DS(P) nº 47/9 del 9/11/2016

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Buenos días, señorías. Tomen asiento, por favor. Se reanuda la sesión. Por el señor secretario se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día.

Mociones

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias, señora presidenta. El tercer punto del orden del día es: Mociones. Y dentro del apartado primero, que es el debate de las mociones, comenzamos...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señorías, se ha reanudado la sesión. Por favor, guarden silencio.

M/000174

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

... comenzamos, en consecuencia, en el debate de las mociones, con la primera moción, que es la Moción 174, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, derivada de la Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por dicho Grupo Parlamentario sobre propósitos en relación con el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y León 2016-2020, sustanciada en la Sesión Plenaria del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para presentar la moción, por el grupo proponente tiene la palabra el señor Tudanca Fernández.

EL SEÑOR TUDANCA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, permítanme antes de empezar, y aunque no tenga relación con la moción, y muy brevemente, sí mencionar que, evidentemente, nos hemos desayunado con una noticia fruto de la celebración de las elecciones en Estados Unidos, y uno tiene la sensación de que una nube muy negra se ha cernido sobre el mundo. Es un día, desde mi punto de vista, triste y peligroso, porque ha triunfado un discurso contra las mujeres, contra las minorías, contra la paz... [aplausos] ... y no es un día para estar, desde luego, muy contentos. Hoy es verdad que ha ganado la extrema derecha, ha ganado el populismo, y hemos vuelto a aprender que al populismo nunca se le derrota con las recetas antiguas, porque el populismo nace y crece, precisamente, del fracaso de esas políticas antiguas. Y, en todo caso, hoy es un día, creo, para apostar por la esperanza frente al miedo y la resignación.

Pero, en todo caso, hoy venimos a hablar de algo, del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, que no es la primera vez que se debate en esta Cámara; después de meses incumplidos y más de un año después del primer anuncio, el Consejo de Gobierno, la Junta de Castilla y León aprobó este plan sin presupuesto concreto, sin obras concretas y sin un calendario de ejecución. Y, de verdad, esta es una de las ocasiones en las que uno deseaba estar equivocado; hubiera deseado que esta vez la Junta hubiera cumplido su promesa, que no fuera un nuevo plan, una nueva agenda vacíos de contenido. Pero el señor Herrera, inasequible al desaliento, parece que ya no sabe gobernar de otra manera. Ya sé que ustedes no le dan mucho valor al cumplimiento de la palabra dada, pero a mí me parece que solo se puede hacer buena política si se tiene palabra y la palabra se cumple.

Fíjese que después de presumir de dieces, la necesidad de recuperar inversiones en nuestra sanidad, educación, dependencia o servicios sociales fue reconocida en el propio plan, después de muchos años de negar los recortes crueles que ustedes habían efectuado en nuestro estado de bienestar; nada más y nada menos que 3.000 millones de euros en los últimos cinco años.

Pero es verdad que estas necesidades, estas prioridades, probablemente infinitas, deban planificarse. No nos vale con que ustedes hagan un listado con las partidas ya contempladas de forma ordinaria en los Presupuestos, que ni siquiera; tampoco vale con que ustedes se despachen con un plan genérico para no caer en la trampa de los agravios, según las palabras del propio Herrera. ¿Qué agravios? ¿Qué nos quieren decir? Es como si ustedes, para que ninguno de sus hijos se queje de que su hermano come más cuando se sientan a la mesa, dejaran a todos morir de hambre. Y eso no es política, la política es tomar decisiones, asumir responsabilidades y resolver problemas. Así que, sí, venimos aquí a hacer política valiente y responsable, y hemos decidido traer a la Cámara ese plan que ustedes no quieren, no saben o no se atreven a hacer, sin más pretensiones que comenzar ese debate. No pretendemos traer un listado exhaustivo o completo.

A partir de nuestra propuesta, queremos la participación de todos los grupos parlamentarios y de las instituciones locales -por cierto, tal y como ha aprobado esta Cámara en una resolución-, para comenzar ya a recuperar la prestación de los servicios públicos en condiciones de igualdad se viva donde se viva. A ver si lo entienden ustedes de una vez: sin buenos servicios públicos y, desde luego, sin empleo, no vamos a conseguir parar nunca la sangría de la despoblación en nuestra Comunidad, señorías del Partido Popular.

Faltan cosas, claro, pero todas las que están incluidas en nuestra propuesta son necesidades básicas de los castellanos y los leoneses. Todas son reivindicaciones de ayuntamientos, de diputaciones, de resoluciones de esta misma Cámara, o incluso fueron incluidas, y a veces desaparecidas, de nuestros Presupuestos. A ellos se sumarán, claro, otras inversiones en materia de conservación, mantenimiento, tecnologías, tal y como ya recoge el plan. Así que mano tendida, esa mano tendida que tantas veces piden y hoy tienen la oportunidad de predicar un poco menos y dar un poco más de trigo.

Obviamente, queremos ser serios -esto no es una carta a los Reyes Magos-, son inversiones posibles de financiar y todas necesarias. Este debate, además, es muy trascendente porque tiene que ver con la necesidad de establecer un suelo social en nuestra Comunidad, que garantice una inversión mínima en nuestro estado de bienestar, que lo blinde frente a las veleidades de recortes y privatizaciones y que evite en el futuro, en futuras crisis, que se recorte donde nunca debe recortarse.

Un suelo social que el Grupo Parlamentario Socialista ha establecido, ha propuesto que sea del 12 % de nuestro producto interior bruto, unos 6.800 millones de euros hoy; 600 millones de euros más de los que se invierten actualmente. Esto mejoraría la atención a nuestros dependientes, permitiría aumentar las becas, reducir las listas de espera, contratar más profesores y más médicos y, desde luego, mejorar las infraestructuras sociales. Un suelo social que sería posible con una reforma fiscal que les hemos propuesto y que permitiría recaudar en torno a 300 millones de euros adicionales al año. Esto, unido a una reforma de la financiación autonómica, que estoy seguro conseguiremos del nuevo Gobierno, y que la señora consejera estimaba en unos 500 millones de euros adicionales, permitiría, más la captación de fondos del Plan Juncker, financiar de sobra este plan y sostener el estado de bienestar en nuestra Comunidad Autónoma.

Miren, este plan solo será creíble si logramos la participación de todos y si hay financiación adicional y un calendario viable de ejecución. Y hoy traemos aquí una propuesta creíble y viable para mejorar los servicios públicos, en definitiva, para mejorar la vida de los castellanos y los leoneses. Está en sus manos, señorías. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Esta moción no tiene enmiendas. Y para fijar posición, en un turno compartido, tiene la palabra el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Bien, señorías, es evidente, y no lo negamos, que cada vez que el Partido Socialista ha traído a esta Cámara iniciativas que confirmen ese compromiso del señor Herrera en el Discurso de Investidura sobre el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de León y de Castilla ha contado siempre con el apoyo de Unión del Pueblo Leonés. Apoyo basado en esa promesa, como decía anteriormente, del Debate de Investidura, donde se hablaba de la inversión de 600 millones de euros para la legislatura. Incluso quiero recordar que apoyamos la iniciativa que ustedes presentaban en el pasado Pleno, donde se obligaba al Gobierno a especificar de forma clara y concreta cuál serían las inversiones.

Hoy nos presentan ustedes una moción en ese mismo sentido, y fruto de una interpelación anterior, en la que, de forma acertada, critican -y en eso estamos de acuerdo- dónde está la excepcionalidad de un plan específico cuando se utilizan no fondos complementarios, sino ordinarios, lo cual deja el concepto de excepcional en algo meramente simbólico, o ni siquiera. Hasta ahí, señorías, estamos de acuerdo.

Sin embargo, donde no vamos a entrar es en apoyar esos 114 proyectos que usted propone, no porque no consideremos esos de interés, que lo son, y ahí estamos también de acuerdo, sino porque son los proyectos que ustedes consideran prioritarios. Ustedes piden 283.000... perdón, 283 millones para la provincia de Palencia, y solo 19 millones para la de Zamora, o 33 para la de León, o, lo que es lo mismo, casi el 41 % para Palencia y solo un 2,8 para Zamora o un 4,77 para León. Ahí, señorías, nosotros no nos van a encontrar.

Fíjese, entiendo que cada partido, cada formación política tiene el derecho y la obligación de pedir y exigir, dependiendo de su interpretación, de cuáles son las obras más prioritarias en cuanto a la sanidad, la educación o los servicios sociales. No pretendo yo indicarles cómo lo deben hacer, el PSOE tiene la suficiente independencia para asumir esos compromisos como mejor le convenga. Pero no será UPL quien apruebe un plan de inversiones con esas diferencias entre las dos regiones de esta Comunidad. Ni será UPL quien deje de exigir, por ejemplo, el Conservatorio de León, que ustedes no tienen o no está en esta... –perdón, ¿el tiempo es dos minutos y medio?, ah, vale-. No pretendo yo que ustedes olviden o han olvidado, por ejemplo, el Conservatorio... –perdón-, el Conservatorio de León.

Yo puedo estar de acuerdo con ustedes en el fondo, y respeto que esas 114 son las prioridades del Partido Socialista para gastar los casi 700 millones del posible plan. Pero no pretenderá que en este plan estemos de acuerdo con ustedes. Nosotros coincidimos en muchas de sus prioridades; pero, desde luego, no en todas las que ustedes presentan, no en todos los 114 que ustedes presentan a esta Cámara.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Tiene la palabra el señor Santos Sarrión... perdón, el señor Sarrión Andaluz, que he hecho un mix de apellidos en el Grupo Mixto... [Murmullos]. Sí, y yo también.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Efectivamente, no es mala reflexión para empezar la mañana. Debates como el que tenemos ahora, debates como las inversiones sociales tienen mucho que ver con lo que ha sucedido anoche, efectivamente, porque anoche lo que hemos comprobado es que el fracaso precisamente del modelo neoliberal es lo que ha permitido que la extrema derecha capitalice el descontento de los grandes perdedores de la globalización y del neoliberalismo. Anoche se enfrentaban dos derechas, la derecha más neoliberal y la extrema derecha, se enfrentaba el equivalente... Hillary Clinton, el equivalente a Mariano Rajoy, y Donald Trump, el equivalente a Jesús Gil y Gil, y ha ganado el segundo.

Por lo tanto, debatamos acerca de los problemas sociales de nuestro país, antes de que en Europa termine de arrasar los planteamientos de la extrema derecha, que tenemos a Le Pen en Francia, tenemos a la ultraderecha aumentando en Austria, en Alemania, en Grecia, en Italia, y, por lo tanto, debatir sobre los problemas sociales de nuestra Comunidad será una de las vías para cortarle las alas al fascismo.

Nosotros planteamos un apoyo, como no puede ser de otra forma, a esta propuesta de resolución, y además añadimos 6 elementos: uno de ellos, la construcción de la residencia para Medina del Campo, con un presupuesto de 3.500.000, que ha sido uno de los grandes compromisos incumplidos por la Junta de Castilla y León, y que estamos defendiendo a capa y espada desde Medina del Campo y desde Castilla y León; la construcción de la residencia de la tercera edad San Pedro Nolasco, en Candelario, Salamanca; la reforma de la biblioteca municipal de Cacabelos; el acondicionamiento del edificio de la guardería municipal para el uso... un centro de día también en Cacabelos; el arreglo del tejado e instalaciones de baños en el gimnasio exterior del CEIP Ángel González Álvarez, en Astorga; y el arreglo de la cubierta del centro sociosanitario de Villablino, que es un centro que yo he podido visitar de la mano de varios de sus usuarios y trabajadores, y es un centro que, en este momento, su cubierta está generando inmensos problemas en la estructura del edificio, y está generando que ese centro de salud no esté a la altura de lo que se merecen los habitantes de Villablino y de la comarca de Laciana. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Mitadiel Martínez.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias, presidenta. Tres son los temas en los que coincidimos con la presentación de la proposición no de ley. Primero, que efectivamente no es un plan adicional; fue presentado como un plan adicional; pero de forma engañosa, porque todos sabían, y todos sabíamos, que esto no se podía financiar con recursos extraordinarios. No va a completar los proyectos de inversión individuales, y no se va a someter a debate. Es decir, los proyectos individuales se presentarán en cada uno de los Presupuestos y se someterán a debate en cada uno de los Presupuestos. Es decir, esto, desde luego, no constituye un plan, salvo que sea un plan publicitario para dar la impresión de que se invierte mucho.

Sin embargo, el planteamiento que hay en la proposición no de ley del Partido Socialista es imposible -es decir, que esto pueda constituir un plan adicional-. Entre otras cosas, tres son las razones fundamentales: primero, la regla de gasto nos lo impide; es decir, estamos hablando en la... con las condiciones de financiación y con las condiciones legislativas actuales, la autorización de endeudamiento que necesitaríamos nos la tendría que conceder el Estado; ante el incumplimiento de la regla de gasto, no nos la concedería; y, desde luego, el Plan Juncker, del que han hablado en algunos momentos, no es aplicable a la inmensa mayoría de estas inversiones, entre otras cosas, porque el Plan Juncker va a la colaboración público-privada, y no es aplicable a la mayor parte de los temas de infraestructuras. Es decir, solo se puede abordar este plan con los recursos ordinarios. Y, hablando de los recursos ordinarios, el problema que nos surge es el de la financiación: el proyecto de la Junta habla de 728 millones distribuidos en 5 años; el proyecto del PSOE habla de 705 millones distribuidos en 5 años, que en realidad serían 4.

Es decir, ¿adónde quiero llegar? Pues a que necesariamente esto hay que incluirlo con la financiación ordinaria y con los recursos ordinarios, y, por lo tanto, no podemos olvidarnos de todos los proyectos que hay en estos momentos en marcha. Es decir, a la hora de planificar hay que contemplar todo lo que hay pendiente en estos momentos. En este sentido, voy a hacer un mero repaso de algunos que, a bote pronto, han aparecido y que aquí no figuran. Estoy pensando en los CEIP -las anualidades del dos mil diecisiete-, los CEIP de Valverde del Majano en Segovia, de Golmayo en Soria, de La Adrada en Ávila, de Antonio Machado en Burgos, de Arroyo de la Encomienda en Valladolid; es posible que necesiten anualidad del dos mil diecisiete los CEIP de Virgen del Camino y de Castellanos de Moriscos. No contemplan el IESO de Arroyo de la Encomienda ni de La Cistérniga; ha hablado anteriormente del conservatorio de León, que, ya sea por la fórmula de edificio nuevo o de reposición de alguno antiguo, evidentemente, necesita presupuestación.

Habla, una idea magnífica, que es el Plan de Conservación y Mejoras en los colegios en Soria, pero es que León está en la misma circunstancia, y seguro que el resto de las provincias de la Comunidad. Por lo tanto, habría que incluirlos todos. Alguna cuestión particular, el sotechado del colegio Antonio Valbuena, en León, tampoco está incluido.

En cuanto a sanidad, es curioso, porque, si la idea es que solamente se incluyan cuestiones nuevas... pero se incluye 30 millones en Soria, pero no se incluyen las anualidades de Salamanca y de Zamora. Y, en centros de salud, faltan La Magdalena en Valladolid, Salas de los Infantes en Burgos, Carbonero en Segovia, Burgohondo en Ávila. Hablan de los... de poner aceleradores lineales en cada uno de los hospitales que faltan -por cierto, es una cuestión discutible, discutible en el sentido de que por una parte los pacientes y los políticos piensan una cosa, y los técnicos piensan otra misma-, pero no incluyen temas como mantener lo que tenemos, que es uno de los problemas que tenemos en estos momentos en la Comunidad.

Es decir, que está bien pedir cosas nuevas, tenemos que ser ambiciosos, pero primero tenemos que mantener lo antiguo, y así falta la reposición del acelerador del Clínico de Valladolid, la reposición del acelerador del de Zamora, no está la actualización de equipos de radioterapia de intensidad modulada de radio... perdón, por imagen, la intensidad modulada de dosis, y lo que lleva consigo la actualización de acele... de simuladores y planificadores. Y el tema más grave, o uno de los más graves que padecemos en el equipamiento en sanidad, la reposición de todo el equipamiento obsoleto, que es una cuantía absolutamente importante y que no se puede... y que no se puede ignorar.

Y, en servicios sociales, ¿está acabada la residencia de personas mayores de Miranda? ¿Se va a construir el Centro base de Valladolid o la residencia de personas mayores de Salamanca que se había planteado? (Acabo ahora mismo, presidenta). ¿Están incluidas la rehabilitación de los centros...?

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Mitadiel, tiene que terminar.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

(Ahora mismo). Es decir, es un buen inventario de inversiones pendientes, pero que necesita ser revisado y completado.

Por todo ello, si la moción no resulta aprobado, les proponemos el hacer una revisión conjunta de todos los grupos de la Oposición y plantear un plan de inversiones ambicioso, que sea financiable y que tenga los criterios básicos de valoración de urgencia y necesidad. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para fijar posición, en representación de Podemos, tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Gracias, presidenta. Con esta, ya van cuatro veces las que debatimos sobre este plan en un Pleno. Insistir en la idea de lo que le cuesta al Ejecutivo cumplir con sus propias afirmaciones. No obstante, de la interpelación que ha sustanciado esta moción, se quedaron varias reflexiones: la primera, que estamos ante un plan que ni es un plan ni nada por el estilo, sino que son las inversiones a realizar durante la legislatura, es decir, los ejercicios presupuestarios ordinarios. Han decidido ponerlo en versión plan, con un nombre sugerente, Inversiones Sociales Prioritarias, y revestirlo así de algo que, como digo, ni es ni nunca ha pretendido serlo.

Por si esto fuera poco, ni siquiera tenemos constancia de cuáles son esas inversiones, cuáles serán y cuáles han podido ser durante este año y pico que llevamos de legislatura.

Por tanto, estamos, cuanto menos, perplejos ante lo que consideramos es un engaño a esta Cámara y a la ciudadanía. Ya no es que nos esperásemos que esto iba ser participativo y consensuado con los grupos, porque la idea de consenso del Partido Popular es bastante pobre, y, además, cómo iban a dejarnos participar en algo que, como ya he dicho, ni siquiera existe. Esto no es un plan, son -o más bien serán, si es que llegan a realizarse- ejecuciones presupuestarias ordinarias.

Comienza a ser, cuanto menos, denso que vengamos aquí a debatir sobre lo que debería hacerse de oficio por parte del Gobierno. Resulta frustrante tener que repetirles cuáles son las necesidades de la población castellano y leonesa. Porque, seamos claros, esta moción no presenta nada que no se haya presentado ya. Son las mismas inversiones, sustanciadas en PNL y en enmiendas parciales al Presupuesto, que hizo el Partido Socialista en su momento. Muchas de estas PNL, de hecho, ya han sido debatidas y votadas por el Partido Popular en contra. Por lo que me temo que ahora no van a correr mejor suerte. ¿O acaso no ha argumentado el Partido Popular con vehemencia que los aceleradores lineales, sin un mínimo de pacientes, no aseguran un servicio eficiente, que es mucho mejor concertarlos, y no pagar para formar radiólogos y mantener el aparato operativo? ¿No han dejado año tras año, hasta el hartazgo final, ver como el Hospital de Soria no avanzaba por falta de ejecución presupuestaria? ¿No han negado que la residencia de Armunia, en León, sea insuficiente para atender a sus residentes, para no tener que invertir un solo euro en ella? ¿O que el CAM Virgen de la Calle, en Palencia, está en perfectas condiciones de uso tras unos remates irrisorios en sus baños, cuando los techos y pasillos se caen de pura desidia del Partido Popular? ¿Y no prometió el Partido Popular de Guardo, con su alcalde aquí presente, una uvi móvil para su pueblo, para luego no hacer nada para tenerla?

Podríamos seguir así con los 114 puntos de esta moción, pero creo que está clara la situación de dejadez y falta de realidad de la que adolece el Partido Popular. No quiero decir con esto que sea baladí decirle al PP una y otra vez lo que deben hacer. Tal vez, a fuerza de repetición, se les pueda convencer de las necesidades, como el colegio de Villímar, en Burgos, el centro de salud de Burgo de Osma, el IES de Villaquilambre o la residencia de mayores San Juan de Sahagún de Salamanca.

Sin embargo, causa impresión que los árboles no nos dejen ver el bosque. Y es que la metodología de la inducción en política, ir de lo particular a lo general, no siempre da el mejor resultado si lo que queremos es abordar la realidad en su plenitud. Aprender a ser inductivos y deductivos a la vez, esa debería ser una virtud para la política. Abordar la cuestión general de blindar las plazas residenciales en cada comarca nos ahorraría tener un bloqueo de PNL en Comisiones debatiendo una por una el estado de cada residencia. Abordar la situación de accesibilidad igualitaria y universal a la sanidad en mundo urbano y mundo rural nos ahorraría tener que cuestionar si un centro de salud o consultorio, en nuestros más de 3.000 pueblos, es necesario o no. Un verdadero debate de gestión y política frente a lo concreto haría que estas Cortes fuesen más eficientes y más serias. Cuesta creer que empecinarse en las inversiones concretas sea una estrategia política, y es que el bosque requiere mucha visión y estrategia que acudir a la individualidad para explicar la generalidad.

La falta de diligencia del Partido Popular para realizar inversiones necesarias en nuestro territorio no es más que la consecuencia de un modelo de gobernar de espaldas a la gente. Es necesario abordar, por tanto, lo general, comenzando por la ordenación del territorio, gestando una organización comarcal natural de los pueblos y, desde aquí, estructurar lo concreto. A pinceladas no construimos Comunidad Autónoma. Y luego nos encontramos a la consejera de Economía afirmando: proyectos, proyectos, proyectos, para caer en el agravio comparativo entre territorios. ¿Y acaso no es esto culpa del Partido Popular, que es el que gobierna, no saber proyectar sin incurrir en desigualdades territoriales? Si cae en el agravio comparativo, no lo achaquen a la Oposición, sino a ustedes mismos, que son los ejecutores.

Cada inversión aquí expuesta es necesaria, reivindicada en cada provincia o cada pueblo por sus vecinos y vecinas. Estamos a favor de que deban acometerse cada una de ellas con la inversión necesaria, por lo que nuestro voto será positivo. No obstante, el debate sobre el bosque, y no tanto sobre los árboles, comienza a ser una necesidad perentoria en esta Cámara, que adolece profundamente de debate político...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señora Domínguez, tiene que terminar.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

... y de gestión. Gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, señora presidenta. Y quiero comenzar, efectivamente, por lo que ha sido la sorpresa electoral en Estados Unidos, porque creo que puede haber tenido una enorme influencia, señor Tudanca, el apoyo prestado por su ex secretario general a la líder demócrata, que lo ha hecho y la ha hundido. [Aplausos].

Pero, bueno, vamos a entrar en el objeto de debate de esta interpelación, en esta interpelación... en esta moción, consecuencia de la interpelación sobre algo que ya hemos debatido sustancialmente en esta Cámara: el Plan de Inversiones Prioritarias. Un plan que se aprobó el pasado catorce de julio, un plan que se remitió a las Cortes el diecinueve... el veinte de julio, en el compromiso asumido por el presidente Herrera, y en el que nadie ha hablado nunca de... de inversión adicional. El Plan de Inversiones Prioritarias, hay que recordar el Debate de Investidura, fue un compromiso del presidente Herrera, que se enmarcaba en incrementar la inversión pública en el conjunto de la Comunidad para el periodo dos mil dieciséis-dos mil veinte para llegar al entorno de los 2.000 millones de euros, y comprometer al menos 600 millones de euros para las Consejerías sociales: Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades.

Y de ahí se aprobó un plan que recoge 728 millones de euros, comprometidos en partes y con rigor y seriedad, hablando de equipamiento, hablando de reposición, de mantenimiento, de reparaciones y de obra nueva, en cada uno de los ámbitos. En el ámbito de la sanidad, 373 millones de euros para la Atención Especializada; hablando de equipamiento, más de 40 millones de euros; y hablando también de Atención Primaria, con más de 63 millones de euros. En el ámbito de la educación, 214 millones de euros, que se suscitan en 168 millones de euros para la enseñanza escolar y 46 millones de euros para las enseñanzas universitarias; a eso hay que sumar los 39 millones de euros que compromete el plan para el ámbito de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Pero es que, además, señorías, es verdad que la política está para hacer posible lo que es necesario; y es verdad. Y es verdad que hemos pasado un periodo de tiempo en el que las inversiones han caído sustancialmente, y por eso se planteó ese volumen de inversión para este periodo de dos mil dieciséis-dos mil veinte, de en torno a 2.000 millones de euros, comprometiendo 600 millones de euros para las Consejerías sociales.

Pero es que hay que ver de dónde venimos, señor Tudanca. Claro, es muy fácil venir aquí y prometer todo lo que pueda ser necesario, pero es que los recursos son limitados. ¿Y sabe por qué lo son? Son limitados porque tenemos un modelo de financiación que usted respaldó y dijo que era un traje a medida para esta Comunidad, y que supone una merma de recursos sustanciales para el desarrollo de las políticas que puede llevar a cabo la Junta de Castilla y León. Es que tenemos que cumplir los objetivos de déficit, que vienen motivados porque la Unión Europea, ante un protocolo de déficit excesivo al que ustedes nos abocaron, hemos tenido que acometer, y tenemos también un límite de deuda que implica que hay que cumplir los compromisos con Europa y con el Ministerio de Hacienda.

Por lo tanto, los recursos son limitados. Y es verdad que ustedes hablan aquí de recursos adicionales, pero yo lo que le insto es que, cuando vuelva a salir usted aquí, nos diga si usted está a favor de lo que defendió el Grupo Socialista aquí la pasada sesión, cuando planteaba que se acudiese con estas inversiones al Fondo Europeo de Inversiones Prioritarias, porque ya le hemos manifestado aquí distintos portavoces que ese es un modelo de colaboración público-privada, y usted ha manifestado su oposición rotunda al modelo de colaboración público-privada cuando se han desarrollado actuaciones aisladas. Y quiero recordar: en el Hospital de Burgos han manifestado su oposición. Por lo tanto, seamos coherentes, hablemos con rigor y con seriedad.

Y, mire, voy a finalizar planteando por qué no podemos respaldar su plan de inversiones. Porque usted ha hablado de seriedad, y, desde luego, no se puede plantear seriedad en un plan que recoge 114 puntos sin ninguna anualidad, sin ninguna periodicidad, que plantea desequilibrios muy importantes. Ustedes, que son tan dados a comparar las inversiones en el territorio, fíjese si hay desequilibrios en ese plan que el 55,5 % de las inversiones que se recogen en su documento van para dos provincias; y otras dos provincias –y ha hecho referencia a ellas el portavoz de la UPL- solo recogen el 5,5 % de las inversiones, señor Tudanca.

Fíjese la falta de seriedad cuando ustedes incorporan gasto corriente en ese plan de inversiones prioritarias, cuando hablan de las uvis móviles. Fíjese si hay falta de seriedad y falta de rigor cuando incorporan acciones que no son de las Consejerías de Familia, de Educación y de Sanidad, como plantean 25 millones para vivienda protegida en la provincia de Palencia, que son competencia de la Consejería de Fomento.

Fíjese si hay falta de rigor cuando incorporan proyectos en su plan que ya están recogidos en los Presupuestos para dos mil dieciséis. Fíjese si hay falta de rigor cuando se olvidan de inversiones que se están ejecutando; tan importantes como el Hospital Clínico de Salamanca o el Hospital de Zamora. Y fíjese si hay falta de rigor cuando ustedes plantean única y exclusivamente el equipamiento en función de sus intereses políticos y partidistas, olvidando los criterios que se han defendido desde Sanidad, y solo hablan de aceleradores lineales únicamente para cinco puntos en la Comunidad, olvidando todos los criterios que fija los expertos para la implantación de esos equipos. Esa es una falta de rigor.

Y, mire, finalizo, señor Tudanca. La credibilidad del Partido Socialista cuando habla de planes la conocemos perfectamente en Castilla y León, y el mejor ejemplo de su falta de credibilidad para elaborar planes fue el Plan del Oeste para Castilla y León. Nada más. Y muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para fijar posición y cerrar el debate, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández.

EL SEÑOR TUDANCA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señora presidenta. Si le parece, le diré cuáles son las votaciones que mi grupo quiere hacer por separado de esta moción. En primer lugar, aceptando las enmiendas del Grupo Mixto, salvo el punto 116, que ya está incluido en el plan y, por tanto, sería repetirse. Y pediría votación separada por grupos de los puntos 5, 48 y 6; de los puntos 51 y 53, por otro lado; de los puntos 56, 57 y 98, por otro; del punto 12, por otro; del punto 68, por otro; y de los puntos 16, 17, 18 y 61, por otro. Y si pedimos estas votaciones por separado es porque lo que es demagogia es que ustedes voten a favor de estas inversiones en sus ayuntamientos y en sus diputaciones, y aquí, alcaldes de esas localidades vayan a votar en contra de esas inversiones sociales en sus municipios. [Aplausos].

Miren, ustedes, cada vez... cada vez que les tendemos la mano, ustedes la muerden. Así que yo les pediría... y les pediría que trasladen al presidente de nuestra Comunidad que no sea tan cínico, porque hoy tenían una buena oportunidad de apoyar muchas de las promesas y compromisos que ustedes mismos adquirieron, muchas de las promesas y compromisos que ustedes han apoyado en Comisiones de esta misma Cámara, en el Pleno de esta misma Cámara. Yo ya sé que ustedes no son los Reyes Magos; desde luego, no traen regalos a esta Comunidad, no cumplen sus promesas, no traen inversiones; bueno, ustedes no son los Reyes Magos porque a esta Comunidad Autónoma no traen ni carbón. Así que estaría bien que ustedes... [aplausos] ... alguna vez cumplieran alguno solo de los compromisos.

Yo quiero agradecer el apoyo del Grupo de Podemos a esta proposición, y sorprenderme un poco de que la Unión del Pueblo Leonés y Ciudadanos estén ya en modo arañar algunas inversiones en los Presupuestos que presentará el Partido Popular, en vez de comprometerse de forma seria con las inversiones sociales que necesita esta Comunidad Autónoma. [Aplausos]. Ustedes prefieren negociar en los despachos con el Partido Popular a cambio de unas migajas, en vez de resolver los problemas que tiene esta tierra.

Lo he dicho, esta moción no pretende ser cerrada, no pretende que todo esté; muchas cosas no están porque ya están en Presupuestos, porque se trataba de que fuera un plan adicional. Fíjense, un plan adicional que no sé si era adicional, pero sí pretendía aumentar las inversiones –como bien ha dicho el portavoz del Partido Popular-; difícilmente aumentaremos las inversiones cuando ustedes en los últimos años, los de la crisis económica, presupuestaban 1.100 millones de euros para estas inversiones y ejecutaban 710. [El orador muestra un gráfico]. Por tanto, ustedes, con este plan, pretenden condenar a esta Comunidad Autónoma a seguir invirtiendo las mismas miserias en nuestra sanidad, educación, dependencia y servicios sociales que han estado invirtiendo en los peores años de la crisis, así que o somos capaces de hacer un plan adicional, un plan con inversiones concretas, que estamos dispuestos a debatir entre todos. Claro, si esto es un punto de partida, si esto es una moción, si hasta que la Junta no cumpla lo que se ha aprobado en esta Cámara y traiga el verdadero plan, para que sea debatido y consensuado entre todos los grupos, no seremos eficaces. Ya lo sé. Pero demos un paso, señores de Ciudadanos; yo les conmino a que demos este primer paso y aprobemos estas inversiones. Inversiones que son desiguales, claro, porque responden a la necesidad de hacer política real. ¿Por qué en Palencia hay más inversiones? Porque en Palencia hace falta un hospital que ya ha sido hecho en otras provincias, señor Santos. Claro, claro. Si estamos dispuestos a hablar de muchas más inversiones que son necesarias en muchos otros puntos de la Comunidad.

Pero mire, el señor portavoz del Partido Popular, le voy a decir... –tenía que haber empezado por ahí, por las elecciones en Estados Unidos- ¿sabe lo que le digo? Yo sigo prefiriendo apoyar una causa digna y perder, que apoyar al señor Trump como usted, que es xenófobo, machista y de la extrema derecha de este mundo. [Aplausos]. Yo no me alegro de que haya ganado el señor Trump, lo siento, yo no me alegro... [murmullos] ... yo no me alegro, lo siento. Desde luego, el respeto más absoluto a las reglas democráticas, que también en ese país han dado como resultado que tengamos un presidente que, desde mi punto de vista, va a suponer un serio riesgo para la política mundial.

Pero mire, ustedes hablaban del Plan Juncker. Yo no sé cómo cometen la osadía de criticar que nosotros pidamos financiación del Plan Juncker cuando esta Cámara lo apoyó, lo aprobó la semana pasada, la semana pasada. Hace dos semanas, el Pleno de esta Cámara apoyó una moción del Partido Socialista que pedía, que exigía a la Junta que trajera a esta Cámara ese plan, inversiones concretas, y que además se obtuviera financiación por parte de la Junta del Plan Juncker. Por cierto, no la que nosotros pedíamos, sino la que comprometió la consejera Del Olmo en el periodo dos mil quince-dos mil diecisiete de 1.000 millones de euros para inversiones sanitarias en nuestra Comunidad Autónoma. Es que lo comprometió el Gobierno de la Junta de Castilla y León, no el Grupo Parlamentario Socialista. [Aplausos].

Bueno, sobre la regla de gasto y el déficit, es que presumir ahora cuando venimos de un Gobierno que en cinco años ha pasado la deuda de este país del 65 % al 105 tiene yo creo que muy poca credibilidad.

Miren, señores del Partido Popular, cada voto en contra que pronuncien hoy es una herida más que le provocan a esta Comunidad Autónoma, a nuestra educación, a nuestra sanidad, a nuestra dependencia, a la gente de esta Comunidad Autónoma; cada voto en contra que pronuncien hoy es una mentira más que le arrojan a la cara a los ciudadanos de Castilla y León. Esta moción tiene que ver con la vida real de la gente, con las necesidades reales de la vida real, no con lo que ustedes traman en los despachos de la Junta de Castilla y León. Esta moción tiene que ver con la ambición de querer hacer de esta una Comunidad mejor, y ustedes siguen por el mismo camino. Desde luego, nosotros vamos a seguir luchando por que la vida de los castellanos y los leoneses sea mucho mejor de la que ustedes consiguen con sus mentiras. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Le ruego al señor secretario que dé lectura a la moción número dos.

M/000176

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias. Moción 176, que presenta el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del señor Sarrión Andaluz, Izquierda Unida-Equo, derivada de la Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por dicho Grupo Parlamentario, sobre política general en materia de políticas activas de empleo, sustanciada en la Sesión Plenaria de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para presentar la moción, tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Muchas gracias. Bueno, pues un tema que Izquierda Unida-Equo hemos trabajado con mucha profundidad; un tema que llevamos trabajando desde hace mucho tiempo, que es un análisis de la situación en la que está la formación a desempleados de nuestra Comunidad.

Durante mucho tiempo hemos hablado acerca de los jóvenes titulados que se van de Castilla y León expulsados por una Comunidad que es incapaz de darles una forma de ganarse dignamente su trabajo. Sin embargo, no siempre se habla de un colectivo que es absolutamente esencial para la lucha por el empleo, que es precisamente el sector de los desempleados en situación de menor cualificación. El sector de las personas descualificadas es el sector de personas que se encuentran doblemente explotadas, doblemente marginadas por un sistema que sitúa siempre la maquinaria, los grandes números, por encima de los derechos de las personas normales y corrientes.

Por eso nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, un gran esfuerzo de análisis, un gran esfuerzo de estudio de los grandes problemas de la formación para desempleados de esta Comunidad, que hemos denominado como una Comunidad que se caracteriza por una formación para desempleados mal planificada y que gestiona mal los recursos, que lo hace de espaldas a los trabajadores y a las trabajadoras, de espaldas a los desempleados y a las desempleadas de Castilla y León.

Por eso nosotros presentamos una interpelación en el pasado Pleno en el que hicimos un análisis pormenorizado y pudimos debatir con este Gobierno acerca de la situación de la formación a desempleados y desempleadas; por eso ayer quisimos ponerlo en el centro del debate político, debatiéndolo directamente con el presidente, con la máxima autoridad de nuestra Comunidad; y por eso hoy traemos esta moción desde la que Izquierda Unida lo que pretendemos es hacer en propuestas positivas cómo mejorar la formación a desempleados, cómo hacerla más cercana a las personas que necesitan formarse para conseguir un empleo estable y con derechos, y cómo hacerlo con los recursos realmente existentes, con los recursos que tiene nuestra Comunidad.

Nosotros venimos exigiendo que a los trabajadores tienen el derecho a cualificarse, el derecho a acreditarse, como además, por cierto, está obligando cada vez más la Unión Europea para poder desarrollar una profesión. Y hemos denunciado como en Castilla y León se ha realizado de forma poco eficaz. Hemos visto cómo la plantilla del ECYL es una plantilla extraordinaria, cómo los empleados del ECYL tienen una formación absolutamente capaz, pero vemos cómo esta plantilla está obligada a ser envejecida, cómo esta plantilla no se renueva, cómo esta plantilla cada día es menor. Y vemos cómo muchos planes se convierten en papel mojado; no hay más que ver el último concurso de traslados de personal laboral y las demás cuestiones.

Por eso, nosotros venimos a defender el servicio público y venimos a defender los planes de la formación para desempleados, y por eso proponemos estas medidas. Por eso proponemos medidas como que se aúne conjuntamente toda la formación ocupacional en una sola página web. Medidas como la aprobación definitiva de los cursos FOD en el primer semestre de cada año, que, como veníamos denunciando ayer, se está haciendo al final del año; este año ha sido aprobado a treinta y uno de octubre, con lo cual, si le añadimos los 20 días obligatorios que tiene que tener un centro para poder impartir un curso, estamos hablando de que estamos haciendo perder tiempo a nuestros desempleados, les hacemos perder meses a nuestros desempleados para formarse, lo cual les está creando una situación de discriminación respecto a otras Comunidades Autónomas que lo hacen antes.

Planteamos también que se contemple la excepcionalización en los futuros cierres de ejercicios presupuestarios cuando se hable de políticas activas de empleo, igual que hace con educación, con sanidad, con servicios sociales, porque creemos que las políticas de empleo son exactamente igual de importantes que las políticas sociales; porque creemos que los cursos para desempleados tienen que situarse al mismo nivel que cualquier otro servicio social prioritario. Exigimos que se expidan los certificados de profesionalidad en el plazo que marca la normativa, ni más ni menos, que son seis meses. En este momento hay un retraso, como yo denuncié ayer, de dos años. Esto es vergonzoso, porque esto es una discriminación para los castellanos y los leoneses, para las castellanas y las leonesas, respecto a otras Comunidades donde sí se está cumpliendo. Conocemos Comunidades donde se hace con una semana.

Potenciamos también los centros de medios propios, con la apertura por las tardes o con la oferta de más acciones formativas; en este momento, la media es de una acción formativa por centro propio. Queremos más coordinación entre el ECYL y las dos Consejerías. Pedimos un análisis comparativo para que se permita unificar diferentes líneas de subvención y así racionalizar la Administración, y así mejorar y agilizar la Administración. Pedimos actualizar el catálogo de expertos docentes, que no se actualiza desde la Orden de dos mil cinco. Pedimos crear una base de datos donde se puedan registrar y acreditar los docentes, en este momento aquejados de precariedad muchos de ellos.

Publicar en las convocatorias qué porcentaje de la subvención concedida representa el mínimo imputable a costes directos en concepto de retribuciones a formadoras y formadores. Queremos que las plazas de técnico medio de formación ocupacional se reconviertan en plazas de técnicos medios, y así poder superar uno de los problemas, y es que para este cuerpo no se convocan oposiciones desde mil novecientos noventa. Pedimos que la formación específica en formación ocupacional...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Sarrión, tiene que terminar.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

(Disculpe, presidenta. Inmediatamente). Pedimos que las personas que carezcan -y esto es muy importante- de formación reglada puedan recibir formación para las competencias clave, que puedan recibir un certificado de competencias clave, para poder acceder a formación de los certificados de profesionalidad de los niveles dos y tres, que está ocurriendo en muchas otras Comunidades Autónomas...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Sarrión, tiene que terminar.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

... y no aquí. Y pedimos un bono de transporte, entre otras medidas.

Por lo tanto, agradeciendo la paciencia de la Presidencia, termino mi intervención deseando la máxima unidad de todos los grupos en torno a esta materia.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. A continuación los grupos fijarán posición. A esta moción no se han presentado enmiendas. En representación de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rosado Diago.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, presidenta. Anunciamos nuestro voto a favor de esta moción. También queremos recordar que en esta legislatura, en el pacto de investidura, el apoyo de Ciudadanos a la formación es mediante el cheque formación, que estará vigente en esta legislatura.

El Consejo de Lisboa estableció la necesidad de la formación a lo largo de toda la vida como un derecho y una de las claves del siglo XXI, entendiendo por tal toda actividad formativa emprendida en cualquier momento del ciclo vital de una persona, con el fin de mejorar sus conocimientos teóricos y prácticos, sus destrezas, competencias y cualificaciones por motivos personales, sociales o profesionales. Y, por tanto, la formación a lo largo de la vida no debe verse exclusivamente una... desde una perspectiva profesional o laboral, por cuanto también resulta de importancia su componente de desarrollo personal o mayor integración social. Aunque no cabe duda de que la formación a lo largo de la vida puede permitir a los trabajadores afrontar con mayores posibilidades de éxito momentos críticos de sus carreras laborales, como la transición del sistema educativo al mercado de trabajo o las transiciones entre empleos, incluso en contextos de elevado desempleo, como ocurre en nuestra Comunidad.

La formación a lo largo de la vida es un elemento crucial para una mejor gestión de las carreras laborales y un instrumento de intervención de la Administración pública para mejorar el bienestar de las personas a largo plazo. En formación, en Castilla y León también debemos diseñar una estrategia a largo plazo. La formación es un factor clave para el desarrollo de la Estrategia Europea 2020, y debemos, en este sentido, aprovechar los recursos que pone a nuestra disposición Europa.

En el CES consideran necesario que se desarrolle un verdadero sistema integrado de orientación, que proporcione a las personas interesadas información y orientación adecuadas en materia de Formación Profesional y cualificaciones para el empleo, tal y como se establece en el Artículo 14 de la Ley Orgánica 5/2002, de diecinueve de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, según el cual, en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, la información y la orientación profesional tienen la finalidad de informar sobre las oportunidades de acceso al empleo, las posibilidades de adquisición, evaluación y acreditación de competencias y cualificaciones profesionales y del progreso de las mismas a lo largo de toda la vida.

Las personas con niveles educativos más bajos tienen tasas de empleo menores a lo largo de su vida y sufren una mayor rotación laboral y mucha más competencia en el mercado de trabajo. A esto se le... se añade que de un bajo nivel educativo estas muchas veces... está muchas veces unido a malas experiencias individuales en el sistema educativo, y estas personas son menos proclives a involucrarse en aprendizajes formales.

Una estrategia de formación a lo largo de la vida debería estar basada en una guía personalizada y profesional, en el transcurso temporal de su trayectoria laboral, y que hiciera especial hincapié en los momentos críticos de la vida laboral, como puede ser en la transición del sistema educativo al mercado laboral, en la pérdida de empleo a lo largo de la vida, en especial en edades altas, y sobre todo en edades superiores a cuarenta y cinco años. Y más aún cuando esos momentos críticos son más frecuentes, como es el caso de las personas que trabajan en sectores con una fuerte estacionalidad.

Los servicios públicos de empleo autonómicos, desde el punto de vista del CES, tienen un potencial en convertirse en verdaderos gestores de temporalización de la formación si esta es personalizada. Con ello nos referimos a dotar de una perspectiva temporal a las acciones formativas centradas en la persona y en su trayectoria laboral y vital, y no ser meramente un seguimiento administrativo de cursos realizados.

Consideramos la importancia de tener en cuenta en el diseño de la estrategia de formación las necesidades formativas de las empresas de la Comunidad, en especial de pequeñas y medianas empresas, mayoritarias en el tejido productivo de Castilla y León.

Consideramos también que es imprescindible seguir profundizando en los sistemas de acreditación de competencias, tal y como avala la experiencia internacional. Estas nuevas estrategias de validación de los recursos de aprendizaje se han usado en países como Reino Unido, y allí puedes obtener un diploma de cualificación por parte de estudiantes de entre catorce y diecinueve años que han abandonado los estudios, combinando el aprendizaje académico y profesional. En esta misma línea estaría el Profilpass de Alemania.

En nuestra Comunidad Autónoma, donde hay... donde la población está dispersa y con necesidades dispares... con muchas necesidades dispares, desde luego es necesario apoyar la teleformación y apoyar metodologías docentes a distancias. Sin duda, quitar la burocracia a la hora de la formación, y flexibilizar también horarios para compatibilizar la vida laboral con la familiar.

Por lo tanto, no nos olvidemos de... luego, a todo esto, a toda esta moción, no nos olvidemos de medir, de evaluar, todo lo que llevemos a cabo.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señora Rosado, tiene que terminar ya.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

En representación de Podemos, tiene la palabra la señora Pascual Álvarez.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias, presidenta. El informe del Consejo de Cuentas, presentado en diciembre de dos mil quince, sobre la eficiencia de las políticas activas de empleo del ECYL, dice en su primer punto: "La falta de instrumentos que cuantifiquen objetivos y definan indicadores para su medición no permite una evaluación objetiva de los resultados ni una eficiente planificación de los recursos".

Así que vamos a apoyar la propuesta de resolución por los siguientes motivos: en primer lugar, porque estamos convencidos que cualquier propuesta de mejora -y esta lo es- va a contribuir a una mejor racionalización de la gestión y mejorar los resultados perseguidos por las acciones formativas para el empleo en su modalidad de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados. Porque se trata de eso, de abordar la necesidad de revertir los resultados que estas acciones... mediante la racionalización y mejora del programa. Y para revertir los resultados es necesario hacer algo diferente a lo que se viene haciendo.

Son demasiados años de conformismo no reconocido, si nos atenemos a los resultados de los sucesivos programas y planes desarrollados. Por aportar datos que avalen la necesidad de aplicar nuevos criterios que contribuyan a mejorar los resultados de las políticas activas de empleo, y más concretamente referidos a la formación, quiero destacar como, amparándose en la Estrategia Europea para el Empleo, el I Plan Regional de Empleo 1998-2000, las medidas estaban dirigidas a potenciar la orientación profesional, la formación profesional ocupacional y el empleo mediante el desarrollo de cuatro ejes que tienen que ver con mejorar la capacidad de inserción profesional, fomentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y reforzar políticas de igualdad, además del fomento empresarial; algo a lo que creemos contribuye la propuesta de resolución presentada por el procurador señor Sarrión Andaluz.

Porque lo cierto es que no han sido capaces de consolidar las políticas desarrolladas en sucesivos planes, quizás por no evaluar qué se está haciendo y cómo lo están haciendo. Y nos enfrentamos a los mismos problemas desde hace dieciocho años. Creemos que la propuesta de resolución reafirma la gran importancia que han adquirido las políticas activas de empleo, admitiendo que este tipo de acciones se ha consolidado como una de las principales herramientas de la que se dispone para hacer frente a los efectos derivados de la crisis económica y financiera: despoblación, precariedad, pobreza, desigualdad y desempleo.

En un contexto como el actual, la intervención en materia de formación para el empleo se ha consolidado como un elemento clave de la empleabilidad, lo que convierte a la formación en una herramienta de actuación básica que permite ofrecer un conjunto de soluciones, pero que, a la vista de los resultados, es necesario incorporar nuevas acciones que tengan en cuenta la simplificación de la propuesta de la oferta formativa.

Apoyamos la moción porque consideramos que es necesario tener en cuenta que los jóvenes con mayor formación puedan también acceder a este programa para mejorar su cualificación y acreditación profesional; que tengan en cuenta que la situación económica de estos jóvenes no sea un impedimento para acceder a esta acreditación; que tengan en cuenta el reconocimiento de los profesionales. En fin, que se tenga en cuenta todo lo que implica la propuesta de resolución.

Ya en mil novecientos noventa y tres, con el Libro blanco de Delors sobre crecimiento, competitividad y empleo, señala el problema del desempleo como el principal reto de futuro de las sociedades europeas. El Libro blanco subrayaba como principal objetivo lograr reducir la tasa de desempleo a finales de siglo a la mitad. Como objetivo, estaba bien; los resultados de las políticas aplicadas en la Unión Europea ya los conocemos. Por eso decimos que hay una necesidad de hacer algo más y distinto, incorporar propuestas nuevas que posibiliten los objetivos perseguidos.

Ante los resultados obtenidos con las políticas activas de empleo, son muchos los economistas que postulan que el papel de las políticas de empleo en España no ha estado a la altura de la situación de la crisis que ha caracterizado la economía española en los últimos años. Las fuertes medidas de disciplina presupuestaria impuestas con el deseo de alcanzar los objetivos de déficit han provocado, por ende, un mal ajuste de las políticas de empleo a las necesidades que mostraba la evolución del mercado de trabajo en España.

Ustedes embellecen el discurso y lo estropean con sus acciones. Les voy a recordar algo de la Conferencia Sectorial de Empleo que tuvo lugar en abril de este año, en la sede del Ministerio, en Madrid, a ver si les suena. Decían: "Cuando hablamos del mayor problema de nuestro país, con cifras muy altas de desempleo, la mejor forma de trabajar para aminorar esas cifras son las políticas activas". "En el abordaje del desempleo tenemos que ir todos de la mano y todos a la vez". "Yendo todos juntos se producen resultados mucho mejores". Son frases de la señora Rosa Valdeón. Aquí se encuentran ustedes otra vez con una oportunidad enorme para llevar a la práctica su discurso.

Y ya, para terminar, si por fin el TTIP se logra abrir paso, seguramente que al trabajador español se le considere como al trabajador estadounidense, se individualice el problema y se le presione para que acepte trabajos precarios, para que acepte trabajos peligrosos...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señora Pascual, termine.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

... con un salario de hambre. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

En representación del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Álvarez Domínguez.

EL SEÑOR ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ:

Muy bien. Gracias, presidenta. Nosotros, como no puede ser de otra manera, también vamos a apoyar, vamos a apoyar esta moción, porque nos parece que todo aquello que pueda ayudar, que pueda fortalecer el sistema de formación de los desempleados en Castilla y León pues es beneficioso... es beneficioso para todos. Pero, claro, tenemos aquí una paradoja: yo, ayer, escuchando... -estoy seguro que el representante del Partido Popular, cuando salga, dirá exactamente lo mismo que dijo ayer el presidente- la verdad es que tenemos la fortuna de que ayer el presidente Herrera también se refirió... se refirió a estas políticas, a estas políticas activas de empleo, y, ¿cómo no?, otra vez más, otra vez más, lo hacen en el marco del diálogo social.

Estas políticas están pactadas en el seno del diálogo social, con los sindicatos, con la patronal. Efectivamente, da unas cifras fantásticas, da unos titulares fantásticos, unos objetivos geniales. ¿Y cómo no los vamos a compartir? Sí, sí, si es que se lo he dicho, se lo dije la semana pasada al consejero... al consejero de Empleo, y se lo digo también al presidente Herrera: que sí, que el diálogo social, sí, que sí, que está muy bien; pero nada de esconderse detrás del diálogo social, nada de esconderse detrás del diálogo social para camuflar otras cifras que, efectivamente, no funcionan, no funcionan.

Y verán, tenemos un sistema, un sistema de formación que, si bien es verdad que no tenemos un sistema de evaluación, como dice... como afirma el Consejo de Cuentas, que nos pueda facilitar un diagnóstico real y veraz de lo que se está haciendo hasta ahora, lo más fiable que tenemos en Castilla y León es el informe del Consejo Económico y Social. Un informe que el último que tenemos, el que hace referencia al año dos mil quince, habla que, efectivamente, durante los últimos dos años hemos reducido las partidas presupuestarias destinadas a la formación laboral de los desempleados en Castilla y León; que la ejecución presupuestaria no pasa del 88 % en esta materia; que la inserción de los desempleados que se forman en alguno de los centros objeto de la formación laboral en Castilla y León no pasa del 40 %. Por cierto, una formación en la que el 70 % de las personas que se forman son hombres, son hombres –eso también lo dice todo-. Es decir, tenemos un 70 % de desempleados que acceden a los cursos de formación laboral y solo un 40 % de inserción.

Tenemos también una paradoja, y es que esto sí que lo es: resulta que tenemos los jóvenes más cualificados que se nos marchan de Castilla y León y se nos quedan las personas con menor cualificación, que no acceden a los trabajos menos cualificados que tenemos también en Castilla y León, porque no tenemos trabajo cualificado. Es decir, se nos marchan los que saben; no somos capaces de formar adecuadamente a los que se quedan, porque no tenemos un itinerario claro. Y no tenemos un itinerario claro porque tampoco el ECYL está sabiendo dar respuesta a los desempleados en Castilla y León, a los desempleados que buscan ese tipo de formación.

Llevamos aquí muchos años ya demandando... y así se nos ha anunciado también; la señora Valdeón nos lo anunció hace un año y medio, el nuevo consejero de Empleo también nos lo ha vuelto a decir: queremos itinerarios personalizados para los desempleados en Castilla y León. Itinerarios personalizados que van más allá de la búsqueda de empleo, itinerarios personalizados que deberían adaptarse a la cualificación personal de cada uno de esos trabajadores, que deberían hacerles un itinerario personalizado, no solo en lo que se refiere a la búsqueda de empleo, sino también en las capacidades que necesita ese trabajador, según su perfil, para acceder a un nuevo empleo. Pero tampoco lo estamos consiguiendo.

Es decir, las políticas activas de empleo, en lo que a formación laboral se refiere, están fallando, estamos reduciendo el presupuesto. No tenemos una tasa de inserción de esos... de esas personas que se están formando adecuada, y tampoco el ECYL está sabiendo dar respuesta a estos desempleados en nuestra Comunidad. Es decir, es verdad, no tendremos un diagnóstico... una evaluación clara de lo que está sucediendo, pero sí tenemos un diagnóstico claro claro de lo que está sucediendo. Y mientras esto sucede, mientras esto sucede, nos escudamos en el diálogo social, nos escudamos en el diálogo social. Es que los que tienen que ejecutar el diálogo social son ustedes, señores del Ejecutivo, señores del Partido Popular; son los que tienen que poner en marcha las medidas que se pactan en el diálogo social, y esas medidas, evidentemente, están haciendo aguas por todos lados.

En resumen, efectivamente, vamos a apoyar... a apoyar esta moción, porque nos parece, como decía el señor Sarrión, que las políticas de formación laboral están mal planificadas, se gestionan mal y se gestionan de espaldas a los desempleados... a los desempleados públicos. Y, por lo tanto, cualquier medida que concrete un poco, que centre un poco esta formación, pues será siempre... será siempre bienvenida. Nada más. Y muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación del Grupo Popular, tiene la palabra el señor De la Hoz Quintano.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Pues muchas gracias, presidenta, y muchas gracias al resto de intervinientes en esta proposición no de ley. Partimos de un acuerdo esencial, en lo esencial, señor Sarrión, que nos lleva, finalmente, a un acuerdo también en lo concreto. En lo esencial estamos usted y yo de acuerdo en que un buen sistema de Formación Profesional es siempre un factor determinante para mejorar la empleabilidad de nuestros trabajadores, por lo tanto sus posibilidades de inserción, por lo tanto el empleo en Castilla y León. Dicho lo cual, he de decir también, que no comparto la valoración que alguno de los grupos intervinientes hacen respecto del sistema de Formación Profesional en Castilla y León, y no porque la valoración que haga este grupo parlamentario sea positiva sobre el sistema de Formación Profesional, que lo es, sino porque coincide con la que del mismo hacen los actores intervinientes en la formación profesional, no solo los agentes económicos y sociales, que no solo pactan con la Junta de Castilla y León la ejecución de las políticas activas de empleo y las políticas –también- de formación, sino que evalúan el desarrollo y la ejecución de los pactos, y dicha... y esa evaluación es, en todo caso y de forma de genérica, positiva.

La valoración que hacemos del sistema de Formación Profesional es positivo desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo.

Cuantitativo. Estamos hablando de 78 millones de euros, que es el presupuesto de Formación Profesional para el empleo este año dos mil dieciséis -35.000 beneficiarios de las acciones formativas de formación de la Junta de Castilla y León-, uno de los presupuestos más altos de España en relación con el número de desempleados, y, por cierto, una de las pocas Comunidades Autónomas que aporta fondos propios al sistema de Formación Profesional. La mayoría de las Comunidades Autónomas de nuestro país se dedican simplemente a gastar lo que reciben del SEPE y del Fondo Social Europeo. Castilla y León, también, en materia de Formación Profesional, aporta fondos propios. Todo el programa OFI -Programa de Orientación, Formación e Inserción- es programa financiado en exclusiva por fondos autónomos de nuestra Comunidad Autónoma.

Pero también la valoración ha de ser positiva desde el punto de vista cualitativo. Nuestro sistema de Formación Profesional es un sistema adaptado al mercado laboral; de hecho, anualmente, se elabora un mapa de necesidades formativas en el que participan no solo las oficiales... las oficinas territoriales de empleo, sino también los agentes implicados en la formación, y muy especialmente las cámaras de comercio y los representantes de los... de los empresarios, para adaptar la formación a las necesidades, también, del mercado de trabajo, no solo de los que van a recibir esa formación.

Un sistema de Formación Profesional participativo, que se desarrolla a través de nuestros centros propios -por cierto, sobre la base de una excelente colaboración entre el ECYL, la Consejería de Educación y la Consejería de Agricultura- y también a través de los centros colaboradores. Centros colaboradores que imparten formación concertada a la que, desde hace poco, acceden de forma... a través de la concurrencia competitiva, lo que está permitiéndonos especializar sobremanera la... dichos centros.

Pero también una Formación Profesional que es útil. De hecho, analizando los porcentajes de inserción de los alumnos formados -y siento contradecir lo... lo explicado aquí por el representante del Grupo Parlamentario Socialista-, la inserción, el nivel de inserción en los programas FOD es del 40 %, el nivel de inserción en los programas mixtos es del 50 %. Le puede parecer a usted bajo; compárelo, por favor, con el resto de Comunidades Autónomas. Tenemos uno de los porcentajes de inserción de los alumnos formados más altos de nuestro país, aunque a usted le puedan resultar bajos; le invito, repito, a que compare los resultados de Castilla y León en cuanto inserción sociolaboral de los participantes en... en cursos de formación de la Junta de Castilla y León.

También un sistema de formación de calidad; de hecho, tres de cada cuatro horas de formación que se imparten en nuestra Comunidad Autónoma son certificables.

Y, por último, un sistema gratuito; no solo porque la Formación Profesional para el empleo es gratuita, sino porque tenemos un completo sistema de becas y ayudas al transporte, a la manutención y al alojamiento de los alumnos formados; 14.000 personas se van a beneficiar este año dos mil dieciséis de estas becas.

Y un sistema –y voy concluyendo- siempre mejorable; siempre mejorable porque es un sistema dinámico, un sistema participativo, un sistema en el que intervienen en la planificación, ejecución y desarrollo los agentes económicos y sociales. El consejero Fernández Carriedo, en su intervención de la pasada semana presentando el programa de legislatura, lo anunció; quería que el diálogo social se ampliase también al diálogo político; quería que también los grupos parlamentarios pudiesen aportar sus recomendaciones a la evolución y mejora del sistema de Formación Profesional en Castilla y León. Y su proposición no de ley... su moción, perdón, responde a esa llamada. Sin duda, cuando ustedes, de forma leal, de forma constructiva, hacen una aportación como la que hacen hoy al sistema de Formación Profesional, es fácil llegar a acuerdos; de hecho, ha sido fácil llegar a un acuerdo con usted en cuanto a su moción presentada. De los 18 puntos que usted inicialmente constaban su... su moción, hemos llegado a un acuerdo para que se conviertan en 16: 10 se asuman íntegramente, 6 se transaccionen y 2 se retiren.

Creo que eso nos ayudará, también, a extender el diálogo social al diálogo político y a esa máxima de que un sistema, un buen sistema de Formación Profesional, requiere de la partición de todos, no solo de los agentes económicos y sociales, sino también de los agentes políticos, de los partidos políticos, que, cuando tienen voluntad constructiva, voluntad de mejora y actúan con lealtad –como usted lo ha hecho en esta moción-, resulta muy fácil llegar a acuerdos, siempre en mejora de nuestro sistema de Formación Profesional, siempre en beneficio de los ciudadanos, a los que estamos obligados a servir.

Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Muchísimas gracias a todos los grupos por el apoyo. Por supuesto, muchísimas gracias al Grupo Socialista, muchas gracias al Grupo Podemos, muchas gracias a la Unión del Pueblo Leonés -que además me ha cedido su parte de intervención para que pueda defender esta moción-, muchas gracias al Grupo Ciudadanos, que ha entendido, también ¿no?, entiendo el apoyo. Y, respecto al Grupo Popular, agradecer que podamos llegar a acuerdos. Yo creo que es una buena noticia que seamos capaces de avanzar en ciertas cuestiones. En lo que no nos ponemos de acuerdo es en el diagnóstico, evidentemente. Nosotros mantenemos una posición profundamente crítica, como hemos planteado ya en esta Cámara, y hemos planteado además claramente; lo hemos planteado en la pasada interpelación, ayer con el debate con el presidente y ahora lo repetimos en la moción.

Nosotros creemos que hay ciertos argumentos que es importante matizar, y que es importante hablar y hacer debate político en torno a los mismos. No podemos compartir que se sitúe el diálogo social como una especie de escudo que nos permita simplemente defender todo lo que se hace, porque lo que estamos cuestionando aquí no son los acuerdos del diálogo social, lo que nosotros estamos cuestionando son problemas de gestión, de planificación y de administración, que van mucho más allá; es decir, que es algo que no entra en el modelo del diálogo social, sino que es algo que depende directamente de la Administración, y, por lo tanto, se responde a un debate político. No creemos que se pueda escudar y que sea correcto escudarse en el modelo de diálogo social para justificar todo lo existente.

Por otro lado, respecto a la aplicación de fondos propios, evidentemente, creemos que es necesario aplicar fondos propios, pero no sería necesario aplicar tantos si se recuperara la petición del Fondo Social Europeo, que es algo sobre lo que no he escuchado respuesta, ni ayer en la respuesta del presidente ni en su propia intervención, acerca de cuál es el motivo por el que la Junta de Castilla y León ha dejado de contar con esos recursos del Fondo Social Europeo, que hace dos convocatorias sí se estaban recibiendo y que, desde la convocatoria pasada, parece ser que no existe.

Por lo tanto, eso es algo que yo creo que tiene que centrarse en el debate público, porque hablamos de recursos, en definitiva, que se están desperdiciando, de dinero que no se está pidiendo y, por lo tanto, de recursos que en la lucha contra el desempleo se podrían utilizar y a día de hoy no se utilizan.

Lo cierto es que nosotros, como siempre hacemos en esta Cámara, tenemos voluntad de llegar a acuerdos, lo hicimos en el pasado Pleno llegando a un acuerdo con ustedes en la proposición no de ley en materia de la atención a personas con discapacidad en centros educativos (por cierto, estamos por cumplirla, todavía no se ha cumplido y sepan que vamos a estar vigilantes y que somos insistentes y, a veces, incluso pesados; así que sepan ustedes que, si eso no se aplica con prontitud, estaremos... volveremos a las calles). Y, en este caso, también, pues, evidentemente, llegamos a acuerdos y estamos de acuerdo en poder llegar a algunas cuestiones.

Sí decimos que esta moción para nosotros no es satisfactoria, sí quisiéramos llegar más allá, usted lo sabe que nosotros querríamos que se aprobara esta moción y muchas otras, y otras iniciativas que iremos presentando a lo largo de la legislatura.

Y, ciertamente, hay elementos que quisiéramos matizar. Ciertamente, cuando se habla, por ejemplo, de que antes de un año se dé cumplimiento, nos parece razonable que se pueda dar este plazo para que los certificados de profesionalidad lleguen en el plazo que tienen que llegar. Estamos dispuestos a conceder este margen a la Junta para que se ponga al día, porque, como ustedes saben, y yo he denunciado en la interpelación y en la pregunta al presidente ayer, el problema es que, en este momento, hay un retraso de dos años. Creo que son unos 5.000 certificados. Esperemos que en este año seamos capaces de cumplir ese compromiso, el que ahora adquiere la Junta de Castilla y León a través de esta... de este acuerdo, y que dentro de un año se puedan entregar dentro de los seis meses. A nosotros nos gustaría que se pudieran entregar en una semana, como se entregan en otras Comunidades, pero bueno.

Lo mismo respecto al punto 5, lamentamos la falta de concreción. Nos gustaría que, cuando se hable de potenciar, optimizar, incrementar la formación a impartir en los centros de formación propios, quisiéramos que se hubiera llegado a compromisos concretos como los que nosotros pedíamos, como es abrir los centros por la tarde y crear varias líneas formativas por centro, en lugar de solamente una. Pero, en todo caso, estaremos dispuestos a ceder, advirtiendo de que seguiremos insistiendo, puesto que, al final, el punto 5, el problema es que se convierte en un compromiso que no se puede hacer seguimiento porque no plantea cuestiones de concreción.

Respecto a los puntos 6, 7, 8 y 9, estamos contentos de que se aprueben, especialmente la actualización del Catálogo de Expertos Docentes, la creación de la base de datos, etcétera. Estamos de acuerdo en la... lo que se plantea con la normativa vigente en el punto 10.º. En los puntos 11, 12, 14, 15 y 16, que se aceptan de manera literal, estamos satisfechos. Y en cuanto al importe de becas, nosotros seguimos diciendo: preferiríamos el modelo de bono transporte, que se acerca más al modelo que existía cuando los cursos dependían del Gobierno central. Nos pareció un modelo más interesante. Lo cierto es que un plazo de tres meses nos parece ya un acuerdo importante, teniendo en cuenta que en la actualidad estamos viendo una media de seis a ocho meses, con casos hasta el año. Es decir, estamos viendo un retraso muy importante en materia de...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Sarrión, tiene que terminar.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

... la recepción de los transportes.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Fije cómo queda su posición.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Por lo tanto, el texto queda tal cual lo ha propuesto el Grupo Popular.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Lo tengo, gracias. Lo tengo.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Pues muchas gracias.

Votación Mociones

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Bien, pues pasamos a la votación de las mociones.

M/000174

Vamos a votar, en los términos fijados por su proponente, la Moción 174, presentada por el Grupo Socialista, derivada de la interpelación a la Junta de Castilla y León en relación con el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y León 2016-2020. Vamos a votar, tal y como ha solicitado el proponente, por grupos, y les iré diciendo, porque son varios.

En primer lugar, el 5... puntos 5, 6 y 48. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: cuarenta y dos. En contra: cuarenta y dos. ¿Algún portavoz de un grupo o algún procurador quiere que se repita la votación?

Bien, pues pasamos a votar los puntos 51 y 53. Quedan rechazados los puntos anteriores. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: cuarenta y uno. Cuarenta y dos en contra. Una abstención. Quedan rechazados los puntos 51 y 53.

Pasamos ahora a votar los puntos 56, 57 y 98. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: cuarenta y dos. En contra: cuarenta y dos. ¿Algún grupo o algún procurador quiere que se repita la votación? Quedan rechazados estos puntos.

Votamos el punto 12. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: cuarenta y dos. En contra: cuarenta y dos. ¿Algún grupo o algún procurador quiere que se repita la votación? Queda rechazado este punto.

Votamos ahora el punto 68. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: cuarenta y uno. En contra: cuarenta y dos. Una abstención. Queda rechazado.

Y votamos, por último, los puntos 16, 17, 18 y 61. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: cuarenta y uno. En contra: cuarenta y dos. Una abstención. Quedan rechazados.

Votamos las siguiente moción debatida, la 176, presentada por el... [Murmullos]. Ah, perdón, todos los demás, sí, que no estaban incluidos aquí. De acuerdo. Sí, sí, perdón. Votamos el resto de los puntos que quedan de la moción anterior. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: treinta y seis. En contra: cuarenta y dos. Seis abstenciones. Quedan rechazados el resto de los puntos de la moción.

M/000176

Votamos ahora la segunda moción, la 176, presentada por el Grupo Mixto, derivada de la interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por este grupo en relación con la política general en políticas activas de empleo. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: ochenta y cuatro. Queda aprobada la moción.

Por el señor secretario se procede a dar lectura al cuarto punto del orden del día.

Proposiciones No de Ley

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias. Cuarto punto: Proposiciones No de Ley.

PNL/000100

Y, comenzando la fase de del debate de proposiciones no de ley, comenzamos con la primera, Proposición No de Ley 100, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta a dotar a la Comunidad de un transporte público que garantice el transporte de viajeros a todos los municipios de zonas rurales para garantizar el derecho de libre circulación y de movilidad ciudadana, publicada en Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 18, de once de septiembre de dos mil quince.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para presentar la proposición no de ley, tiene la palabra la señora Barcones Sanz.

LA SEÑORA BARCONES SANZ:

Gracias, presidenta. Señorías, esta mañana, el Grupo Parlamentario Socialista trae a su consideración una proposición no de ley que tiene por objeto instar a la Junta de Castilla y León a dotar a la Comunidad de un transporte público, efectivo y eficaz, que asegure el transporte de viajeros a todos los municipios de las zonas rurales, de manera que se garantice la libre circulación y el derecho de movilidad ciudadana.

Y este es un derecho que reconoce el Estatuto de Autonomía, el derecho de movilidad y libre circulación; así mismo, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece que corresponde a los poderes públicos de Castilla y León promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los castellanos y leoneses en la vida política, económica, cultural y social.

Pero no todos los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León tienen garantizado este derecho de movilidad y libre circulación, porque en el medio rural quedan muchos municipios incomunicados por transporte público, en una Comunidad que cuenta con una gran dispersión y baja densidad de población, con una extensión y orografía complejas.

La situación en la que nos encontramos es que la Junta de Castilla y León procedió a la reordenación del mapa de transporte de viajeros en la Comunidad. Esta reordenación encubrió importantes recortes en rutas, expediciones, frecuencias y horarios de los autobuses de transporte regular ordinario de viajeros, junto al incremento de tarifas, medidas que afectan de forma muy negativa a las zonas rurales de esta Comunidad.

En el transporte metropolitano, en aquellas provincias que disponen de este servicio, han visto incrementado su precio con la actualización de tarifas y bonos muy por encima del IPC del transporte, que ha sufrido, a mayores, la eliminación de rutas, frecuencias y horarios.

En el transporte a la demanda se han impuesto recortes en rutas y frecuencias, con ajustes de horario en las llamadas para solicitar el servicio, al mismo tiempo que un incremento del doble del precio de los billetes, lo que ha llevado a la conversión de un transporte regular ordinario con preaviso, desapareciendo como un modo de transporte que se perfiló en sus inicios como muy adecuado a la estructura poblacional y territorial de la Comunidad.

Todas estas medidas que ha desarrollado el Gobierno del Partido Popular en la Junta de Castilla y León han implicado que muchos municipios se han quedado aislados o mal comunicados entre sí, con los núcleos de población de mayor tamaño o con las capitales de provincia. Y todas estas medidas de recorte del transporte, que conlleva el recorte en el derecho a la movilidad y a la libre circulación y el recorte en el acceso a los servicios públicos, las impuso la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, sin consenso, sin diálogo, sin acuerdo con los municipios afectados ni con las empresas concesionarias. Medidas que la Junta de Castilla y León impuso sin reunir a los órganos colegiados en materia de transportes, de espaldas, por lo tanto, a los ciudadanos y a los colectivos afectados.

Y debemos revertir todos estos recortes, y debemos garantizar el derecho a la movilidad y libre circulación de castellanos y leoneses; y querer posponer este debate y estas reversiones a estudios o futuras leyes es negar un futuro al medio rural de Castilla y León. Porque querer ordenar el medio rural sin dar una garantía cierta de transporte es negar el acceso a los servicios públicos esenciales en condiciones de igualdad para los ciudadanos de nuestra Comunidad, independientemente de donde se resida. No podemos hablar de ordenar el territorio rural sin dar una garantía, una certeza en el acceso a todos los ciudadanos a los servicios públicos. Por lo tanto, el transporte es una pieza clave para configurar, para ordenar, nuestros servicios públicos.

Los recortes en el transporte público contribuyen así a debilitar la cohesión social y territorial de Castilla y León, profundizando en la brecha de la desigualdad de oportunidades entre el medio rural y el medio urbano, que se está convirtiendo en una verdadera fractura territorial.

Si queremos tomarnos en serio las políticas de población, si queremos tomarnos en serio la cohesión territorial y la cohesión social de nuestra Comunidad, si queremos una ordenación del territorio con garantías reales, debemos de afrontar el reto de dar acceso en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos de nuestra Comunidad, residan donde residan. Tomemos también en serio la equidad en el acceso a los centros de trabajo, a los centros de servicios públicos e infraestructuras públicas de los habitantes del medio rural. Por todo lo expuesto, y viendo la enmienda que ha hecho Ciudadanos, les proponemos la siguiente redacción de esta proposición: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dotar a la Comunidad de un transporte público eficaz y efectivo, que asegure y garantice, tanto mediante la ordenación del territorio como a través del nuevo mapa concesional, el transporte de viajeros de todos los municipios de todas las zonas rurales, de manera que se garantice el acceso a todos los servicios públicos, así como la libre circulación y el derecho de movilidad ciudadana". Gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Muchas gracias. A continuación, los grupos parlamentarios fijarán su posición. Primero lo harán los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas y después el resto. El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado una enmienda de sustitución a esta proposición no de ley, la Enmienda número 8514, y, para fijar su posición, tiene el uso de la palabra el señor Castaño Sequeros.

EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Muchas gracias, señor presidente. Como bien sabemos todos, se está actualmente trabajando en una normativa que garantice un transporte público esencial y suficiente que llegue, por supuesto, a todos los municipios de Castilla y León. Mucho hemos hablado de este tema y me temo... y me temo que seguiremos hablando mucho de él.

La virtud de tener una gran Comunidad Autónoma, virtud que se convierte en un problema cuando hablamos de despoblación y, como en este caso, del transporte, de comunicar nuestra gran Comunidad a través de un transporte público y esencial. Vuelvo a repetir, como dije en el anterior Pleno, que en el futuro, una vez solucionado problemas tan importantes de organización territorial, que tenemos en el futuro una gran ventaja, que es nuestra gran extensión, frente al resto de Comunidades, nuestra riqueza natural y nuestras bondades medioambientales. Es posible que se produzca una gran migración de trabajadores de otras Comunidades Autónomas con peor calidad de vida a nuestra Comunidad Autónoma; que nadie lo descarte, ese trabajador que puede trabajar desde casa para una empresa, por ejemplo, para una empresa multinacional que venda por todo el mundo. Esto existe, como ustedes bien saben, señorías, y va en aumento.

Pero para eso tenemos que solucionar, sobre todo, estos grandes problemas esenciales, y si bien es cierto que el problema... que el problema de la despoblación es común en muchos territorios de Europa, o el envejecimiento, que es un problema común para toda Europa, el de transporte impresiona –o a mí me lo parece; que alguien me corrija si me equivoco-, es un problema nuestro, de nuestra Comunidad. Es decir –y me explico mejor-, no es comparable nuestro problema con el problema de... por ejemplo, de la Comunidad de Castilla-La Mancha; ni las soluciones para Castilla-La Mancha sirven para Castilla y León, ni por supuesto las de Castilla y León sirven para Castilla-La Mancha; y, por supuesto, las de Europa, que, por cierto, sabe bien poco de solucionar este tipo de problemas.

Señorías, tenemos la experiencia necesaria, tenemos el conocimiento necesario, sabemos cómo hacerlo; es simplemente cuestión de voluntad. Sería bueno también –como dice Comisiones Obreras- evitar, con la nueva legislación, con el turismo. Esto es muy importante. Hay que darse cuenta que está en juego la viabilidad de las empresas y, sobre todo y ante todo, 94.000 empleos, 94.000 trabajadores en el sector del transporte. No olvidemos tampoco la seguridad de los viajeros, en entredicho por la entrada de empresas pirata que ustedes, o el Ejecutivo, por no querer controlar, por inacción, lo permiten, con la pérdida de impuestos que de ello se derive. Muelen ustedes a impuestos a quien se deja.

Por tanto, convirtamos la renovación de las concesiones a las líneas regulares en una oportunidad para que el sector coja oxígeno, que dejen de ser deficitarias, aumentando –si es preciso- subvenciones a la explotación, y sobre todo –muy solicitado y exigido por el sector- de un nuevo mapa concesional que permita llegar hasta el último pueblo de Castilla y León, a través de mejoras en eficacia, efectividad y gestión logística; por supuesto en el nuevo... en el marco de un nuevo ordenamiento territorial, como usted, señora Barcones ha expuesto en su nueva propuesta de resolución, que por supuesto aceptamos.

Sabe que hemos presentado esta enmienda -entre otras cosas, también su secretario general creo que lo comunicó, dijo que estaba de acuerdo en... creo que fue en Soria-, es importante definir un nuevo mapa concesional porque en la actualidad está estructurado en muchas concesiones. Hay una gran incertidumbre en el criterio de reparto, por ejemplo, si va a ser radial, zonal, interprovincial, etcétera. Por lo tanto, ya que usted en su primera intervención ha fijado la propuesta de resolución, decirle que apoyamos completamente y que... y que, bueno, esperemos que sirva para algo. Muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Para fijar posición, en representación del Grupo Mixto, tiene el uso de la palabra el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, señor vicepresidente. Bien, volvemos a hablar de esa reordenación de mapas de transporte. Mire, nosotros entendemos que en esta elaboración que pretende hacer, o que hoy ustedes traen aquí a colación, lo que se pretende, fundamentalmente, es mejorar ese transporte público que hasta ahora hemos tenido. Yo no sé si consiguiendo ahorros, si redefiniendo rutas, pero, sobre todo -y supongo que ese es el objetivo final-, facilitando por encima de todo la movilidad de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Castilla y de León.

No estoy de acuerdo con lo que decía el señor David Castaños sobre que esta Comunidad y sobre su estructura era una virtud. Yo creo que no, no es una virtud. Es mucho más difícil reordenar el transporte en una Comunidad con dos regiones, cuyas características son, entre otras cosas, una extensión desmesurada, una gran dispersión geográfica, una pirámide de población invertida, con baja natalidad y una población en general envejecida, sobre todo en nuestro mundo rural. Y yo creo que eso, por desgracia, no es ninguna virtud.

De estas características y de la necesidad de aportar un modelo que sea igualitario para todos los rincones de León y para todos los rincones de Castilla nace la necesidad de ayudar económicamente, subvencionando aquellas líneas y rutas que por su naturaleza no pueden ser rentables. Por lo que han surgido proyectos y planes, como el transporte a la demanda, que yo creo que tampoco pasa nada por decir que ha sido un acierto.

Un modelo que en su funcionamiento también puede y debe de ser mejorado, y más después de los grandes recortes que hemos sufrido, de la crisis, del aumento de las tarifas y demás. Y un modelo que, incluso reconocido por la propia Consejería, acarrea que el 90 % de las líneas regulares sean deficitarias, planteando un desfase de casi 120 millones en dos anualidades del dos mil catorce y dos mil quince.

Sin embargo, y aceptando esa redefinición, que mejore tiempos, llegue a todos los pueblos, ayude a la accesibilidad y mejore el déficit de explotación que soporta la Junta de Castilla y de León, no debemos olvidarnos de que la consideración de servicio público lleva implícito para nosotros la consideración de buscar la sostenibilidad económica y su suficiencia, pero no la rentabilidad económica que se le supone a cualquier actividad mercantil. Y eso es algo que nosotros tenemos muy claro y que creo que todos debemos de tener. Es, en definitiva, al fin y al cabo, una de las funciones más importantes de las Administraciones públicas: proveer y mantener determinados servicios públicos esenciales, que reporten un beneficio social, sin rentabilidad económica. Es una de las grandes diferencias entre lo público y lo privado.

Dicho esto, señorías, el pasado cinco de octubre fue aprobada, con los votos del Partido Popular, una proposición no de ley que mandataba a la Junta para elaborar una ley que garantice y posibilite esa mejora, que blinde el servicio público, dando cobertura a todo el territorio de León y de Castilla. Una ley que nace, además, de la necesidad de mejorar y blindar, fundamentalmente por exigencias europeas y por la finalización de las concesiones que dan soporte al vigente sistema de transporte.

Hoy trae el Partido Socialista una PNL que en su exposición de motivos refiere una serie de disfunciones, recortes y mal funcionamiento, pidiendo –entiendo- que en esa ley se den las garantías necesarias para mejorar el sistema y reordenar ese mapa de transporte público, donde las concesiones y su distribución se ha quedado anclado en el pasado, cuando la coyuntura poblacional era muy diferente en el tiempo.

Su resolución, bastante genérica, no nos crea ningún rechazo por lo que pide en términos generales, en definitiva, lo único que pide es un transporte público eficaz, efectivo, con especial atención al mundo rural, más necesitado por las peculiaridades y sus necesidades; sin embargo, en la misma, aunque fundamentalmente encontramos alusiones al mundo rural, entendemos que, cuando hablan de transporte público efectivo y eficaz, también lo hacen pensando en esa necesaria reordenación del transporte público urbano, entre las ciudades y sus alfoces.

Porque, en definitiva, la realidad es que lo que es indudable es que el sector del transporte de viajeros en general, y en todas sus modalidades, reclama desde hace tiempo una actualización que reduzca su precariedad. Precariedad que, unido a líneas diseñadas y concedidas en los años ochenta, genera una problemática y una falta de previsión de futuro que no aporta beneficio alguno para la mejora del servicio y que exige, sin duda, su redefinición.

Si lo que pretenden ustedes es esto, UPL no tiene ningún problema en apoyar esa iniciativa. Si, por lo contrario, lo que se pretende es ligar cualquier posible diseño en justificar la Ley de Ordenación del Territorio, ahí ya saben ustedes que será difícil que nos encuentren. En este caso, porque del anteproyecto presentado tampoco se exige ni se garantiza un mantenimiento de los servicios en general, cuestión irrenunciable para nosotros cuando hablamos de reordenación del territorio.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Muchas gracias, señor Santos Reyero. Para fijar posición, y en representación del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, tiene el uso de la palabra el señor Díez Romero.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Gracias, vicepresidente. Desde nuestro grupo parlamentario, agradecemos debatir de nuevo sobre el transporte de viajeros por carretera, pero también he de decirle a las señorías del Partido Socialista que agradeceríamos también un poco más de concreción a la hora de redactar propuestas. Se lo digo más que nada porque, fíjese, hasta Ciudadanos les ha superado esta vez en concreción con su enmienda.

Vaya por delante el respeto de nuestro grupo político a su labor de oposición, pero, desde ese respeto, les decimos que no entendemos como después de debatir hará... hace un mes, el miércoles cinco de octubre, una proposición no de ley del Grupo Popular que instaba a la Junta de Castilla y León a impulsar una Ley de Transportes por Carretera, que contó con la abstención unánime de todos los grupos que formamos parte de la Oposición, ustedes hagan... se dediquen a hacer seguidismo del Partido Popular, también en Castilla y León, y traigan una iniciativa otra vez sobre lo mismo al Pleno. Les digo una cosa con sinceridad y desde el corazón, y ya es la última: si ustedes no saben qué proponer en un Pleno, déjennos una proposición no de ley, que nosotros sí sabremos lo que hacer con ella.

Y ahora, entrando en materia, el diagnóstico de nuestro grupo parlamentario sobre la situación del transporte por carretera es el siguiente. Partimos de que Castilla y León es la Comunidad con más kilómetros de AVE, que, precisamente, no vertebra el territorio. Partimos de que tenemos cuatro aeropuertos, y quizás no haga falta ninguno. Y contamos con cientos de kilómetros de autovías; desde Podemos creemos que, en este sentido, hacen falta más y mejores vías. El principal problema que tenemos es que cientos de núcleos de nuestra Comunidad permanecen incomunicados entre sí, lo que daría para un título de una película: "Desde Soria a Valladolid, pasando por Madrid".

También cuentan con escasas posibilidades de conexión, las cuales se reducen a horarios deficientes en líneas de autobuses que no facilitan, por ejemplo, la movilidad laboral, lo que provoca más paro, en este caso estructural, contribuyendo a que haya más paro en nuestra región. Desde luego, hay que contar también con que en Castilla y León somos la Comunidad más extensa de España y una de las más extensas de Europa, y arrastramos por ello uno de los principales problemas desde hace décadas: la falta de una integración real en nuestra tierra, la falta de un modelo territorial vertebrado, que se manifiesta en multitud de desequilibrios en las zonas rurales, en las zonas urbanas y en las diferentes provincias, que están provocando que, pese a muchas Fundaciones Villalar que se precien, en esta tierra no tengamos ese ansiado sentimiento de Comunidad.

Creo que necesitamos un nuevo proyecto de estructura institucional y organizativa que esté en condiciones de secundar, fomentar, promover las actividades y los servicios en todo el territorio, independientemente de que sea rural y urbano, funcionando como catalizador también del desarrollo local. Por eso nos abstuvimos en la iniciativa que el Partido Popular presentó el cinco de octubre, porque la lógica de esa iniciativa era adecuar un nuevo mapa de transportes, como ya han dicho muchos de los portavoces que me han precedido, a aquella Ley de Ordenación, de Servicios y Gobierno del Territorio, que ustedes y el Partido Socialista aprobaron, y cuya consecuencia directa son los famosos mapas de las UBOST, con las que, por sentido común, no podemos estar más que en desacuerdo.

Porque en Podemos, ténganlo claro, solo vamos a apoyar una ordenación del territorio, en este caso, que aporte mayor calidad de vida a la gente, una ordenación del territorio solidaria, participativa y que respete los vínculos ancestrales de este territorio, que son las comarcas naturales; que las establezca como garantes del blindaje de los servicios públicos de calidad en el medio rural. Y solo con eso vamos a estar de acuerdo, y ahí nos van a encontrar. Unos servicios públicos, por cierto, que es el Partido Popular el que se está encargando de desmantelar en las zonas rurales, y hacen que los ciudadanos y ciudadanas de estas zonas rurales pasemos no ya a ser ciudadanos de segunda, sino de segunda B o de tercera división.

La conclusión de mi grupo político es clara y, por desgracia, vuelve ser la misma: paro, pobreza y despoblación. Lo que, traducido en esta materia, significa: se siguen marchando nuestros jóvenes, nuestros mayores se quedan solos en nuestros pueblos y nuestra economía pierde peso, año tras año, en el conjunto de España.

Pues bien, ante este panorama desolador, desde nuestro grupo pensamos que en Castilla y León hay tres objetivos fundamentales para revertir esta situación: uno, interconectar nuestro territorio de forma eficaz, rápida y limpia; dos, garantizar el derecho a la movilidad de movimientos de toda la ciudadanía; y tres, fomentar un modelo de transportes que no sea excluyente y que ayude al desarrollo económico de nuestra Comunidad. Concretando, en transporte por carretera en las zonas urbanas, defendemos el uso del transporte urbano colectivo y los vehículos medioambientalmente sostenibles. Ejemplos: puntos de recarga para los coches eléctricos, aparcamientos disuasorios, autobuses con trayectos circulares, y no contaminantes.

Aunque, desde luego, el meollo entendemos que está en el medio rural, donde apostamos, sobre todo, por mejorar las vías y las redes viarias de las zonas rurales, estableciendo un transporte público accesible que las comunique entre sí –que es lo que no sucede actualmente- y con núcleos urbanos mayores –que viene sucediendo de manera irregular-. Esto hay que hacerlo, aunque no nos guste, en conjunto con las diputaciones, por supuesto. Dentro de esto, entendemos como una obligación dotar de medios y apostar por el transporte a la demanda, ese transporte a la demanda que el Partido Popular ha convertido de ser un derecho fundamental para la ciudadanía a un transporte prácticamente inexistente que ha desaparecido, que no se vea... Creemos que este transporte no se tiene que ver integrado en las rutas escolares, como, por desgracia, sucede en la Comunidad.

Voy terminando. Esperando que el resto de grupos políticos entiendan la política como un transporte público por carretera en la Comunidad, es decir, como un servicio público, espero que pronto sigamos debatiendo sobre esta piedra angular para nuestra región. Y, como no podía ser de otra manera, anuncio el apoyo de mi grupo ante esta iniciativa y les digo que nos encontrarán en todo lo que sea mejorar la vida de la gente. Muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene el uso de la palabra el señor Blanco Muñiz.

EL SEÑOR BLANCO MUÑIZ:

Bien. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Bien, esta PNL que se presenta, indudablemente, en principio, si tú... en la propia redacción de la PNL la encontramos, desde el punto de vista nuestro, como una vista catastrofista de lo que existe ahora mismo en el transporte público, que a mí me parece que no obedece a la realidad. Y luego, con una propuesta de resolución en principio bastante vacía y bastante etérea, que después, gracias a otras introducciones y apoyos, ha logrado yo creo que dotar del instrumento que le permita ir hacia adelante.

Esta PNL la podemos adornar de muchísimas cifras, porque cifras tiene un rato, ¿eh?, tiene un rato; lo que es el transporte público, tiene un rato, pero no quiero yo aburrir a sus señorías. Sí, quizá, decirles que hay 2.200 líneas regulares; el 90 % de ellas son deficitarias y cuesta a las arcas públicas 12 millones de euros al año el poder mantenerlas.

Indudablemente, para que el transporte público funcione necesita de muchos instrumentos. Uno de los fundamentales... fundamentales es la propia preparación de las empresas del transporte público en cuanto a la adecuación, la adaptación al propio mercado. No puede haber un transporte público, algún autobús de 53 plazas, en un sitio donde va a recoger, como máximo, 4 viajeros; o insistir en que una línea vaya y venga de forma constante de forma vacía, cuando resulta que no va a tener ningún usuario durante todo el recorrido, ¿no? Entonces, en esas cuestiones hay que avanzar, y las propias empresas están avanzando, y además renovando también vehículos con menos gasto, menos consumo y demás, ¿no?

Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo ya se está elaborando la nueva Ley de Transporte de Carretera... por Carretera de Castilla y León, cuyo borrador ya se ha remitido a todos los grupos parlamentarios, y que se adapta a las directrices de la Unión Europea y ordenación estatal, y que tiene en cuenta la nueva organización territorial. Que es fundamental, fundamental, aprobar el Mapa de Ordenación de Transporte Público de Viajeros, fundamental; que es fundamental la nueva licitación del concurso público de transporte que ahora está vigente y hasta el año dos mil diecinueve; que es muy importante impulsar –otros pensarán que no- el transporte compartido integrador, no tiene sentido que vaya un autobús a recoger a un niño y que tenga que esperar el abuelo a que vuelva otro autobús a recogerle, no tiene sentido, se está empezando a funcionar, y no tiene ningún problema, se está funcionando bien.

Tenemos que tener en cuenta, cuando se dice algunas veces que es que se han establecido muchos recortes en el tema del transporte de viajeros, que no ha sido así. Ha habido muchas adecuaciones y, en todo caso, una cosa que es fundamental, un no gasto, que eso es fundamental.

En el transporte a la demanda, desde el año dos mil cuatro, los kilómetros teóricos que tenían que recorrer los transportes públicos eran de 11.500.000 kilómetros, que se han logrado hacer con 2.500.000, con un ahorro o un no gasto de 9.000.000 de kilómetros. Eso es política, eso es trabajar, eso es hacer las cosas bien. ¿Que indudablemente hay muchísimas cosas que tienen que mejorar? Por supuesto, pero tienen que mejorar precisamente en eso, en que, si no gasto, igual sí puedo invertir en hacer unas nuevas cosas.

Por lo tanto, en cuanto a la resolución que luego se ha presentado, nosotros creemos que estamos de acuerdo, porque fundamentalmente dice que hagamos lo que estamos haciendo y, además, le dan de unos instrumentos, instrumento que es la realización de un nuevo mapa y... y el nuevo mapa de ordenación territorial. Por lo tanto, creo que vamos a apoyar la resolución presentada. Muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Para cerrar el debate y fijar la posición del texto definitivo, por el grupo proponente, tiene el uso de la palabra la señora Barcones Sanz.

LA SEÑORA BARCONES SANZ:

Gracias, señor vicepresidente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los grupos que, en principio, han mostrado su predisposición a apoyar esta iniciativa; una iniciativa que intenta garantizar el acceso de todos los ciudadanos que vivimos en el medio rural a los servicios públicos, que intenta garantizar el derecho de movilidad.

Hay varias cuestiones. Ustedes, algunos, no sé si matan o espantan, porque, por un lado, dicen que apoyan la iniciativa y, por otro lado, dicen que está hueca. Pues mire, cuando hablamos de garantizar el transporte a todos los ciudadanos del medio rural, que, a día de hoy, no lo tienen, es que hay muchos municipios, hay muchos núcleos de población en nuestra Comunidad Autónoma que están incomunicados -óiganme bien-, literalmente incomunicados mediante transporte público. Estamos hablando de cohesión social y de cohesión territorial. ¿Cómo es posible vertebrar una Comunidad Autónoma en la que hay vecinos que están incomunicados, que no se pueden desplazar al médico, que no pueden ir a hacer la compra, que no pueden ir a hacer documentos administrativos? Y, además, ¿a qué clases, a qué tramos de población, fundamentalmente, se les está impidiendo el acceso? A los sectores que hay que proteger especialmente: a la tercera edad, que es la que tiene más dificultades de movilidad.

Y cuando hablamos de garantizar el transporte, estamos hablando también de política demográfica, de lucha contra la despoblación, porque es fundamental en la política demográfica garantizar un sistema de transporte que acerque a las personas, que acerque a los territorios.

Y también, cuando hablamos del transporte, estamos hablando en la igualdad en el acceso a los servicios públicos. Yo no entiendo cómo se puede ordenar una Comunidad, no entiendo cómo se puede ordenar el territorio, no entiendo cómo se puede ordenar la educación, la sanidad, los servicios sociales, sin garantizar a todos los ciudadanos que van a poder acceder a esos servicios públicos. Porque, si tienen... y esto se lo digo especialmente a Podemos, yo entiendo que ustedes no pisan mucho el medio rural, entiendo que ustedes no van mucho a los pueblos, por eso desconocen y dicen algunas cuestiones, pero yo les digo: todos entendemos que no puede haber un hospital en cada pueblo, pero todos entenderemos que, si queremos ordenar el territorio, tenemos que garantizar que todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo tengan un transporte que les acerque a ese hospital. Y fíjense, en nuestra Comunidad... [aplausos] ... hay muchos pueblos que no tienen este acceso, y les voy a poner de ejemplo el mío. Cualquier vecino de mi municipio, un martes no puede ir por transporte público al hospital, y si tiene que hacerse una ecografía, ir al traumatólogo o a cualquier especialista, no tiene un medio público para acceder a ese servicio. De eso estamos hablando. Y lo mismo en Salamanca, en Zamora; lo mismo en cualquiera de nuestras provincias. Y esa es la realidad.

Una realidad en la que ha habido muchos recortes. Digan lo que quieran, señores del Partido Popular. El transporte a la demanda era una buena idea, pero es que ustedes lo han recortado. No llegaba a todos los sitios, la idea era extenderlo; pero ustedes no lo han extendido, lo han recortado en un 40 %. Y esa es la realidad. Y la realidad es que han doblado el precio del billete, y la realidad es que han ajustado el horario de las llamadas para solicitar el servicio, y la realidad es que no han puesto nuevas rutas; esa es la realidad que vivimos en el medio rural con el transporte a la demanda. Pero ustedes, no sé, lo ven como muy lógico mezclar a niños, a escolares, con personas que van al médico. Cuando uno va al médico es porque tiene alguna enfermedad, en algunos casos infectocontagiosa. Es decir, que uno va con la gripe al médico, ¿y ustedes montan a su hijo en ese autobús? ¿Ustedes montan a su hijo en ese autobús? Pues no lo quieran para los hijos de los demás. [Aplausos]. Eso es lo que nosotros les decimos.

Y lo mismo en el transporte metropolitano, y lo mismo en las líneas regulares. Y ustedes no pueden desconocer la realidad, ¿eh?: "En Salamanca denuncian horarios incompatibles y recortes en el transporte de viajeros" [la oradora muestra un documento]; y les puedo ir sacando cada una de las provincias.

Y esta iniciativa, que ustedes, como no saben si matan o espantan, la apoyan pero la critican, de lo que habla es de que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León a dotar a la Comunidad de un transporte público efectivo y eficaz, que asegure y garantice, que asegure y garantice, tanto mediante la ordenación del territorio -la que sea; nunca podrá haber una ordenación del territorio si no hay una garantía de acceso a los servicios públicos, porque de eso hablamos, de que todos los ciudadanos tengamos acceso en condiciones de igualdad- o a través de un nuevo mapa concesional, los dos, ambos tendrán que garantizar que no haya pueblos, como hay a día de hoy, incomunicados en nuestra Comunidad Autónoma...

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Señora Barcones, vaya concluyendo, por favor.

LA SEÑORA BARCONES SANZ:

Por lo tanto, como ya fijé el texto, simplemente decir que hoy nuevamente los socialistas venimos a defender al medio rural, venimos a defender el acceso en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos, residan donde residan, a los servicios públicos, a la libre circulación de las personas en esta Comunidad Autónoma. Gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Si me hace llegar el texto, por favor, definitivo. Muchas gracias. ¿Algún grupo desea intervenir? Señor secretario, dé lectura, por favor, a la segunda proposición no de ley.

PNL/001023

EL SECRETARIO (SEÑOR CHÁVEZ MUÑOZ):

Proposición No de Ley número 1023, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, para instar a la Junta a establecer ayudas económicas compatibles con otras básicas para ayudar al pago de la factura de suministros de electricidad y gas para lograr una protección efectiva de los Hogares Vulnerables, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 190, del veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Para presentar esta proposición no de ley, tiene el uso de la palabra el señor López Prieto.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Muchas gracias. Bueno, señorías, en el día a día de más de 100.000 castellanos y leoneses no es que se acerque el invierno, sino que estos se acumulan dramáticamente en la cuenta de aquellas personas y familias castigadas duramente por la crisis. Una profunda y dilatada crisis económica que está suponiendo un incremento significativo de la vulnerabilidad en los hogares de Castilla y León. Mientras el número de personas sin empleo sigue aumentando, las prestaciones por desempleo han disminuido alarmantemente, provocando una importante pérdida de cobertura social.

Sin ir más lejos, el pasado mes de octubre fue el tercer mes consecutivo en el que el desempleo aumentó en Castilla y León. Cada vez hay más personas en situación de paro, cada vez hay menos personas con cobertura de desempleo, y ello se debe principalmente a dos razones: los parados de larga duración cada vez tienen más difícil encontrar un trabajo y los contratos que se firman son de tan corta duración y tan precarios que no generan ningún tipo de prestación.

Según el último informe del Consejo Económico y Social, del año dos mil quince, en nuestra Comunidad el número de beneficiarios de algún tipo de ayuda por desempleo ha perdido 21,6 puntos desde dos mil diez; pero los datos del pasado mes de octubre aumenta ese porcentaje y dice que son 58,76 % de los desempleados en Castilla y León que no reciben ningún tipo de prestación.

Permítanme que les hable de la encuesta de condiciones de vida del año dos mil quince, que utiliza una serie de variables que permiten establecer la conocida como tasa AROPE, una tasa que forma parte de la Estrategia Europa 2020 y también del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social. Pues bien, en la encuesta de condiciones de vida del año dos mil quince, el indicador agregado AROPE situó al 23,3 % de la población de Castilla y León en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta tasa AROPE utiliza múltiples indicadores, uno de ellos es la intensidad de trabajo en el hogar. En dos mil quince, en Castilla y León, el 16,5 % de los hogares presentaba una actividad laboral baja. De todos los indicadores de la tasa AROPE, la baja intensidad de trabajo en el hogar es la que muestra un peor comportamiento en nuestra región. En los cinco últimos años se ha duplicado el número de familias que padecen una baja intensidad en el trabajo, superando en los dos últimos años, en dos mil catorce y en dos mil quince, la media nacional.

Por lo tanto, en Castilla y León, desde el dos mil siete, aumenta la inactividad laboral, la ausencia de prestaciones de desempleo y los contratos precarios y de corta duración, lo que está provocando que las personas y las familias no superen un determinado nivel de ingresos, llevándoles a una situación de sobreendeudamiento y de pobreza sobrevenida por su incapacidad de hacer frente a gastos básicos.

A todo esto debo añadir lo que refleja otro indicador de la tasa AROPE, que es la carencia material severa, definida como la carencia de cuatro conceptos, de una lista de nueve, entre los que se incluye el retraso en los pagos de gastos relacionados con la vivienda principal, como es la hipoteca, el alquiler, los recibos de gas, de electricidad o la comunidad, y también la imposibilidad de mantener la vivienda habitual a una temperatura adecuada. En Castilla y León el 2,35 % de la población se encuentra en una situación de carencia material severa, siendo el 6 % el número de familias que no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Este dato es muy grave, porque supone el doble de las familias que no podían conseguir tener una temperatura adecuada en su hogar en el año dos mil once.

Así que la pobreza energética es, sin duda, uno de los problemas más graves que tienen las y los castellanos y leoneses. Más de 100.000 hogares en Castilla y León no pueden asumir los gastos de electricidad y de calefacción de su vivienda habitual porque se ven obligados a destinar a este fin una parte excesiva de sus escasos ingresos. Así que la pobreza energética lleva a una persona o a una familia a ser incapaz de mantener su hogar en unas condiciones adecuadas para la salud, lo que provoca una situación de riesgo de expulsión residencial.

Por tanto, esto nos obliga a todos los grupos parlamentarios que estamos en esta Cámara a instar a la Junta de Castilla y León a tomar medidas de emergencia social mientras dure esta situación de exclusión social. Nada más. De momento es todo. Muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Muchas gracias. A esta proposición no de ley no han sido presentadas enmiendas. Y para fijar posición, en primer lugar, tiene el uso de la palabra el Grupo Mixto, el señor Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Pues muchas gracias. Porque, efectivamente, un tema al que, desde luego, vamos a dar nuestro apoyo más firme. Un tema que también hemos traído a esta Cámara Izquierda Unida-Equo en varias ocasiones, lo hemos hecho a través de una moción, la cuestión de la pobreza energética, hace aproximadamente un año; lo hemos hecho también a través de preguntas al Gobierno; hemos realizado también todo tipo de iniciativas y, por lo tanto, estamos completamente de acuerdo con la argumentación que se ha planteado desde el Grupo Podemos, y nuestro apoyo más firme.

La noción de pobreza energética, como hemos podido defender ya en esta Cámara en varias ocasiones, es una noción que tiene, desgraciadamente, más actualidad que nunca. En una región como la nuestra, en una Comunidad Autónoma, perdón, como la nuestra, en la que existen cierres de recursos energéticos, como es el caso de la minería, donde se desprecian recursos, como el caso de la calefacción por pellet o por astilla, encontramos como la cifra de personas que se encuentran en pobreza energética, las personas que no pueden pagarse decentemente una calefacción en invierno está aumentando cada vez más. Este concepto de pobreza energética que hiende sus raíces en los años setenta, desde el origen anglosajón del término, en el fuel poverty, que es un concepto que desgraciadamente se encuentra cada vez de mayor actualidad.

Nosotros partimos de un elemento, y es que todo ciudadano tiene que tener derecho a unos mínimos vitales con dignidad, y eso pasa por la energía, eso pasa por el agua, eso pasa por la alimentación, eso pasa por una vivienda digna, etcétera, etcétera, etcétera.

En mil novecientos noventa, la Organización Mundial para la Salud definía la pobreza energética como la incapacidad para un hogar de obtener una cantidad adecuada de servicios de la energía por un 10 % de la renta disponible, algo que, además, ha sido debatido enormemente en Europa. Lo cierto es que hoy, en Castilla y León, encontramos una gran cantidad de familias incapaces de pagar la energía para las necesidades básicas, familias que están dedicando una parte excesiva de sus escasos salarios para poder vivir con dignidad, y que tienen sencillamente que tomar una decisión entre comer correctamente, entre no pasar frío o tener techo. Y esto es inaceptable, es completamente inaceptable que tenga que producirse esta opción en las familias de la mayoría trabajadora de nuestra Comunidad.

Por diferentes motivos, Castilla y León además es una Comunidad especialmente vulnerable a este tipo de pobreza, puesto que tenemos un parque de viviendas en el que el 50 % de la vivienda en Castilla y León es anterior a las normativas de regulación térmica. Además, no olvidemos que estamos en un país en el que la energía ha sido objeto de especulación, de especulación por las grandes empresas multinacionales de carácter privado, como es el caso de Iberdrola, de Abengoa, de Repsol, de Gas Natural o de Endesa, con capital público italiano, porque en España tenemos empresas eléctricas de capital público de otros países, no de las nuestras. Empresas, por cierto, caracterizadas por la presencia de puertas giratorias que les garantizan el control de los grandes partidos políticos de este país, que han mantenido la política de nuestro país durante décadas y que han permitido que se llegue a esta situación.

Fijémonos que el informe de Facua-Consumidores en Acción plantea que en los últimos 30 años la electricidad ha subido un 203 %, el gas natural un 111 % y el gasóleo un 211 %. Solamente si tomamos la medida de lo que ha subido la luz desde el inicio de la crisis económica, hablamos de un aumento del 52 % durante la crisis.

Por lo tanto, unas consecuencias sociales fundamentales: hablamos de viviendas donde hay frío, donde hay humedades, lo cual afecta a la salud física, especialmente a las enfermedades respiratorias y a las alergias; también a la salud mental, provocando enfermedades como el insomnio, la irritabilidad o la caída del rendimiento intelectual, especialmente en menores de edad; afecta a la estructura familiar, tocando a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, como el caso de los mayores, los enfermos o la infancia; y aumenta la mortalidad adicional durante el invierno.

Por lo tanto, un problema de gravedad, un problema que ha sido también tratado por la Organización Mundial de la Salud, en el que en mil novecientos ochenta y siete ya decía que para tener buena salud era necesario que, en el caso de que fueran personas sin enfermedades añadidas, se tuviera un rango de temperatura entre 18 y 24 grados en el hogar, y en el caso de personas mayores o muy jóvenes, infantes, o bien enfermos o personas en situación de discapacidad, se habla de un mínimo de 20 grados. De acuerdo a la Estrategia contra la Pobreza Energética de dos mil uno de Reino Unido, se trata de alcanzar 21 grados en el salón y 18 en el resto de habitaciones.

Lo que encontramos es que, efectivamente, como se ha denunciado, en Castilla y León la pobreza energética está siendo un problema de especial gravedad a partir de la crisis económica. Encontramos como así lo explicitan los informes del Instituto Nacional de Estadística en la encuesta de calidad de vida, que está explicando como somos una Comunidad especialmente sensible. Y, más allá de los tópicos que escuchamos todos los años acerca de que el invierno es duro, lo cierto es que mucho más duro es para aquellas personas que no pueden costearse una calefacción, una luz, unos mínimos habitacionales decentes.

Por lo tanto, nuestro máximo apoyo a esta iniciativa. Nosotros también hemos planteado esto en la Cámara, celebramos que lo hagan más grupos, y seguiremos luchando juntos hasta ser capaces de terminar con esta tragedia. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para fijar posición, en representación de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señora presidenta. Señorías, desde luego, el tema de la pobreza energética es un tema que yo creo que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo y que tenemos que... que nos preocupa y tenemos que apoyar e impulsar.

Sí que me gustaría también decir hoy que es un mal día por el tema sobre todo americano, ¿no? Decía Benjamín Franklin –fíjate qué diferencia con el que acaba de salir- que no hay nada cierto, que solo la muerte y los impuestos son lo cierto, ¿no? Pero, bueno, simplemente hacer esa pequeña reflexión también de preocupación desde Ciudadanos.

Desde luego, vamos a apoyar esta proposición, esta moción, porque, vuelvo a decir, nos parece justa, nos parece lógica. Yo creo que el problema que existe en muchas familias de Castilla y León sobre la pobreza, vuelvo a decir, energética, pues es evidente. Hay muchísimas familias que no pueden llegar a final de mes pagando esas facturas, pero también es verdad que no sé por qué tenemos que predicar y también cumplir con el ejemplo. Este, que es el año de Cervantes, sí que me van a permitir, no sé por qué me viene ahora a la memoria aquella cita del Quijote, dice: Tengo por costumbre, querido Sancho, que, en viendo el burro venir, ya de lejos me apercibo sin confundirme de las patadas que pudiera propinarme, por tanto, mi fiel escudero, fíjate en los andares y, si viéndolo retorcido y mal encarado, vieres que arranca sin compostura, hazte a un lado. Y hay que tener cuidado con tal calaña, que, de ser menester, utilizan a las más tiernas criaturas y hasta pretenden adoctrinarlas y que salgan de su mala hueste con títeres y cabalgatas. Y cuidado, amigo Sancho, que son los mismos que luego cobran de berberiscos y de otros que más allá someten a sus pueblos, y ello tanto mal vestidos, cuando procede el buen hábito, como vestidos de la más cursi casta, cuando no es tan menester. Y, a buen entendedor, pocas palabras.

Sinceramente, todos decimos lo que tenemos que hacer, y otra cosa es luego cumplir -vuelvo a decir- con, sobre todo, aquello destinado a las familias con menos recursos. Porque, queridos parlamentarios, señorías, cuando a veces se producen abusos, abusos en indemnizaciones, abusos en las subvenciones, ¿sabes quién paga las consecuencias? Desde luego, los más necesitados. Y es así, y hay que tenerlo muy en cuenta, que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo; una cosa es pedir viviendas para todos y para los más necesitados, y luego cogérselas de aquella manera y sacarlas beneficio. Y creo que me están entendiendo.

Pero, sinceramente, por ir al grano, que es a lo que hay que ir, nos gusta esta proposición no de ley porque, efectivamente, sobre todo tiene una categoría, digamos, que la hace justa, que es que se remite mucho a los informes sociales. Lógicamente, cuando se da una... tipo de subvenciones o ayudas de la Junta de Castilla y León, tienen que estar basadas en informes de los... en fin, de los agentes sociales. Servicios sociales que, por cierto, hay que denunciar por parte de Ciudadanos que faltan muchos... mucho personal y, sobre todo, que falta, pues eso, mucho asistente social por parte de las diputaciones, de la Junta de Castilla y León y de los ayuntamientos. Porque, como vemos, cada vez es más necesario que haya más tipo de informes que avalen estas carencias, como en este caso, de la pobreza energética.

También hay que recalcar –y lo acabamos de ver estos días en los medios de comunicación- cómo la pobreza energética lleva en muchos casos en viviendas a incendios y a acabar con la muerte de las personas, y todos los inviernos pasa lo mismo. Acabamos de ver unos hechos en Salamanca, en Sevilla, etcétera, etcétera. Es muy lamentable que familias que no tienen para pagar la calefacción hagan mal uso pues, en fin, de leñas, de gas, etcétera, etcétera, incluso a veces, como suele suceder, acaben con su vida.

Yo creo que esto sí que nos tiene que hacer reflexionar a todos, porque, cuando alguien ya pone en peligro la vida propia y la de sus familiares –a veces niños, a veces ancianos-, quiere decir que no estamos haciendo bien las cosas. Las ayudas sociales tienen que estar muy claras, muy bien derivadas, con unos informes sociales adecuados, pero, desde luego, vuelvo a decir, no se deben de hacer arbitrariamente, no deben de dar pie... que a veces algunos ayuntamientos lo hemos visto, cómo abusan de esas... tipos de subvenciones, con la luz, etcétera, e incluso a veces montaban hasta pequeños talleres en algunas viviendas basándose en este tipo de ayudas, pero sí que aquellos que lo necesiten todos tienen que acceder a ellas, lógicamente, con criterios claros, con criterios científicos, y, lógicamente, con informes bien hechos.

Desde luego, lo fundamental, efectivamente -ahí estamos todos de acuerdo-, que a las personas y a los más necesitados se les ayude, pero hay que hacerlo con los recursos que son de todos, y por eso hay que tener más ética y más dignidad que nunca, desde luego, todos podamos cumplir con eso, y que no lo pongamos a veces en medidas de una u otra tipología, cuando nos interese y nos arrimamos al ascua, y otras veces no queramos ver lo evidente.

Desde Ciudadanos siempre vamos a apostar por que todo este tipo de ayudas, vuelvo a decir, lleguen a todo el mundo, lleguen lo más rápidamente posible...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Delgado, tiene que terminar.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

(Gracias). ... y, desde luego, que sea con equidad, con universalidad y, sobre todo, para los más necesitados. Muchísimas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para fijar posición, en representación del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Muñoz de la Peña González.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, presidenta. Ciertamente, los datos de pobreza y exclusión social en España y en Castilla y León son terribles, son inaceptables para una sociedad de derecho, vergonzosos desde el punto de vista humano.

Desde el Grupo Socialista comprendemos y compartimos la iniciativa que presenta hoy el Grupo Podemos, que contará con nuestro apoyo y con nuestro respaldo, aun entendiendo que se quedan cortos, ya que se limitan, por un lado, a solicitar, sin determinar, una serie de ayudas económicas para el pago de las facturas energéticas; y a definir el concepto de "hogar vulnerable", entendemos que olvidando, por ejemplo, a quienes dispongan de una renta familiar per cápita inferior al 75 % del salario mínimo interprofesional, no del IPREM, que, como bien saben, no se actualiza, o a personas y familias que han obtenido por insuficiencias de rentas el derecho a percibir ayudas económicas por alguna Administración pública, o a quienes tengan la consideración de familias numerosas; o sea, hay en otras circunstancias que reglamentariamente se pueda determinar.

También abordan la declaración y acreditación de "hogar vulnerable" previa solicitud, que nos parece bien, y con un plazo de resolución de sesenta días; excesivo, muy excesivo para aquellas personas necesitadas o que en este momento puedan estar pasando frío o hambre, en muchos casos.

Señorías, planteamos una... plantean una iniciativa tímida, escasa e insuficiente. Las propuestas del Grupo Socialista han ido siempre más allá, con compromisos firmes, compromisos contundentes, con modificaciones normativas que resuelvan definitivamente la pobreza energética.

Hemos planteado y debatido propuestas para considerar el agua y la energía como un derecho social básico, que el suministro energético (la luz, el gas, el butano, el propano) sean un derecho social básico, un derecho irrenunciable, un servicio esencial; que los ciudadanos tengan garantizada la energía suficiente para atender sus necesidades primarias de alimentación, sanidad e higiene, y temperatura adecuada para su salud en los hogares. Esto es, que ninguna persona deje de alimentarse por carecer de recursos económicos, que ninguna familia deje de tener su vivienda a una temperatura confort por no poder disponer de un sistema energético mínimo y adecuado.

En segundo lugar, garantizar un consumo mínimo de subsistencia, extendiendo la tarifa social a cualquier suministro energético, no solo a electricidad, sino también gas natural, butano y propano. Extender... establecer la tarifa social en función de la capacidad económica de los consumidores y no de la dependencia del mercado. Que los consumidores vulnerables accedan a la tarifa social en función de sus ingresos y no de las fluctuaciones de los precios del mercado. Financiar la diferencia entre tarifa social y el consumo real a través de Presupuestos Generales del Estado, no como caridad, sino como derecho. Si lo pagan las compañías, evidentemente, terminarán repercutiendo esto entre todos los consumidores. Y finalmente, y fundamental, prohibir el corte energético cuando no se pueda afrontar el pago, garantizando con ello el suministro a quienes no pueden pagarlo.

Y, en esta línea, se han presentado y debatido desde hace años diferentes iniciativas del Grupo Socialista, proposiciones no de ley y mociones. Es fundamental otorgar un marco legal a la pobreza energética y a las personas vulnerables. Una regulación legal, estatal y autonómica, que otorgue garantías. Afrontar su regulación normativa, ya que el Partido Popular en el Estado se ha negado y votado en contra de ello, debemos hacerlo dentro del ámbito de nuestras competencias. Hay dos caminos, dos vías posibles:

Regulando una normativa nueva, por ejemplo, una ley de protección de consumidores vulnerables y contra la pobreza energética que no corra los riesgos, por ejemplo, que corrió la ley catalana, que terminó en el Tribunal Constitucional.

O reformando la normativa que ya tenemos en vigor: amparándonos en la Ley 11 del año noventa y ocho, de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León, pues ya contempla unos colectivos que deben de recibir una protección especial respetando... respecto a los bienes y servicios que se le proporcionan -habla de ancianos, de niños, de personas discapacitadas, físicas o psíquicas, inmigrantes y aquellos consumidores que se encuentren en una situación de inferioridad o indefensión-; es evidente que es muy fácil incluir, reformando esta ley, todo el tema de pobreza energética; o ampliando el Decreto-ley 2 del dos mil trece, de medidas contra la exclusión social en la Comunidad, que no alcanzaron, no contemplaron lo que hoy planteamos, más allá de este fondo de solidaridad que creó, contra la pobreza y exclusión social, pero que no deja de ser un acto voluntario, un acto de donativo, sin vinculación directa a Presupuestos de la Comunidad.

Insisto, una iniciativa tímida, que se queda corta, escasa, no afronta finalmente una solución definitiva, pero es un modelo, y lo respetamos. Por tanto, va a contar con nuestro apoyo y nuestro respaldo, y, desde luego, no queremos desvirtuar enmendando.

Nosotros, señorías, hablamos de derechos que consideramos irrenunciables. Hablamos de garantías. Hablamos de que el agua, la luz, el butano, el propano, sean un derecho social básico. De que los consumidores vulnerables tienen que acceder a una tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado. Hablamos de la diferencia...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señora Muñoz de la Peña, tiene que terminar.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

(Termino, presidenta. Termino, sí). ... hablamos de la diferencia en que... entre la tarifa social y el consumo real se financie a través de Presupuestos Generales del Estado. Y hablamos de prohibir cortes de suministro en invierno para quienes que se encuentren en situación de pobreza energética. Este, señorías, es nuestro modelo, no es incompatible con el suyo, por tanto, votaremos a favor. Gracias, presidenta. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Cortés Calvo.

LA SEÑORA CORTÉS CALVO:

Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Es cierto que el invierno llega y que bajan las temperaturas, pero, ciertamente, a mí los que me dejan helada son ustedes con las cosas que vienen a decir a esta Cámara. En primer lugar, y por enmarcar un poco esta situación de tremenda crisis, de la que ya estamos saliendo y algunos se empeñan en seguir manteniendo, yo lo que creo, sinceramente, es que se encuentran cómodos en esa situación y su discurso encaja mucho más fácil. Pero es que los datos son los que son. Mire, a fecha de tres de noviembre, el número de afiliaciones a la Seguridad Social en Castilla y León aumentó un 2,49 %; el paro registrado bajó un 11,95 %; y los contratos indefinidos aumentaron un 10,24 %. Es cierto que hemos dicho muchas veces que no estamos satisfechos hasta que esta situación desaparezca. Pero tampoco es menos cierto que la situación va mejorando.

Por otro lado, señores proponentes, cada vez que hacen una propuesta de este tipo parece que descubren la pólvora. Yo lo siento mucho, pero está descubierta hace mucho tiempo. Y en esta Comunidad, refiriéndonos al tema que nos atañe, contamos con un sistema que tiene un conjunto homogéneo de prestaciones, que permite abordar de manera integral todas las problemáticas de las personas en situación de vulnerabilidad en nuestra Comunidad Autónoma. Personas, no gente, ni hogares vulnerables, ¿eh? Los hogares los hacen las personas, y las que tienen las necesidades son las personas. Y la Junta de Castilla y León trabaja para las personas en primer y en último término. Y esto es así porque desde el Gobierno de Juan Vicente Herrera las personas ocupan el primer puesto.

Tenemos un catálogo de servicios sociales que cuenta con una prestación económica dirigida a atender las necesidades básicas de subsistencia, necesidades como los suministros básicos de la vivienda, que es a lo que ustedes se han referido hoy, que es inembargable y compatible con otro tipo de ayudas y con cualquier otro tipo de recurso. Su gestión es ágil y su naturaleza permite afrontar pagos de... en cuanto a alimentación, en cuanto a cuidados personales de necesidades básicas, suministros, alquileres o hipotecas. Y esto se hace de una forma ágil y rápida por su carácter de urgente necesidad. Por lo tanto, esta es otra de las... de las medidas que ustedes también proponen.

Dentro de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León tenemos un instrumento coordinado e integrador de entidades, entidades locales, y distintas medidas, en la que se da una respuesta individualizada, integral, unificada, profesionalizada, teniendo en cuenta todos los recursos disponibles y las necesidades de la persona. Ayudas de alquiler social, priorizando a aquellas familias que tienen a todos sus miembros en situación de desempleo. Se aumentó la dotación para la Renta Garantizada. También hay un programa integral para personas y familias en riesgo de desahucio. Además, hay que añadir dos convenios que la Consejería de Familia firmó con Gas Natural y con Iberdrola para garantizar el suministro eléctrico, y, si se cortase, restablecerlo inmediatamente.

En este primer semestre del dos mil dieciséis, 125 familias, 438 personas, se han beneficiado. Desde el inicio, más de 300 familias, 1.000 personas, se han beneficiado. Todo ello, valorado por los profesionales de los servicios sociales de Castilla y León en el marco de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León. No se requiere ningún reconocimiento previo ni condiciones concretas para acudir a este tipo de ayudas. Señores proponentes, poner etiquetas a las situaciones no significa que se solucionen. En muchas ocasiones –como es el caso- entorpecerían la solución para estas personas.

Por otro lado, en el primer semestre también de dos mil dieciséis, 17.835 personas atendidas –no viviendas- se han beneficiado de estos programas; ha aumentado en un 30 % las prestaciones. Yo creo que los datos reflejan las políticas que se están haciendo. En cuanto al desglose, han aumentado las ayudas por el pago al alquiler, un 13,5 %, y las necesidades básicas, entre las que se encuentran ayudas para paliar la pobreza energética, han aumentado un 40,17 %. Por lo tanto, no podemos apoyar esta propuesta.

Y con respecto al Grupo Socialista, me dejan ustedes helados...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señora Cortés, tiene que terminar.

LA SEÑORA CORTÉS CALVO:

(Sí. Termino ya, presidenta). En Andalucía, una propuesta similar votaron ustedes en contra. Nada más y muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra el señor López Prieto.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Muchas gracias, presidenta. Bien. Bueno, pues a pesar que el Partido Popular dice... Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los grupos parlamentarios su apoyo, y al Partido Popular lo único que le puedo agradecer es el... el tono de la intervención, dado lo estrambótico de la última vez que defendió aquí una propuesta de pobreza energética.

Bien, pues ustedes dicen que estamos saliendo de la crisis, pero es el tercer mes consecutivo en el que el desempleo aumenta en Castilla y León. Y el paro registrado aumenta el doble que en... que en el conjunto de España, de tal forma de que uno de cada cinco asalariados de la Comunidad tiene un empleo precario. Si le muestro... si en vez de decírselo, le muestro este gráfico [el orador muestra un gráfico] y le digo que un 20,3 % de las personas que trabajan en Castilla y León cobran menos de 300 euros y que ha aumentado respecto al dos mil ocho, creo que así le queda más claro. Por lo tanto, ustedes lo que están haciendo no es crear empleo, sino lo que están es repartiendo miseria, y estamos volviendo a condiciones de... de trabajo del siglo XIX, que es lo que apunta su proyecto neoliberal. [Aplausos].

Antes de entrar en las medidas que... de protección que ofrece la Junta de Castilla y León, pues le quería decir al proponente del Partido Socialista que la propuesta de resolución es un texto trasladado, escrupulosamente redactado de acuerdo a la legalidad, de una... trasladado de una proposición de ley de la Comunidad Autónoma de Madrid elaborada por todos los grupos parlamentarios, también por el Partido Popular y también por el Partido Socialista. Por lo tanto, ya vemos cómo se preocupan de la pobreza energética. Lo hará Felipe González desde su despacho en Gas Natural. [Aplausos].

En este sentido, vamos con las medidas de protección que ofrece la Junta a través de... [murmullos] ... a través de dos convenios. Los convenios que ha firmado la Junta de Castilla y León con las distribuidoras únicamente se ponen en marcha cuando existe un requerimiento de suspensión de suministro o ya se ha producido el corte. Por lo tanto, el corte de suministro no está prohibido, sino lo que está es regularizado. De tal forma, que la Junta dice que ha beneficiado a... a 200 familias, pero es que ya he repetido aquí que es Cáritas quien asume la responsabilidad que no asume la Junta, porque en dos mil quince pagó la factura de la luz y el gas a 9.600 personas en Castilla y León, y es que los datos del dos mil dieciséis no van a ser mejores, según confirma la propia organización, porque no se trata de parados solo los que acuden a Cáritas a que les paguen el recibo de la luz y el gas, sino que cada vez son más personas que tienen un empleo con unos sueldos tan bajos que no llegan a... a pagar la luz y el gas.

Otra medida de protección son los programas de atención, que atienden las necesidades de urgencia social. En el año dos mil catorce y en el año dos mil quince la Junta invirtió 6,4 millones de euros, pero solo se beneficiaron... solo llegaron... no llegaron ni a 30.000 personas; por lo tanto, estamos dejando fuera a 70.000.

También habla de la Red de Protección a las Familias. Una Red de Protección a las Familias donde falta personal, donde faltan recursos tanto en la Gerencia como en los Ceas, lo que repercute en la agilidad de los expedientes. Por lo tanto, yo no sé lo que ustedes llaman ayudas de emergencia, porque son bastante ineficientes.

Sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía, están negociando una nueva ley, pero se ha modificado muy poco, porque no legislan... no van a legislar excepciones. Nosotros entendemos que cada persona es excepcional y, por tanto, la legislación debe contemplarlo. Independientemente, las Rentas Garantizadas de Ciudadanía no afrontan el problema, y les voy a explicar por qué: porque no se tiene en cuenta la renta a la hora de asumir los recibos energéticos; es decir, paga lo mismo quien tiene recursos económicos que el que no les tiene; es decir, el que no tiene recursos económicos y se encuentra en una situación de pobreza, pues puede elegir, dependiendo de su presupuesto, lo que va a comprar para comer; sin embargo, no tiene opción a la hora de hacer frente a las facturas de la luz o el gas, porque la luz o el gas lo paga lo mismo el que tiene dinero como el que no tiene dinero.

Y, permítanme, nosotros hemos hecho unos cálculos sobre lo que costaría acabar con la pobreza energética, y calculamos que con 25 millones sería suficiente para acabar con la pobreza energética en Castilla y León. No hay que olvidar que estamos hablando de personas que solo... que no tienen recursos, ¿no?, los que menos recursos tienen.

En definitiva, resumiendo, ustedes utilizan... con todos esos recursos que han dicho, no llegan a una tercera parte de... más de una tercera parte de esto que sería suficiente para acabar con la pobreza energética, sin embargo ustedes no llegan a atender esa tercera parte de castellanos y leoneses cuyo hogar se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Y nosotros creemos que, seguramente, habrá otras partidas presupuestarias que podemos revisar, por ejemplo, los cánones del Hospital de Burgos u otros servicios privados a los que ustedes destinan 80 millones de euros, o, por ejemplo, al destino a coches oficiales, que son 5.000.000 de euros, o 90 millones de euros que gastamos en la Ciudad del Medio Ambiente de Soria.

En definitiva, nosotros pedimos que no se trate a los pobres como si fuesen culpables de serlo; nosotros pedimos con esta propuesta que se trate de institucionalizar las ayudas y concentrar los recursos para erradicar la pobreza energética en Castilla y León. Lamentamos que solo lo entiendan el resto de los grupos y que el Partido Popular pues no lo entienda. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Por el señor secretario se da lectura a la proposición no de ley número tres.

PNL/001024

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias, señora presidenta. Proposición No de Ley 1024, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para instar a la Junta a ejecutar las medidas necesarias para aprobar antes de fin de año, en el marco del Diálogo Social, la normativa que regule los requisitos y estándares de calidad que deberán reunir las entidades para obtener la acreditación del servicio de ayuda a domicilio, así como el procedimiento para su obtención, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 190, de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para presentar esta proposición no de ley, tiene la palabra la señora García Herrero.

LA SEÑORA GARCÍA HERRERO:

Gracias, presidenta. Venimos a presentar esta proposición no de ley referente a una tema de gran importancia para mi grupo, que es la atención a las personas mayores, y que también es prioridad para la Junta de Castilla y León, tanto política como presupuestaria. Señorías, todos somos conocedores que Castilla y León es la Comunidad Autónoma que mejor aplica la Ley de Dependencia y nos caracterizamos por estar a la vanguardia de los servicios sociales. Nuestra Comunidad se ha convertido en referente no solo para el resto de país, sino también para el resto de la Unión Europea. Así lo afirman diversos informes independientes, como el Informe DEP y el Observatorio de la Dependencia.

Castilla y León está haciendo un importante esfuerzo presupuestario. En dos mil dieciséis tenemos presupuestados en dependencia 514 millones de euros, 21 millones más que en dos mil quince. Pero no es solo una cuestión económica, se ha sabido colaborar con las entidades locales y las entidades del tercer sector, promoviendo la colaboración y el diálogo en beneficio de los castellanos y leoneses. Señoría, gestionamos bien, lo que ha permitido que seamos la primera Comunidad en España en creación de empleo a través de la dependencia, creamos 50 puestos de trabajo por cada 1.000.000 de euros invertidos y tenemos una tasa de retorno del 40,4 %.

Somos conscientes que en nuestra Comunidad más del 24 % de la población tiene 65 años o más, y están dentro del sistema cerca de 85.000 personas, de ellas, 23.000 aproximadamente reciben dos prestaciones, por lo que son 107.893 las prestaciones que nuestros dependientes reciben.

Dentro de los servicios que se prestan, destaca el servicio de ayuda a domicilio. Este servicio posibilita al dependiente la permanencia en su domicilio gracias a las actuaciones llevadas a cabo por los profesionales que atienden sus necesidades de día a día, e incrementan su autonomía. Y todo esto permite fijar población en nuestra Comunidad, puesto que se crea empleo.

El servicio de ayuda a domicilio es una prestación esencial, por eso la reciben todas las personas que lo solicitan. Es un derecho de las personas dependientes de nuestra Comunidad y lo reciben a través de la financiación del acuerdo marco o a través de la prestación vinculada. Actualmente son 22.155 personas las que reciben esta prestación, lo que supone que más del 20 % eligen este servicio; por lo que el servicio de ayuda a domicilio es una prestación bien financiada, extendida y valorada.

Pero, en el deseo de lograr continuidad para la excelencia alcanzada estos años, tenemos y debemos que mejorar día a día, desde el consenso, para avanzar y consolidar el mejor sistema de atención a la dependencia de España. Por ello, el pasado mes de octubre, los integrantes del diálogo social y la Junta de Castilla y León se reunieron y acordaron, con la finalidad de seguir avanzando y mejorando el sistema, constituir una mesa de negociación, con la finalidad de preparar una propuesta de regulación de los criterios de acreditación para las entidades que prestan el servicio de ayuda a domicilio, tal y como fue consensuado en los acuerdos del diálogo social.

Está acreditación permitirá mejorar el servicio que se presta por las entidades y empresas, dotándolo de mayor calidad, al establecer los criterios y estándares para su prestación. Dicha normativa recogerá aspectos como: la definición de criterios de acreditación, la definición de entidades... de entidad acreditadora de servicios, las condiciones de las entidades prestadoras, los recursos materiales y medios técnicos de apoyo; en cuanto a los recursos humanos, perfiles, ratios, formación, recogerá las condiciones de calidad, el procedimiento de acreditación, el registro de entidades y empresas prestadoras. Señorías, si queremos tener unos servicios excelentes, debemos dotarnos de medidas objetivas que permitan determinar qué requisitos deben cumplir las empresas y los trabajadores que prestan este servicio.

Acreditar significa calidad, y no solo beneficia a los usuarios de este servicio, también a las entidades prestadoras, pues supone reconocer el trabajo bien hecho y el compromiso con nuestra Comunidad de aquellas que buscan permanentemente la excelencia, y beneficia también a los trabajadores. La normativa para cumplir todos estos objetivos debe de ser clara y concisa, y es básico que, junto a los requisitos de acreditación, se establezca, del mismo modo, la necesaria inspección y vigilancia de la Junta de Castilla y León.

Y todo esto de forma accesible para todos, facilitando, preferiblemente a través de internet, que los interesados puedan conocer qué entidades han alcanzado este signo de excelencia. Por lo que el Grupo Popular pide a la Junta de Castilla y León que realice la normativa necesaria, antes de finalizar este año, en el marco del diálogo social. Esperamos, espero, que todos los grupos valoren esta propuesta, pensamos que será un signo inequívoco de calidad, de excelencia, de nuestros servicios sociales, algo de lo que debemos estar todos orgullosos. De momento, nada más. Y muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. El Grupo Ciudadanos ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley. Para fijar posición, tiene la palabra el señor Castaño Sequeros.

EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Gracias, presidenta. Bueno, se habla de que la ayuda a domicilio funciona bien, muy bien, y que no hay listas de espera, etcétera, etcétera, pero la realidad es que se queda corta. Se queda corta, ya no solo en cuanto a su cuantía, sino en cuanto a las innumerables... vamos, incompatibilidades que hay con otras ayudas que usted señoría sabe que son esenciales.

Si bien es cierto que no hay problema con las listas de espera, también es igual de cierto que hay... pues muchas quejas porque se conceden pocas horas, y le explico. Yo tengo gente que necesita entrar en la ayuda a domicilio, necesitan 4 horas, yo le concedo 2; las saco de la lista de espera, tengo una buena estadística, pero no lo ponderan ustedes por las innumerables quejas que hay por este motivo. Por lo tanto, lo que están haciendo es maquillar la realidad.

Otra cosa. Si traen una iniciativa a las Cortes, a este Pleno de las Cortes, con una propuesta de resolución como traen ustedes, para un tema tan importante, ya no solo por su objeto social, que es esencial, sino por su cuantía económica, un tema tan importante en el que no se acota, no se encorseta, no se define claramente un modelo, no se tiene en cuenta estas normas, por ejemplo la norma que le he puesto yo en la enmienda, que ya está todo definido, si pretenden que ustedes... si pretenden ustedes que nosotros firmemos en barbecho, no hace falta que traigan nada aquí, ya se valen ustedes o el Ejecutivo para hacerlo desde la Consejería, para hacer lo que quieran, como quieran y cuando quieran.

Porque en su propuesta de resolución, señoría, y no se enfade, no dice absolutamente nada. Y ya se lo ha dicho el Partido Socialista en la anterior proposición no de ley, y estoy completamente de acuerdo en ello: no se escuden o no se escondan ustedes detrás del diálogo social. No.

Nosotros hemos registrado una enmienda de sustitución a la propuesta de resolución presentada por ustedes, con el ánimo de mejorar su proposición no de ley, con el ánimo de acotar, de especificar, de crear compromiso; de saber, una vez aprobada esta proposición no de ley, que se puede mejorar en lo que concierne a lo relativo a ayuda a domicilio. Porque es importante cuando se está, como usted dice, a la vanguardia de los servicios sociales, y como somos la referencia en Europa, ser exigentes también en lo que se aprueba. Y la exigencia de mi... de mi grupo parlamentario es fácil: queremos, por un lado, que se cumpla con la Norma UNE 158301, por el que se define el modelo para la gestión del servicio de ayuda a domicilio; y, por otro lado, que se garantice un sistema transparente y con las reglas de juego claramente determinadas. Y este segundo punto también es importante: garantizar que cualquier empresa pueda optar a dar este servicio, siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos, los mismos para todas. Pero, ojo, esos requisitos no deben establecerse a la carta, es decir, imaginando que se quiera beneficiar a un determinado número de empresas, se crean las reglas de juego, reglas que en principio solo cumplen ellas, y, para cuando los demás ya puedan cumplirlas, ya es demasiado tarde.

Y me disgustaría que alguien se disgustara por lo que acabo de decir, teniendo ejemplos tan evidentes en esta misma Consejería como la del Club de los 60. Por desgracia hay más ejemplos.

En cuanto a la Norma UNE 158301, norma del dos mil siete, actualizada este mismo año para reforzar el papel de la dirección y su labor, así como los indicadores de calidad, es una norma elaborada para la gestión del servicio de ayuda a domicilio con el objetivo fundamental de incrementar la autonomía de la persona atendida y la de su familia, de modo que se pueda permanecer en el propio domicilio y se conserve el control de su propia vida. Le recuerdo que es una norma ampliamente consensuada, esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 158 Servicios para la promoción de la autonomía personal y para personas en situación de dependencia, el cual se estructura en 5 subcomités con la misión de elaborar normas que faciliten el cumplimiento de la ley y que garanticen la calidad en el servicio, sin olvidar en ningún momento que los servicios van dirigidos a personas en situación de dependencia.

Están representadas las Administraciones públicas de ámbito local, autonómico y central con competencias en el sector de la dependencia, así como organizaciones del tercer sector (universitarias, sindicales, asociaciones empresariales, etcétera). Esta norma pretende ser un marco de referencia para poder garantizar un estándar de calidad aplicado al servicio de ayuda a domicilio.

Y voy a concluir. Ya sabe usted cómo se funciona, cómo funcionan las empresas: hay que cumplir unas normas ISO, unas UNE. Esto al final lo que hace es que haya más transparencia. Las normas que ustedes pretenden aprobar ya están aprobadas, ya están consensuadas. Que además es como se funciona así, se funciona así y se va a funcionar en el futuro; es, como dicen los americanos, show me the evidence -no me diga lo que puede hacer, demuéstremelo-. Todo esto ya está aprobado. Si ustedes quieren admitir nuestra propuesta de resolución, entenderemos que dan un paso hacia la claridad, hacia la transparencia y hacia las normas del juego para todos las mismas. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda. Tiene la palabra la señora Agudíez Calvo.

LA SEÑORA AGUDÍEZ CALVO:

Gracias, presidenta. Señorías, permítanme iniciar mi intervención mostrando mi asombro no por la brillantez de la PNL, sino por el baño de éxito con lo que... en los que los señores del Partido Popular se homenajean en la parte expositiva. Personalmente, me parece una falta de respeto a los dependientes y a sus familias, que por culpa del Gobierno del Partido Popular de España, apoyado por el Partido Popular de Castilla y León, han visto recortadas sus prestaciones de la Ley de Dependencia hasta tal punto de frenar en seco el desarrollo del sistema, tal y como denuncia la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

Señorías, esta es una PNL cuchara, porque ni pincha ni corta [aplausos]; independientemente de lo que votemos hoy, continuaría su proceso. Recordemos que el pasado veinticuatro de octubre, a bombo y platillo, como nos tienen acostumbrados desde la Consejería de Familia, la consejera, junto con su equipo, y los responsables del diálogo social se reunieron para crear dos mesas de trabajo, una de ellas de atención a la dependencia, que se encargará de preparar una propuesta de regulación de los criterios de acreditación para las entidades que prestan el SAD, es decir, lo que ustedes, señores del PP, piden que aprobemos esta mañana.

Consiguientemente, esta PNL llega tarde, al igual que tarde la Junta ha hecho sus deberes en cuanto a que era la normativa reguladora al respecto; como mínimo, 9 años tarde. El Artículo 11.d) de la Ley de Dependencia así lo establecía. Miren, en Andalucía ya está hecho desde el año dos mil siete.

Y el único novedoso de esta iniciativa es que acotan los plazos, "antes de finalizar el año". Por lo que bien es cierto que, de alguna forma, están enmendando a la señora consejera para que realice su trabajo. Conclusión: no se fían mucho de ella. Yo tampoco.

Centrándonos en el SAD, y si realmente ustedes consideran que es un servicio que roza la excelencia, entonces, por qué traen hoy ustedes a estas Cortes esta PNL de recordatorio y no otras de vital importancia para que las personas con dependencia que lo deseen sigan en sus domicilios el máximo tiempo posible, contando con los recursos adecuados que faciliten ese objetivo.

Miren, les voy a intentar explicar las intensidades del SAD en función del grado de dependencia, para que ustedes después reflexionen y, si tienen un poquito de sensibilidad, no vuelvan a utilizar los argumentos de los antecedentes de esta PNL, que, repito, tras su lectura, sigo estupefacta.

El SAD esencial, derecho subjetivo, solo se concede a personas dependientes con resolución y derecho a prestaciones. Un dependiente Grado III, que precisa la atención las 24 horas del día, tarda seis meses en tener la intensidad máxima, de entre 56 y 70 horas; y, con carácter general, tendrá derecho al mínimo de su grado, es decir, 56 horas de servicio al mes. Mientras tanto, se le concederá el SAD no esencial por servicios sociales, con una intensidad entre 11 y 20 horas, es decir, como máximo una hora diaria de lunes a viernes. Y díganme ustedes qué supone a un gran dependiente la atención de una hora diaria. ¿Siguen ustedes pensando que somos referente en Europa?

A los dependientes leves y moderados de Grado I y de Grado II, hasta que tengan resolución, se le concederán 11 horas al mes, es decir, dos horas y media a la semana, es decir, 30 minutos diarios de servicio; y cuando tengan resolución, entre 20 y 31 horas mensuales. ¿Siguen ustedes pensando que somos referentes en Europa?

Y no entramos a valorar las desigualdades existentes entre territorios, tanto en la cobertura como en el modelo de gestión, en el acceso a los recursos; en la agilización de los trámites; en la tardía financiación a las entidades locales del acuerdo marco, un acuerdo clientelista que no tiene en cuenta una verdadera planificación de los recursos, sino otros temas, como son el amiguismo y el clientelismo político; en las diversas aplicaciones de las ordenanzas de precio público; en los recortes en las intensidades; no entramos a valorar la precarización laboral de las auxiliares del SAD. Cuestiones que habría que mejorar urgentemente y que ustedes se empeñan en no hacer escudándose en los sobresalientes que les otorgan.

Ustedes siguen empeñados en hablar de números. Sí, 25.428 castellanos y leoneses que el SAD ha atendido en dos mil quince. Efectivamente, un leve incremento en el número de usuarios, pero una importante reducción en el número de horas prestadas, y ustedes estos datos no los quieren facilitar.

Por lo que cabe preguntarse: ¿son suficientes las horas que reciben?, ¿es el recurso más adecuado?, ¿pueden asumir las familias el copago?, ¿es digno que tarden seis meses en recibir los servicios?

En fin, señorías, son tantas y tantas cuestiones las que hay que mejorar para dar respuestas reales y eficaces a las... a los ciudadanos y a las ciudadanas de Castilla y León. Tenemos mucho, mucho trabajo por hacer. Por eso, en esta línea, mi grupo, el Grupo Socialista, ha presentado una enmienda de adición para mejorar la propuesta de resolución del siguiente tenor: "Asimismo, la Junta de Castilla y León establecerá los mecanismos necesarios para realizar el seguimiento y control de las entidades acreditadas y prestadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, para velar por la calidad del servicio y por las condiciones laborales de las profesionales de ayuda a domicilio". Pensando en el colectivo de dependientes y pensando en las...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señora Agudíez, tiene que terminar.

LA SEÑORA AGUDÍEZ CALVO:

(Voy terminando) ... y pensando...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

No, tiene que terminar, porque yo he encendido...

LA SEÑORA AGUDÍEZ CALVO:

(Termino).

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

... un minuto después su tiempo...

LA SEÑORA AGUDÍEZ CALVO:

(Termino).

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

... por lo tanto, termine.

LA SEÑORA AGUDÍEZ CALVO:

... y pensando en las mujeres, no en vano la ayuda a domicilio y las cuidadoras de los dependientes tienen nombre de mujer; por ellas, por nosotras, espero que admitan esta enmienda. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para fijar posición, en representación del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, presidenta. Bien, antes de entrar en el fondo de la proposición no de ley, sí que me gustaría decirles algo en cuanto a la forma, porque a veces las formas también son importantes. Y yo creo que, sobre todo a los políticos de esta Cámara, también debemos exigirnos a veces, bueno, pues igual un poco más de... de cuidado a la hora de redactar; y no lo digo solo por ustedes, sino también probablemente por mí y por todos los grupos. Pero, mire, cuando usted hablaba del presidente de la Junta de Castilla y León, en los antecedentes de esta proposición no de ley, que adquirió en el último debate sobre el estado de la región, yo solamente quiero decirle que yo creía que era un debate ya superado. Es decir, esto es una Comunidad Autónoma, no es una región, que está formada, según el Estatuto también, por dos regiones, y en su propio nombre, con la y copulativa, también directamente refrenda lo que estoy diciendo yo, que estamos hablando de las regiones de Castilla y de León.

Por lo tanto, yo creo que también es importante, en este sentido, tener un poco cuidado con lo que escribimos o lo que decimos, porque también, al fin y al cabo, aquí generamos tendencia, y eso yo creo que es afortunado.

Bien. Dicho... vamos a entrar de lleno en la... en la proposición no de ley. Miren, ustedes hablan de la ayuda a domicilio y traen aquí una proposición no de ley. Yo les adelanto ya de antemano que, en principio, yo la voy a apoyar, que Unión del Pueblo Leonés la va a apoyar.

Hablan ustedes de ayuda a domicilio, pero nosotros la vamos a apoyar, entre otras cosas, porque entendemos que es importante, que es importante, que su leitmotiv, que es ayudar y atender al desarrollo y mantenimiento de la autonomía personal, a prevenir el deterioro, contribuir a la integración, a la permanencia... y permanencia de las personas en su entorno habitual, creo que es muy importante, y creemos que ese, que es el objetivo de la ayuda a domicilio, es algo que debemos de perseguir. Es, en definitiva, también, por otra parte, uno de los pilares fundamentales para evitar que se produzca ese desarraigo entre aquellos solicitantes del servicio, y que se evite –como ustedes también han referido anteriormente- el abandono de nuestro medio rural, entre otras cuestiones; y también es importante –como también han dicho aquí- para fijar población en esos núcleos rurales.

León y Castilla conforman una de las Comunidades más grandes y envejecidas de España y, también, probablemente de Europa. Actualmente, la población mayor de 65 años en Castilla y León supera el 23 % del total de la población, frente al 17 de España. Dentro del grupo de 65 y más años, el 36,03 entre los leoneses y castellanos supera los 80 años, 6 puntos más que el resto de la nación, lo que supone uno de los mayores índices de sobreenvejecimiento de España, unido a una esperanza de vida de las más altas del mundo. La previsión para el año dos mil veinte es que una cuarta parte de sus ciudadanos sea mayor de 65 años, más de 5 puntos porcentuales de la previsión en el conjunto de España.

Por otra parte, Castilla y León, además de envejecida, tiene una población dispersa en un vasto territorio. El 52 % de las personas mayores de 65 años vive en el ámbito rural, en pequeños municipios de menos de 1.000 habitantes, lo que necesariamente implica un mayor esfuerzo económico al sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y de León para ofrecer los servicios y prestaciones a esta población en su propio ámbito.

Esta es la realidad en la que nos movemos, es el ámbito en el que debemos dar un servicio y al que debemos aportar unos estándares de calidad que hagan del mismo lo que debe ser. Alcanzar ese nivel de excelencia en un territorio de las características que hemos descrito hace necesario normalizar y regular los requisitos que han de reunir los profesionales para obtener la acreditación del servicio de ayuda a domicilio. Y en eso coincidimos. Ustedes, además, lo visten con la famosa palabra "diálogo social", y estamos de acuerdo en lo importante que es el diálogo social, pero no como algo que sirva para que en el mismo cajón de sastre todo tenga que ser aprobado. Nos parece perfecto, y entendemos que además así debe de ser.

Pero fíjense, años después de que se acordaran los criterios comunes de acreditación de dependencia por el Consejo Territorial, los profesionales que no disponen de la acreditación de las competencias establecidas –que reconocía la propia consejera ayer eran casi del 50 %- están en un complejo limbo laboral, porque están a la espera de que esta Comunidad Autónoma ejecute el procedimiento de evaluación, reconocimiento y acreditación de cualificaciones adquiridas. Y también la acreditación a las empresas que permita, por otra parte, un mecanismo de control adecuado y efectivo.

La verdad es que poco más podemos decir de esta proposición no de ley, y por eso, entre otras cosas, la vamos a apoyar, con el objetivo de normalizar una situación que ponga las bases para mejorar y certificar la calidad de un servicio tan necesario en una Comunidad tan variopinta en cuanto a las dinámicas sociodemográficas; y que lo haga favoreciendo la profesionalidad del prestador y promoviendo que los destinatarios tengan la percepción también de que es una prestación de calidad. Por lo tanto, repito, vamos a apoyar esta proposición no de ley.

Y con respecto a la primera parte, señoría, lo he dicho con la mejor de las intenciones y espero que usted lo recoja también con esa... con ese espíritu.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para fijar posición, en representación de Podemos, tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bien. Pues lo primero que voy a hacer es agradecerle al Partido Popular que presente esta propuesta, porque así me permite ahondar en el debate que comenzamos ayer con la pregunta oral sobre la situación en que se encontraba la acreditación de las entidades que prestan el servicio de ayuda a domicilio.

Y comienzo con una pregunta: ¿están tomando el pelo a este Parlamento y a los usuarios y usuarias de la ayuda a domicilio y a sus trabajadoras con esta propuesta? Porque, desde luego, a nuestro grupo parlamentario le parece una tomadura de pelo que vengan aquí a proponer lo que la consejera anunció hace unos días, sino que, además, el partido que recortó un 40 % la ayuda a domicilio en Castilla y León en dos mil doce venga ahora a proponer que van a controlar la calidad del servicio, que van a pedir a las entidades que lo gestionan unos requisitos y un mínimo de calidad. Los mismos que, como dijo su consejera anterior, iban a dejar a un 39 % de usuarios y usuarias sin la prestación -que luego fue más, porque perdieron horas todos los grados de dependencia y también las personas no dependientes-; los mismos que establecen un copago de hasta el 80 % vienen a proponer ahora que van a establecer criterios de calidad y requisitos a las entidades. Y dice usted: nuestra Comunidad Autónoma es referente. ¿Referente respecto a otras Comunidades Autónomas? Claro, si el problema está a nivel estatal, y ustedes lo único que han hecho ha sido mantener un mínimo el servicio, que, en comparación con otras Comunidades Autónomas, está un poco mejor; claro, porque si nos comparamos con otras Comunidades Autónomas... pero aquí se viene a hablar de Castilla y León.

Y no me resisto a desmenuzar los antecedentes de su propuesta, y leo textualmente: "El servicio de ayuda a domicilio es un derecho subjetivo". Para nuestro grupo parlamentario sí; ustedes lo tienen que demostrar no recortando la prestación ni estableciendo copagos. Y sigo leyendo: "Esta gestión tan eficaz ha traído como consecuencia, entre otras cuestiones, que este servicio sea el más demandado, incrementándose esta prestación en un 89,6 % en el último año, y alcanza ya las 21.351 prestaciones". ¿No llama la atención este dato tan alto, de un incremento de casi el 90 %? No se hagan ustedes trampas al solitario, porque esto a lo que obedece es que habían dejado esquilmado al servicio en dos mil doce y ahora recuperan una pequeña parte y entonces el dato se dispara, pero es totalmente irreal. Y sigo leyendo: "El presidente de la Junta de Castilla y León adquirió en el último debate sobre el estado de la región regular el compromiso de acreditar el servicio de ayuda a domicilio para fomentar su uso y mejorar su calidad a lo largo del próximo año". Y yo me pregunto: ¿cómo?, ¿con expedientes que tardan hasta seis meses en resolverse a gente que lo necesita con premura? Y ha dicho usted: todos los que demandan la tienen. ¿Y cuántos desisten por cansancio, porque necesitan esa ayuda con... inminentemente y no llegan a ella? Y me pregunto también: ¿con trabajadores que acumulan horas que luego deben devolver a la carta, que es lo que les pasa a las trabajadoras de Burgos? Y me pregunto también: ¿con desigualdades de coste entre provincias dependiendo de las empresas que contrata? ¿O con el 45 %, como nos dijo ayer la consejera, solo de trabajadoras acreditadas? ¿O es que todo esto sí que lo van a incluir ahora en esos requisitos y criterios, años después de haber dejado el Servicio de Ayuda a Domicilio cuando lo han dejado?

Y, con lo que depende a las entidades contratadas, lo que me parece bochornoso es que hasta ahora no haya habido seguimiento y control de lo que hacen esas empresas, que, curiosamente, años tras años, van ganando las mismas empresas o muy parecidas, algunas de las cuales ni siquiera son empresas dedicadas a los servicios; hasta constructoras han ganado el tema de la ayuda a domicilio.

Entonces yo lo que me pregunto es: ¿qué va a incluir esa normativa? Porque esta es la pregunta clave, porque, si lo que van a hacer no es asegurar, primero, un trabajo digno para las trabajadoras y un servicio sin desigualdades territoriales; segundo, si no van a asegurar un control del cumplimiento de los contratos; tercero, si no eliminan los arrastres de horas, que son sinónimo de condiciones precarias de trabajo; cuarto, ni hegemonizan los costes del servicio, que son distintos por provincias y entre mundo rural y mundo urbano; quinto, si no van a blindar la calidad de un servicio igualitario y universal; no van a contar con el beneplácito de este grupo parlamentario.

Y siento decirle, una vez más, que sus dieces no les salvan cuando se habla de ayuda a domicilio; el servicio y la prestación que más recortes ha subido... ha sufrido, que no han apostado nunca por este servicio, que lo arrinconan como si no fuese un servicio profesional. Y se llenarán la boca con las prestaciones vinculadas y las plazas residenciales, pero en esto están suspendiendo sistemáticamente.

Por lo tanto, mientras no garanticen que se resuelven todos estos problemas que he expuesto, esta propuesta es papel mojado. Y, por supuesto, no nos oponemos a que haya unos criterios de calidad y a asegurarlos, pero, hasta que no veamos esa normativa, hasta que no veamos la propuesta concreta y qué es exactamente lo que se va a exigir a las empresas, no contará con nuestro voto favorable. No votamos a favor de propuestas vacías de contenido, y aquí no hay contenido ninguno.

Y voy a terminar con un mensaje para la consejera, por lo que dijo ayer. Yo no hablo... porque nos habló de ataque de celos por no ser este grupo el proponente de la iniciativa; no se preocupe, que nuestro grupo parlamentario no propone elementos vacíos de contenido. No tenemos un ataque de celos, lo que tenemos es un ataque de vergüenza ajena. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar la posición definitiva, tiene la palabra la señora García Herrero.

LA SEÑORA GARCÍA HERRERO:

Gracias, presidenta. Seré breve. Y, atendiendo a su petición de otras veces, para ajustarnos al tiempo asignado primero fijaré el texto definitivo de la proposición, adelantando que aceptamos la enmienda de adición presentada por el Grupo Socialista. Pero, señora Agudíez, no es regodeo, he dado datos que avalan la excelencia de nuestros servicios, y los datos dicen que somos un referente dentro y fuera de nuestro país.

Comentar al señor Castaño que la acreditación que se busca es la de la Junta de Castilla y León, no la de otras empresas, como puede ser Aenor, por lo que su enmienda de sustitución no la vamos a aceptar tal y como la presenta. Pero, intentando buscar consenso para intentar llegar a un acuerdo, le comento que parte de su texto... del texto de su enmienda le incorporaremos en el texto definitivo, esperando así contar con su apoyo en esta preposición.

El texto definitivo quedaría de la siguiente manera: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a ejecutar las medidas necesarias para aprobar antes de fin de año, en el marco del diálogo social, la normativa que regule los requisitos y estándares de calidad que las entidades deberán reunir para obtener la acreditación del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como el procedimiento para su obtención, garantizando un sistema transparente y eficiente de gestión de los mismos.

Así mismo, la Junta de Castilla y León establecerá los mecanismos necesarios para realizar el seguimiento y control de las entidades acreditadas y prestadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio para velar por la calidad del mismo y por las condiciones laborales de los profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio en el marco de sus propias competencias".

Y ahora, vamos a ver, señora Domínguez, lo que va a incluir esta normativa se lo he dicho en mi primera intervención. Y a ver cómo se lo digo: ni comen ni dejan comer; ustedes no se cansan de decir que velan por la gente, como si los demás que estamos en esta Cámara no estuviésemos velando por todos los castellanos y leoneses. Ustedes han llegado recientemente, pero hay otros grupos. Mi grupo lleva velando muchos años; ha velado, vela y velará por todos los ciudadanos de esta Comunidad. [Aplausos]. Y Castilla y León es, con el Gobierno del Partido Popular, por las políticas de nuestro presidente, una Comunidad referente en materia de dependencia. Repito: tanto dentro como fuera de España.

A la conclusión que llego es que les preocupa más quién hace las propuestas que si esas propuestas les interesa o no a los ciudadanos de Castilla y León, de tal modo que parece que les molesta que nosotros velemos por todos los castellanos y leoneses e intentemos mejorar su situación.

Me gustaría terminar recordando que el Servicio de Ayuda a Domicilio en este último año se ha incrementado un 30,8 %, y que la permanencia en el domicilio debe ser objetivo claro en nuestros servicios sociales –como decía el señor Santos-, porque no hay duda que la inmensa mayoría de las personas dependientes no quieren abandonar sus hogares, sino quieren que les ayuden a permanecer en ellos, y también permite que sus familiares y amigos sigan pudiendo disfrutar de la compañía de esa persona en su ambiente social.

Y, como he dicho antes, se crea empleo, unos 6.000 puestos de trabajo, y esto permite fijar población. Señor Santos, todos los trabajadores que quieran acreditarse –que ha comentado antes-, ayer dijo la consejera que lo podrían hacer, puesto que se pretende que nadie se quede fuera de esta acreditación.

Señorías, por ser uno de los servicios más demandados, y viendo el incremento de esta prestación en el último año, es necesario establecer normativamente su acreditación cuanto antes, y, por supuesto, siempre dentro de los acuerdos y la negociación en el seno del diálogo social.

Y muchas gracias por los apoyos recibidos. Señorías, nuestra Comunidad es líder en dependencia, y, tomando en consideración esta propuesta, se podrá seguir mejorando la atención de las personas dependientes de nuestra Comunidad para que los castellanos y leoneses continúen recibiendo la mejor de las atenciones públicas. Nada más. Y muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Por el señor secretario se procede a dar lectura a la... No ha habido... ¿Quiere usted tomar la palabra por la proposición? Sí. Tiene la palabra, señora Domínguez.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Dado que se ha modificado el texto y que se han incluido dos... parte de lo que solicitaban los otros grupos, nuestro grupo parlamentario apoyará la propuesta. Y, por cierto, nosotros estábamos en la calle defendiendo esto, cuando ustedes estaban aquí. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Bueno, les recuerdo que toman la palabra simplemente para fijar posición sobre el texto que se debate, no para introducir nuevos argumentos al debate. Por el señor secretario se da lectura a la proposición no de ley número cuatro.

PNL/001053

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias. Proposición No de Ley 1053, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para instar a la Junta a adoptar las medidas que se solicitan para determinar la capacidad económica de las personas con discapacidad en los casos en que tienen hijos que perciben prestaciones por discapacidad, con número 8280 de ingreso.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para presentar esta proposición no de ley, tiene la palabra la señora Muñoz de la Peña González.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, presidenta. Las personas usuarias de centros y servicios integrados en el SAAD participan en la financiación de acuerdo con su capacidad económica. La capacidad económica se utiliza para establecer las cuantías que deben de pagar por las prestaciones económicas y para determinar el copago de los servicios. La capacidad económica se determina en atención a la renta y patrimonio de la persona usuaria exclusivamente.

La aportación debe fijarse con criterios que favorezcan a las personas con rentas inferiores, repercutiendo mayor coste a quien tiene un nivel de renta más alto, aplicando el principio de progresividad, esto es, nadie pagará más del 90 % del precio público establecido para el servicio ni más del 90 % de su capacidad económica, y garantizando un mínimo de ingresos para gastos personales.

De esta manera, el Decreto 70, del año dos mil once, regula los precios públicos por servicios prestados en la... por la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el ámbito de los servicios sociales. Establece los precios de plazas concertadas y plazas públicas residenciales, centros de día y viviendas, tanto para personas mayores como para personas con discapacidad, y determina que la capacidad económica de referencia para calcular las cuantías de las prestaciones económicas es la persona beneficiaria, esto es, de la persona que ha obtenido el reconocimiento del grado de dependencia y accede o solicita la prestación económica o el servicio.

Para el cálculo de la capacidad económica, el Artículo 31 de la Ley de la Dependencia establece que a las prestaciones económicas se deducirá unos complementos, entre ellos, el complemento de asignación económica por hijo a cargo, mayor de 18 años, con un grado de minusvalía igual o superior al 75 %. Por tanto, para calcular la capacidad económica se distingue entre la prestación por hijo a cargo y el complemento. La Junta de Castilla y León, la Gerencia, incluye en el cálculo para determinar la capacidad económica la prestación por hijo a cargo, mayor de edad, con grado de minusvalía, cuando en realidad la prestación económica por hijo a cargo no es un ingreso de la persona beneficiaria, con discapacidad o dependiente, es un ingreso de su tutor, el beneficiario es la persona familiar o tutor que asume el cuidado de la persona con discapacidad.

La prestación por hijo a cargo en ningún caso es una renta imputable al beneficiario que ha obtenido el reconocimiento de un grado de dependencia y accede o solicita la prestación económica o el servicio, y, por lo tanto, no se puede tener en cuenta para determinar su capacidad económica, al no constituir para la persona dependiente un ingreso.

La Gerencia está rompiendo el principio de progresividad establecido por la ley, no lo respeta, causando quebrantos, a mayores de este que ya está haciendo. Por ejemplo, quebrantos a muchos castellanos y leoneses que, con dependencia, están pagando por los servicios que reciben por encima de su capacidad económica. No se está respetando la cantidad mínima garantizada, el conocido como dinero de bolsillo, que debe quedarles todos los meses a las personas dependientes, por lo que no pueden, en muchos casos, afrontar los gastos mensuales para vivir en sus domicilios o para el mantenimiento de su vivienda. Además, les están cobrando doblemente por dos servicios que reciben, prestados en el mismo centro, de residencia o de día. Muchos de ellos, además, cuando tienen patrimonio, se ven endeudados por la Gerencia por resultar el coste del servicio que reciben superior a su capacidad económica, y la Gerencia inscribe en el Registro de la Propiedad el porcentaje de cotitularidad que le corresponde según el importe de la deuda, convirtiéndose la Junta en copropietaria de los bienes inmuebles de las personas dependientes o de sus herederos.

Cualquiera de estos casos, señorías, es ilegal, y la Junta los está consistiendo... consintiendo. Y ya para colmo es que para el cálculo de la capacidad económica se imputen ingresos a las personas dependientes o con discapacidad que no les corresponden, se les imputen ingresos que corresponden realmente a sus tutores o familiares que les atienden, lo que implica que estas personas están pagando por los servicios que reciben más de lo que legalmente les corresponde. Con estas personas se está vulnerando los principios inspiradores de la Ley de Dependencia; para ellos no existe el principio de igualdad, ni de solidaridad, ni de plena libertad en el acceso a los recursos disponibles de residencias o centros de día.

Por ello, planteamos que de manera inmediata la Gerencia corrija esta injusticia, que resulta absolutamente ilegal: primero, efectuando correctamente el cálculo de lo que realmente tienen que pagar, de manera que se excluya la prestación por hijo a cargo del cómputo de la capacidad económica que ahora están imputando a la persona con discapacidad; segundo, que se liquide mensualmente a los afectados la cantidad correcta que realmente les corresponde pagar; en tercer lugar, se les devuelva el dinero que han pagado de más, desde que causaron derecho, por el uso de los servicios públicos. Es decir, se recalcule lo que tienen que pagar, se les repare el daño económico que han sufrido y se les devuelva todo lo que han pagado de más hasta estos momentos. Es simplemente por justicia, señorías. Nada más, presidenta. Gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas. Por lo tanto, para fijar posición, en representación del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz, que va a utilizar todo el turno.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Con mucha brevedad. Estamos completamente de acuerdo. Nos parece que es una iniciativa muy bien planteada y estamos de acuerdo. La iniciativa, relativa a la aplicación de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, efectivamente, plantea algo importante en materia del cálculo de la capacidad económica que regula el establecimiento de la cuantía de las prestaciones.

Desde Izquierda Unida-Equo estamos convencidos de que es profundamente injusto que la prestación por hijo a cargo sea una renta imputable a la persona beneficiaria que ha obtenido el reconocimiento de un grado de dependencia y que accede o solicita la prestación económica al servicio. El problema se encuentra, efectivamente, en que se computa como renta imputable; es diferente en el inicio del procedimiento se tenga una renta u otra; por ejemplo, que sea de 20.000 euros en vez de 12.000, debido a este ingreso.

Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo en el diagnóstico y estamos de acuerdo en la solución. Desde Izquierda Unida-Equo defendemos que para realizar el cálculo que determina la capacidad económica de las personas con discapacidad, beneficiarias de prestaciones o servicios, no se incluya la prestación por hijo a cargo; consideramos que ya es suficientemente difícil la situación de estas familias en el día a día como para que desde las Administraciones se lo pongan aún más difícil, como se está haciendo a día de hoy.

Por lo tanto, estamos de acuerdo. Apoyamos también que se recalcule la capacidad económica de las personas con discapacidad en situación de dependencia, que las que se haya computado la prestación por hijo a cargo, con discapacidad como ingreso; y que se abone a las personas afectadas las cuantías correctas desde que el derecho a las mismas se hizo efectivo, con carácter retroactivo.

Aprovechemos, además, para recordar que esta medida nos recuerda cómo la Junta de Castilla y León se congratula, una y otra vez, mostrando datos de brocha gorda, acerca de la atención a la dependencia, de los servicios sociales, sin entrar al detalle; grandes políticas de titulares, grandes políticas acerca de las cantidades invertidas, pero nunca un análisis puntilloso de la realidad concreta. Solamente a través del análisis de lo concreto se puede saber cuáles son los graves problemas sociales que tiene nuestra Comunidad y que se vienen negando por parte del Gobierno autonómico. Hay que entrar al detalle de problemas, los problemas que tienen los ayuntamientos para atender a los vecinos -porque el acuerdo marco es menor que los años anteriores a la crisis-, hablar de los retrasos en los pagos a dichos ayuntamientos, hablar de que no sabemos nada del nuevo acuerdo marco que tendría que entrar en vigencia el año que viene. Habría que hablar de las múltiples trabas que se ponen a las personas para acceder a las baremaciones de dependencia y a otros derechos. La Junta se dedica a hablar de datos macro y se olvida de los pequeños elementos que son los que configuran la realidad; finalmente, la realidad, como he dicho varias veces en esta Cámara, lo compone la concreción; la realidad concreta y la verdad, como decía Hegel, se expresa de abajo hacia arriba, y no al revés.

Por lo tanto, estamos de acuerdo: la atención a los servicios sociales no tiene que hablar solo de números, sino de personas y de la aplicación real de la normativa, que en este momento pone muchas trabas a las personas que más sufren en nuestra Comunidad, a nuestros mayores, a las personas dependientes y, en este caso concreto, en la PNL que nos ocupa, a las personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, nuestro voto favorable.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Señora presidenta, señorías. Ciudadanos vamos a apoyar esta proposición no de ley. Desde luego, nos parece justo y adecuado. Que el cálculo para determinar la capacidad económica de las personas con discapacidad beneficiarias de prestaciones o servicios del Sistema de Atención a la Dependencia no incluya... no se incluya la prestación por hijo a cargo de sus familiares o tutores nos parece una cuestión de... vamos... no solamente justa y lógica, sino que sería incluso contraprocedente.

Hay que recordar que esto ya se ha ganado en sentencias y en juicios, que, por ejemplo, la Asociación de Autismo de Castilla y León ha llevado a los tribunales a la Junta de Castilla y León, y así ya se ha reconocido.

Yo creo que esto es una proposición, desde luego, muy acertada, y por eso la vamos a apoyar. Y además, por supuesto, luego, el cálculo, hay que recalcular la capacidad económica, es lógica una vez aprobada esta cuestión. Porque, desde luego, llueve sobre mojado; es decir, a problemas, a familias que tienen graves problemas de discapacidad no se les puede computar, lógicamente, en fin... de tener hijos a cargo, porque, desde luego, lo que hace es falsear un poco la capacidad económica que esas familias tienen, ya de por sí bastante gravosa y bastante complicada.

Yo creo que es una cuestión de justicia social, y hay que redistribuir bien lo que tenemos –que a veces no es mucho-. Pero en estos casos lo que hace la Junta de Castilla y León al también incluir los hijos a cargo de familiares es quitar también, lógicamente, a mucha gente para no dar esas prestaciones. Me imagino que no sea ese el último fin, pero, desde luego, es lo evidente; es decir, cuando es... sumamos más ingresos, lógicamente, hay muchas familias que dejan de recibir o de ser prestatarias de esos servicios. Yo estoy convencido de que no es ese el fin, pero, desde luego, esa es la realidad, y por eso esta proposición no de ley espero que todos la aprobemos y espero que vayamos... eso, a que a las familias con problemas de discapacidad tengan, digamos, más retribuciones por parte de la Junta de Castilla y León y no lo contrario. Porque si ustedes tienen que calcular la capacidad económica del dependiente, incluyendo los hijos a cargo, pues, vuelvo a decir, se quitan a muchos prestatarios y a muchas familias que sí son... deberían de ser perceptoras de ello.

Yo creo que la realidad es negra, decía Machado, pero más negra es no querer verla, y hay que ver lo que es evidente; entonces lo que tenemos que hacer todos, es poner todo... de acuerdo todos los mecanismos de la Junta de Castilla y León para que así sea realidad. Yo que soy tutor de una discapacitada con problemas mentales, también estoy totalmente de acuerdo con la percepción que hacía la ponente; es decir, a veces, lógicamente, se contabilizan, incluso criterios e ingresos, y patrimonios, que no pueden ellos mismos, digamos, tener, ni disponer, y, entonces lo que hacemos es un poco desvirtuar la capacidad económica de esas prestaciones, de esas familias o de esos tutores a cargo, en este caso, últimamente... últimos de los beneficiarios.

Por eso, sinceramente, lo que tenemos que hacer, en vez de hacerles tanto perder el tiempo y hablar y hablar cosas tan de sentido común, tan elementales como estas, es aprobarlas entre todos y hacer que nuestras familias con problemas de grave discapacidad sean y sientan el aliento de la Junta de Castilla y León, y no al contrario. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación del Grupo Podemos, tiene la palabra la señora Rodríguez Tobal.

LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Muchas gracias, presidenta. En fin, es importante partir de la premisa de que hay familias que sobreviven gracias a las pensiones de sus mayores, pero también gracias a las pensiones de personas con discapacidad. Nos enfrentamos a problemas muy graves que están por encima del objeto de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista –supongo que ellos ya también lo saben-.

Según datos más recientes, 363.000 personas dependientes siguen sin ayuda; más del 30 % del total de las personas que tienen derecho a las prestaciones por dependencias no las recibe. La prestación por hijo a cargo y la pensión no contributiva se conceden a personas con un nivel de renta bajo, cuidadas por familiares, mujeres en su mayoría, y, en muchos casos, veinticuatro horas al día, que viven en situación de economía de subsistencia y a las que no compensa el copago.

Olvidando que es beneficioso para la persona con discapacidad, no tramitan la prestación de dependencia o lo hacen en función de las necesidades del cuidador y familia. Por ejemplo, para copagar ayuda a domicilio, ya se arregla la madre sola y así dispone de 200 euros mensuales para llenar la despensa de comida para toda la familia.

El copago, como bien saben, obliga a destinar el complemento de la prestación concretamente al pago del servicio solicitado por dependencia. El Decreto 70/2011, de veintidós de diciembre, por el que se establecen los precios públicos por servicios prestados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de servicios sociales, en su Artículo 3, elementos que integran la capacidad económica de persona beneficiaria, fija: en los ingresos no se tendrá en consideración como renta la cuantía de las prestaciones recogidas en el Artículo 31 de la Ley 39/2006, de catorce de diciembre. La prestación por hijo a cargo no es un ingreso para la persona que asume el cuidado, es una prestación a familiares, que son prestaciones destinadas a cubrir la situación de necesidad económica o de exceso de gastos que produce para determinadas personas la existencia de responsabilidades familiares en determinados casos. Pero serán beneficiarios de las asignaciones que, en razón de ellos, corresponderían a sus progenitores o adoptantes los hijos con discapacidad, mayores de dieciocho años, cuya actividad no haya sido modificada judicialmente y conserven su capacidad de obrar.

Concretamente, la prestación por hijo mayor de dieciocho años a cargo supone 4.414,80 euros al año, cuando el hijo a cargo se encuentre afectado por una discapacidad en grado igual o superior al 65 %; 6.622,80 euros al año, cuando el hijo a cargo se encuentre afectado por una discapacidad en grado igual o superior al 75 % y necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida. La cuantía se percibirá siempre íntegramente cuando se trate de hijos con discapacidad, sin que se tenga en cuenta el nivel de ingresos de la unidad familiar. Desde luego no es para tirar cohetes.

Y mientras la Ley de Dependencia declara el derecho a la garantía de autonomía funcional de las personas dependientes por parte de los servicios públicos, prevé en su Artículo 18 la prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores no profesionales para aquellos casos en que el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar y se reúnan las condiciones que reglamentariamente se determinen.

El cuidador familiar deberá de ser dado de alta en la Seguridad Social; del "deberá" se pasa a "será voluntario" y, al final, se dieron de baja muchas cuidadoras. En la práctica, ha supuesto la vía para el asentamiento de la cuidadora informal como figura central del sistema de atención. Este, de verdad, es uno de los graves problemas. Nuestra obligación es legislar a favor de la igualdad real y, por tanto, en contra de medidas que refuercen la idea de que debe de ser... de que el deber de cuidados es una labor propia de mujeres.

De entre las personas que necesitan cuidados, solamente el 4 % lo reciben exclusivamente de los servicios públicos. España es el país en el que menor porcentaje de la población proporciona cuidado informal a las personas fuera de su hogar. Por tanto, de hecho, no se cumplen ni se aplican los derechos reconocidos por ley; la gente no tiene su autonomía funcional, económica, etcétera; la desigualdad se acrecienta y los cuidados siguen recayendo en las mujeres como cuidadoras informales. Solo se recuperarán los derechos con pensiones dignas, y nadie tendrá que renunciar a su vida para cuidar de un familiar.

Concluyendo. La prestación por hijo a cargo y la de complemento de ayuda a tercera persona, solo si tienen la misma finalidad que las prestaciones por dependencia, deben tenerse en cuenta a la hora de fijar la cuantía que corresponde pagar a la Junta.

Vamos a apoyar la proposición no de ley por petición expresa del colectivo del que ha surgido la iniciativa, entendiendo que la petición surge de una necesidad apremiante, y a pesar de que la redacción de la propuesta del Grupo Socialista esté cimentada en antecedentes erróneos, no tiene en cuenta el impacto de género y no nos conduce a erradicar el problema de las cuidadoras informales, sin cobertura ninguna de Seguridad Social. Gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para fijar posición, en representación del Grupo Popular, tiene la palabra la señora González Pereda.

LA SEÑORA GONZÁLEZ PEREDA:

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Volvemos a hablar hoy de dependencia, y permítanme que una vez más diga que estamos hablando de un sistema que en Castilla y León es el mejor valorado por el Observatorio de la Dependencia. Algo estaremos haciendo bien, y yo espero convencerles a todos ustedes.

Mire, se hace imprescindible hablar hoy de la Ley 39/2006, de catorce de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, porque es ella donde está regulada las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de derecho subjetivo de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Mire, en el Artículo 14 de esta ley se recoge que será a propuesta del Consejo Territorial del SAAD donde se determine reglamentariamente la capacidad económica del beneficiario. Y así, en acuerdo de dicho Consejo, en la Resolución de dos de diciembre de dos mil ocho –y las fechas son importantes: dos mil ocho; no sé quién estaba gobernando, creo que todos los sabemos-, se determina la capacidad económica de la persona beneficiaria y los criterios de la participación de esta de la prestación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.

Respecto a la capacidad económica, y por lo que se refiere a ella, en dicha resolución –y tal como también se ha dicho aquí- se establece que se determinará en atención a la renta y al patrimonio. Por tanto, señorías, la normativa autonómica aplicable a estos efectos siempre ha recogido este criterio, y así se contempla en el Decreto 70/2011, de veintidós de diciembre. Pero mire, por lo que se plantea en su propuesta, estamos ante personas beneficiarias de prestaciones y servicios en el marco de la Ley de Dependencia, que son, a su vez, titulares de la prestación por hijo a cargo con discapacidad. Por tanto, esta prestación la reciben para atender las necesidades de su hijo y, por tanto, en ningún caso es renta imputable a la persona beneficiaria que ha obtenido el reconocimiento de un grado de dependencia y accede o socilita... o solicita –perdón- la prestación económica o el servicio. Y, por lo tanto, no puede tenerse en cuenta para determinar la capacidad económica, al no contribuir para la persona dependiente de un ingreso. Estamos, por tanto, ante una asignación económica cuya finalidad es atender las necesidades de las personas con discapacidad, no las de los padres.

Miren ustedes, de hecho, cuando, por desgracia, fallece la persona con discapacidad, esa prestación se pierde. No hay duda, por tanto, de que el causante de esa prestación es la persona con discapacidad y que esos ingresos van dirigidos lógicamente a ellos, y, por tanto, no son imputables. Si se imputara esta prestación a la persona beneficiaria, lógicamente estaríamos ejerciendo una injusticia flagrante. Pero mire, es que este ha sido el proceder siempre por parte de la Junta de Castilla y León.

Y, permítanme, esta formulación se da a propuesta de una... en coherencia con una resolución del Defensor del Pueblo en Madrid, donde se recoge además la situación y se dice... la Defensora del Pueblo alude a que en Castilla y León se está imputando esta prestación como capacidad económica de la menor, es decir, de la causante de la prestación, no del beneficiario.

Señoría, yo creo que usted se ha leído, posiblemente, esta resolución del defensor a la Comunidad de Madrid y le ha llevado a errores. Por eso le voy a proponer una transaccional... Le voy a pedir en primer lugar una votación separada de esos tres puntos, y, estando de acuerdo en el primer punto, porque... como no puede ser de otro lugar, porque así se está haciendo, y en... espero que a través de mi intervención se haya entendido.

Le voy a proponer una transaccional -porque me parece que está mejor recogido su exposición, simplemente; y, si no, votaríamos, ya le anticipo, a favor de su primer punto-, y que dice así: "Que en el cálculo para determinar la capacidad económica de las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales se continúe imputando la prestación por hijo a cargo con discapacidad superior al 65 % únicamente al causante de la misma y nunca al beneficiario, cuando la recibe en condición de representante y obligado al mantenimiento de su hijo con discapacidad". Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra la señora Muñoz de la Peña González.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, presidenta. Y, siguiendo sus instrucciones, decirle, en primer lugar, que mantenemos la propuesta de resolución en sus justos términos y que sí aceptamos la votación separada de los tres puntos.

Bueno, señorías, mire, me doy cuenta... nos damos cuenta perfectamente. Izquierda Unida sabe de qué hablamos, el Grupo Ciudadanos sabe de qué hablamos -además, por lo que ha dicho en esta tribuna, lo sufre a diario-, y agradecemos su respaldo, porque tienen muy claro a qué nos referimos; no así algún otro grupo.

Respecto a la enmienda que presenta el Partido Popular, bueno, parece, dice, que es... dice lo mismo que nosotros, o que es igual a la nuestra. Yo, perdóneme, pero no acabo de verlo claro. La redacción es farragosa, y bueno, en cualquier caso, si es similar o parecida a la nuestra, pues votando a la nuestra lo tenemos arreglado, sin mayor problema. Porque, señoría, imputar a la persona dependiente con discapacidad la prestación por hijo a cargo en... para calcular su capacidad económica, cuando el ingreso que corresponde a... realmente corresponde a su tutor o a su familiar o a la familia que lo atiende, señoría, es ilegal; es ilegal y lo saben, y así se lo han dicho los tribunales de justicia, que han condenado a la Gerencia a recalcular. [La oradora muestra documentos]. Sentencias, no una; dos, varias. Este es el origen de esta enmienda, este es el origen de esta proposición, efectivamente. La Asociación de Alzheimer recurrió y ganó, y los tribunales han condenado a la Gerencia, no en un caso, en varios casos. Se están dando todos y cada uno de los días. Han condenado a recalcular las aportaciones económicas a todos los que están demandando.

Por cierto, señorías, no esperen a que la gente, las personas, los ciudadanos, tengan que ir al juzgado para recalcular sus cuantías; háganlo de oficio, directamente. Es ilegal. Los tribunales se lo están diciendo, absolutamente ilegal. Por tanto, no esperen para reconocer el derecho a la gente a que tengan que ir a los tribunales. No les hagan gastar más dinero, no les hagan dejar en los tribunales de justicia dinero que necesitan para atender a esas personas con discapacidad. [Aplausos]. No les dejen ir a los tribunales. No esperen meses a que las sentencias les den la razón. Recalculen de oficio a todos y cada una de las personas dependientes que les tienen mal calculada su capacidad económica. Hay que corregirlos, por justicia, señorías, por justicia. No esperen a que tengan que demandar.

Mire, no están respetando los principios de progresividad, ni el principio de igualdad, ni el principio de solidaridad, ni de plena libertad de acceso a los recursos. Estas personas están pagando más que el resto por los servicios que disponen, porque el cálculo de su capacidad económica les está imputando ingresos que no corresponden a la persona dependiente, que corresponden al familiar o tutor que les atiende y que les cuida.

Señorías, la propuesta que planteamos -agradecemos el apoyo y agradecemos el respaldo, y, sin duda, todas estas personas lo agradecerán mucho más- es efectuar correctamente el cálculo, a partir de ya, a partir de ya se efectúe de nuevo, se recalcule lo... la capacidad económica de todas estas personas, para que tengan que abonar solo y exclusivamente lo justo, lo que les corresponde, no por encima del resto.

En segundo lugar, mire, lamentamos mucho que no estén de acuerdo con que se liquide mensualmente la cantidad correcta a todo el mundo, que la Gerencia haga el cálculo de nuevo, de oficio, que no tengan que ir al juzgado a reclamar.

Y en tercer lugar, desde luego, hay que reparar. Se ha estado cobrando por encima de lo que realmente se debe de cobrar a todas estas personas, por tanto, se les devuelva el dinero que han pagado de más desde el día que causaron derecho, se les repare el quebranto económico que han causado, se les repare el daño económico que han causado. La Junta tiene que respetar la ley, la Junta tiene que respetar la... los tribunales de justicia, cuando están condenando, están diciendo que la Junta lo está haciendo mal. Reparen el daño, recompensen el quebranto que han causado a estas personas y no esperen que vayan al Juzgado, señoría. De oficio, recalculen todas las cuantías. Muchas gracias, presidente. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Por el señor secretario se da lectura a la proposición no de ley número cinco.

PNL/000263

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Proposición No de Ley 263, presentada por los procuradores don Fernando Pablos Romo, don Óscar Álvarez Domínguez, doña Laura Pelegrina Cortijo, doña María Consolación Pablos Labajo y don Álvaro Lora Cumplido, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar las decisiones necesarias para subvencionar a municipios acogidos al Plan Especial de Empleo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 41, de veintitrés de octubre de dos mil quince.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para presentar la proposición no de ley, tiene la palabra el señor Pablos Romo.

EL SEÑOR PABLOS ROMO:

Muchas gracias, presidenta. Permítanme que empiece saludando al alcalde de Boadilla del Campo, que está presente en este Pleno. Igualmente, a quienes nos siguen a través de las redes sociales, porque es un tema muy importante para muchos municipios.

Esta es una proposición no de ley que llega aquí después de un empate en la Comisión de Empleo, y confiemos que, igual que en otras ocasiones, el paso del tiempo haya hecho recapacitar al Grupo Popular. Permítame que la defienda de forma sencilla, haciendo algo que no debe hacer un grupo de la Oposición, que es leyendo una nota de prensa del Gobierno. Esta nota de prensa se produjo el diez de noviembre de dos mil once, es decir, mañana hará justamente cinco años. Y dice textualmente: "La Junta invierte 1,7 millones de euros en la contratación de trabajadores del Plan Especial de Empleo en zonas rurales deprimidas". De ese dinero, se contrataron 371 trabajadores en Ávila, 340 en Salamanca, 137 en Valladolid y 124 en Zamora. En total, 972.

Estamos hablando de un plan en zonas que tienen cotizantes en un régimen agrario, con la categoría de jornaleros -una cotización especial-; que requieren, por tanto, apoyo de la Administración, y que lo hay en diferentes Comunidades. Son bastante conocidos en Extremadura y en Andalucía, pero también lo hay -por cierto, a iniciativa del Grupo Popular- en Castilla-La Mancha o en Castilla y León desde el año mil novecientos noventa y siete.

Estamos hablando de personas que fijan población, un jornalero no se va a ir a vivir a una ciudad. Estamos hablando, por tanto, de luchar contra la despoblación. Y estamos hablando de ayuntamientos que, con su trabajo, mejoran las condiciones de vida. Por tanto, esperando esa rectificación del Grupo Popular y el apoyo del resto de los grupos, voy a leer cómo quedaría la propuesta de resolución, porque solamente tiene un cambio; obviamente, el cambio temporal, fue registrada por el Grupo Socialista el trece de octubre del dos mil quince. Y la propuesta que planteamos diría lo siguiente: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a adoptar las decisiones necesarias para que en el año dos mil diecisiete se pueda volver a aprobar subvenciones para municipios acogidos al Plan Especial de Empleo en zonas rurales deprimidas, complementando la aportación que para este plan realiza el Servicio Público de Empleo Estatal". Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para fijar posición, en representación del Grupo Mixto, el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, presidenta. Y de forma breve, simplemente para decir que mantenemos nuestra posición, y para apoyar fundamentalmente este tipo de políticas específicas en territorios también con ciertos desequilibrios, y sobre todo porque estamos hablando, como bien decía el portavoz del Partido Socialista, de fomentar el empleo agrario y, al fin y al cabo, de evitar el abandono y el éxodo de nuestros pueblos, manteniendo una actividad que, por otra parte, es una actividad milenaria. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

En representación del Grupo Ciudadanos, la señora Rosado Diago.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, presidenta. Pues con esta subvención estamos hablando de zonas rurales deprimidas, estamos hablando de eventuales agrarios desempleados y que sufren una gran temporalidad en nuestros pueblos, estamos hablando de un plan especial de empleo, estamos hablando de obras y servicios de interés general y social, hablamos del dos mil once, 972 trabajadores, 972 familias que en dos mil once pudieron continuar sus vidas en el mundo rural. Por lo tanto, estamos hablando de fijar población, de permitir el relevo generacional de la agricultura y de crear riqueza en nuestra Comunidad. Por lo tanto, el voto es favorable, como ya lo hicimos en la Comisión. Gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

En representación de Podemos, tiene la palabra la señora Pascual Álvarez.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias, presidenta. Efectivamente, apoyaremos, como lo hicimos en Comisión, esta proposición no de ley. No olvidemos que las nueve provincias de la Comunidad se encuentran entre las doce provincias que más población perdieron según el último padrón; que estamos, a nivel de población, a los niveles del año dos mil tres; y que Castilla y León, como Comunidad rural, se enfrenta a dos grandes problemas: la necesidad de crear puestos de trabajo sostenibles y de calidad, y de enfrentarse también a la falta de cualificaciones y oportunidades. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

En representación del Grupo Popular, tiene la palabra el señor De la Hoz Quintano.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Sí. Gracias, presidenta. Pues no vamos a apoyar esta proposición no de ley que pide que cofinanciamos el PER. Y créame, señor proponente, que lo haríamos si el PER, como sucede en Extremadura o en Andalucía, beneficiara a los empleados agrarios de todo Castilla y León o que, al menos, se dejase a la Junta de Castilla y León determinar, año a año, qué comarcas resultarían beneficiadas por el Plan de Empleo Agrario. Sin embargo, lo cierto es que, desde el año noventa y siete, solo cinco comarcas de nuestra Comunidad Autónoma tienen acceso al PER en Castilla y León.

Por cierto, no son las cinco comarcas que más problemas de desempleo agrario tienen de nuestra Comunidad Autónoma. De hecho, la provincia de Segovia, que es la que más desempleo agrario tiene, no está incluida dentro del PER; tampoco lo están las comarcas de la Bureba, de Tierras Altas, de la Montaña Leonesa, de Tierra de Campos o de Aliste y Sayago, sino que son cinco comarcas que de forma caprichosa se determinaron en el año noventa y siete. Desde ese año hasta el año dos mil once, hemos estado reivindicando en el Consejo Regional que se cambiase el modelo del PER en Castilla y León y no se... no fue atendida nuestra reivindicación.

Por eso, en el año dos mil doce, la Junta de Castilla y León puso en marcha el Plan de Empleo Local, que hoy tiene una dotación de 57,5 millones de euros, al cual tienen derecho no solo los desempleados agrarios, sino todos los desempleados de Castilla y León, y no solo de cinco comarcas de nuestra Comunidad Autónoma, sino de todas las comarcas, de todos los municipios de nuestra Comunidad Autónoma. A nosotros nos parece una forma más justa y más equitativa de administrar el dinero de todos los ciudadanos. Por eso votaremos en contra. Nada más. Y muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, el señor Pablos Romo.

EL SEÑOR PABLOS ROMO:

Sí. Son días curiosos los de hoy. Decir por parte del portavoz del Grupo Popular que la decisión del Gobierno de Aznar fue caprichosa... no sabíamos nosotros que habían evolucionado ustedes de esa manera solo para votar en contra de lo que eran capaces de hacer en el año dos mil once, en plena crisis, fíjese. Había recursos importantes para contratar a casi mil trabajadores, y ahora, que ustedes ya dicen que hemos salido de la crisis, que crecemos, que tienen más posibilidades, a una serie de municipios, que tienen una particularidad, y es que allí hay cotizantes en este régimen especial, que no lo hay en otras zonas, que son en las provincias de Ávila, de Salamanca, de Valladolid y de Zamora, les dejamos sin complementar. Miren, es muy difícil de explicarle a los habitantes de estos municipios que van a cambiar ahora, de un día para otro, lo que ha sido su forma de ganarse la vida. Y ustedes plantean que lo extendamos al conjunto de la Comunidad. Pues, si ese es el futuro, nosotros no tendremos ningún problema, presenten una iniciativa en el Congreso de los Diputados, y estoy seguro que nuestros parlamentarios la votarán; es tan sencillo como eso.

Pero, mientras esté así, lo que no hagamos es evitar que personas que requieren de este tipo de peonadas, de jornadas de trabajo para poder tener un nivel de cotización que les garantice en el futuro una pensión digna, se queden sin ellas. Lo que no hagamos es dejar a ayuntamientos que están en zonas donde necesitan este tipo de actividad sin trabajadores que puedan complementar su día a día. Lo que no hagamos es decir que en el dos mil dieciséis las cosas que se hacían en el noventa y siete están muy mal, y en el dos mil once, gobernando los mismos aquí, dijeran ustedes que estaban muy bien. Lo que no hagamos es ser incoherentes. Y lo que sí se tiene que hacer, desde nuestro punto de vista es, independientemente de quien lo plantee, aquello que es justo, como esto, apoyarlo por parte de todos.

Finalizo lamentando esa decisión del Grupo Popular, y agradeciendo sinceramente al Grupo Mixto -a la UPL, que ha sido quien ha intervenido-, al Grupo Ciudadanos y al Grupo Podemos que voten a favor de algo que los socialistas explicaremos en estos municipios, y que estoy seguro que algunas de las personas que aquí están sentadas, que han sido alcaldesas de municipios que tienen que ver con este plan, van a tener muy difícil explicar a sus vecinos. Allá ustedes. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Por el señor secretario se procede a dar lectura a la proposición no de ley número seis.

PNL/000288

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias. Proposición No de Ley 288, presentada por los procuradores don José Ignacio Martín Benito y doña Ana Sánchez Hernández, instando a la Junta de Castilla y León a la adopción de medidas específicas que favorezcan el empleo en el territorio de las comarcas occidentales de la provincia de Zamora, específicamente en Sanabria-Carballeda, Aliste-Tábara-Alba y Sayago, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 53, de trece de noviembre de dos mil quince.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para presentar la proposición no de ley, tiene la palabra el señor Martín Benito.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Gracias, presidente... presidenta. Buenas tardes. Bien, viene otra vez una proposición no de ley surgida de un empate, en este caso en la Comisión de Empleo, y también con la esperanza de que el tiempo haya hecho reflexionar a los grupos políticos de esta Cámara para que, entre todos, podamos sacar adelante una iniciativa que es una auténtica necesidad. Población -en este caso despoblación-, desempleo, caras de una misma moneda en la provincia de Zamora. En los últimos diez años, 14.000 personas menos, falta de oportunidades, que requieren poner nombres y apellidos a un problema que es, desde luego, ya bastante doloroso, especialmente sangrante en las comarcas rayanas con Portugal: Sanabria-Carballeda, Aliste, Tábara y Alba, y la comarca de Sayago.

Hace poco conocíamos los datos de la EPA: Zamora, con Orense y con León, es la provincia con la tasa de actividad más baja de España. Es, junto con Ávila, la que tiene la tasa de paro más alta de toda la Comunidad de Castilla y de León. Y, por lo tanto, se requieren medidas de apoyo por parte de las Administraciones con competencias para intentar corregir esta situación.

Y esto se arregla no con una capiña más o menos de rodadura en las carreteras. Esto se puede arreglar con medidas de choque efectivas donde está el problema. A problemas concretos, soluciones específicas. Es lo que pedíamos en la anterior Comisión, donde nosotros pedíamos esto, que se concretaran medidas específicas, no dibujarlas dentro de un problema general. Y espero que entre todos hayamos reflexionado y podamos sacar adelante esta proposición no de ley. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para fijar posición, en representación del Grupo Mixto, el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, presidenta. Simplemente para decir que mantenemos también el sentido del voto, entre otras cosas porque, como siempre hemos defendido, existen partes de esta Comunidad muy maltratadas en temas de desempleo y sobre todo de despoblación. La comarca occidental de la provincia de Zamora es una más, pero es una... un ejemplo perfecto de cómo las políticas de los últimos años han creado muchas desigualdades territoriales, y, en este caso, este plan puede ayudar a evitar o, por lo menos, a restituir ese equilibrio territorial. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

En representación de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Mitadiel Martínez.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias, presidenta. Habitualmente somos escépticos cuando se plantean planes para comarcas, pero hoy esto es una excepción. Y digo que hoy esto es una excepción porque corresponde a una de las zonas más deprimidas de Castilla y León, corresponde a una de las zonas lindantes con La Raya de Portugal, que históricamente tiene los menores índices de desarrollo de Castilla y León, que, como ha dicho el ponente, cada diez años pierde entre 13 y 14.000 habitantes, y que en estos momentos está ya en el entorno de los 180.000.

Por eso, consideramos que, aunque ya se han hecho intentos en el pasado con programas europeos que no condujeron a nada y que no cambiaron absolutamente nada, es necesario hacer todos los esfuerzos para que esa zona al menos alcance los estándares del resto de la Comunidad. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación de Podemos, tiene la palabra la señora Pascual Álvarez.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias. Mantenemos nuestro apoyo a la proposición no de ley, como hicimos en la Comisión, porque, además, entendemos que la despoblación es un problema endémico en nuestra Comunidad. Jamás han servido las mayorías obtenidas por el Partido Popular para desarrollar políticas viables que acabaran con la despoblación; además han provocado un desarrollo de las provincias en la Comunidad a distintas velocidades. Parece que se han olvidado de aquellas zonas más deprimidas y que mayor esfuerzo necesitan.

Zamora, con una pérdida de población joven muy preocupante, a la vez que pierde servicios básicos, pues no entendemos que esté... que sea una de las zonas más olvidadas. Porque creemos que la gente no se va del campo, no se va de... no se va de los pueblos, la gente no se va de Zamora, a la gente se le echa, por falta de unas políticas adecuadas o por la ausencia de las mismas. Gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

En representación del Grupo Popular, el señor Cabadas Cifuentes.

EL SEÑOR CABADAS CIFUENTES:

Gracias, señora presidenta. Mire, coincidimos aquí en el... en el análisis que se hace de que Zamora, como muchas partes del medio rural en Castilla y León y en España, tiene un problema de despoblación y de envejecimiento de la población. Lo que ocurre que aquí se tergiversa mucho la información y se coge muy sesgada. En este mismo debate, hoy, Ciudadanos decía, en una intervención anterior, que el envejecimiento y la despoblación es un problema que afecta a toda Europa; ahora dicen que lo de Zamora es un caso concreto y especial. No, miren, no es... no es nada especial, es lo que está pasando en el medio rural, que se está despoblando y se está envejeciendo en toda Europa y, yo diría, en todo el mundo.

Dice además el señor Martín Benito que en los últimos diez años se ha reducido la población en la provincia de Zamora. No, yo le diría más allá, fíjese, en la última mitad del siglo XX no solo en Zamora, en todo Castilla y León. En el medio rural, en Andalucía, en Extremadura, en toda España. Es más, usted es profesor de Historia y habrá explicado la Revolución Industrial a sus alumnos, le habrá explicado la migración del campo a las ciudades y cómo el medio rural se ha ido despoblando. Este es un problema muy grave que nos atañe a todos y que necesita una mirada más amplia, no tan concreta, no tan local, que afecte solo a Zamora.

Pero como, señorías, yo no quiero ser aquí la voz discordante, le voy a proponer la siguiente enmienda a su plan, le propongo que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León a que, en ejecución del Plan de Empleo contenido en la II Estrategia Integrada de Empleo y Formación 2016-2020, incorporen medidas específicas que favorezcan el empleo en aquellas zonas del territorio de nuestra Comunidad más desfavorecidas, incluyendo las comarcas de Sanabria-Carballeda, Aliste-Tábara-Alba y Sayago. Gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, el señor Martín Benito tiene la palabra.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Gracias, presidenta. Pues muchas gracias a todos los grupos que van a apoyar esta proposición no de ley. Gracias también al señor Cabadas por corregir la enmienda de la Comisión y sumarse a lo que entonces le proponíamos, que aparecieran con nombres y apellidos, específicamente, las comarcas que atraviesan estos problemas. Estoy seguro que hoy podemos darle un pequeño rayo de esperanza a esas comarcas. Que en el caso de Sayago, en los últimos 30 años ha perdido el 40 %, en el caso de Aliste el 45, en el caso de la Alta Sanabria nada más y nada menos que el 60 %, en Pías y Porto. Por cierto, que el otro día estuve en Porto de Sanabria, en la feria de ganado, y me dieron un recado, y quiero traerlo, me dijeron: José Ignacio, mira a ver si consigues que el presidente Herrera pueda venir a vernos, que aquí le esperamos. Pues yo hago esa oferta al señor presidente. Sí me dijeron que fuera por carretera y no por helicóptero, así que ahí queda eso.

Y, señor Cabadas, bienvenido, estamos obligatoriamente obligados a entendernos. Muchas gracias. [Aplausos].

Votaciones PNL

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Pasamos a la votación de las proposiciones no de ley que han sido debatidas.

PNL/000100

Votamos, en los términos fijados por su proponente, la Proposición No de Ley 100, presentada por el Grupo Socialista, instando a la Junta a dotar a la Comunidad de un transporte público que garantice el transporte de viajeros a todos los municipios de zonas rurales para garantizar el derecho de libre circulación y de movilidad ciudadana. Comienza la votación.

Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: ochenta y cuatro. Queda aprobada.

PNL/001023

Votamos a continuación la Proposición No de Ley 1023, presentada por el Grupo Podemos, para instar a la Junta a establecer ayudas económicas compatibles con otras básicas para ayudar al pago de la factura de suministros de electricidad y gas para lograr una protección efectiva de los hogares vulnerables. Comienza la votación.

Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: cuarenta y dos. En contra: cuarenta y dos. ¿Algún grupo o algún procurador quiere que se repita la votación? Queda rechazada.

PNL/001024

Votamos, en los términos fijados por su proponente, la Proposición No de Ley 1024, del Grupo Popular, para instar a la Junta a ejecutar las medidas necesarias para aprobar antes de fin de año, en el marco del diálogo social, la normativa que regule los requisitos y estándares de calidad que deberán reunir las entidades para obtener la acreditación del servicio de ayuda a domicilio, así como el procedimiento para su obtención. Comienza la votación.

Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: ochenta y cuatro. Queda aprobada.

PNL/001053

Votamos la Proposición No de Ley 1024, presentada por el Grupo Popular, para instar a la Junta a ejecutar las medidas necesarias para aprobar antes de fin de año... Perdón, la 1053, perdón, la Proposición No de Ley 1053, del Grupo Socialista, para instar a la Junta a adoptar las medidas que se solicitan para determinar la capacidad económica de las personas con discapacidad en los casos en que tienen hijos que perciben prestaciones por discapacidad.

Votamos separados, en primer lugar, el punto número 1 de esta proposición. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: ochenta y cuatro. Queda aprobado el punto 1.

Votamos los puntos 2 y 3. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: cuarenta y dos. En contra: cuarenta y dos. ¿Algún grupo o algún procurador quiere que se repita la votación? Quedan rechazados.

PNL/000263

Votamos, en los términos fijados por sus proponentes, la Proposición No de Ley 263, presentada por los señores Pablos Romo, Álvarez Domínguez, señora Pelegrina Cortijo, señora Pablos Labajo y señor Lora Cumplido, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar decisiones necesarias para subvencionar a municipios acogidos al Plan Especial de Empleo. Comienza la votación.

Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: cuarenta y dos. En contra: cuarenta y dos. ¿Algún grupo o algún procurador quiere que se repita la votación? Queda rechazada.

PNL/000288

Votamos ahora la proposición no de ley presentada por los señores Martín Benito y señora Sánchez Hernández, instando a la Junta de Castilla y León a la adopción de medidas específicas que favorezcan el empleo en el territorio de las comarcas occidentales de la provincia de Zamora, específicamente en Sanabria-Carballeda, Aliste-Tábara-Alba y Sayago. Comienza la votación.

Votos emitidos: ochenta y cuatro. A favor: ochenta y cuatro. Queda aprobada.

Se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las trece horas cincuenta minutos].