente mi agradecimiento a sus señorías por la atención prestada a mis palabras.

Pero quiero decir -y con ello termino- que desde mi posición como defensor de los ciudadanos de Castilla y León pido a todos que desde la diversidad de grupos políticos que integran estas Cortes trabajen con generosidad y consenso para llevar a cabo con celeridad y eficacia las demandas que exigen los ciudadanos de nuestra Comunidad. Muchas gracias y buenos días. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Muchas gracias, señor Amoedo. A continuación, los grupos parlamentarios fijarán su posición. Tiene en primer lugar para hacerlo el Grupo Mixto, en un turno compartido. Tiene la palabra el señor... ¿Santos? Sí, alteramos el orden. El señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí, gracias, presidenta. Buenos días a todos hoy en este marco incomparable, la Basílica de San Isidoro, donde tuvieron lugar las primeras Cortes leonesas, de dieciocho de abril de mil ciento ochenta y ocho. Tenemos la oportunidad de rememorar aquel hito histórico del Reino de León, que fue, como reconocen internacionalmente, el punto de partida en la construcción del parlamentarismo leonés, español y europeo. Encima, un cuatro de mayo, fecha de la mayor manifestación que se recuerda en León contra la actual configuración autónoma.

Antes de entrar a hablar del Informe del Procurador del Común, quiero expresar mi gratitud y mi reconocimiento a la labor del mismo y de su equipo, sobre todo teniendo en cuenta las más de 4.329 quejas, más del doble del año pasado. Más allá también de dejar constancia aquí de que cualquier homenaje o reconocimiento a su figura institucional no es para UPL más que un recordatorio de una figura provechosa en una Comunidad Autónoma desafortunada, que nosotros ni queremos ni entendemos.

Dicho esto, aprovecho aquí mi intervención para saludar a todas las autoridades, a todos aquellos representantes sociales que han venido a recordar este hito histórico de mil ciento ochenta y ocho. Pero también quiero agradecer a aquellos que se están manifestando fuera, y de forma muy especial, a los dos invitados de UPL...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Santos, a la cuestión.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Estoy... estoy en la cuestión.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Santos, estamos debatiendo el Informe del Procurador del Común.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sobre todo... bien...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Le ruego que vaya a la cuestión.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

... a los ganaderos y mineros de León, que son los que realmente están sufriendo.

Entrando de lleno en el informe del Procurador, un informe largo y profundo, quiero centrarme fundamentalmente en aquellas quejas que, por su calado, resultan más significativas, porque significativas y casi vergonzosas fueron las quejas referidas a la aparición de gorgojos en comedores escolares, demostrando la ineficacia en los controles de algo tan sensible como es la alimentación de nuestros hijos. Una problemática cerrada de un portazo que conviene hoy recordar, y que dio para muchos y muchos artículos de prensa y que acabó con una multita o casi con un pequeño tirón de orejas.

Quejas también sobre el estado de nuestros centros educativos, quejas sobre educación, que suponen el 53 % del total, más de la mitad. Y me quiero centrar aquí especialmente, y de forma simbólica, en el caso del CEIP de Los Adiles de Villaobispo de la Regueras, un ejemplo más de que cuando en esta Cámara se habla de priorizar inversiones uno no sabe muy bien a qué se refieren. Porque, Señorías, ¿priorizar es que los alumnos leoneses de este colegio estén en barracones prefabricados mientras fundaciones como la de Villalar llevan gastados más de 13 millones de euros en los últimos años? ¿Para ustedes es más provechoso educar o adoctrinar? Bajo mi punto de vista han elegido priorizar el adoctrinamiento por encima de la educación de nuestros jóvenes, y así nos va. Es cierto que una enmienda presupuestaria de UPL pretende acabar con esta situación, pero también es cierto que cuando este proceso finalice sin duda llegará como siempre llegan a esta tierra las cosas buenas, siempre tarde.

Es imposible centrarme en todo su trabajo, señor procurador, debido a lo profuso del mismo. Por ello, voy a detenerme en dos cuestiones más que me interesa reseñar, y después haré unas consideraciones generales.

Verán, quiero detenerme en alguna queja que he visto sobre el castillo de Cea, y seguro que alguno me dirá que ya están invirtiendo en este monumento, pero claro, señorías, esa incapacidad que ustedes muestran día tras día para mantener el rico patrimonio cultural de las regiones de León y de Castilla marca aún más la incongruencia de una Comunidad tan extensa como impropia. Verán, este caso demuestra cómo llegan ustedes a los sitios: llegan tarde. Sí, señorías, es verdad que actúan, pero lo hacen tarde. Llegan a invertir en la torre del castillo cuando se ha producido un derrumbe, intentan poner una tirita en un corte demasiado profundo.

¿Y qué me dicen sobre el conflicto de los parques profesionales de bomberos? Actuación de oficio del Procurador. Ustedes se van moviendo a golpe de desgracia. Eso sí, su movimiento es lento. Marean la perdiz sobre de quién son las competencias, pero la única realidad es que, mientras otros llevan desde años con parques de bomberos comarcales, provinciales y... y profesionales, esta provincia, León, sigue levantándose día tras día con nuevas posibles ubicaciones, con debates vacíos que siguen mostrando, una vez más, que ustedes en León y en el oeste comunitario llegan siempre tarde.

Sobre su interesante informe, sé que se quedan en el tintero muchas cosas, y lo siento, pero también le pido que siga buscando esa verdad, una verdad más moral que práctica, porque de los continuos informes de quienes le precedieron en el cargo como de los suyos mismos deducimos la falta de rigor de aquellas Administraciones que ni contestan ni acatan resoluciones, que, al no ser vinculantes, se convierten en meros consejos para corregir desviaciones más de la Administración autonómica si cabe, que es de donde provienen casi el 70 % de las quejas.

Y permítame el atrevimiento, señor Procurador, permítame que le invite a profundizar de oficio, como creo que lo ha hecho en el tema de los bomberos. Porque no estaría mal que, después de 33 años, alguien le dijera a los distintos Gobiernos de esta Comunidad Autónoma que ese Artículo 5.2 del Estatuto es algo más que un simple recordatorio, que es algo más que una concesión simbólica, que la promoción, la defensa y el respeto al leonés son cuestiones tan importantes como cualquiera otra de este Estatuto.

Porque, fíjese, hoy aquí me hubiera gustado, señorías -hubiera sido incluso oportuno y hasta necesario- que mi intervención fuera en leonés. Sí, sí. Porque no hay nada más bonito en esta vida, señores, que poder mantener, recordar y proteger aquello que nuestros antepasados nos legaron. Porque no hay nada más deleznable que el olvido. Porque como bien dijo un escritor menor: "El olvido es una segunda muerte a la que temen los espíritus más que la primera". Sin embargo, la falta de desarrollo en la educación de nuestros hijos y la falta de aportación cultural... aportaciones culturales del leonés hace que ni ustedes pudieran entenderme, ni que yo pudiera expresarme con la suficiente fluidez. En definitiva, como para todo, ustedes siempre llegan tarde cuando se trata de la región leonesa.

Que dicho en leonés, señorías, sería algo así: [Continúa su intervención en leonés, cuyo texto, que entrega al "Diario de Sesiones", dice lo siguiente: Y permítame l’atrevimientu, señor Procurador, permítame que-y invite a afondar d’oficiu cumo creyo que fizo no tema de los bombeiros, porque nun estaría mal que despuéis de 33 años dalguién-y dixera a los distintos gobiernos d’esta Comunidá Autónoma qu’esi artículu 5.2 del Estatutu ye dalgo más qu’un simple recordatoriu, que la promoción, defensa y respetu al llionés son cuestiones muitu importantes. Decátense, güei eiquí prestaríame, señorías, inclusive sería axeitáu y hasta necesariu que la mia intervención fuera en llionés. Si [si] porque nun hai nada más formosu nesta vida señores que poder mantener, recordar y protexer aquello que los nuesos antepasaos nos legoron, y nun hai nada más despreciable que l’olvidu; cumo bien dixo un escritor menor: “L’olvidu ye una segunda muerte, a la que temen los espíritus más qu’a la primera”. Sicasí, la falta de desenvolvimientu na educación de los nuesos fiyos y la falta d’aportaciones culturales del llionés fai que nin vustedes puedan entendeme nin que you pueda falar con xeitu; en definitiva, cumo pa todo, vuestedes siempres chegan tarde cuando se trata de la rexón llionesa].

Gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señor Santos. Les ruego que no aplaudan. Siento decirles que hemos podido aplaudir al Procurador del Común porque ha sido un aplauso general, pero no... a partir de este momento les ruego que no expongan ni expresen sus opiniones a través del aplauso. A continuación, tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Muchas gracias. Señor Procurador del Común, le digo lo mismo que dije en el anterior Pleno, en el que analizábamos el informe referente al año dos mil catorce. Yo creo que este informe, al igual que lo fue el del año pasado, al igual que lo fue el de los años precedentes, es un baño de realidad, que en estas Cortes no siempre es tan habitual. Después de pasar durante tanto tiempo en largas sesiones de Comisiones y en sesiones plenarias debatiendo en torno a dos visiones contrapuestas, una que es la visión de la Oposición, y otra que es la visión del Gobierno, yo creo que el informe del Procurador lo que viene es a expresar una visión de la ciudadanía que nos plantea un presente ciertamente mejorable, ciertamente susceptible de una crítica muy importante y muy radical que necesitamos. Ante lo cual, mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a su institución, a la institución del Procurador del Común, que, al igual que el Consejo Económico y Social y el Consejo de Cuentas, a juicio de esta humilde fuerza política, realizan una labor muy importante y, debo decir, muy útil para la labor de Oposición, al ser elementos que a nosotros nos permiten tener una fuente de información más acerca de lo que preocupa a la ciudadanía.

Y lo que preocupa a la ciudadanía, ciertamente, son elementos que se vienen denunciando de manera sistemática en las diferentes Sesiones Plenarias y en las diferentes Comisiones de esta institución. Así, cuando se habla de la falta de transparencia, de la ausencia de publicidad de las contrataciones, de la selección arbitraria de los trabajadores y de la insuficiente intervención del Servicio Público de Empleo de Castilla y León en cuanto a la preselección de candidatos y el seguimiento de los procesos de selección, no estamos tratando temas que sean nuevos para la opinión pública y para nuestra actividad parlamentaria.

También cuando se habla de los problemas laborales que se plantean en su informe relacionados con aspectos como los funcionarios de cuerpos especiales, los ingenieros técnicos industriales, los ingenieros técnicos de montes, etcétera, etcétera. El caso de los trabajadores sociales, sobre el cual la Consejería de Presidencia no convoca el concurso, según definía el Informe 2015 –por cierto, lo mismo que se definía en el Informe también de dos mil catorce-. Los casos relacionados con los empleados públicos del sector forestal, cuando casos como los peones de montes, como los celadores ambientales o la integración judicial de los trabajadores contratados por la empresa TRAGSA como personal laboral indefinido de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, debido a la existencia de una cesión ilegal de trabajadores que obligó judicialmente a dicho reconocimiento. También la situación jurídica de los interinos docentes de nuestra Comunidad, en la cual existe una clara discriminación cuando elementos de su informe indican con absoluta claridad que hay empleados que reciben sus retribuciones cuando reciben la plaza de curso completo hasta el treinta y uno de agosto, y que, sin embargo, hay otros en los cuales reciben sus nombramientos de sustitutos en los primeros meses del mes de septiembre, y quedando el curso escolar completo, sin embargo, dejan de percibir las retribuciones el día treinta de junio. Una trampa legal que lo que hace es, de manera efectiva, una discriminación laboral evidente, en un sector tan importante como es el de nuestros docentes, el de nuestros profesores y profesoras.

También nos parece muy importante las referencias que se realizan a la pobreza energética, un aspecto que ha preocupado enormemente a esta fuerza política, y especialmente a la pobreza hídrica. Un aspecto del cual no se habla lo suficiente, y que, efectivamente, como plantea el informe, es una consecuencia del impago en el consumo, que, a su vez, es consecuencia de una situación prolongada de desempleo o de dificultad económica. Así, las referencias en el informe a situaciones derivadas de las inmensas tasas de desempleo de nuestra Comunidad, del número cada vez más elevado de personas y familias que no pueden hacer frente a las facturas de suministros básicos en sus hogares, especialmente en la luz, en el agua o en el gas, nos parece que deberían ser motivo del debate principal de todas las sesiones plenarias posibles. Este es el drama de nuestro tiempo, esta es la inmensa desgracia. Y creemos que los datos que aporta el informe lo que vienen a demostrar es que es falso que exista la recuperación económica, es mentira. A nuestro juicio, se está engañando a la ciudadanía, porque el sufrimiento social continúa siendo el mismo. Por lo tanto, la crisis no ha terminado y mucho menos, desgraciadamente, las consecuencias de la misma.

También nos parece muy importante las referencias en materia urbanística, especialmente en materia de la vivienda digna y adecuada, cuando se recuerda que los poderes públicos han olvidado la finalidad primera y se orientan hacia la consecución de intereses distintos del interés general en muchos casos; casos como lo que recientemente definía en su intervención acerca del caso de la vivienda; elementos como la no existencia de previsiones concretas acerca de la futura aprobación de un plan de vivienda autonómico; la inexistencia de una actuación inspectora planificada ni personal específicamente dedicado a la misma; los problemas derivados de las viviendas de protección pública y permanente de sus adquirientes y arrendatarios; los resultados del Programa de Fomento del Alquiler de la Comunidad, que revelan la escasa relevancia del sistema de intermediación; las medidas dirigidas a garantizar un normal ejercicio del derecho constitucional de la vivienda, que son insuficientes, por no decir apenas inexistentes; o los datos relativos al Servicio Integral de Atención a Familias en Riesgo de Desahucio, en el cual se... se denuncia una desconexión entre este servicio y el centro directivo competente en materia de vivienda; mucho más nos preocupa... mucho más nos preocupa que las diez medidas que plantea su Procuraduría nos planteen que no se ha desprendido la adopción de la mayoría de las medidas sugeridas por parte de las Consejerías destinatarias.

Por lo tanto, problemas sociales importantes, también en materia medioambiental, un aspecto que a mí me ha parecido especialmente relevante, como son las quejas relacionadas con la instalación de una mina de uranio en los términos municipales de Villavieja de Yeltes y Retortillo; una actividad que, como usted sabe, mi grupo político trajo a esta Cámara en forma de proposición no de ley. Hemos denunciado de manera sistemática que se trata de una instalación que puede traer enormes problemas para nuestra tierra y que, además, tiene indicios de corrupción importantes, como la contratación del señor Lamela, ex número dos de Cañete, como lobbista en Bruselas, o como la compra de los terrenos de Retortillo a un alcalde del Partido Popular, donde se instalan las oficinas de la empresa minera Berkeley. Por cierto, aspectos que, finalmente, no fueron tomados en serio por el Grupo Popular en esta Cámara pero sí por la Audiencia Nacional.

Aspectos que nos parecen muy importantes, como que, precisamente, se tripliquen el número de quejas relacionadas con la información ambiental.

Aspectos en el ámbito educativo, como las deficiencias en las infraestructuras; el caso de la comida defectuosa derivada de empresas que se dedican a la línea fría; el caso de los estudiantes... –y esto nos parece muy relevante- los estudiantes de posgrado y de máster, que se encuentran sin posibilidades de seguir estudiando, debido al inmenso encarecimiento de las tasas de matrícula, ante lo cual es necesario, como plantea su informe, crear una línea específica de becas y de ayudas que sea capaz de frenar este desastre social. Así como las medidas que mi grupo político también ha denunciado de manera sistemática en materia de educación especial, que son claramente insuficientes y que vulneran el principio de inclusión educativa. Por cierto, resoluciones que, según indica el informe, han sido rechazadas por la Consejería de Educación, que se limita a explicar que los medios con los que se cuenta permiten actualmente la debida atención del alumnado, una opinión en la que mi grupo político no estamos en absoluto de acuerdo, como tuve opinión de manifestar en referencia a una interpelación y posterior moción en esta Cámara.

Así también elementos como los problemas derivados de la Renta Garantizada de Ciudadanía, un elemento que debería cuidarse especialmente frente a la situación de grave desempleo, de falta de ingresos y de bajísima tasa de actividad, que expulsa y exilia a población diariamente en nuestra Comunidad. Y, sin embargo, observamos como siguen aumentando las quejas en materia de esta renta.

El estado de emergencia social de las nueve provincias, que se formula en forma de 52 quejas. Y elementos como la Diputación Provincial de León, cuando se niega a ampliar su partida presupuestaria para casos de emergencia social, cuando esta se agota.

Casos también como el de las personas mayores, en torno a la cual se formulan una inmensa cantidad de quejas. Elementos como la inadecuada capacidad de respuesta ofrecida desde la Administración autonómica, al... al incumplirse la obligación de garantizar la provisión de la prestación de atención residencial. Las quejas en relación a los menores, en su situación de especial indefensión y vulnerabilidad. La situación de las familias numerosas, que se encuentran en clara desventaja respecto a otras en el acceso a determinados beneficios fiscales y a la calidad de prestación de servicios de información. La problemática de las personas en situación de discapacidad en materia de insuficiencia de plazas, de alto coste de los servicios de atención y de revisiones a la baja. Los problemas derivados de la salud mental, además vinculados, en muchos casos, a situaciones de marginación o vulnerabilidad social, como indica el informe. Las reclamaciones en materia de ayudas sociales derivadas del precio del servicio de ayuda a domicilio, que, a nuestro juicio, debería ser gratuito. Así como la cuestión de las listas de espera manifestadas en relación a sanidad y que fueron objeto de una comparecencia reciente en la Comisión de Sanidad.

En definitiva, nosotros creemos que este informe vuelve a ser un baño de realidad, vuelve a ser un informe que debería ser leído con detenimiento, no solo por los grupos parlamentarios sino por el conjunto de la ciudadanía y que lo que viene a indicar este informe es que la crisis no ha terminado y que, por lo tanto, actos como el de hoy, que son símbolos, símbolos de reconocimiento a la ciudad de León, a la provincia de León o al antiguo Reino de León, serán signos vacíos si no van acompañados por políticas reales, que serán el único homenaje verdadero que merece la ciudadanía, políticas reales y no mera simbología gratuita. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señor Sarrión. Para fijar posición, en representación del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Fuentes Rodríguez.

EL SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ:

Gracias, señora presidenta. Señor presidente de la Junta de Castilla y León, señorías, apreciado Procurador del Común, consciente, como soy, de que esta intervención debe tener su eje en el análisis del Informe Anual del Procurador del Común, resultaría demasiado difícil para mí obviar durante la misma este magnífico escenario en el que nos encontramos, su simbología, así como las referencias de actualidad que, como portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, me evoca la consideración de León como cuna del parlamentarismo en España y, se podría decir, de la Europa moderna.

Es por ello que no quiero dejar pasar la primera parte de mi intervención sin transmitir mi sincera... mi sincera felicitación a la presidenta de las Cortes de Castilla y León por la decisión de trasladar aquí la celebración de este Pleno, que –como transmitiré más adelante- ojalá sirva como espacio de reflexión gracias al cual todos los que ostentamos la condición de representantes públicos retomemos la actividad en las próximas semanas, o en los próximos meses, con verdadero espíritu de diálogo, acuerdo y entendimiento.

Este escenario vio representar las primeras dosis de parlamentarismo en España, del mismo modo que Atenas acogió en sus colinas los primeros debates de Pericles. España necesita hoy debate, diálogo, en definitiva, necesita parlamentarismo. La política española necesita hoy de ese espíritu parlamentario que permita escuchar los argumentos del otro, que los confronte dialécticamente, que los analice con sosiego, que los estudie con voluntad de acuerdo y que permita, en base al diálogo sincero, trabajar conjuntamente entre quienes pensamos diferente, para que de nuestro entendimiento surjan soluciones reales a los problemas reales de los ciudadanos, como nos lo ha dicho el señor Amoedo.

Señorías, venimos de un fracaso colectivo en el que la política ha sido para algunos el arte de defender intereses personales en lugar de la búsqueda de las soluciones comunes, como nos lo acaba de decir el señor Procurador del Común. Venimos de representar esos vicios en nuestro habitual emplazamiento, en el que unos no quieren hablar y otros no quieren escuchar; en el que hay quien prefiere quedarse solo, permaneciendo quieto, en lugar de avanzar de la mano de los demás. Yo prefiero el parlamentarismo, el diálogo, no quiero gobiernos ni que huyan, ni que se escondan, ni que se aletarguen, no quiero rodillos que a veces sirven, pero ni soledades que nunca suman.

Me gustaría -y asumo el reto en primera persona- que nuestro homenaje al parlamentarismo no empezase y acabase con esta importante visita a León. Ciudadanos seguirá trabajando para homenajear en el día a día de nuestra acción política a los precursores del debate, de la argumentación, del acuerdo y del trabajar en común entre todos. Y muchísimas gracias por la atención a esta primera reflexión, que, además, entendía que era necesaria en este incomparable marco.

Y, aterrizando ya en la materia propia del Pleno que hoy nos... nos ocupa, quisiera extender mi agradecimiento, en segundo lugar, al señor Amoedo, Procurador del Común de Castilla y León. Sabe usted de la alta estima que nuestro grupo parlamentario tiene respecto de su labor; sepa también que somos exigentes al medirla, agradecidos al valorarla y ambiciosos respecto a su potencialidad de ahora en adelante. Yo mismo valoré hace unos meses –como recordará- la evidente dificultad que su labor adquiere debido a la poca atención que genera en muchos de los representantes públicos que, en lugar de entenderla como un aporte de indudable valor, ven en ella una especie de vigilancia y de control, que, como en otros muchos casos, rechazan. La escasa colaboración desde numerosas instituciones, así como la no atención a sus dictámenes, denota prepotencia y un alejamiento respecto de la labor auxiliar y de defensa de los intereses de la ciudadanía que representa el Procurador del Común. Renuevo hoy el compromiso de nuestra formación con la labor de esta institución, así como nuestro apoyo a la labor política y pedagógica que se requiera, con el fin de mejorar la efectividad de sus actuaciones.

Señorías, continúan siendo las quejas referidas a la Función Pública las que ocupan un mayor número sobre el cómputo global. Expone –como hemos visto hace un momento- el Procurador del Común la importancia en las mismas de aquellas que versan sobre las contrataciones, procedimientos que él mismo califica como poco transparentes, ausentes de publicidad y, en muchos casos, arbitrarios. Nada que quienes ejercemos la representación pública en las instituciones hemos... instituciones no intuyésemos, conociésemos o incluso denunciásemos aquí, en sede parlamentaria, pero cuya gravedad se incrementa en boca de un ente objetivo e independiente como es el suyo.

Por tanto, nuestro respaldo al llamamiento del Procurador del Común a la necesidad del cumplimiento de los principios de igualdad, de mérito, de capacidad y transparencia en estas contrataciones. El informe incluye otras llamadas de atención al Gobierno de la Junta de Castilla y León en sectores como el de los trabajadores sociales, los agentes forestales o el personal interino en el ámbito educativo; también en el ámbito sanitario, con las discriminaciones sufridas por los auxiliares y el personal de enfermería. Cuestiones todas estas por las que desde nuestro grupo parlamentario se ha solicitado información a las respectivas Consejerías, y que, en prácticamente todas ellas, la respuesta ha sido siempre la misma: todo está correcto. Pues ya ven, señores consejeros, el Procurador del Común opina como nosotros y como la mayoría de los ciudadanos, algo no está funcionando correctamente cuando tienen que llamarles la atención desde un ámbito tan cualificado como independiente.

En este punto, hemos de reconocer la satisfacción del grupo parlamentario de Ciudadanos por el respaldo que se deriva del informe acerca de nuestra petición en las Cortes para incluir a los vigilantes municipales en el rango de agentes de la autoridad.

En cuanto al apartado del informe que analiza las actuaciones de las corporaciones locales, agradecemos la labor del Procurador del Común y su aportación en la búsqueda de los principios de transparencia y eficiencia. En resumen, tal y como se manifiesta en dicho informe, el derecho a una buena Administración.

Reconocible, igualmente, su labor en la construcción de soluciones a la pobreza y a la dificultad en el acceso a los suministros básicos de agua, energía, vivienda o alimentación de muchas de las familias de Castilla y León. Igualmente importantes sus aportaciones para una mejor coordinación en la extinción de incendios o en la búsqueda de una mayor seguridad en las zonas de baño. Aprovecho el análisis del informe para transmitir el apoyo de Ciudadanos, no solo del Grupo Parlamentario regional, sino de nuestros representantes en otras muchas instituciones, a la labor de concienciación y reclamación a dichas Administraciones para la mejora de las condiciones y de la seguridad en numerosos tramos de las carreteras de la red secundaria en Castilla y León.

La enumeración de casos en los que el Procurador del Común ha intervenido en materia de protección del medio ambiental es un buen elemento de medida del amplio camino que queda por recorrer en este ámbito.

Y llegamos a la joya de la corona: la educación. Reconoce el Procurador del Común la existencia de una reclamación social a favor de la necesidad de mejorar las infraestructuras donde nuestros jóvenes asisten a clase; otro de esos casos en los que se evidencia que no andamos tan desencaminados los grupos políticos de la Oposición cuando defendemos esto mismo en las Cortes de Castilla y León.

Igualmente hay terreno que avanzar en todo aquello que las Administraciones pueden hacer por facilitar la igualdad de condiciones en el acceso a la educación; me estoy refiriendo a las ayudas en el material escolar. Qué decir de cuánto compartimos esta necesidad, teniendo en cuenta que Ciudadanos hizo de ello bandera, consiguiendo en los pasados Presupuestos la gratuidad progresiva de los libros de texto en Castilla y León y que ya este mismo año van a disfrutar decenas de miles de familias en nuestra región.

Exigimos, además, que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, atienda todas las recomendaciones del Procurador del Común pueda emitir con el fin de prevenir y actuar contra el acoso escolar en nuestras aulas. Que nadie pueda decirnos que no hicimos lo suficiente ni para garantizar la igualdad de oportunidades de nuestros colegios ni por garantizar la convivencia entre los jóvenes en nuestros centros. Valga esta misma reflexión para el caso de las enseñanzas universitarias o las enseñanzas especiales.

El informe, tanto en el ámbito cultural como en el del empleo, vuelve a ser un reflejo, en muchos casos, de la actividad parlamentaria de las Cortes han recogido en estos meses, lamentablemente bloqueada en demasiadas ocasiones por un rodillo y un Gobierno que no quiere escuchar a la Oposición.

Le deseo, señor Procurador del Común, sinceramente, mejor suerte que la que hemos tenido la Oposición. Nos gustaría, de verdad, que la Junta de Castilla y León tomase este informe como una guía de actuación en materias tales como la agricultura, en la ganadería y, por supuesto, en todos aquellos servicios sociales en los que se desgranan deficiencias y aspectos de mejora.

Nos sentimos receptores del informe y agradecidos por el trabajo que representa, pero seguimos incidiendo en que la potencialidad que recoge no será aprovechada si la Administración regional sigue viviendo de espaldas a todo aquello que no lleve el sello o los intereses del Partido Popular. El valor de las aportaciones en sanidad, en atención a las familias necesitadas y en otras muchas competencias autonómicas es indudable para nuestro grupo parlamentario de Ciudadanos. Reitero, una vez más, nuestro agradecimiento, señor Amoedo.

Y retomo, antes de la reflexión final, el mensaje que ya empleó nuestro grupo parlamentario en el anterior Pleno del análisis del Informe del Procurador del Común: debe existir un compromiso en todas las fuerzas políticas para, desde todas las instituciones, colaborar, ayudar y atender las recomendaciones del Procurador del Común. Desde esta tribuna renuevo el compromiso de mi grupo, y en nombre de los representantes de Ciudadanos en Ayuntamientos y Diputaciones, no solo para reforzar esa labor, sino para la tarea pedagógica que requiera el resto... y que el resto hagan lo mismo, no solo con el trabajo que viene desarrollando y haciendo, con un resultado notable, sino con nuestra voluntad de que, en la medida que supone un elemento de defensa de los intereses de la ciudadanía, pueda asumir nuevas encomiendas en los próximos avances de regeneración democrática que Ciudadanos está consiguiendo en esta Comunidad.

Por eso, aprovecho para comunicar que nuestro grupo parlamentario propondrá que la figura del Procurador del Común tenga un papel relevante en el desarrollo de los mecanismos de protección para los funcionarios que destapen casos de corrupción.

Y, ahora sí, permítame que termine con una reflexión que ya dejé entrever al principio de mi intervención: esta sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León que celebramos hoy, en este incomparable marco, es un homenaje al parlamentarismo; así lo tomo y así lo tomamos los representantes de Ciudadanos. Recojamos aquí lo mejor de aquello que hicieron los demás antes que nosotros, mucho antes que nosotros, como es este caso. Aprendamos, no perdamos como representantes públicos nunca la ambición por aprender cada día de los que saben más que nosotros. En la medida que hagamos mejor nuestra labor, los ciudadanos se verán beneficiados. Dialoguemos, entendámonos de verdad, que la nueva política va de darse la mano, de debatir, de dialogar, de escuchar al otro, de negociar, de ceder, de construir espacios de entendimiento donde no seremos nosotros al cien por cien, pero donde, encontrándonos con los otros, conseguiremos ser útiles todos al cien por cien.

Miren, siempre ha sido fácil ponernos de acuerdo con quienes piensan como nosotros, y ahora viene lo difícil: hay que sentarse a hablar con quienes piensan diferente. Hay que sentarse; lo primero, hay que sentarse, hay que ver qué es aquello que tenemos que común y hay que ponerlo en valor, y hay que ver aquello que nos separa y trazar un punto medio en el camino donde encontrarnos. Toca ahora construir, toca ser parlamentarios con mayúsculas, toca estar a la altura de lo que los ciudadanos reclaman de sus representantes públicos. Seamos humildes, escuchemos, valoremos el nuevo escenario político como una oportunidad para echar abajo las viejas trincheras, que no se han demostrado útiles, en absoluto. Creamos en el poder de los que hacemos. No pongamos un solo interés personal por delante de los intereses de los españoles. Y, en base a esa oportunidad, construyamos juntos, desde el consenso y el acuerdo, un futuro mejor que vean con envidia quienes nos homenajeen dentro de mil años. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señor Fuentes. Para fijar posición, en representación del Grupo Podemos, tiene la palabra el señor Fernández Santos.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Gracias, señora presidenta. Señorías, me es muy grato comparecer ante esta Cámara para felicitar, una vez más, al Procurador del Común y a todo su equipo por el informe de gestión anual presentado ante estas Cortes. Informe que habla de la dedicación con total honestidad y sumo rigor en defensa de los derechos e intereses de la ciudadanía de Castilla y León.

Y me alegra sobremanera que esta sesión se celebre hoy aquí, en León, ciudad donde nací y también sede del Procurador del Común. Y, especialmente, en el marco extraordinario de esta Basílica de San Isidoro, escenario donde se celebraron por vez primera en la historia, convocadas por el rey Alfonso IX de León en mil ciento ochenta y ocho, lo que hemos venido en denominar y reconocer como las primeras Cortes en las que estuvo presente el conjunto de la sociedad de aquel tiempo, concediéndose en aquella reunión el derecho al pueblo a intervenir y participar en la toma de decisiones de los asuntos públicos.

Son los Decreta el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo, que reflejan un modelo de Gobierno y Administración original, en el marco de las instituciones de la época. Instituciones en las que el pueblo participa por primera vez tomando decisiones del más alto nivel, junto con el rey y los otros estamentos, la nobleza y el clero; participación a través de los representantes elegidos en los distintos pueblos y ciudades, tal y como reconoció la UNESCO el dieciocho de junio del año dos mil trece.

Y creo, señorías, que hoy más que nunca tiene sentido reivindicar los Decreta, reivindicar que sea el pueblo el que decida por encima de los privilegiados, para que la voz de la mayoría social, que ha sido castigada por las políticas neoliberales que han favorecido a unas élites en detrimento y perjuicio del resto, resuene en los Parlamentos y se materialice en leyes. Hoy más que nunca debemos esforzarnos por recuperar la verdadera y auténtica soberanía popular y trabajar por que sea el pueblo el que tome todas las decisiones. Un empeño que tuvo su origen en León, y una tarea por la que nosotros nos vamos a dejar el alma, porque para nosotros y para nosotras el pueblo y las personas son lo primero.

Y lo hacemos en el marco del conocimiento y debate del informe presentado por el Procurador del Común sobre su actividad en el año dos mil quince. Tarea que pone en valor el significado del momento por el que estamos aquí reunidos: la exigencia de acercar las Administraciones públicas a los problemas y necesidades de la ciudadanía, estableciendo de este modo un cauce de mediación y arbitraje para que las dificultades y limitaciones que sufrimos como administrados puedan ser superadas.

Nuestro grupo valora de forma muy positiva el esfuerzo realizado por el Procurador del Común, ensalzando especialmente que haya presentado este informe en la primera mitad del año dos mil dieciséis. Agradecemos enormemente su celeridad, y le reiteramos que creemos que su trabajo es el auténtico cauce que tienen a su disposición los castellanos y leoneses, las leonesas y castellanas, para hacer llegar sus quejas y reclamaciones sobre el funcionamiento de la Administración.

Es por ello que damos verdadera importancia a este Pleno, pues el informe de referencia que nos trae a debate nos muestra y señala en qué se está fallando, en qué elementos el Gobierno autonómico es incapaz de remover los obstáculos que impiden o dificultan el pleno ejercicio de los derechos de los castellanos y leoneses. Consideramos que se trata de una jornada de verdadera importancia y trascendencia política, pues su intervención nos convoca para eso, para hablar de política, para hacer política de verdad, con mayúsculas, recuperando su prístino significado; para ocuparnos verdaderamente de los derechos de los ciudadanos de Castilla y León, tantas y tantas veces considerados desde las distintas Administraciones como portadores exigibles únicamente de obligaciones –que también las tenemos, no dudamos de este aserto-.

En definitiva, hoy es un día para pasar por el tamiz político parlamentario las actuaciones administrativas que derivan u obedecen no a disposiciones o decisiones indiscriminadas y emanadas de un jefe de servicio, o de un jefe de sección, o negociado, sino que fluyen y se ejecutan por disposición de un órgano político, como consecuencia de una voluntad política, de un plan de actividad política diseñado por un grupo político que rige desde hace muchos años los designios de esta Comunidad.

La figura del Procurador del Común es desde antiguo un referente básico para la mejora de la calidad de nuestra democracia, una figura que debería garantizar a los castellanos y leoneses, a las leonesas y castellanas, el derecho inalienable a una buena Administración, justa y eficiente. Su comparecencia y el preciso relato de las actividades realizadas para supervisar a la Administración en defensa de nuestros derechos nos traen a estas Cortes, con total claridad y solvencia, algunos de los aspectos más negativos y oscuros en la forma de gobernar y llevar a cabo los asuntos de la ciudadanía de esta Comunidad.

Formas y disposiciones de gobierno que entroncan directamente con una formulación política, con un programa político, con una manera de desarrollar y ejercer la política en base a una ideología e idiosincrasia concreta: ideología neoliberal, que se ha hecho más palmaria y sangrante durante estos últimos años. Últimos años de crisis, de estafa para muchos, de estafa sin parangón que se ha llevado por delante décadas y décadas destinadas a construir con el esfuerzo, tesón y denuedo de todas y de todos una sociedad más amable, una sociedad más justa y más digna, que perseguía y alcanzaba el umbral del estado del bienestar; una sociedad, señorías, que en la actualidad asiste con estupor al retroceso e involución de derechos y libertades.

Nuestro grupo ha hecho una lectura atenta de su informe, de los aspectos positivos, de los logros en la atención a sus requerimientos y propuestas. También de las denuncias y consideraciones sobre determinadas respuestas o burdos silencios administrativos sobre la situación y funcionamiento de las Administraciones, que están al servicio del contribuyente, y no al revés –y esto es bueno recordarlo hoy aquí-.

Y también hay algo que destacar especialmente en el día de hoy, en este mayo del dos mil dieciséis, y es que pareciera que vivimos en un permanente déjà vu ininterrumpido, porque informe tras informe, año tras año, se nos detallan las limitaciones y dificultades que tiene la ciudadanía para ejercer sus derechos frente a las Administraciones públicas; administraciones que, en muchos casos, se esfuerzan en disuadir e impedir de forma contumaz el pleno desarrollo de los mismos, en contradicción manifiesta con lo que establece nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía.

Algo más de 4.300 quejas han pasado por la institución a lo largo del año dos mil quince, lo que representa un 111 % más que el año dos mil catorce. Estas cifras nos permiten hacer una doble valoración, una doble lectura: por un lado, considerar que el loable y encomiable trabajo de la Institución se acerca cada vez más a la ciudadanía, ahondando en el criterio de que se va conociendo con mayor claridad y extensión el funcionamiento y el cauce para el establecimiento de las quejas y reclamaciones; y, por otro lado, sin duda negativo, nos damos cuenta de que las leonesas y castellanas, los castellanos y leoneses, se quejan el doble que en el año dos mil catorce, y eso es porque la Administración pública sigue teniendo limitaciones y dificultades en sus relaciones con las gentes que pueblan esta Comunidad.

Y en este orden, es sumamente preocupante que el 69 % de las quejas, 2.973, tengan que ver con la Administración autonómica, y, de estas, un 53 % versen sobre educación, elemento esencial que hace pensar en cómo estamos preparando para el futuro a nuestros hijos. Espero, y estoy convencido, que el señor consejero de Educación, Fernando Rey, haya escudriñado y haya escrutado suficientemente el informe para que pueda solventar tantas quejas en esta materia.

Es la Junta de Castilla y León la responsable de que esos obstáculos que impiden el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía frente a la Administración sigan apareciendo año tras año en letras y números destacados en las memorias del Procurador del Común, repitiendo esos contenidos en un bucle sin fin, en una espiral interminable. Leo literalmente: Falta de transparencia de la Administración local; insuficiente intervención del Servicio Público de Empleo de Castilla y León en cuanto a la preselección de los candidatos y seguimiento de los procesos de selección; dificultades para hacer efectivo el principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Función Pública. Se llama la atención sobre la necesidad de garantizar la participación de los ciudadanos en procedimientos de elaboración de presupuestos y de cuentas. La verdad es que así podría estar mucho tiempo, tengo casi tres hojas con quejas, pero mis compañeros, que me han antecedido y seguro que los que vengan después de mí las van a detallar exhaustivamente.

Lo que quiero remarcar hoy aquí es que, señorías, año tras año hay un denominador común: se repiten las mismas quejas o similares, se proponen idénticas recomendaciones. Y, ante ello, es lícito preguntarse: ¿hace la Administración caso omiso de estas recomendaciones y apremios?, ¿qué medidas fehacientes arbitra la Junta de Castilla y León para corregir este estado?, ¿es esto un paripé a pesar del enorme e ingente esfuerzo atribuible a todas y cada una de las personas que componen la oficina del Procurador del Común?, ¿nos vamos a contentar con asistir al relato de quejas y deficiencias, y expresar hoy aquí nuestro rechazo, esperando inanes hasta que el próximo año se repita la misma película, conocida y desgastada, tan dolorosa?

Señorías, tras las bofetadas de realidad que año tras año recibe la Junta de Castilla y León del Procurador del Común, impugnando y poniendo en solfa el mundo idílico y maravilloso que nuestro Ejecutivo nos quiere vender desde su torre de marfil, ¿no creen que sería bueno, y, sobre todo, necesario para las leonesas y castellanas, para los castellanos y leoneses, que el Gobierno autonómico se grabase a fuego este informe para que el mismo fuese el catalizador, el galvanizador, el motor que dirigiese las actuaciones de todas y cada una de las Consejerías que integran la Junta de Castilla y León?

Porque, señorías, en este informe se pone negro sobre blanco la verdadera realidad que sufren y padecen los castellanos y leoneses, las leonesas y castellanas, ante la pasividad y desidia, que, las más de las veces, muestra nuestro Ejecutivo.

Y es que el Procurador del Común es, hasta la fecha, el verdadero cauce de escucha que tiene la ciudadanía en sus problemas y conflictos con las Administraciones públicas, ejerciendo su labor con resultados que hemos de reconocerle positivos. Pero lo cierto es que, más allá de sus recomendaciones o sugerencias, no dispone de mecanismos necesarios para hacer que las mismas se cumplan. Las Consejerías, muchos ayuntamientos, aceptan las recomendaciones, no lo dudamos, pero lo cierto y verdad es que los mismos problemas o similares se constatan una y otra vez, año tras año, convirtiéndose en un hecho estructural que aparece impenitente en todos los informes del Procurador del Común, sin que se le dé aparente solución.

Pero las Cortes sí que disponen de instrumentos, aunque consideramos que no suficientes, para interrogar a la Junta sobre el incumplimiento y dejación en la remoción de las dificultades que impiden el ejercicio efectivo de estos derechos de la ciudadanía. Y es que, señorías, a pesar del conspicuo trabajo que realiza el Procurador del Común y todo su equipo, son las Cortes de Castilla y León las que no consiguen que se lleve a efecto las recomendaciones justas y equitativas que se ofrecen año a año en los informes que debatimos.

Estos informes también denuncian los problemas de la Nación con distintas Consejerías y Ayuntamientos de nuestra Comunidad; Ayuntamientos, algunos, capitales de provincia, como, desgraciadamente, León, Palencia y Zamora, que no han contestado a recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias del Procurador del Común. Es por ello que desde estas Cortes algo tiene que hacerse para invitar y requerir a todas las Administraciones, también a las locales, a una colaboración estrecha y exhaustiva con el Procurador del Común, porque, si no, son las Cortes de Castilla y León las que están fallando a la ciudadanía en la defensa de sus derechos, las que defraudan las expectativas de los castellanos y leoneses, de las leonesas y las castellanas.

Aunque, incontrovertiblemente, en esta materia, la responsabilidad última le atañe a la Junta de Castilla y León, que debiera asumir la obligación que le compete. Le corresponde la suma responsabilidad de que, año tras año, sigamos escuchando las mismas o similares quejas de la ciudadanía, los mismos o similares problemas sin resolver de los castellanos y leoneses y de las leonesas y castellanas, los mismos o similares recortes en el ejercicio de los derechos de las personas que habitamos en Castilla y León, y, pese a todo ello, indefectiblemente, el Gobierno autonómico se maneja y conduce con el mismo mutismo, desdén, olvido, a las disposiciones del Procurador del Común. Sin duda, señorías, y como se constata en este informe, la Junta está fracasando en esta tarea.

Las Cortes tienen encomendada la labor de legislar y controlar la acción del Gobierno de la Junta, así que propongo que, partiendo de las recomendaciones del Procurador del Común, démosle al conjunto de la Administración pública instrumentos para el pleno y efectivo ejercicio de los derechos de la ciudadanía, y exijamos con todo rigor a la Junta la ejecución diligente de las propuestas que articulemos desde estas Cortes.

Y es que aún podemos realizar mucho más en lo concreto, y, desde nuestro grupo parlamentario así lo vamos a hacer, porque creemos fervientemente en la institución del Procurador del Común. De este modo, en los próximos días presentaremos una proposición de ley que tiene como objetivo reforzar el papel y la figura del Procurador del Común, y también llevaremos a efecto varias proposiciones no de ley instando a la Junta de Castilla y León a realizar una publicidad más exhaustiva de la figura del Procurador del Común, de su oficina y de los resultados de su mediación y arbitraje frente a las Administraciones. Y es que, señorías, debemos animar a que la ciudadanía... a que la ciudadanía vea en esta figura un mecanismo necesario y próximo para la defensa de sus intereses y derechos frente a la opacidad y sordera monolítica de las Administraciones. Hemos de facilitar el conocimiento y acceso a esta institución de referencia para que continúe siendo el altavoz y la severa llamada de atención a la Administración cuando esta no lleva a cabo su cometido. Este es nuestro reto como representantes de la ciudanía de Castilla y León.

Así mismo, esperamos que, cuando toque debatir las iniciativas parlamentarias que presente nuestro grupo, dimanadas de la labor excelsa del Procurador del Común, en el momento en que de verdad toca mojarse, voten ustedes a favor; porque de nada sirve que hoy loen la labor del señor Amoedo si luego la desdeñan en sede parlamentaria.

Para finalizar, quiero, una vez más, dar las gracias al Procurador del Común por su comparecencia, felicitándole sinceramente por la claridad en el tratamiento de su informe, que pone de manifiesto su defensa de los derechos constitucionales y de los derechos y principios contenidos en nuestro Estatuto de Autonomía. Sepa usted que nuestro grupo parlamentario está a su entera disposición para lo que considere en beneficio de los leoneses y castellanos, de las castellanas y leonesas, porque para nosotros, al igual que para usted, las personas son lo primero. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señor Fernández. Para fijar posición, en representación del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández.

EL SEÑOR TUDANCA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, presidenta. Señoras y señores procuradores, lo primero que quiero hacer -¿cómo no?- es saludar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a la gran representación, a la digna representación de la sociedad leonesa que hoy está aquí presente con nosotros. En el Pleno de las Cortes de hoy procede, desde luego, valorar el informe del Procurador del Común del año dos mil quince. Pero, sin embargo, no podemos olvidar que se trata también de una efeméride importante: estamos hablando de veinte años de una institución que hoy es propia de la Comunidad y que ha sido la voz de los castellanos y de los leoneses durante dos décadas, con independencia, con rigor y también con una enorme sensibilidad ante los problemas.

Quiero empezar, por tanto, reconociendo el ingente trabajo del señor Amoedo y también del señor García Álvarez, que han dirigido la institución desde su origen, y a todos los hombres y mujeres que han conformado sus equipos y han contribuido a su implantación y consolidación.

Durante todos estos años, el Procurador del Común ha contribuido y ha cumplido con la misión que tiene encomendada de defender y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos y los derechos y principios reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. También se ha empleado a fondo para supervisar la actividad de la Administración autonómica, de las diputaciones y los ayuntamientos, de las entidades locales menores y de los diferentes organismos que de ellas dependen. Solo en los últimos diez años ha recibido más de 30.000 quejas de los castellanos y leoneses. Frente a los numerosos datos que hoy nos ha facilitado el señor Amoedo, como cada año, y que luego desgranaré en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, podríamos decir que el Procurador del Común es la conciencia de la Comunidad. Donde algunos quieren y pueden ver estadísticas, nosotros vemos personas; donde algunos pueden hacer fríos análisis, nosotros queremos ver el calor y la vida de miles y miles de nuestros paisanos que han encontrado en esta institución las puertas abiertas que otros les cerraban para la resolución de sus problemas.

Es cierto que no siempre el resto de las instituciones hacen caso de las recomendaciones del Procurador, pero, si, efectivamente, este es nuestra conciencia colectiva, y tal como decía Michel de Montaigne, la conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos o que nos acusemos a nosotros mismos, y, a falta de testigos, declara contra nosotros. Así que, año tras año, informe tras informe, el trabajo de esta Institución nos permite acercarnos a la verdadera realidad de Castilla y León: una realidad alejada de ese país de las maravillas en el que algunos pretenden hacernos creer que vivimos. Las quejas de los ciudadanos y las resoluciones que emite el Procurador del Común son esos testigos que declaran contra nosotros mismos, contra las instituciones que incumplen los derechos de los ciudadanos, y nos pintan esa tierra real en la que vive la gente real. Esta tierra real, que, desde luego, tiene pasado, tiene presente y tiene futuro, pero que también tiene problemas gravísimos como los que atraviesan y sufren los trabajadores de Lauki, de Dulciora, de Printolid, de Montefibre; como los que atraviesan los mineros, los ganaderos o los jóvenes que se tienen que marchar por culpa de la falta de oportunidades.

La realidad es que, a pesar del decreto del fin de la crisis que algunos enviaron para su publicación en el BOCYL, el año dos mil quince ha sido el que más quejas se ha recibido por parte de los ciudadanos: más de 4.300 quejas –más del doble que el año anterior-, y casi tres de cada cuatro tenían como destinataria a la Junta de Castilla y León. Y quien tenga la tentación de darle un sesgo peyorativo a la palabra queja no tiene más que leer un resumen de los asuntos que han ocupado y preocupado a los castellanos y a los leoneses cuando se han dirigido al Procurador. Dice literalmente el informe que, a la vista de las quejas recibidas, puede comprobarse, un año más, que la mayor parte están relacionadas con asuntos tan básicos para las personas como la educación, como la Renta Garantizada de Ciudadanía, la vivienda, la asistencia sanitaria, la contaminación acústica, la utilización de bienes comunales, los transportes públicos, las personas con discapacidad, la infancia y la adolescencia desprotegida, entre otros muchos asuntos. Nada más y nada menos. Más quejas que nunca sobre los mismos problemas de siempre.

Me gustaría también señalar que a ella se han sumado también otras 36 actuaciones de oficio, iniciadas, tal y como señalaba el propio Procurador en alguna entrevista, a raíz del conocimiento de los problemas incluso por los medios de comunicación. Lo señalo para poner de manifiesto que no hablamos de una mera actuación contemplativa de la Institución, sino que, en vez de sentarse con los brazos cruzados a esperar las quejas de la gente, hace una... realiza una actuación proactiva, detecta problemas y trata de atacarlos con sus seguros escasos medios.

Entrando en materia, al Grupo Parlamentario Socialista le ha llamado la atención la sustancial... el sustancial incremento que han experimentado las quejas en el área de educación -estamos hablando, es verdad, de dos conflictos perfectamente identificables en Palencia y en Villaobispo de las Regueras, en León-, pero también han aumentado considerablemente las quejas en materia de fomento, debido fundamentalmente a los problemas con el transporte público en Villafranca del Bierzo.

Si hablamos de Función Pública –como ya han señalado otros portavoces-, el propio informe señala que las quejas presentadas en materia de provisión de puestos de trabajo siguen constituyendo el sector de la Función Pública general más relevante desde un punto de vista cuantitativo, tras lo cual se señala que aún siguen produciéndose para algunos cuerpos especiales un incumplimiento que, en tanto no se articule un nuevo sistema de concurso abierto y permanente para el personal funcionario de la Administración, no resulta justificable en modo alguno.

En este, como en otros asuntos –y parafraseando a Ortega y Gasset-, quiero confiar en que, si la Administración autonómica no resuelve año tras año un problema reiterado y unas resoluciones repetidas, el esfuerzo inútil no conduzca a la Institución a la melancolía. Desde luego, el Grupo Socialista no caerá en ella, y, desde luego, es también un buen ejemplo alguna resolución de algunos problemas graves, como el señalado hoy en su discurso en el caso de una víctima de violencia de género, y, como decía, su resolución con éxito gracias a la implicación de la institución del Procurador del Común.

Otro caso reiterado es, un año más, el relativo a la queja tramitada acerca de la infrautilización del Laboratorio Agrario Regional. Y, en materia de vivienda, el Procurador formuló una interesantísima e importante resolución de oficio que contemplaba la adopción de diez medidas que trataban de mejorar la protección del derecho a la vivienda en nuestra Comunidad. A través de esta resolución, se trataba, efectivamente, de evidenciar que la Administración autonómica podía llevar a cabo actuaciones efectivas sobre el derecho a la vivienda. La contestación de la Administración es desmoralizadora, porque expresa una cierta continuidad en las políticas de vivienda públicas de Castilla y León, en la que no se contempla la implementación de la mayor parte de las medidas propuestas.

A través de esta resolución, también se dio respuesta a cinco iniciativas de plataformas de ciudadanos formadas para la protección del derecho a la vivienda. Para explicarnos: la Junta de Castilla y León considera que lo que se está haciendo en materia de vivienda es suficiente; que lo que se ha hecho en los últimos años ya está bien. ¿En serio?, cabe preguntarse. En mitad de la crisis más importante de los últimos años, en materia de vivienda se considera que ya está todo hecho. La Junta está satisfecha. En fin, lo triste es que no me sorprende en exceso, teniendo en cuenta que han sido muchas las ocasiones en las que se han rechazado propuestas similares del Grupo Parlamentario Socialista en estas Cortes en materia de protección del derecho a la vivienda, como la creación de un parque público de viviendas en alquiler o la puesta en marcha de iniciativas para solventar la insuficiencia de las ayudas.

En materia de las ayudas al alquiler, el informe señala que resulta destacable el hecho que, de los 15.626 solicitantes de ayuda, únicamente se han tenido en cuenta, se han reconocido la misma a 2.524; circunstancia que -dice el Procurador- pone de manifiesto la insuficiente dotación presupuestaria del programa, insuficiencia de las ayudas en materia de vivienda cuando más necesario era.

Así que, en todo caso, nunca es tarde si la dicha es buena; porque sí que la Consejería aceptó –y, probablemente, tras muchos damnificados en el camino- para este año que se incremen... se eliminara el requisito de ingresos mínimos iguales o superior al IPREM para acudir a las ayudas de vivienda, que solo mantenía ya Castilla y León y que impedía el acceso a las ayudas a aquellas familias que más lo necesitaban.

En materia de transporte, me gustaría señalar que el propio informe dice que, una vez consolidada en los años anteriores la política de disminución de servicios, itinerarios y frecuencias en el transporte interurbano, las quejas han dado paso a otras relacionadas con la calidad del servicio; es decir, ya damos por hecho los recortes también en esto -esos recortes que en este país de las maravillas se han hecho, pero se supone que no existían-; y no estamos hablando de un asunto menor, porque Castilla y León, y sobre todo su medio rural, no tendrá futuro sin buenos servicios públicos; y no se pueden prestar buenos servicios públicos y en igualdad de condiciones para todo el territorio sin un transporte público adecuado.

Y dirán que es una obsesión personal –y lo dirán con razón-, pero ¿se pueden creer que también en el informe del Procurador del Común se señala en esta materia la queja cuantitativamente más relevante, al afectar a un gran número de usuarios, y esta es la referida a la discutible ubicación de la parada del autobús en el nuevo Hospital de Burgos? Pues sí, resulta que en el hospital privado de Burgos no previeron una parada de autobús que llegara hasta la puerta de un hospital; un lugar donde llega gente enferma y gente mayor en muchos casos; pero lo peor es que, tras varios años de su inauguración, sigue sin resolverse, entre otras cosas, porque el SACYL y el Ayuntamiento no son los propietarios del terreno; una gota en el océano del desastre que para la sanidad está suponiendo la privatización del Hospital de Burgos.

En materia de medio ambiente, hay que destacar que bastantes quejas se han archivado durante su tramitación, al resolverse el problema planteado por los ciudadanos. En estos casos, la mera petición de información a las Administraciones públicas competentes por la Procuraduría contribuyó a la consecución de las demandas planteadas, por lo que hay que recordar de nuevo la utilidad de esta Institución.

Otra de las áreas importantes del informe se ocupa de las quejas en el ámbito educativo. De oficio se instó a la Administración educativa a llevar a cabo una previsión de las infraestructuras necesarias para que las instalaciones prefabricadas sean absolutamente excepcionales. Esta recomendación ha sido expresamente aceptada por la Consejería, así que confío sea un acicate más para la puesta en marcha en este ámbito del Plan de Infraestructuras Sociales Prioritarias que, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, se aprobó en esta Cámara por unanimidad en el último Pleno.

En el ámbito de las enseñanzas universitarias en lo que se refiere a los estudios de másteres, la Consejería aceptó, por fin, la recomendación de extender las subvenciones previstas en nuestra Comunidad para los alumnos que cursan estudios universitarios. Parece que, una vez más, y también en esto tarde y mal, la Administración autonómica solo acierta cuando rectifica; y en este caso rectifica a medias, porque condiciona su cumplimiento, una vez más, a que lo permitan las condiciones económicas. Vamos, que mucho ruido y pocas nueces.

En materia de educación especial, habría que poner hincapié, como ha hecho el Procurador, en las resoluciones dirigidas a la dotación de medios personales para la atención a los alumnos con necesidades de educación especial. Estas resoluciones, en todo caso, han sido lamentablemente rechazadas por la Consejería de Educación, que, a grandes rasgos, ha puesto de manifiesto que los medios que se cuenta... con los que se cuenta actualmente permiten la debida atención de la totalidad del alumnado; otra vez conformismo, otra vez falta de respuesta.

En el área de cultura, turismo y deportes, hay que señalar que el mayor número de quejas está relacionado con el acceso, el mantenimiento y la conservación de los bienes que forman parte del patrimonio cultural de Castilla y León, un enorme recurso de riqueza y creación de empleo para nuestra tierra. Pero no es de extrañar este número de quejas en una Comunidad con más de doscientos bienes culturales en peligro y una inversión en el sostenimiento y promoción de nuestro patrimonio artístico que se ha reducido a la mitad.

Y llegamos a otro lamentable clásico de los informes del Procurador en los últimos años, que son los expedientes relacionados con la Renta Garantizada de Ciudadanía. El Procurador ha realizado numerosas recomendaciones, como viene reiterando en sus últimos informes, y, sin embargo, todas estas recomendaciones, y otras, han sido rechazadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Con todo, el Procurador considera, al igual que el Grupo Parlamentario Socialista, que son necesarias medidas de mayor contundencia, de mayor intensidad, tanto desde el punto de vista normativo como desde el punto de vista de la dotación de medios personales, para evitar el constante incumplimiento de los plazos previstos para los procedimientos. La burocracia nunca puede ser un obstáculo para la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía a las personas que se encuentran en una necesidad, en una situación de enorme necesidad.

En materia de ayudas para la atención a las necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social se recomendó a la Consejería, en coordinación con las entidades locales con competencia, se incrementaran las dotaciones presupuestarias de la Administración destinadas a dichas ayudas. Con relación a ello, la Consejería aceptó la anterior resolución, matizando, en todo caso, que se vienen revisando al alza las previsiones presupuestarias y que el presupuesto destinado a esta prestación está siendo suficiente para todas las demandas. Una vez más, como en el caso de las políticas de vivienda, esto demuestra o bien una falta de sensibilidad -en la que no quiero creer-, o de nuevo un alejamiento de la realidad por parte de los responsables de la Junta, en la... con respecto a la realidad que viven... esa situación de pobreza y exclusión social en la que viven miles de castellanos y leoneses, tal y como ponen de manifiesto todos los informes oficiales y de las organizaciones no gubernamentales y sociales.

Sucede lo mismo con la valoración que el Procurador hace del funcionamiento y la eficacia de la Red Centinela del sistema de protección a la infancia de Castilla y León, pidiendo planes específicos que la Junta de Castilla y León rechaza. Y, si hablamos de esta red, y si hablamos de las medidas en esta materia, sigue siendo incomprensible que hayan tenido que ser los ayuntamientos -en muchos casos, desde luego, los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista- quienes tuvieron que abrir con sus propios medios y sus propios recursos los comedores escolares en verano ante el rechazo de la Junta de Castilla y León, que decía que no existía un problema de pobreza o de exclusión social de nuestros menores.

Y, por último, un problema definitivamente grave de nuestra sanidad: las listas de espera. El Procurador ha vuelto a manifestar hoy en su informe su preocupación por el importante incremento y por la falta de regulación de las garantías en listas de espera de nuestra Comunidad, así como las importantes diferencias entre unas provincias y otras. No parece que esta opinión, ni las quejas de los usuarios, vayan desencaminadas con los argumentos que justificaron la presentación, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, de una proposición de ley que estableciera plazos máximos y garantías en los tiempos de espera de nuestra sanidad pública. Lo que nos encontramos, una vez más, es el rechazo incluso a la tramitación de esta proposición de ley, diciendo que no era necesaria. Si a esto unimos que sigue... este año se sigue la estela marcada por el anterior en el informe, en cuanto a las ayudas y su insuficiencia, las ayudas de desplazamiento, alojamiento y manutención en materia sanitaria, el panorama no es muy halagüeño.

En resumen, y como decía al principio, señoras y señores procuradores, más quejas que nunca de los mismos problemas de siempre. Y esto es un síntoma de que la realidad de esta Comunidad es tozuda, y que lamentablemente no se cambia por los discursos ni las proclamas. Lo preocupante es que, año tras año, muchos de los problemas de los castellanos y de los leoneses no lo solucionan tampoco las leyes ni el Gobierno.

El Procurador del Común con su trabajo, con su independencia y con su perseverancia nos demuestra día a día que no vivimos en ese país de la... de las maravillas. Pero, como le decían a Alicia en el libro de Lewis Carroll, siempre se llega a alguna parte si se camina lo bastante. El camino del Procurador ha sido de 20 años hasta hoy, y son muchos los hitos conseguidos en la defensa de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de esta tierra; pero el camino aún es muy largo y está repleto de obstáculos.

Termino ya, presidenta, porque hasta aquí he hablado, obviamente, solo del orden del día del Pleno, pero no he olvidado dónde estoy, no he olvidado dónde estamos. He querido dejar para el final esta cuestión, no porque no sea importante, todo lo contrario; pero también para señalar que no debería ser extraordinario lo que hace mucho tiempo debería... debería haber sido corriente.

No podemos, evidentemente, cerrar los ojos a la realidad. Hace poco conocíamos un estudio del barómetro sociológico de Castilla y León, que volvía a poner de manifiesto la percepción generalizada de abandono, de lejanía, de agravio; de agravio, si quieren, que sienten muchos castellanos y leoneses de esta Comunidad, fruto de los enormes desequilibrios que en ella persisten; una Comunidad periférica que siempre debió ser más descentralizada y más equilibrada.

Hoy venimos a esta Colegiata, a este lugar, a rendir homenaje sincero a las Cortes del Reino de León. Hace 828 años en este mismo lugar se convocaron las Cortes leonesas, en lo que la propia UNESCO ha considerado el primer testimonio del parlamentarismo europeo. Ni este homenaje ni los símbolos cambiarán la percepción que se tiene de esta Comunidad, pero es un comienzo. Probablemente no se debió esperar 30 años para hacer que el primer Pleno ordinario itinerante de estas Cortes se hiciera aquí, y con toda seguridad los leoneses y los castellanos precisan de mucho más que gestos.

En todo caso, y para terminar, yo hoy, en nombre de los socialistas, quiero expresar mi admiración y mi orgullo por las primeras Cortes del Reino de León, y por todo lo que esta tierra ha legado al mundo. Y, desde luego, reafirmar nuestro compromiso no solo con nuestro pasado, sino con el fin de lograr un mejor futuro para los leoneses y para los castellanos. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Muchas gracias, señor Tudanca. Para fijar posición en representación del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández Carriedo.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ CARRIEDO:

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías. Veinte años de trabajo del Procurador del Común, veinte años de trabajo eficaz y al servicio de los ciudadanos de Castilla y León. Y quiero por ello agradecer a Javier Amoedo, a su predecesor Manuel García Álvarez, por este esfuerzo, y a todas las personas colaboradores que han trabajado en la Institución todos estos ejercicios, y muchos de ellos hoy aquí están presentes.

Durante estos veinte años el Procurador del Común ha conseguido disponer de profesionales comprometidos y cualificados, de infraestructuras y de medios técnicos que demandaban, requerían y precisaban, y de un prestigio que es un prestigio social e institucional. Durante estos años el Procurador del Común ha favorecido la participación y la calidad democrática en Castilla y León, y han hecho honor, por tanto, a los principios que se arraigan aquí, que se arraigan en León, en San Isidoro, y en aquel mil ciento ochenta y ocho, la cuna del parlamentarismo. Unos valores que han hecho a León la referencia en participación y en democracia, y unos principios de los que los leoneses y los castellanos nos sentimos legítimamente orgullosos.

Durante estos años el Procurador del Común ha dispuesto de mejores normativas y de nuevas funciones:

De mejores normativas cada vez, como refleja el hecho de haber aprobado en el año dos mil trece una modernización por ley de su eficacia e instituciones propias de la Comunidad.

O de nuevas funciones: el año pasado el Comisionado de la Transparencia, a través de la Ley 2015, otorga esta importante función en materia de transparencia al Procurador del Común, a través de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana en Castilla y León; y el Anteproyecto de Ley de Protección de los Empleados Públicos, que está ya en fase del Consejo Consultivo, y que ha sido ya informado en el trámite de Gobierno Abierto, y que hemos tenido acceso todos los ciudadanos a hacer aportaciones, refleja un nuevo papel también para la figura del Procurador del Común. Por tanto, una figura muy importante, al cual vamos otorgando nuevas funciones y nuevos papeles en materia de transparencia y en materia de defensa y protección de los empleados públicos.

Durante estos años ha habido miles de quejas y miles de resoluciones, y cada vez más útiles para los leoneses y para los castellanos, y cada vez –se ha dicho aquí por don Javier Amoedo- más atendidas por las Administraciones Públicas, con más respuestas y más aceptaciones, si bien es verdad que todavía hay margen para mejorar, especialmente en el caso de las corporaciones locales.

Por eso, desde aquí, en nombre de mi grupo parlamentario, del Grupo Popular, quiero animar al Procurador del Común y a sus colaboradores a seguir trabajando como hasta ahora; a los ciudadanos, a seguir utilizando en toda su potencialidad la institución del Procurador del Común; y a las Administraciones Públicas, a seguir mejorando la vida cotidiana de los leoneses y de los castellanos.

Porque el liderazgo de Castilla y León en servicios públicos, en equidad y en calidad y en cohesión social es mérito de todos: de los profesionales, de la Junta de Castilla y León, de los ciudadanos, pero también de las instituciones propias. Y quiero recordar aquí el papel muy importante del Procurador del Común y del propio Consejo del Diálogo Social en las aportaciones para la mejora de la normativa de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que se ha aprobado recientemente mediante decreto ley, y que convalidaremos en el próximo Pleno de las Cortes de Castilla y León. Porque, mientras otras Comunidades Autónomas no tienen regulada esta institución de la Renta Garantizada de Ciudadanía, mientras otras Comunidades Autónomas aprovecharon la crisis para reducir derechos, aquí en Castilla y León, desde el año dos mil siete, y precisamente porque había más necesidades, reconocimos este nuevo derecho por ley, lo hemos venido mejorando y lo seguimos mejorando, a día de hoy, con las aportaciones también del Procurador del Común.

Y siempre hemos dicho desde el Grupo Parlamentario Popular que el Procurador del Común es una institución para mejorar la vida de los ciudadanos, para atender sus aspiraciones y sus demandas, y no es, en ningún caso, ni debe ser, una institución para el enfrentamiento político ni para el aprovechamiento partidario. Siempre hemos dicho que cada queja es importante, que refleja las aspiraciones y los problemas de Castilla y León, y, por tanto, debe ser analizada, considerada y, en la medida de las posibilidades, atendida.

Por eso, hoy, cuando vemos el informe del año dos mil quince constatamos un hecho cierto, que se ha manifestado aquí: que el número de quejas es ciertamente importante, 4.329 quejas. Pero también se constata un hecho importante que se ha citado aquí –y yo agradezco al portavoz de algún grupo parlamentario que lo ha reflejado-: que el 53 % de esas dos quejas, 2.242, son el resultado de dos cuestiones en el ámbito educativo:

1.752 quejas formuladas sobre la... sobre la supresión de una unidad de enseñanza concertada en el centro Corazón de María de Palencia, algo que me parece ciertamente relevante en términos cualitativos; no hemos oído a ningún grupo hacer referencia a la opinión sobre estas quejas, y eso que representan el 40 % de todas las quejas del año pasado, cuatro de cada diez quejas). Quiero significar aquí que este informe abrió expediente por parte del Procurador de Común el día diez de noviembre del año dos mil quince y concluyó –y cito textualmente ese resultado final- con que no se advierte irregularidad achacable a la actuación de esa Administración que requiera una decisión supervisora del Procurador del Común de Castilla y León. Estamos hablando, señorías, de la reducción... [aplausos] ... de un concierto educativo en un centro de enseñanza en Palencia, en este caso, en el centro Corazón de María, como consecuencia de la reducción progresiva en el ejercicio de la libertad que nosotros respetamos, apoyamos y apoyaremos de elección de centro por parte de los padres y de los alumnos. En el curso dos mil doce-dos mil trece fueron 59 los alumnos que fueron a ese centro; en el año siguiente, 51; en el año pasado, 50; y esa reducción progresiva determinó finalmente por la Administración educativa la necesidad de reducir una unidad de concierto que representa –como digo- cuatro de cada diez quejas del informe relativo al año dos mil quince. No hemos oído hablar la opinión del resto de los grupos sobre este tema, pero yo, desde aquí, y en nombre de mi grupo, reafirmo nuestro compromiso con la libertad de elección por parte de los padres.

Y en segundo lugar, 490 quejas, algo más del 10 % del total (entre las dos, como digo, es el 53 %), sobre la situación del centro de Educación Infantil –se ha citado aquí- en Villaobispo de las Regueras, en León. Esta situación llevó a la formulación por parte del Procurador del Común en este centro llamado Los Adiles de una recomendación, con fecha diecisiete de agosto del año dos mil quince, que la Consejería de Educación ha manifestado expresamente su aceptación con fecha dos de septiembre del año dos mil quince.

Quiero significar algunos hechos: primero, que el consejero de Educación, Fernando Rey, ha visitado este centro en Villaobispo de las Regueras, y que se han detectado tres vías de actuación sobre las cuales ya hay liquidados en expedientes y tramitaciones correspondientes. Primero la disposición de terrenos para la ampliación del centro. Estos terrenos ya han sido adquiridos por parte de la Administración, están a disposición ya de la Administración educativa, y que proyecta de forma inmediata la elaboración de los trámites correspondientes a la licitación del proyecto, por un importe global que se estima en torno a los 3.000.000 de euros. Segundo, el soterramiento de la línea de media tensión que pasa por detrás del colegio, cuyo importe del proyecto ya está redactado, por un coste total de 160.000 euros. Y, por último, la necesidad de calefactar el pabellón deportivo del colegio, y el ayuntamiento -a quien hay que agradecerlo- va a asumir este coste, que asciende a 50.000 euros, y actualmente se encuentra ya en fase de licitación. No solo la queja, de esas 490, han sido aceptadas, sino que estamos, por tanto, en fase de resolución de las mismas... [aplausos] ... algo que me parece muy relevante.

De hecho, son dos quejas que determinan claramente cuál es el volumen global de lo que estamos hablando, porque condiciona la distribución por materias. Es verdad que el ámbito educativo no ha sido nunca de los que han recibido más quejas. En el año noventa y tres fueron 91; en el... en el catorce... en el año dos mil tres, 91, en el catorce fueron 84; el año pasado, con motivo del que estamos hablando, 2.324. Pero en lo que llevamos de este ejercicio dos mil dieciséis han sido 15, hasta acabar el mes de abril. De hecho, el propio Procurador del Común lo cita expresamente, dice: ignorando las acumulaciones de quejas a la que nos hemos referido, habría una disminución de quejas en materia de educación, puesto que de las 82 registradas en dos mil catorce, habríamos pasado a 73 en el año dos mil quince.

Señorías, esto determina, a su vez, una distribución muy evidente, por provincias y por volumen global, que es necesario considerar. Pero hecha extracción de estas dos quejas, estaríamos hablando de una reducción en el volumen global de quejas, una reducción en los últimos años que nos lleva a niveles absolutamente comparables a los que existía antes de la crisis económica. Fijémonos que hablábamos el año dos mil doce de 4.264 quejas; en el trece, de 3.300; en el catorce, de 2.052; y, con estas dos excepciones, 2.087 en el año quince. Y esto sería muy coherente con dos hechos que quiero significar. Primero, la reducción de quejas de ciudadanos de Castilla y León ante el Defensor del Pueblo, la institución homóloga nacional, donde ha habido una reducción en los últimos años muy notable: en el año dos mil trece, ciudadanos de Castilla y León que manifestaron quejas ante el Defensor del Pueblo, fueron 2.225; en el catorce, 1.182; y el año pasado, 972. Y, segundo, con el hecho cierto de que hasta el día de ayer –yo he visto las estadísticas que publica en la página web, y le agradezco la transparencia a don Javier Amoedo y a su equipo- había, en los cuatro primeros meses del año, 618 quejas formuladas por parte de ciudadanos de Castilla y León ante la institución del Procurador del Común.

Bien, señoría, de ahí se derivan varias conclusiones. Primero, y lo dice el propio informe, quienes tienen más dificultades para resolver los problemas y las quejas son precisamente las Administraciones locales. Segundo, que todas las Administraciones públicas responden cada vez en mayor medida a las recomendaciones y a los requerimientos del Procurador del Común. En la página 15 del informe se dice expresamente que "se evidencia un año más que el grado de colaboración que han tenido las Administraciones supervisadas por el Procurador del Común, tanto en lo que se refiere a la información como a la contestación y aceptación, ha sido bastante generalizado". Y señala que "hay que destacar que las Administraciones públicas de la Comunidad siguen siendo bastante receptivas a nuestras propuestas de solución y mejora, ya que un porcentaje superior al 75 % de estas han sido aceptadas, a pesar de no estar las Administraciones públicas obligadas a ello". Son el 70 % en el caso de las Administraciones locales, el 85 % de aceptaciones en el caso de la propia Junta de Castilla y León.

Y es que por áreas, señorías, los temas que más quejas absorben siguen siendo las que tienen que ver con las competencias de ámbito municipal: bienes y servicios municipales, urbanismos, incluso en el ámbito de Función Pública -que se ha hecho aquí una referencia especial sobre los procedimientos de Función Pública-. Quiero significar un hecho, la página 591 del informe, cuando habla de estas quejas en materia de Función Pública, cita –y leo textualmente-: "Las quejas tramitadas en materia de procesos selectivos se han correspondido en gran medida con contrataciones temporales realizadas por los ayuntamientos, sobre todo los de escasa población". Cuando se está hablando de los procedimientos de contratación en materia de Función Pública, se está refiriendo, y se añade por parte del Procurador del Común ese texto de forma muy acertada.

Las quejas son mucho más reducidas en el ámbito económico, apenas el 10 % del total. Y en el ámbito de los servicios públicos y la cohesión social, también de forma coherente con lo que es un hecho cierto: la situación de liderazgo de nuestra Comunidad en relación con el conjunto nacional.

En definitiva, en términos comparativos, hemos vuelto a los niveles del año dos mil siete. Las mayores dificultades corresponden a los pequeños ayuntamientos, fundamentalmente en el mundo rural. Lo que nos lleva a un hecho cierto: la necesidad de impulsar y alcanzar acuerdos en torno al compromiso que hemos asumido todos los grupos y el presidente de la Junta de Castilla y León, el veintidós de julio del año pasado, para impulsar la aprobación de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, que es la fórmula más adecuada para dotar de más y mejores medios y servicios a quienes tienen más dificultades de prestar estos servicios a los ciudadanos, los pequeños municipios del ámbito rural.

Y, finalmente, que las quejas se concentran en menor medida en los ámbitos que hemos señalado anteriormente, hasta el punto –y cito... quiero citar la página 427- que en el ámbito de la dependencia cita el Procurador del Común en su informe: se ha vuelto a producir un reducido número de presentación de quejas en relación con las situaciones de dependencia: han sido seis en el año dos mil quince, fueron siete en el año dos mil catorce.

Señorías, voy concluyendo. Todos coincidimos que, a pesar de haber salido de la recesión y haber iniciado una fase de crecimiento económico y creación de empleo, son muchas las familias y las personas que lo siguen pasando mal y que quedarán para siempre marcados por la crisis económica. Que los problemas que recoge el Procurador del Común en su informe son problemas que se han planteado en esta legislatura y que forman parte de los objetivos que tenemos como Comunidad Autónoma. Y que el modelo de financiación autonómica, el que tenemos que reformar y el que hemos acordado reformar, es gran parte de causante de no poder dotar adecuadamente a veces de los recursos en relación con las necesidades que tenemos planteadas. Que las recomendaciones que aquí figuran son plenamente compatibles con el programa de investidura de Juan Vicente Herrera, con los acuerdos parlamentarios y con el programa para esta legislatura; y que, en este ámbito, yo creo que hay una coherencia de intereses entre instituciones propias y Parlamento autonómico y Junta de Castilla y León.

Es el momento, por tanto, de felicitar al Procurador del Común por su trabajo estos veinte años, de reafirmar nuestro compromiso con Castilla y León, de hacerlo desde el orgullo de nuestra historia, que se encuentra muy bien aquí reflejado en San Isidoro, pero también desde el reconocimiento de una realidad no exenta de problemas y dificultades, y que, desde aquí quiero hacer un llamamiento en nombre del Grupo Parlamentario Popular para trabajar todos unidos, todos los grupos políticos, para hacer realidad esos objetivos que nos hemos planteado, todos, los leoneses y los castellanos. Es el momento de la unidad, del esfuerzo común, de la colaboración y del trabajo pensando en los intereses de Castilla y León, y es el momento, por tanto, de los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Muchas gracias, señor Fernández Carriedo. Para contestar, tiene la palabra el señor Procurador del Común de Castilla y León.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMOEDO CONDE):

Con la venia. Dos palabras nada más. En primer lugar, para agradecer a todos los grupos políticos los elogios que han hecho del trabajo desarrollado por la institución del Procurador del Común. Evidentemente, somos una Institución totalmente objetiva, independiente e imparcial, que nuestra única finalidad es el defender el derecho de los ciudadanos cuando han sido vulnerados por una actuación irregular de la Administración. Eso es lo único que nosotros hacemos el día a día, todos los días del año, para satisfacer... para hacer o dar respuesta a las reclamaciones de los ciudadanos de nuestra Comunidad.

Pero, bueno, yo quería hacer una pequeña referencia, porque aquí se ha hablado mucho del número de las quejas. Evidentemente, el número de las quejas son cuatro mil trescientas y pico, muy superiores al del año anterior, más del doble que las del año anterior. Pero yo quería destacar, para hacer una aclaración sobre esta problemática, que yo distingo dos supuestos: ¿cuántos expedientes hemos incoado? Pues el número de expedientes incoados es muy inferior al número de quejas. ¿Por qué? Porque, claro, hay quejas individuales, hay quejas colectivas y hay quejas firmadas por una sola persona. Pero hay muchas quejas individuales, como aquí se ha hecho referencia, que son sobre el mismo tema. Lógicamente, esa queja se va a resolver en un solo expediente. La única dificultad que nos puede plantear a nosotros es tener que estar en contacto con cincuenta, sesenta o cien ciudadanos para comunicarles nuestra resolución. Por lo tanto, el número de quejas es el que está ahí, pero el número de expedientes es muy inferior.

Pero, como antes anticipaba, el número de ciudadanos que se han quejado es muy superior al número de quejas. ¿Por qué? Porque, además de las quejas individuales -cada ciudadano, una queja-, hay quejas de colectivos, como puede ser una asociación de vecinos, como puede ser funcionarios, etcétera, etcétera, y muchas quejas que están firmadas o que vienen firmadas por varios ciudadanos -diez, quince, veinte o dos, o treinta y tantos-. Es decir, que lo que yo quiero aquí matizar que el número de expedientes es inferior al número de quejas, pero que el número de ciudadanos que se han quejado y que han acudido a nuestra Institución es muy superior al número de quejas. Nada más y muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Muchas gracias, señor Amoedo. Se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las trece horas treinta minutos].