DS(P) nº 45/9 del 26/10/2016

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Buenos días, señorías. Tomen asiento, señorías que han llegado. Muchas gracias por su puntualidad. Buenos días, señor Martín. Buenos días. Se reanuda la sesión.

Por el señor secretario se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día.

Mociones

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias, señora presidenta. Tercer punto del orden: Mociones.

M/000010

Comenzamos con el debate de mociones, y, dentro de él, la primera moción, que es la Moción 10, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, derivada de la Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por dicho grupo parlamentario, sobre política general en materia de infraestructuras viarias, sustanciada en la Sesión Plenaria del cuatro de octubre de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Antes de comenzar, señorías, les voy a hacer una recomendación: ajústense hoy al tiempo, porque no voy a tener ninguna flexibilidad. Tenemos un Pleno muy largo y con mucho contenido todavía, y los tiempos se van a cumplir rigurosamente.

Tiene la palabra el señor Rodríguez Rubio para presentar la moción.

EL SEÑOR RODRÍGUEZ RUBIO:

Buenos días, señorías. Permítanme que empiece mandando un mensaje de solidaridad a todos esos alumnos que hoy se van a manifestar contra una LOMCE que genera una gran incertidumbre y un gran problema para miles... para el futuro de miles de jóvenes de esta Comunidad Autónoma.

Y dicho esto, hoy presento aquí una moción, consecuencia de interpelación de hace un par de semanas, donde se fundamenta, básicamente, en tres puntos que recogen los grandes ejes que yo trasladaba en materia de infraestructuras viarias para esta Comunidad Autónoma.

Muy brevemente, permítanme que les traslade que ya en aquella interpelación yo trasladaba que deberíamos estar todos satisfechos a nivel estatal del gran avance en infraestructuras que ha tenido en el periodo democrático este país. Pero es verdad que esta Comunidad Autónoma arrastraba ciertos déficits, que en gran medida se habían cubierto en gran manera durante el periodo dos mil cuatro-dos mil once, como detallé.

Pero, con el fin de ajustarme al tiempo, como marcaba la presidenta, que comprendo en este Pleno tan largo, voy a ir a esos tres puntos, a esos tres ejes que van a vertebrar, como digo, la interpelación que hoy... la moción, consecuencia de interpelación, que hoy presento aquí.

El primero de ellos es la exigencia de la continuidad y culminación de los grandes ejes viarios que están recogidos en el PITVI, en el PITVI presentado por la antigua ministra de Fomento, Ana Pastor. Creo que es un punto perfectamente asumible por todos los partidos políticos, porque, precisamente, hoy debatimos aquí otra PNL de una infraestructura, la A-60, que va más allá, que no solo pide continuar y culminar, sino que pide agilizar, como digo, esos ejes. Por lo tanto, insisto, creo que es un punto perfectamente asumible y que es necesario exigir al Gobierno de España la culminación, no solo de la A-60, sino de la A-76, fundamental para la conexión del Bierzo con la región limítrofe de Galicia, la A-12, la A-73 en Burgos o también la autovía del Duero. Por tanto, creo que es un punto perfectamente asumible.

En segundo lugar, cómo buscar fondos, fondos adyacentes, fondos complementarios que nos permitan modernizar y complementar las infraestructuras autonómicas en nuestra Comunidad Autónoma. Y yo ahí proponía dos grandes ejes: el primero, a través de los Fondos Miner, la exigencia al Gobierno de España de que los Fondos Miner permitan rescatar aquellos proyectos del noventa y ocho o incluso del periodo dos mil seis-dos mil doce que aún no se han invertido, y que es verdad que este punto posiblemente se quede obsoleto después de la reunión del pasado día trece y haya que incorporar alguna modificación que nos permita adaptar la posibilidad de recuperar esos fondos; y el Plan de Convergencia Interior, y aquí sí quiero pararme unos minutos o unos segundos.

En relación al Plan de Convergencia Interior, que creemos que hay que recuperarlo, porque la Comunidad Autónoma está creciendo por encima del 2 %, no porque vaya aparejado a los mapas... al anteproyecto de ley de los mapas de ordenación y servicios, porque creo que, si ese plan va a ir aparejado al mapa de ordenación y servicios, posiblemente no recuperemos nunca el Plan de Convergencia en esta Comunidad Autónoma. Por lo tanto, lo que les digo es que el Plan de Convergencia hay que adaptarlo, hay que adaptarlo a lo que se fijó del crecimiento por encima del 2,5 %, como está ocurriendo en esta Comunidad Autónoma desde el año dos mil quince. No lo liguemos al anteproyecto de ley de los mapas de ordenación y servicios, porque, si no, es posible que nunca tengamos Plan de Convergencia y nunca podamos desarrollar infraestructuras viarias en esta Comunidad Autónoma.

Y, por último, el tercer eje, el tercer gran eje. Como decía, los dos primeros, el primero que creo, perfectamente, cubierto por todos los grupos políticos en relación a lo que hoy vamos a debatir aquí de la A-60. El segundo creo que no solo es necesario, sino que es obligatorio para dar cumplimiento al Plan de Dinamización de las Cuencas Mineras, que especificaba claramente la búsqueda de esos recursos pendientes conveniados del año dos mil seis-dos mil doce y anteriores, y el Plan de Convergencia Interior, que ya debería estar puesto en marcha desde el año dos mil quince, desde el año dos mil quince, porque ya estamos creciendo por encima del 2,5 %, como a ustedes les escuchamos aquí de manera muy reiterada. Y, por último, el cumplimiento del compromiso de la licitación este año de todas las infraestructuras prioritarias fijadas en el mes de enero, de esas más de treinta infraestructuras, que suponen una inversión cercana a los 440 millones de euros, y que, además, podamos abrir la incorporación en esta legislatura de infraestructuras que tengan una especial importancia desde el punto de vista social.

Por tanto, esta moción, consecuencia de interpelación, recoge esos tres grandes ejes que yo definía en la interpelación, y que espero que pueda contar con un apoyo importante para que hoy de aquí salga un mensaje de consenso y de unidad en relación al futuro de las infraestructuras viarias de esta Comunidad Autónoma, que no es menor al ser la más extensa de nuestro país. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Muchas gracias, señor Rodríguez. A continuación, en representación del Grupo Mixto, en un turno compartido, tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Muchas gracias, presidenta. Pues, lógicamente, nuestro voto a favor de esta moción. Destacar solamente algunos elementos, ¿no?, algunos elementos de urgencia, algunos de los cuales creo que los trataremos a lo largo del Pleno de hoy. Algunos aspectos nos parecen absolutamente urgentes, dentro de que el conjunto de lo que aquí se ha manifestado tiene nuestro apoyo, pero especialmente podríamos destacar elementos como la autovía del Duero, como la autovía León-Valladolid o elementos que, aunque no se encuentren en el plan, creemos que hay que exigir.

Por supuesto, todo lo relacionado con la autovía del Duero, poco tenemos que indicar, ¿no?, dos años después de que la ministra de Fomento ordenara redactar los proyectos de construcción de la alternativa norte de la autovía del Duero, tras cerrar el expediente de información pública, el Ministerio de Fomento aprobó provisionalmente el proyecto del trazado de la A-11 entre Quintanilla de Arriba y Tudela de Duero, como infraestructura vertebradora. Lo que exigimos es que la autovía esté finalizada cuanto antes y las enormes diferencias que hay en este momento entre los diferentes tramos.

Respecto a la autovía León-Valladolid, tendremos ocasión de discutirlo más adelante. Y también creemos que sería importante exigir, aunque no se encuentren en el plan, elementos que hemos discutido en esta Cámara, por ejemplo el corredor Palencia-Venta de Baños-Valladolid-Medina del Campo, un servicio que, tal y como se definió en el plan que propuso aquí Comisiones Obreras, pasaría cada media hora y que se estima sería utilizado por un 25 % de los más de 2.500 desplazamientos diarios.

También, por supuesto, la reivindicación del tren directo Aranda de Duero-Madrid, y también elementos como la reclamación, vía judicial, de los Fondos Miner o las actuaciones prioritarias en materia de carreteras.

Nosotros, en definitiva, estamos de acuerdo en lo que se plantea en la moción, con algunos elementos que se podrían añadir, pero el voto, en todo caso, será favorable.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Tiene la palabra el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Bien, esta primera moción, que proviene de la interpelación del pasado Pleno, a mí, antes de entrar de lleno a las propuestas de resolución, me gustaría hacer una pequeña reflexión o... o, por lo menos, dejar claro que de la primera comparecencia del propio consejero de Fomento ya nos quedó un poco claro, en su toma de posesión, que podíamos esperar más bien poco de que fuéramos realmente en esta legislatura ambiciosos a la hora de crear nuevos kilómetros de carretera, de autovía. Nos lo dejó bien claro, porque ya nos dijo que probablemente en toda la legislatura se pudiera, bueno, pues intentar hacer algo nuevo.

Por lo tanto, yo creo que este... digamos, que este objetivo o este objetivo poco ambicioso del consejero ha sido también lo que ha decidido o lo que ha ayudado al propio señor Celestino a hacer una resolución que realmente tampoco aporta muchas más cosas o que, por lo menos, no intenta pedir demasiadas... demasiadas cuestiones.

Bien, dicho esto, quiero entrar rápidamente a la moción, y entrando de lleno en ella, quiero decirle que estoy de acuerdo perfectamente en ese punto tres, que habla de culminar esas actuaciones prioritarias, ¿y cómo no lo voy a estar?, si dentro de esas actuaciones prioritarias se encuentran cuatro de las enmiendas de la UPL en el pasado Presupuesto, cuatro enmiendas aprobadas, como son la CL-626, que vertebra el espacio protegido de Babia y Luna, la León 521, de Valencia de Don Juan a Matallana de Valmadrigal, la glorieta de Trobajo del Camino o la pasarela peatonal de Ardoncino. Por supuesto que estamos de acuerdo y por supuesto que lo vamos a apoyar.

También vamos a apoyar, también, los otros dos puntos en el primer punto de su resolución, porque, entre esos grandes ejes que usted refiere en ese plan, está la interminable A-60, Valladolid-León, de la que probablemente hablaremos en el siguiente... en la proposición no de ley determinada, y también la Orense-Ponferrada, importantísima para la conexión del Bierzo con Galicia.

Pero fíjese, señor Celestino, en ese plan también estaban los pasos inferiores de la ronda este de León. Y si el cumplimiento va a ser como esa obra, apañados estamos. Si también vamos a renunciar y aquí nos vamos a plegar también con facilidad para defender intereses partidistas, renunciamos a inversiones, y cedemos cambiando pasos inferiores por rotondas, el resultado: una rotonda con tres superrotondas y atasco... perdón, una ronda con tres superrotondas y atascos día sí y día también. Pero ya sé que ese es otro debate. Lo único que quiero plantear es que está bien exigir, pero, desde luego, no debemos de ceder y debemos estar vigilantes para que se cumplan.

Y, por último, apoyaremos también el punto dos, por desgracia, sin mucha convicción de obtener resultado alguno de la misma, porque la verdad que recuperar parte de los Fondos Miner adeudados es, hoy por hoy, una utopía. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para fijar posición, en representación de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señora presidenta. Señorías, desde luego, Ciudadanos vamos a apoyar esta proposición no de ley y, desde luego, vamos a apoyar un Plan de Infraestructuras, demandado siempre al Gobierno, que, no por decirlo muchas veces, no va a ser menos imperioso ni más necesario. Estamos hablando de la autovía del Duero, esa autovía de la vergüenza que hemos hablado tantas veces. Y, desde luego, felicitamos a la señora presidenta por ese viaje institucional a Soria, que seguramente que hayan visto en vivo y en directo esa gran autovía, que casi se asemeja mucho más... digo futura, claro, porque de momento se asemeja bastante más a países como Burundi o Burkina Faso, en el sentido de que, como bien saben ustedes, hay cantidad de tractores, ahora mismo, en época de vendimia, que ni siquiera tienen vía de servicio y, en fin, es totalmente lamentable y calamitosa.

Sinceramente, esa autovía del Duero es un eje fundamental que, de una vez por todas, se tiene que terminar, y esperemos que esta señora ministra... -bueno, entonces ya se dijo, y se ha licitado estos dos tramos, desde Quintanilla de Arriba hasta Tudela de Duero- de una vez por todas se hagan y se culminen; porque estamos cansados de ver licitaciones que luego no llevan a cabo, estamos cansados de que ya nadie se cree ni el Boletín Oficial del Estado, que hace años, lógicamente, era palabra sacrosanta.

Desde luego, por supuesto, tenemos que seguir apostando por la A-12, por esa autovía de Burgos-Logroño. Tenemos que apostar, por supuesto, por la A-73, de Burgos hasta Santander. La A-76, lógicamente, de León hacia Asturias. Y muchas infraestructuras que son más que necesarias. Desde luego, la A-60 -¿qué decir?-, de Burgos... Valladolid-León, que de una vez por todas esperemos que se culmine en esta legislatura.

Pero no queremos dejar la ocasión sin hablar de ese tren directo Madrid-Aranda-Burgos, que, desde luego, nos deja totalmente desamparados a una gran comarca, como la Ribera del Duero, y a una provincia como la burgalesa, que tantos desmanes y tantas necesidades lleva sin acometerse. Ese tren directo, que es fundamental, y que además tiene un coste mínimo, valorado en poco más de 13 millones de euros. Esperemos que de una vez por todas se aposte... se apueste por ese Eje Atlántico, no solamente con infraestructuras viales, sino, lógicamente, con ese tren, para nosotros fundamental.

¿Qué hablar de las cuencas mineras y esos Fondos Miner? Desde luego, de una vez por todas, lo que tenemos que exigir es que se cumpla rescatar todo lo posible, porque, desde luego, la Comunidad Autónoma de Castilla y León iba a quedar muy coja. Somos poco reivindicativos en exigir lo nuestro, lo que es lógico y lo que es mucho más que lógico, lo que es de ley y de justicia.

Hombre, desde luego, compartimos el tema del Plan de Convergencia Interior, efectivamente. Ya pasamos desde el dos mil quince más del 2,5 % de crecimiento, y lo que hay que hacer es cumplirlo. Y lo que hay que ser... a ver si de una vez por todas somos ambiciosos en ese Plan de Infraestructuras, que es necesario. Porque hay que tener en cuenta una cosa: para Ciudadanos, sin infraestructuras, sin redes viales y de ferrocarriles, no se puede prosperar; no puede una Comunidad Autónoma como la nuestra llegar a ningún sitio. Luego, tenemos despoblación en el mundo rural: solo se puede vivir en el mundo rural cuando tenemos buenas vías de comunicación para vivir donde queramos y donde realmente necesitamos estar. Desde luego, no podemos estar viendo polígonos industriales totalmente abandonados, como el de Tudela de Duero, porque esa autovía del Duero, por ejemplo, está sin terminar; y otros muchos polígonos, en muchísimas capitales y poblaciones de Castilla y León.

Desde luego, ese compromiso que, efectivamente, de esos 400 millones de euros presupuestados, que se tenían que empezar ya este año, vamos a apostar por ellos, porque apostar en infraestructuras, para Ciudadanos, desde luego, es apostar en futuro y en prosperidad. Pero en infraestructuras, como bien hemos dicho muchas veces, que sean rentables, que sean viables y que necesitemos todos los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma.

Por eso queremos reiterar que hay que apostar de una vez por todas y decididamente en estos grandes ejes, sobre todo viales: en esa autovía del Duero, que lleva más de 30 años de retrasos; en esa autovía de Burgos-Logroño, que lleva también unos cuantos años también de... y, sobre todo, en la A-60, Valladolid-León, que nos parece fundamental. Y vuelvo a decir, el tren directo Burgos-Aranda-Madrid, ese Eje Atlántico de prosperidad, de futuro. Y, desde luego, apostar no solamente por decir que se hagan las infraestructuras, sino hacer un seguimiento eficaz. Que, señor consejero de Fomento y la Junta de Castilla y León, seamos siempre, digamos, vigilantes, y además con ambición, con responsabilidad, para que, de una vez por todas, Castilla y León deje de ser la tercera o cuarta categoría en las Comunidades Autónomas. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Muchas gracias, señor Delgado. Para fijar posición, en representación de Podemos, tiene la palabra el señor Chávez Muñoz.

EL SEÑOR CHÁVEZ MUÑOZ:

Muchas gracias. Y buenos días. Quiero empezar diciendo que vamos a apoyar esta moción del Grupo Socialista sobre infraestructuras, aunque quiero hacer también algunas puntualizaciones, que tienen que ver más tal vez con la filosofía del enfoque de las infraestructuras. Y es que, para nosotros, y ahí estoy seguro de que coincidimos con varios de los grupos parlamentarios, las infraestructuras están ligadas claramente a la idea de democracia que tengamos, es decir, forman parte de ese paquete esencial, material de alguna forma, que tiene que tener toda la población para poder, efectivamente, practicar la democracia y para poder gozar, efectivamente, de los derechos, al mismo nivel que la educación –y hoy tenemos una huelga bastante importante contra las reválidas-, al mismo nivel que la sanidad, al mismo nivel que el trabajo digno. Porque pensemos que en Castilla y León, un territorio de los más extensos de Europa, puede ser, puede ser, que a día de hoy no todos los ciudadanos sean iguales ante la Administración; puede ser que una persona que viva en Soria tenga menos derechos, sea menos ciudadano por tanto, que una persona que vive en Valladolid o que vive a lo mejor incluso en León. Y eso tiene que ver claramente con las infraestructuras.

Por tanto, pensamos que las infraestructuras tienen que ser algo básico, que se tiene que desarrollar, y no entendemos cómo desde hace tantos años, 29 que lleva gobernando el Partido Popular, más de tres lustros en la Presidencia el presidente Herrera, no entendemos como ciertas cuestiones básicas, como digo, en esta Comunidad, todavía no se han solucionado. Está el ejemplo de Soria, que lo han citado ya todos mis predecesores. Yo solamente quiero añadir un detalle, y tiene que ver con la anécdota mía, el viernes pasado, cuando fui precisamente a una reunión de la Mesa –lo digo aquí porque fui como secretario de la Mesa, pero me ha pasado otras veces como ciudadano de a pie-, no tengo coche, no conduzco, quería ir a Soria, pues no hay transporte público prácticamente, cuatro autobuses al día, con un horario terrible, y para ir en tren hay que ir a Madrid y desde Madrid hay que ir a Soria. Eso es alucinante que a día de hoy se permita todavía en una Comunidad española, es alucinante que después de tantos años de Gobierno de Herrera todavía tengamos esa situación con Soria, por no hablar de la carretera, de la que ya han hablado todos ustedes. En fin.

Podríamos decir lo mismo sobre la autovía de León, hoy afortunadamente se va a hablar aquí de ella, y esperemos que, efectivamente, el Gobierno de España se lo tome en serio y empiece a considerar urgente ciertas infraestructuras.

Por lo demás, hay una perspectiva del Plan de Infraestructuras Prioritarias, que ha elaborado el consejero de Fomento, que en enero ya se hicieron las primeras licitaciones. Hay una perspectiva que nos parece correcta, es la perspectiva del arreglo, de la rehabilitación y de la mejora, puesto que, muchas veces, cuando hablamos de infraestructuras, no vemos lo que ya tenemos y no pensamos que las infraestructuras también hay que... hay que cuidarlas y, sobre todo, hay que racionalizarlas. No se trata de construir carreteras sin cuento, como ha pasado durante muchos años en algunos sitios de este país, sino de construirlas también con un poco de cabeza.

Por eso, en ese sentido, hay algunas cositas que me faltan en la moción, echo de menos, como, por ejemplo, la cuestión de que en esos planes de infraestructuras, en ese PITVI, pues que se hubiese exigido introducir, por ejemplo, una perspectiva medioambiental; es decir, esas infraestructuras que queremos construir o que consideramos urgentes, habrá que hacerlo de una manera en la que pueda respetarse el medio ambiente, pueda respetarse el entorno, más allá de los informes de impacto medioambiental, es decir, viendo la sostenibilidad que tiene a largo plazo esa infraestructura. Tiene que ver, por ejemplo, con los polos que queremos desarrollar en nuestra Comunidad; tiene que ver con los niveles de contaminación que estamos dispuestos a aceptar; y tiene que ver también con el tipo de modelo energético que queremos empezar a desarrollar, uno que siga basado en el carbón, o uno que empiece a apostar por otras energías.

Por lo demás, en cuanto a los Fondos Miner, como una manera de conseguir financiación extra, nos parece muy bien, estamos muy de acuerdo. Saben que nuestro grupo, desde el primer día, ha ido hablando del concepto de auditoría en este tipo de fondos, puesto que, efectivamente, ha habido incluso posiblemente –permítanme la expresión- bastante chanchullo en algunos casos. Y, desde luego, nos congratulamos de que, por fin, pues tanto la Junta como parece ser que el Ministerio vayan a empezar a reclamar ese dinero en los casos no de... no solamente de chanchullo, como he hablado, sino estamos hablando de los casos en los que nunca se llegó a recibir ese dinero.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Chávez, tiene que terminar.

EL SEÑOR CHÁVEZ MUÑOZ:

Así que nuestro voto a favor. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para fijar posición, en representación del Grupo Popular, tiene la palabra el señor García Vicente.

EL SEÑOR GARCÍA VICENTE:

Muchas gracias, presidenta. La iniciativa que presenta el Grupo Socialista en el día de hoy no es una moción más de las que venimos debatiendo todos los Plenos en diversas materias. Y no lo es porque, cuando hablamos de infraestructuras viarias, en este momento, con esta iniciativa yo creo que podemos fijar lo que es todo un símbolo del cambio de ciclo económico que en los últimos tiempos está viviendo Castilla y León y el conjunto de España.

Porque hace no tanto tiempo hablar de infraestructuras viarias era hacerlo acerca de qué ejecución de obra se podía suspender o qué proyectos se podían retrasar, todo ello para intentar cuadrar un presupuesto; y, sin embargo, hacerlo en el día de hoy, y con toda la cautela debida, es hacerlo acerca de qué proyectos se pueden agilizar y qué proyectos se pueden recuperar.

La iniciativa que presenta el Grupo Socialista lo hace con tres propuestas concretas, tres propuestas que, con matices, a nuestro grupo le parecen razonables. La primera de ellas: completar las infraestructuras viarias previstas en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento. Estamos de acuerdo en ello, en los términos que se plantea, todos esos proyectos son absolutamente irrenunciables para la completa vertebración del territorio de nuestra Comunidad. Y, siendo verdad que en los últimos tiempos se ha producido un importante avance en materia de la expansión de la alta velocidad en nuestra Comunidad Autónoma, de esos 1.600 millones de euros movilizados en la última legislatura en nuestra Comunidad Autónoma por parte del Ministerio de Fomento, reconocemos que hay infraestructuras, viarias fundamentalmente, que acumulan un importante retraso ya desde el año dos mil diez. Ese retraso, que responde a un principio que enunciaba ya por aquel entonces el portavoz del Grupo Socialista, el señor Óscar López, cuando decía aquello de que era más prioritario ayudar a un parado que ejecutar un kilómetro de autovía. Pues bien, en el momento económico en el que nos encontramos creemos que es de justicia realizar esa demanda al Gobierno de España.

En segundo lugar, respecto de los Fondos de Miner, tenemos que partir del reconocimiento, dentro del marco de la Comisión de Cooperación, de la existencia de una deuda pendiente de pago a la Comunidad Autónoma y que, por lo tanto, hay que agilizar, y que estamos de acuerdo con el planteamiento de la moción que se realiza. Pero no es menos cierto -y ya lo adelantaba el portavoz del Grupo Socialista- que hace tan solo 13 días se producía un importante acuerdo entre el Gobierno autonómico y el Ministerio de Industria que básicamente lo que sentaba era las bases de la reclamación que se plantea en esta moción. En primer lugar, la firma del nuevo convenio marco para el desarrollo de proyectos de reactivación de las comarcas mineras; estamos hablando de 152 millones de euros movilizados para proyectos en esta materia. Y en segundo lugar, conducir, a través de la Comisión de Cooperación, en primer lugar la agilización del pago de las cantidades adeudadas de los planes anteriores, y también la revisión de los convenios pendientes, todo ello con la finalidad que han expresado.

Ya adelantaba el portavoz socialista que quizás se hacía necesaria una enmienda en este punto, enmienda que plantea el Grupo Popular, y que quedaría redactada de la siguiente manera.

El punto 2 diría: procurar la obtención de fondos adicionales para el mantenimiento, modernización y ejecución de nuevas infraestructuras, a través del nuevo convenio marco para el desarrollo de proyectos para la reactivación de comarcas mineras, así como la reclamación, en el marco de la Comisión de Cooperación, de los Fondos Miner adeudados por el Gobierno de España a nuestra Comunidad Autónoma.

Y respecto del punto tercero, efectivamente, estamos totalmente de acuerdo, como no podía ser de otra manera, en la necesidad de completar la licitación, en el ejercicio dos mil dieciséis, de todas aquellas actuaciones contenidas en el bloque de actuaciones prioritarias en materia de carreteras, que se habían anunciado y se habían previsto para este ejercicio. Y, de hecho, nosotros confiamos en que antes de terminar este año no solo conseguiremos cumplir con los objetivos que el propio consejero había fijado para el ejercicio dos mil dieciséis, sino que probablemente incluso el importe de licitación vaya a ser superior.

También, por otro lado, estamos de acuerdo en que efectivamente se pueden introducir nuevas actuaciones a lo largo de los próximos ejercicios, aunque no es menos cierto que esto dependerá de las disponibilidades presupuestarias que salgan de esta Cámara cuando se tramiten los sucesivos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Sí que es verdad que, aunque de su intervención parece quedar claro que nuestra posición, evidentemente, es que se complete la licitación de lo previsto para el ejercicio dos mil dieciséis, saben que el bloque de actuaciones prioritarias comprende más ejercicios y, por lo tanto, queremos enmendar, añadiendo cuatro palabras al punto tercero, que quedaría en la misma literalidad que el del Grupo Socialista, que dice: culminar dentro del año dos mil dieciséis el proceso de licitación del bloque de actuaciones prioritarias en materia de carreteras; lo que añadimos es "previsto para este año"; y continúa: estudiando la posibilidad de incorporar al mismo nuevas actuaciones, por su importante rentabilidad social para los habitantes de las distintas provincias de nuestra Comunidad Autónoma. Únicamente una cuestión de matiz.

Yo estoy seguro de que seremos capaces de pactar esta iniciativa entre los diferentes grupos políticos, siendo conscientes además de que, para que se lleve a efecto, será necesario que salgan adelante unos Presupuestos Generales del Estado que contemplen estas inversiones y unos Presupuestos Generales de Castilla y León que contemplen lo que le corresponda a nuestra Comunidad Autónoma. Y, por tanto, esperemos que este sea el primero de los acuerdos de un nuevo tiempo, que requerirá de mucho diálogo entre todas las fuerzas políticas en beneficio de España y en beneficio de Castilla y León. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señor García. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra el señor Rodríguez Rubio.

EL SEÑOR RODRÍGUEZ RUBIO:

En primer lugar, quiero agradecer el tono y el apoyo o las matizaciones a esta... a esta moción, consecuencia de interpelación. No sé, presidenta, si será la... el acuerdo más tempranero que ha existido en esta Cámara, pero bueno, yo creo que vamos a poder cerrar un acuerdo en materia de infraestructuras viarias.

Y por matizar alguna de las cuestiones que se han planteado a lo largo del debate. Tratamos infraestructuras viarias. Yo sé que también hay interpelaciones en materia de infraestructuras ferroviarias, y que en su momento se tratarán, pero, en este caso, quería dejarlo claro. De ahí que no haya texto en materia de infraestructuras ferroviarias, pero que comparto el sentimiento del señor Delgado y del señor Sarrión, que han hablado en materia de infraestructuras ferroviarias.

En relación al punto 1, que todos estamos de acuerdo, comprendo que es una reclamación. Alguien aquí, el señor Chávez, creo que hablaba de... del PITVI, de la delegación del PITVI. El PITVI fue en el año dos mil doce, por parte del Ministerio de Fomento, por lo tanto, es un poco ajeno al desarrollo de esta Cámara.

Y en relación a materia medioambiental, solo por matizar, que usted hablaba del modelo de carbón o del modelo medioambiental, sabe que yo soy un defensor férreo del modelo de carbón en esta Comunidad Autónoma -lo quiero matizar, para que quede en el... en el Diario de Sesiones-, más que nada porque se está quemando carbón no de nuestra tierra; por tanto, soy un gran defensor de ese modelo, y lo seguiré defendiendo si es que más allá existe.

También hablaban de materia de transportes, que creo que puede existir una oportunidad, entre todos, cuando en esta Comunidad Autónoma se desarrolle ese compromiso de intentar aprobar una ley de transportes, puede ser el momento de que, con la participación de todos, pueda haber una ley de transporte que realmente cubra las grandes demandas que existen a día de hoy; y así lo comparto, señor Chávez. Hay muchos pueblos de esta Comunidad Autónoma que siguen aislados porque no tienen un transporte público; ya no las capitales de provincia, sino hay muchos pueblos que no tienen un transporte público adecuado, y que está llevando a ello el fin de los... de ese territorio.

En relación al punto 2, vamos a aceptar las incorporaciones previstas trasladadas por el portavoz del Grupo Popular en relación a esos cambios que ha habido y que se nos trasladaron en el Plan de Dinamización, siendo muy claros que es un cumplimiento que hay que dar en relación a un Plan de Dinamización en el cual llegamos a un acuerdo en esta Cámara, y que, por lo tanto, es de obligado cumplimiento el poder desarrollarlo, porque no dudo que el Gobierno de la Junta va a cumplir con este plan que aprobamos aquí, si no recuerdo mal, el día ocho de junio.

Y, por último, el punto número 3, y ahí sí trasladaba el procurador de la UPL que es cierto que muchas de esas infraestructuras, señor Santos Reyero, fueron enmiendas que usted propuso y que se aprobaron. Y, además, yo creo que fueron buenas enmiendas, sobre todo las que pueden afectar a la provincia de la que usted y yo somos paisanos, ¿no? Por lo tanto, es cierto, no detallé todas las treinta infraestructuras, pero es verdad que algunas son origen suyo, y que, por lo tanto, aceptamos esa matización de "este año". Yo creo que es más sintáctica que en el fondo, ¿no?

Y por cerrar el debate y fijar posición antes de que se termine el tiempo, insisto, creo que es importante marcar un eje y un rumbo en materia de infraestructuras viarias. Como decía, creo que es capital, porque una infraestructura, desde que un Gobierno decide ponerla en marcha hasta que otro la inaugura pasan 13 años, por lo tanto, posiblemente muchas de las infraestructuras de las que hemos hablado hoy aquí, pues, hombre, salvo casos excepcionales, no estemos hoy aquí cuando se inauguren. Por lo tanto, creo que es bueno marcar un eje y un camino en relación a esta política. Y abrir el debate de transportes, señor Delgado, estoy de acuerdo con usted. Creo que esta legislatura puede ser la del transporte en la Comisión de Fomento, y creo que ahí, si hay voluntad por parte de todos, se deberían cubrir las grandes deficiencias que hoy día tienen las conexiones de transporte público a infinidad de pueblos y municipios de nuestra Comunidad Autónoma, que, al final, lo que lleva es a que la gente se vaya a los grandes núcleos y, por lo tanto, se quede aislado y ya no haya un transporte. Por lo tanto, estoy de acuerdo con usted, y creo que tenemos un trabajo intenso en esa Comisión de Fomento, que se trasladará.

Por lo tanto, voy a fijar el texto. El punto 1 quedaría tal como está. El punto 2, voy a dar lectura: "Procurar la obtención de fondos adicionales para el mantenimiento, modernización y ejecución de nuevas infraestructuras a través del nuevo convenio marco para el desarrollo de proyectos para la reactivación de las comarcas mineras, así como la reclamación, en el marco de la Comisión de Cooperación, en los Fondos Miner adecuados por el Gobierno de España a nuestra Comunidad Autónoma". Y el punto 3: "Instar a la Junta de Castilla y León a culminar, dentro del año dos mil dieciséis, el proceso de licitación del bloque de actuaciones prioritarias en materia de carreteras previsto para este año, estudiando la posibilidad de incorporar al mismo nuevas actuaciones por su importante rentabilidad social para los habitantes de las distintas provincias de nuestra Comunidad Autónoma". Esos serían los tres puntos finalmente a someter a votación después del debate. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Muchas gracias. Les agradezco a todos que se hayan ajustado a su tiempo. Por el señor secretario se da lectura a la moción número dos.

M/000173

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias. Moción 173, que presenta el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, derivada de la Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por dicho grupo parlamentario, sobre política general en materia de cultura, sustanciada en la Sesión Plenaria del cuatro de octubre de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para presentar la moción, tiene la palabra la señora Rodríguez Tobal.

LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Bien. Dotar a los departamentos de educación y acción cultural de los nueve museos provinciales de partida presupuestaria y personal necesario fijo y en plantilla para que puedan ocuparse del área de difusión y sus funciones específicas, que son educación, acción cultural, divulgación y comunicación, en concordancia con las necesidades actuales de cada provincia.

Aumentar la dotación presupuestaria anual para actividades culturales para cada uno de los nueves museos provinciales, equiparándola a la de los cuatro museos regionales, valorando las diferentes necesidades.

Estudiar la posibilidad de implantar guías innovadoras, con aplicaciones para móviles, fomentando el uso de las TIC en los museos de la Comunidad.

Cubrir todas las plazas de conservadores y ayudantes existentes, mediante la convocatoria de concurso de oposición y concursos de traslados para funcionarios actuales.

Elaborar por parte de los técnicos de los museos de cada provincia, atendiendo a sus necesidades específicas, un plan de actuación de museos que contenga objetivos a corto, medio y largo plazo, con memoria económica y de impacto de género.

Difundir nuestro patrimonio mediante el intercambio de exposiciones con otras Comunidades Autónomas.

Difundir el arte contemporáneo y dar a conocer a los artistas y a las artistas de Castilla y León, así como difundir la colección de arte contemporáneo de Castilla y León, generando una política museística en la que los museos provinciales puedan tener el papel destacado que les corresponde.

Que las directrices y competencias de la Junta de Castilla y León en materia de bibliotecas sean claras y ejecutivas con respecto a las instituciones colaboradoras, diputaciones provinciales y ayuntamientos con la biblioteca pública municipal.

Exhortar a las diputaciones provinciales a ejecutar con diligencia las directrices que marque la Junta de Castilla y León.

Que la Biblioteca de Castilla y León cumpla sus funciones como cabecera del sistema bibliotecario de Castilla y León, de acuerdo con lo estipulado en su reglamento.

Que las nueve bibliotecas públicas provinciales sean realmente las bibliotecas centrales de su provincia y coordinen los servicios bibliotecarios de todas las bibliotecas públicas municipales y bibliobuses.

Que la oficina técnica de los centros provinciales coordinadores de bibliotecas tenga su sede en las nueve bibliotecas públicas provinciales. Para ello, es necesario modificar la RPT de las bibliotecas, creando una oficina técnica con un mínimo de tres personas.

Que la gestión de los bibliobuses, de acuerdo con el convenio de la delegación de funciones de mil novecientos noventa y seis, la ejecuten las diputaciones, de acuerdo con las directrices dictadas por la Junta de Castilla y León, y que el personal de bibliobuses esté integrado en la plantilla de las diputaciones provinciales.

Que servicios y horarios sean organizados por el centro provincial coordinador de bibliotecas de cada una de las nueve bibliotecas públicas provinciales.

Que sean eliminadas con carácter urgente situaciones discriminatorias de personal, como la de la plantilla de trabajadores de bibliobuses de Zamora, que continúa sin estar adscrita a ninguna de las dos Administraciones.

Que las nueve Comisiones Provinciales de Bibliotecas funcionen con regularidad y cumplan las directrices de la Junta de Castilla y León.

Dotar a las bibliotecas con los fondos bibliográficos y documentales según la diversidad social. Señalizar las bibliotecas en braille y en las lenguas utilizadas por los grupos étnicos de la Comunidad, así como con los signos internacionales no verbales.

Dotar en los próximos Presupuestos de una partida para la revisión y actualización de la flota de 31 bibliobuses.

Incrementar paulatinamente las inversiones en el II Plan de Lectura de Castilla y León 2016-2020.

Asegurar la participación del mayor número de agentes culturales en la realización del II Plan de Industrias Culturales y Creativas de Castilla y León.

Que se contemple la medición de datos referentes a empleos directos e indirectos atribuibles al II Plan de Industrias Culturales y Creativas de Castilla y León.

Que por la Consejería competente se dé cuenta a todos los grupos parlamentarios de cada nuevo plan, programa o comisión de nueva creación en materia de cultura, en aras de la transparencia y para favorecer su seguimiento.

La revisión e inclusión en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad de medidas realmente integradoras.

Auditar la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León, para determinar su estado patrimonial y contable.

Evaluar las atribuciones de la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León, al objeto de revisar la idoneidad y factibilidad de su vinculación a la Consejería de Cultura y Turismo.

Son propuestas para su toma en consideración por el resto de los grupos parlamentarios, demandadas por el personal de museos y bibliotecas, agentes culturales y por el propio grupo proponente, en aras de fomentar, utilizando palabras de la señora consejera, la evolución de nuestros centros, desde una perspectiva integradora, social y territorial, basada, como debe ser, en el diálogo. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Fijarán posición los grupos que han presentado enmiendas. El Grupo Socialista tiene una enmienda de sustitución y la presenta el señor Martín Benito. Tiene la palabra.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Buenos días, presidenta. Buenos días, señorías. El fénix de los ingenios españoles, don Félix Lope de Vega y Carpio, comenzaba uno de esos romances con el verso: "Mira, Zaide, que te aviso". Y más adelante, continuaba: "... que eres pródigo de lengua y amargan tus libertades". Bien, sirva, por lo tanto, esa intervención, en la que me toca fijar la posición del Grupo Socialista, como un aviso a la Consejería de Cultura y a su titular, aviso de que la senda que se está recorriendo en política cultural es una senda escabrosa. Y que, sin apenas mochila y vituallas... –y quería yo mirar ahora para la señora Del Olmo, pero no está, bien- sin apenas mochila y sin vituallas, señora Del Olmo, se está haciendo el viaje a ninguna parte.

La política de la Junta en materia de cultura es, en efecto, pródiga de lengua; esto es, se limita, legislatura tras legislatura, a hacer planes y planes y planes, y bla y bla y bla. Y, finalmente, amargan las libertades que se toman; libertades que consisten en dejar en aguas de borrajas los planes que se diseñan, lo que se promete y lo que por falta de vituallas, señora Del Olmo, no pueden cumplir.

Bien, las políticas culturales -lo hemos dicho aquí, lo ha dicho este grupo y este portavoz- son la cenicienta de los sucesivos Gobiernos de la Junta de Castilla y León en los últimos años; lo demuestran los escuálidos presupuestos que le dedica la Junta. Una Consejería que renuncia cada vez a gestionar directamente, señora consejera, las políticas culturales, que están en manos de la opaca Fundación Siglo.

Las Direcciones Generales -y me refiero concretamente a la de Turismo y, sobre todo, a la de Políticas Culturales- son meramente testimoniales, competencias fagocitadas por la fundición, Fundación Siglo, como son estas dos Direcciones. La Fundación Siglo es un gigante que crece y crece, es algo así como el caballo de Troya de la Consejería. Y, una de dos, o acabamos con el caballo, o el caballo termina con Troya y termina con la Consejería. Delenda est Fundación Siglo, hay que suprimir la Fundación Siglo.

Y, en esta línea, hemos insertado una enmienda, que va mucho más allá que la que presenta el Grupo Podemos. Por cierto, que le rogaría a la proponente que actualizara la denominación, ya no es Fundación Siglo para las Artes, desde hace cuatro años es Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, una vez que absorbió Sotur, como sabe usted.

Los archivos, bibliotecas y museos siguen postergados. Los museos provinciales, en la indigencia más absoluta, sin apenas recursos para programar actividades culturales, actividades que dinamicen esos contenedores culturales que generan, o deben generar, actividad económica allí donde se ubican. Se demuestra año tras año también como se han ido reduciendo las inversiones de estos museos. Y seguimos, hay que recordarlo una vez más, con ese escandaloso IVA cultural al 21 %, que lastra las políticas y las empresas del sector cultural. La cultura no debe ser un lujo, sino un servicio público, y, en ese sentido, debería el Gobierno de España, el futuro Gobierno de España, atender las peticiones de este Parlamento de rebaja del IVA cultural.

Los planes de las industrias culturales de la Junta de Castilla y León se estrellan, una vez más, con los recursos que se le dedican y han quedado en papel mojado. El plan... o el primer Plan de Industrias Culturales quedó totalmente en agua de borrajas. Las artes escénicas han experimentado una fuerte crisis, se han reducido, han desaparecido compañías, han caído en picado los espectadores, las funciones, las representaciones, se han cerrado salas. ¿Y qué decir del empleo? Esta crisis que llevamos se ha llevado por delante 4.000 empleos del sector cultural, un sector donde el yacimiento de empleo tiene o debería tener muchas posibilidades, pero que con las políticas de la Junta de Castilla y León realmente tiene muy pero que muy mala suerte. La Junta sigue incumpliendo además el Estatuto de Autonomía en relación con las lenguas vernáculas y en relación con el leonés...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Martín, tiene que terminar.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

(Termino, señora presidenta). Hemos presentado unas enmiendas que espero sean tenidas en cuenta. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación del Grupo Mixto, en un turno compartido, tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Vale. Muchas gracias. Bueno, nosotros sí, por supuesto, vamos a apoyar la moción, sin ningún tipo de dudas, ¿no? Nosotros, en general, sí que creemos que los problemas de cultura de esta Comunidad se pueden reducir a dos aspectos centrales, ¿no?, a partir de los cuales se van desgranando las diferentes cuestiones. En primer lugar, unos presupuestos que, a nuestro juicio, son claramente insuficientes. Es decir, vemos un problema de dotación fundamental que, finalmente, lo que termina generando es que las diferentes Delegaciones Territoriales de Cultura no pueden atender los requerimientos de las provincias. Eso es un primer elemento, que tampoco distingue especialmente este área de otras áreas de la Junta de Castilla y León.

Y, por otro lado, la cuestión de la externalización. Es decir, la existencia de fundaciones, como es el caso especialmente señalado de la Fundación Siglo, pero se podría hablar de otras, que lo que hacen, a nuestro juicio, es hurtar lo que es la función de una Administración pública y generar una forma de gestión que, a nuestro juicio, se caracteriza por tener una opacidad superior a la que tiene cualquier Administración pública, ¿no?

Nosotros partimos, por lo tanto, de que una de las cuestiones que tiene que guiar la política en general tiene que ser precisamente la de revertir todo este proceso de "administración b" en forma de fundaciones, etcétera, aplicable a muchas Consejerías, en este caso también a esta. Y sí que creemos que, desde luego, habría que pasar por un aumento presupuestario.

Estamos de acuerdo en lo que se propone. Hay algunos puntos que son especialmente interesantes. El punto 1 y el 4 en todo lo que se refiere a empleo público, a los departamentos de educación y acción cultural de los nueve museos provinciales, y el cubrir todas las plazas de conservadores y ayudantes existentes. El punto de nuevas tecnologías, el 3. El punto de difusión artística, la difusión del arte contemporáneo, de los artistas de la Comunidad, generando una política museística. El punto también de la diversidad, el 17. El punto de personas con situación en discapacidad, como es el caso del 18 y el 24. Y también los puntos relacionados con los recursos que, como comentaba al principio, es uno de los problemas que nosotros vemos fundamentales, ¿no?, tanto la dotación de presupuestos para la actualización de la flota de 31 bibliobuses como el incremento paulatino de las inversiones en el II Plan de Lectura de Castilla y León.

Por lo tanto, hechas estas precisiones, nosotros creemos que el voto tiene que ser necesariamente positivo. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Tiene la palabra el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, presidenta. Bueno, bien. Antes de entrar directamente en los veintitantos puntos de la moción -no voy a ir desgranando uno por uno-, sí que quiero hacer por lo menos una pequeña reflexión. Y va un poco en el sentido que aquí ya también se ha dicho. Es decir, tenemos que tener claro que la cultura no puede ser la niña pobre, que la cultura no puede ser aquello donde más fácil es recortar; tenemos que tener claro que debemos darle la importancia, y, sobre todo, debemos de darle la importancia cuando hablamos de presupuestar y hablamos de dotación económica. Esa es mi primera reflexión, porque creo que es lo que subyace de todas las reuniones, de todas las Comisiones y absolutamente de todo la conservación del patrimonio artístico y cultural de esta Comunidad y de las dos regiones que lo componen.

Pero, fíjese, más allá, yo querría entrar directamente en todos los puntos que propone. Primero, porque quiero recordar que la UPL ya pidió en la legislatura anterior que se dotara, o se diera mayor dotación económica, a los departamentos de difusión de los museos provinciales que gestiona la Junta. Y es verdad también lo que dice en la propia moción, que las plantillas son exiguas, y yo creo que eso... en eso coincidimos prácticamente todos, y que debemos de intentar mejorarlo. Y también tenemos que tener claro que, sin una actividad suficiente de estos departamentos, los museos citados apenas tienen más clientes que los turistas. Es necesario crear un ambiente de valoración de los museos y de lo que en ellos se conserva para nuestros escolares, para las personas adultas que acuden a estos programas de difusión; en general, para todos aquellos colectivos que puedan ser beneficiarios del mismo.

Tenemos alguna pequeña duda en el punto 9, y se lo voy a explicar. Tenemos pequeña duda porque a nosotros nos gusta la independencia de las diferentes Administraciones, y no sé si es precipitado, o por lo menos invade algún tipo de competencia, el decir o el pedir que las diputaciones hagan lo que les diga la Junta. Y ahí sí que nosotros, aunque lo vamos a apoyar, queremos expresar nuestra... bueno, pues nuestra preocupación en ese sentido. Sobre todo, en el punto 25, también queremos decir, cuando habla usted de la auditoría a la Fundación Siglo, que nos parece oportuna, pero que también nos parece oportuno que igual fuera el Consejo de Cuentas quien realmente hiciera esa auditoría, porque, al fin y al cabo, también ellos tienen la obligación, el Consejo de Cuentas, de dar cumplida cuenta a las Cortes.

Y con respecto a los demás puntos, hay una cosa que sí que nos interesa decir rápidamente -y acabo-. Es que cada una de las nueve provincias tiene un régimen diferente en el sistema de bibliotecas de Castilla y León, y que es un sistema muy complejo, y que yo creo que es importante también dar un paso más y crear una nueva Ley de Bibliotecas que especifique el ámbito competencial de cada una de las provincias y cada una de las Administraciones –perdón-.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señora presidenta. Ciudadanos va a apoyar esta moción del Grupo Podemos. La verdad que, bueno, la verdad que es muy amplia, tiene tres partes muy diferenciadas. Del punto 1 al 7, pues habla exactamente del tema de los museos; del 7 al 20, más o menos, habla de toda la problemática del tema de bibliotecas; y del 21 al 26 yo creo que es la parte más... con más enjundia, pues, en fin, habla sobre todo de la Fundación Siglo y del tema de políticas culturales.

Decía mi amigo Martín Benito, y tocayo, que... mencionaba a Lope de Vega; a mí me venía a la mente aquel verso de Calderón de la Barca, que decía que "a quien le daña el saber, / homicida es de sí mismo!", ¿no? Yo creo que en Castilla y León, desde luego, nos falta mucho eso; a veces somos un poco suicidas, en el sentido que despreciamos bastante la cultura, por desgracia. Y, desde luego, tenemos mucho camino por recorrer entre todos.

Sí que me gustaría, yo que soy persona de ir un poco al grano, en el tema de los museos no me gustaría, en fin, pasar por una apreciación. Yo creo que a veces los museos son grandes contenedores de muchas cosas, donde les falta mucho atractivo para que sean visitados y, desde luego, a veces tienen cantidades ingentes en sus, digamos, almacenes, que ni siquiera se exponen. Y ahí sí que me gustaría añadir -bueno, en fin, in voce, simplemente es una reflexión- que a veces se pueden hacer convenios con los propios municipios, me refiero sobre todo de estos yacimientos arqueológicos, en fin, elementos históricos, etcétera, que realmente ahí sí tendría mucho más sentido ser expuestos y que, a veces, para esos municipios sería fundamentales, y que, a veces, por esa cantidad, en fin, ingente en estos almacenes de los museos provinciales, pues ni siquiera son expuestos al público. Y creo que nos estamos entendiendo.

Hombre, también estamos acudiendo ahora mismo el tema de... en fin, de muchas visitas a las Cortes de Castilla y León, nuestros pasillos también atesoran yo creo que unas... en fin, unos cuadros y unas esculturas bastante apreciables, y ahí sí que podíamos incidir, y lo digo a la Mesa, pues, en fin, para dotar todavía si cabe de mayor contenido, con fondos de nuestros museos, que, seguramente, vuelvo a decir, están a veces colmatados y no se enseñan debidamente.

Sí que nos gustaría que, desde luego, se innovara y que fuera mucho más atrayentes estas visitas a museos, pero sí que yo creo que sería fundamental que la Consejería de Cultura tuviera las ideas claras también con la Consejería, sobre todo, de Educación, en el sentido que, lógicamente, desde niños, a nuestros adolescentes, a nuestros... a los niños hay que enseñarles a apreciar y a amar los museos. Yo recuerdo de chaval que sí que nos llevaban a algunos. Yo, ahora que soy padre, vamos, estoy convencido que nunca hacen ninguna visita, por desgracia, a los museos provinciales, que fíjese que los tenemos tan a mano y que, en fin, yo creo que se podrían prodigar, y además en otras capitales de... en fin, de Castilla y León. Sin embargo, eso sí, todos los niños de Castilla y León, no sé por qué, todos todos todos los años van, pues eso, al parque de atracciones de Madrid, que me parece muy bien, y a muchos sitios. Pero hombre, a veces, teniendo, como bien sabe la consejera, este gran patrimonio que tenemos, que además se puede hacer de una manera atractiva, en fin, teatralizada -hay muchas visitas de mucho tipo-, y adaptada, lógicamente, sobre todo a la población infantil y escolar, pues yo creo que se podía dar una vuelta, y yo creo que se debe tener en cuenta.

El tema de bibliotecas, pues hombre, efectivamente, faltan fondos, faltan medios, los técnicos no son buenos pero podían todavía estar mucho mejores. Pero también es verdad que yo creo que, sobre todo los pequeños municipios, o los grandes, las bibliotecas también se tienen que dotar. Yo creo que así se está haciendo también, pues eso, de... digamos, de cuestiones adyacentes, como el tema de internet. Ya sabe usted que... en fin, para que también se puedan usar como centros de consulta, con... en fin, con ordenadores, etcétera, etcétera, como se está haciendo, sobre todo, pues porque demandan yo creo que los usuarios, y así pues todos nos acercamos bastante más, en fin, a nuestra... a nuestras cuestiones ideales.

Y sí que me sumo sinceramente también a lo que se está diciendo un poco de la Fundación Siglo. Yo, sinceramente, creo que hay que tener las cosas claras. La Fundación Siglo puede estar muy bien, si funcionara bien, ¿no?, y valga la redundancia. Pero yo creo que las ideas... tiene que tener sentido que la Consejería de Cultura es la que tiene que dirigir, coordinar y tener las ideas claras de... no que parezca a veces la sensación de que parece que llamas allí, a la Fundación Siglo, y es como un ente, pues casi casi que funciona por sí mismo, no sabemos cómo, y sin embargo ya... Eso me gusta, que me diga la señora consejera de Cultura que no, que la coordina, que la dirige y que la, digamos, supervisa la propia Consejería de Cultura. Con lo cual estaríamos todos más tranquilos, sobre todo en aras a esa transparencia, en esa, digamos, en fin, que se pueda acercarse uno más a ella y puede funcionar muchísimo mejor.

Y poco tengo de tiempo, pero sí que decir otra vez que, desde luego, la Consejería de Cultura la faltan muchísimos... mucho presupuesto. Tenemos una gran labor por hacer y yo creo que siempre Ciudadanos va a apoyar a que la Consejería de Cultura tenga todo el presupuesto posible, porque la labor es mucha y sabe que es así. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bravo Gozalo.

EL SEÑOR BRAVO GOZALO:

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Antes de nada, quiero felicitar a un compañero de la Comisión, a Emilio Cabadas, por su paternidad, que fue ayer padre de una tercera niña, y que incrementa la población de nuestra Comunidad Autónoma. [Aplausos].

Y ahora, señoría, voy a debatir con... sobre todo con el Grupo Podemos, la moción que presenta, una moción muy extensa, con 26 puntos, que, en el tiempo que tengo, intentaré más o menos explicar, por lo menos en bloque, aunque sea en bloque, cada uno de ellos. Lo que sí que le anticipo, señoría, es que vamos a pedir una votación separada del punto 3, 7, 17 y 18. Luego le explicaré por qué motivos.

Y ciñéndonos a la... a la moción, presenta, bajo... bueno, bajo el criterio del Grupo Popular, presenta 3 bloques diferenciados: uno, que ya se ha hablado, de museos; otro de bibliotecas; y otro, efectivamente, sobre la Fundación Siglo. El bloque que... que habla sobre las iniciativas en museos, bueno, pues yo creo que, a vista de este grupo parlamentario, muchos de esos puntos están desarrollados suficientemente por la propia Consejería de Cultura y Turismo y por la propia Dirección de Políticas Culturales. Y le puedo explicar casi punto a punto. No me voy a ceñir a todos, pero le voy a dar algún matiz de alguno de ellos.

Por ejemplo, en el punto 1, donde dice que los servicios de educación y acción cultural... esos servicios se han mantenido desde el año dos mil ocho de una forma muy continua, desde la propia Dirección de Políticas Culturales, y creemos que en ningún momento han adolecido, en ningún caso, de esa falta de programación o de servicios educativos.

En el punto 5, por ejemplo, dice: donde la memoria económica, como la evaluación de impacto de género, se incorpora absolutamente a todos los procedimientos, según lo dispuesto en la Ley 3/2001. Es decir, que es que tampoco se incumple ahí, se está haciendo.

O en el punto 6, donde propone difundir nuestro patrimonio, incluso usted dice "haciendo exposiciones en otras Comunidades Autónomas". Fíjese usted, la Comunidad Autónoma de Castilla y León hace diferentes iniciativas, y, entre otras, está el préstamo de piezas, los convenios con otras Comunidades Autónomas, que es lo que usted está pidiendo en ese punto. Pero va más allá, tiene el portal de museos, hace la feria de Intur, de Fitur, AR&PA... Yo creo que... ¿se puede potenciar más? Efectivamente, pero no puede decirse que la Junta de Castilla y León a día de hoy no está reforzando esto.

El segundo bloque, por no entretenerme más, habla... se lo podría decir igual, de las bibliotecas. Y el punto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, por ejemplo, están perfectamente ejecutados por la Junta de Castilla y León. En el punto 8, por ejemplo, donde dice... habla sobre la regulación; está regulado por un decreto, el Decreto 2214 del noventa y seis, y es un decreto que a día de hoy se está cumpliendo, y en su Artículo 9 y en su Artículo 10 se dice perfectamente cómo está estipulado con las diputaciones provinciales y con los ayuntamientos. Y yo creo que a día de hoy se está cumpliendo. Igual que el punto 9, donde, a fecha de hoy, ninguna diputación ha incumplido ese... ese convenio. O el punto 10, donde las bibliotecas de Castilla y León prestan todos los servicios. Yo creo que en la mayoría de estos puntos, a lo mejor hay algún... ha usted comentado, por ejemplo, el tema de lo de los bibliobuses de Zamora. Las nóminas se la paga la Diputación de Zamora, y en todos los bibliobuses de toda la Comunidad Autónoma las diputaciones provinciales son las que tienen la autoridad, porque así se reflejó desde el año noventa y seis y se sigue cumpliendo. O sea, que yo creo... igual que los centros coordinadores, igual que muchos puntos de los que usted dice.

Pero, como no hay tiempo, me voy a detener, efectivamente, ya en el último bloque, que se ha hablado aquí de la Fundación Siglo, claro. Todos los grupos echan mierda sobre la Fundación Siglo, y yo creo que no es necesario. Porque, claro, el Partido Socialista, por ejemplo, sin ir más lejos, ha criticado hasta la saciedad... –ya no fuera de esta Comunidad Autónoma, sino en esta propia Comunidad Autónoma, en el Ayuntamiento de Valladolid- ha criticado, por ejemplo, y ha prometido hasta la saciedad la extinción de la Sociedad Mixta de Turismo. Y resulta que nos encontramos hace tres días con una entrevista del alcalde diciendo que es lo mejor que puede tener, porque se realizan acciones que desde las concejalías no se podrían hacer. Entonces, yo creo que también quiero el mismo respeto que yo doy al alcalde de Valladolid. Mi grupo parlamentario piensa lo mismo absolutamente con el tema de la Fundación Siglo. Por cierto, una fundación que está perfectamente... yo creo que, vamos, presenta las cuentas anuales, se somete a auditorías y se remiten a la Intervención General, o sea, que yo creo que es que en ningún momento es una sonámbula.

Y, por último ya -presidenta, termino-, impulsaremos las apps, como se está haciendo, pero no está en todos los museos, con lo cual vamos a aprobarla -el punto 3-; el 7, difundir las artes... arte contemporáneo... [murmullos] ... la 17, dotar a las bibliotecas; y la 18, la señalización. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra la señora Rodríguez Tobal.

LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Bien. Pues muchas gracias a todos los grupos por sus aportaciones, sin duda interesantes.

Primero voy a decir que vamos a dejar tal como está la... la moción. Las propuesta de enmiendas hechas por el Grupo Socialista diría –utilizando un eufemismo- que están hechas con poco interés, entonces, vamos a... vamos a obviarlas.

El Servicio del Área de Difusión de Museos está externalizado, contratado a la baja, hasta 12.000 euros por debajo del presupuesto de licitación, sin objetivos a medio y a largo plazo. No hay un proyecto previo que garantice que el dinero gastado se invierta bien. La empresa contratada tiene que quedarse parte del dinero, como es lógico, porque para ella es un negocio. Resultado: 20.000 usuarios menos en el último año y una bajísima calidad de las actividades. Y además siguen incumpliendo sus propios planes, porque uno de los objetivos del extinto II Plan de Museos era la creación, apoyo y fomento de departamentos de educación y acción cultural en los propios centros museísticos.

Las necesidades de los museos no se cubren, de verdad, ni haciendo malabarismos -muchos de ellos no pueden permitirse ni catálogos-, con un presupuesto tan exiguo: 4.000 euros, que algunos a día de hoy no han recibido, para actividades culturales –les recuerdo-, frente a 113.000, 307.000 o 126.000 que reciben los museos regionales para el mismo fin.

Cubrir todas las plazas de conservadores y ayudantes existentes mediante la convocatoria de concurso de oposición y concursos de traslados era también uno de los objetivos del II Plan de Actuación de Museos –otro de los tantos no cumplido, por cierto-. Hay menos personal funcionario que plazas existen: 23 de conservadores y 5 de ayudantes. Y solo hay 15 conservadores funcionarios y 3 ayudantes funcionarios. En el Museo de Ávila, por ejemplo, se ha jubilado la directora y solo hay un conservador y un ayudante interino. Se prevén más jubilaciones, o sea, que la situación seguirá empeorando si no se pone remedio.

La elaboración de un plan de actuación de cada provincia, atendiendo a sus necesidades específicas por parte de los técnicos de los nueve museos sería, sin duda, desde nuestro punto de vista, una aportación valiosísima al III Plan de Museos, que está en fase de redacción. Y por supuesto con memoria de impacto de género, que les recuerdo que es obligatoria. No hemos encontrado memoria de impacto de género; el extinto plan no la tiene. [Murmullos]. Claro, luego nos vamos a encontrar con situaciones como la que actualmente se da en la exposición de Las Edades del Hombre, mostrando la obra de 137 artistas, de los que solo 4 son mujeres -12 artistas zamoranos contemporáneos y solo 1 mujer, la fallecida toresana Delhy Tejero, representada en la exposición-. ¿Cuándo van a darse cuenta de que son de... verdaderamente necesarias las memorias de impacto de género? Entre otras cosas, para no seguir reproduciendo los mismos errores una y otra vez. No debe de haber una correcta difusión de arte y de artistas... artistas contemporáneas, cuando los organizadores de exposiciones como la de Las Edades del Hombre –ya les cuento- no cuentan con las artistas de nuestra Comunidad; yo creo que ni saben que existimos.

Con los Decretos 37/1991, 56/1991, 214/1996 se regulan el Consejo de Bibliotecas de Castilla y León, la estructura y funciones de la Biblioteca de Castilla y León y se establece el reglamento de los centros y servicios bibliotecarios integrados en el Sistema de Bibliotecas de Castilla y León. Además, hay un convenio de colaboración de septiembre de mil novecientos noventa y siete que establece la organización de servicios bibliotecarios y una coordinación de funciones que se desarrollarán a través de una comisión provincial de bibliotecas. Toda esta normativa fija una estructura suficiente para que hubiera una correcta política bibliotecaria y de fomento de la lectura. Desgraciadamente, no se alcanzan los objetivos, hay un desequilibrio tremendo entre el entorno urbano y el entorno rural.

La situación real de las bibliotecas móviles es que se modifican las rutas por falta de personal para sustituciones de vacaciones, enfermedad o jubilaciones; se reduce la periodicidad de las visitas, que se hacían antes cada mes y ahora cada quince días -podía decirse que estamos liquidando existencias en este sentido-; no favorece tampoco la desigual aplicación de la normativa según provincias, y las deficientes relaciones institucionales –Junta, diputaciones, ayuntamientos-, amén del incumplimiento sistemático de reglamentos y dejación de funciones.

Las propuestas 8, 9, 10, 11, 13 y 16 –como bien decía el señor Bravo Gozalo- podrían resumirse... es verdad, si son cosas que ya ha de hacerse, pero es que no se hacen. Cúmplase con las directrices de la Junta, con los convenios de delegación de funciones, que cada quien haga lo que tiene encomendado; coordinación entre instituciones, y que la Junta supervise con rigor. Es que todo esto falta.

La oficina técnica tiene que ocuparse de catalogación y adquisición de ejemplares desde la biblioteca pública de cada provincia, pero a esa labor hay que dedicar personal; no se puede transferir una responsabilidad y que tenga que ser asumida por quienes ya estaban a otra cosa.

Para cumplir la ley...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señora Rodríguez, tiene que terminar.

LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Bien. Pues, entonces, voy a resumir diciendo que los ejemplos que el otro día puso la consejera de ciudades como Zaragoza o Barcelona...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Termine ya, señora Rodríguez.

LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

... no valen, porque, a través de esas fundaciones, se realizan servicios específicos sin par, o sea, que no pagan... [la presidenta retira la palabra a la oradora]. [Aplausos].

Votación Mociones

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Pasamos ahora a la votación de las mociones.

M/000010

Votación, en los términos fijados por su proponente... [Murmullos]. ¿Eran los puntos 3, 7, 17 y 18 los que acepta separados? ¿En bloque? Vale. Votamos la moción número uno, debatida en el primer lugar, es la número 10 de orden, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, derivada de Interpelación formulada por la Junta de Castilla y León... formulada a la Junta de Castilla y León por dicho grupo, sobre política general en materia de infraestructuras viarias. Comienza la votación.

Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: ochenta y cuatro. Queda aprobada la moción.

M/000173

Votamos ahora, en los términos fijados por su proponente, la segunda moción debatida, que presenta el Grupo Podemos, derivada de la Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por dicho grupo. Votamos en primer lugar los puntos 3, 7, 17 y 18. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: cincuenta y nueve. Ninguno en contra. Veinticinco abstenciones. Quedan aprobados estos puntos.

Votamos el resto de los puntos de esta moción. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: diecisiete. En contra: cuarenta y dos. Veinticinco abstenciones. Quedan rechazados el resto de los puntos de la moción.

Por el señor secretario se procede a dar lectura al cuarto punto del orden del día.

Proposiciones No de Ley

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias. Cuarto punto del orden del día: Proposiciones No de Ley.

PNL/000769

Comenzamos con el debate de las proposiciones no de ley, y en primer lugar con la Proposición No de Ley 769, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, para instar a la Junta a adoptar las medidas que se detallan en el Plan de Garantía Juvenil de Castilla y León y a exigir al Gobierno que cree que una oficina nacional para la coordinación de los actores implicados en la implementación del Plan a nivel nacional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 152, de cinco de julio de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para presentar la proposición no de ley, tiene la palabra la señora Pascual Álvarez.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias, presidenta. Como ustedes dicen -y dicen bien-, que España presenta una de las tasas de jóvenes menores de 25 años que no estudian ni trabajan más altas de la Unión Europea, concretamente 5 puntos por encima de la media, siendo uno de los grupos de población que más se ha visto afectado por el proceso de destrucción de empleo ocasionado por la crisis. Este diagnóstico tan acertado tiene unas causas, que no son otras que las políticas neoliberales aplicadas en los últimos años.

La Garantía Juvenil es una iniciativa de la Unión Europea para que jóvenes que no estén cursando estudios o no tengan empleo puedan recibir una oferta de empleo o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados. Su ámbito demográfico se ha extendido en dos mil quince a mayores de 25 años también y menores de 30, alcanzando así a un millón de personas como población objetivo.

En España adquiere rango legal con el Real Decreto-ley 8/2014, de cuatro de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. En su proceso de evaluación continua del plan, la Comisión Europea ya recomendó a España en dos mil quince adoptar medidas para incrementar la calidad y la eficacia de la asistencia y consejo en la búsqueda de empleo, como vía para reducir el desempleo juvenil. Para colmo, en su informe del dos mil dieciséis, el Ejecutivo de la Unión Europea remacha que la tasa de paro juvenil sigue siendo alta y el Sistema Nacional de Garantía Juvenil no está produciendo los resultados esperados, manteniéndose bajas cifras de inscritos en el plan. Según las cifras disponibles, la aplicación del plan en España está resultando decepcionante. Además, los fallos en la implementación, que genera una descoordinación entre Administraciones, uno de los... uno de los más claros es la falta de un organismo visible que coordine los procesos de implementación autonómicos a nivel estatal, pues entre las Comunidades Autónomas hay grandes diferencias. También se percibe una estrategia excesivamente orientada a la reducción de cuotas en la Seguridad Social, facilitando la contratación a través de empresas. Las oficinas de empleo público solo mediaron en 1,7 % de los empleos conseguidos por asalariados en el dos mil quince.

Otro serio problema que hemos detectado es que no hay una apuesta clara por la calidad del trabajo ofertado, en contraste con las propias recomendaciones europeas. Por otro lado, creemos que se hace un excesivo hincapié en el emprendimiento empresarial. Esta estrategia no es negativa por sí misma, pero puede llevar a una atomización del problema de los jóvenes desempleados; además, no se hace un seguimiento de los resultados del emprendimiento. Cabe afirmar que los costes individuales del fracaso de un emprendimiento juvenil son grandes en una sociedad como la española, en la que rara vez se provee de segundas oportunidades. En contraposición a este monocultivo del emprendimiento individual, merece la pena valorar y apostar a favor de otros modelos, como puede ser la economía social, una alternativa económica que sitúa el bienestar social como principal objetivo.

Creemos que es necesario mejorar la interlocución entre instituciones, jóvenes desempleados y entidades, asociaciones juveniles, para el diseño, implementación y evaluación del programa. Una de las principales razones para que... para esta... para esta descoordinación y falta de comunicación es la inexistencia de un organismo responsable para esta cuestión, que articule redes fuertes entre actores implicados.

Dado la urgencia de la situación y la diversidad de situaciones que encontramos en todo el territorio, proponemos la creación de una federación de agencias públicas de empleo, dentro del SEPE, la cual serviría para coordinar, monitorizar y evaluar las acciones llevadas a cabo dentro del Plan de Garantía Juvenil. Las razones que justifican la presentación de la proposición no de ley no es otra que la mejora del Plan de Garantía Juvenil, que es absolutamente deficitario y está siendo mal gestionado por parte de la Administración autonómica. Y, ante la falta de eficacia del plan, está haciendo que los jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma tengan que marcharse de aquí.

Ya saben, señorías, sin jóvenes no hay futuro. Y ya he manifestado que su diagnóstico, que compartimos, tiene su raíz en las políticas aplicadas por el Partido Popular. Nos está condenando y abocando a ser una Comunidad Autónoma sin futuro, condenada al fracaso y a más paro, a más pobreza y a más despoblación. Para resolver esta situación, hacemos propuestas concretas, que pueden revertir... que puedan revertir esta dramática situación a la que se enfrentan los jóvenes en Castilla y León.

Y, para finalizar, tal como insistió la Comisión Europea en la presentación de esta iniciativa comunitaria, el desarrollo y la puesta en marcha de un sistema de garantía juvenil exige una estrecha cooperación...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señora Pascual, tiene que terminar.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

(Termino). ... entre todos los implicados. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. A continuación, los grupos fijan posición. Lo hace primero el Grupo Socialista, que tiene una enmienda de adición. Y tiene la palabra el señor Lora Cumplido.

EL SEÑOR LORA CUMPLIDO:

Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. El paro juvenil es la manifestación de la desesperanza en la que nos encontramos todos los jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma. Estamos viendo como en Castilla y León se niega a los jóvenes la opción personal de emigrar voluntariamente a otras Comunidades o incluso a otros países. ¿Qué está ofreciendo la Junta de Castilla y León a los jóvenes y a las jóvenes de nuestra Comunidad? Lo que está haciendo la Junta de Castilla y León es convertir en una obligación generacional que los jóvenes se tengan que ir de nuestra Comunidad Autónoma.

La alarma ante la falta de futuro y de presente, donde la gran mayoría de los jóvenes no encuentran trabajo, es la condena de su futuro. Lo que están haciendo es condenar a toda una generación de castellanos y de leoneses. España es el país que tiene el paro juvenil más alto del mundo occidental. Y, además, aquí, en Castilla y León, lo mezclamos con una mezcla explosiva, lo mezclamos con una inserción laboral al mundo... una inserción al mundo laboral por una hora o dos horas semanales. Resultado: la mezcla explosiva a la que hacía referencia antes, que hace que nuestros jóvenes no encuentren ninguna garantía de futuro en su tierra.

Ya está bien de ofrecer a nuestros jóvenes dos opciones: trabajo precario o exilio. Estamos viendo como en la actualidad no se está desarrollando un correcto Plan de Garantía Juvenil. ¿Qué está ocurriendo realmente? Mi compañero, mi compañero del PSC, Javi López, en el Parlamento Europeo dijo: "Con este plan se consigue que se despida a nuestros padres para bonificar la contratación de nuestros hijos, con subvenciones públicas de la Unión Europea, pudiendo ser despedidos a los seis meses sin ningún tipo de penalización". ¿Esto es lo que realmente queremos para que sirva este plan?

Los jóvenes y las jóvenes que quieran acceder al Plan de Garantía Juvenil tendrán que inscribirse mediante una página web para entrar en la base de datos del plan, que está al margen de los servicios públicos de empleo. ¿Tiene sentido entonces que un joven vaya a apuntarse al paro? La estrategia está muy clara: reducir las listas del paro con un registro paralelo y opaco, como es el Plan de Garantía Juvenil.

Desde luego, lo que mi grupo parlamentario no quiere es que el Plan de Garantía Juvenil sirva para ofrecer a los jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma la opción de acceder a un mercado laboral de forma temporal. Imagino que no hace falta que recuerde a sus señorías, porque ayer salió el dato que dimos hace meses, que en el año dos mil quince solo se contrató a una persona de forma temporal mediante el Plan de Garantía Juvenil. ¿Realmente vamos por el buen camino?

Ayer también el Gobierno de la Junta de Castilla y León sacaba pecho de las políticas que han realizado en materia de empleo joven. Aseguraban que, a día de hoy, hay 4.500 parados menos que en el año dos mil... justo 4.500 jóvenes parados menos que lo que había hace un año; que hay 10.000 menos que en el año dos mil catorce; y que hay 20.000 menos que en el año dos mil doce. No hay que hacerse trampas al solitario: si tenemos 67.000 jóvenes menos que en el año dos mil diez y, además, el porcentaje de jóvenes tristemente desciende año tras año, oigan, vamos a estudiar este tema en profundidad, que, a lo mejor, no están haciendo las cosas tan bien como piensan.

El Grupo Parlamentario Socialista propone la adición del siguiente texto a la propuesta de resolución: "Uno. Instar al Gobierno de España a realizar las modificaciones que permitan canalizar las peticiones y el registro del Sistema de Garantía Juvenil a través del Servicio Público de Empleo, en lugar del registro telemático que se ha establecido. Dos. Instar al Gobierno de España a integrar el Sistema de Garantía Juvenil dentro del Sistema Nacional de Empleo, rigiéndose por sus fines y principios. Tres. Contemplar la atención específica a aquellos jóvenes con algún grado de discapacidad y cuya situación le puede suponer un mayor riesgo de exclusión social".

Respecto al punto tercero, es cierto que la página web de la Juventud de Castilla y León, en el apartado "Cómo te puedes inscribir", en el punto quinto dice: "En el caso de jóvenes en riesgo de exclusión social (condición certificada) podrán inscribirse presentando la siguiente en un registro oficial (Artículo 38.4 Ley 30/92)". El Grupo Parlamentario Socialista lo que pide es contemplar atención específica a aquellos jóvenes con algún grado de discapacidad.

Espero que en la mañana de hoy se lleguen a acuerdos con el objetivo de mejorar las oportunidades de futuro de los jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma. Nada más. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Muchas gracias, señor Lora. En representación del Grupo Mixto, en un turno compartido, tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Muchas gracias. Bueno, por nuestra parte, nosotros vamos a partir de una crítica muy dura al Sistema de Garantía Juvenil, incluso como concepto. Quizá en esto seamos la única fuerza política que tengamos algo que objetar firmemente en lo que es la propia concepción. Es decir, entendemos que es un programa que viene cofinanciado con el Gobierno central, con Europea, etcétera, y que, por lo tanto, nuestra obligación es mejorarlo y nuestra obligación es, por lo tanto, hacerlo más eficiente, y, en ese sentido, las medidas que van dirigidas a mejorar o, mejor dicho, a provocar que haya algo de eficiencia -porque este programa es un fracaso absolutamente estrepitoso- pues nosotros, desde luego, estaremos a favor y las trataremos de mejorar.

Pero partimos muy claramente de que nosotros no creemos que el Sistema de Garantía Juvenil sea un buen planteamiento de entrada, no solamente en la aplicación. Porque, en primer lugar, ha fracasado, como ha planteado, precisamente, la motivación de la proposición no de ley que estamos debatiendo. No voy a entrar en analizarlo, pero lo cierto es que lo que nos interesa ya no es tanto revitalizar un programa que no ha funcionado nunca, cuanto ver cómo podemos lograr una formación ocupacional que realmente satisfaga las necesidades de la sociedad y de las personas, ¿no?

En ese aspecto, nosotros estamos muy de acuerdo con el informe que presentó el Consejo de Cuentas, que en la recomendación ocho, por ejemplo, recomendaba que el Plan OFI desapareciera, dadas las grandes similitudes con los recursos FOD. Si hacemos una trasposición a la garantía juvenil, la conclusión es que generamos muchos programas muy mal financiados. Quizá lo que habría que hacer es simplificar estos programas, hacer una verdadera racionalización, es decir, una simplificación, para que, con los mismos recursos, se puedan realizar programas ambiciosos realmente.

En todo caso, partiendo de esta crítica central y radical, es decir, a la raíz de lo que es el Programa de Garantía Juvenil, que, a nuestro juicio, es un fracaso desde el primer momento y que debería replantearse, nosotros plantearíamos algunas enmiendas –ya tienen el texto-. En primer lugar, respecto al punto 1, pediríamos que se aumentara la participación municipal en el plan, de forma que las Administraciones locales sean quienes controlen el plan en su territorio, colaborando con empresas de economía social sin ánimo de lucro y priorizando empleos verdes, aprendizajes de calidad, empleos de proximidad, conocimientos informáticos, transición a la economía formal y economía rural. En el punto 4, añadir mesas de coordinación en las que estén los ayuntamientos. En el punto 8, añadir los ayuntamientos como facilitadores, que las personas jóvenes se puedan inscribir en su ayuntamiento. En el punto 9, añadir después de ofertas de empleo, previamente a incluir ninguna oferta de empleo en la página web, la misma habrá de ser debidamente comprobada de forma que se garantice que se trata de empleo digno...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Tiene que terminar, señor Sarrión.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Y en el punto décimo, sustituir datos personales por datos estadísticos, pues los personales están protegidos por la Ley de Protección de Datos. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Tiene la palabra el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, presidenta. Bien, ya se ha dicho que el Programa de Garantía Juvenil es una iniciativa europea. También se ha dicho que surge como consecuencia de la alta tasa de desempleo, sobre todo... o lo mal que funciona el mercado de trabajo en los países del sur de Europa, que generaba... generaba esa alta tasa de paro juvenil, que se ha disparado alarmantemente, y que evidencia de alguna forma la vulnerabilidad de este colectivo. En España se enmarca en la Estrategia de Emprendimiento Joven, aprobada en febrero de dos mil trece.

La recomendación sobre la Garantía Juvenil establece que los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados. Y creo que es importante, porque no se trata de ninis, creo que es importante tenerlo también bastante claro. Medidas para mejorar la empleabilidad, para mejorar la intermediación, para favorecer la contratación y para favorecer el emprendimiento son los instrumentos de los que se han dotado para revitalizar el mercado de trabajo para jóvenes de 16 a 29 años.

Es, sin duda, una cuestión primordial para conseguir reducir esa alta tasa de desempleo y también para mejorar, por ende, la redistribución del gasto social entre generaciones, más importante ante los datos de una pirámide de población envejecida, como la de esta Comunidad. También hay que reconocer que se trata de un programa relativamente nuevo, del dos mil quince. Y también hay que reconocer que su implantación, hasta ahora, está teniendo muchísimos problemas. Porque lo reconoce también incluso la gerente del ECYL, del propio ECYL, cuando nos decía en su comparecencia que en su aplicación había habido excesivas disfunciones, y donde se exigía o se reconocía que el problema fundamental venía por estar inscrito o por la obligación de estar inscrito en una plataforma estatal con anterioridad, y donde también se reconocía la falta de personal para dar el oportuno servicio; punto que, por otra parte, recoge esta proposición no de ley, en su resolución... creo que en su número 8.

Y por eso también creo que es importante recordar lo que el CES decía y plantea también en su informe del dos mil quince, cuando nos recomienda que hagamos una planificación general y que es necesario mantener estas medidas en el tiempo, no hacerlo de una forma temporal. Pero, sobre todo, yo creo que lo importante es que seamos capaces de generar y exigirnos efectividad a la hora de cumplir el programa, y, sobre todo, efectividad y calidad a la hora de conseguir el empleo necesario y la formación necesaria.

Por lo tanto, nos parece perfecta...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Tiene que terminar, señor Santos.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

... y vamos a apoyar esta proposición no de ley.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

En representación de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rosado Diago.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, presidenta. Nuestro voto a favor de esta proposición no de ley, excepto el punto 2, que pedimos votación por separada, porque nos abstendremos en este punto.

Con motivo de la publicación, el cuatro de octubre del dos mil dieciséis, por parte de la Comisión Europea, del Informe sobre Garantía Juvenil del Consejo de Juventud de España, hizo las siguientes declaraciones: "Mientras otros países han solicitado ya la ampliación económica para este capítulo, España todavía no ha gastado la asignación inicial. Por el momento –según indican, citando datos oficiales- se han apuntado a este programa un 20 % de los posibles beneficiarios. El objetivo principal de la garantía juvenil es que toda persona joven reciba una oferta de trabajo, educativa o de formación de calidad en los cuatro meses siguientes a la finalización de los estudios O al quedarse en situación de desempleo".

Más allá de lo que reflejan las cifras, el Consejo de la Juventud español señala como causas de esta baja participación en el programa: la falta de difusión, la dificultad del proceso de inscripción, la falta de transparencia y participación en su gestión, así como una ausencia de datos que permitan realizar una evaluación del impacto real.

Por otro lado, el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en España, Carlos Usías, denunció en el Foro Europa que España es el país que peor lo está aplicando el Fondo de Garantía Juvenil de la Unión Europea, pese a ser los que más fondos tenemos y más desempleo juvenil registramos. Según palabras textuales, lo estamos bordando, en referencia a que apenas se explota el 12 % de las posibilidades de esta iniciativa europea en España. Precisamente los destinatarios del Fondo de Garantía Juvenil, los ciudadanos entre 16 y 29 años, son la población que en España más ha visto empeorada su situación de riesgo de pobreza y exclusión en el último año. Más del 38 % de la población joven española se encuentra en esa situación de riesgo, lo que supone que casi dos de cada cinco jóvenes... están muy por encima de la media nacional, que afecta al 28,6 % de la ciudadanía, con 13,3 millones de personas. Así, pidieron enfocar mejor el citado fondo europeo a los sectores de población menos cercanos y menos cualificados, ya que los jóvenes que ni tienen empleo ni estudian son los que más se alejan de estas ayudas.

El balance que realiza la Comisión Europea sobre los resultados de la llamada Garantía Juvenil concede un rotundo suspenso a España; pese a ser el país que más recursos ha recibido en Bruselas, un tercio de los 6.400 millones de euros que constan en el plan, es uno de los que menos han aprovechado estas ayudas. Las cifras hablan con una claridad desoladora. Tras tres años de aplicación, nueve de cada diez potenciales beneficiarios españoles ni siquiera se han registrado en el programa, mientras que el 63 % que han accedido a las ayudas han vuelto a caer en el desempleo. La Comisión Europea cifra la cobertura de Garantía Juvenil en un solo 11 % de los ninis españoles, jóvenes menores de 30 que ni estudian ni trabajan, frente a un 42 % de la media europea, según se detalla en el informe de la comisaria europea de Empleo.

Además del estrepitoso fracaso en cuanto a publicidad, difusión, dado el abrumador porcentaje de jóvenes que desconocen el programa, Bruselas señala un segundo fallo: el incumplimiento del plazo de cuatro meses en los que debe tramitarse la oferta de estudio o trabajo para cada beneficiario. Y también un tercer fallo, aún más grave, que es la nula efectividad del plan, si se atiende al elevado porcentaje de jóvenes que han vuelto al paro y a la inactividad educativa.

El balance de Bruselas no analiza las causas del mal resultado español, pero una de las posibles explicaciones tiene que ver con el canal elegido para difundir las ayudas. Mientras en Francia, donde el programa ha tenido un notable éxito, se han desarrollado a través de servicios nacionales de empleo, en España se ha hecho mediante Comunidades Autónomas, las Cámaras de Comercio y otras organizaciones. En cualquier caso, el suspenso a España ha llevado a la Comisión Europea a pedir al Gobierno el reintegro de parte de los fondos adelantados, debido al retraso español en la obligación de justificar los pagos certificados y de garantizar la existencia de un control riguroso de las ayudas.

Y si esto lo traducimos a Castilla y León, nos encontramos el mismo panorama, son 336.000 jóvenes, solo se han inscrito 17.000, por lo tanto, estamos fallando. Pero no vale de nada lamentarnos hasta el dos mil dieciocho, ya a partir de hoy se puede hacer autocrítica y mejorar para que nuestros jóvenes, los de nuestra Comunidad, estén inscritos. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

En representación del Grupo Popular, tiene la palabra el señor De la Hoz Quintano.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Gracias, presidenta. Buenos días. El Sistema de Garantía Juvenil -quizás convendría empezar por el principio- es un sistema comunitario puesto en marcha por la Unión Europea a instancias del Gobierno del Partido Popular, involucrando a la Unión Europea en la lucha contra uno de los grandes problemas que tiene la Unión Europea, y yo creo el gran problema que tiene nuestro país, el desempleo juvenil.

El esfuerzo negociador de Mariano Rajoy provocó implicar, con más de 1.800 millones de euros, a la Unión Europea en la lucha contra el desempleo juvenil en España. Es cierto, y así ha sido reconocido por todos y por la propia Comisión Europea y el Gobierno de España, que los inicios del Sistema de Garantía Juvenil, de implementación del Sistema de Garantía Juvenil, ha tenido algunas carencias, derivadas principalmente de la falta de información sobre el contenido del mismo y del proceso de inscripción, que se pensaba fácil por realizarse por vía telemática, y que ha derivado en no pocos problemas de acercamiento a los jóvenes destinatarios de las distintas medidas.

¿Y qué hemos hecho en Castilla y León? Pues el Sistema de Garantía Juvenil tiene una parte de desarrollo estatal, pero también una parte autonómica, pues no en vano las Comunidades Autónomas en este país tienen las competencias en políticas activas de empleo. Es cierto que en Castilla y León partíamos de una situación mejor que la de la media nacional, pero tenemos en el desempleo juvenil el grave problema de nuestra Comunidad Autónoma.

Es cierto que la evolución del desempleo juvenil en el último año ha sido positiva en Castilla y León: hemos bajado 8 puntos, estamos a 4 puntos de la tasa de paro juvenil en España, llevamos 43 meses continuados de descenso del paro juvenil, el paro registrado juvenil ha bajado más de un 13 % en el último año. Y algunos podrían decir: no, es que baja el desempleo juvenil porque se van los jóvenes. Pues bien, veamos los datos del último año: 7.000 nuevos ocupados jóvenes, 2.500 parados menos, y la población activa no ha bajado, sino que se ha incrementado en 4.700 activos.

En Castilla y León decidimos aportar el Sistema de Garantía Juvenil, incluir el Sistema de Garantía Juvenil, en el Plan de Empleo Joven, y además negociar las medidas con los agentes económicos y sociales y, también, con el Consejo de la Juventud de Castilla y León. El Plan de Empleo Joven presentado en febrero tiene una dotación presupuestaria de 180 millones de euros, que superan los 56 del Sistema de Garantía Juvenil. Es decir, las medidas del Plan de Empleo Joven integran el Sistema Nacional de Garantía Juvenil -58 millones de euros- más otros 120 millones de euros aportados con fondos autónomos y provenientes de la Unión Europea para el desarrollo y complementación del Sistema de Garantía Juvenil.

¿Para qué ha servido? ¿O cómo hemos implementado las carencias iniciales del Sistema Nacional de Garantía Juvenil? En primer lugar, mejorando la coordinación entre las distintas consejerías implicadas en el desarrollo y ejecución del Sistema de Garantía Juvenil, e involucrando también al Consejo de la Juventud y el Consejo del Diálogo Social. Y, en segundo lugar, superando esos errores iniciales de falta de información y de falta de inscripción, a través de varias medidas: en primer lugar, la red de informadores -hasta la fecha 10.000 jóvenes han sido informados a través de esta red de informadores establecida en Castilla y León-; la puesta en marcha del sistema Sigplus, que permite no solo la inscripción telemática, sino también la presencial en las delegaciones de la Junta en las distintas Consejerías y en las cabeceras de comarca de nuestra Comunidad Autónoma; y la puesta en marcha del... y desarrollo del portal de Empleo Joven, que permite no solo la inscripción sino también el acceso a las distintas medidas.

Los resultados, no siendo evidentemente óptimos, creo que nos llevan a la satisfacción: 17.000 inscritos a fecha de hoy -estamos hablando de que el ritmo actual de inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil en Castilla y León es de 75 inscripciones diarias-; somos la cuarta Comunidad Autónoma, la segunda no foral, que tiene un porcentaje de jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni trabajan, es decir, que no están... no están siendo beneficiados de ninguna de las medidas del Sistema de Garantía Juvenil; y tenemos una... un porcentaje del 75 % de cobertura de oferta dentro de los 4 meses -una, por cierto, también, de las más altas de España-.

Bien, frente a esto, el Grupo Parlamentario Podemos presenta una propuesta... una proposición no de ley igual a la que han presentado en Murcia, en La Rioja, en Castilla-La Mancha, respondiendo más bien a lo que se pretendía que fuera el Sistema de Garantía Juvenil sin conocer cuál era el desarrollo del Sistema de Garantía Juvenil en nuestra Comunidad Autónoma. Bien, para integrar, de cara al futuro, lo que está haciendo la Junta de Castilla y León, lo que prevé el Plan de Empleo Joven con la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Podemos y la que hace el Grupo Parlamentario Socialista a través de su enmienda, es por lo que hemos pactado estos tres grupos parlamentarios una propuesta de resolución conjunta, o enmienda transaccional, que he entregado a la Presidencia y que le corresponde su lectura a la portavoz de Podemos, pero que básicamente pretende -y concluyo con esto, presidenta- que, de cara al futuro, en la implementación y desarrollo del Sistema de Garantía Juvenil en España se... en Castilla y León, perdón, se tenga en cuenta, por supuesto, al Consejo del Diálogo Social y al Consejo de la Juventud, se oriente a los empleos estables y de calidad, se acentúe la información y difusión del sistema entre aquellos colectivos más necesitados...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor De la Hoz, tiene que terminar.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

(Concluyo). ... se integre en la coordinación al Consejo de la Juventud y al Consejo del Diálogo Social y, en definitiva, también a nivel estatal, se mejore la coordinación entre las Comunidades Autónomas. En total, estamos hablando de siete puntos pactados, que, repito, nos permiten, a través del diálogo social y el... [La presidenta retira la palabra al orador]. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra la señora Pascual Álvarez.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias, presidenta. Bueno, pues muy rapidísimamente. Quiero recordar las recomendaciones de la comisaria de Empleo: "Animo a España a hacer el mejor uso del Fondo Social Europeo y de la Iniciativa de Empleo Joven. Son instrumentos clave si queremos que las políticas públicas sean eficaces en términos de coste y den resultados reales y duraderos para los jóvenes". Creo que estamos todos de acuerdo en que este programa no está funcionando. Les recuerdo lo que decía el CES, lo califica... -el CES, el diálogo social- lo califica de fracaso, no solo por el escaso número de jóvenes sino, también por... por la excesiva burocratización, etcétera, etcétera.

Y sí, con el único objetivo y en aras de... de, bueno, de revertir la situación de nuestros jóvenes y, por supuesto, de nuestra Comunidad Autónoma -como siempre decimos, sin jóvenes no hay futuro-, pues entendemos que toda la colaboración para que este... este Programa de Garantía Juvenil funcione y consiga no solo mejorar en eficacia, sino en eficiencia, pues hemos acordado la siguiente propuesta de resolución:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a fin de que:

Primero. En la programación de las actuaciones a realizar hasta la finalización de la vigencia del Sistema de Garantía Juvenil, de acuerdo con el Consejo de Diálogo social y el Consejo de la Juventud de Castilla y León, potencie y programe medidas tendentes a favorecer empleos estables y de calidad, previo estudio y evaluación de las necesidades de los inscritos, y fijando objetivos cuantificables de las distintas medidas acordadas.

Dos. En ejecución y desarrollo del Plan de Empleo Joven 2016-2020, y en colaboración con el Consejo de la Juventud de Castilla y León, desarrolle campañas de información y difusión del Sistema de Garantía Juvenil, fomentando la inscripción de jóvenes desempleados que no estén formándose, especialmente dentro de aquellos sectores de población más alejados de los canales ordinarios de información.

Tercero. Cree una mesa de seguimiento y evaluación de la Garantía Juvenil en la que estén presentes las consejerías encargadas de su ejecución, los agentes económicos y sociales integrantes del Consejo del Diálogo Social y el Consejo de la Juventud de Castilla y León.

Cuatro. Realice todos los esfuerzos organizativos y estructurales, en el ámbito de sus competencias, que sean necesarios para dar cumplimiento al compromiso de que, en el plazo de 4 meses desde la inscripción, el joven inscrito reciba una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas. E igualmente para que facilite el acceso igualitario a todos los jóvenes destinatarios de las medidas, dotando de ayudas al transporte cuando sea necesario.

Quinto. A fortalecer la capacitación técnica a través de la mejora de los conocimientos de profesionales en los objetivos y la implantación real de la Garantía Juvenil.

Sexto. Se dirija al Gobierno de España para que por parte de este se mejore la coordinación de las medidas de Garantía Juvenil con las Comunidades Autónomas, a través de la Comisión Delegada de Evaluación y Seguimiento del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Séptimo. Se dirija al Gobierno de España a fin de que realice las modificaciones que permitan canalizar el sistema de inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil en el Servicio Público de Empleo y para que igualmente integre el Sistema de Garantía Juvenil dentro del sistema nacional de empleo".

Sí que... -con esto terminaríamos- sí que, bueno, me gustaría reconocerle al... al procurador Sarrión que su propuesta recoge en el espíritu de lo que planteamos, aunque, lógicamente, no podíamos entrar en este momento ya, de... de presentación de sus enmiendas, a incorporarlas en el texto más o menos consensuado.

Y bueno, simplemente, espero y deseo que revertamos, con este espíritu de colaboración que creo que todos tenemos, pues la eficiencia del Programa de Garantía Juvenil. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señora Pascual. Por el señor secretario se da lectura a la proposición no de ley número dos.

PNL/001020

EL SECRETARIO (SEÑOR CHÁVEZ MUÑOZ):

Proposición No de Ley número 1020, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para instar a la Junta a que se dirija al nuevo Gobierno de la Nación para que agilice la ejecución de las obras pendientes de la Autovía A-60, disponiendo los recursos presupuestarios necesarios, admitida a trámite por la Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión del día veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, con Registro de Entrada 7863, de once de octubre de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para presentar esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor Silván Rodríguez.

EL SEÑOR SILVÁN RODRÍGUEZ:

Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. El Grupo Parlamentario Popular presenta hoy ante este Pleno una proposición no de ley instando al nuevo Gobierno a agilizar la ejecución de las obras de la autovía A-60, disponiendo de los recursos presupuestarios para ello.

Y el porqué de esta presentación: porque continúa siendo una infraestructura y una autovía vital para no solamente dos territorios -Valladolid-León, León y Valladolid-, sino para toda Castilla y León. Y es vital porque contribuye y va a contribuir al desarrollo de toda nuestra Comunidad Autónoma.

Y no lo decimos ahora, lo hemos dicho siempre. Y también lo hemos dicho desde todas las instituciones: ayuntamientos, diputaciones provinciales, Junta de Castilla y León y Gobierno de España. Y ahí están los diferentes instrumentos de planificación de las infraestructuras del Gobierno de España, desde el Plan de Infraestructuras y Transporte dos mil-dos mil siete hasta el actual Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda dos mil doce-dos mil veinticuatro.

¿Y cuál es el estado de esa autovía? En servicio -lo sabemos todos-, el tramo desde Valladolid a Villanubla y el tramo desde León a Puente Villarente; 24 de los 133 kilómetros proyectados. Fruto del todavía también... -y hay que decirlo y reconocerlo- del Gobierno de España en funciones, se reanudaron a finales del mes de julio del año dos mil quince las obras en el tramo Puente Villarente-Santas Martas. Buena noticia, de la que nos congratulamos todos, pero también insuficiente.

Y, señorías, no es cuestión de mirar atrás. Las nostalgias, o la nostalgia y el intercambio también de reproches, no hacen autovías. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, y consideramos, el Grupo Parlamentario Popular considera que es el momento oportuno. ¿Por qué? Porque sigue existiendo -y más, si cabe- ese interés, ese interés redoblado, y la importancia de esta autovía para todos. Pronunciamientos de las instituciones locales -Ayuntamientos de Valladolid y León-, de las instituciones provinciales -Diputación Provincial de León y de Valladolid- y también pronunciamiento de la Junta de Castilla y León sobre la necesidad y la reivindicación irrenunciable de esta autovía.

¿Y por qué es prioritaria? También lo hemos dicho últimamente: por esa función integradora y vertebradora de nuestro territorio, por ese –también- eje logístico alternativo a la autovía, a la A-6, por ese eje económico entre parte de las... de la Comunidad Autónoma, y por ese eje social para toda la Comunidad Autónoma.

Y por todas estas razones, y porque consideramos que es un momento adecuado para formular esta proposición no de ley. ¿Por qué es el momento adecuado? Porque estamos en puertas de lo que va a ser en las próximas horas, en los próximos días, un nuevo Gobierno de España, de manera... de forma previsible, y creo que debemos de trasladar desde este mismo instante esa voluntad, que por parte del Grupo Parlamentario Popular se manifiesta a través de esta proposición no de ley, pero también me consta que por parte del resto de grupos de este arco parlamentario también están en esa misma disposición.

E, insisto, no es el momento de mirar atrás; sí es el momento de mirar hacia adelante y de trasladar al futuro e inminente Gobierno de España esta iniciativa parlamentaria, que espero que sea entre todos, porque todos la hemos consideramos y la consideramos fundamental: una autovía necesaria, una autovía irrenunciable y una autovía prioritaria para Castilla y León. Muchísimas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Muchas gracias, señor Silván. A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas, y para fijar posición, en representación del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, presidenta. Bien, lo primero que quiero decir es que, leyendo los antecedentes de la proposición no de ley del Partido Popular, tengo que decir, como primera conclusión, que existen muchos aspectos en los que sí que estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo en lo que usted decía, señor Silván, sobre que no hay que mirar para atrás. Yo creo que es importante mirar para atrás y hacer un poco de historia, para recordar, para no volver a cometer los mismos errores. A mí esto de mirar solo al futuro me parece muy bien, me parece estupendo, pero yo creo que también es importante mirar para atrás.

Fíjese, le voy a reconocer y estar de acuerdo en lo que ustedes dicen en la proposición no de ley, y es que en ese... ese elevado retraso del que hablan ustedes, que lo sitúan allá sobre el dos mil siete, casi diez años, y que lo achacan a tres problemas fundamentales: problemas de trazado, a la aparición de los restos arqueológicos de Lancia y a los recortes presupuestarios. Voy a aceptar, voy a aceptar eso.

Voy a aceptar también que de esas tres razones han producido ese retraso considerable, a una infraestructura de la que podríamos ser incluso hasta comprensivos en ese retraso, porque ustedes no son culpables de la aparición de los restos arqueológicos de Lancia, porque ustedes tampoco son responsables, fíjese, fíjese, tampoco pueden ser responsables de algún... de alguna disfunción en cuanto a su ubicación, porque es algo que suele suceder en estas infraestructuras. Y puedo ser de verdad que muy comprensivo con todas esas cuestiones.

Pero, verá, no puedo ser comprensivo con aquellos que tuvieron la responsabilidad en el Gobierno desde el dos mil siete. No puedo ser comprensivo con los recortes presupuestarios que no dejaron... que no dejaron más que una mera excusa para no ejecutar esta infraestructura, que es de una importancia vital para la conexión y para el desarrollo de León, y probablemente también de Valladolid.

Y voy más allá, y le voy a recordar, porque ya sé que usted no quiere mirar para atrás, pero yo sí voy a mirar para atrás. Fíjese, no es de hace diez años. Ustedes retrasan hasta donde ustedes quieren retrasar. Pero, fíjese, ya en el noventa y siete, en el noventa y siete, las Cortes aprobaron una proposición para hacer esta autovía. Con Álvarez Cascos de ministro de Fomento, en el año noventa y nueve, el proyecto se incluyó en el Plan de Desarrollo Regional. En el dos mil dos, el Ministerio de Fomento popular, de Álvarez Cascos, sacó a información pública el estudio de la denominada Variante de Villanubla-acceso al aeropuerto. Con el cambio de Gobierno, en el dos mil... en el dos mil cuatro, perdón, el catorce de marzo de dos mil cuatro, la carpeta de proyectos de la A-60 pasó a ser responsabilidad de la socialista Magdalena Álvarez, y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, paisano nuestro, aprovechó la celebración de un Consejo de Ministros en León, el veintitrés de julio de ese año, para apuntar dos mil nueve como año de entrada en funcionamiento de la autovía, dos mil nueve. En un primer momento, si ustedes recuerdan, en aquel año, ante una proposición presentada por Unión del Pueblo Leonés en la Diputación de León, PP y PSOE no consideraron urgente el debate. Hoy, noviembre del dos mil dieciséis, solo están abiertos el subtramo Puente Villarente-León, de 7,3 kilómetros, y el Valladolid-Villanubla, casi 17 kilómetros, y gracias.

Han conseguido entre todos que León y también Soria sean las únicas provincias, en el dos mil dieciséis, sin conexión directa por autovía.

La verdad es que tengo que reconocerle, señor Silván, valentía, valentía para venir aquí y presentar esta proposición no de ley. La verdad, es muy difícil explicar, es muy difícil explicar que una infraestructura con este nivel de intensidad viaria, una infraestructura tan importante, repito, para el desarrollo de León, e incluso de Valladolid, aún más teniendo en cuenta esa apuesta que ustedes vienen haciendo desde esta Junta de Castilla y León por mantener el nivel socioeconómico de la provincia de Valladolid, es realmente difícil de entender ese ritmo exasperadamente lento.

También le digo, para acabar, señor Silván, y se lo digo, permítanme la ironía, en León estamos mucho más tranquilos, porque sabemos que desde que los pendones de León salen de León y vienen a Valladolid, probablemente más cerca tengamos la autovía, porque eso, al fin y al cabo, es lo que para ustedes es el desarrollo de una infraestructura. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Castaño Sequeros.

EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Gracias, señora presidenta. Señorías, debatimos hoy una proposición no de ley que en su propuesta de resolución pide que se inste al Gobierno nacional a que... a que agilice, perdón, la ejecución de las obras pendientes de la autovía A-60 y que habilite una partida presupuestaria suficiente. Vaya por delante nuestro voto a favor. Y aunque, sinceramente, no debería hacer falta argumentarlo, lo voy a hacer.

Como bien se ha explicado, estas obras han pasado por un sinfín de avatares que, en un principio, podrían explicar los retrasos, si no fuera porque entenderán que en pleno siglo XXI todas las provincias castellano y leonesas deberían estar unidas con el centro neurálgico, en este caso Valladolid, por autovía. Eso, como mínimo. Porque cualquier Comunidad Autónoma debe tener un centro neurálgico perfectamente comunicado; esto es vital para crecer.

A día de hoy, veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, todavía no tenemos infraestructuras viales suficientes para poder competir en igualdad con el resto de Comunidades Autónomas, tanto económicamente como, por supuesto, en cuestión de servicios. Miren, esto me hace recordar unas reflexiones del compañero Santos Reyero, aquí, en Sesión Plenaria, en el que decía que, bueno, que quizá era más fácil administrar una Comunidad más pequeña. Claro, efectivamente, es más fácil administrar La Rioja que Castilla y León, pero todos esos inconvenientes de una Comunidad grande se vuelven automáticamente ventajas cuando somos capaces de organizar correctamente y vertebrar nuestra Comunidad.

Es decir, se puede afirmar sin miedo a equivocarnos que la mayor ventaja que tendrá nuestra Comunidad frente a otra será su tamaño, su extensión, ese va a ser nuestro gran músculo, nuestro músculo, y hay que aprovecharlo. Pero, lamentablemente, nuestra gran extensión tiene pendiente mucha inversión pública todavía. Inversión pública pendiente para ponerse a la altura del potencial de nuestra industria, sobre todo la agroalimentaria; pendiente para mejorar, en este caso concreto, de mejorar los flujos económicos entre Valladolid y León, entre... Valladolid y León; pendiente para mejorar las condiciones para que las empresas se localicen –se localicen- en nuestra gran Comunidad, que abran más los mercados a la iniciativa privada y al espíritu empresarial. Porque no olvidemos, no olvidemos nunca, que detrás de las empresas, de la industria, están las personas.

Y, aparte de la reducción de inversiones en nuevas carreteras, también hay que sumarle la reducción de inversión en mantenimiento, entrando en una espiral complicada, ya que la falta de inversión en mantenimiento en el presente implica una mayor inversión en el futuro; por tanto, poca eficiencia en la gestión del gasto público. Según la Asociación Española de la Carretera, Castilla y León tiene un firme deficiente, aunque es verdad que igual de deficiente que la media del país. Esto, sinceramente, a mí no me consuela. El déficit de inversión en las carreteras se está incrementando y el déficit acumulado va camino de ser inviable, si no se rompe a tiempo dicha tendencia. En concreto, Castilla y León tiene un déficit acumulado de 1.058 millones de euros, 62.907 euros por kilómetro, entre Estado, Comunidad Autónoma y diputaciones.

Es importante también entender que hacen falta carreteras, buenas carreteras, para evitar o frenar la despoblación. Se está hablando últimamente mucho del tema, de los estudios que prevén una migración de la despoblación... de la población –perdón- hacia poblaciones como la costa o grandes ciudades, con más oportunidad de trabajo para los demandantes de empleo.

Para Castilla y León no pinta bien, pero yo soy de los que piensan que todo es cuestión de actitud, de creer que es posible, de no tener complejos. Ayer se indicó que se podrían perder hasta 262.000 habitantes en los próximos años. En mi opinión –y es mi opinión personal- a un castellanoleonés no se le puede predecir, pasará lo que queramos que pase. El panorama que se nos va a presentar en el futuro, con un crecimiento demográfico que, sin ser el nuestro, va a ejercer una presión importante sobre los recursos naturales, presión que, si jugamos bien las cartas como Comunidad y apostando por la industria, nos va a empujar a crecer sí o sí. Lo peor que nos puede pasar, señorías, es que se localicen empresas fuera de nuestra Comunidad Autónoma a costa de nuestros recursos naturales, los mayores de España. La mayor industria agroalimentaria y la más potente tiene que ser la nuestra. Muchas gracias por su atención. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Muchas gracias, señor Castaño. En representación de Podemos, tiene la palabra el señor López Prieto.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Gracias, presidenta. Bueno, pues hoy debatimos una petición que es una iniciativa que se ha venido realizando de forma reiterada no solo aquí, sino también en otras instituciones, y que tiene su origen, como se ha dicho bien aquí, en el año noventa y siete, cuando estas Cortes defendieron el desdoblamiento de la Nacional 601. Pero es que 20 años después apenas se ha realizado un 25 % del trayecto.

En dos mil siete y dos mil ocho se adjudicaron los tramos entre Valladolid y Villanubla, y entre León y Santas Martas, con la promesa de la finalización de las obras en dos mil nueve, pero los recortes del Ministerio de Fomento frenaron esas expectativas en dos mil once, por lo tanto, lleva acumulado un retraso significativo, en una obra que geográficamente no tiene... no entraña especiales dificultades, no es necesario acometer grandes túneles o viaductos; sin embargo, han tardado en concluir 15 kilómetros 15 años. Así que mejor no calculen sus señorías la proporción de tiempo si trasladamos esta a los 92 kilómetros que quedan.

La inversión en este tipo de infraestructuras es importante, pero, a cambio, conseguimos vertebrar la Comunidad: mejoramos la comunicación entre León y Valladolid, pero también entre los municipios de la provincia de León, de Valladolid y de la provincia de Palencia, por proximidad, a lo largo del recorrido de la A-60, lo que conlleva también promover la actividad socioeconómica, facilitamos asentamiento, evitamos despoblación y abandono de nuestros pueblos. Por tanto, desde el punto de vista económico, va a permitir un incremento de las expectativas.

Por otro lado, a la hora de valorar este proyecto, nosotros también hemos tenido en cuenta la intensidad de tráfico que soporta actualmente la Nacional 601 y las perspectivas de la futura A-60. En este sentido, la Nacional 601 soporta una intensidad de tráfico en algunos tramos de 5.000 vehículos diarios y en los tramos ya ejecutados de la A-60 la intensidad de tráfico está por encima de los 10.000 vehículos diarios. Por lo tanto, no tiene visos de convertirse en una más de esas autopistas sin vehículos, de esos aeropuertos sin aviones y de esos AVE sin viajeros a los que nos tiene tan acostumbrados el Partido Popular.

Por lo tanto, apoyaremos la propuesta que trae hoy aquí a este... al Pleno el Partido Popular, para instar al nuevo Gobierno a que... de este país a la agilización del trámite del proyecto de la A-60, que, por cierto, ya tienen Presupuestos asignados para este año dos mil dieciséis, concretamente 720.000 euros y 960.000 euros para el año dos mil diecisiete, pero sabemos que esto solo será posible si hay una voluntad real por parte de la Administración del Estado a realizar esta A-60.

Quería aprovechar esta intervención para pedir al Partido Popular que sume a esta preocupación que tiene por las grandes infraestructuras pendientes en nuestra Comunidad, como la A-60, que se financian a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, a que sume a esta preocupación los inconvenientes que se dan en otros tipos de vías de nuestra Comunidad, que son de su titularidad, para que también ejecute, en este caso con financiación propia, pues mejoras de firme, que refuerce la seguridad vial, desdoble carriles, mejore intersecciones, ya que van a permitir y a facilitar el acceso de muchas y muchos castellanos y leoneses entre las zonas rurales de nuestra Comunidad. Nada más. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Muchas gracias, señor López. Para fijar posición, en representación del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Rubio.

EL SEÑOR RODRÍGUEZ RUBIO:

Señorías, decía el señor Santos Reyero que es bueno hacer memoria, y voy a hacer un poco de memoria, sobre todo, en materia de infraestructuras, en materia de inversión, y en relación a los tres tramos, al León-Santas Martas, Santas Martas-Villanubla y Villanubla-Valladolid, que son como están reglados en el Ministerio de Fomento.

En relación a las inversiones y al desarrollo o no desarrollo de cada uno de los tramos, es importante recordar que en el periodo dos mil ocho-dos mil once los Presupuestos Generales del Estado blindaron una inversión para el conjunto de esta infraestructura de 120,5 millones de euros; y en el periodo dos mil doce hasta la actualidad, Presupuestos vigentes, ha sido de 40 millones de euros. Es decir, el ritmo de ejecución en el periodo dos mil ocho-dos mil once, Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, señor Santos Reyero, 30 millones de euros al año; periodo dos mil trece... dos mil doce, perdón, hasta la actualidad, del señor Rajoy, 8.000.000 de euros al año. Tres veces menos. Esa es la realidad de los datos de los Presupuestos Generales del Estado.

Y, a partir de ahí, hubo dos inconvenientes en la ejecución de esta autovía, dos. Los restos, que usted bien decía, de Lancia, donde se hizo un planteamiento -que yo colaboré en él, que me parecía muy interesante, y se rechazó políticamente en aquel momento-, que era haber construido un museo con el 1 % Cultural en algún pueblo cercano a esos restos, para haberlos recuperado -que no los hubieran robado, como ha ocurrido-, y que hubiera podido generar empleo y economía en un municipio rural al lado. No se hizo.

Y dos, muy importante recordarlo, el tramo Villanubla-Santas Martas, para poder empezar su desarrollo del proyecto, tiene que pasar un trámite que es el estudio de impacto ambiental, y ese trámite no se puede desarrollar -y lo sabe muy bien el señor Silván- hasta que la Junta de Castilla y León o la competencia autonómica –en este caso, la Junta de Castilla y León- emita el correspondiente informe favorable. Es más, en el caso de que una Comunidad Autónoma emita un informe desfavorable, queda inmediatamente bloqueado el desarrollo de la infraestructura de esta vía.

Es importante tener estos tres datos, los voy a recordar: inversión en el periodo dos mil ocho-dos mil once; inversión en el periodo dos mil trece-dos mil dieciocho; y lo que ocurrió en esos dos puntos específicos, en el punto de Lancia, donde se propuso una solución que no fructificó, y en el tramo León-Santas Martas... en el tramo, perdón, Santas Martas-Villanubla, que aún está sin desarrollar el proyecto porque es necesario, de manera previa, como digo, el estudio de impacto ambiental.

Vaya por delante que el Partido Socialista va a apoyar esta proposición no de ley; la va a apoyar, porque la consideramos importante que haya un compromiso en esta Cámara, en esta Cámara, en relación a que se agilice la inversión en esta infraestructura, y más cuando llega, previsiblemente, de un acuerdo de dos alcaldes, de dos ciudades afectadas, y además cada una de un partido político. Por lo tanto, vaya por delante que la vamos a apoyar.

Pero permítame que les diga hoy aquí que, aparte de la A-60, señor Silván –usted y yo somos leoneses, el señor Santos Reyero también, el consejero también; hay muchos leoneses-, hay una infraestructura, que es la A-76, que también es muy importante porque conecta el Bierzo, Ponferrada –que lo sabrá su señoría Mar-, con Orense, la A-76, donde también la Junta de Castilla y León tiene que hacer un esfuerzo para desbloquear los estudios de impacto ambiental y agilizar la inversión en este proyecto. Por cierto, esta infraestructura sí que es verdad que la primera vez que aparece en un plan es en el año dos mil cuatro, en el PEIT (en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes); hasta ese año, no existía esa infraestructura. O más infraestructuras, como es la A-12, como es la A-73, en Burgos, como puede ser la autovía del Duero.

Por lo tanto, insisto, creo que es importante, el Partido Socialista va a apoyar esta proposición no de ley, pero que no nos olvidemos de otras infraestructuras que son capitales para la provincia de León, para la Comarca del Bierzo, como es la A-76. Me gustaría que también esta Cámara aprobara una proposición no de ley, como la que usted trae hoy, en apoyo a esta gran infraestructura que conecta el Bierzo con Galicia, o de otras que también requieren compromiso presupuestario en los Presupuestos, como es las que he citado anteriormente.

Por lo tanto, contará con nuestro apoyo, y espero que eso que hoy votamos aquí, la letra pase a ser realidad y los Presupuestos del próximo año tengan una inversión suficiente para acelerar esta infraestructura. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señor Rodríguez. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra el señor Silván Rodríguez.

EL SEÑOR SILVÁN RODRÍGUEZ:

Gracias, señora presidenta. Muy brevemente, porque yo creo que ha sido un planteamiento absolutamente coincidente entre todos los grupos parlamentarios, y, en ese sentido, sí quiero agradecer el tono, la forma y, tan importante como el tono y la forma, el fondo, porque yo creo que coincidimos absolutamente en todo.

Yo, señor Santos, cuando hablaba de no mirar al pasado, lo quería hacer en clave absolutamente positiva y activa; el retrovisor se lo dejo a los coches, yo quiero mirar hacia adelante, yo quiero que esos más de 100 kilómetros sean una realidad cuanto antes. Creo que tenemos el momento oportuno ahora, porque el Gobierno de España está a punto de constituirse, de formarse, y que esta unidad de acción reflejada aquí, en el Parlamento de Castilla y León, se pueda trasladar al Gobierno de España yo creo que es un punto tremendamente a favor, y, en ese sentido, bueno, pues también aplaudo y reconozco ese apoyo a esa autovía.

Y no hablaba de no mirar atrás como excusa ni como justificación. Como hemos visto aquí, ha habido muchos planes desde el comienzo del siglo para trasladar esa situación, y hoy lo hacemos de manera conjunta.

Coincidimos también absolutamente todos en la necesidad de esta autovía para dos provincias, esencialmente, pero para toda la Comunidad en su conjunto, como el resto de autovías de nuestra Comunidad Autónoma que continúan en ese estado de semiejecución, y que todos queremos que se pongan en servicio cuanto antes.

Pero también tenemos que ser objetivos en cuanto a las circunstancias que han acaecido, no solamente las circunstancias prehistóricas, los restos arqueológicos de Lancia, sino también las sobrevenidas hace escasos años, con ese escenario de dificultad económica, de dificultad presupuestaria, que ha obligado a los diferentes Gobiernos -nosotros también lo hemos sufrido aquí, en Castilla y León- a priorizar en cuanto a las inversiones y en priorizar en cuanto al destino de los Presupuestos Generales, tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma. Y, en ese sentido, yo –insisto- soy tremendamente positivo y traslado también ese... esa... ese aplauso y ese reconocimiento.

También le tengo que decir: no voy a entrar en periodos, no voy a entrar en Gobiernos de España, no voy a entrar. ¿Por qué? Porque, como bien se ha dicho aquí, cuando estamos hablando de infraestructuras y de grandes inversiones, las infraestructuras, desde que se planifican hasta que se plasman en un proyecto, en un papel, y se ejecutan en el territorio, pueden pasar diez, doce, trece años. Eso lo sabe perfectamente el señor Rodríguez. Y yo creo que en esa... en esa idea estamos todos.

Finalizo reiterando el agradecimiento. ¿Por qué? Porque no es un agradecimiento exclusivo del Partido Popular, yo creo que es un agradecimiento de todos los castellanos y leones hacia esta unidad de acción que, a través de esta proposición no de ley, refleja el Parlamento de Castilla y León.

Y yo, finalizo, hablábamos de la A-60, hablamos de la autovía León-Valladolid, Valladolid-León, y hablaba el señor Rodríguez de la A-76, la Ponferrada-Orense. Ahí está. Yo le digo al señor Rodríguez: traslade a esta Cámara una proposición no de ley incitando... vamos, estimulando la ejecución y la puesta en servicio de esta... de esa autovía, que también consideramos prioritaria para León y Orense, para Galicia y Castilla y León, y el Grupo Parlamentario Popular también votará a favor. No tenga ninguna duda al respecto. Muchísimas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señor Silván. Por el señor secretario se da lectura a la proposición no de ley que vamos a debatir en tercer lugar.

PNL/001021

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias, señora presidenta. Proposición No de Ley 1021, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta a la Junta de Castilla y León a remitir a las Cortes de Castilla y León el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y León 2016-2020 y a solicitar a las instituciones europeas la financiación de los proyectos incluidos en el mismo a través de los instrumentos previstos en el Reglamento Unión Europea 2015/1017, con número de Registro 7932 de fecha de ingreso.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para presentar la proposición no de ley, tiene la palabra el señor Izquierdo Roncero.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Buenos días. Y gracias, señora presidenta. El pasado dos de julio del año dos mil quince, el presidente de la Junta de Castilla y León, en su Discurso de Investidura, señalaba -y leo textualmente- que "En tal sentido, la Junta se propone reforzar sus programas de inversiones hasta alcanzar un importe cercano a los 2.000 millones de euros en los próximos cuatro años. En el marco de este esfuerzo, aprobaremos al comienzo de la legislatura un específico Plan de Inversiones Sociales Prioritarias por importe próximo a 600 millones de euros".

Lo cierto es que el comienzo de la legislatura se extendió hasta el catorce de julio del dos mil dieciséis, es decir, más de un año, fecha en la que, por fin, la Junta de Castilla y León aprobó el citado Plan de... de Inversiones Sociales Prioritarias. Eso sí, todo ello después de haber sido fustigado el Grupo Parlamentario Popular y la Junta de Castilla y León con una moción del Grupo Parlamentario Socialista y, en segundo lugar, con una propuesta de resolución, la única, por compromiso del presidente en ese talante tan dialogante del Partido Popular, que admitió al Grupo Socialista el Grupo Popular en el Debate de Política General de esta Comunidad Autónoma.

Y nos encontramos con que ese plan aprobado por la Junta de Castilla y León no es más que un cajón de sastre de cifras, sin que haya ningún proyecto concreto especificado, con plazos ni con ningún tipo de presión... de previsión, perdón, a pesar de lo que aquí se debatió en su momento, tanto con la moción como con la resolución a las que hacía mención con anterioridad.

Es más, el plan parte, además, de un importante... una importante consolidación de los recortes que ha llevado a cabo el Partido Popular en estos años. El plan habla de una inversión de en torno a 728 millones de euros, cuando en el periodo anterior, en la legislatura once-quince, la presupuestación de inversiones en las Consejerías de Educación, Sanidad y Familia ascendió a 1.093 millones de euros. Es decir, el plan ya parte con 300 millones de euros menos presupuestados, que es lo que ustedes presupuestaron en la pasada legislatura en... en esos cuatro años, desde el dos mil once hasta el dos mil quince.

Ayer por la tarde asistimos aquí al debate sobre algunas de estas inversiones que podemos calificar de sociales prioritarias, fundamentalmente de algunos de los retrasos que se van acumulando en algunos de los hospitales de nuestra Comunidad Autónoma, y ustedes pusieron de manifiesto que esto es la consecuencia de la absoluta falta de transparencia y de planificación en las inversiones en infraestructuras. Por eso planteamos esta moción. Una moción que tiene dos objetivos. El primero de ellos es pedirle a la Junta que remita una propuesta de inversiones que tienen que incorporarse a ese Plan de Inversiones Sociales Prioritarias para debatirlas y aprobarlas por estas Cortes de Castilla y León; y lo hacemos porque los socialistas estamos ya cansados de sus planes, sus estrategias, sus agendas... todos esos documentos en los que hablan de cantidades importantísimas, de millones de euros, pero que nunca tienen compromisos concretos, y que, para más inri, ustedes vienen incumpliendo sistemáticamente y con esa falta de transparencia –como digo- en la que no se concreta ningún tipo de inversión, para que no se... puedan ustedes rendir cuentas ante la ciudadanía.

Claro, ayer la consejera de Economía y Hacienda reiteraba las palabras del presidente en una pregunta parlamentaria. Esa frase que decía, en la... que si usted lo que pretende es que nosotros cayéramos en esa trampa de elefantes, con la... citando que si eran agravios comparativos el dar a conocer las propuestas de inversión que tendrían que ir en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, pues ya pone de manifiesto cuál es la intención del presidente de la Junta de Castilla y León. Dicho de otra manera, el presidente de la Junta dice que va a invertir muchos millones, y cuando se le pregunta en qué los va a invertir, la respuesta es -¡ah, sorpresa!-: ya iremos viendo con el anexo de inversiones. Que, por lo visto, el anexo de inversiones, entonces, no es un agravio comparativo de unos proyectos frente a otros.

Mire, lo que ustedes están haciendo con el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias es empaquetar la inversión de los próximos cuatro años, ponerle un lacito, que se llama Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, y nada más. Y nosotros queremos que se concreten cuáles son las inversiones que se tienen que ejecutar.

El segundo de los objetivos de esta proposición no de ley es allegar financiación para estas inversiones sociales prioritarias, que los proyectos que aprueben estas Cortes de Castilla y León sean presentados dentro del marco de ese Plan de Inversiones a las instituciones comunitarias para utilizar las herramientas del Plan Juncker, el Fondo Estratégico de Inversiones Europeas, la Garantía de la Unión Europea o el fondo que regula en el reglamento que se cita en el título de la moción. Y esto nos parece fundamental: buscar recursos para financiar estas inversiones y recursos económicos -o sea, recursos más baratos, digamos-.

Entendemos que dentro de los objetivos que están previstos en el Plan Juncker se contempla... por ejemplo, hay algunos objetivos que hablan de mejorar el capital humano, la cultura y la salud, por medio de, entre otras, la educación, la formación, soluciones sanitarias innovadoras y las infraestructuras sociales, donde cabe perfectamente las inversiones que vendríamos a llamar entre todos "sociales prioritarias".

Por tanto -y concluyo ya con esto-, lo que pretende esta proposición no de ley son esos dos objetivos: transparencia en las inversiones y mejorar y allegar recursos para su financiación. Espero que todos los grupos los compartan. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señor Izquierdo. A esta proposición no se han presentado enmiendas. Para fijar posición, en representación del Grupo Mixto, en un turno compartido, tiene la palabra el señor Sarrión.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Nada, pues va a ser absolutamente breve. Por nuestra parte el voto favorable. No parece que sea necesario listar toda la cantidad de necesidades en inversión que tiene esta Comunidad y que los diferentes grupos –y el nuestro entre ellos- venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Nosotros, desde luego, estamos de acuerdo en lo que se plantea, tanto en el primer como en el segundo punto, a pesar de que nosotros hemos sido muy críticos del Plan Juncker, y hemos manifestado nuestra oposición de manera firme en la Unión Europea, porque considerábamos que ha generado un desplazamiento sobre otros programas que ya existían en la Unión Europea, y que supone, en realidad, procesos de privatización encubierta y que supone mantener la primacía de los mercados sobre la democracia en las grandes decisiones de política económica. Pero una cosa es nuestra oposición al Plan Juncker –que nosotros mantenemos- y otra cosa muy diferente es aprovecharse del mismo; igual que planteábamos hace un momento respecto a la Garantía Juvenil. Por lo tanto, nosotros, nuestro voto va a ser favorable.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Tiene la palabra el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias. Bueno, pues yo también voy a ser bastante breve, porque creo que esta proposición no de ley tiene dos cuestiones fundamentales en su propia resolución, pero creo que son bastante claras: una, donde el Partido Socialista invita a la Junta de Castilla y León, o al Gobierno de la Junta de Castilla y León, a la búsqueda de financiación, participando de los diferentes programas europeos, a lo que las inversiones sociales prioritarias puedan concurrir. La verdad, no sé, supongo que está bien recordárselo al Gobierno, y supongo que el propio Gobierno se lo agradecerá, pero yo creo que es obligación del Ejecutivo acudir a cuantas convocatorias pueda en búsqueda de esa cofinanciación para inversiones sociales prioritarias, y también para cualquier otra. Recordárselo tampoco está de más, ¿eh? Apoyamos este recordatorio.

En cuanto al primero, nos viene un poco a recordar también la iniciativa que presentaron ustedes en el pasado mes de abril, donde se le pedía que aprobaran... o que fue aprobada por todos los grupos, donde se les pedía al Gobierno que nos manifestara o, de alguna forma, que nos... bueno, que cumpliera primero esa promesa de investidura del señor Juan Vicente Herrera; y ahora lo que nos piden es que especifiquen un poco esos proyectos, ¿no? Bien, no tenemos nada en contra, nos parece bien que lo especifiquen, y, por lo tanto, vamos a apoyarla. Nos parece bien debatir sobre proyectos concretos y creo que eso siempre es bueno. Por lo tanto, no tenemos tampoco más que decir.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Muchas gracias. Para fijar posición, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene el uso de la palabra el señor Mitadiel Martínez.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias, vicepresidente. Bien. La moción que se nos presenta tiene dos puntos que para nosotros merecen distinta consideración. En cuanto al primero, al de que se determine el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, cuenta con nuestro apoyo más absoluto. Entre otras cosas, por algo que ya he dicho cuando hablaba de sanidad, y es que justamente cuando los recursos son escasos es cuando es más necesaria la planificación, y que, en este sentido, el Partido Popular se equivoca; no es cuando... sí, cuando hay más dinero también es necesario la planificación, pero cuando hay menos es mucho más necesario.

En cuanto al otro punto, voy a partir de recordar de qué está compuesto el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, para después justificar mis dudas cuando no, que creo que el... el Partido Socialista no ha profundizado precisamente en la naturaleza del... del FEIE.

Mire, el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, en cuanto a sanidad, está compuesto por construcción o reforma de centros de salud, por construcción o renovación de hospitales y equipamiento, por tecnologías de la información, historia clínica; en cuanto a educación, hay obra nueva, ampliaciones y reparaciones de centros, equipamiento; en cuanto a servicios sociales, son residencias de mayores, centros de personas con discapacidad, centros de menores, Educación Infantil... En definitiva, de lo que estamos hablando, sobre todo, es de infraestructuras y equipamientos, ¿no?

¿Y qué... de qué se trata el... el FEIE? Esa es la cuestión fundamental. Y les voy a leer algunas cosas que dice el... el Reglamento. Dice: debe respaldar inversiones estratégicas, entre otras, proyectos de interés común orientados a la finalización del mercado interior en los sectores de infraestructuras del transporte, las telecomunicaciones y la energía, incluidas las interconexiones energéticas; la expansión de las energías renovables, de la eficiencia energética y de la eficiencia en la utilización de los recursos. Sigue enumerando: proyectos de interés común en los ámbitos de desarrollo urbano y rural y de lo social, del medio ambiente y de los recursos naturales. Plantea que el FEIE debe estar en condiciones de respaldar proyectos ecológicamente racionales, favorecer a los sectores y tecnologías que presenten un elevado potencial de crecimiento y contribuir a la transformación en una economía ecológica, sostenible y eficiente. Debe contribuir a reforzar la... la competitividad, el potencial de innovación e investigación y la cohesión económica, social y territorial. No sigo enunciando. Habla también de investigación, desarrollo e innovación. Esto es lo que dice el reglamento del FEIE.

Evidentemente, si lo que estamos hablando es de infraestructuras y de equipamientos, no parece que... que sea lo más adecuado. Pero, además, es que tiene una característica este... que no son subvenciones, es, digamos, estrictamente de financiación, y es que habla de colaboración público-privada, y, si lo ligamos infraestructuras y colaboración público-privada, lo que resulta me suena mal, o sea, me suena al Hospital de Burgos. Es decir, y yo estoy convencido de que no es ese precisamente el... el objetivo de la proposición que plantea el Partido Socialista.

Con lo cual, bueno, pues puede ser que haya leído de forma equivocada el Reglamento, pero el punto 2 creo que no es adecuado para la financiación de infraestructuras ni de equipamientos, que es más adecuado para el Plan Director de Promoción Industrial. Ahí sí considero que puede tener y tiene cabida, pero en este caso no. Y, entonces, lo único que les plantearía es que reconsideren el punto 2, que creo no aporta nada al objetivo fundamental, que es la determinación en la que estamos absolutamente de acuerdo.

Hay que planificar, y, sobre todo, hay que planificar cuando no hay dinero; y hay que tener claro, independientemente de todas las modificaciones que sufran después esos planes, que cuáles son las prioridades, sobre todo porque todos discutamos las prioridades, que no sean cuestiones decididas de forma política por la Junta de Castilla y León, sino que, en todo caso, sea una cuestión que asumamos todos los grupos, porque estamos hablando de cuestiones sensibles: estamos hablando de colegios, estamos hablando de centros de salud, estamos hablando de hospitales.

Y en cuanto al punto 2, yo le pido que... que lo tramite por separado o que nos aclare que estoy equivocado en los planteamientos que he hecho sobre el Reglamento del FEIE. Muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Muchas gracias. Para fijar posición, en representación del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, tiene el uso de la palabra la señora Domínguez Arroyo.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Gracias. Tercera vez, tercera, que se trae un debate a esta Cámara cuyo objeto es el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias. No deja de sorprendernos la vehemencia que necesitamos los grupos de la Oposición para que cumplan ya no con lo aprobado en esta Cámara -que también-, sino con lo que ustedes desde el Ejecutivo prometen.

No voy a poder evitar repetirme en datos que ya se han expuesto aquí, pero es que la situación es muy clara y concreta. Casi un año y medio después, no tenemos claro qué proyectos se incluyen en este plan y cuáles no. Tal vez acabemos la legislatura y sigamos intuyendo, que no sabiendo, cuáles de esos proyectos eran los que sí se contemplaban. Y es que el acuerdo adoptado en el mes de julio pasado no habla de las inversiones concretas: ¿cuánto se ha gastado ya de inversiones reales?, ¿qué se realizó en todo el primer año de legislatura, en el que, supuestamente, ya se debía haber invertido una parte, si atendemos a las palabras del presidente?, ¿o dejarán ustedes todo para finales de dos mil dieciocho y comienzos de dos mil diecinueve, aprovechando la nueva convocatoria de elecciones autonómicas?

Como decía, en el acuerdo adoptado en el mes de julio no se habla de inversiones concretas; y, no solo eso, sino que parece más un análisis de situación que un acuerdo en sí mismo, pues nos detalla a la perfección el número de profesorado o de centros de salud, por poner un ejemplo, pero luego no especifica cuáles son las... las inversiones concretas que se llevarán a cabo. Hablar en general de conceptos como equipamiento quirúrgico en sanidad, inversiones universitarias en educación o reposiciones de equipamiento en servicios sociales no es, en absoluto, tener certezas sobre dónde está yendo específicamente ese dinero.

Se alude a algunos proyectos concretos, como el Centro Base de Valladolid o el centro de menores Suero de Quiñones de León; pero en el área de sanidad, por ejemplo, ni un solo proyecto concreto. ¿Se destinará al Hospital Santa Bárbara de Soria, tras años de retraso en sus obras, o al centro de salud Federico García Lorca, en Burgos, once años de espera, o al Segovia IV, reclamado por sus vecinos y vecinas desde hace años? Y en cuanto a educación, ¿cómo van a hablar de infraestructuras si ni siquiera han sido capaces de mantener unas ratios dignas del profesorado? Y aprovecho para apoyar hoy desde esta tribuna a profesorado, alumnado, padres, madres, trabajadores y trabajadoras educativos en su huelga.

El segundo punto hace referencia a recurrir a fondos europeos para la financiación de estos proyectos, y, en este sentido, creo que recojo el guante del compareciente anterior. Nos puede parecer, de inicio, una buena iniciativa utilizar las herramientas financieras que tengamos a nuestra disposición, y votaremos a favor. Por desgracia, creemos que el Plan Juncker y sus fondos requieren de financiación público-privada, y vemos muy difícil el encaje de estos fondos con el Plan de Inversiones Prioritarias, por ello, sí que pediríamos al proponente que explique cuál es la estrategia que pretende seguir al plantear esto. Por ejemplo, nuestro grupo apoyó el proyecto de la biorrefinería en Bercial del Barco, lo que sí tendría un encaje seguro en este plan, cosa que, como digo, no vemos tan clara con el Plan de Inversiones Prioritarias.

De hecho, desde nuestro grupo pensamos que el Plan Juncker se queda corto, y se queda corto porque moviliza unos recursos que son insuficientes para reactivar la demanda interna, que sigue lastrando el crecimiento e impide la recuperación de la zona euro. La expansión monetaria no basta para la recuperación, y evidencia que, en una situación próxima a la trampa de liquidez, Europa debe apostar por una política fiscal de signo inequívocamente expansivo, especialmente en aquellos países que tienen más margen macroeconómico, como es España.

En nuestra opinión, hace falta revisar el Plan Juncker, porque no está dando los resultados que dijeron que iba a dar. La prueba es que, por ejemplo, este Plan de Inversiones Prioritarias tiene un difícil encaje en estos fondos, cuando no debería ser así. Nuestra apuesta sería un plan de inversión paneuropeo que consagre al menos el 4 % del PIB, y no la ridícula cantidad que se destina en este plan de la zona euro a las nuevas inversiones públicas que necesitan los Estados miembro para modernizar sus infraestructuras, para digitalizar sus economías y para impulsar la eficiencia energética y la rehabilitación inmobiliaria. Este plan podría canalizarse a través del Banco Europeo de Inversiones, y podría ser financiado con cargo a la emisión de bonos de deuda del BEI, respaldados en el mercado secundario por el propio BCE.

No quisiera yo terminar sin apelar a algo que ayer dijo la consejera: "Proyectos, proyectos, proyectos, para caer en el agravio comparativo entre territorios". Vergüenza debería darles su incapacidad para prometer un plan que, como también dijo ayer la consejera, no contaría con fondos adicionales. Y nos preguntamos: ¿nos está diciendo entonces que han convertido en plan los ejercicios presupuestarios ordinarios? ¿Nos están diciendo que son incapaces de realizar un plan sin caer en la desigualdad territorial? Yo creo que el Ejecutivo regional debe hacérselo mirar. Muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Muchas gracias. Para fijar posición, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene el uso de la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, señor vicepresidente. Debatimos una proposición no de ley, que ha presentado el Grupo Socialista, que yo quiero calificar de sorprendente. Porque es verdad que tiene dos propuestas de resolución, en la que la primera ya está cumplida, porque el Plan de Inversiones Prioritarias se presentó, se aprobó el catorce de julio, se publicó en el BOCYL el diecinueve de julio y se presentó y se remitió a estas Cortes en el compromiso de la proposición no de ley aprobada el día veinte. Y concretaba, además, cuantías específicas: 476 millones de euros en el ámbito de la sanidad, para la Atención Especializada en la Primaria y el equipamiento de nuestros centros de salud y hospitales; 214 millones de euros para la educación, tanto universitaria como la educación escolar; y 39 millones de euros para el área de los servicios sociales de la Comunidad, en el periodo dos mil dieciséis-dos mil veinte. Por lo tanto, cumplido una parte de su propuesta de resolución

Segunda parte: que el Pleno se pronuncie. Y es que el Pleno se pronuncia sobre las inversiones, y ya lo ha hecho, porque parte de esas inversiones ya están recogidas en los Presupuestos aprobados de dos mil dieciséis, en el Anexo de Inversiones que figura en el Tomo 13 de los Presupuestos, y, por tanto, el Pleno se pronuncia sobre las inversiones cuando se debate el Presupuesto. Lo que ustedes pretenden es trasladar ese debate del trámite presupuestario a otro momento político, pero el Pleno se pronuncia sobre las inversiones que se recogen en ese Tomo número 13 de los Presupuestos, cuando se presentan a esta Cámara.

Y sorprendente especialmente por lo que contiene el segundo... la segunda propuesta de resolución: es que los planes prioritarios en materia de inversión sanitaria, social y educativa se presenten al Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas. Y, claro, se hace una lectura sesgada, porque yo creo que nadie ha leído con detenimiento lo que supone este fondo. Este fondo surge con una dotación inicial de 21.000 millones de euros, y pretende tres objetivos fundamentales –lo dice textualmente el Acuerdo del Reglamento de la Unión Europea 2015/1017-:

El primero, incrementar la inversión, que ha caído sustancialmente en todo el ámbito de la Unión Europea, aproximadamente entre el 12 y el 15 % en el conjunto de la Unión Europea, sin incrementar la deuda pública de los países. El principal objetivo, por lo tanto, es que no se incremente la deuda pública, porque hay que tener en cuenta que tenemos un objetivo de deuda vinculado y un objetivo de déficit que nos pone la propia Unión Europea. Y la filosofía principal de ese Fondo Europeo de Inversión Estratégica es movilizar capital privado. Los 21.000 millones que se aportan se garantizan con fondos de la Unión Europea, presupuestados por importe de 16.000 millones de euros, a los que se suman 5.000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones. Y lo que pretende es sumar capital privado para llegar a una inversión global en el conjunto de la Unión Europea, en un periodo concreto de tiempo, de 315.000 millones de euros, de los que 240.000 se van a destinar a proyectos a largo plazo, en los que podríamos considerar elegibles los que usted plantea aquí, y 75.000 millones de euros se destinan al apoyo a la pequeña y mediana empresa, limitando el apoyo financiero a las empresas que tengan menos de 3.000 trabajadores.

Y me sorprende que una formación política como el Partido Socialista, que ha manifestado en esta Cámara su oposición al modelo de colaboración público-privado, que la Junta excepcionalmente ha utilizado en una infraestructura sanitaria en esta Comunidad, nos plantee hoy aquí que todas las inversiones sociales prioritarias se vayan a vincular, ahora sí, a un modelo de colaboración público-privada. Nuestro modelo para el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias es recursos públicos, y la dotación se va a concretar todos los ejercicios presupuestarios en el Anexo de Inversiones. Pero financiación pública; no queremos recurrir al modelo de colaboración público-privada. Y el FEIE exige el modelo de colaboración público-privada. Pero no lo digo yo, es que los proyectos que se han aprobado ya, y en España hay proyectos concretos aprobados, requieren en todo caso la colaboración público-privada, es decir, atraer recursos privados para mejorar el nivel de inversión en el conjunto de la Unión Europea. Aquí se han aprobado proyectos concretos, algún hospital, en un país concreto: el modelo del Reino Unido, el Hospital de Birmingham, aprobado por el Banco Europeo de Inversiones, modelo de colaboración público-privada.

Entonces, yo les insto, de verdad, a que sean coherentes y que retiren su propuesta de resolución número 2, háganlo. Porque no se puede estar diciendo aquí, en esta Cámara, que están en contra del modelo de colaboración público-privado y hoy nos traigan una propuesta para que toda la inversión social, sanitaria y educativa, en esta Comunidad, se vincule a un fondo que pide la colaboración público-privada.

Miren, señorías, por eso, y es tan claro, se crea el Portal Europeo de Proyectos de Inversión; se crea para que la inversión privada pueda conocer cuáles son los proyectos que necesitan financiación. Y la garantía de esos 21.000 millones de euros es un instrumento para financiar proyectos que en el mercado ordinario pueden tener difícil encaje. Esa es la filosofía del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas. Y ustedes lo saben, porque ustedes han presentado una iniciativa parlamentaria en la Comisión...

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Señor Cruz, vaya concluyendo, por favor.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

(Voy terminando). ... que puede encajar en el FEIE. Pero, desde luego, nuestro modelo no pasa por la colaboración público-privada de futuro, son recursos públicos; y ustedes, de verdad, tienen que mirar su coherencia, porque creo que adolecen totalmente de la misma. Nada más. Y muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Para cerrar el debate y fijar la posición del texto definitivo, por el grupo proponente, tiene el uso de la palabra el señor Izquierdo Roncero.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Gracias, señor vicepresidente. Bueno, en primer lugar, agradecer el apoyo expreso a Izquierda Unida y a UPL, y voy a tratar de aclarar algunas dudas al resto de los grupos, en cuestión... especialmente con el segundo de los puntos.

En primer lugar, yo quiero hacer una mención al primero de los puntos en la intervención del representante del Partido Popular, porque me sorprende que ustedes entiendan cumplido esa parte del acuerdo. Porque entramos en el debate, que además ayer la consejera trataba de eludir con esta terminología, que no es lo mismo plan que programa. La consejera ayer ya hablaba de programa, ya no hablaba de Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, porque, evidentemente, no es lo mismo un programa que un plan; y en un plan tendrían que venir las inversiones concretadas, con una periodificación en el tiempo y con la cuantificación de lo que supone cada una de ellas, que es lo que ustedes no han hecho, y es lo que les pedimos en el primero de los puntos. Por eso yo les digo que ustedes se cansan de aprobar estrategias, agendas, planes, programas, que no son más que empaquetar en lazos distintos las cantidades que después vienen en el Anexo de Inversiones.

Y le insisto en la idea de eso de los agravios comparativos que decía el presidente Herrera: cada año hacen ustedes un agravio comparativo en el Anexo de Inversiones; y a eso se le llama gobernar, y ustedes gobiernan de una determinada manera, haciendo agravios comparativos, cuando deciden invertir en un sitio y no en otro. Bien, pero eso es gobernar.

Por tanto, el plan debería de contener cuáles son las inversiones que ustedes consideran prioritarias. Porque si lo prioritario es, como le dije antes, sorpresa, y ya veremos cada año, pues entonces hacemos un pan como unas tortas –si me permite la expresión-, porque, realmente, para eso no hagan ustedes el plan; nos van contando año a año en el Presupuesto lo que van a gastar y cuánto van a gastar y evitan ese esfuerzo de papel y de mentes pensantes, que no sirve, sinceramente, absolutamente para nada si no plasman ustedes el conjunto de las inversiones.

Esa es la primera cuestión, ustedes han incumplido el compromiso del presidente Herrera. Es más, él mismo lo ha incumplido por no incorporar la relación detallada de proyectos de inversiones socialmente prioritarias.

Segunda cuestión. Yo no circunscribiría el debate del Reglamento que se cita en el expositivo de la moción estrictamente al Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas. Hay algunas herramientas más en ese Reglamento, como son la garantía de la Unión Europea, para financiar operaciones de financiación de inversiones aprobadas por el BEI, aprobadas por el Comité de Inversiones que se cita en el Artículo 7 del Reglamento. Por tanto, hay herramientas, no solo el fondo, hay otras herramientas de financiación, entre cuyos objetivos, y le citaba antes el Artículo 9 del Reglamento del FEIE, en el que se hablaba de cómo mejorar el capital humano a través de la cultura, la salud, la educación, la formación, soluciones sanitarias innovadoras y las infraestructuras sociales. Es decir, ustedes pueden pedir financiación al BEI y pueden solicitar la garantía de... que viene asociada a este Reglamento del Plan Juncker para financiar estas operaciones, y no tiene por qué ser colaboración pública-privada.

Porque, señor Cruz, cuando Puertos del Estado está solicitando fondos para el BEI, ¿es estrictamente colaboración público-privada? Pues yo tengo muchas dudas, señor Cruz. Pero cuando la consejera de Economía y Hacienda, entonces de Hacienda, en febrero de dos mil quince, anunciaba una relación de proyectos de inversión, una relación de proyectos de inversión que ella difundió a los cuatro vientos por los medios de comunicación después de una pregunta parlamentaria, en la que se decía "infraestructuras sanitarias en el periodo 15-17, 898 millones", ¿estaban hablando ustedes colaboración pública-privada o de inversión directa? [Aplausos].

Cuando hablaban de infraestructuras de transporte y enclaves logísticos... bueno, aquí le voy a admitir que puedan hablar de colaboración público-privada, pero, mire, infraestructuras en servicios sociales, discapacidad, mayores, etcétera, etcétera, 69 millones de euros. ¿Esto también era colaboración público-privada, según la consejera? Cuando hablaban ustedes de turismo y patrimonio cultural, 37 millones, ¿también hablaban de colaboración público-privada? Cuando hablaban 24 millones de infraestructuras educativas, ¿hablaban de colaboración pública-privada? Cuando hablaban de un montante total para dos mil quince-dos mil diecisiete de 2.126 millones de euros y la consejera decía que, de esos 2.126, en esos dos años, 1.016 millones eran de inversión pública, ¿estaban ustedes hablando de colaboración pública-privada? ¿O, a tenor de sus palabras, me está diciendo que la consejera mintió entonces y que estaba tomando el pelo a la Cámara y a todos los medios de comunicación que transcribieron después inmediatamente sus afirmaciones? [Aplausos].

Esto es una absoluta falta de seriedad por parte del Partido Popular, señor Cruz. Mire, yo ya le he explicado cómo creemos que hay una posibilidad de allegar fondos a través del Plan Juncker, que, lo he dicho en mi primera intervención, incorpora, y se dice además en el título del Reglamento, se crea un Fondo de Inversiones Estratégicas, se crea una garantía y se crea un fondo de garantía. Hay tres herramientas financieras, no es solo el fondo de... no es solo el Fondo Estratégico de Inversiones. Y con la garantía, como le digo, se puede además contribuir a mejorar la financiación de proyectos que pueda acoger el Banco Europeo de Inversiones.

Por tanto, creemos perfectamente financiable el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, si ustedes algún día deciden... se deciden...

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Concluya, señor Izquierdo, por favor.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

(Acabo ya). ... si se deciden ustedes aquí algún día a decirle a los castellanos y leoneses cuáles son para ustedes las inversiones prioritarias para Castilla y León. Muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Señor secretario, dé lectura al enunciado de la proposición no de ley número cuatro del orden del día.

PNL/001022

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Muchas gracias y a la orden, señor vicepresidente. Proposición No de Ley 1022, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para instar a la Junta a elaborar un mapa sobre la accesibilidad a Internet de banda ancha y promover un Plan de Expansión del Alcance de Banda Ancha en Castilla y León, un Plan de Retorno del Talento Investigador y a garantizar las condiciones de calidad y accesibilidad a los servicios públicos en el ámbito rural, con número 7997 de ingreso.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Muchas gracias por su amabilidad, señor secretario. Para presentar la proposición no de ley, por el grupo proponente tiene el uso de la palabra el señor Mitadiel Martínez.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias, presidente. Desde luego, mucho hemos hablado de despoblación en esta Cámara, y desde luego, y desgraciadamente, mucho vamos a seguir hablando, ya que la despoblación es uno de los grandes problemas de Castilla y León y las soluciones requieren políticas adecuadas y muchos recursos.

Seguramente me habrán oído decir que cada vez que un joven tiene que salir de nuestra tierra por la falta de oportunidades de futuro fracasamos todos. Pues serán conscientes de una cosa: últimamente hemos fracasado todos demasiadas veces en este ámbito. Si uno coge los datos del Instituto Nacional de Estadística, descubre que en los últimos seis años, entre el uno de enero de dos mil diez y el uno de enero de dos mil dieciséis, nuestra Comunidad perdió 92.538 habitantes y un 3,63 % de nuestra población actual. Estoy seguro que habrá alguien a quien no le gusta los datos que solemos recoger, por eso expondré otros más cercanos, y que seguro que le sonarán.

Señorías, si uno acude a las estadísticas de la propia Junta de Castilla y León, descubre que desde ese uno de enero de dos mil diez, todos los años, sin excepción, nuestra Comunidad ha estado en el ranking de las cuatro Autonomías que más población pierden, encabezando tan deshonrosa clasificación en un par de ocasiones de estos últimos seis años. Son datos, pero sobre todo son personas y es talento que hemos perdido. Y la despoblación es un fenómeno directamente ligado al mundo rural en Castilla y León.

También me habrán oído decir que hay dos... que hay varias cosas que fijan población en el mundo rural; es decir, la despoblación depende del empleo, de los servicios públicos y del equipamiento. Y todos somos conscientes de que la crisis económica se llevó por delante el empleo en el mundo rural, y que la posterior gestión de esa crisis se ha llevado por delante muchos servicios públicos en los pueblos de Castilla y León.

Nuestro grupo parlamentario ha fijado estos ejes en la lucha contra la despoblación. Necesitamos dinamizar nuestro tejido económico, facilitando la implantación de nuevas empresas en el mundo rural, y, a su vez, necesitamos garantizar servicios públicos de calidad en esos entornos rurales.

Señorías, la proposición no de ley que hoy presenta mi grupo parlamentario pretende impulsar la acción de la Junta de Castilla y León en dos de estos ámbitos: en primer lugar, pretende que se proyecten medidas que faciliten la labor de quienes hoy quieren emprender en el mundo rural de Castilla y León. Y cuando hablamos de emprender, de innovar, de poner en marcha un negocio, de dinamismo, estamos hablando de internet. Y cuando uno prueba la accesibilidad a internet en muchas de nuestras zonas rurales descubre que no es precisamente un aliado, sino un obstáculo a veces insalvable, para esa potencial nueva actividad económica. Tomemos un ejemplo: podríamos tomar del entorno de León, pero lo vamos a tomar del entorno de Salamanca, porque además corresponde a alguien que se sienta aquí, en esta Cámara, que vive a 26 kilómetros de Salamanca y que recibe una conexión a internet por satélite, donde solamente tiene garantizado 1 mega, que paga 50 euros al mes por ese mega, y que le hace imposible descargar un documento de trabajo. ¿Y pretendemos que alguien emprenda un negocio en un pequeño municipio de Castilla y León? ¿Que dote de actividad económica y empleo a la zona, si no puede realizar algo tan sencillo como enviar las facturas por correo electrónico? Y esto pasa a... –seguramente en el resto de las provincias pasa exactamente igual- a menos de 30 kilómetros de los... de las grandes ciudades. De verdad, no se lo estamos poniendo nada fácil, por mucho que luego se nos llene la boca de buenas palabras sobre el mundo rural.

En segundo lugar, nuestra propuesta pide... también pide un plan de retorno del talento para quienes han salido a formarse o a investigar fuera de España, puedan volver y desempeñar su vida laboral en nuestra tierra, y así generar el empuje que nos permita ganar el futuro.

Todo ello en el seno de una política económica que apueste por el emprendimiento de verdad y que facilite las cosas a quienes quieren crear empleo y riqueza.

Y por último, necesitamos dar un paso adelante en nuestro compromiso con los servicios públicos en el mundo rural: la calidad de nuestra educación, de nuestra dependencia, de nuestra sanidad, no se nombra una y otra vez, señores del Partido Popular; se defiende con los hechos. Y en el caso de la Junta de Castilla y León, con la gestión diaria. Como ejemplo –otra vez Salamanca-, no se fija población cerrando el colegio público de Monsagro o teniendo consultas de médico de cabecera una vez por semana. Así, señores consejeros, no se lucha contra la despoblación. Se fija garantizando a los padres que no tendrán que recorrer kilómetros y kilómetros para llevar a sus hijos a clase o para acudir al centro de salud. En definitiva, señoras y señores procuradores, planteamos una proposición no de ley con medidas que pueden ser implementadas desde mañana mismo para generar unas políticas decididamente eficaces en la lucha contra la despoblación.

Señorías, que no volvamos a fracasar, que no se nos vuelva a ir ni un solo joven fuera a buscar las oportunidades que aquí no tiene. Muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Muchas gracias, señor Mitadiel. A continuación, los grupos parlamentarios fijarán su posición. Primero lo harán los grupos que han presentado enmiendas y después el resto. El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León ha presentado una enmienda de sustitución a esta proposición no de ley. Es la Enmienda número 8168. Para fijar posición, en representación del Grupo Podemos, tiene la palabra el señor López Prieto.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Bien. Muchas gracias. Bueno, pues de acuerdo a la estructura de la proposición no de ley, en primer lugar me referiré a los puntos 1 y 2. Dentro de lo limitado de la normativa que atribuye la competencia al Estado y, por otro lado, respetando la libre competencia y la mínima intervención administrativa, pues solo nos queda delimitar cuál debe ser la actuación de la Junta a la hora de colaborar en el desarrollo de la extensión de los servicios de telecomunicaciones. Entonces, a este efecto, solo nos queda determinar cómo va a garantizar la cobertura de banda ancha de alta velocidad para que llegue a todo el territorio y, de esta forma, establecer la igualdad de oportunidades de acceso a la denominada era digital, especialmente a las zonas rurales de difícil cobertura.

La realidad es que, después de 43 millones de euros invertidos desde el año dos mil dos y después de dos años desde que se presentó la Agenda Digital, en Castilla y León hay 80.000 hogares, distribuidos por amplias zonas de nuestra Comunidad, que todavía no pueden conectarse a internet. La existencia de zonas de sombra repercute a la hora de garantizar una cobertura en condiciones óptimas. Los grandes operadores no van a llevar la fibra óptica a esas zonas por criterios de rentabilidad. La solución para los usuarios es la contratación de servicios de acceso a internet por satélite; así que el satélite es una solución, pero no es una solución perfecta, no solo porque rara es la vez que se consiguen conexiones similares a la ADSL, sino por el elevado coste económico del servicio.

Cuando el Partido Popular planteó en el mes de... del pasado mes de febrero una proposición no de ley sobre la mejora de acceso al servicio de banda ancha, ya presentamos enmiendas encaminadas a garantizar el acceso a las personas en el mundo rural en igualdad de condiciones que en las zonas urbanas; pero también hacíamos hincapié en mejorar las ayudas públicas para la contratación de servicios, aumentando las cuantías. Pero, lógicamente, las empresas que llevan... que dan este servicio saben de estas subvenciones, saben de que es un servicio exclusivo, por decirlo de alguna forma, y, al final, las subvenciones no acaban abaratando un servicio de internet.

Sobre el punto 2, decirle al señor Mitadiel que nosotros sí hemos... no nos ha costado mucho encontrar un documento oficial, en este caso del Ministerio de Industria, donde se refleja geográficamente, en este caso con datos del dos mil quince, la cobertura de banda ancha en Castilla y León. En este documento habla de una cobertura de ADSL de hasta 2 megas y de 10 megas, que incluso ha descendido respecto al año dos mil catorce. Por lo tanto, parece lógico que sobre este... sobre este mapa y sobre los problemas de la accesibilidad a la banda ancha, pues garanticemos, a través de un plan de expansión, pues determinar cómo garantizar la conectividad digital, teniendo en cuenta que la ley... en dos mil diecisiete, la ley marca que se tienen que garantizar 10 megas ya universales, 30 megas para el dos mil veinte. Sin embargo, en Castilla y León vamos retrasados, vamos muy retrasados, porque el 4 % de la población no alcanza los 2 megas y un 18 % no llega a los 10 megas. Y este problema lo planteamos en la Comisión de Fomento, con la intención de garantizar que se cumpla lo que exige la ley para el año que viene, sin embargo, esto fue rechazado por el Partido Popular, porque no lo entendió como lo entendíamos nosotros y como lo marca la ley.

Respecto a los puntos 3 y 4, pues nosotros siempre vamos a apoyar medidas urgentes para el retorno de todos nuestros exiliados económicos, incluso aquellos que estén desarrollando labores de investigación en el extranjero. Y, por supuesto, defender todos aquellos valores que garanticen el bienestar de las y los castellanos y leoneses, como es una sanidad, una educación y unos servicios sociales públicos y de calidad.

En este caso, discrepamos de lo propuesto por Ciudadanos. En Podemos consideramos que hay ciertas esferas de la vida que deben estar por encima de los valores del mercado. Por ese motivo hemos planteado una enmienda de sustitución al punto 3, que esperamos acepten; si no es así, pediremos la votación separada de al menos el punto 3 del resto de la propuesta de resolución. La enmienda de sustitución al punto 3 es la siguiente: "Elaborar un plan de retorno del talento investigador, con colaboración tanto de las universidades como de las empresas de Castilla y León, para atraer a los licenciados castellanos y leoneses que se encuentren desarrollando labores de investigación en el extranjero". Nada más. Muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Muchas gracias. Para fijar posición por los grupos no enmendantes, en primer lugar, y por un tiempo compartido, tiene el uso de la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Muchas gracias. Pues, efectivamente, la proposición, a nuestro juicio, trata cosas que son diversas entre sí, y por eso hay una cierta heterogeneidad en cuanto a su valoración. En cuanto a la primera parte, desde luego, nada que objetar a los dos primeros puntos.

Estamos de acuerdo en que hay un problema en la Comunidad, más de 17.000 castellanos y leoneses, castellanas y leonesas, no tienen acceso a internet a través de las operadoras convencionales, según un estudio realizado por la operadora de servicios por satélite Cuantis, elaborado junto a datos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Ciudadanos que, además, como es perfectamente sabido, se localizan en su mayoría en zonas con escasa densidad de población o con difícil acceso, donde la cobertura de las grandes operadoras no supera en ningún caso el 30 %; hablamos, por lo tanto, de zonas de Castilla y León donde hay enormes dificultades para crear cualquier tipo de actividad económica.

Hay un caso, por ejemplo, que yo he podido conocer con cierta cercanía, a través de varias reuniones, que es el caso de las casas rurales, el caso de los albergues y casas rurales, que tienen un enorme problema, en primer lugar, porque ya el tipo de persona que va a una casa rural va pidiendo una serie de elementos que garanticen una conectividad; pero, en segundo lugar, porque, además, muchas veces las reservas ya se están haciendo directamente a través de internet, por lo cual, ya no es una cuestión de mera comodidad del cliente, sino que, sencillamente, es imposible crear... –y hablo de este caso concreto, pero podríamos aplicarlo a cualquier otra cosa- es imposible crear cualquier tipo de pequeña empresa sin las condiciones que garantiza tener una mínima conectividad ADSL, etcétera. Hoy en día ya no es viable, ¿no?, exactamente igual que la cobertura telefónica.

Por lo tanto, en este aspecto, nosotros no tenemos nada que objetar, especialmente cuando vemos zonas como, por ejemplo, Burgos, la provincia con más habitantes desconectados, alrededor de 4.200; León, con 3.543; Soria, con 2.271; y también casos enormemente graves en Salamanca, Segovia, Zamora, Ávila, Palencia y también en Valladolid. Por lo tanto, en ese aspecto, ningún problema.

Sí tendríamos dudas, como se ha manifestado en la intervención anterior, con lo que se refiere al punto 3, con el Plan de Retorno del Talento Investigador, porque nosotros tenemos serias dudas de que los incentivos a empresas de cara a la contratación sean la política ideal. Es más, tendríamos que analizar cuál es la concreción exactamente de esto, porque los incentivos fiscales, a nuestro juicio, lo que han creado en muchas ocasiones no ha sido un resultado correcto, no hay más que ver...

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Señor Sarrión, lleva usted consumido dos minutos y medio.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

(Lleva usted razón. Vale). Por lo tanto, pediríamos votación separada del punto 3. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Tiene el uso de la palabra el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí, gracias. Gracias, señor vicepresidente. Bien, ya se ha dicho aquí, la verdad que es muy difícil tratar de forma homogénea toda la proposición no de ley, porque en la resolución creo que ustedes tratan temas bastante diferenciados, aunque intentan interconexionarlo con el efecto del abandono de nuestros jóvenes y la pérdida de población del medio rural.

Fíjense ustedes, en febrero del dos mil dieciséis ya el Partido Popular presentaba una proposición no de ley, con respecto a la brecha digital, donde reconocía la insuficiencia y donde reconocía ya esa brecha digital, ¿no?, y reconocía que era muy grande. Aunque intentaba minimizarlo diciendo que, bueno, que era una competencia estatal, que también influía mucho la libre competencia de las operadoras, e incluso nos decía también que esta Comunidad tenía una serie de singularidades territoriales que tampoco ayudaban en el proceso. Y aunque sea verdad, a mí me suena todo esto un poco a excusa, porque es asumir de alguna forma el déficit generado y la desigualdad de haber nacido o de nacer en determinados lugares de cualquiera de las dos regiones de esta Comunidad. Con lo cual, ante eso, solo podemos que rebelarnos.

Entonces, lo primero que se me ocurre, señorías, es que de las dos primeras proposiciones que ustedes presentan, que yo voy a apoyar, hombre, yo planteo una primera reflexión: si a estas alturas la Junta de Castilla y León, si a estas alturas la Dirección General de Telecomunicación tiene que elaborar un mapa para ver las sombras, vamos un poco, cuanto menos, retrasados, ¿no?, porque a estas alturas ya se debe de saber que en Fuentes de Carbajal no se pueden conectar, los niños de Fuentes de Carbajal no se pueden conectar. Y eso... eso creo que, de alguna forma, ya lo deberían de saber. Por lo tanto, bueno, aprobamos esas dos... o vamos a apoyar esas dos primeras resoluciones, porque también piden ustedes mayor dotación presupuestaria, y, como todo, en este caso también.

En la tercera, señorías, yo creo que es un poco diferente a todo lo que... lo que ustedes tratan aquí. También la vamos a apoyar, el favorecer el retorno de aquellas generaciones talentosas. No me voy a centrar mucho más en ella, porque se ha hablado ya en su momento y se han presentado proposiciones no de ley. Todos coincidimos en esa necesidad de que vuelvan aquellas generaciones mejor preparadas.

Y en el cuarto punto, pues también, lo vamos a apoyar porque nos parece también algo básico. Es decir, es importante mantener la calidad de nuestros servicios para que nuestra gente no emigre del medio rural. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para fijar posición, en representación del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Izquierdo Roncero.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Gracias de nuevo, señora presidenta. La verdad es que hay dos cuestiones que es lo que yo creo que concurre a que la gente decida mantener su residencia en un sitio: fundamentalmente, el empleo y, fundamentalmente, la calidad de los servicios públicos. Cuando fallan esas dos cosas, especialmente la primera, el empleo, pues difícilmente la gente puede tener la libertad de optar por dónde quiere residir y desarrollar su vida.

Y ayer hablábamos aquí, a una pregunta al presidente Herrera, de las previsiones de población, nada halagüeñas, para el dos mil treinta y uno, con una pérdida de en torno a 262.000 castellanos y leoneses, y, efectivamente, el debate en torno a cómo fijar población y evitar esta sangría y evitar que seamos los campeones mundiales de la pérdida de población, porque esto es un asunto europeo, estatal y mundial, pues seremos los campeones mundiales en pérdida de población, lamentablemente para nuestra Comunidad Autónoma.

La verdad es que cuando uno repasa -y lo hemos hecho ya en algunas intervenciones aquí en este Pleno- lo que ha sido el devenir de la economía de nuestra Comunidad Autónoma, podemos ver como, desde que el señor Herrera es presidente de la misma, nuestro PIB pesa mucho menos en el conjunto nacional. En el año dos mil dos pesaba el cinco y medio por ciento del conjunto nacional, y hoy día pesa el 5 % del PIB nacional, es decir, menguamos; crecemos, pero menos que la media nacional.

Y cuando uno desciende a uno de esos sectores, al sector que se tilda de prioritario en esta Comunidad Autónoma, que es el agrícola, comprobamos como en el mismo periodo de tiempo, desde que el señor Herrera es presidente de la Comunidad Autónoma, este se ha desplomado en un 26 %, un 26 % de riqueza menos genera nuestro sector primario que hace 15 años. Y eso tiene una consecuencia clara: desde dos mil ocho se han perdido 13.300 empleos, el 17 % del empleo del sector primario. Esa es la razón fundamental por la que la gente no se queda en los pueblos, porque no hay una actividad agrícola, un sector primario que garantice el mantenimiento de la gente en el campo, porque no da para vivir. Esa es la realidad de esas cifras macroeconómicas.

Evidentemente, aparte de las que plantean en su proposición no de ley, que vamos a apoyar, hay otra serie de medidas, que nosotros ya hemos avanzado en mociones, en proposiciones no de ley, que entendemos que pueden contribuir a dar un crecimiento mayor a nuestra economía, y, sobre todo, centrándolas también en algunas cuestiones a las que ustedes hacen mención en su proposición no de ley. Saben que nosotros hemos hablado de la necesidad de que la Comunidad Autónoma invierta en torno a 350 millones de euros en I+D+i, y ese es un compromiso que hemos trasladado en otros momentos. Igual que hemos hablado de un plan de retorno del talento profesional y científico, como lo que ustedes vienen a plantear, y que nosotros concretamos que tenga una dotación de 5.000.000 de euros al año; ustedes no concretan nada, pero el plan sería el mismo. A nosotros nos gusta concretarlo, porque queremos que haya cifras concretas en el mismo.

Y en cuanto a la banda ancha, que ustedes... o a las comunicaciones por internet –perdón-, que ustedes hablan de las zonas de sombra, hacía el procurador, el representante de Podemos alusión a los informes del Ministerio del año dos mil quince, hay algunos más actuales del primer trimestre del dos mil dieciséis, yo ya los he ilustrado aquí en alguna intervención en relación con una moción sobre I+D+i, donde podemos ver... [el orador muestra un gráfico] ... este es el mapa de cobertura de 30 megas de nuestra Comunidad Autónoma; de lo más oscuro a lo más claro, cien por cien de cobertura 30 megas, y ahí vamos bajando, el amarillo pesa mucho y el blanco pesa muchísimo también. Pero cuando vamos a una cobertura del cien por cien... perdón, de 100 megas, nos encontramos con este solar. [El orador muestra un gráfico]. Solo en las 12 o 15 grandes ciudades de la Comunidad Autónoma llega una cobertura de 100 megas, y el resto es un auténtico bardial. Es un vacío absoluto de cobertura de 100 megas. Y esta es una brecha que hay que romper. Nosotros lo planteábamos también en la moción vinculada a la interpelación de I+D+i que debatimos aquí en su momento. Por tanto, esa es una cuestión.

Y en relación con los servicios públicos, la mejoría, que es el otro aspecto fundamental para mantener población, pues ya acabamos de debatir sobre el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, que es fundamental; hemos criticado cómo se reparte el Fondo de Compensación Interterritorial en esta Comunidad Autónoma, no con criterios de solidaridad; y hemos también pedido en estas Cortes de Castilla y León la puesta en marcha del Plan de Convergencia Interior porque ya crecemos por encima del 2 %, y el Partido Popular se utiliza... se dedica a utilizar la posibilidad de redactar ese Plan de Convergencia como un elemento de chantaje en el torno del debate de la ordenación del territorio y de la aprobación de los mapas de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio.

Por tanto, vamos a aprobar... vamos a apoyar su proposición no de ley, pero sí nos gustaría que sus propuestas fueran menos vagas y más concretas, como las que le acabo de recordar que hemos plasmado a través de diversas mociones y de diversas proposiciones no de ley en este mismo Pleno de las Cortes. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señor Izquierdo. Para fijar posición, en representación del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Galicia Jaramillo.

EL SEÑOR GALICIA JARAMILLO:

Gracias, presidenta. Vamos a ver, muy buenas a todos, señorías. Debatimos aquí una... una PNL presentada por el Grupo Ciudadanos, con tres aspectos, como se han dicho: banda ancha, internet, establecer los mapas de sombra al plan de expansión; retorno del talento; y garantizar la continuidad de los... de la calidad de los servicios.

Con relación al primer punto de elaborar unos... un mapa de sombras, le quiero trasladar que la competencia en materia de telecomunicaciones lo tiene el Estado. Ese es el motivo por el cual nosotros no somos los competentes para elaborar ese mapa. Además, no solamente es eso, sino que el Estado tiene un mapa mucho más actualizado, controla los cambios que se producen en... por parte de los operadores, entonces, yo creo que sería mucho más adecuado que a la hora de hablar de ese mapa, hiciéramos un cambio; y yo le trasladaré una enmienda transaccional en ese sentido, con relación al punto 1. ¿Por qué? Porque creo que lo que tenemos que intentar es... o lo que le planteo es que los mapas elaborados por el Estado, por la Secretaría, en este caso, de Telecomunicaciones, sirvan como referencia a la hora de estudiar cómo se expande, cómo tenemos internet, cómo funciona la banda ancha. Por lo tanto, le propongo esa modificación, por ese motivo, que creo que es interesante.

En segundo lugar, con relación al punto segundo, promover un plan de expansión que alcance internet, le diré que, mire, impulsar y mejorar internet es un compromiso de la Junta, es un compromiso, y en el que se está trabajando y en el que nos hemos comprometido. Desde el año dos mil dos, ya la Junta de Castilla y León viene realizando un esfuerzo inversor muy fuerte para la cobertura de la banda ancha por toda... por toda la Comunidad. Mire, de los dos millones y medio de habitantes que hay en Castilla y León, son muy poquitos los habitantes que no disponen de los 10 megas, ¿eh? Y de casi los dos millones... casi 2.200.000 llega a redes de fibra y alta tecnología. Por lo tanto, creo que estamos trabajando bien, y está muy comprometida la Junta de Castilla y León. Y el objetivo precisamente de la Junta de Castilla y León es para el dos mil veinte tener los 30 megas, y cuanto antes alcanzar los 10 megas en toda Castilla y León.

Se están tomando muchas medidas por parte de la Junta de Castilla y León en este sentido: ayudas a teleoperadoras, dando ayudas de los Fondos FEDER, dando ayudas la Junta de Castilla y León, dando... colaborando con ayudas de... del Estado. Hay programas por parte de la Junta de Castilla y León en este sentido, para llevar internet a los colegios, a 896 colegios que no tienen internet, y ya, de paso, a las localidades. Lo mismo con relación a los centros de salud, y, de paso, a las localidades, para que llegue precisamente la banda ancha. Tenemos mesas con las diputaciones y, en último extremo, siempre tenemos la vía de los satélites, que es otra opción, y donde se están dando ayudas en inversiones y ayudas por parte de la Junta de Castilla y León.

Yo le propongo, dicho esto, una enmienda transaccional in voce, respecto a este segundo punto, en el sentido de seguir avanzando con las actuaciones de mejora, como eje central de la modificación.

Con relación al punto 3, elaborar un plan de retorno de talentos que incentiven las empresas, le voy a decir que la Junta de Castilla y León ahora mismo mantiene actualmente una política activa en cuanto a la atracción, retención y retorno de talento investigador, con muchísimas medidas: con ayudas para becas postdoctorales, con 30,6 millones de aquí a dos mil veinte, para luego incorporarlas a las unidades de investigación de las universidades; ayudas predoctorales al personal técnico durante dos años, con contratar 280 técnicos, 10 millones de euros hasta el dos mil veinte; tenemos ayudas dinerarias, el capítulo 1, en las universidades; tenemos ayudas concretamente a muchos centros importantes, como el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana. Se ha aprobado el RIS3... todo dentro del RIS3, que se ha aprobado precisamente la Estrategia Regional de Investigación e Innovación por parte del Consejo de Gobierno, que se aprobó el catorce de enero del dos mil dieciséis. Por lo tanto, se está trabajando.

Y ya, aprovechando la propuesta de Podemos, le voy a decir que el incorporar en la... en el número 3 a las universidades, para que también se colabore con las universidades en esta propuesta, la vamos a aceptar, ¿eh?

Y, por lo tanto, y en cuanto al punto número 4, garantizar la continuidad de los servicios sociales, yo creo que está usted muy bien... muy acertado a la hora de plantearlo, porque garantizar la continuidad, dicho de otra forma, es continuar garantizando los servicios públicos, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. Castilla y León es un referente en servicios públicos, en la calidad, y estoy seguro que eso está usted al corriente de ello, por eso dice seguir garantizando estos servicios. En educación, no hace falta más que acudir al informe PISA, que es donde obtenemos una nota muy por encima de los países de la CEOE, concretamente de la OCDE.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Galicia, tiene que terminar.

EL SEÑOR GALICIA JARAMILLO:

En el barómetro sanitario, en sanidad, en servicios sociales. Por lo tanto, leo la enmienda que propone el Partido Popular: tomar... con relación al punto 1, tomar como referencia los mapas de cobertura de la banda ancha que elabora periódicamente la SETSI para el diseño de las actuaciones que acometa la Junta de Castilla y León para la expansión de la banda ancha en la Comunidad. Y, punto número 2, como le he dicho, avanzar con las actuaciones de mejora de la calidad de acceso...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Galicia, tiene que terminar.

EL SEÑOR GALICIA JARAMILLO:

... a internet de la banda ancha, especialmente en el medio rural, con la suficiente dotación presupuestaria para alcanzar las máximas condiciones posibles ..... del servicio, de acuerdo con las posibilidades tecnológicas... [La presidenta retira la palabra al orador]. [Aplausos]

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra el señor Mitadiel.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias, presidenta. Y atenderé a sus recomendaciones y empezaré por el final, por la fijación de...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Muchas gracias.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

... posición. Bueno, vamos a aceptar la enmienda número 1 del Grupo Popular, entre otras razones porque, como han dicho aquí algunos de los grupos, no es necesario elaborar un mapa de sombras si existe algo suficientemente sólido que tiene la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y que nos puede permitir tener la misma información. En todo caso, efectivamente, nos permite el fijar que esa es la situación, y, a partir de ahí, el mejorar.

Aceptamos la número 2, que plantea el Grupo Popular, en ánimo de conseguir un compromiso que nos permita avanzar con las actuaciones de mejora de la calidad. Es verdad que de esto hemos hablado en muchas ocasiones y que seguiremos hablando. Pero el objetivo de nuestra proposición no de ley no es presentar un programa contra la despoblación; de esto se ha hablado la legislatura pasada, se está hablando esta legislatura, y requiere aspectos tan amplios que, desde luego, nosotros creemos que tiene que ser abordables entre todos, que nadie tiene la varita mágica para frenarla.

Por lo tanto, nos hemos fijado en determinados aspectos. Aceptamos las enmiendas del Grupo Popular, que volveré a leer al final. Y aceptamos la propuesta de enmienda del Grupo Parlamentario Podemos. Efectivamente, creemos que la universidad juega un papel importante, desgraciadamente –y digo desgraciadamente-, el primer papel en el retorno de los universitarios; entre otras cosas, porque me gustaría que fuera a la inversa, que primero retornasen a las empresas y el segundo papel lo tuviera la universidad, porque iría mejor para todo el conjunto. Es decir, presidenta, acepto las tres enmiendas planteadas, le doy el texto de las del Partido Popular, la otra está publicada.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Vale, muchas gracias.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Y únicamente el comentar algo en torno a lo que se ha dicho aquí. Bien, con respecto al punto número 1, efectivamente, utilizamos el mapa existente, no tiene... no tiene sentido el realizar uno nuestro. Segundo, con respecto a lo que planteaba Izquierda Unida, tocamos pocos aspectos, creo que ya lo he explicado, es decir, no pretendemos hacer ningún plan contra la despoblación, sino tocar aspectos que nosotros consideramos fundamentales. Esta era la misma crítica que planteaba la de... la de UPL.

El PSOE, sobre todo, fundamentaba que nuestras aportaciones son excesivamente vagas. Sí, es cierto, pero tiene una finalidad, la finalidad es que queremos suscitar el consenso. Es decir, si de aquí sacamos una unanimidad con respecto a criterios generales, será mucho más fácil después el impedir... o –perdón- el impeler a la Junta a que cumpla aquello de lo que hemos acordado por unanimidad. Por eso pretendo, o pretendemos, el no generar polémicas innecesarias, independientemente de que comparto con usted el criterio de que la planificación exige plazos, cuantías y métodos de ejecución y de control, evidentemente. Creo que eso lo compartimos perfectamente.

Y con respecto a lo que plantea el Partido Popular, bueno, hay una cosa en la que... en la que no estoy de acuerdo, es decir, que toda la Comunidad está cubierta por menos de 10 megas, pues no sé; ahora no está, pero tengo... hay un compañero que le puede decir que no, que en su casa no. O sea, es decir, vamos a ver, todos, todos tenemos que ser conscientes de que la cobertura de internet, la cobertura de banda ancha, con unas... con unos tráficos mínimos, solamente se dan en las ciudades. Es decir, alguien enseñaba un mapa de los 100 megas, pero si hubiese enseñado uno inferior, seguramente el mapa no sería muy distinto; salvo los núcleos más importantes, tenemos un grave problema de comunicación.

Y, por último, decir que creo que, sobre todo, lo más importante es lo de seguir garantizando los servicios públicos. Garantizar los servicios públicos significa...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Mitadiel, tiene que terminar.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

(Gracias, presidenta). ... supone no cerrar consultorios, no cerrar colegios. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. ¿Algún procurador quiere tomar la palabra? Sí, señor López Prieto.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Nada, agradecer que tenga en consideración nuestra enmienda. El resto de la corrección del texto también nos parece correcto. Y votaremos a favor de la proposición no de ley. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. ¿Alguien más? Bien. Pasamos a las siguientes proposiciones no de ley: la 4.5 y la 4.6, que se van a debatir conjuntamente. Le ruego al señor secretario que dé lectura al contenido de las mismas.

PNL/000217 (Retirada) y PNL/000218

EL SECRETARIO (SEÑOR CHÁVEZ MUÑOZ):

Pues Proposición No de Ley número 217, presentada por los procuradores José Luis Aceves Galindo, doña Virginia Jiménez Campano, don Juan Carlos Montero Muñoz, doña María Josefa Díaz-Caneja Fernández y don Juan Luis Cepa Álvarez, para instar a la Junta a que en plazo de seis meses desarrolle reglamentariamente todos los aspectos relacionados con los recursos pastables pendientes de la Ley 1/2014, de diecinueve de marzo, Agraria de Castilla y León, contando con las organizaciones agrarias, cooperativas, actores del sector y grupos parlamentarios, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 35, de quince de octubre de dos mil quince.

Y, al mismo tiempo, la Proposición No de Ley número 218, presentada por los procuradores don José Luis Aceves Galindo, doña Virginia Jiménez Campano, don Juan Carlos Montero Muñoz, doña María Josefa Díaz-Caneja Fernández y don Juan Luis Cepa Álvarez, para instar a la Junta a que en plazo de seis meses desarrolle reglamentariamente todo lo relacionado con las concentraciones parcelarias, según Ley 1/2014, de diecinueve de marzo, Agraria de Castilla y León, contando con las organizaciones agrarias, cooperativas, demás actores del sector y grupos parlamentarios, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 35, de quince de octubre de dos mil quince.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para presentar las proposiciones no de ley, por el grupo proponente, tiene la palabra el señor Aceves Galindo.

EL SEÑOR ACEVES GALINDO:

Bien. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Debatimos ahora dos proposiciones no de ley que provienen del debate de la Comisión de Agricultura celebrada hace más de ocho meses, exactamente fue el día nueve de febrero, y que fueron presentadas por este grupo el pasado septiembre del año dos mil quince. Por cierto, reunión de la Comisión de Agricultura en la que pudimos comprobar una vez más como en esta Cámara parece ser que alguien pretende hacer oposición de la Oposición. Me refiero porque en esa misma sesión se debatieron también dos proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Popular en la que simplemente cambiaba, de forma un poco extraña, lo que era el carácter intemporal de la propuesta que hacía el Grupo Socialista. Las dos PNL, empatadas a Comisión, pedían el desarrollo de la Ley Agraria, la reglamentación en cuanto a los temas de recursos pastables y concentración parcelaria.

No voy a reproducir, desde luego, señorías, pero sí que me gustaría... no reproducir el debate, pero sí que me gustaría, en este caso, plasmar cuatro evidencias. La primera, la Ley Agraria se aprobó en esta Cámara por un amplio consenso con todos los sectores implicados y los grupos políticos para que fuera una herramienta útil para intentar mejorar el sector agropecuario de nuestra Comunidad Autónoma; por lo tanto, esa cohesión del territorio y esa permitir oportunidades a los pobladores del medio rural era un aspecto fundamental. El segundo, la Consejería de Agricultura no ha cumplido, ha incumplido claramente el mandato de estas Cortes y, por lo tanto, de la ley aprobada, porque no ha desarrollado, después de dos años de haber cumplido la misma, la reglamentación en todos los aspectos. La tercera, parece que no es prioritario, por los últimos movimientos, el desarrollo de la misma, aunque parece ser que la presentación de estas proposiciones no de ley, y hoy en este Pleno, parece que ha removido algunos cimientos. Y, por tanto, señorías, si en esta Cámara descansa la soberanía del pueblo y, por lo tanto, un mandato de la misma obligaba a reglamentar la ley, no nos queda más remedio a todos nosotros de votar a favor.

Decirles que la PNL 217, después, ya digo, de ocho meses de la misma, se ha producido, en este caso, ya la publicación, en el Boletín de Castilla y León del mes de julio, del Reglamento, y, por lo tanto, señora presidenta, pediría que en la votación retiramos esta Proposición No de Ley número 217, mantenemos la anterior, relacionada con lo que es la concentración parcelaria, ya digo, porque se ha cumplido. Por lo tanto, satisfechos de que el trabajo de este grupo haya servido para mover esos cimientos y mover esas estructuras.

Y, señorías, sin más, espero contar con el apoyo de todos ustedes en lo que es la moción relacionada con las concentraciones parcelarias. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para fijar posición, en representación del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Bien, presidenta. Rápidamente, y de forma muy breve. La primera ya ni siquiera entro, porque la ha retirado el proponente. Y, sobre la segunda, simplemente mantener nuestro voto y el sentido del voto de la Comisión correspondiente, porque, entre otras cosas, es dar cumplimiento al desarrollo reglamentario, que ya va con cierto retraso. Aunque me da a mí la sensación que también para esto, prácticamente, ya está realizada. Con lo cual, bueno, pues nada, mantenemos ese voto.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Castaño Sequeros.

EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Muchas gracias, presidenta. Mantenemos nuestro voto a favor para las dos proposiciones no de ley, incluso la que retiró; me acuerdo... me acuerdo del debate de esa Comisión. Es verdad que la Ley Agraria, bueno, pues tuvo un consenso amplio, total, pero, a lo mejor, el plazo de un año era corto. Si bien es cierto, si bien es cierto, que la Oposición tiene que hacer su trabajo, ¿eh?, ese impulso a través de la proposición no de ley, pues, efectivamente, puede haber conseguido que esta proposición no de ley ya esté debidamente reglamentada. Por lo tanto, eso, desde luego, a mí... yo, en ese aspecto, se lo acepto.

En cuanto al de las concentraciones parcelarias, pues lo mismo. En este caso pues es el PDR 2016-2020, que es absolutamente necesario. Es verdad que la consejera, en su momento, en su primera comparecencia lo dijo, y esperamos que se reglamente o que se impulse de la misma manera que se ha hecho con la primera proposición no de ley empatada que acabamos de debatir. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Entiendo que, en la medida en que ha sido retirada la PNL 217, debatimos solo la 218. ¿De acuerdo? Aunque primero habían decidido el debate conjunto, pero ha sido retirada. Solo la 218. Tiene la palabra, en representación de Podemos, el señor Díez Romero.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Bueno, pues desde nuestro grupo también reiterarnos en los argumentos que dimos en la Comisión. Cierto es que la Ley Agraria fue una ley que fue de consenso por parte de todos los grupos. Sí que es verdad también que tres años después nos encontramos con que esta ley se está incumpliendo, por no haberse desarrollado las normas reglamentarias de la ley. Y, aunque la Ley Agraria es un gran avance para nuestra Comunidad Autónoma, nuestro grupo es crítico también con este tema de las concentraciones parcelarias, porque, como ya dijimos en la Comisión, creemos que abre la puerta a la privatización de las mismas.

Mostrar nuestra preocupación, y, para no romper... y, desde luego, no vamos a romper el consenso que hemos alcanzado en el día de hoy en todas estas proposiciones no de ley, y, quedando aclaradas... esperando que queden aclaradas estas cuestiones en el posterior diálogo con las organizaciones agrarias, sí que nos gustaría decir que abogaríamos siempre por que desde la Junta se opte por la opción a) del punto 2 de la Ley Agraria. Y nada más. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para fijar posición, en representación del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Reguera Acevedo.

EL SEÑOR REGUERA ACEVEDO:

Muchas gracias, señora presidenta. Bien, en Comisión de Agricultura es habitual que participemos de una tendencia al consenso, por eso estos acuerdos que tenemos habitualmente tienen mucha más enjundia que estas dos PNL que debatimos aquí, en donde se contemplan simples plazos. Hemos dicho siempre que, para nosotros, lo importante es la perfección de la obra, no el tiempo que lleve en crearla.

Pero, por eso, a mí me sorprende la retirada que han hecho ahora de la proposición, cuando han tenido tres meses para haberlo... haberla retirado. Quizás hayan perseguido, señor Aceves, algún minuto de gloria, algún lucimiento o hacer el paripé en este hemiciclo.

No me gustaría que se arrogara usted ahora ser el desfacedor de gestas parlamentarias, porque va a llegar un momento en que, como va a ser usted el responsable de todo lo que hace la Junta, y hace bien, le vamos a terminar llamando el Superman de este hemiciclo.

En cualquier caso, gracias por ahorrarnos el ridículo de tener que instar a la Junta aquí a hacer lo que hace tres meses ya ha hecho. No, no creo que sea bueno eso.

En relación con la mantiene en vigor, sí le diría que vamos a votar a favor, en cualquier caso, porque si hace una... si hubiera usted hecho en la Comisión un simple ejercicio de aritmética...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Reguera, tiene que terminar.

EL SEÑOR REGUERA ACEVEDO:

... parlamentaria, se hubiera dado cuenta que seis meses de su PNL más ocho, son ya 14 meses. Está en línea con lo que dijo la consejera, en cuyo caso la vamos a aceptar. Si quiere hacer una transacción y resumir...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Reguera, termine.

EL SEÑOR REGUERA ACEVEDO:

... diciendo... [La presidenta retira la palabra al orador]. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra el señor Aceves.

EL SEÑOR ACEVES GALINDO:

Gracias, presidenta. Siguiendo sus recomendaciones, primero voy a leer la propuesta de resolución y luego haré una aclaración.

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, en el plazo de seis meses, desarrolle reglamentariamente todo lo relacionado con las concentraciones parcelarias, según la Ley 1/2014, de diecinueve de marzo, Agraria de Castilla y León, contando con todos los actores implicados en el sector".

Y bueno, agradecer, desde luego, a todos los grupos su posición, sobre todo a los que han mantenido el mismo discurso, y lamentar que el Partido Popular, pues bueno, pues es como el Guadiana, aparece y desaparece. El señor Reguera intenta aquí darnos de lección de... bueno, pues de muchísimas cuestiones, pero, realmente, lo que ha quedado de manifiesto es que lo que le gusta es hacer oposición a la Oposición, y hoy lo ha vuelto a demostrar. Siga haciéndolo. Desde luego, este grupo parlamentario presentó en septiembre de dos mil quince esta proposición no de ley, la debatimos en febrero, y fíjese qué casualidad que el viernes parece ser que comienzan a moverse los cimientos de esta Consejería para que haya un reglamento de concentración parcelaria. Bienvenido sea el trabajo parlamentario, aunque usted lo intente ensombrecer. ¿Sabe por qué? Porque la realidad es que lo que demanda la sociedad de Castilla y León y los agricultores es que la Junta trabaje y cumple lo que este Parlamento aprobó en la Ley Agraria. Eso es lo importante y en eso me quedo.

Por lo demás, sus salidas de tono, me gusta muy bien como teatro, pero realmente me gusta trabajar. Muchas gracias. [Aplausos].

Votaciones PNL

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Pasamos ahora a la votación de las proposiciones no de ley que han sido debatidas. Sí, vamos a dar tiempo a que suba el señor secretario para poder votar, porque no va a votar en diferido.

PNL/000769

Votamos, en los términos fijados por su proponente, la Proposición No de Ley 769, presentada por el Grupo Podemos, para instar a la Junta a adoptar las medidas que se detallan en el Plan de Garantía Juvenil de Castilla y León y exigir al Gobierno que cree una oficina nacional para la coordinación de actores implicados en la implementación del plan a nivel nacional. Comienza la votación.

Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: ochenta y cuatro. Queda aprobada la proposición no de ley.

PNL/001020

Votamos la Proposición No de Ley 1020, presentada por el Grupo Popular, para instar a la Junta que se dirija al nuevo Gobierno de la Nación para que agilice la ejecución de las obras pendientes de la autovía A-60. Comienza la votación.

Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: ochenta y cuatro. Queda aprobada la proposición no de ley.

PNL/001021

Votamos la Proposición No de Ley 1021, presentada por el Grupo Socialista, por la que se insta a la Junta de Castilla y León a remitir a las Cortes de Castilla y León el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y León 2016-2020 y a solicitar a las instituciones europeas la financiación de proyectos incluidos en el mismo a través de los instrumentos previstos en el Reglamento de la Unión Europea 2015/1017. Comienza la votación. Guarden silencio, por favor.

Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: cuarenta y tres. En contra: cuarenta y uno. Queda aprobada la proposición no de ley.

PNL/001022

Votamos, en los términos fijados por su proponente... Guarden silencio, porque luego ustedes se equivocan cuando votan. Si guardan silencio, a lo mejor no se equivocan. Votamos la Proposición No de Ley 1022, presentada por el Grupo Ciudadanos, para instar a la Junta a elaborar un mapa sobre accesibilidad a internet de banda ancha y promover un plan de expansión del alcance de banda ancha en Castilla y León, un plan de retorno del talento investigador y a garantizar las condiciones de calidad y accesibilidad a los servicios públicos en el ámbito rural. Comienza la votación.

Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: ochenta y cuatro. Queda aprobada la proposición no de ley.

PNL/000218

Y votamos ahora la Proposición No de Ley debatida en sexto lugar, número 218, presentada por los señores Aceves Galindo, señora Jiménez Campano, señor Montero Muñoz, señora Díaz-Caneja Fernández y señor Cepa Álvarez, para instar a la Junta a que en el plazo de 6 meses desarrolle reglamentariamente todo lo relacionado con concentraciones parcelarias, según la Ley 1/2014, de diecinueve de marzo, Agraria de Castilla y León, contando con las organizaciones agrarias, cooperativas, demás actores del sector y grupos parlamentarios. Comienza la votación.

Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: ochenta y cuatro. Queda aprobada esta proposición no de ley.

Por el señor secretario se procede a dar lectura al quinto punto del orden del día.

Toma en consideración PPL/000005

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias. Quinto punto del orden del día: Toma en consideración de la Proposición de Ley 5, para la reforma de la Ley 3/1987, de treinta de marzo, Electoral de Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para formular un turno a favor en esta proposición de ley, tiene la palabra el señor Fuentes Rodríguez.

EL SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señora presidenta. Iba a saludar también al presidente de la Junta, pero parece ser que se ha tenido que ausentar.

Señoras y señores procuradores, tomo la palabra en esta Cámara para solicitar hoy su apoyo a la toma en consideración de la propuesta de Ciudadanos para reformar la Ley Electoral de Castilla y León de mil novecientos ochenta y siete, hace casi treinta años. Un apoyo que en el día de hoy circunscribo únicamente a la voluntad -espero mayoritaria- de estas Cortes, de actualizar, de renovar y de mejorar la legislación que determina las condiciones en las que los castellanos y leoneses elegimos democráticamente a los representantes en nuestras instituciones autonómicas.

Me gustaría que se comprendiese que la votación de hoy... no como un apoyo incondicional a nuestra proposición de ley, sino como una oportunidad para abrir un debate sano en las Cortes de Castilla y León sobre cómo podemos mejorar nuestra Ley Electoral, con el fin de elevar el prestigio de nuestras instituciones políticas, así como la calidad de la relación entre los representantes y los representados.

Desde luego, así es como lo ha entendido el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en estos procesos durante esta legislatura. Y es por ello que siempre hemos facilitado, con el sentido de nuestro voto, el paso adelante de las iniciativas, no siempre comulgando con las mismas, pero entendiendo que en el debate legislativo posterior cada uno de los grupos parlamentarios podremos aportar nuestro trabajo, nuestras ideas y nuestras enmiendas.

Somos conscientes que el mejor instrumento para modificar el marco legal sobre la materia electoral en Castilla y León es la reforma del Estatuto de Autonomía. Del mismo modo, somos conscientes de la complejidad que supone aunar las voluntades en torno a esta reforma, a la cual, si bien no renunciamos, la vamos a situar en un escenario negociador diferente. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos entiende que se pueden realizar avances significativos a través de la reforma y la actualización de la Ley Electoral de Castilla y León, ahora que prácticamente, como he dicho anteriormente, van a cumplirse 30 años desde su entrada en vigor. Tenemos la oportunidad de ser ambiciosos e innovadores y marcar hoy camino a reformas electorales no solo en otras Comunidades Autónomas, sino también en el ámbito nacional.

Ciudadanos plantea un texto que es, de partida -y quiero dejarlo claro desde el principio-, negociable en todas sus propuestas y con todos los grupos de estas Cortes. Una negociación en la que ha de... en la que, de antemano, manifiesto la voluntad de Ciudadanos de huir de aquello que genere discrepancias y controversias, de manera que se pueda avanzar en aquellos principios rectores que compartamos entre todos.

Pero aviso que es un texto y una reforma ambiciosa: incorpora muchas medidas que ya han sido comprometidas por algunos grupos y vistas con simpatía por otros; incluye la compatibilidad para ser procurador autonómico en las Cortes de Castilla y León y a la vez alcalde o concejal de un municipio de más de 20.000 habitantes en nuestra Comunidad; incorpora la obligatoriedad de que los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León sean elegidos mediante procesos participativos y democráticos por los militantes de sus partidos; reconoce la obligatoriedad de celebrarse debates electorales con el fin de que los electores conozcan en profundidad las propuestas que cada una de las formaciones políticas que concurran a estas elecciones.

Planteamos medidas que son exigidas en la calle por los castellanos y leoneses, como la reducción drástica de los límites de gasto electoral para los partidos políticos, una caída notable de las subvenciones que estos reciben de los fondos públicos, o la reducción de la duración de las campañas electorales a 10 días, en lo que supondría un avance fundamental para que el resto de España se pueda mirar en nosotros. Podremos actualizar la ley y promover la participación activa de las personas con discapacidades visuales, mediante la impresión braille de las papeletas. Y, por último, creemos que es posible articular un sistema de sustitución temporal del procurador autonómico en casos de, por ejemplo, baja por enfermedad o lesión superior a 30 días, durante los permisos de maternidad o de paternidad, o en aquellos casos en los que se dicte resolución judicial en la que se le tenga por investigado o encausado en un procedimiento penal, caso en el que la sustitución se realizaría bien hasta que se dicte la sentencia o bien hasta la resolución en la que se dicte el sobreseimiento.

En definitiva, medidas todas ellas dirigidas a mejorar la credibilidad, el funcionamiento y las garantías democráticas de nuestro sistema electoral.

Señorías, puedo entender que en los matices de estas medidas podamos discrepar, puedo entender que unos queramos implementar estas mejoras de una manera y otros quieran hacerlo de otras; valoro, además, positivamente, esas diferencias, porque entiendo que son las que enriquecerán el debate parlamentario, de manera que lo que surja de ellas sea consenso, sean reformas y sean pasos hacia adelante.

Y, por tanto, vuelvo al punto inicial. Ciudadanos no solicita una adscripción a ciegas al contenido de nuestra reforma de la Ley Electoral, sino la valentía de un voto favorable a su toma en consideración. No pedimos un apoyo cerrado al mismo; pedimos un espacio de negociación sobre una reforma que actualice y modernice nuestra legislación electoral en Castilla y León. Pido expresamente, y explícitamente, a los procuradores del grupo parlamentario, y lo hago dirigiéndome a todos ellos, incluso -si estuviera aquí- directamente al presidente, el señor Herrera, con quien hace un año... hace un año y medio suscribí un acuerdo de investidura. Un acuerdo donde en el primer punto –y de ello lo recordarán- suscribimos conceptos como el de reducción tanto de los gastos electorales como de la duración de las campañas, o la apuesta por las primarias como método de elección de candidatos, cuestión esta última que me consta que muchos de ustedes están totalmente de acuerdo-; y un punto tercero, en ese acuerdo, donde se recogía igualmente la incompatibilidad para ser procurador autonómico y a la vez alcalde o concejal de un municipio de más de 20.000 habitantes. Ahora tenemos la oportunidad de ser coherentes con aquel texto y trasladarlo directamente al ámbito autonómico en forma de ley.

Señorías del Grupo Popular, tienen ustedes los escaños suficientes para bloquear los reformas, y tienen ustedes también los escaños suficientes para que en estas Cortes se pueda debatir abiertamente sobre esas reformas. Me dirijo también a los procuradores del Partido Socialista, de quienes es conocida su voluntad de contar con un Parlamento en esta legislatura desde donde se pueda hacer política. Pues bien, hoy es uno de esos días en los cuales sí que podemos hacer política en las Cortes de Castilla y León.

Mi partido suscribió hace meses un acuerdo con el PSOE a nivel nacional en el que, por ejemplo, se incluía retirar barreras al voto con personas con... a las personas con discapacidad, o en el que se abogaba por la inclusión de los debates como elementos obligatorios en las campañas.

Y, por otra parte, me cuesta imaginar a los representantes de Podemos o del Grupo Mixto votando en contra de la apertura de un debate que mejore nuestra democracia, o que nos permita traer a esta Cámara las opiniones de cada uno de los grupos en temas como la reducción del gasto electoral o las primarias.

Señorías, hoy podemos dar un paso adelante y abrir una etapa de trabajo parlamentario que ojalá termine dentro de unas semanas o meses en una ambiciosa reforma que modernice nuestra Ley Electoral. Expongo desde esta tribuna el compromiso incuestionable de Ciudadanos con los esfuerzos en el diálogo y la negociación, y con la creación de consensos necesarios para que todo esto que hoy planteo termine llegando a buen puerto. Que nadie pueda decir que cerró la puerta a una reforma de la Ley Electoral en Castilla y León porque no le gustaba uno u otro de los puntos que traía Ciudadanos, porque reitero que todos ellos son propuestas previas a un debate abierto al enriquecimiento por parte de todos. Pero del mismo modo digo que nadie cierre las puertas a ese debate por miedo a que las cosas cambien o a que las cosas mejoren en nuestra Comunidad. Es mucho más fácil trabajar en esa negociación para defender la postura de cada uno de nosotros que hacer esfuerzos por explicar hoy rechazos incoherentes con lo firmado o lo afirmado con anterioridad.

En resumen, señorías, solicito el apoyo de los procuradores de estas Cortes a la toma en consideración de la proposición de ley de Ciudadanos para la reforma de la Ley Electoral de Castilla y León. Lo hago confiando en la voluntad reformista –mayoritaria a priori- en estas... en esta Cámara; y lo hago también pidiendo la misma amplitud de miras y generosidad parlamentaria que Ciudadanos ha demostrado en este año y medio de trabajo en las Cortes de Castilla y León al servicio de los castellanos y leoneses. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Muchas gracias. Para fijar posición, en representación del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Muchas gracias, presidenta. Pues, efectivamente, un tema de profundo calado. (Perdón, ¿tengo dos minutos y medio o cinco? [Murmullos]. Cinco. ¿Cómo? ¿Para mí?). [Murmullos]. Vale. Pues, efectivamente, un tema de profundo calado, ¿no?, y que, por lo tanto, nosotros votaremos a favor la toma en consideración, que no las propuestas que se realizan en su conjunto; con algunas estamos de acuerdo y con otras no.

Nosotros creemos que, desde luego, el debate sobre la Ley Electoral es fundamental, es un debate que tenemos que afrontar. Y, efectivamente, estamos de acuerdo en que esto es política en mayúsculas, que esta es una de las cuestiones que efectivamente deberían debatirse en esta Cámara con mayor profundidad. Yo estoy convencido de que es una discusión fundamental.

Entrando en algunas de las cuestiones que se plantean, me gustaría puntualizar algunas cuestiones. Por ejemplo, la primera, la de la inelegibilidad de los miembros de corporaciones locales de más de 20.000 habitantes; una cuestión que va completamente en la filosofía de mi fuerza política. Nosotros siempre hemos defendido que haya una incompatibilidad o que... al menos que no haya una acumulación o un acaparamiento de cargos. Habría dudas respecto a ciertos estatus de concejales que no tengan dedicación exclusiva, porque, desde un cierto punto de vista jurídico, podría ser compatible. Sin embargo, ciertamente, al estar ante un debate político, la posición inicial de mi fuerza política creo que podría ser favorable a llegar a acuerdos en este aspecto.

En segundo lugar, estamos completamente en contra de la reducción de la campaña electoral. Y, además, voy a plantearlo claramente. Nosotros creemos que uno de los problemas que ha ocurrido en nuestro tiempo es la proliferación de la idea de la antipolítica, el sentimiento de la antipolítica, que ha sido generado por culpa, evidentemente, de los políticos y de las políticas de este país. Sin embargo, tener una posición antipolítica, desde mi punto de vista, solo es aceptable si uno lo hace desde una posición estrictamente bakuninista, es decir, si uno está en contra del Estado, pues directamente dígase que no haya parlamentos, que no haya campañas electorales, que no haya sistema parlamentario. Y fíjese, desde esa tradición del anarquismo bakuniniano, pues yo, tiene todo mi respeto, como una parte importante que ha tenido en la izquierda de nuestro planeta. Sin embargo, puesto que estamos en una Cámara, ¿qué es lo que pretendemos? Que el sistema parlamentario que tenemos sea capaz de ser más plural, que sea capaz de ser más regenerativo y que sea capaz de ser más participativo. ¿Y a quién beneficia la reducción de la campaña electoral? A los grandes partidos, que están haciendo campaña durante cuatro años. Los partidos pequeñitos -usted lo sabe porque, además, está ahora en un partido minoritario y ha estado en otros también pequeños, y yo toda mi vida, al igual que usted, nunca he militado en un partido grande- sabemos lo que es una campaña electoral, sabemos lo que es estar haciendo, preparando el embuzonado en las sedes, mientras el resto de partidos pagan el mailing desde un botón; sabemos lo que es el trabajo que lleva a un partido pequeño -lo saben varios de los que están aquí- hacer una campaña. ¿A quién beneficia recortar en cinco días una campaña electoral? A mi juicio, a los grandes partidos, que hacen campaña a través de grandes medios de comunicación y con inmensos presupuestos.

Por eso yo creo que determinadas cuestiones, como la reducción de la campaña electoral, sería un error, además de que va en contra de la LOREG, que precisamente establece cuál es la duración de las campañas electorales en este país. Pero creo que hay además un criterio político, que el problema no es la duración de las campañas electorales.

La tercera propuesta, la posibilidad de sustitución temporal, nos genera simpatía inicial. Aunque el cuarto apartado debemos decir que nos parece un poco permisivo, porque, al final, podría permitir un continuo vaivén por conveniencias personales. Por lo tanto, dentro de ese apartado, nos parecería interesante los tres primeros.

Y en el cuarto, nosotros estamos de acuerdo con que se realice este tipo de primarias, de debates, etcétera -nosotros los hemos planteado desde el principio-, con un matiz importante: nosotros creemos que no hay que poner el énfasis en los candidatos y candidatas a la Presidencia, nosotros creemos que hay que dejar muy claro que no somos un sistema presidencialista, y, por lo tanto, creemos que, cuando se hable de este modelo de primarias, tenemos que hablar de candidaturas completas y no solamente de candidatos o candidatas a la Presidencia, puesto que no estamos en un modelo presidencialista, sino parlamentario. Por eso plantearíamos un debate en torno a esto.

También, lo mismo respecto a la obligación de que se realicen debates en los medios públicos, que hemos debatido, además, en el Estatuto del Alto Cargo.

Y una cuestión importante, en la línea de lo que planteaba hace un momento: la reducción de subvenciones es algo que a mí me parece un debate peligroso. En este país tenemos un tesorero del partido del Gobierno en la cárcel por financiación ilegal, lo cual nos explica muy bien cuáles son los partidos que dependemos más de la financiación legal: una vez más, los partidos pequeños. Recortar las subvenciones lo que hace es perjudicar a los pequeños partidos de este país, que somos los que las necesitamos para poder hacer política. Es un argumento ciertamente fácil de... –entre comillas y sin querer decir que usted lo haya intentado- fácil de -entre comillas- "vender", un argumento que se extiende con mucha sencillez, porque pertenece a ese género de argumentario de la antipolítica que ha proliferado en los últimos años. Sin embargo, yo creo que tenemos que plantear que la regeneración política no puede pasar por ahogar a los pequeños partidos, y recordemos que la subvención electoral en Castilla y León ya está a la mitad de la de las elecciones generales. Por lo tanto, continuar recortando lo que plantea en el fondo es una jibarización de los partidos minoritarios, que no hace bien a la regeneración democrática, aunque sean argumentos difíciles de explicar a la mayoría de la población.

Respecto al mailing, estoy completamente de acuerdo en que sea un mailing agrupado....

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Tiene que terminar, señor Sarrión.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

(Sí, disculpe). ... completamente de acuerdo. Es inaceptable los recursos que se dedican al mailing y que, además, para las fuerzas pequeñas son sencillamente inasumibles y que provocan que en campaña electoral nos pasamos la campaña...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Termine ya, por favor.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

... buzoneando a mano y en nuestra sede. [La presidenta retira la palabra al orador].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Tiene la palabra el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, presidenta. Bien, intentaré no agotar el tiempo para establecer y fijar la posición de UPL a esta toma de consideración. Antes de entrar en el fondo de la misma, y particularmente en los aspectos que ustedes plantean, sí que me gustaría hacer una primera reflexión, que a mi juicio creo que es importante. Debemos de reconocer, o por lo menos yo creo que es importante, el reconocimiento implícito de todos los partidos políticos, de todos, absolutamente todos, de la necesidad de habilitar hoy en día mecanismos más participativos a la hora de elegir sus candidatos. Eso ya en sí es expresar un déficit funcional en todas las estructuras políticas de todos los partidos políticos. Y yo ahí asumo también la parte que me toque, o la parte que toque a mi partido.

Reconocer también ese déficit y que debemos regular esos mecanismos que faciliten la igualdad y las oportunidades entre militantes y afiliados nos parece un buen camino para empezar. Sin embargo, le voy a decir una cosa, no quiero entrar en esa afirmación que ustedes hacen, en la posibilidad de que participen en condiciones de igualdad –entiendo- afiliados y militantes de las agrupaciones políticas. Y no lo quiero hacer porque ahí podría derivarse otro debate más profundo, sobre si ambas figuras, dependiendo de cada organización política, deben de tener los mismos derechos o los mismos deberes. Sobre si su aportación a la funcionalidad del partido es del mismo calado y si, sobre todo, sobre la consideración estatutaria de cada uno de ellos tiene en cada organización política determinada. Sus derechos y sus deberes, repito, cuestiones estas sobre las que sería más oportuno, probablemente, profundizar en el futuro.

Lo que a nuestro juicio es realmente necesario es que estamos en la obligación de revertir un proceso de desafección de la sociedad civil con el funcionamiento de los partidos políticos. No estoy yo tan seguro, señorías, que ese sentimiento de alejamiento y de desarraigo se deba únicamente al modo de elección de los candidatos, sino más bien producto del alto grado de corrupción, que, permítame, casi siempre en nuestra reciente democracia, ha ido ligado en muchas ocasiones a Gobiernos con grandes mayorías absolutas. Ese sentimiento de decepción y de desconfianza contra la clase dirigente es lo que en mayor medida ha generado este clima, que ahora todos intentamos despejar con nuevas regulaciones que hagan ver a los ciudadanos las estructuras políticas abiertas, democráticas y transparentes.

En fin, en ese proceso de apertura, hoy ustedes nos presentan una serie de artículos para reformar la Ley Electoral de Castilla y León. Bien, en ella no proponen... nos proponen una primera limitación en compatibilidad para los miembros de ayuntamientos de más de 20.000, que a nosotros no nos parece mal debatir, porque, estando de acuerdo en el fondo de la cuestión, que es la de la plena dedicación a la función pública y su optimización, lo que sí nos parece un poco difícil de sostener es por qué en ayuntamientos de 20.000 y no de 18.000 o de 30.000. Y yo creo que ese es un... creo que ese es un debate importante en el que deberemos de entrar.

En el caso de la introducción de la figura del sustituto, muchas dudas, señoría. Pudiera ser positivo; quizá la idea, en el fondo, podría ser positivo; sin embargo, para nosotros despierta una cierta duda en cuanto a su aplicación jurídica. Muchísimas dudas en cuanto a ese sentido.

Sobre la reducción de tiempos y recursos económicos destinados a las campañas electorales, así como la posibilidad de facilitar debates en medios de titularidad pública, nos parece adecuado iniciar la discusión, nos parece adecuado sentarnos a debatir sobre ello, probablemente con posturas bastante diferentes, pero nos parece importante comenzar a hablar.

Y, por todo ello, en esta toma de consideración vamos a apoyar su propuesta, porque, como hemos venido manteniendo cada vez que se da alguna toma de consideración o alguna proposición para legislar en el futuro, nosotros siempre hemos dicho y hemos adelantado que lo que nos parece acertado es poder debatir aquí, en las Cortes, cualquier tipo de ley que pueda en el futuro legislar en cualquiera de las dos... bueno, en las dos regiones de esta Comunidad Autónoma.

Lo que sí me voy expresándole un temor, y le digo cual: es que a veces uno tiene la sensación que intentar regular y exigir procesos democráticos más puros en agrupaciones políticas independientes –que, tampoco tenemos que olvidar, tienen procesos de reválidas en cada comicios electorales- no sé si no es también una injerencia, porque, al fin y al cabo, quien realmente tiene la posibilidad de decidir si esos partidos políticos son lo suficientemente democráticos son los ciudadanos cada cuatro años o cada periodo electoral... o cada –perdón- proceso electoral. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación de Podemos, tiene la palabra la señora Del Barrio Jiménez.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, presidenta. Bueno, lo primero que le queremos indicar es que nuestro grupo parlamentario apoyará la toma en consideración de la reforma de la Ley Electoral de Castilla y León, ya que creemos que ha llegado la hora de afrontar un debate sobre una ley de año ochenta y siete, y que los tiempos, las circunstancias y la política del siglo XXI tienen que tender a esta dirección, la de crear un nuevo marco electoral.

Eso sí, también le digo que no compartimos para nada algunos de los supuestos que ustedes han propuesto. Y también le doy la bienvenida a hacer política. Ha dicho que hoy podemos hacer política; nuestro grupo parlamentario lleva haciendo política aquí dentro un año. Le doy la bienvenida a las Cortes de Castilla y León, señor Fuentes.

Como se dice en la exposición de motivos, debemos recuperar el prestigio de las instituciones, y eso significa que el prestigio... pues que se ha perdido. El bipartidismo, por diferentes motivos, expuestos en diferentes debates, ha desvirtuado y, en cierta forma, pervertido las instituciones donde reside la soberanía popular. El 15M fue este punto de inflexión, con un "No nos representan", y pusieron de manifiesto la precariedad de nuestra democracia. Según hemos avanzado en el tiempo, cierto es que los ciudadanos reclaman mayor vinculación con las decisiones políticas, y esto significa que, a medida que pasaron los años, cada vez más los ciudadanos se vieron más y más alejados de estas; decisiones que afectaban directamente sobre ellos y que el bipartidismo ha puesto de manifiesto en varias decisiones importantes: reforma del Artículo 135, reforma laboral, etcétera.

La reforma electoral debe ser abordada desde un marco más amplio, debe ser abordada desde un debate concreto y conciso debido a la importancia del mismo, y no debe abordarse, como ha hecho hasta ahora el Partido Popular, dentro de unas disposiciones transitorias, como, por ejemplo, dentro de un proyecto de ley como el de Alto Cargo. Una ley donde ha cabido de todo, desde la reforma de la Ley Electoral, creación de un código ético, la reforma de la iniciativa legislativa. Vamos, una ley ómnibus al estilo del Partido Popular a nivel nacional.

Y, por cierto, totalmente contraria al espíritu del que comentaba el pasado viernes el vicepresidente de la Junta, de que cuanta más información más transparencia, porque el Artículo 3, por ejemplo, de la Ley Electoral se va a reformar con este proyecto... con esta Ley de Altos Cargos, cuando se apruebe, y este artículo se va a modificar, y probablemente la gente no se entere de que ha sido modificado.

En cuanto usted indicaba que... de reducir los días de la campaña electoral de 15 a 10 días, pues entendemos que se trata... lo entendemos así, como una forma de ahorrar costes, pero también creemos que va en contra de varios puntos que se proponen en la proposición de ley. Y también creemos que no supone una auténtica reducción de gasto. Pero lo más importante de todo es que va en contra de la Ley Electoral estatal, con lo cual, primero habrá que reducir la Ley Electoral... habrá que cambiar la Ley Electoral estatal, y después, pues reducir la campaña.

En cuanto a la incorporación de los puntos en un nuevo apartado, en el Artículo 21 -el punto 2-, no vemos muy claro lo de la sustitución temporal de los procuradores. Lo que habría que garantizar es la democracia, en estos casos, de los procuradores y de los diputados que estén de baja, a través de votaciones telemáticas y con un reglamento claro, y, por supuesto, garantizar que en el caso de exista una baja por... No me mire así, porque es que aquí ha habido un ejemplo muy claro de la pérdida de derechos por la baja de un procurador y de un diputado. Porque recuerdo un caso en el que un partido político perdió su oportunidad de controlar al presidente de la Junta de Castilla y León por estar de baja por paternidad, lo cual supone una pérdida de derechos de los partidos políticos, y esto no puede volver a suceder.

El punto 4, como ya lo hemos dicho en el debate sobre la Ley de los Altos Cargos, tenemos también serias dudas. Por supuesto que somos partidarios de que la ciudadanía conozca quién va ser el candidato de la Junta de Castilla y León, entre otras cosas porque entendemos fundamental que la ciudadanía conozca no solo al candidato, sino también los programas electorales. Pero la solución, creemos, no radica en la inscripción en la Junta Electoral de un candidato a la Presidencia, porque de la noche a la mañana nos convertiríamos en un sistema presidencialista y, hasta donde yo entiendo, estamos en un sistema representativo. Esto se resolvería -y ahí sí estamos de acuerdo- en hacer primarias en los partidos políticos para la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

En el punto sexto, aquí no voy a entrar tampoco mucho en debate, porque lo de las subvenciones a las televisiones privadas es un debate en sí mismo muchísimo más amplio. Lo primero que habría que revisar es esas subvenciones que se dan a los medios privados para ver si cumplen, por ejemplo, con los derechos de sus trabajadores. Pero ya le digo que ese es otro tema.

Estamos de acuerdo en que todas las fuerzas políticas participen en debates en los medios públicos; y, por cierto, este es otro tema que se quiere cambiar dentro de la Ley del Alto Cargo, y que ya hemos manifestado nuestra posición al respecto. Quizá lo que habría que abogar es por garantizar una televisión pública de calidad, plural y no politizada.

El punto séptimo, facilitar la accesibilidad a través del sistema braille es una cuestión que ya está regulada a través del Decreto 1612/2007, de siete de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilite a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio, es decir, lo que queremos, como siempre, es que se cumpla la ley.

También, como muchos saben, nosotros queremos... nuestro grupo parlamentario quiere ir más allá. Por ejemplo, como todos sabemos, proponemos la ampliación del derecho a voto a las personas con diversidad funcional, ya que entendemos que todas las personas deben participar de manera plena, efectiva en la vida política y pública en igualdad de condiciones, y ninguna persona con diversidad funcional debe ser privada del derecho fundamental del sufragio, y hay que restituir el derecho de voto a quienes ahora no lo tienen.

Hay que acometer una adaptación normativa relativa al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con diversidad funcional en igualdad de condiciones. Esto también es un debate estatal, así que aquí le digo también que encomiende a sus representantes a nivel estatal que no voten en contra, como hicieron el otro día, de reformar la Ley Electoral.

Y aquí, en el punto octavo, es donde vemos que existe una incongruencia. Entendiendo que la limitación de la campaña electoral viene vinculada a una reducción de gasto, lo primero que habría que modificar en la ley, principalmente, es lo de pesetas por euros; eso ya, por descontado; estaría muy bien modernizarnos. Y lo que entendemos aquí es una incongruencia es que habría que adoptar las medidas necesarias, por ejemplo, para ahorrar gastos en los envíos postales. Según el último informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León, el Partido Popular obtuvo una subvención de envíos directos de 64.000 euros, el Partido Socialista de 382.000, y lo que quiero decir, básicamente, es que aquí sí que se puede ahorrar dinero, con envíos conjuntos, como se propuso en las elecciones del 26-J, y al cual se opuso el Partido Popular. Incluso habría que replantearse, en un momento dado, la suspensión de los envíos postales a los hogares, no solo por una cuestión de ahorro de dinero, sino también de otro tipo de ahorro energético.

En definitiva, y para ir concluyendo, apoyamos la toma en consideración para que se abra un debate profundo sobre la reforma de la Ley Electoral, porque creemos que hay varias cosas que hay que cambiar y que nosotros defendemos dentro de un sistema más justo, como, por ejemplo, como ya lo hemos expuesto, la circunscripción autonómica como la única base territorial para la asignación de diputados, mediante fórmulas de media mayor, etcétera, que garantice la igualdad; como es la eliminación de privilegios de los cargos electos, rebajar las retribuciones, hacerlas más equitativas, revisar sus complementos económicos, establecer mecanismos de control de dietas, facilitar el ejercicio de los castellanos y leoneses y de españoles en el extranjero... Son muchos los cambios que hay que acometer. Es un debate largo, es un debate profundo.

Es decir, creemos en la modificación de la Ley Electoral, siempre y cuando vaya dirigida a la apertura y mecanismos de una mayor participación ciudadana. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señora Del Barrio. Para fijar posición, en representación del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Barcones Sanz.

LA SEÑORA BARCONES SANZ:

Gracias, presidenta. Señorías, en esta mañana debatimos sobre la toma en consideración de la Proposición de Ley para la reforma de la Ley 3/1987, de treinta de marzo, Electoral de Castilla y León, que presenta el Grupo Ciudadanos.

Es evidente que ha habido una quiebra de la confianza de los ciudadanos en la política y en las instituciones públicas, y los partidos políticos representados en esta Cámara, en aras a recuperar, a reconstruir, a regenerar la confianza de los ciudadanos, hemos compartido la necesidad de acometer reformas, pero creo que no todos hemos sido igual de sinceros. Algunos no han asumido que la regeneración debe de partir del diálogo, del consenso y de la coherencia, queriendo manejar el proceso, y, cuando no ha sido posible, han decidido ir por libre, poniendo en riesgo el fin último de este proceso, que es la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la política y en las instituciones públicas.

La sistemática por la que estamos realizando la revisión normativa para adaptarla a las reivindicaciones de la sociedad amenaza con acabar siendo caótica.

El Grupo Parlamentario Socialista viene reclamando desde hace tiempo un proceso lógico, con una sistemática que cumpla con unos mínimos que creemos que son de sentido común.

El primero, la jerarquía normativa. Es necesario comenzar reformando, modificando el Estatuto de Autonomía para adaptarlo a esa vocación de regeneración y recuperación. No se puede empezar la casa por el tejado, y algunos han querido... –no me refiero al Grupo Ciudadanos- algunos han querido que esta casa comenzara por el tejado. Es de sentido común, hay una jerarquía normativa. Lo lógico es empezar con la norma de superior rango en esta Comunidad Autónoma, que es el Estatuto de Autonomía, si de verdad la intención es recuperar, regenerar, que los ciudadanos vuelvan a confiar en la política y en las instituciones públicas. Lamentamos que este proceso no esté siendo así.

Después, la modificación de las distintas leyes con implicación en la materia, sin reformar unas en otras, como se está haciendo. Fíjense, en la Ley del Alto Cargo estamos reformando también, entre otras, la propia Ley Electoral, que hoy tomamos en consideración su modificación, la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Ley reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamiento de Castilla y León, la Ley de la Función Pública de Castilla y León.

Si todos consideramos que esto es un proceso global de recuperación de la confianza en las instituciones y en la política, lo lógico hubiera sido jerarquía normativa, Estatuto de Autonomía e ir descendiendo y revisando cada una de las leyes que tienen una implicación en esta materia, que pueden coadyuvar a recuperar esa confianza, no este sistema ilógico de intentar mezclar unas leyes con otras. Porque tendría sentido si no pensáramos hacer una revisión global del sistema en lo que se refiere a la regeneración, y lo veremos como hoy se propone que se modifique una ley que ya estamos modificando y que hay preceptos que ya están contenidos en la que se está tramitando, en la del Alto Cargo.

Y, por supuesto, una regla básica, la separación de poderes. La separación de poderes, pese a que a algunos les interese revolver; vamos, esto es una cosa que viene de antiguo y que hemos estudiado en las facultades de Derecho: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cuando el Ejecutivo pretende también reformar el Legislativo, quizás tengamos un problema.

No puede ser que se intente ensombrecer, para desviar la atención de propuestas que son legítimas, en este caso, de mi grupo parlamentario. Aquí lo que ha pasado ha sido claro: el Grupo Parlamentario Socialista puso encima de la mesa que estábamos haciendo una ley, a propuesta de la Junta de Castilla y León, para el Alto Cargo, para el Gobierno, en la cual iba a nacer, y va a nacer, si nadie lo evita, viciada de una tremenda parcialidad, porque el Gobierno, el que sea en cada momento, el que sea en cada momento, pretende nombrar al órgano que le tiene que controlar. Y cuando esto se ha puesto encima de la mesa para no hablar de lo que realmente se estaba tratando, hemos intentado mezclarlo con el otro poder. Y luego hablaremos de ello, que, si se quiere reformar el Reglamento de estas Cortes, con la reserva que el Estatuto hace del mismo, luego hablamos al final, a ver cómo vamos a acometer ese proceso.

Y, desde luego, esto tiene que ser un proceso ordenado, porque algunos nos quieren llevar al disparate, y el resto -y compartimos con Ciudadanos la necesidad- tenemos que intentar poner orden donde algunos, el Partido Popular, está intentando imponer el caos, para que al final unas leyes se solapen con otras y al final nadie se entere de lo que realmente se va a aprobar en esta Cámara.

Todo este proceso debe de contar con diálogo y consenso; ese diálogo y consenso que el Grupo Parlamentario Socialista está siempre dispuesto a entablar, y que valoramos -sí, señor Fuentes-, que valoramos de Ciudadanos. Pero hay algunos, como el Partido Popular, que no han acabado de entender que todo este proceso de recuperación de la confianza en la política y en las instituciones será posible si es con ese consenso, con ese diálogo, yendo todos los grupos de representación parlamentaria, ¿eh?, buscando llegar a acuerdos para reformar nuestro propio sistema. Que las reformas en el sistema no las puede intentar imponer un grupo, entre otras cosas, porque ya no tiene mayoría absoluta en esta Cámara.

El Proyecto de Ley... bueno, el Proyecto de Ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Comunidad de Castilla y León, mediante la disposición final, intenta modificar varios preceptos ya de la Ley Electoral de Castilla y León, algunos de ellos contenidos en la propia reforma que ahora se propone, muestra de este caos que le estoy diciendo que quieren... que quieren generar.

Sin querer entrar en el fondo de su propuesta, porque, por nuestra parte, tiempo habrá, ya que le adelanto que nosotros vamos a apoyar su toma en consideración, porque el diálogo y el debate siempre es bueno y, además, es necesario, hay cuestiones que se proponen que yo creo que jurídicamente no son posibles, y ya las han dicho otros grupos, porque el régimen electoral general tiene una parte que es básica y no es disponible para la legislación autonómica. Pero esta cuestión ya la dirimirán los excelentes Servicios Jurídicos que tiene esta Cámara, que yo simplemente soy una humilde procuradora, aunque creo que hay una parte que se intenta modificar que no es disponible; pero eso ya se hablará, que tiempo vamos a tener.

Sí me gustaría decirle que hay cuestiones que compartimos, como la expuesta en su apartado séptimo, donde se incorpora un nuevo apartado 2 al Artículo 36, que va encaminado a que la Junta de Castilla y León asegure la existencia de documentación complementaria en el sistema braille. Lamento decir que no para todas las elecciones está disponible, aunque sí está garantizado para algunas. Pero de lo que se trata es de extender el sistema braille a las papeletas y votación normalizados, para que todos los ciudadanos tengan acceso al sufragio universal secreto.

Nos alegra que se sumen al sistema de primarias que ya tiene establecido el Partido Socialista. Nuestro candidato, Luis Tudanca, ya fue elegido por este sistema que ustedes recogen en el apartado cuatro del Artículo 26, donde detallan que, previamente a la presentación de las candidaturas, los partidos y federaciones deberán seleccionar al candidato que presentarán... [murmullos] ... –no sé si algún miembro del Gobierno quiere tomar la palabra, si no, continuo- como candidato a la Presidencia de la Junta, mediante un procedimiento que garantice un sistema democrático de concurrencia de candidatos y participación al menos de sus militantes. Coherencia: el Partido Socialista ya lo tiene y nos parece perfecto que el resto de candidatos se sometan al mismo proceso. Los socialistas predicamos con el ejemplo.

Respecto a los debates, cuestión que también se modifica por la Ley del Alto Cargo -para que tomen conciencia del totum revolutum de ir modificando leyes al trantrán, como ha querido el Grupo Popular-, es plenamente compartida su necesidad por el Grupo Parlamentario Socialista; tan compartido como que en las únicas... en las últimas elecciones autonómicas no hubo debate, porque el Partido Popular no quiso, pero bienvenidos ahora, porque ya en la Ley del Alto Cargo se dice que habrá dos debates, a los mismos que se negaron en las anteriores elecciones autonómicas. Pero, en cualquier caso, rectificar es de sabios, y el Partido Popular vuelve a rectificar.

Y hay otras en las que no estamos de acuerdo, pero habrá tiempo. Faltan cosas, para nosotros falta una propuesta que nosotros ya hemos hecho en la Ley del Alto Cargo, que la lista de candidatos deberá alternar su composición de hombre y mujer, de forma que no haya dos candidatos consecutivos del mismo género. Los socialistas creemos que hay que seguir avanzando en la igualdad. La Ley de Régimen Electoral General ya dio pasos, y debemos de continuar por este camino de garantizar la igualdad en la participación de la vida política de nuestra Comunidad.

Vamos a apoyar la toma en consideración. Los socialistas nunca hemos tenido miedo al debate, ni a este ni al que esperamos que haya registrado ya el Partido Popular de reforma del Reglamento de las Cortes, para que así los debates sean reales, para mejorar nuestro sistema político y para no enredar, desvirtuando el fin último, que es el de recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y las instituciones. Les emplazo a que acometamos este debate, porque estoy segura de que el Partido Popular ya ha registrado la propuesta...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Termine, señora Barcones.

LA SEÑORA BARCONES SANZ:

... de reforma del Reglamento de las Cortes. Gracias, señoría. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señora Barcones. Para presentar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ibáñez Hernando.

EL SEÑOR IBÁÑEZ HERNANDO:

Gracias, presidenta. Buenos días. En primer lugar, diré desde el grupo parlamentario que, respecto a la actividad parlamentaria de los grupos, este grupo, evidentemente, valora positivamente que se acometa este tipo de iniciativas, porque es la misión fundamental de esta Cámara legislativa.

Quiero decirle que aquí se lleva haciendo política muchos años, no porque ustedes hayan llegado ahora a esta Cámara han empezado a hacer política; este grupo parlamentario lleva haciéndolo desde la constitución de las Cortes. Por tanto, la política se lleva haciendo muchos años.

Y yo creo que eso debe ser compatible con la necesidad de impulsar iniciativas con un criterio adecuado, con objetivos que permitan mejorar lo que hasta ahora venimos teniendo, que habla... que hablen de cuestiones que tengan acomodo formal también en la legislación, y que, evidentemente, traten de alcanzar el mayor nivel de consenso posible entre todos los miembros de la Cámara.

El Grupo Parlamentario Popular –usted lo sabe, señor Fuentes- está abierto a la permanente reflexión y al debate de todas aquellas cuestiones que cumplan con esos principios citados, y por eso hablaré de la toma en consideración de la proposición de ley. Evidentemente, no utilizaré la mitad de mi turno para tratar de hacer un tercer turno de contestación al Gobierno en lo que no se pudo decir en la sesión de ayer. [Aplausos].

La proposición de ley que hoy nos presentan tiene diez artículos que pretenden modificar, que están enclavados en tres bloques: el primer bloque incluye cuestiones que entendemos que han sido abordadas o ya dictaminadas con el acuerdo mayoritario de los grupos, incluso con su propio acuerdo, en algún caso. Hay un segundo bloque que incluye cuestiones sobre las que, independientemente de que estemos de acuerdo o no -y ya le anticipo que en algunas sí que lo estamos-, no podemos legislar, porque extralimitan nuestras competencias y entran, además, en confrontación directa con normativa básica del Estado. Pero es que, además, se incluyen alguna figura que entendemos que queda fuera –digamos- de toda lógica normativa, que nos generan importantísimas dudas sobre su posible aplicación y sobre su cabida en el ordenamiento jurídico. Además, conocemos que no han tenido acomodo en ningún otro Parlamento autonómico y que además están teniendo algún rechazo desde el punto de vista jurídico allá donde se está pretendiendo aplicar.

Y luego hay un tercer bloque que está relacionado con aquellas cuestiones que sí que entran dentro de nuestro ámbito competencial, y sobre las que, evidentemente, podemos entrar a debatir y a reflexionar, aunque habría que tener yo creo que en cuenta el efecto práctico que tendría sobre todos los grupos. El primer bloque de ellas, las que están repetidas, que están reiteradas ya en la legislación. Hablamos de sus apartados 1 y 6, que ya están ahora mismo incluidos en un punto que veremos a continuación en esta sesión plenaria.

Piden la inelegibilidad en aquellas... como cargo de procurador para aquellos miembros de corporaciones de más de 20.000 habitantes. Sabe que en la Disposición Final Primera de la Ley del Estatuto de los Altos Cargos figura este supuesto; está incluido y estamos a punto de aprobarlo con su acuerdo, además. En el apartado 6 de su proposición de ley, que piden la existencia de, al menos, dos debates que se lleven a cabo en medios de comunicación, también está incluido en la Disposición Final Primera de esa Ley de Estatuto de Altos Cargos –que también esperamos que vaya a contar con su apoyo, tal y como ha ocurrido en la Comisión de Presidencia donde se ha dictaminado-, y ya pone de manifiesto que los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León deberán celebrar, al menos, dos debates públicos durante la campaña electoral.

Hay que recordar que su proposición de ley se presentó en enero, y hay que recordar que la han tenido en el congelador, legítimamente, no han decidido incluirla en ninguno de los órdenes del día donde tenían derecho a haberla incluido, pero la traen ahora como que fuera algo novedoso, como que fuera un impulso decidido a toda esta reforma de la Ley Electoral, sin caer en la cuenta que algunas de las cuestiones que ya habían incluido en enero formaban parte de otras cuestiones que ya estábamos negociando y que nos hemos comprometido a incluir. Por tanto, sí que sería deseable un punto adicional de rigor a la hora de gestionar este tipo de cuestiones, para no incurrir en duplicidades innecesarias.

Y por último, el apartado en este primer bloque, el apartado donde habla de la existencia de documentación en braille, aquí ya algún portavoz lo ha indicado: hay un Real Decreto, el 1612/2007, donde en su Artículo 2 indica que todo el procedimiento para que las personas con discapacidad visual puedan acceder es de aplicación a las elecciones a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo que está previsto en la Ley Electoral.

Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo; si no lo conoce, pregúntelo; estoy convencido de que el consejero... el vicepresidente y consejero de la Presidencia le podrá indicar cómo está funcionando este procedimiento en Castilla y León. Se está haciendo.

Otra cosa es que lo podamos incluir en nuestra legislación electoral. Lo que abunda no daña, en eso puedo estar de acuerdo, pero no es sustancial, porque este tema nos... no solventa nada nuevo, porque ya se está haciendo.

El segundo bloque es un bloque que este sí que le digo que al Grupo Parlamentario Popular le produce cierto rechazo. Hay alguna cuestión sobre la que tenemos yo creo que un convencimiento absoluto de que son cuestiones indisponibles en materia de competencia para este... para esta Cámara legislativa, y sobre algún otro tenemos importantísimas dudas jurídicas. En el apartado relacionado con la duración de la campaña electoral, donde piden que sean campañas de diez días, la Ley Orgánica de la... la denominada como LOREG, la electoral, indica que la campaña electoral dura quince días, y además indica que, en aplicación de las competencias que la Constitución reserva al Estado, se aplican también a las elecciones de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Por tanto, es una cuestión indisponible; no podemos permitirnos en nuestra ley electoral ir contra una norma de carácter básico. Y, fíjese, le voy a decir una cosa: es una cuestión sobre la que podemos estar de acuerdo, no le digo que no, pero no es algo que nosotros podamos legislar a nivel de Castilla y León. Y segundo, como un tema puramente de rigor parlamentario, incluyen dos apartados idénticos. No hace falta que repitamos dos veces lo mismo cuando queremos tramitar una determinada ley; con decirlo en un punto es suficiente, todos nos enteramos, se aplica o no, y con eso es suficiente. Han incluido dos veces reducir la campaña a diez días. Está en sus apartados 2 y 5 de su proposición de ley.

En el apartado del sistema de elección al candidato a la Presidencia de la Junta, quiero decirle también dos normas básicas. La Constitución del Estado a los partidos políticos les atribuye la posibilidad de que su creación y el ejercicio de la actividad sean libres, dentro del respeto a la propia Constitución y a la ley; y la Ley Orgánica de Partidos indica que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos deberán ser democráticos, pero sin perjuicio de su capacidad organizativa interna.

Sobre esta cuestión, evidentemente, nada puedo decir sobre la celebración de elecciones primarias para elegir candidatos, porque es un tema en el que se está avanzando y que, además, cuenta con el beneplácito yo creo que cada vez de sectores más importantes dentro de nuestra formación política, pero las remisiones dentro de una ley como la que usted pretende modificar chocarían de plano con el funcionamiento independiente de los partidos políticos.

Además, lo que pretende incluir en esta proposición de ley es ajeno a la legislación electoral, es más de legislación de partidos. Por tanto, no tendría cabida que, en legislación electoral, tratemos de cambiar o modificar la ley que afecta a los partidos.

Y ahora le digo una cosa. ¿Me pregunta si estamos de acuerdo en que esto ocurra y reduzcamos campaña o elijamos candidatos a través de mecanismos más democráticos? Sí, estamos de acuerdo. Hemos firmado un pacto que lo dice. Evidentemente, no querríamos que la fórmula fuera la que han utilizado otros grupos parlamentarios, donde: tengo un candidato y, si no me gusta, monto un comité federal y me lo quito de en medio. [Aplausos]. Esa fórmula ya le digo que no la vamos a querer utilizar.

¿Me pregunta usted... me pregunta usted si estas medidas son posibles que lo hagamos en Castilla y León? Le digo que no. Le digo que no, porque son cuestiones indisponibles, no tenemos competencia legislativa para poder entrar en ello.

Pero una cuestión especialmente importante es el apartado de sustitución temporal de los procuradores. Mire, lo que han vendido como una innovación creemos que es la innovación de la extravagancia -se lo digo con total humildad-, porque la Ley Electoral solo contempla para unos determinados supuestos los sistemas de elección, porque no hay precedentes en el parlamentarismo autonómico de ninguna Comunidad sobre esta cuestión, porque entendemos que no cabe, es imposible que quepa. No obstante, y aunque nuestra posición es contraria a que esto pudiera ocurrir, en caso debatiéramos de este tema, por convencimiento y porque entendemos que va contra el ordenamiento jurídico, no daríamos un solo paso en el debate antes de solicitar un informe a los Servicios Jurídicos que nos aclararan estas, ya digo, intensas dudas que tenemos al respecto.

Por tanto, sobre este bloque de cuatro apartados, le pongo de manifiesto que, aunque pudiéramos avanzar en la tramitación de la proposición de ley, algunas cuestiones son indisponibles y otras generan importantes dudas sobre su aplicación. Por tanto, lo primero que haríamos, antes de seguir avanzando, sería solicitar ese informe que pudiera esclarecer esos extremos y que, de ir en el sentido que nosotros entendemos que pudiera ir, acreditaría yo creo que una más que evidente falta de rigor de su planteamiento.

El último bloque es el de cuestiones que son susceptibles de legislar, en materia de gastos, que ahí podemos entrar y no tendríamos ningún inconveniente en debatir.

Por tanto, yo creo que podríamos justificar un voto contrario a la toma en consideración de la proposición de ley, pero nuestra voluntad de diálogo -que se está demostrando-, algunas medidas que ya están negociadas y que se han incluido, el convencimiento de que tenemos que seguir instando a nuestras formaciones, como ya hemos acordado y como se ha firmado en un pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular, y un ofrecimiento también a abordar el debate con total serenidad hacen que no nos vayamos a oponer a la tramitación de este... de esta proposición de ley, pero anticipándole que solicitaremos de inmediato un informe jurídico para que evalúe estas cuestiones tan dudosas, eso sí, sin rehuir el debate.

Yo, por último -para terminar ya, presidenta-, quiero hacerle, como usted decía aquí, en esta misma tribuna, una llamada a dos cuestiones: al realismo y a la autocrítica. Usted, ayer, se lo soltaba al presidente de la Comunidad. Después del repaso de la iniciativa que hemos hecho, y para que no se le considere un actor de segunda categoría...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Tiene que terminar.

EL SEÑOR IBÁÑEZ HERNANDO:

... permítanme que, con total humildad, que haga autocrítica de su iniciativa y que aborden próximas iniciativas con realismo...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Ibáñez, termine.

EL SEÑOR IBÁÑEZ HERNANDO:

... y con el rigor que esta Cámara merece. Gracias. [Aplausos].

Votación toma en consideración PPL/000005

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Se procede a someter a votación la toma en consideración de la proposición de ley que acaba de ser debatida. ¿Las Cortes toman o no el consideración la proposición de ley para la reforma de la Ley 3/1987, de treinta de marzo, Electoral de Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos? Comienza la votación.

Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: cuarenta y dos. Ninguno en contra. Cuarenta y dos abstenciones. Queda aprobada la toma en consideración de esta proposición de ley para la reforma de la Ley 3/87, de treinta de marzo, Electoral de Castilla y León, presentada por el Grupo Ciudadanos.

Por el señor secretario se procede a dar lectura al sexto punto del orden del día.

PL/000005

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias, señora presidenta. Sexto punto del orden del día: Debate y votación del Dictamen elaborado por la Comisión de la Presidencia del Proyecto de Ley 5, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 138, de uno de junio de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para presentar la proposición... perdón, para presentar el proyecto de ley por la Junta de Castilla y León, tiene la palabra el consejero de Presidencia.

EL VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA (SEÑOR DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ):

Gracias, presidenta. Señoras y señores procuradores, comparezco para... en nombre de la Junta de Castilla y León, para presentarles el proyecto de ley por el que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración pública y se establezcan las garantías de los informantes.

En esta sesión se culmina la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, cuya remisión a esta Cámara se acordó por la Junta de Castilla y León el pasado diecinueve de mayo. Y quiero comenzar mi intervención agradeciendo a los ponentes de los diferentes grupos parlamentarios su labor durante su tramitación: a don José Sarrión Andaluz, por el Grupo Mixto; a don Manuel Mitadiel Martínez, por el Grupo Ciudadanos; a doña Natalia del Barrio Jiménez, por el Grupo Podemos; a don Luis Briones Martínez y don José Ignacio Martín Benito, por el Grupo Socialista; a doña Rosa Sopeña Ballina y a don Juan José Sanz Vitorio por el Grupo Parlamentario Popular; y, así mismo, también quiero agradecer al letrado de las Cortes... a la letrada –perdón- doña Laura Seseña por su asistencia y asesoramiento técnico durante la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley. El trabajo de todos ellos, sin duda, ha mejorado el texto que envió el Gobierno de Castilla y León.

Señorías, como saben, la aprobación de este proyecto no estaba entre los compromisos de este Gobierno, no figuraba entre los compromisos del Debate de Investidura del presidente Herrera, no figuraba en nuestro programa electoral, con el programa que concurrimos a las elecciones hace año y medio. La Junta envió el proyecto, lo presentó, dando cumplimiento a una resolución aprobada por las Cortes en diciembre de dos mil quince, del... en la que se instaba... había dos apartados: en uno se instaba a que nos dirigiésemos al Gobierno de España, y en otro se solicitaba que la Junta, en el plazo máximo de un año, elaborase o enviase a esta Cámara una normativa, con rango de ley, lógicamente, innovadora en España, que estableciese un marco de protección jurídica para los funcionarios y empleados públicos que denuncien episodios de corrupción en el seno de la Administración pública. Es decir, no fue una... como se ha sugerido aquí, un desorden. Fue una PNL que votamos casi todos a favor -hubo alguna abstención-. Porque hoy se ha querido vender como un desorden, que queremos hacerlo de forma desordenada. Damos respuesta al mandato de las Cortes, ¿no?

En nuestro programa sí que había otras cosas, sí que había otras cosas; otras cosas que tienen que ver con la regeneración, que tienen que ver con la regeneración, y que aparecen todas recogidas en el proyecto que está culminando su proceso que regula el Estatuto de Altos Cargos, que se aprobará, si Dios quiere, el próximo Pleno de las Cortes. Esas cosas estaban ahí y estaban como proyecto de ley. Y por agilizar, porque queremos y creemos en la regeneración democrática, por agilizarlo, lo hemos llevado a leyes sectoriales, que es muy fácil, sin haber estudiado Derecho -se ha dicho aquí por alguien que ha subido, que ha estudiado Derecho-, es muy fácil entender que luego se puede elevar al rango estatutario. Los que conocemos esta Comunidad Autónoma un poco sabemos que eso se hizo con el CES, se hizo con el Procurador del Común, y no es ningún desorden jurídico: se aprobaron leyes sectoriales y luego, en una reforma estatutaria, se elevaron. Pero aquí algunos todavía, aunque estudiaron Derecho, no conocen algunas cuestiones de sentido común; como no conocen que el proyecto de ley es del Gobierno, pero la ley es del Parlamento, es de la Comunidad. Pero bueno.

Yo... se ha invitado al Grupo Parlamentario Popular -y como yo formo parte del Grupo Parlamentario Popular- a que se registre inmediatamente la reforma exprés del Reglamento para, suponiendo que los letrados digan que no quepa... que no cabe en la Ley del Estatuto de Alto Cargo, para limitar los mandatos y el código ético. Mire, yo casi diría -y se lo... le invito al portavoz del Grupo Popular- que, en limitación de mandatos, lo más sensato para algún grupo político es que cumplan el mandato. Es decir: a todos, limitación de mandatos; en algún grupo político de esta Cámara, lo que sería regeneración de verdad es que cumpliesen el mandato, porque algunos en dos legislaturas han cambiado cuatro o cinco veces de portavoces. Es decir, para todos nos limitamos los mandatos, y para un grupo, por favor, que cumplan el mandato que les han dado los ciudadanos. Eso es regeneración.

Pero, bueno, volviendo al tema que nos ocupa, esta resolución, insisto, deriva de una proposición no de ley presentada por el Grupo Ciudadanos, en la que se afirmaba la necesidad de una apuesta decidida por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Es decir, fue Ciudadanos el que trajo esta proposición no de ley. Es verdad que la trajo dos veces –en la primera vez no hubo un acuerdo con los plazos-, pero fue Ciudadanos, y eso es bueno reconocerlo.

En cumplimiento del primer párrafo de aquella resolución, ya lo enviamos al Gobierno, instamos al Gobierno que pusiese en marcha, que estudiase la posibilidad de hacer una norma con rango legal estatal, y así se hizo en su momento -es un Gobierno en funciones, esperemos que lo retomen-. Y en cuanto a la segunda parte, que era la que instaba a la Junta, es lo que hoy presentamos, ¿no?

Es bueno saber que en España, en este momento, no existe una normativa de estas características; ninguna, ni a nivel estatal ni en ninguna Comunidad Autónoma. Aunque es cierto que países anglosajones -también lo recogía el portavoz de Ciudadanos en su exposición de motivos de la PNL; si no recuerdo mal, Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido- sí que cuentan con normas o instrumentos que tienen como finalidad facilitar el que se ponga de manifiesto actos de corrupción, incumplimientos de ley o cualquier irregularidad grave, tanto en el sector público como en el privado. Es lo que se conoce con el nombre –y no lo digo en inglés, porque es muy complicado- "tocar el silbato", y que tiene diferentes manifestaciones como imponer la obligación de estas informaciones, potenciar estas informaciones, premiar estas informaciones, o simplemente proteger al informante.

En España, algunos analistas de este ámbito jurídico han querido ver en la Ley 10/2010, de veintiocho de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en la que, sin mencionarlo expresamente, sí que se refiere a obligaciones de información y de comunicación por indicio. Es lo más cercano que hay en la legislación española.

En el ámbito público, en este momento, a día de hoy, en España, únicamente está el Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública aprobada por el Gobierno de Aragón. En este momento se está debatiendo en el Gobierno de Aragón, que, hasta donde yo sé -sin haber estudiado Derecho-, no lo gobierna el Partido Popular ni el Grupo Ciudadanos. Bueno, se está debatiendo un Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública por el Gobierno de Aragón. ¿Saben cuántos capítulos dedican a esto? Uno, un único artículo a esto. Un único artículo que otorga -habla del Estatuto del Denunciante- a quien denuncie hechos que puedan dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales por delito contra la Administración pública... Y prevé en ese único artículo -y prevé- la posibilidad de que se deriven responsabilidades disciplinarias o penales contra el falso denunciante. Solo hay un proyecto en todo el territorio nacional de una Comunidad Autónoma que, hasta donde yo sé, no está gobernada por el Partido Popular ni por Ciudadanos, Aragón dedica un artículo a esto, y en ese único artículo habla... prevé la posibilidad de que se deriven responsabilidades disciplinarias o penales contra el falso denunciante; eso que aquí parece una aberración. Bueno.

Señorías, en este marco internacional, el proyecto de ley que hoy les presento pretende ser pionero, como así lo solicitaba el portavoz de Ciudadanos, en el sector público. No busca establecer obligaciones a los empleados públicos, sino un conjunto de garantías para quien informe de hechos que puedan ser constitutivos de delitos contra la Administración. Y, junto a ellos, como en cualquier sistema democrático, quiere evitar las informaciones falsas o sin fundamento, exactamente que el único proyecto que existe en Aragón, apoyado, por si no lo conocen, por el Grupo Podemos y por el Partido Socialista; exactamente igual.

El proyecto de ley es un texto sencillo en cuanto a su... en cuanto a su estructura, apenas tiene... o solamente tiene tres artículos, una disposición adicional y tres finales, que pretende servir como herramienta eficaz de la regeneración democrática y de la lucha contra la corrupción. Tiene dos objetivos: por un lado, la articulación de un procedimiento que dé curso a las informaciones o actuaciones realizadas por altos cargos o personal de la Administración de los que pudiera derivarse un posible delito contra la Administración pública, todos aquellos recogidos en el Título XIX del Código Penal (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, etcétera); y el segundo objetivo, la adopción de medidas legales que, por un lado, incrementen la confianza en los procedimientos mediante los que se tramitan las informaciones que pudieran facilitarse, y, por otro, garanticen la protección a los informantes frente a posibles acciones que pudieran perjudicar su situación laboral.

La tramitación de las informaciones de estos hechos se efectuará, lógicamente, por la Inspección General de Servicios, órgano de la Administración compuesto únicamente por funcionarios de carrera, que llevará a cabo una información reservada en el plazo de dos meses, pudiendo ampliarse este plazo, por la complejidad del caso, hasta un máximo de seis meses. A lo largo de la tramitación, lógicamente, se protegerá la identidad del informante.

Una vez finalizada esta información reservada, el proyecto de ley contempla tres posibilidades, sobre tres posibles supuestos, a realizar por la propia Inspección General de Servicios: el primero, si aprecia indicio de delitos, remitirlo inmediatamente las actuaciones al Ministerio Fiscal; en segundo lugar, un segundo supuesto, si no aprecia indicio de delitos pero se detecta una posible infracción administrativa, iniciará un informe en el que se proponga la apertura de expediente sancionador, remitiendo al órgano competente para su tramitación; y en tercer lugar, si no aprecia indicio de responsabilidad alguna, no llevará a gano... a cabo –perdón- ninguna actuación.

Los informes que recaigan en las actuaciones practicadas, tanto en los casos en los que se haya apreciado indicio de responsabilidad como en aquellos otros en los que no se aprecian, se remitirán al Comisionado de la Transparencia, que, como saben, es nuestro Procurador del Común. Además, anualmente, el proyecto recoge que se deberá informar a la Comisión correspondiente de esta Cámara, de estas Cortes, sobre el número de infracciones recibidas y el órgano al que se hayan dado traslado. Así mismo, señorías, el proyecto de ley regula de manera amplia y detallada las garantías de los informantes.

El proyecto recoge expresamente que no podrá adoptarse ninguna medida que venga motivada por la información y que puedan perjudicar la situación laboral del informante, y prevé también, a petición del interesado, el traslado temporal a un puesto de trabajo de similares características. El periodo de tiempo al que se extiende las garantías en el proyecto abarca desde que la información tiene entrada en la Inspección General de Servicios y mientras este órgano esté desarrollando la actuación. En caso de que hubiera remisión al Ministerio Fiscal, las garantías se extienden hasta que se dicte sentencia firme o se decrete el archivo definitivo. Además, se reconocen las mismas garantías a quienes opten, lógicamente, por denunciarlo directamente al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial competente.

Y, buscando el justo equilibrio que debe regir en un sistema democrático, el proyecto de ley, exactamente igual que el proyecto de Aragón, impulsado por el Partido Podemos y por el Partido Socialista, pues el proyecto de ley establece una falta grave... como falta grave los supuestos de información manifiestamente infundadas. En Aragón, más lejos, lo elevan al Código Penal, mucho más lejos. Lo que aquí se critica en Aragón se eleva al Código Penal. Eso es bueno saberlo, de lo que estamos hablando. Es decir, aquí somos más suaves que en el único proyecto que hay en este momento en España, que es el proyecto de Aragón.

Señorías, hoy les presento un proyecto de ley que pretende contribuir a avanzar en la regeneración democrática y la transparencia, tratando de prevenir conductas contrarias al interés general, y dotándonos, entiendo, de herramientas para actuar cuando se producen. Por todo ello, espero de sus señorías que tengan a bien aprobar un proyecto de ley que, entiendo, sin duda, será bueno, será positivo para la sociedad de Castilla y León, y también, lógicamente, servirá para mejorar la calidad de la política en nuestra Comunidad, sin necesidad, sin necesidad, de reformar el Estatuto.

Hay algunos que todo lo posponen a la reforma del Estatuto. Yo creo que, como saben que es complicado, porque por la propia configuración parlamentaria que hay en esta Cámara, por la que hay... no nos olvidemos, la que hay en los Parlamentos nacionales -y les recuerdo que la reforma de un Estatuto es un diálogo entre Parlamentos, tiene que pasar por los tres-, yo creo que, como lo ven complicado -no complicado, complicadísimo-, entonces, posponen todo, todo, a la reforma del Estatuto. No. Cuando hay voluntad, se avanza en leyes sectoriales, y cuando se reforme el Estatuto, como se hizo, insisto, con dos instituciones básicas, el CES y el Procurador del Común, cuando se reforme, se elevan a rango estatutario, que, lógicamente, les da más fortaleza y les blinda mejor, porque, en definitiva, el Estatuto es una ley orgánica. Pero esperar al Estatuto, eso lo están haciendo en algunas Comunidades donde ni siquiera se ha constituido la Ponencia del Estatuto. Es lo más cómodo, no avanzas para nada.

Señorías, termino, insisto, me gustaría que lo apoyasen, porque, sin duda, mejorará la calidad de la política de nuestra Comunidad. Seremos pioneros en una medida que no se ha adoptado todavía en España, a nivel nacional y a nivel autonómico. Y me gustaría acabar volviendo a decir lo que he dicho: no estaba en nuestro programa, no estaba en nuestro Discurso de Investidura, y fue una iniciativa del Grupo Ciudadanos en esta Cámara. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Pasamos ahora a debatir las enmiendas que subsisten para defenderlas en este Pleno.

Las Enmiendas 1, 2, 3, 4 y 5 del señor Santos Reyero. Para hablar de ellas, tiene un turno a favor, de cinco minutos. Lo puede hacer desde donde quiera, si... si prefiere bajarse.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Gracias, presidenta. Bien, me toca defender las cinco enmiendas que UPL ha presentado al proyecto de ley por el que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración pública y donde se establecen las garantías de los informantes.

Antes de entrar de lleno en las enmiendas a la misma, me gustaría hacer alguna consideración general sobre la ley. Primero, decirles que es importante que tengamos en cuenta que este proyecto surge ante el reconocimiento de la necesidad de plantear nuevas posibilidades que faciliten la información sobre procedimientos fraudulentos o ilegales; y, al mismo tiempo, en un segundo lugar, para que establezcamos las medidas que protejan a quien informa frente a las posibles acciones que pudieran perjudicar su situación laboral.

La primera parte responde, como explicamos también en la anterior propuesta, a la sensación instalada en la sociedad de un mal funcionamiento de la Administración, fruto de esa sensación de corrupción y malos hábitos con la que en este país nos desayunamos día sí y día también.

Bien, de esa necesidad se crea la obligación de mejorar la transparencia y mandar un mensaje claro a la ciudadanía que regule un procedimiento que, no hay que olvidar, ya se podía plantear en cualquier juzgado o en la instancia judicial correspondiente.

El deber de denunciar ya se establece en nuestro ordenamiento jurídico como principio, el deber de todo ciudadano que tiene noción de la perpetración de un delito y ponerlo en conocimiento de la autoridad competente ya existía. Lo que creo intentábamos con esta ley era establecer las suficientes garantías para que quien denunciara no tuviera que soportar consecuencias que afectara a su situación de trabajo, y eso era, o hacía que... a lo que nosotros destinábamos nuestras enmiendas. Nuestra intención era posibilitar mecanismos y plazos que impidieran la toma de represalias en un tiempo determinado hasta que se hubiera podido posibilitar habilidades de movilidad, de traslado. Y en ese sentido iban las Enmiendas 1, 3 y 4.

La Enmienda 2 se destinaba a la demostración fehaciente de denuncia falsa, por lo importante que nos parece garantizar cualquier medio discrecional en la calificación de la denuncia.

La Enmienda 5, destinada... iba destinada a la creación de una comisión y la integración en ella de los partidos políticos con representación en las Cortes y de los empleados públicos, como una apuesta por favorecer esa imparcialidad.

Lo que el Partido Popular nos propone o nos proponía con la transacción era reducir los tiempos en las Enmiendas 1, 3, y 4, y, como ya le hemos comunicado, a nosotros nos parece ya incluso poco tiempo los dos años que planteábamos, más teniendo en cuenta los retrasos habituales en las convocatorias de traslados que se realiza en esta Administración autonómica, como para aceptar, incluso, un periodo menor.

No podemos tampoco olvidar lo que para nosotros es irrenunciable, y es el motor de este proyecto, o por lo menos nosotros creíamos que era el motor de este proyecto, que es el de garantizar de alguna forma lo que el miedo a ser sancionado por una denuncia impida que cualquier funcionario pueda, al final, ejercitar su derecho y -creemos también- su deber.

Y por último, creemos y nos parece muy importante, aparte de aconsejable, que ayudar a aportar esa sensación de imparcialidad que genere el ambiente necesario para que nadie tenga miedo a ejercer ese derecho y ese deber.

Por todo ello, nosotros, en principio, no podemos apoyar esta ley, porque consideramos que no se ha conseguido, por lo menos, establecer las suficientes garantías para que los funcionarios puedan ejercer -lo que ya he dicho anteriormente- su derecho y su deber.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para un turno en contra, tiene la palabra la señora Sopeña Ballina. ¿Juanjo, finalmente? El señor Sanz Vitorio.

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Muchas gracias, señora presidenta. Señor Santos Reyero, la verdad es que le voy a ser sincero, me siento francamente decepcionado no con el tono de su intervención, ni siquiera con el fondo de su intervención, sino con su actitud ante este... ante esta iniciativa.

Primero, se ha explicado por parte del consejero, claramente, en primero lugar, cuál es el origen de esta iniciativa, algo que no estaba en nuestro programa electoral, algo que no era un compromiso político, algo que no estaba en el compromiso de investidura, y es el cumplimiento a una iniciativa, a través de una proposición no de ley de un grupo parlamentario que es aprobado, y que el Ejecutivo actúa con valentía, con rapidez y, además, con una iniciativa legislativa absolutamente novedosa.

Pero, mire, señoría, me llama la atención enormemente, porque usted ha presentado cinco enmiendas. De las cinco enmiendas, le hemos presentado transacción a cuatro, a cuatro de ellas. No ha querido ni leerlas. La otra, la que desde el primer momento le hemos dicho que no, ha sido una enmienda que lo que plantea es crear una comisión con el objeto que se canalice en comisión de garantías del servidor público; y, además, plantea que haya una doble tramitación, a través de la tramitación de la Inspección General de Servicios y a través de este nuevo órgano que plantea. Que, primero, demuestra que ni siquiera ha leído la ley; porque, si hubiera leído la ley, se hubiera dado cuenta que lo que plantea la ley es crear un canal interno de tramitación. Por lo tanto, carece de todo sentido, carece de toda lógica, que, para un canal interno de tramitación, se cree un órgano externo, señoría.

Pero es que pone el acento en el hecho de que los funcionarios, los empleados públicos, puedan tener miedo a denunciar... Primero, primero, la proposición no de ley, a la que usted no se opuso, dice literalmente, literalmente: "Denuncien episodios de corrupción en el seno de la Administración pública y adecúen las penas por denuncias falsas probadas". Y usted, señoría, no se opuso a ello. Es que, aparte de la lógica más elemental, ¿eh?, es dar cumplimiento a lo que decía la propia propuesta de resolución, señoría.

Pero, mire, le voy a decir más. Haga una cosa, dígame por qué usted... –y esto lo hago extensivo a algunos que siguen diciendo estas cosas también- por qué usted o yo vamos a ser de mejor condición que los empleados públicos. Yo no lo creo, señoría. Yo estoy absolutamente convencido, estoy absolutamente seguro que el conjunto de los empleados públicos, ante el conocimiento de hechos que deban ser puestos en conocimiento, por si son objeto, pudieran ser, constitutivos de un delito, lo hacen, como lo hacemos usted y yo. Y en eso tenían garantías. Pero, mire, a veces, tan importante como la garantía es la percepción que se tiene la garantía de la protección, y es lo que hace esta ley.

Pero es que dígame usted por qué cree que mayoritariamente los funcionarios se dedican a hacer denuncias falsas. ¿Por qué? Yo no lo creo. Y el texto es absolutamente escrupuloso al respecto; tendrá que ser probada la mala fe, incluso, la mala fe en la denuncia falsa. Por lo tanto, no es cierto lo que usted está diciendo.

Mire, lo he hecho en más ocasiones -la verdad es que sorprende cuando oigo estas cosas, ¿no?-, hay un ejemplo que suelo poner, y que seguramente usted conoce, que es la del historiador romano Estrabón, que decía que una ardilla podía cruzar la Península sin bajarse de la copa de los árboles. Seguramente usted lo conoce, y, si lo conoce, mal vamos, porque Estrabón no era romano, sino griego, no era historiador, sino geógrafo, y en su libro de Iberia (de geografía, que no de historia), jamás hizo la más mínima mención a las ardillas, pero, a base de repetirlo, ha dado lugar a que a mí el otro día un empleado público me dijera –que es lo que están haciendo con esto ustedes- que hay que tener mucho cuidado con una denuncia, porque, si la denuncia no acaba en la Fiscalía, se nos cae el pelo.

Es usted una persona seria, así lo creo; no contribuya a difundir esos bulos, que no son ciertos, que no se corresponden con la realidad. Y alguien coherente como usted estará de acuerdo conmigo en que, si alguien con mala fe denuncia, es razonable que se deriven consecuencias para ello. Por esta razón no vamos a aprobar ninguna de sus enmiendas. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para un turno de réplica, que, si quiere hacer desde el escaño, son dos minutos y medio.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Gracias, presidenta. Bien, de forma breve. Mire, siento que se encuentra usted decepcionado; contra eso yo no puedo hacer absolutamente nada.

Sobre mis decisiones o mi voluntad de hacer una cosa, desde luego, el único que tiene realmente poder sobre ella, desde luego, soy yo y mi partido, ¿eh? Usted ya ha dejado claro en su intervención, señor Sanz Vitorio, y lo ha dejado bien claro, que no es que se crea mucho la ley, sino que, probablemente, está usted... está usted obligado porque tiene un acuerdo.

Yo lo respeto, y lo respeto, pero le repito lo mismo; es decir, yo tenía intención de profundizar en este debate por dos cuestiones fundamentales; es decir, el derecho y el deber a denunciar los funcionarios ya lo tenían y ya lo ejercían, porque tenían esa posibilidad. Lo que estábamos haciendo aquí, o lo que yo creí que estábamos haciendo, pero igual me he equivocado, es proponer o, de alguna forma, establecer las suficientes garantías para que aquellas personas que quisieran denunciar lo pudieran hacer sin tener ningún tipo de represalias, primero, laborales –eso, por un lado-; y, en segundo... en segundo lugar, facilitar que se produjeran esos procesos de denuncia para evitar malos hábitos en la Administración. Eso es lo que yo he pretendido y lo que sigo pretendiendo. Si me leo o no me leo la ley, eso es una opinión suya, personal; desde luego, por supuesto, no estoy de acuerdo.

Como tampoco estoy de acuerdo en que su anécdota sea divertida, aunque la repita muchas veces; pero, está bien, usted lo puede hacer, y además tiene total derecho para hacerlo. Y lo que sí le digo es que voy a mantener mi postura. Agradezco también que diga usted que soy una persona seria, lo pretendo; yo también considero que usted es una persona seria. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el señor Sanz Vitorio.

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Muchas gracias, señora presidenta. No, yo creo que no es necesario, no se han introducido nuevos argumentos que modifiquen lo que es la respuesta a las enmiendas presentadas.

Lamentar nuevamente que no haya sido posible llegar a un encuentro en las transacciones presentadas; creo que, objetivamente, daban respuesta a lo que era su voluntad, se ampliaban plazos. Y, a veces, entre lo que uno plantea y lo que plantea otro, el término medio parece razonable, y eso es lo que hemos hecho. Yo creo que algunas de las enmiendas, incluso, que se han transaccionado con otros grupos, daban fiel respuesta a lo que entendía que era su voluntad política en esta materia.

En cualquiera de los casos, agradezco su tono en esta segunda intervención. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Debatimos ahora las Enmiendas números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Sarrión Andaluz; son dieciséis enmiendas. Y para un turno a favor, tiene la palabra el señor Sarrión.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Bueno, yo hoy venía tranquilo, la verdad, pero el señor vicepresidente, con el cual me gusta mucho debatir, porque, además, frente al tono pues quizá un tanto plano de otros debates, la verdad es que, cuando debatimos con usted, siempre se anima bastante la cuestión, ¿no? Y ya el otro día dijo usted dos mentiras en la Comisión, y ahora ha empezado diciendo otra; mal empezamos, ¿no? El otro día... yo voy a hacer una recomendación: los textos hay que leerlos enteros, hay que leerlos enteros, para poder resumirlos, si no, es o una mala lectura o una manipulación. Yo no voy a decir cuál de las dos cosas ha hecho usted. Pero, claro, primero tuvimos una agarrada el otro día –amable siempre, dentro de la cordialidad- porque usted leyó una parte de mi intervención en el Diario de Sesiones en torno a una... a la PNL, y luego resultó que yo había dicho la idea contraria a la que usted manifestaba; pero es que, además, ahora trae usted un proyecto de Aragón en el que dice que puede haber sanciones penales a funcionarios que tramiten información falsa; y otra vez lo lee en parte, y se le olvida decir lo fundamental: que podrá haber responsabilidades penales si hicieran pública esa información, que no si la tramitan. Eso es esencial y fundamental. Insisto: los textos hay que leerlos enteros para poder ofrecerlos bien y para no manipular.

Y, por cierto, que sepa usted que dijo otra cosa falsa en la otra Comisión: PLADEPU jamás se ha presentado a unas elecciones sindicales, como usted dijo; y, por lo tanto, no tiene ningún representante, pero porque no se presentó en ningún caso. Estos son elementos que son importantes.

Ya, entrando a enjuiciar lo que es el propio texto, la propia ley, nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que esta ley podría haber sido una buena idea. A nosotros nos pareció una buena idea, la votamos a favor la primera vez que se planteó en un Pleno; en segundo lugar, nos abstuvimos precisamente por la idea que se transmitía y que nos generaba ciertas dudas acerca de las posibilidades de crear responsabilidades por denuncias falsas que transmitió el Partido Popular en su intervención, aunque no se recogiera en el texto de la ley... de la proposición, perdón.

Y, ciertamente, nosotros creemos que el whistleblowing podría haber sido una buena idea; creemos que era una idea que merecía la pena cuando fue propuesta, cuando fue sometida a debate; pero creemos que se ha convertido en su contrario, esencialmente por un motivo, que es la cuestión de las posibles responsabilidades a funcionarios. Y, por otro lado, porque creemos que es una ley que es esencialmente redundante; una ley que es redundante, porque no olvidemos que, si de lo que se trata es de facilitar que los funcionarios denuncien delitos, no olvidemos que el Artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica, precisamente –de la cual se puede inferir, al menos-, que los funcionarios ya están obligados a denunciar delitos.

Por lo tanto, parece que a la hora de plantear un debate sobre una ley como esta habría sido interesante que hubiéramos ampliado el objeto de la misma. Nosotros creíamos, y así lo propusimos en una enmienda, que lo interesante sería hablar no de delitos, sino hablar de actos contra la Administración pública, porque abre mucho más. Porque abre, en primer lugar, a otro tipo de delitos que puedan tener especial sensibilidad social, pero porque abre también a actos contra la Administración pública que no tienen por qué ser ilegales, pero que sí pueden suponer un perjuicio de la Administración. Aquí ha habido cosas, que nosotros hemos denunciado, que no son ilegales, que no están en contra de ninguna parte del ordenamiento jurídico, pero que creemos que son decisiones injustas o que son decisiones que contravienen los intereses de la Administración. Y creemos que habría sido una magnífica oportunidad para que la Junta de Castilla y León pudiera ser evaluada por sus propios funcionarios cuando determinados responsables tomaran decisiones que pudieran ser consideradas, si no delictivas, simplemente injustas, y que podría haber sido interesante. En todo caso, ese es un debate que a nuestro juicio no hace a esta una mala ley, sino, sencillamente, una ley redundante, una ley que no viene a aportar especialmente.

Sin embargo, lo que nos preocupa enormemente son dos aspectos fundamentales, y esto sí que motiva nuestro voto en contra, aquí sí que se motiva el voto en contra que vamos a emitir en esta ley. En primer lugar, hay una referencia a una idea que a mí me parece muy necesaria en debates como estos: ¿quién vigila a los vigilantes? Hay en el Ayuntamiento de Salamanca un bonito mural homenaje a la obra magna de Alan Moore, que es Watchmen, en la cual precisamente se recoge esta idea central: el vigilante no puede ser vigilado a sí mismo. Por eso nos habría parecido mucho más razonable que a la hora de las investigaciones que se dan curso en esta ley se hubiera optado por un órgano de control, y que no esté simplemente informado, como se realiza a partir de las transacciones. Nosotros creemos que lo interesante es que quien hubiera dirigido las investigaciones hubiera sido un organismo de control, no un órgano jerárquicamente dependiente de la propia Junta. Con esto, por supuesto, en ningún caso ponemos en duda la profesionalidad de ningún empleado de la Junta de Castilla y León, pero sí que decimos con claridad que, si la función de una normativa es, precisamente, evaluar a un órgano, parece difícil o parece extraño que esto sea realizado por un organismo que esté jerárquicamente dependiente o inferior a la misma.

¿Qué proponíamos nosotros? Un órgano de un organismo de control. Pensamos uno –podría haber sido cualquier otro-. Propusimos el Comisionado de Transparencia, dependiente del Procurador del Común. Cualquier otro órgano de control nos habría parecido bien. ¿Por qué? Porque, precisamente, el Comisionado de Transparencia establece en la ley que le da creación... establece que se le pueden añadir las funciones que se crea oportunas.

Por lo tanto, nosotros habríamos creído que esta ley habría sido una buena oportunidad para poder avanzar. Sin embargo, mucho nos preocupa, primero, que quien vigile a la Junta sea la Junta misma, con lo cual difícilmente puede producirse un avance; y en segundo lugar, que se cree esta amenaza, de manera permanente, a las personas que tramitan informaciones. Una amenaza que además se mantiene a través de las transacciones, si bien es verdad que se suavice desde su texto inicial, y se incluye una terminología que es cierto que viene a concretar de una manera mayor, pero que en todo caso lo que supone es la existencia de una amenaza permanente; con lo cual, estamos ante una ley que no vamos a comprender su funcionamiento, y que además lo que genera es, primero, que la propia Junta es evaluada por sí misma, y, en segundo lugar, que los informantes pueden ser acusados en caso de que sus informaciones hubieran sido probadas de manera que no hubieran conducido al resultado que plantean.

En definitiva, creemos que es una ley que se ha vuelto contra sí misma; creemos que una buena idea ha sido pervertida, y ha sido pervertida a lo largo de los meses en que ha sido elaborada. Creemos que, además, ha sido una ley que no se ha debatido con la profundidad que se podría haber hecho, que ha tenido unos trámites de ponencia muy rápidos, que han sido unos trámites en los que no se ha podido debatir en profundidad las propuestas que traíamos los grupos. Y esto lo dice quien representa al grupo que más enmiendas ha generado; lo cual no quiere decir que sean mejores que las de los demás, por supuesto, pero que sí que indican nuestro grado de preocupación por esta ley, que nosotros hemos creído que habría podido ser una buena ley.

Nosotros proponíamos cosas como que, en los casos en los que el Comisionado de Transparencia considerara que los hechos pudieran ser constitutivos de una infracción, que se remitiera el expediente al órgano competente para la incoación de expediente disciplinario, que no fuera potestativa, sino que debiera realizarse obligatoriamente, puesto que la actuación podría ser, a nuestro juicio, inútil, si la apertura o no del expediente quedara al arbitrio de la propia Administración.

Hemos propuesto elementos como que la labor que se atribuye a las Cortes de Castilla y León vaya más allá de una mera cuantificación de las informaciones recibidas y que hubiera un procedimiento más profundo, en el que se incluyera una relación de las informaciones, pero también del procedimiento seguido en cada una de ellas, un informe del comisionado y una resolución final acordada por el órgano administrativo competente.

Hemos realizado propuestas como, por ejemplo, que las garantías sean de aplicación desde que la información tenga entrada en el órgano y que no caduquen en ningún momento, puesto que no puede mantenerse solamente durante el periodo en el que están las actuaciones, debe mantenerse la protección del funcionario de manera permanente. Las garantías no pueden tener fecha de caducidad.

Y hemos propuesto también de que, en caso de que se produjera cualquier modificación en las condiciones de trabajo, el informante pueda solicitar su traslado, teniendo prioridad en los procedimientos de traslados que se realicen durante los dos años siguientes a la comunicación de la información.

Hemos propuesto, además, que se aumente la protección del funcionario, realizando la consideración de falta muy grave y sancionable en su grado máximo a cualquier acto de represalia o discriminación que se realizara en perjuicio de la persona que ha comunicado información. Y hemos propuesto, evidentemente, la supresión del Artículo 5... del apartado 5 del Artículo 3.

Por lo tanto, estos son nuestros planteamientos. Es una ley que hemos trabajado, es una ley en la que creímos en su planteamiento original, en la filosofía del whistleblowing, cuando fue traído aquí por el grupo proponente, una idea importada a Castilla y León desde la Plataforma en Defensa de lo Público, plataforma que, en la actualidad, está definiendo esta ley como la segunda ley mordaza, argumento que compartimos y que sustanciará, sin duda alguna, nuestro voto contrario a la ley, salvo que se acepte estas o, al menos, las más importantes de nuestras enmiendas. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para un turno en contra de las enmiendas, tiene la palabra la señora... Sí. Sí, sí. Sí, tiene la palabra. Tome la palabra.

EL VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA (SEÑOR DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ):

Muchas gracias, presidenta. Simplemente porque se me ha aludido directamente al empezar la intervención. Se me ha acusado de mentiroso, se ha utilizado para ello un debate que hubo en Comisión hace cuatro días, donde quedó claro que el que mentía, el que había quedado... hecho el ridículo, porque fue las palabras que utilizó, fue él; yo no entiendo esto de perder un debate y traerlo luego al Pleno. Es que hay que saber perder, el balón no siempre es suyo. Y luego me hace gracia que diga: lea bien las cosas. Es que ¿cómo puede decir usted eso si se acaba de leer deprisa y corriendo, con su compañera de Podemos, por internet el proyecto de Aragón? Si le acabamos de ver todos. Ni sabía lo que decía el proyecto de Aragón.

Hombre, hay que ser un poco más sensato, tener un poco más de sentido común, que en ocasiones le tiene. Salir aquí a decir que me tengo que leer bien las cosas, cuando he visto como corriendo... Ni sabían lo que decía el proyecto. Hombre, yo lo único que le pido... Todo los demás, cada uno hace el papel que quiere hacer. Pero, hombre, subir aquí, llamarme mentiroso y agarrarse a una comparecencia en una Comisión, donde quedó claro que eso que yo dije aparecía en el Diario de Sesiones, me parece muy feo. Me gustaría que lo retirase, si le parece bien; si no, déjelo ahí. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para un turno en contra de las enmiendas, tiene la palabra la señora Sopeña Ballina.

LA SEÑORA SOPEÑA BALLINA:

Gracias, presidenta. Buenos días. Pues yo también lamento que haya perdido dos minutos de su intervención en volver a retomar un tema que ya debatimos efectivamente en la... en la Comisión de la semana pasada y que, además, usted insiste, insiste, pero quedó probado, como dice el consejero, que era como decía el consejero lo que... lo que se decía.

Y yo quisiera ceñirme, en este momento, a explicarle claramente por qué no vamos a poder aceptar sus dieciséis enmiendas. Porque, mire, se lo voy a plantear en... voy a hacer como tres bloques para poder explicarle estas cuestiones.

Voy a hacer un bloque que se refiere al objeto de la ley, que serían las Enmiendas 1, 5 y 6, en las que lo que pretenden ustedes es cambiar el objeto de la ley y pretenden regular cuestiones que cuentan en la actualidad con una normativa de vigente aplicación.

Quieren en su enmienda ampliar, y lo ha vuelto a decir claramente, a actos contra la Administración. Pero, en términos jurídicos, esto se traduciría o bien en ilícitos penales, que tengo que... tengo que recordarle que también contempla el caso de las sanciones para conductas... para cuando las informaciones son falsas, y también para infracciones administrativas. Y no es este el objeto del proyecto de ley, crear cauces específicos de información sobre diferentes tipos de delitos regulados en el Código Penal que puedan afectar a los empleados públicos o a otras personas, o sobre diferentes conductas que puedan constituir infracciones administrativas.

La denuncia de hecho, si es delito, se regula en las normas penales, como ya hemos dicho, y si son infracciones administrativas, tienen un régimen disciplinario específico, que, como bien sabe su señoría, dependerá de que sea personal funcionario, que estará en el Reglamento de Régimen Disciplinario; si es personal estatutario de los servicios de salud, estaría recogido en el Estatuto Marco del Personal Estatutario; y si es personal laboral, pues vendría recogido en el convenio colectivo.

Por tanto, como ya hemos dicho y volvemos a repetir, el objeto de la ley es más específico, y es crear un cauce interno. Quiero dejar muy claro lo de interno, porque luego, claro, si el cauce es interno, necesitamos que el órgano que luego controle pues sea también un... un órgano interno. Y este cauce tiene que ser un cauce novedoso y pionero en nuestro ordenamiento jurídico para que los empleados públicos puedan informar a la Administración con todas las garantías para ellos sobre posibles conductas de las que tengan conocimiento y que puedan suponer un delito contra la Administración, y ello como medida de prevención y actuación contra casos de posible corrupción.

Ya lo hemos dicho, que va en coherencia con el contenido de la proposición no de ley que se ha presentado y aprobado en estas Cortes el dos de diciembre del dos mil quince.

En cuanto a la Enmienda 6, decirle que la redacción de este proyecto de ley no impide, por ejemplo, que los órganos de representación sindical pues puedan presentar informaciones. Por lo tanto... Pero sí que tiene... hay que tener en cuenta que usted aquí quiere que solo se recoja los... que la puedan presentar los funcionarios, como laborales, fijos o temporales. Por tanto, fíjese, no solo no añade nada, sino que merma las garantías de una parte de los empleados públicos.

Después pasaríamos a las enmiendas que irían relacionadas con la tramitación, y que serían la 2, 3, 7, 9, 10, 11 y 17, en la que proponen modificar la tramitación recogida tanto en la Exposición de Motivos como en las Disposiciones Finales, y también en el Artículo 2, y atribuir al Comisionado de Transparencia en lugar de a la Inspección General de Servicios. Ya le he dicho que no se puede aceptar porque el Comisionado de la Transparencia es un órgano externo a la Administración, por lo que no tiene encaje dentro del cauce interno cuya creación se pretende con este proyecto de ley.

En coherencia con el carácter interno del cauce de información que se pretende crear, la tramitación ha de atribuirse a un órgano interno de la Administración, y, dentro de la Administración autonómica, la Inspección General de Servicios es el órgano especializado en materia de inspección, que tiene atribuidos entre sus funciones ordinarios la tramitación de informaciones reservadas sobre todas las denuncias que se presentan en este órgano. Por tanto, es un órgano que ya cuenta con los conocimientos y con la experiencia necesaria para hacer estas funciones, y además que está integrado por funcionarios de carrera –que no creo que usted tenga nada en contra de ellos- y que además pues llegan a estos puestos por oposición. Con lo cual, creemos de verdad que es el órgano al que tienen que llegar.

En cuanto a la Enmienda número 9, recordarle que el procedimiento disciplinario no se regula en normativa... no se regula en normativa autonómica, sino estatal. Y en el caso del personal laboral, en convenio colectivo. En estas normas... son estas normas las que establecen los órganos, las actuaciones y las comunicaciones que pueden realizarse dentro del procedimiento disciplinario.

En cuanto a la Enmienda número 10, en coherencia con la tramitación de las informaciones a través de la Inspección General de los Servicios, la presentación del informe anual a la Comisión corresponderá... correspondiente de las Cortes de Castilla y León ha de corresponder a la Consejería de la que dependa la Inspección General de los Servicios –esto parece totalmente lógico-, como viene previsto en el Artículo 5.2 del proyecto. El alcance de la comunicación debe de ser, a su vez, el previsto en dicho proyecto y debe de incluir el número de informaciones recibidas y el órgano al que hayan dado traslado del informe. Los datos relativos a las actuaciones realizadas y al contenido del informe y de las resoluciones adoptadas no depende... no pueden ser comunicados a otros órganos distintos de los previstos en el proyecto de ley, dado el carácter reservado de estas actuaciones.

En cuanto a la Enmienda número 8, pues pretende incluir en el proyecto de ley una cuestión que es de carácter procesal y judicial, como es la personación en el juicio, y que no tiene... no tiene lugar meterlo en esta regulación. Pero sí decirle que la personación en el juicio en estos procesos penales se valorará al igual que se hace en la actualidad con cualquier causa penal.

En cuanto a las garantías, que sería el último bloque, que recogería las Enmiendas 12, 13, 14, 15 y 16, quiero dejar claro que la tramitación corresponde a la Inspección General de Servicios, por los motivos que ya le he explicado anteriormente, y las garantías deben de aplicarse desde que la información tenga entrada en la Inspección de Servicios. Pero, además, usted pretende suprimir del texto del proyecto la regulación de un plazo temporal hasta que se prolonguen las garantías. Nosotros creemos que la protección del empleado público que presenta información existe en todo momento, sin límite temporal, ante cualquier acto que ilícitamente le perjudique, pues continúa teniendo la protección que en todo momento le otorga la normativa de la Función Pública, incluyendo la normativa disciplinaria, frente a supuestos de acoso o cualquier conducta constitutiva de infracción disciplinaria.

Por tanto, no podemos... hay que entender que, si se facilitase una información, las garantías adicionales tienen sentido únicamente dentro del periodo de sustentación de las actuaciones, porque, si usted pide un traslado y esto se mantiene indefinidamente, pues tiene que ver usted que a lo mejor cinco años, o seis, o ocho después pues puede pedir un traslado y no tiene nada que ver con haber presentado en su momento estas informaciones.

Por lo tanto, creemos que, de no fijarse límite temporal, un empleado público pues que hubiese facilitado esta información podría solicitar, como le he dicho, un traslado en cualquier momento de su vida laboral. Y yo me pregunto: ¿a los demás empleados públicos esto les puede parecer bien? A mí me parece, sinceramente, que no. Por tanto, suprimir esta regulación del periodo de garantía no aporta nada desde el punto de vista de la protección de los empleados públicos y se protege mejor los derechos del conjunto de los empleados públicos. Yo creo que tenemos que ser capaces de proteger no solo los derechos del que informa, sino también del resto de los empleados públicos, y que esto no dé lugar a ventajas sobre el resto de los empleados.

También, en la número 14 propone que se permita al informante solicitar traslado del puesto de trabajo ante cualquier modificación en sus condiciones de trabajo, y que se le otorgue prioridad en los concursos de traslado durante los dos años siguientes a la comunicación de la información. Pues creemos que no, porque esto, desde luego, como le he... como le he explicado también, pues perjudicaría al resto de los empleados.

Recordarle también que, por ejemplo, en el Artículo 15 se encuadra dentro del acoso laboral, y quiero recordarle que esto ya está regulado como una falta disciplinaria muy grave en el Artículo 95.2 del Estatuto Básico del Empleado Público. Luego no tenga usted ninguna pena, porque esto sí que queda bien claro regulado.

Y, por último, la Enmienda 16 pretende suprimir la falta disciplinaria que se crea por la presentación de informaciones infundadas. Y, de verdad, no podemos aceptar porque se trata de evitar la formulación de denuncias gratuitas e infundadas que puedan perjudicar injustamente la imagen y la credibilidad de las personas cuando no haya ningún motivo ni fundamento en las manifestaciones vertidas. Creemos, de verdad, que la presentación de estas... de estas informaciones pues vulneran los principios de objetividad, de integridad, de neutralidad, de responsabilidad, de ejemplaridad, de lealtad, y, especialmente, la buena fe con la Administración en la que prestan sus servicios y con los superiores, y sobre todo con los compañeros y los subordinados; principios a los que, entre otros, se refieren los Artículos 52 y 53 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por todo ello, señoría, siento que no podamos aprobarle ninguna de sus enmiendas, pero me gustaría que recapacitase sobre la posibilidad de apoyar la ley, porque, al final, lo que estamos haciendo es proteger tanto al que informa como a los demás empleados públicos. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Pues no parece que les he convencido, ya lo siento. Mire, yo... al revés, alguno incluso se ha reforzado. Bueno, mire, yo, por favor, más allá de valoraciones de si uno gana, si uno deja de ganar. Mire, yo el texto legal que tengo aquí, que, efectivamente, lo busco con mi móvil, porque usted avisa mucho con los debates; pero menos mal que tenemos cierta agilidad algunos. Y aquí lo que pone literalmente... porque usted es el que ha hablado de que se amplía en otros Gobiernos a denuncias penales, que es... a responsabilidades penales; y lo que pone aquí literalmente es que "de hacerla pública... –que de hacerla pública, lea, lea, todo, entero- de hacerla pública, no se aplicará el Estatuto del Denunciante establecido en esta ley", e incluso que "podrían derivarse responsabilidades disciplinarias o penales". No... De hacerla pública. Nosotros, en ningún momento, en esta normativa, estamos planteando que se pueda hacer público, que es muy diferente. Ustedes lo que plantean es sanciones por hacer informaciones manifiestamente falsas a un órgano interno, que no publicarlo, que no hacerlo público. Público es hacerlo público en medios de comunicación o fuera de la propia Junta, o fuera del ámbito que se prevé en esta regulación. Pero, vamos, ya vamos teniendo una edad para saber esas cosas. Bien.

Respecto a los motivos que se me dan, son los motivos que yo básicamente conocía, ¿no?, y los que podía imaginarme. Nosotros planteamos, en primer lugar, que la ley se amplíe para que regule elementos que son regulados por otras leyes. Es decir, qué sentido tiene quedarnos solamente en aquello que el funcionario está de por sí obligado ya a denunciar. Y nosotros planteamos que se den competencias a otros órganos diferentes. Sabemos que la Inspección desarrolla una labor de inspección, pero creemos que, precisamente, para dar curso y mayor protección a estas denuncias, lo interesante es dárselo a un órgano, que además se creó, en primer lugar, para garantizar transparencia, que es uno de los elementos que plantea esta ley, y, en segundo lugar, que tiene abiertas las competencias. Por lo tanto, es muchísimo más seguro que se haga en un órgano que, además, recordemos que tiene la unanimidad de los grupos de esta Cámara. Por qué no vamos a dárselo a un órgano como es el Procurador del Común, y podría hablar del CES, y podría hablar del Consejo de Cuentas, y podría hablar de más órganos, ¿por qué no?, cuando, precisamente, concitan el apoyo unánime de todos los grupos que estamos aquí, cosa, por cierto, harto difícil, creo yo. Es decir, difícil empresa, y la hace con éxito. ¿Por qué no responsabilizarles a ellos de que realizan estas denuncias, cuando precisamente en otros casos nosotros confiamos en las resoluciones del Procurador del Común? Cosa, por cierto, que es para generarle mucho respeto, ¿no?, y mucha admiración.

Por eso nosotros planteamos... las leyes son para cambiar la realidad, no son para ajustarse a la realidad misma, porque, entonces, estaríamos en un bucle permanente, en la que hacemos leyes, generamos debates, generamos titulares, pero no se transforma en la realidad misma. ¿Cuál es el objetivo de una ley? Transformar una realidad que no nos gusta por otra que esperamos que sea un poco mejor. Y por eso planteamos, en primer lugar, que quien investigue a la Junta sea un órgano de control de la misma; y, en segundo lugar, que no haya ningún tipo de amenaza a los funcionarios, puesto que en ningún momento se está permitiendo ni se está abriendo la puerta a que se hagan públicas las denuncias. Y, en todo caso, en caso de que la denuncia se hiciera pública y se afectara el honor, en todo caso, podríamos entrar a un debate. Pero es que en ningún momento se puede dañar el honor ni la imagen pública de alguien si la investigación no es pública. Si estamos hablando de transmitir a un órgano interno, a través de un canal oficial, para que una persona lo investigue, no estamos en ningún momento hablando de nada que pueda dañar el honor y la imagen.

Y, es más, respecto al periodo de garantías y a los traslados, algo muy importante, que es entender que las garantías, en primer lugar, no pueden caducar y, en segundo lugar, que habrá que crear un marco en el cual se sientan seguros y seguras las personas que estén dispuestas a generar denuncias.

Por lo demás, mantenemos la misma posición. Evidentemente, ustedes tienen la misma posición ante nuestras enmiendas, nosotros mantenemos la misma posición hacia la ley. Nosotros fuimos el único grupo que votó en contra en Comisión, y esta vez volveremos a votar en contra, no sabemos si solos o acompañados, pero, desde luego, mantendremos nuestra posición. Seguimos creyendo que se ha desperdiciado una oportunidad única cuando llegó este debate aquí. Y, por supuesto, seguiremos pidiendo, por favor, que no mientan, que no engañen, que no manipulen. Lo vamos a seguir pidiendo. Cuando usted cite una idea mía en el periodo de sesiones, léala bien, no sea que termine diciendo lo contrario. Cuando usted diga que una plataforma se ha presentado a unas elecciones, verifíquelo antes, no sea que no se hayan presentado, como ha ocurrido.

Y, en definitiva, ustedes, que tienen más de mil y pico cargos de libre designación, hombre, prepárense las intervenciones, porque yo, que estoy solito, me equivoco a veces, pues puede tener cierta lógica, pero ustedes, que son nuestro Gobierno, pues yo creo que, hombre, que es para un tironcillo de orejas. Muchísimas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la señora Sopeña Ballina.

LA SEÑORA SOPEÑA BALLINA:

Sí. Muy brevemente, porque creo que ya le he expuesto los motivos por los que... por lo que vamos a decir que no. Pero yo ya sabía que no le iba a convencer; usted a mí tampoco, ni muchísimo menos. Porque, de verdad, es usted insistente hasta en volver a traer temas que no tienen nada que ver con sus enmiendas que presenta, y con volver otra vez a entrar... a querer entrar en un debate que ni siquiera, además, yo le puedo... el consejero no le puede responder y, encima, vuelve a insistir e insistir para que baje yo aquí a defender. Yo vengo simplemente a defender que sus enmiendas no las vamos a aprobar, ¿vale?

Entonces, mire, esto de que alguien miente, que algo queda, o sea, es que no. O sea, de verdad, no, no deberíamos de entrar en estos debates, deberíamos de entrar en el debate de las enmiendas, que es para lo que estamos aquí hoy. Y me sorprende mucho, porque, al final, es que yo tengo la impresión de que lo que realmente ustedes creen es que todos los funcionarios hacen denuncias falsas y que, claro, como las hacen falsas, pues hay que defenderlos. Pues no. La mayoría de los funcionarios pues no van a hacer... de los funcionarios o del personal de la Junta, desde luego, solo van a... y yo creo que ninguno se va a sentir mal, porque si otro realmente sabe, y, a sabiendas, hace una denuncia falsa, pues, de verdad, de alguna manera hay que proteger al resto de los empleados públicos. Y no les va a parecer mal; o sea, yo creo, de verdad, que no va a parecer mal a nadie. Y si a alguien le parece mal, es que no tiene muy buenas intenciones con respecto a las informaciones que él quiere presentar, me parece a mí.

Lo del órgano, lo del órgano que sea... que usted quiere que sea el Comisionado de la Transparencia. Pues es que, de verdad, yo tengo la impresión de que, si hubiésemos puesto en la ley que era el Comisionado, pues le hubiese gustado que fuese la Inspección de Servicios, o el CES, o cualquier otro de los que ha apuntado aquí hoy, porque, total, cualquiera podría servirle. Pero es que, vuelvo a decirle, si lo que pretendemos es crear un cauce interno, pues tenemos que ser un órgano interno el que luego haga esta vigilancia.

Que, además, también le quería decir que habla usted mucho de la información, que no es pública. No, es que la información es reservada, ¿vale?, y deberíamos dejarlo claro, es una información reservada. Yo creo que, de verdad, al final, pues se pierde usted en su debate de que... de las cosas que le parecen, insiste, insiste, pero, al final, yo creo que debemos estar todos de acuerdo en que esta ley yo creo que mejora lo que hay ahora mismo, que cualquier funcionario o empleado público va a poder presentar una información con todas las garantías, pero que esas garantías tampoco le pueden dar unos derechos sobre el resto de los empleados públicos, ¿eh?

Y no quiero decirle nada más, solo que, bueno, me hubiese gustado, de verdad, que hubiésemos... yo creo que desde el principio usted sabía que ni siquiera íbamos a poder llegar a transaccionar ninguna de sus enmiendas, pero, bueno, para otra ley será. Y muchas gracias por todo. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Antes de entrar en el debate de las enmiendas del Grupo Ciudadanos, les tengo que indicar que se han presentado tres enmiendas transaccionales a las tres enmiendas que el Grupo Ciudadanos mantiene para su defensa ante el Pleno. En concreto, las Enmiendas números 1, 2 y 5. De conformidad con la Resolución de la Presidencia de las Cortes de seis de marzo del ochenta y nueve, el señor secretario va a proceder a la lectura de estas enmiendas transaccionales. Le ruego al secretario que dé lectura a las mismas.

EL SECRETARIO (SEÑOR CHÁVEZ MUÑOZ):

Gracias, presidenta. Primera enmienda transaccional: Los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el Artículo 119.3 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, y de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de seis de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, presentan la siguiente enmienda transaccional al dictamen elaborado por la Comisión de la Presidencia del Proyecto de Ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que se reciba... que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración pública, y se establecen las garantías de los informantes.

Las modificaciones que se proponen son:

Añadir una nueva Disposición Adicional Primera con la siguiente redacción: "Al personal de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que informe sobre un posible incumplimiento del código ético y de austeridad de los altos cargos, le será de aplicación lo previsto en el Artículo 3 de la presente ley. Estas informaciones se tramitarán conforme a lo previsto en el Artículo 2 de esta ley". En consecuencia, la Disposición Adicional Única pasará a ser la Disposición Adicional Segunda.

Otra modificación, al apartado III de la Exposición de Motivos: Modificar en su primer párrafo la expresión "una disposición adicional" por "dos disposiciones adicionales". Sustituir la redacción del párrafo quinto de este apartado III por el siguiente texto: "La Disposición Adicional Primera establece la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 3 de la ley al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma que informe sobre posibles incumplimientos del código ético y de austeridad de los altos cargos, así como dispone que la tramitación de estas informaciones se hará de conformidad con los establecido en el Artículo 2 de la ley. La Disposición Adicional Segunda prevé para el personal laboral el establecimiento de un sistema de garantías similar al regulado en la ley, previa modificación de la normativa que resulte de aplicación al mismo". La aceptación de la presente enmienda comporta la retirada, por tanto, de la Enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Y los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos Castilla y León y Mixto no se oponen a la tramitación de esta enmienda.

La segunda enmienda transaccional: Los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el Artículo 119.3 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León y de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de seis de marzo del ochenta y nueve, presentan la siguiente enmienda transaccional al dictamen elaborado por la Comisión de la Presidencia del Proyecto de Ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración pública, y se establecen las garantías de los informantes.

La modificación que se propone es:

Añadir en el apartado 1 del Artículo 2 un segundo párrafo, con la siguiente redacción: "El inicio de la información reservada se comunicará al Procurador del Común, como Comisionado de Transparencia". La aceptación de la presente enmienda comporta la retirada de la Enmienda número del 2 del Grupo Parlamentario Ciudadanos. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos Castilla y León y Mixto no se oponen a la tramitación de esta enmienda.

La tercera enmienda transaccional: Los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el Artículo 119.3 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León y de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de seis de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, presentan la siguiente enmienda transaccional al dictamen elaborado por la Comisión de la Presidencia del Proyecto de Ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración pública, y se establecen las garantías de los informantes. Las modificaciones que se proponen son:

Se sustituye la redacción del apartado 2 del Artículo 3 por la siguiente: "Dichas garantías serán de aplicación desde que la información tenga entrada en la Inspección General de Servicios hasta un año después de que la Inspección General de Servicios haya terminado las actuaciones a las que se refiere el Artículo 2 de esta ley. En el caso de que las actuaciones se hayan remitido al Ministerio Fiscal, las garantías mantendrán su vigencia hasta que haya transcurrido un año desde que se dicte sentencia firme o, en su caso, se decrete el archivo definitivo".

Además, se sustituye la Disposición Final Primera, apartado 1; la redacción del apartado 2 del nuevo Artículo 55 bis, que se añade a la Ley 7/2005, de veinticuatro de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, por esta disposición, por la siguiente redacción: "La duración del traslado se extenderá hasta un año después de que la Inspección General de Servicios haya emitido el informe que ponga fin a las actuaciones inspectoras. En aquellos casos en los que el informe de la Inspección General de Servicios concluya con la remisión de las actuaciones al Ministerio Fiscal, el traslado de puesto de trabajo podrá prolongarse hasta que transcurra un año desde que se dicte sentencia firme o, en su caso, se produzca el archivo definitivo".

Por otra parte, se sustituye la Disposición Final Segunda, apartado 2, la redacción del apartado 2 del nuevo Artículo 44 bis, que se añade a la Ley 2/2007, de siete de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, por esta disposición por la siguiente redacción: "La duración del traslado se extenderá hasta un año después de que la Inspección General de Servicios haya emitido el informe que ponga fin a las actuaciones inspectoras. En aquellos casos en los que el informe de la Inspección General de Servicios concluya con la remisión de las actuaciones al Ministerio Fiscal, el traslado de puestos de trabajo podrá prolongarse hasta que transcurra un año desde que se dicte sentencia firme o, en su caso, se produzca el archivo definitivo". La aceptación de la presente enmienda comporta la retirada de la Enmienda número 5 del Grupo Parlamentario Ciudadanos. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos Castilla y León y Mixto no se oponen a la tramitación de esta enmienda.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Muchas gracias. Para la defensa de estas enmiendas transaccionales, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Fuentes Rodríguez.

EL SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señora presidenta. Como es sabido, estamos aquí hoy, en este último trámite parlamentario, porque Ciudadanos, como bien ha dicho el vicepresidente, planteó como exigencia al Partido Popular la elaboración de una ley que proteja a los funcionarios y trabajadores públicos que destapen casos de corrupción en el seno de la Administración.

Pusimos este tema encima de la mesa y exigimos su implementación porque considerábamos que la protección a los denunciantes de corrupción como un elemento clave de los avances de regeneración democrática. Aprovechamos nuestra influencia y nuestra capacidad negociadora para pedir cambios y medidas reales en la lucha contra la corrupción y contra la coacción que los corruptos pudieran imponer a su alrededor.

Y hoy apoyaremos la ley porque seguimos pensando que es un avance notable en esta dirección. Es evidente que podía haber ido mucho más lejos. Es evidente que la ley hubiese tenido otro recorrido si hubiese existido una verdadera voluntad sobre la misma por parte del Partido Popular, estamos seguros. Pero también, del mismo modo, es evidente que todo avance en materia de regeneración es positivo, al menos juicio de nuestro grupo parlamentario.

Ciudadanos planteó más enmiendas y más aportaciones al proyecto que las que finalmente se recogen en este texto que hoy votamos. Pero eso se llama negociación, eso se llama punto de encuentro, eso se llama capacidad de diálogo. Y, ante un Gobierno que dialoga poco, que negocia menos y que apenas se encuentra con el resto de los grupos de la Oposición, nos vendría muy bien que el resto de los... el resto de los 37 escaños pudieran estar con muchas más y con muchas mayores dosis para llevar a cabo esto.

Lamentamos que la ley no ampliara los procesos de protección tanto como nos habría podido gustar a nosotros. Tampoco ha sido posible establecer el acceso de los procuradores de esta Cámara a los procesos de protección, en cuanto que somos representantes de todos los castellanos y leoneses. Y nos hubiese gustado, ¿cómo no?, un mayor tutelaje por parte del Procurador del Común. Pero la realidad es que, gracias a la agenda reformista y a la capacidad de diálogo de Ciudadanos, hoy aprobaremos un texto innovador en España, que, por primera vez, establece una normativa legal que protege a los funcionarios y empleados públicos que denuncien casos de corrupción política en Castilla y León. Se los debemos a quienes alzan la voz contra los corruptos. No solo merecen nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, sino también nuestra protección y el convencimiento de que nuestro sistema democrático no trata peor al denunciante que al corrupto. Con esto avanzamos, con esto hay cambio en Castilla y León y con esto... con esta ley abrimos un poco más las ventanas de la Administración.

Hoy, cinco escaños demuestran que se puede ser útiles a los ciudadanos sin gritar, con trabajo, con diálogo y con negociación. En unos meses habrá una normativa nacional, esperemos, en esta dirección y se mirará como primicia esta que tenemos hoy y que vamos a aprobar aquí, en Castilla y León.

Si esta noche lo corruptos duermen un poco más nerviosos y los empleados públicos denunciantes de esta corrupción un poco más tranquilos, mis compañeros del grupo parlamentario y yo mismo no nos sentiremos importantes, pero sí nos sentiremos tremendamente útiles. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Sanz Vitorio.

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, muy brevemente, porque yo lo que quiero decir es que me produce una enorme satisfacción haber sido capaces de transaccionar, haber sido capaces de acordar, haber sido capaces de aprobar una iniciativa como la que nos trae hoy aquí, que creo sinceramente que, efectivamente, es innovadora, es positiva y es la muestra de lo que se puede hacer cuando hay voluntad de acuerdo.

Pero sí que... como me voy a centrar en lo que nos une, no quiero centrarme en lo que nos separa, pero sí que conviene una aclaración, ¿eh?, una aclaración. No estamos hablando de ninguna exigencia de ningún pacto, de ningún acuerdo que obligara a presentar este proyecto de ley. Estamos hablando de una proposición no de ley presentada en estas Cortes, aprobada por estas Cortes, que no vincula, no vincula a la obligatoriedad al Ejecutivo, y que derivó, como consecuencia de la voluntad del Ejecutivo de dar traslado, dar cumplimiento a ese acuerdo, a esa propuesta de resolución de las Cortes en un proyecto de ley que se ha presentado en esta Cámara. Por tanto, no es una exigencia, es una proposición no de ley y es la voluntad política, porque no está obligada por ley a ello, del Ejecutivo de presentar un proyecto de ley.

Dicho esto, lo más importante, lo más relevante es lo que usted ha dado traslado aquí a continuación: hemos sido capaces de transaccionar tres propuestas, en la medida en la que se modifica... no se centra en ello, pero fundamentalmente se modifica lo que era inicialmente una cuestión que quedaba excluida, como son aquello que tenga que ver con los incumplimientos del Código Ético y de Austeridad; yo creo que eso es importante, se ha incluido, era una reivindicación. Se modifican los plazos de garantía, tanto desde el punto de vista de la tramitación en los informes de la Inspección General de Servicios, una vez acaba la información reservada, como en los casos en los que se derive a la Fiscalía y haya sentencia firme por un año de ampliación.

Y habla usted de que le hubiera gustado más la participación del Procurador del Común. Mire, es que el Procurador del Común, como Comisionado de la Transparencia, tiene información de que se inician las actuaciones, pero el término "reservado" quiere decir reservado, ¿eh?, no puede accederse. Por lo tanto, el Procurador del Común, como Comisionado de la Transparencia, o como estas Cortes, pueden llegar hasta donde puede llegar.

Y yo creo que también es bueno recordar que se pactó previamente, se acordó, se transaccionó propuestas que ustedes hacían, enmiendas que ustedes habían planteado, en materia de dejar mucho más claro la aceptación expresa por parte del empleado público en caso de traslado, de la misma manera que se dejó meridianamente claro, meridianamente claro, como solamente en caso de denuncia falsa probada, fehacientemente probada y de mala fe, se puede actuar contra un empleado público. Me parece que es importante recalcar eso, porque, al respecto, se está mintiendo, y se está mintiendo con ánimo de intoxicar, y eso no está bien. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

A continuación, pasamos a la defensa de la enmienda de la procuradora señora Del Barrio Jiménez, y enmiendas números 1, 2, 3 y 4 del Grupo Podemos. Para un turno a favor de las enmiendas, tiene la palabra la señora Del Barrio Jiménez.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, presidenta. Bueno, lo primero que queremos decir a la procuradora del Partido Socialista es que creemos en los empleados públicos, por supuesto, y no creemos que todos hagan denuncias falsas. Quien cree... [Murmullos]. No, lo ha dicho... lo ha dicho ella, ha dicho... [Murmullos]. Bueno, el caso es que nosotros creemos en los funcionarios, quien no creen son ustedes, que regulan sobre las denuncias falsas de los funcionarios; es, entonces, que ustedes no creen en los funcionarios.

Nosotros sí que estamos decepcionados de cómo se ha producido toda esta proposición de ley: primero vino aquí una proposición no de ley, como indicaba el señor Sanz Vitorio, en la cual compartíamos el espíritu y en la cual el Partido Popular intentó cambiar las reglas del juego intentándola cambiar en el último momento durante la votación. Afortunadamente, esta Cámara no dejó que se incumplieran las reglas del juego, y, bueno, como no era suficiente, volvimos a tener un segundo debate al respecto, donde ya la norma cambió absolutamente, la proposición no de ley cambió ciento ochenta grados, y en la cual nuestro grupo parlamentario pues ya no estaba absolutamente nada de acuerdo en la misma.

Decía aquí el portavoz del grupo parlamentario que no tenían por qué haberlo aprobado, porque ha sido la voluntad del Gobierno. Más parece que estaba haciendo un alegato para la beatificación del Partido Popular que un alegato a favor de esta ley. Que, bueno, nunca se sabe; ha sido el Partido Popular el primer partido en ser el primer partido imputado por corrupción, a lo mejor es el primer partido beatificado en la historia de la democracia.

También le digo que no estaba en su Programa de Gobierno, no estaba en el Programa de Gobierno del Partido Popular, porque el Partido Popular, aunque lo parezca, no consiguió la mayoría absoluta suficiente para gobernar esta Comunidad Autónoma, perdiendo 11 escaños, y esto le llevó a llegar a un acuerdo... un acuerdo de más puntos, en un caso, y también, como indica el acuerdo que rubricó el presidente Herrera con el portavoz de Ciudadanos, a acuerdos puntuales, en el cual estaba este acuerdo puntual.

En cuanto... como ya todo esto ha sido un despropósito absoluto -bueno, en el debate rapidísimo, la ponencia-, pues nosotros presentamos las enmiendas correspondientes, que son las enmiendas dirigidas principalmente a esto que no le gusta, que es a quitar la persecución -porque nosotros lo llamamos persecución- de los empleados públicos cuando se regula sobre las denuncias falsas. Y sí, nos parece una aberración, porque las denuncias falsas ya están reguladas en el Código Penal. Decía la señora Sopeña, cuando contestaba al procurador del Grupo Mixto, que no podía aceptar sus enmiendas porque se hablaba sobre cosas que ya estaban reguladas por otras vías legales; ya, pero es que las denuncias falsas ya están reguladas por otras vías legales; con lo cual, es una doble regulación, es la prueba evidente de que ustedes no se fían de los funcionarios.

No voy a entrar en el tema de Aragón, ni mucho menos, ya aquí se ha dicho todo lo que se tenía que decir, pero también les recuerdo que en Aragón, cuando existen modificaciones presupuestarias superiores a 300.000 euros, tienen que ser aprobadas en Comisión y no por el Consejo de Gobierno, y a partir de 100.000 tienen que ser remitidas. Con lo cual, a ver si aprendemos del Gobierno de Aragón, para unas cosas, sí, pero para otras, no.

Y luego ya, por último, simplemente decirle que, bueno, nuestro grupo parlamentario va a mantener las enmiendas. Como probablemente no sean las enmiendas aprobadas, pues nos vamos a oponer frontalmente a este proyecto de ley, que se ha convertido de protección del empleado público a su persecución. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para un turno en contra, tiene la palabra la señora Sopeña Ballina.

LA SEÑORA SOPEÑA BALLINA:

Bueno, muchas gracias. Ya veo que lo del Gobierno de Aragón les preocupa mucho, y les preocupa mucho porque, claro, lo que ustedes quieren es... dicen aquí que presionar y no presionar; lo que quieren ustedes es presionar, quitándonos el Gobierno. [Murmullos]. Sí, sí, o sea que, al final, es que ustedes, ¿eh?, tienen varas de medir diferentes según donde estén. Y, desde luego, ha salido aquí a defender todo menos las cinco enmiendas que presentaba; ha salido aquí a decir lo que habíamos hablado unos y otros, pero de sus enmiendas prácticamente no ha hablado.

Porque, en realidad, es verdad, hablábamos del objeto de sus enmiendas y, en el objeto, lo que... Es verdad que las irregularidades administrativas... ya se lo dije yo, que ya estaban reguladas y que ya estaban reguladas por diferentes... por diferentes leyes, y que el objeto de la ley no era ese exactamente; o sea, que el objeto de la ley es otro, y que lo que pretende –ya lo dijimos- es crear un cauce interno y nuevo, y novedoso, ¿eh?, para que se puedan informar, para que puedan informar sobre posibles irregularidades. Y que, además, esto, de verdad, les guste o no, nace de una PNL, y nace de una PNL que vuelven al debate de que si fue... si se presentó una, si luego se hizo trampa, si no sé qué... No, nace de una PNL, que ya dejamos bien claro que, además, era una cuestión de que, cuando se presentó la primera PNL, el plazo era muy pequeño y pensábamos que no daba lugar ni siquiera a poder presentarla; que luego la ley se ha presentado en muchísimo menos tiempo. A lo mejor había dado hasta tiempo a presentarla en los tres meses; pero, por si acaso, para no poder... no hacerlo, pues decidimos poner seis meses.

De verdad, nosotros sí que nos fiamos de los funcionarios. Dice que nosotros no nos fiamos; sí, sí, no... ya veo yo que el debate aquí es quién se fía más de los funcionarios; nosotros, totalmente. Y, de verdad, lo que queremos es que esta ley -y se lo vuelvo a repetir- tenga garantías tanto para el funcionario que presenta esas posibles informaciones o esos posibles que hacen una denuncia de delitos, pero que, a la vez, también hay que yo creo que garantizar que esos delitos no sean infundados, que no tengan ninguna... o sea, porque, cuando uno obra de mala fe, pues también de alguna manera... de alguna manera habrá que recoger... habrá que recoger pues medidas para que eso no suceda.

En realidad, una hablaba del objeto y en la otra usted hablaba de suprimir la falta disciplinaria. Ya, ya sabemos que no les gusta, pero vuelvo a decirle lo mismo: es necesaria, y no tiene por qué ningún funcionario que obre de buena fe sentirse perjudicado porque haya una falta disciplinaria, porque la falta disciplinaria solamente en el caso de que... de que se haga... de que se... las informaciones sean infundadas y no se hagan bien, pues tendría que funcionar.

Yo creo que volvemos a lo mismo: las denuncias, debemos de proteger, no debemos dar ventajas a la gente que pueda... que pueda aprovechar la ley para hacer este tipo de denuncias. Y, de verdad, vuelvo a decirle que nosotros sí que creemos en los funcionarios, que trabajamos aquí, que no trabajamos... que nos gusta llegar a pactos y a... y que no es una obligación; simplemente, esto nació de una proposición no de ley, y esto es el desarrollo de una ley como motivo de esa proposición no de ley. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Del Barrio Jiménez. Sí.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, presidenta. Bueno, le digo que sí he defendido mis enmiendas, lo que pasa es que, como ustedes suelen hacer, pues no han escuchado. Nuestras enmiendas van dirigidas a eliminar... a eliminar la persecución de los funcionarios y a garantizar que este proyecto sea un proyecto de ley de protección del funcionario y no de persecución. Se lo he dicho antes, se lo vuelvo a repetir. Mantenemos las enmiendas y, como no va usted a cambiar de opinión, pues mantenemos nuestro voto en contra de una ley que va... ha pretendido proteger, pero va a perseguir al funcionario público. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para un turno de dúplica, tiene la palabra la señora Sopeña Ballina.

LA SEÑORA SOPEÑA BALLINA:

Muy brevemente. Simplemente para decir que me reitero en lo que dije. Y, de verdad, siento mucho que no vayan a aprobar o, por lo menos, a abstenerse en este proyecto de ley; espero que se abstengan, pero... porque, de verdad, nosotros sí que queremos proteger a los funcionarios, se lo vuelvo a decir. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Debatimos ahora las Enmiendas 1 a 13 del Grupo Socialista, en total doce enmiendas. Para un turno a favor, tiene la palabra el señor Briones Martínez.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, este proyecto de ley tiene como objetivo fundamental o como objeto regular la protección de los funcionarios que informen sobre presuntos delitos cometidos contra la Administración pública. Agradecemos que el señor consejero nos ha dado unas pinceladas, que, sin duda alguna, consideramos que se nos debían de haber dado también o, por lo menos, haber, sin duda alguna, tramitado de otro modo lo que ha sido la Ponencia. Ha sido una Ponencia lamentable. Tenemos que decir que, en ese sentido, bueno, pues hemos visto alguna de las cosas que queríamos... que queríamos ver, pero lamentablemente se ha dado en el día... en el día de hoy.

Sin duda, este proyecto se incardina dentro de aquellas medidas que adopta este Parlamento para disponer de una normativa eficaz para la lucha contra la corrupción y a favor de la regeneración política, y, en este caso concreto, adoptando medidas que protegen eficazmente a aquellos que, sin duda alguna, denuncien informaciones por conductas ilícitas.

El Reglamento, el Artículo 109 -yo creo que claramente-, de las Cortes de Castilla y León ha determinado los informes y memorias y dictámenes. En ese sentido, estamos de acuerdo en la forma, pero no podemos estar de acuerdo en cuanto al fondo, fundamentalmente porque existen algunos... en el anteproyecto, algunos reparos por parte del Consejo Consultivo relativo a la memoria. Y yo creo que esas cosas, esas observaciones, entre ellas fundamentalmente las sugerencias al portal de Gobierno Abierto, las propuestas realizadas de la mesa de negociación o también sobre la intervención de la Mesa General de Negociación y Consejo de la Función Pública. Prácticamente, se limita a decir que el Consejo Consultivo ha informado favorablemente el anteproyecto con el voto favorable exclusivamente de la Administración y en contra... –que esto es muy importante- en contra de los sindicatos CSIF y Comisiones Obreras y la abstención de UGT. Sin embargo, no se aportan esas actas en ese momento, y supongo que sería por la urgencia... -también lo dice el Consejo Consultivo- por la urgencia de lo que era el dictamen. Supongo que se habrán aportado.

Por eso, en cuanto a la forma, tenemos que decir que se ha tramitado con estas... pequeños reparos, y sí en cuanto al fondo. En cuanto al fondo, tenemos que decir, fundamentalmente, que estamos decepcionados con Ciudadanos, muy decepcionados, porque el espíritu de lo que se trajo aquí en la primera PNL y con la segunda, una vez que se... que parece que se pusieron de acuerdo, no tiene nada que ver con el espíritu de lo que hoy parece ser que se va a aprobar aquí.

Nosotros vamos a mantener, sin duda, las doce enmiendas, porque, bueno, pues creemos que están más vivas que nunca. Tiene... el objetivo fundamental es mejorar este proyecto, que decía el consejero que es pionero; sin duda, puede ser pionero, o uno de los pioneros, pero este proyecto, sin el máximo respaldo, es un proyecto que nace absolutamente muerto, muerto. No puede ser que la mitad de la Cámara vaya a votar a favor y la otra mitad, pues, probablemente, no vaya a dar su apoyo. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto en el que no se ha buscado el consenso de las partes. Sería determinante buscarlo. Y entendemos que al final se ha convertido para el Partido Popular en un mero trámite estético. Lamentablemente, ustedes han sido los compañeros de este viaje, porque se podía haber mejorado -y usted lo ha reconocido, señor Fuentes-; se podía haber mejorado, y no se ha... y no se ha mejorado porque ustedes no han aportado... [aplausos] ... o no han tenido valor para haber exigido, en este caso, al Gobierno, fundamentalmente, lo que usted decía en la PNL inicial.

Nosotros hemos hecho enmiendas a la exposición de motivos, al objeto... hemos hecho enmiendas fundamentalmente a la tramitación y a las garantías. La verdad que tenemos una preocupación constante en el sentido... vamos a ver, en cuanto a la exposición de motivos, claramente, nosotros lo que queremos es que la presente ley, que estaba dedicada... dedicada al establecimiento de las garantías para los empleados públicos, bueno, pues esto, la primera parte, estaríamos de acuerdo. Pero es que en la segunda, no podemos estar en absoluto de acuerdo. Fíjese usted lo que se va a aprobar, ¿eh?, fíjese usted lo que se va a aprobar.

Por lo tanto, nosotros creemos que aquí hay una interferencia por parte de la Administración y, desde luego, nosotros creemos que esa interferencia no debía de existir. Esto no es lo más importante, porque la verdad es que, si usted se da cuenta, si se ha leído precisamente la exposición de motivos, se dará cuenta que, prácticamente, quitando esas transacciones que se han aportado ahora mismo, sigue siendo casi la misma en el inicio de la presentación del anteproyecto. Por lo tanto, en ese sentido, bueno, pues creo que no ha habido mucha modificación.

Habría que tener muy en cuenta seguramente en cuanto... el objeto. Nosotros hemos hecho ahí pues dos enmiendas fundamentales: una de supresión y otra de modificación. Nosotros proponíamos la siguiente modificación al objeto: es decir, la presente ley tiene como objeto el establecimiento de las garantías para los empleados públicos que informe de la comisión de infracciones administrativas o comportamientos inadecuados. Vamos a ver, yo creo que es importante determinar claramente, y por eso hemos aportado el Artículo 4... perdón, el Artículo 1 bis, y es las garantías del anonimato. Hablaron, fundamentalmente, que sean tramitadas fundamentalmente a través del Procurador del Común de Castilla y León -salvaguardando siempre la... en este caso, los datos relativos a la identidad del denunciante- o a través de los grupos parlamentarios o de los procuradores de Castilla y León.

Pero, siendo esto importante, como le digo, nosotros, en cuanto a la tramitación, creemos que hay cuestiones también relevantes. Es decir, fundamentalmente, si los hechos a los que se refiere la información en sí mismos pueden ser constitutivos de delito público, se debían de poner, o se pondrán, en este caso –y aparece-, en conocimiento de los órganos a los que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y la coletilla, que es muy importante: "absteniéndose de realizar más actuaciones y comunicando dicha circunstancia al denunciante". En este caso, nosotros creemos sinceramente que no le corresponde en absoluto a la Junta la investigación, tan solo las actuaciones que le pudieran encomendar los órganos judiciales.

Nosotros, de verdad, creemos que esta enmienda es muy importante, como lo es también la número 7, en la que... en la que se proponía... y, por cierto, la número 7 fue aceptada, que fue una transcripción literal, pero se resumía solo a eso. Y estamos en el capítulo más importante, en el de las garantías, que es el motivo por el cual este grupo parlamentario no puede apoyar este proyecto de ley.

Por lo tanto, vamos a ver, fundamentalmente hablamos de... nosotros proponemos claramente la supresión del Artículo 3, apartado quinto, en su redacción del texto. Es verdad que ustedes se han limitado... o han modificado el verbo derivar por el verbo probar. Es muy importante. Pero fíjese que es tan importante que a ver cuáles... cómo se especifican cuáles van a ser esos medios de prueba. ¿Se tiene que probar el dolo? Vamos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No... vamos a ver, no es una garantía, es una amenaza, ya que las denuncias contra los órganos de la Administración presentadas en la Administración van a ser valoradas por la propia Administración. Y eso... hombre, y, además, va a poder suponer, va a poder suponer una sanción por la misma Administración al que... al que hizo la denuncia. Convendrá conmigo que eso es un procedimiento absolutamente diabólico, diabólico. Y, además, las sanciones... y por eso también no nos gusta cómo se califica esa sanción, como grave. La sanción como grave usted sabe perfectamente lo que puede llevar aparejado, precisamente el traslado fundamentalmente del puesto de trabajo, incluso llevarlo a otro sitio, a otra localidad, en fin.

Mire, nosotros proponemos esta enmienda; ustedes aprueben esta enmienda, que es fundamental, y le digo que el... nosotros podríamos incluso llegar a tomar una decisión diferente a la que planteábamos: "El informante no contraerá en ningún caso otra responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiese cometido por medio de su actuación, o con su ocasión, sin que quepa la apertura de procedimiento sancionador alguno". Así de claro, fíjese qué fácil es, esas son las garantías: que el que denuncie no tenga miedo. Vamos a ver, es que con esto... este proyecto de ley que se va a aprobar hoy, pues, lamentablemente, lamentablemente, no es un proyecto garantista.

Mire, el Grupo Parlamentario Socialista va a mantener todas sus enmiendas. Creemos que mejorarían notablemente el proyecto, sobre todo en lo que hemos incidido, en la relativa al apartado 3... perdón, al Artículo 3.5, y la supresión de las disposiciones finales primera y segunda. Ciertamente, consideramos que con este proyecto no existe un verdadero sistema de protección a los denunciantes, informantes o testigos, en los casos de corrupción de manera independiente. Sí que es posible encontrar, y lo tenemos que reconocer, algunos ejemplos de protección en general, pero, claro, para una... para hacer esto no... para hacer esto no era necesario que hayamos hecho todos estos trámites. Es que prácticamente esa protección ya existía.

Por lo tanto, el proyecto de ley que se pretende aprobar hoy, en primer lugar, no responde a las expectativas creadas como herramienta que ayude a combatir la presunta corrupción en el seno de la Junta de Castilla y León, si la hubiera. Segundo, esta... este proyecto de ley, que es muy importante, no... vamos, aparte de los reparos previos, no ha contado con el voto favorable de los sindicatos en el Pleno extraordinario de la Función Pública...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Briones, tiene que terminar.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

(Y termino, un segundo). ... y la mesa general de negociación, que rechazan el texto y, además, no es una buena herramienta. Y, en tercer lugar, y finalizo, porque no se ha tenido en cuenta las enmiendas del Grupo Socialista, coincidentes con lo expresado por el Consejo Consultivo...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Termine ya, señor Briones.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

... y sindicatos, que abogan por un proyecto de ley del informante sin restricciones. Lamentablemente, con este proyecto... [La presidenta retira la palabra al orador]. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Sanz Vitorio.

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, porque antes lo olvidé, quiero dar las gracias a la letrada doña Laura Seseña, por las aportaciones, el apoyo que ha recibido esta Ponencia a lo largo de su tramitación. Pido disculpas por no haberlo hecho desde el primer momento, pero a veces el fragor del debate nos lleva a lo que nos lleva.

Señoría, algunos de los sindicatos, lo que han trasladado no es su disconformidad con el proyecto de ley; lo que han trasladado es su consideración de innecesario. Por eso no lo apoyaban, porque lo consideraban innecesario.

En cualquiera de los casos, llegados a este punto en el que ya buena parte de los asuntos han sido tratados, han sido vistos, estará usted de acuerdo conmigo en que buena parte de los argumentos son reiterativos por parte de uno y otros. Lo que sí voy... sí voy a dejar constancia de una opinión. Creo... creo que tenemos un problema, un problema. Hay un problema. El problema que ustedes tienen probablemente tiene también varias vertientes. La primera es que ustedes confunden sistemáticamente Junta con Partido Popular, sistemáticamente. Y yo entiendo, entiendo que así sea. Pero me parece que no es bueno para esta Comunidad el permanente reconocimiento por su parte de incapacidad para ser alternativa. Y eso es lo que les lleva a tener permanentemente emisión de juicios equivocados, porque la Junta no es el Partido Popular: es el Gobierno de esta Comunidad Autónoma.

Y a partir de ahí llegan a una segunda conclusión: que su capacidad para hacer oposición es perfectamente descriptible, como se puede desprender de los resultados que sistemáticamente cosechan. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues hacen lo siguiente, dice: vamos a ver, vamos a ver, si, dada nuestra manifiesta incapacidad para hacer oposición, delegamos esta responsabilidad a través de los funcionarios. Y eso es tener una muy mala opinión de los funcionarios.

Mire, no pensé que a estas alturas hubiera que recordar lo que dice el proyecto de ley. Es que no es el proyecto... el objeto del proyecto de ley no es lo que usted ha dicho; el objeto del proyecto de ley no es garantizar a los funcionarios hacer denuncias falsas, que es lo que parece que usted ha querido trasladar aquí. El objeto del proyecto de ley es regular las actuaciones de la Administración en la Comunidad Autónoma ante aquellas denuncias que pudieran ser formuladas por el conjunto de los empleados públicos y que pudieran ser constitutivas de un posible delito del Título XIX del Código Penal. Ese es el objeto, no lo que usted ha dicho. Y a partir de ahí se establece un procedimiento, un cauce de tramitación de esos supuestos. Es lo que se hace. Y lógicamente, lógicamente, de ahí, para garantizar que nadie tiene temor a realizar ese tipo de denuncias, se establece un sistema de garantías amplio -señoría, lo creo honestamente, amplio; con la fe, la confianza y el respeto que me merecen el conjunto de los empleados públicos de la Comunidad-, sobradamente amplio, porque no tengo ninguna duda de que, incluso sin estas garantías, ejercerían su responsabilidad en caso de tener conocimiento al respecto. Pero mire, esta es la realidad, esta es la realidad. Y a partir de ahí parece que es razonable también que tiene que haber una doble circulación de responsabilidades.

Mire, han presentado ustedes... diré que también, yo creo que es bueno lo que decía antes, que, además de las garantías, se perciban como tal, y no entiendo por eso su actitud. Se lo digo en serio, de verdad, no entiendo la actitud de tratar de hacer ver que existe una... un afán de persecución hacia los funcionarios y de amedrentar para que no emitan denuncias si así lo consideran.

Mire, han presentado ustedes 13 enmiendas. Una fue aceptada. Hay 3, las 3 primeras a las que usted hacía mención, fundamentalmente... bueno, hombre, estará de acuerdo en que parece razonable que en una exposición de motivos se fije la finalidad, pero la suprimen, no entiendo muy bien por qué.

Y luego las otras, pues realmente la... la segunda y la tercera, de la que usted habla, pues cambia el objeto. Por eso le decía yo que es importante leer el objeto, porque el objeto no es el que usted dice, y cambia el objeto. Porque, mire, el objeto no son las infracciones administrativas; es que ese es el problema, señoría, es que las infracciones administrativas tienen su cauce en el ámbito de los empleados públicos: en el caso de los funcionarios, pues los recogidos en su reglamento de disciplina; en el caso de los estatutarios, lo que marca su estatuto; en el caso del personal laboral, lo recogido en el convenio colectivo. Pero es que no es un ámbito... el objeto no son las infracciones administrativas; el objeto, ¿eh?, son... el que yo le he dicho, ampliado, ampliado a aquellos supuestos de incumplimiento del código ético y de austeridad como consecuencia de la transacción aprobada... que se va a aprobar hoy aquí en esta Cámara.

La número 4, la número 5 y la número 6, pues es contraria al objeto, y es contraria al proyecto. ¿Por qué? Porque, si lo que pretendemos es establecer un cauce, un canal interno, no tiene sentido encomendárselo a órganos externos. Por eso es importante... podemos estar de acuerdo en que sea el objeto o no lo sea, podemos estar de acuerdo en el contenido del proyecto de ley; lo que no tiene sentido es tener un proyecto de ley sobre el que debatimos y plantear todas las enmiendas a un objeto diferente al que persigue el proyecto de ley, porque nos hace imposible encontrarnos, señoría.

Pero luego, además, plantea cuestiones como que se dé traslado a las Cortes, en los momentos que hay un traslado, ¿eh?, de personal, de esa información. Es que plantea cuestiones que no pueden ser, porque tendría que ser el propio empleado, porque es información privada.

La 9, la 10 y la 13 van a eso que ustedes han decidido convertir a través, se lo digo sinceramente, de... iba a decir de la mentira... en fin, a partir de una información que no es cierta, ¿eh?, en relación a las responsabilidades que se derivarían en caso de denuncia infundada. Porque, miren, señorías, ¿me puede decir alguien que no está de acuerdo con que se considere falta grave –voy a leer literalmente- "la presentación de informaciones infundadas, cuando en las actuaciones llevadas a cabo en la información reservada se pruebe de forma manifiesta su falta de fundamento, todo ello sin perjuicio de otras responsabilidades"? Mire, si no fuera porque sé que no es eso lo que está defendiendo, me obligaría a hacer una pregunta absolutamente innecesaria: dígame, ¿le parece a usted bien que haya denuncias infundadas? Dígamelo, ¿le parece a usted bien que haya denuncias infundadas?

Si yo fuera funcionario, que no lo soy, pero si yo fuera funcionario, ¿eh?, estaría encantado, encantado, en defensa de la honorabilidad de mi colectivo, que si hay miembros de mi colectivo que se dedican a prácticas que no se corresponden con lo que debe ser, con denuncias infundadas, sea considerada de forma... falta grave esas actuaciones. No hay derecho, señoría, no hay derecho a que dé la sensación de que ustedes estén defendiendo el que pudiera haber prácticas habituales en la denuncia infundada, no hay derecho. Porque el colectivo de los empleados públicos de esta Comunidad no se lo merece, no lo hace jamás, no es la práctica habitual, no se va a modificar para nada su comportamiento con esta cuestión.

Pero sí, sí, en el ejercicio de la obligación, como Cámara legislativa, como Ejecutivo, tenemos la obligación de salvaguardar que, de la misma manera que se persiguen comportamientos indebidos, corruptos, no deseados, en el ámbito del ejercicio de la acción política por parte de altos cargos, debe ser perseguido también, de la misma forma que eso lo hacemos en defensa de la honorabilidad del conjunto de la clase política, debemos hacerlo también en defensa de la honorabilidad del conjunto de los empleados públicos, que no necesitan para nada, para nada, actitudes paternalistas, que a lo que llevan, a lo que conlleva es a generar una sensación falsa sobre lo que es el comportamiento habitual del conjunto de los empleados públicos de esta Cámara.

Por lo tanto, no vamos a poder aprobarle ninguna de estas enmiendas. Le digo más, le digo más, estoy convencido, estoy absolutamente convencido que, más allá de la verbalización pública de lo que acabo de decir...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Sanz Vitorio, termina ya.

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

... el conjunto de los empleados públicos comparten esta reflexión que a mí me hace sentirme francamente mal tener que haberla hecho. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Briones Martínez.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Señora presidenta, señorías. Señor Sanz Vitorio, la verdad es que no sé por qué ese empeño que tiene hoy aquí en querer culpabilizar al Grupo Parlamentario Socialista, entre otros, prácticamente de que ustedes hayan... o vayan a aprobar una ley que no reúne todas las garantías necesarias para que los informantes puedan libremente ejercer la denuncia cuando lo estimen conveniente. [Aplausos]. ¿Por qué ese miedo? Es que no lo podemos entender.

Mire usted, le voy a citar tres palabras: con frecuencia, la mejor fuente de información es un empleado gubernamental comprometido con la integridad pública y dispuesto a decir lo que sabe. ¿Usted cree de verdad que con esta ley que vamos a aprobar hoy alguien se va a atrever a denunciar las irregularidades o la presunta corrupción en el seno de nuestra Administración? Vamos a ver, si les estamos amenazando con la apertura de un expediente, si se equivocan. La buena o la mala fe, la buena o la mala fe, señor Sanz Vitorio, a veces no está tan determinada como usted dice.

Vamos a ver, es que usted ha puesto aquí unos ejemplos que no tienen ningún sentido, y, además, tipificarlo como falta grave. ¿Por qué se tipifica como falta grave? Si no tienen que tener ningún miedo. Estoy convencido de la responsabilidad de los funcionarios, de la responsabilidad de los empleados públicos. Pero, claro, es que la falta grave lleva aparejada la suspensión de funciones o traslado a otro puesto de trabajo, eso es así. Y, por lo tanto, es verdad, "no pueden ser removidos durante el tiempo de...", es verdad; pero, claro, usted sabe perfectamente que el resto de las garantías donde nosotros hacemos o... hacemos hincapié fundamentalmente es, bueno, pues aquel informante que tiene esas dudas ante una irregularidad, ante un fraude, ante un cohecho, una prevaricación, ¿qué hace? Con esta ley ya no se va a atrever. ¿Por qué? Porque pende una espada de Damocles si al final esa información pudiera resultar infundada.

Incluso, incluso, cuando por parte del juez, si, a través de este procedimiento, se le da constancia de que hubiera, de modo indiciario, un presunto delito, al final se archiva y ustedes pueden entender, la Administración, que ha habido mala fe. Fíjese, aquí se podría poner además en riesgo un principio fundamental, el principio non bis in idem; saben perfectamente lo que es, es decir, no contemplado expresamente en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero directamente vinculado con los principios de legalidad y tipicidad. Por lo tanto, es decir, ese principio determina claramente que unos hechos, en este caso, o la imposibilidad de que unos hechos puedan ser objeto de una condena penal y disciplinaria. Y, por tanto, con esta ley, de hecho se puede... eso puede suceder.

Le decía... –y para que no se me... me pille el tiempo, como siempre, señora presidenta- le decía, fundamentalmente, que usted hoy tiene que intentar aparentar o sobre todo decir ante los empleados públicos que realmente nosotros estamos... estamos, digamos, poniendo una cortina de humo, porque realmente ustedes han aprobado una ley donde se les cuestiona. Ustedes, que son defensores de los empleados públicos, que siempre nos hablan del diálogo social, que siempre dicen, vamos a ver, siempre tienen ..... En este caso no.

Y usted ahora nos ha contado aquí una batallita: que no es el fondo, que es la forma. Vamos a ver, los empleados públicos... Yo sí tengo esas actas, y usted, supongo, aunque no estaban en el expediente, sí que existen, y tengo las actas de UGT, tengo las actas del CSIF, y tengo las actas también, precisamente, de la UGT... y Comisiones, perdón. ¿Y qué dicen esas actas? No les gusta... –atienda- no les gusta ese proyecto de ley. Y, por lo tanto, no venga usted a defender a los empleados públicos, cuando les están dando el palo por otro lado, cuando no... [Aplausos]. Quien no confían en ellos son ustedes; si confiaran libremente, se les podía dejar... se les podía dejar, sin duda alguna, que presenten las denuncias correspondientes.

Yo estoy convencido de la responsabilidad absoluta de todos los empleados públicos, y ustedes también; bueno, ¿qué problema hay en retirar el 3.5? Retírenlo, dejen ese margen para que lo puedan hacer, porque, si no, sin duda alguna, esta ley, y se lo digo claramente, si no está matando a la paloma mensajera, sí que le está cortando las alas. Y entiendo que este mensaje, realmente, nunca llegue donde tiene que llegar, es decir, las informaciones se quedarán en el sitio inadecuado, y, con esto, no vamos a hacer una lucha efectiva contra la corrupción.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista no puede apoyar esta ley, que cuestiona claramente a los empleados públicos, su independencia, su buen criterio y su imparcialidad. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el señor Sanz Vitorio.

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Muchas gracias, señora presidenta. Señor Briones, ni siquiera voy a... porque, realmente, no vamos a avanzar mucho más, teniendo en cuenta que al final usted se ha limitado a defender lo que es su único argumento en relación al proyecto de ley. Es decir, han hecho pues una faena de aliño en relación a la presentación de enmiendas, que usted sabe que no tenía sentido teniendo en cuenta cuál era el objeto de la ley, pero entendieron que había algo a lo que podían agarrarse, como era el tema del 3.5.

Pero, mire, yo le voy a ser sincero, ¿eh?, le voy a ser... no he hecho ninguna valoración, no he hecho ninguna valoración, me limito a hacer dos lecturas: una, lo que dice la propuesta de resolución, lo que dice la propuesta de resolución, que da pie a la presentación de este proyecto de ley y que usted no se opuso. ¿Le parece...? Lo ponía; podrá decirme que no lo había leído, eso es otra cuestión, pero la propuesta de resolución decía literalmente, literalmente: que se solicite al Gobierno de España que desarrolle ta, ta... empleados públicos que denuncien episodios de corrupción en el seno de la Administración pública y adecúen, adecúen, las penas por denuncias falsas probadas. Eso es literalmente, ¿eh? Letrado... Puede usted tirar de Diario de Sesiones. Literalmente. Y usted no se opuso.

Y le leo lo que dice el 3.5: "Se considerará falta grave la presentación de informaciones infundadas cuando en las actuaciones llevadas a cabo en la información reservada se pruebe de forma manifiesta su falta de fundamento, todo ello sin perjuicio de las consecuencias que establece el ordenamiento jurídico para los supuestos de acusación y denuncias falsas, simulación de delitos tipificados en el Capítulo V del Título XX del Libro II del Código Penal". Dígame, señoría, ¿qué le parece a usted mal, que esté mal vista la difamación? ¿Que le parece a usted mal, que se pene a quien difunda informaciones falsas a sabiendas y quede probado fehacientemente? ¿Qué le parece mal? Voy a evitarle que me conteste, porque, realmente, lo va a tener complicado.

Contésteme a otra cosa: ¿usted cree que un empleado público, que no tiene la intención de hacer una denuncia falsa, tiene algún problema con esta redacción? Sinceramente, ¿usted lo cree? [Aplausos]. ¿Sabe lo que pienso yo, sabe lo que pienso yo? Que, en fin, no lo voy a decir; si no fuera porque estamos donde estamos, lo diría, pero no lo voy a decir, ¿no? O sea, yo, si no fuera porque estamos donde estamos, diría que se le está pasando a usted por la cabeza la posibilidad de que si tiene algún funcionario amigo, ¿eh?, que pudiera estar dispuesto a prestarse a esto de las denuncias falsas... [murmullos] ... le invitaría a ello. Como sé que no es así, porque usted no es así, como sé que usted no es así, no va a pasar. Pero imagínese que cualquiera que esté observando este debate de manera aséptica, desde la distancia, con todas las prevenciones que usted pone, podría pensarlo, y a mí me sabría muy mal que alguien pensara eso de usted, y por eso prefiero, ¿eh?, estar en la convicción de que simplemente había leído usted mal el 3.5.

Y le repito, le repito, ¿cree que hay un solo funcionario, como son el 99,9 % de los empleados públicos de la Comunidad, que tiene la más mínima prevención porque pudieran derivársele responsabilidades de hacer denuncias falsas, yo creo que no, porque el conjunto de los empleados públicos de esta Comunidad es gente honesta, no es ni mejor ni peor que usted y yo, que no tienen ningún problema ante esos comportamientos, porque jamás los practican. Muchas gracias. [Aplausos].

Votación Enmiendas PL/000005

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señoría. Pasamos a votar las enmiendas que acaban de ser debatidas. Sometemos a votación las Enmiendas números 1 a 5 del procurador señor Santos Reyero. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: doce. En contra: cuarenta y dos. Treinta abstenciones. Quedan rechazadas.

Procedemos a someter a votación las Enmiendas números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Grupo Mixto, pertenecientes al señor Sarrión Andaluz. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: doce. En contra: cuarenta y dos. Treinta abstenciones. Quedan rechazadas.

Procedemos a someter a votación las tres enmiendas transaccionales presentadas por los Grupos Popular y Ciudadanos, que comportan la retirada de las Enmiendas números 1, 2 y 5 del Grupo Ciudadanos. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y tres. A favor: cuarenta y siete. Once en contra. Veinticinco abstenciones. Quedan rechazadas. [Murmullos]. ¡Ay, perdón! Aprobadas. Quedan aprobadas las enmiendas transaccionales.

Procedemos a someter a votación las enmiendas de la señora Del Barrio Jiménez, y las números 1, 2, 3 y 4 del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: doce. En contra: cuarenta y dos. Treinta abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas.

Procedemos a votar las Enmiendas números 1 al 13 del Grupo Socialista. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: treinta y seis. En contra: cuarenta y dos. Seis abstenciones. Quedan rechazadas.

Votación PL/000005

Finalmente, procedemos a someter a votación el Dictamen elaborado por la Comisión de la Presidencia del Proyecto de Ley por el que se regulan actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración pública y se establecen las garantías de los informantes, con las modificaciones que se han introducido a consecuencia de las enmiendas que han sido aprobadas.

Votación de los Artículos 1, 2 y 3, Disposición Adicional Primera y Segunda, Disposición Final Primera y Segunda y Tercera y Exposición de Motivos y Título del Proyecto de Ley. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: cuarenta y siete. En contra: treinta y siete. En consecuencia, queda aprobada la ley a la que me acabo de referir, y no vuelvo a reiterar el título.

Por el señor secretario se procede a dar lectura al séptimo punto del orden del día.

Designación miembros Consejos Sociales Universidades Públicas

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Muchas gracias. Séptimo punto del orden del día: Designación de miembros de los Consejos Sociales de las Universidades públicas de Castilla y León.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Por el señor secretario se dará lectura a las candidaturas presentadas por el Grupo Podemos, el Grupo Socialista y el Grupo Popular a los Consejos Sociales de las Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias. Consejo Social de la Universidad de Burgos: el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León propone a don Manuel Martín Cuadrado, don Jorge Lamana Vicente y don Daniel Alonso González; el Grupo Parlamentario Socialista propone a don Octavio Granado Martínez; el Grupo Parlamentario Popular, a don Ernesto Antolín Arribas y a don Jorge Villaverde Martín.

Para el Consejo Social de la Universidad de León: el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León propone a don Javier Delgado de Castro; el Grupo Parlamentario Socialista, a doña María Josefa Díaz-Caneja Fernández; y el Grupo Parlamentario Popular, a doña Ana Díaz-Rincón Cotelo y don Manuel Suárez González.

Para el Consejo Social de la Universidad de Salamanca: el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León propone a doña María Dolores Martín-Albo Montes, don Antonio Carrascal Lorenzo y don Luis Ramos de la Torre; el Grupo Parlamentario Socialista propone a don Cipriano González Hernández; y el Grupo Parlamentario Popular propone a doña María Eugenia Bueno Pastor y don Manuel Bruno Nevado.

Y por último, para el Consejo Social de la Universidad de Valladolid: el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León propone a don Carlos Sánchez-Reyes de Palacios y doña Esperanza Ortega Martínez; el Grupo Parlamentario Socialista, a don César Milano Manso; y el Grupo Parlamentario Popular, a don Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila y a don Juan Carlos Fernández Aganzo.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Procedemos a continuación a someter estas propuestas a votación. Todas las votaciones de este punto se efectuarán según lo establecido en el Artículo 91.1 del Reglamento de la Cámara. Cada procurador escribirá en la papeleta el nombre de un candidato para cada uno de los consejos sociales de las universidades públicas de Castilla y León. Resultarán elegidos los tres candidatos que obtengan mayor número de votos en cada uno de los consejos sociales. En caso de empate con relevancia a efectos de la propuesta, se dirimirá en otra votación entre los que hubieran obtenido igual número de votos. Por los secretarios se va a proceder al llamamiento por orden alfabético de todos los procuradores, que deberán acercarse a la Presidencia y hacer entrega de su papeleta, a fin de que sea depositada en la urna. Comienza la votación.

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias. Comenzamos.

[Los secretarios, señores Reguera Acevedo y Chávez Muñoz, y señora Rosado Diago, proceden al llamamiento de los señores Procuradores para que emitan su voto].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Pasamos al escrutinio.

[La presidenta, señora Clemente Municio, procede al escrutinio de los votos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

El resultado de la votación es el siguiente. Don Manuel Martín Cuadrado: once votos. Don Jorge Lamana Vicente: cero. Don Daniel Alonso González: cero. Don Octavio Granado Martínez: veintiséis votos. Don Ernesto Antolín Arribas: veintiuno. Don Jorge Villaverde Martín: veintiuno. Don Javier Delgado de Castro: once. Doña María Josefa Díaz-Caneja: veinticinco. Doña Ana Díaz Rincón: veintiuno. Don Manuel Suárez González: veintiuno. Doña María Dolores Martín-Albo Montes: cero. Don Antonio Carrascal Lorenzo: once votos. Don Luis Ramos de la Torre: cero. Don Cipriano González Hernández: veinticinco. Doña María Eugenia Bueno Pastor: veintiuno. Don Manuel Bruno Nevado: veintiuno. Don Carlos Sánchez-Reyes de Palacio: once. Doña Esperanza Ortega Martínez: cero. Don César Milano Manso: veinticinco. Don Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila: veintiuno. Don Juan Carlos Fernández Aganzo: veintiuno. Y ha habido cinco votos en blanco, y uno en blanco a las universidades de Salamanca, Valladolid y León, porque solo recogía un nombre para la universidad de Burgos.

En consecuencia, quedan designados don Octavio Granado, don Ernesto Antolín y don Jorge Villaverde miembros del Consejo Social de la Universidad de Burgos. Doña María Josefa Díaz-Caneja, doña Ana Díaz Rincón y don Manuel Suárez miembros del Consejo Social de la Universidad de León. Don Cipriano González Hernández, doña María Eugenia Bueno Pastor y don Manuel Bruno Nevado miembros del Consejo Social de la Universidad de Salamanca. Don César Milano Manso, don Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila y don Juan Carlos Fernández Aganzo miembros del Consejo Social de la Universidad de Valladolid.

Se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las quince horas treinta minutos].