DS(P) nº 5/9 del 9/9/2015

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. Antes de entrar en el orden del día, esta Presidencia va a proceder a llamar a los nuevos procuradores proclamados electos que hoy se sientan en esta Cámara.

¿Está presente don José Máximo López Vilaboa, procurador electo por la provincia de Burgos que sustituye a doña Virginia Arnáiz González? Puede encender el micrófono, por favor.

Don José Máximo López Vilaboa, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León?

EL SEÑOR LÓPEZ VILABOA:

Sí, lo juro.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

De acuerdo con el Artículo 5 del Reglamento de la Cámara, proclamo que don José Máximo López Vilaboa ha adquirido la plena condición de procurador de las Cortes de Castilla y León. Le ruego que se acerque a esta Presidencia para recoger su medalla. [Aplausos].

¿Está presente doña Marta Maroto del Olmo, procuradora electa por la provincia de Valladolid que sustituye a doña María de Diego Durántez?

LA SEÑORA MAROTO DEL OLMO:

Sí.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Doña Marta Maroto del Olmo, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León?

LA SEÑORA MAROTO DEL OLMO:

Sí juro.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

De acuerdo con el Artículo 5 del Reglamento de la Cámara, proclamo que doña Marta Maroto del Olmo ha adquirido la plena condición de procuradora de las Cortes de Castilla y León. Le ruego que se acerque a recoger su medalla. [Aplausos].

DI/000001

Igualmente, y antes de entrar en el orden del día, comunico a sus señorías que ha sido presentada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara una propuesta de declaración institucional, que ha aprobado la Mesa de estas Cortes para su elevación al Pleno. De conformidad con lo dispuesto en la resolución de esta Presidencia de veinte de junio de dos mil trece, que regula este tipo de declaraciones, paso a dar lectura a la declaración institucional sobre la situación de los refugiados en Europa.

"Desde marzo de dos mil once, Siria está sumida en un cruento conflicto bélico en el que, además, intervienen directa o indirectamente otros Estados.

En el año dos mil trece irrumpió en la guerra el autodenominado Estado Islámico, que pretende el control de la población y el territorio desde posiciones radicales islamistas.

La principal y más trágica consecuencia de esta guerra civil es la cifra de fallecidos, que hasta la fecha es de al menos 230.000 personas, de las que más de 60.000 serían civiles.

La otra consecuencia, intensificada por la irrupción en la guerra del Estado Islámico, que ha impuesto un régimen de terror extremista en los territorios que controla, son los millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Según ACNUR, estaríamos hablando de en torno a 11,5 millones de sirios.

Al principio de la guerra los movimientos migratorios se producían en el interior del país, después comenzaron a salir refugiados hacia Turquía, Jordania y Líbano.

Las restricciones recientemente impuestas en estos países desbordados por la masiva afluencia de refugiados, y el incremento en el número de personas que huyen de la guerra en Siria, ha provocado que cientos de miles de ciudadanos que lo han perdido todo en su país busquen refugio en la Unión Europea.

Las escenas que desde principios del verano hemos vivido a las puertas de Europa han sensibilizado a toda la población, que de una u otra manera intenta colaborar para dar asistencia a los refugiados sirios y de otras nacionalidades.

También las instituciones y las organizaciones no gubernamentales están intentando movilizar para canalizar la avalancha de refugiados en busca de una vida digna y en paz.

Las Cortes de Castilla y León, reunidas en este primer Pleno del periodo de sesiones ordinario, y todos los grupos políticos que la integran quieren mostrar su más absoluta solidaridad con el pueblo sirio que está sufriendo la guerra, y en especial con aquellos que se ven obligados a dejar todo lo que tienen en busca de refugio en el exterior.

Igualmente, manifiestan su voluntad de que los organismos internacionales y los Estados occidentales afronten el problema desde la raíz, y traten de buscar desde el diálogo y la unidad una solución pacífica al conflicto armado que asola Siria.

Asimismo, esperan de la Unión Europea una respuesta coordinada y consensuada con los Estados miembros, para cerrar cuanto antes un plan de acogida con suficiente dotación económica que permita encauzar y ordenar la atención social y económica a los solicitantes de refugio político en los países de la Unión.

Las Cortes de Castilla y León consideran necesario que en España el Gobierno coordine con las Comunidades Autónomas la atención a los refugiados con el necesario respeto a los Derechos Humanos, para lo cual se hace preciso concretar, primero, las capacidades y recursos en cada una de ellas para dar asilo a los refugiados y garantizarles sanidad, vivienda, educación y atención social, y, segundo, que su estancia en el territorio redunde en su beneficio y facilite su rápida integración social y económica.

Por último, las Cortes entienden que, en Castilla y León, la Junta debe coordinar con los ayuntamientos, diputaciones y organizaciones no gubernamentales la atención a los refugiados que lleguen a nuestra Comunidad, ordenando de manera eficaz la ayuda y los recursos de los que dispone y los que ofrecen otras instituciones y personas para asegurar una correcta cobertura de servicios, pero también lograr su integración en nuestra sociedad".

A continuación entramos en el orden del día. Y, para ello, ruego al señor secretario que dé lectura al primer y único punto del orden del día.

Informe 2014

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias, señora presidenta. Primer y único punto del orden del día: Informe Anual del Procurador del Común de Castilla y León correspondiente al año 2014, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 10, de diez de agosto de 2015.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Tiene la palabra el Procurador del Común, señor Amoedo Conde.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMOEDO CONDE):

Excelentísima señora presidenta de las Cortes, excelentísimo señor presidente de la Junta, miembros de la Mesa, consejeras, consejeros, procuradoras, procuradores, señoras y señores. Mi intervención en el día de hoy tiene por finalidad hacer un breve resumen sobre el informe correspondiente al año dos mil catorce.

Se presentaron en nuestra institución 2.052 quejas. Por provincias: 525 en León, 479 en Burgos, 204 en Valladolid, 138 en Palencia, 134 en Salamanca, 126 en Segovia, 123 en Ávila, 86 en Zamora y 85 en Soria. Igualmente, hemos iniciado de oficio 32 expedientes.

Durante el año dos mil catorce se concluyeron 922 expedientes, dictándose la correspondiente resolución: en 405 resoluciones nosotros hemos estimado que la actuación de la Administración había sido correcta; en 517 se formuló recomendación o sugerencias por haber constatado la existencia de irregularidad en la actuación de la Administración.

A fecha treinta y uno de agosto se han... se han contestado 442 resoluciones: han sido aceptadas total o parcialmente 339, y no aceptadas 103. Como ven, el grado de aceptación oscila entre el 76 y el 77 % de las resoluciones dictadas por nuestra institución.

En el año dos mil catorce hemos mantenido 801 entrevistas, en las que han participado 1.207 personas. Y hemos atendido 137 consultas.

En el ejercicio de la función del Procurador siempre es precisa la colaboración de las Administraciones. Por regla general, podemos decir que es buena o que es correcta, aunque sí en algunas ocasiones se retrasa la remisión del informe, que lleva consigo un retraso importante en las resoluciones del Procurador.

Me voy a referir ahora a las quejas que se han presentado en nuestra institución. Como sus señorías comprenderán, es imposible, en este espacio de tiempo, hacer referencia a todas ellas, por lo cual yo voy... voy a decir o voy a hablar sobre las que he considerado... aunque todas son importantes, las que hemos considerado de una mayor trascendencia.

En el área de sanidad destacamos el cierre de servicios durante el verano; la amortización de plazas de personal sanitario; prolongación excesiva de la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial; el trato no correcto... no correcto que se dispensa a los pacientes por algunos facultativos; dificultad de acceder a la historia clínica individual, y, cuando se entrega, está incompleta; listas de espera; asignación de médico de familia nuevo sin haber sido solicitado, vulnerándose así su derecho a la libre elección; negativa a expender un duplicado de las tarjetas sanitarias individuales de los menores no emancipados sujetas... sujetos a la patria potestad de ambos progenitores en los supuestos de separación o de divorcio, cuando el progenitor custodio se niega a entregarlo al otro progenitor.

Las resoluciones que nosotros hemos dictado con relación a estas quejas, como ustedes comprenderán, son de diversos contenidos y van dirigidas a subsanar las deficiencias constatadas.

En el año dos mil catorce, y por primera vez, se llevó a cabo un trabajo conjunto de todos los Defensores autonómicos con el Defensor del Pueblo, con la finalidad de estudiar el servicio de urgencias hospitalarias. En estas jornadas, que fueron tres concretamente: una con pacientes y asociaciones, otra con profesionales sanitarios de urgencias y de emergencias y otra con gestores de servicios de salud pertenecientes a las diversas Comunidades, y siempre presente un Defensor de cada una de las Comunidades de nuestro país. Este trabajo se concluyó con 40 conclusiones, e hicimos algunas recomendaciones, que yo creo que algunas son trasladables a nuestra Comunidad Autónoma. Entre otras, la necesidad de garantizar la presencia y suficiencia de profesionales adecuados en todas las franjas horarias; la necesidad de dotar a las plantillas de personal adecuado para atender a las personas de especial vulnerabilidad; la exigencia de una evaluación específica de las necesidades estructurales de los servicios de urgencias a la hora de acordar el cierre de camas en la época estival; y, por último, evitar la saturación de los servicios de urgencias, que no garantizan la dignidad e intimidad de los pacientes. Este trabajo, que se presentó en Madrid en el mes de enero del año dos mil quince, el Procurador del Común remitió una copia, dio este trabajo a la Consejería de Sanidad.

En materia de educación, en nuestras resoluciones se estimó necesario eliminar irregularidades en los procesos de admisión de alumnos; exigir con urgencia la realización de obras en edificios e instalaciones educativas para la eliminación de deficiencias que comprometían la seguridad y la salubridad de los alumnos y del resto de la comunidad educativa; plantear, dada la limitación de las partidas presupuestarias destinadas a becas y ayudas al estudio, que en las convocatorias se incluyan criterios económicos de las unidades familiares que propicien la igualdad de oportunidades del alumnado; y tener una especial preocupación en prevenir y, en su caso, poner en marcha todos los mecanismos que son necesarios para la eliminación de cualquier tipo de conflicto escolar.

Por los problemas detectados en los menús servidos en diversos centros escolares se actuó de oficio, solicitando a las Consejerías competentes en el ámbito educativo y sanitario una supervisión de la prestación del servicio para comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones impuestas a los concesionarios y adoptar con contundencia las medidas que fueran precisas para corregir las deficiencias que se estaban produciendo.

En el área de seguridad social, me voy a referir a la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Al margen de la reforma introducida a primeros de marzo del año dos mil quince para hacer compatible la Renta Garantizada de Ciudadanía con los subsidios por desempleo por pérdida de trabajo a tiempo parcial, que ha sido una reforma muy positiva, que nosotros hemos acogido con enorme satisfacción, consideramos que es una reforma todavía insuficiente. Nosotros... y de modo reiterado lo hemos venido diciendo y lo seguimos diciendo que cualquier ciudadano que tenga reconocida una prestación contributiva o no contributiva a cargo de cualquier Administración pública de cuantía inferior a la Renta Garantizada de Ciudadanía debería completar dicha cuantía para atender sus necesidades básicas mediante el reconocimiento de la prestación, es decir, que nuestra petición es la compatibilidad con cualquier prestación que se reciba de la Administración pública.

Hemos insistido en la necesidad de cambios normativos que permitan agilizar los procedimientos para la concesión de Renta Garantizada de Ciudadanía y la disminución de los plazos para dictar la correspondiente resolución.

Hemos solicitado la modificación del Artículo 28.4.º del texto refundido para eliminar el rigor que implica dejar sin la debida protección por un periodo de seis meses desde la fecha de la resolución de extinción en determinados supuestos a aquellos que carecen de medios económicos para atender sus necesidades básicas. Esta es una sanción que va aparejada a la pérdida de la Renta Garantizada de Ciudadanía por el incumplimiento de las obligaciones que corresponde a los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Nosotros considerábamos, o consideramos, que esta sanción es excesivamente o tremendamente rigurosa. Hemos propuesto alternativas: apercibimiento previo; reincidencia en la desobediencia; sustitución por la pérdida de un porcentaje de la cantidad mensual, o sea, durante una o varias mensualidades; o limitación del tiempo de duración de la sanción a un mes desde la resolución del procedimiento de extinción. Solo nos guía, o nos guía el evitar que unas personas, unas familias, por un incumplimiento de una obligación, puedan verse privadas de cualquier prestación durante un periodo tan largo como seis meses.

La letra g) del Artículo 28.1.º del texto refundido contempla como causa de extinción de la prestación de la Renta Garantizada de la... de Ciudadanía el abandono del territorio de nuestra Comunidad. Ello ha dado lugar que conociéramos diversos casos de extinción por desplazamientos de escasos días por parte del titular de la prestación o de algún miembro de la comunidad familiar, que se desplazó tres días a su país de origen, en otros casos diez días, y se vieron privados de la Renta Garantizada de Ciudadanía que tenían concedida. Solicitamos la modificación del precepto para que la causa de extinción de abandono se corresponda con la pérdida de la residencia efectiva en nuestra Comunidad.

La actual regulación a la Renta Garantizada de Ciudadanía, que impide el acceso a la misma a los titulares de derechos de propiedad, usufructo o cualquier derecho real sobre bienes inmuebles cuya explotación u... o venta pudiera aportar recursos económicos iguales o superiores a una anualidad de la Renta Garantizada de Ciudadanía, motivó la incoación de un expediente de oficio en el que se ponía de manifiesto que las dificultades existentes en el mercado inmobiliario, la tenencia de estos bienes, muchas veces constituyen una carga para sus propietarios, y que, por lo tanto, considerábamos que era necesario flexibilizar la normativa para evitar que no se puedan cubrir necesidades básicas por la tenencia de dichos bienes.

Pasamos ahora a urbanismo. Las reclamaciones o las quejas que se han presentado por los ciudadanos hacen referencia a la existencia de urbanizaciones inacabadas. Hemos recordado a los ayuntamientos que les corresponde garantizar la adecuada finalización de las obras de urbanización y que, en el caso de no ser llevado a cabo, pueda dar lugar a una responsabilidad patrimonial.

Ausencia de resolución de... de las solicitudes de licencias urbanísticas, por lo que se ha instado también a la correspondiente Consejería que, previa la tramitación del procedimiento a la Administración correspondiente, se proceda y se resuelva sobre estas peticiones.

Por lo que se refiere a la protección de la legalidad urbanística, continúa siendo reseñable la pasividad en la que incurren algunos ayuntamientos ante la ejecución de obras y el desarrollo de usos del suelo no autorizados, sin hacer caso a las denuncias que han sido presentadas. Esta pasividad puede dar lugar a la existencia de una responsabilidad patrimonial.

En materia de vivienda, continúan predominando los conflictos relativos a los... a las ayudas dirigidas a financiar la adquisición, arrendamiento, rehabilitación de viviendas o insuficiencia de las viviendas disponibles en la actualidad para atender a todas las necesidades existentes. Estimamos... estimamos que la necesidad de adoptar medidas de ajuste presupuestario debido a la crisis en ningún caso pueden justificar el desmantelamiento de políticas públicas dirigidas a promover la satisfacción de los derechos sociales, como son las centradas en favorecer el acceso a una vivienda de las personas que más lo necesitan.

Se observa una cierta pasividad en la Administración en... de la existencia de cláusulas abusivas en contratos de compraventa de viviendas de protección pública, por la... por lo que hemos recomendado que se sancione la inclusión de aquellas cláusulas.

En materia de ayudas económicas, la problemática fundamental es la supresión de convocatorias de subvenciones y el agotamiento de los fondos destinados al uso de las ya concedidas.

En el año dos mil trece, en un expediente que nosotros incoamos de oficio, se recomendó a la Administración autonómica la adopción de 25 medidas dirigidas a reforzar los mecanismos de protección del derecho a una vivienda. En dos mil catorce iniciamos una nueva actuación, también de oficio, para conocer el grado de eficacia de las medidas adoptadas. Y en el año mil quince, para terminar con esta materia, hemos recomendado la adopción de 10 medidas generales dirigidas a proteger, de modo eficaz, este derecho. Entre ellas: evitar la desocupación de viviendas de protección pública; recuperar un sistema de puesta a disposición de viviendas libres vacías que están en manos de la Administración, para que esta proceda a su arrendamiento; crear la reserva de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social; y establecer las medidas de coordinación que sean necesarias para que, a través del Servicio Integral de Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio, se puedan solucionar de manera urgente la situación de quienes finalmente pierdan su vivienda habitual.

En relación con el fomento del alquiler, iniciamos también una actuación de oficio con la finalidad de verificar la puesta en funcionamiento en esta Comunidad del Programa de Ayuda al Alquiler de Viviendas que había sido incluido en el Plan Estatal 2013-2016. Conjuntamente con esta intervención, se tramitaron 4 quejas referidas a la exigencia de unos requisitos de ingresos mínimos para poder acceder a las ayudas convocadas en aplicación de aquel programa. Hemos recomendado a la Administración autonómica que garantice que aquellas personas que más lo necesitan por su nivel bajo de ingresos puedan acceder a unas ayudas económicas dirigidas a facilitar el pago del alquiler de una vivienda.

En el área de familia y de igualdad de oportunidades, ha sido objeto de reclamación las dificultades en el acceso a la... a los recursos residenciales públicos o concertados. Hemos reclamado la cobertura de las demandas residenciales insatisfechas por la insuficiencia de la oferta pública, poniendo en marcha las acciones oportunas para reducir las listas de espera y facilitar a quienes reúnen los requisitos exigidos una plaza adaptada a sus necesidades y características.

Hemos impulsado el ejercicio eficaz de la actividad de control y supervisión de centros residenciales públicos y privados, para corregir posibles irregularidades en su funcionamiento y garantizar el bienestar de los usuarios.

Hemos formulado reclamaciones a causa de los perjuicios económicos derivados del nuevo régimen de financiación de las plazas de los servicios sociales prestados por la Administración autonómica. Para conseguir un criterio más favorable en el cálculo de la aportación económica de los usuarios, hemos recomendado a la Consejería la aplicación del 50 % de reducción del precio público establecido para los días de ausencia por ingreso hospitalario o vacaciones voluntarias sobre el total de la liquidación, y no solamente sobre alguno de los conceptos que integran dicha aportación.

Ha sido también objeto de reclamación la vulneración del derecho de acceso a las certificaciones de empadronamiento de menores de edad por parte de los progenitores en custodios en el ejercicio de la patria potestad compartida.

En el ámbito de la política de apoyo económico a las familias, se ha centrado en las unidades familiares monoparentales formadas por un solo hijo, cuyo reconocimiento normativo no ha venido acompañada de los apoyos adecuados a su condición. Nosotros hemos solicitado las modificaciones normativas oportunas, promoviendo un sistema de protección para estas familias monoparentales con un hijo, en equiparación con la de dos hijos. Hace unos días, hemos conocido por la prensa que la Junta ha rebajado la tarifa para los Madrugadores y Tarde en el Cole al 16 euros, y que, por primera vez, se incluye como beneficiarios también las familias monoparentales con un solo hijo.

En materia de discapacidad, las demandas ciudadanas presentadas en relación con las personas con discapacidad están relacionadas con los procesos de reconocimiento del grado de discapacidad, a causa de las revisiones a la baja, y con las dificultades en el acceso a los centros específicos de atención por la insuficiencia de plazas. Hemos recomendado la eliminación de las posibles anormalidades en los procesos de revisión, y posibilitar el acceso de los... en los recursos públicos o concertados o, en su defecto, en centros privados mediante la fórmula de financiación más adecuadas.

Respecto a las prestaciones de dependencia, hemos formulado una resolución para que se modificara la normativa, considerando que para la determinación de la renta personal de la persona beneficiaria se computaran no solamente los hijos menores económicamente dependientes, sino también los descendientes mayores de edad que están a su cargo, hasta un límite de edad adecuado.

El incumplimiento por parte de los poderes públicos de la normativa sobre la supresión de barreras urbanísticas y arquitectónicas siguen siendo causa de reclamaciones ciudadanas.

En materia de Función Pública, voy a destacar dos tipos de reclamaciones. La primera, sobre procesos selectivos. Hemos podido constatar un déficit de transparencia, que ha traído como consecuencia la sospecha generalizada de los aspirantes no seleccionados acerca del cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Se recomendó que todos los procesos selectivos se dotaran de las mayores garantías de publicidad, objetividad y transparencia.

Las segundas se refieren al incumplimiento del deber de periodicidad anual de las convocatorias de concurso, que sí se han solucionado en la mayoría parte de los cuerpos de los funcionarios, persistiendo en cuerpos de gran relevancia, en particular en el cuerpo de los trabajadores sociales. Esta... incumplimiento de la periodicidad genera el mantenimiento de situaciones irregulares, siendo las más destacables el nombramiento de funcionarios interinos y el mantenimiento de comisiones de servicios por plazos superiores a los... a los contemplados en el ordenamiento jurídico. Nuestras resoluciones se han... que hemos formulado han sido dirigidas en el sentido de exigir el cumplimiento de la periodicidad anual legalmente establecido.

En cuanto a los bienes y servicios municipales –estoy terminando-, las quejas más importantes son las que hacen referencia a la inactividad de las Administraciones locales a la hora de realizar una eficaz defensa de sus bienes -calles, caminos públicos, etcétera-, deficiencias en los servicios públicos que presta la Administración local, tales como pavimentación de vías públicas, servicio de alcantarillado, alumbrado, abastecimiento de agua potable, etcétera, etcétera.

En el servicio de extinción de incendios seguimos manteniendo que el personal voluntario, que realiza una función importantísima, es un colaborador de los bomberos profesionales, tal como dispone el Artículo 37 de la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León. Este personal voluntario –no bomberos voluntarios; personal voluntario- tiene que actuar siempre bajo la dependencia del personal profesional, y que carece, por lo tanto, de capacidad decisoria de actuar en una situación de riesgo. Esto lo hemos manifestado y reiterado en diversas ocasiones.

También hemos incidido en la atención que se debe de prestar a las poblaciones situadas en ámbitos rurales, vistos los elevados tiempos de respuesta de los medios ante situaciones de emergencia.

En cuanto al régimen jurídico de las corporaciones locales, las quejas: ocupación de propiedades privadas por vía de hecho; demoras en el pago del justiprecio; retraso en los expedientes de responsabilidad patrimonial; procedimientos de contratación realizados por las Administraciones locales, en los cuales la libre concurrencia o la igualdad entre los licitadores han quedado en entredicho; disconformidad en la ejecución de algunas obras públicas, que no se habían ajustado al proyecto, deficiencias en su ejecución o no se habían respetado las normas de accesibilidad o supresión de barreras; dificultades que tienen para obtener información municipal los miembros de las corporaciones locales en situación de minoría, por lo que nosotros hemos estimado la obligación de las Administraciones de... por darles esta información, que consideraban que era necesaria para el ejercicio de sus funciones.

También hemos incidido en la conveniencia de fomentar la participación ciudadana en la gestión, mediante el respeto de los... a las normas y convocatorias y celebración de las sesiones ordinarias de sus órganos de Gobierno.

En medio ambiente, como en años anteriores, la mayor preocupación de los ciudadanos son los ruidos que genera el funcionamiento de los locales de ocio, fundamentalmente en horario nocturno. Los recortes presupuestarios no pueden servir como excusa para que los grandes municipios de nuestra Comunidad no lleven a cabo las mediciones de ruido solicitadas por los vecinos, haciendo una dejación de las competencias atribuidas por la Ley del Ruido.

En relación con el medio natural... No, perdón, esto no... no va en el proyecto.

En lo que respecta a la gestión de los montes de utilidad pública, es necesario que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente agilice los procedimientos de deslinde y amojonamiento.

En cuanto a las obras públicas –y ya termino, pido perdón si me he extendido más de lo debido-, las quejas presentadas hacen referencia a la modificación o supresión de acceso a fincas agrícolas cuando se ejecutan obras de mejora y acondicionamiento de carreteras; conservación y mantenimiento de las carreteras; supresión y modificación de líneas y frecuencia en materia de transporte de viajero por carretera; el acceso a internet de banda ancha y a la televisión digital terrestre; las dilaciones en la tramitación de los procedimientos de concentración parcelaria; y las deficiencias en los procedimientos sancionadores en materia de tráfico referidos a estacionamientos indebidos y al exceso de velocidad. Termino.

Quiero agradecer a la Junta de Castilla y León, a los... y a los ayuntamientos, y a las diputaciones provinciales, a las juntas vecinales, la colaboración que han prestado a la institución; a mi equipo de colaboradores, por el trabajo que han venido desarrollando; a los medios de comunicación, que están siempre atentos a nuestras actuaciones; y a sus señorías, para manifestar expresamente mi agradecimiento por la atención prestada a mis palabras.

Pero, antes de terminar, quiero decir, desde mi posición, y como defensor de la ciudadanía de Castilla y León, pido a todos que desde la diversidad de grupos políticos que integran estas Cortes, trabajen con generosidad y consenso para llevar a cabo con celeridad y eficacia las demandas que exigen los ciudadanos de esta Comunidad. Nada más. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Muchas gracias, señor Amoedo, por el trabajo y el Informe Anual del 2014, así como también al esfuerzo de la institución y al equipo que le acompaña.

Para fijación de posiciones, tiene en primer lugar la palabra el Grupo Mixto, que comparte un tiempo de quince minutos, y hablará en primer lugar el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos, señorías. Señor Procurador. Antes de entrar de lleno en el informe y en consideraciones generales sobre él, yo sí que me gustaría dejar una pequeña reflexión. Y no quiero que se me malentienda, y por eso intentaré ser lo más claro posible.

Desde UPL entendemos que esta institución, a la que respetamos, se configura en todas las Autonomías que la tienen como un Defensor del Pueblo autonómico. Por ello, es importante resaltar aquí que existe una corriente lógica donde se aconseja que las Autonomías eliminen esta duplicidad, una reflexión interesante, porque en épocas como la que nos está tocando vivir parece significativo el esfuerzo en pos de la simplificación y racionalización de la Administración pública. No hablo de eliminar, hablo de reformular, hablo de evitar duplicidades. Eso es lo que intento dejar claro en esta mi primera intervención.

Hoy, como cada año, nos encontramos ante un nuevo informe de esta institución, informe en el que, a bote pronto, me llaman la atención tres cosas: una, creo que es muy positiva, que es la reducción del número total de quejas, que, repito, me parece un dato muy positivo; otra, que vemos como año tras año nos encontramos con la misma tipología de problemas, reflejo –entiendo- de la realidad social en la que vivimos y de la época de recortes que nos ha tocado sufrir; y la última, la continua repetición de los actos de desobediencia de algunas Administraciones. No me duelen prendas en reconocer que se ha convertido usted, señor Procurador, y su equipo en la última esperanza moral de aquellas personas a... a los que nadie hace caso y de los que se encuentran desprotegidos ante la maquinaria burocrática de las diferentes Administraciones que conviven en el ámbito autonómico. Eso, para mí, es un valor en sí mismo. Es común que administrados, concejales de la oposición, vocales de juntas vecinales acudan a usted como último recurso para alcanzar esa satisfacción moral y como paso previo que intente evitar el farragoso mundo de los juzgados. Dos mil cincuenta y dos quejas son, desde luego, y a pesar de la reducción, un número inasumible que se corresponde con personas con nombre y apellido que sufren la acción de las Administraciones en su mayoría, ya de por sí bastante privilegiadas en su funcionamiento.

Muchas resoluciones, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero como hace tiempo alguien dijo en esta Cámara, y ahora forma parte de su equipo, qué bueno sería que supiéramos el número de problemas solucionados, la evaluación de las muchas resoluciones, en definitiva, los resultados finales obtenidos; no solo las aceptadas por las Administraciones, sino las verdaderamente resueltas. No estoy diciendo que esté en el debe del señor Procurador, para nada, pero coincidirán conmigo, y por ello yo denominaba en... en el principio de la intervención esperanza moral a sus resoluciones, que en ocasiones, después del dictamen, no existe nada más; a veces se pierde en el limbo del olvido más absoluto; depende únicamente de la voluntad de aceptación de la Administración para ejecutar dicha resolución.

El mismo Procurador reconoce en una parte del informe, de forma literal, que hemos debido insistir en varios expedientes ante la actitud de determinadas entidades locales, que, tras aceptar nuestras resoluciones, se muestran pasivas o incumplen las mismas, lo que motiva que tengamos que reabrir los expedientes y realizar el oportuno seguimiento de la efectividad de las recomendaciones que realizamos. Esta forma de actuar, a nuestro juicio, revela una falta de compromiso con el cumplimiento del mandato legal de servicio a los ciudadanos. También reconoce el señor Procurador que incluso hay ayuntamientos, a los que nombra, que ni siquiera responden.

Corremos el riesgo de que este informe y su debate posterior se convierta en un simple acto de trámite si no somos capaces de avanzar y seguimos repitiendo todos los años los mismos postulados. Por ello, también nos gustaría preguntarle, señor Procurador, si en alguna ocasión de desobediencia institucional de las que usted ha relatado ha exigido de forma imperativa remitiendo la documentación a la Fiscalía, como recoge el Artículo 18.2 de la Ley de Procurador.

Falta algo más: hasta que no seamos capaces de entender que su resolución vincula de alguna forma más que desde el respeto y de una aceptación puramente voluntaria, hasta que no persigamos la vinculación ejecutiva que obliga al cumplimiento de la misma y genere la resolución del problema, nos quedaremos con una simple declaración de intenciones, a toda luz insuficiente para el administrado que sufre de ese abuso. Puede que este sea un problema, más que normativo, de respeto y de educación. Pero poco podemos pedir y exigir a los ayuntamientos que no acatan y aceptan las resoluciones cuando decisiones de asuntos que afectan a la propia Junta de Castilla y León no se cumplen de forma escrupulosa.

Poco podemos pedirle a usted, más que darle las gracias por su trabajo, cuando la propia Junta demuestra en ocasiones poco aprecio a lo dictaminado. Yo mismo he recordado en las pasadas comparecencias de los Consejeros resoluciones del Procurador del Común que las Consejerías se han saltado a la torera, resoluciones que en algunos casos datan incluso del año dos mil doce.

Hoy le vamos a felicitar todos, señor Procurador, pero menos reconocimiento y más voluntad para cumplir sus dictámenes igual era más provechoso.

Por último, para finalizar, y a modo de propuesta, nos gustaría, como hemos mantenido a lo largo de la intervención, avanzar que cada vez más en la solución final de las quejas. Por ello, y en la seguridad de que en alguna de sus resoluciones pudiera sospecharse la posibilidad de sobrepasar los límites legales, sería deseable que de oficio se cursara copia, además de a los interesados en el expediente, al Fiscal para que sustanciara si pudiera desprenderse efectos punibles, posibilidad que, por otra parte, viene recogida también en el Artículo 18.3 de la propia ley, que dice que, si el Procurador del Común de Castilla y León descubriera irregularidades en el funcionamiento de la Administración, lo pondrá en conocimiento del órgano competente o lo hará saber al Ministerio Fiscal, entre otras cosas, señor Procurador, porque sería dar a estos dictámenes un matiz más de solución práctica y, sin duda, un paso adelante en la protección del interés común y de la defensa del administrado. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señor Santos Reyero. Tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Muchas gracias. Bueno, yo, lo primero, quisiera empezar diciendo de la lectura de su informe, por más que ha sido una tarea larga, ha sido un auténtico placer, y especialmente después de las dos semanas en que hemos estado en esta... edificio con las diferentes Consejerías, en las cuales yo empezaba a dudar que yo y mis demás compañeros de los grupos de Oposición nos encontráramos en un estado de cordura, puesto que la descripción que se hacía de la Comunidad nos parecía una descripción tan perfecta, tan bella, una Comunidad sin apenas problemas, que empezábamos a dudar que nuestra propia concepción del mundo fuera la correcta.

La lectura de su informe creo que lo que ha supuesto es un baño de realidad en esta Cámara, un baño de los problemas reales de los ciudadanas y de los ciudadanos en esta imagen... frente a esta imagen edulcorada que se tiende a hablar en este tipo de cámaras. Y solamente puedo mostrar mi queja o mi lamento acerca de que, a día de hoy, en dos mil quince, tengamos ya más quejas que las que se realizaron en la totalidad de dos mil catorce. Quejas que tienen que ver con la problemática de la ciudadanía, con los problemas reales, como las 216 reclamaciones ejercidas en torno al problema del fracking, una práctica extractiva energética, ante lo cual, vistas las quejas a este Procurador del Común, se muestra que son los ciudadanos y las ciudadanas quienes tienen una preocupación por su medio ambiente mayor que el que parece mostrar esta Administración autonómica. O problemas como los de la contaminación acústica, los de los malos olores o la ejecución defectuosa de infraestructuras medioambientales.

También contemplamos las quejas relacionadas con el exceso de trámites en la Renta Garantizada de Ciudadanía, la demora en la tramitación, el exceso de burocratización para la renta para extranjeros o su demanda de la compatibilidad de dicha renta con cualquier prestación, que desde mi grupo compartimos. Al igual que nos sorprende el rechazo de la Consejería de Familia e Igualdades de Oportunidades a su propuesta de agilizar los procedimientos para conceder dicha renta, o a su propuesta de flexibilizar la valoración de los bienes inmuebles a efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos.

Hemos podido observar las quejas relacionadas con los inmensos problemas de los agricultores de esta Comunidad, como las ineficiencias relacionadas con la plaga de los topillos, con protocolos imposibles de cumplir.

O aquellas quejas relacionadas con uno de los elementos que más nos preocupan, que es la cuestión sanitaria. Las quejas relacionadas con la reducción de plantillas, tanto en enfermería como en facultativos, consecuencia de esos recortes que poco menos que se nos negaban en la pasada Comisión de Sanidad. Las alusiones a los cierres del servicio en verano, que es el momento en el que más hace falta, especialmente en las zonas rurales, puesto que es cuando viene la población de vacaciones. O la lacra de las ayudas por desplazamiento, que ha sido tristemente noticia la semana pasada a través de esta familia que recibió la cantidad de 13 euros por un desplazamiento de una semana y que, a juicio de mi grupo, no solo se aplicó mal la cuantía, sino que, además, si se le hubiera aplicado bien –y esto es lo triste-, habría sido una ayuda raquítica, una ayuda ínfima.

Por lo tanto, agradecemos que se haya puesto de manifiesto en el informe el crecimiento de las denegaciones de este tipo de ayudas, la crítica a los primeros 25 euros que debe asumir el paciente y la reforma que supuso esta... en dos mil trece este tipo de ayudas, que ha supuesto estos recortes.

Y, por supuesto, la alusión a las listas de espera, que nuestros datos son bastante importantes, a pesar de que se nos negaba desde la Comisión de Sanidad la pasada semana.

También observamos la preocupación ciudadana por adoptar medidas de protección de los bienes de patrimonio cultural de Castilla y León.

Y, por supuesto, compartimos los problemas relacionados con la Función Pública. Hace usted alusión en su informe a la falta de transparencia en los procesos selectivos, a la ausencia de concursos, especialmente en el sector de los trabajadores sociales; por dos veces yo lo manifesté en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades la semana pasada, obteniendo el silencio por respuesta en los dos turnos de réplica, y, por lo tanto, efectivamente, vemos, como denuncia en el informe, un incumplimiento.

También nos preocupa la discriminación de trabajadores del Laboratorio Agrario Regional ante trabajadores de Tragsa, y así como el hecho de que trabajadores de esta entidad estén realizando funciones ajenas a su contratación. Y las conexiones irregulares que se denuncian en el informe entre el Laboratorio Agrario Regional y la empresa privada Lacyl, sin que haya habido respuesta por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería, a pesar de los cuatro requerimientos que ustedes han formulado, según figura en el informe.

Igualmente nos preocupa la ignorancia por parte de la Administración acerca de la jurisprudencia relativa a los derechos a los sexenios por parte del profesorado interino, que obliga a dicho profesorado interino a aludir a los tribunales. O nos ha sorprendido la discriminación de los colectivos de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería frente al colectivo de enfermeros y enfermeras respecto al otorgamiento de las catorce horas de compensación horaria.

Igualmente, también querríamos destacar la presencia en el informe de quejas en torno a la inactividad de las Administraciones locales a la hora de realizar una eficaz defensa de sus bienes de dominio público patrimoniales, la cuestión acerca de las tarifas de agua y de saneamiento, que es señalada como defectuosa, o inexistente prestación de determinados servicios mínimos obligatorios, según se dice literalmente en el informe. O los problemas por contaminación en los suministros de agua potable a poblaciones, incluyendo contaminantes como el arsénico o los nitratos.

Igualmente, las quejas relacionadas con defectos en pavimentación y limpieza de un barrio completo, en alusión a las quejas que se agrupan, proviniendo diferentes de los mismos barrios. O la situación de pobreza hídrica, en la que el informe dice que algunas Administraciones locales han reaccionado. Algunas, parece ser que otras no. O, por supuesto, su valoración acerca de la relación que debe existir entre el servicio de voluntariado y los efectivos profesionales. Nosotros, en esta Cámara -y lo seguiremos haciendo-, exigimos la constitución de un cuerpo público de bomberos forestales y trabajadores forestales, para evitar este tipo de relaciones irregulares.

Y luego hay aspectos que verdaderamente pues nos han parecido dignos de enmarcar. Afirmaciones como que la actuación en el pasado de los poderes públicos se alejó en gran medida de la finalidad última de las políticas de urbanismo, que es definida como "el objetivo debe ser la consecución del interés general, teniendo el mismo como manifestación más evidente en este ámbito el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada". El hecho de que se señale en el informe que la actuación en el pasado de los poderes públicos se ha alejado de esta finalidad nos parece que es una definición acertada. Pero no solamente esto, sino que también cuando se explica que las políticas públicas llevadas a cabo en el pasado –y abro cita, dice-, "centradas en favorecer el acceso a una vivienda en régimen de propiedad a grupos con rentas medias y altas, discriminando con ello a las familias de menores ingresos, además de contribuir al crecimiento de una burbuja inmobiliaria cuyo estallido aún tiene graves efectos, han generado un peligroso acercamiento hacia una consideración, casi exclusiva, de la vivienda como bien de mercado y no como derecho social de todos los ciudadanos". No podría haber una definición más exacta, a juicio de este humilde procurador.

Y, por tanto, compartimos muchas de las críticas. Compartimos las críticas acerca a las deficiencias en el derecho a la accesibilidad de una vivienda, especialmente en el régimen de alquiler. Compartimos, como no puede ser de otra manera, su crítica acerca de que se establezcan requisitos de ingresos mínimos para las ayudas al alquiler. ¿Con qué objeto? ¿Con qué sentido, si serán quienes no tengan ingresos quienes deban recibir, precisamente, las ayudas para el alquiler? Y, por supuesto, cuando se habla de que se ha realizado en ocasiones de forma insuficiente e ineficaz las... instrumentos que utiliza la Administración para tratar de garantizar el acceso a una vivienda de forma asequible.

Y, por supuesto, no podemos dejar de compartir la resolución dirigida a la Consejería de Economía y Empleo en la cual se recomendó a la misma que sancionara la inclusión de las cláusulas abusivas en contratos de compraventa de viviendas de protección pública en general. Una recomendación que ha sido desoída por esta Consejería, como consta en el informe.

En definitiva, algunos de los elementos que podemos señalar, podríamos seguir, pero el tiempo es limitado. Agradecerle, porque esto ha sido un auténtico baño de realidad, y darle de nuevo mi enhorabuena, darle todo mi ánimo. Exigir que se le den todos los medios necesarios para su actuación, porque verdaderamente es un servicio que está permitiendo entrar la voz de la ciudadanía en estas Cortes, voz que yo empezaba a dudar si es que yo la estaba viendo de manera equivocada, viendo las comparecencias de las Consejerías durante la última semana, y gracias a su informe detecto que no. Por lo tanto, muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Fuentes Rodríguez.

EL SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ:

Señora presidenta de las Cortes de Castilla y León, señor Procurador del Común, señorías, quisiera empezar agradeciendo, por delante de cualquier otra valoración posterior que mi formación política pueda llevar a cabo, la labor desempeñada por la institución que usted representa en nuestra Comunidad Autónoma, no solo durante este año dos mil catorce, sobre el cual ha versado su informe, sino también por todos los años anteriores, dado que no hemos tenido ocasión, desde nuestro grupo parlamentario, de hacerlo.

Es conocido nuestro compromiso con el respeto a las libertades individuales y a los derechos de la ciudadanía, en la medida en la que el Procurador del Común reconoce en su informe tener como objetivo de sus acciones la mejora de la calidad democrática y la buena administración, encuentra la simpatía previa de los procuradores que representamos el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en estas Cortes de Castilla y León. En la medida en que asume el papel de supervisor de las diferentes Administraciones en Castilla y León, para que se garantice la vigencia de los derechos de los ciudadanos, cuente usted siempre con nuestro respaldo.

Compartimos, en el objetivo de nuestra acción política, muchos de los preceptos que se enumeran en el informe anual del Procurador del Común, como pueden ser el mantenimiento de un clima de justicia, equidad e igualdad de oportunidades, la búsqueda de una administración transparente y eficaz, la resolución satisfactoria de los conflictos entre administradores y administrados, así como la persecución de mejoras continuadas en el ámbito autonómico de la Administración.

Por tanto, enfocaré en primer lugar el contenido de mi intervención hacia un análisis breve de los datos cuantitativos que se desprenden del presente informe. Nos parece que hay varios escenarios que merecen la atención de quienes ejercemos la representación de la ciudadanía. Sorprende que, a pesar de que el desafecto de los ciudadanos respecto a las instituciones y funcionamiento de la política es elevado e incluso creciente en todos los estudios sociológicos que se van conociendo, el número de quejas remitidas al Procurador del Común en el año dos mil catorce sea inferior, respecto de los años inmediatamente anteriores.

No ha lugar, entendemos desde Ciudadanos, para intuir razones reales en cuanto al incremento de la satisfacción de los castellanos y leoneses respecto a sus Administraciones. Por tanto, estamos obligados a una reflexión sobre si conseguimos encauzar a través de esta institución las posibles reclamaciones de la ciudadanía. En esta reflexión es donde debemos ahondar si analizamos también algunos otros datos.

Como ha dicho, mientras León, Burgos y Valladolid suman prácticamente el 60 % de las quejas recibidas por el Procurador del Común, las otras seis provincias de nuestra Comunidad Autónoma acumulan apenas un tercio de esas quejas. Por lo tanto, nos preguntamos que si existen elementos serios y objetivos que nos hagan pensar que el descontento o los motivos de reclamación de los ciudadanos de Soria, de Palencia, de Ávila, de Segovia, de Salamanca o de Zamora son tan reducidos en comparación con los de las otras provincias. Sinceramente, este procurador no lo cree así. Quizá haya llegado el momento de asumir que la información acerca del papel que puede desempeñar la institución del Procurador del Común no está llegando con éxito similar a todas las provincias de nuestra región. Ciudadanos planteará al resto de grupos políticos y al propio Procurador del Común la posibilidad de desarrollar campañas informativas en estas provincias con menor índice de quejas, de manera que los ciudadanos, en cualquier lugar de la Comunidad Autónoma, se identifiquen con una institución eficaz y al servicio de las personas. Valore, señor Procurador del Común, esta propuesta.

Otro ejemplo de esta falta de conocimiento y disponibilidad de acceso al Procurador del Común lo marcan los datos sobre los medios a través de los cuales llegan las quejas de los ciudadanos. Según su informe, la suma entre el correo ordinario y la entrega presencial de las quejas en las oficinas de atención al ciudadano alcanzan aproximadamente al 70 % de las mismas, mientras que apenas solo una cuarta parte de esas quejas llegan a través de correo electrónico o de las nuevas tecnologías, siendo estas, en nuestra sociedad, un referente mucho más utilizado que esa proporción en nuestra vida diaria de todos los castellanos y leoneses. Pongo encima de la mesa un segundo cauce de actuación para publicitar e informar a los ciudadanos no solo de la figura del Procurador del Común, sino de la sencillez que pueden tener los trámites para remitir esas quejas, si se usan los instrumentos que ponen a nuestra disposición actualmente las nuevas tecnologías. [Aplausos].

Nos preocupa también el ascenso de las quejas referidas al funcionamiento tanto de las corporaciones en los ayuntamientos como de los servicios municipales. Supone, a entender nuestro, de Ciudadanos, una evidente llamada de atención sobre la desviación entre el funcionamiento político de estas instituciones y los comportamientos que de las mismas y de sus representantes espera la ciudadanía.

Recogemos, del mismo modo, el guante sobre algunas de las recomendaciones emitidas durante el año dos mil catorce; recomendaciones emitidas por el Procurador del Común y que fueron rechazadas e ignoradas por la Junta de Castilla y León. Puedo asegurar que lo expuesto por el Procurador en la línea de flexibilizar la incompatibilidad de cobrar la Renta Garantizada de Ciudadanía cuando se reciben prestaciones por desempleo u otros subsidios, no siendo estos suficientes para garantizar unas condiciones óptimas de vida, ha abierto en nuestro grupo parlamentario una reflexión a la que trataremos de dar forma en la cercana etapa de la negociación de los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Pero hay una idea que evidencia el informe del Procurador, que se desprende de su propia intervención, y que Ciudadanos comparte y sitúa en el centro de lo que debiera ser la valoración política de los grupos de estas Cortes respecto a la labor de esta institución. Las Administraciones no responden con rapidez a los requerimientos del Procurador del Común; en ocasiones, no lo hacen, voluntaria o involuntariamente, con la información que realmente se les requiere; y, finalmente, existen numerosos casos en los que las recomendaciones y resoluciones del Procurador del Común no son ni escuchadas ni atendidas y ni mucho menos implementada por las Administraciones.

Buscamos ahora una reflexión mucho más seria y que no debe dar la espalda a la autocrítica entre todas las fuerzas políticas que tenemos representación en estas Cortes. Existen en Castilla y León –como ha dicho- más de 50 ayuntamientos y otras instituciones públicas que no responden a las recomendaciones del Procurador del Común; hay más de 20 ayuntamientos y otras instituciones que ni tan siquiera facilitan al Procurador del Común la información que este requiere respecto a las temáticas que dan lugar bien a las quejas de los ciudadanos, bien a las intervenciones de oficio de la propia institución -y, en ese grupo, existen consistorios gobernados por todas las principales fuerzas políticas-. Esa negativa a colaborar supone una afrenta al espíritu mismo de la existencia de esta institución. Ayuntamientos, pero también -según se refleja en el informe-, incluso en más ocasiones, la propia Junta de Castilla y León, que huyen del control que la ciudadanía puede ejercer sobre sus actuaciones a través de la labor del Procurador del Común; actitudes soberbias y prepotentes con las que se vuelve a dar la espalda a los comportamientos que la ciudadanía espera de sus representantes. Esa huida hacia adelante supone el desprecio y el olvido hacia el servicio a los ciudadanos, que debiera regir la actividad de todos los que somos representantes públicos. Desde esta tribuna aprovecho para trasladar la condena y el rechazo de Ciudadanos hacia todos aquellos que se niegan a colaborar en la mejora de la calidad democrática y en el respeto hacia los derechos de los castellanos y leoneses.

Revertir esta situación es, sin duda alguna, el camino para reforzar el papel del Procurador del Común como garantía de los derechos de los ciudadanos ante los posibles atropellos por parte de las Administraciones. Es por ello que hoy anuncio la decisión de Ciudadanos, del Grupo de Ciudadanos, de instar a todos nuestros grupos municipales a presentar en todos los ayuntamientos donde tenemos representación en Castilla y León una moción que comprometa a cada consistorio en una actitud de colaboración con la institución del Procurador del Común, tanto en el traslado de todas las informaciones que sean requeridas como en la atención de las recomendaciones que resulten de las labores que se llevan a cabo. Esta es nuestra propuesta para seguir avanzando en una Administración transparente, abierta al control de la ciudadanía y de las instituciones encargadas de ellas, respetuosa con las libertades individuales, comprometida con los derechos de los castellanos y leoneses, y con la mirada puesta en un futuro mejor que ha de ir unido a una mejora en la calidad democrática de nuestro sistema. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León tiene la palabra el señor Fernández Santos.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Gracias, señora presidenta. Señorías, me es muy grato comparecer en esta Cámara para agradecer al Procurador del Común y a todo su equipo el informe de gestión anual presentado en estas Cortes; informe que habla de la dedicación, con honestidad y rigor, en defensa de los derechos e intereses de todos los ciudadanos de esta Autonomía. En nombre de mi grupo parlamentario, considero debo transmitirle el sentido que para nosotros tiene su presencia hoy aquí. Entendemos que se trata de una jornada muy importante, con verdadera trascendencia política, porque su intervención nos reúne para hablar de política, para hacer política de verdad, con mayúsculas, para preocuparnos de los derechos de los ciudadanos de Castilla y León tantas y tantas veces considerados, desde las Administraciones, como portadores exigibles únicamente de obligaciones -que las tenemos, tampoco lo dudamos-.

En definitiva, un día para pasar por el tamiz político las actuaciones administrativas que derivan u obedecen no a disposiciones o decisiones indiscriminadas emanadas de un jefe de sección o de un jefe de negociado, sino que fluyen y se ejecutan por disposición política, como consecuencia de una voluntad política, de un plan político, de un grupo político que rige desde hace muchos años los designios de nuestra Comunidad.

Desde antiguo, la figura del Procurador del Común es un referente en la mejora de la calidad de nuestra democracia, una figura que debería garantizar a los castellanos y leoneses el derecho inalienable a una buena Administración. Su comparecencia, y el relato preciso de las actividades realizadas para supervisar a la Administración en defensa de nuestros derechos, nos traen a estas Cortes, con claridad y solvencia, alguno de los aspectos negativos y oscuros más notorios de la forma de gobernar los asuntos de los ciudadanos y ciudadanas de esta Comunidad. Formas y disposiciones de gobierno que entroncan directamente con una formulación política, un programa político, una manera de desarrollar y ejercer la política en base a una ideología concreta, que se ha hecho más palmaria y sangrante en estos últimos años; un tiempo de crisis, de estafa para muchos, estafa sin parangón, que se ha llevado por delante décadas y décadas destinadas a construir, con el esfuerzo de todas y de todos, una sociedad más amable, una sociedad que perseguía y alcanzaba el umbral de un estado de bienestar social.

Nuestro grupo ha realizado una lectura atenta de su informe, de los aspectos positivos, de los logros en la atención a sus requerimientos, a sus propuestas, y de sus denuncias y consideraciones sobre determinadas respuestas, sobre la situación y funcionamiento de las Administraciones que están al servicio del contribuyente, y no a la inversa –y esto es bueno recordarlo aquí-. En esa lectura no representan tanto un aldabonazo a la conciencia los datos numéricos -que también-, que se mantienen sensiblemente iguales con el paso de los años, como la presencia tozuda y violenta de los mismos problemas, cuando no acrecentados, y la respuesta contumazmente torpe ante ellos en la mayoría de las veces. Es injustificable y alarmante el silencio a sus requerimientos de informes o documentación, así como la no ejecución de los acuerdos dimanados de la aceptación de sus recomendaciones. Como lo es también un cierto menosprecio a su intervención en materia de recordar a las Administraciones lo que la jurisprudencia dicta y la ley obliga sobre actos y decisiones.

Por desgracia, no solo se desatienden sus requerimientos, lo sabemos bien en estas Cortes, en las cuales los grupos parlamentarios de la Oposición hemos estado esperando a Godot en la solicitud que hicimos al consejero de Fomento y Medio Ambiente el pasado mes de julio para que diese cumplida cuenta en esta Cámara de la gestión realizada por su Consejería ante los incendios que han asolado nuestra Comunidad. Lamentablemente, ese es el respeto que demuestra el Partido Popular a esta Cámara. Desde nuestro grupo parlamentario les conminamos a que cambien de actitud, y les recordamos, por si lo hubieran olvidado, que ya no disponen de mayoría absoluta.

En su informe nos llama poderosamente la atención la falta de diligencia de la Consejería de Familia y de Igualdad de Oportunidades, sobre todo en lo relacionado con la Renta Garantizada de Ciudadanía. Saludamos que se introdujera tal derecho en la última reforma del Estatuto de Autonomía, pero consideramos que de poco sirve si después, en la práctica, no se lo toma en serio nuestro Gobierno. En una Comunidad Autónoma en la que hay más de medio millón de personas en riesgo de exclusión social es algo que no se puede permitir. El Procurador del Común, en este sentido, hace, entre otras, una propuesta a la Consejería, que esta ha desatendido. Se trata de realizar cambios normativos dirigidos a agilizar los procedimientos de concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Pues bien, nosotros sí que valoramos adecuadamente las instituciones de Castilla y León y sus recomendaciones. Así, hemos registrado hoy mismo la proposición de ley de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana para la Administración pública de Castilla y León, cumpliendo de este modo con nuestro programa electoral, en el cual el plan de rescate ciudadano ocupaba un lugar preponderante. En nuestra... en nuestra proposición de ley se contemplan, entre estos procedimientos, las resoluciones de la concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Asimismo, nos gustaría preguntar en qué situación se encuentra la recomendación hecha a esta misma Consejería por parte del señor Procurador del Común relativa a que se modifique el precepto que impide que se solicite una nueva prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía hasta que transcurran seis meses desde la fecha de la resolución de extinción, para que así no se queden sin todo tipo de protección aquellos que necesitan cubrir sus necesidades básicas.

Y es que, Señorías, no podemos tolerar que siga habiendo tantísimas personas en riesgo de exclusión social y por debajo del umbral de la pobreza en nuestra Comunidad. No debemos descansar ni un segundo, especialmente los miembros del Gobierno autonómico, mientras esta terrible realidad siga demoledoramente presente en nuestra tierra. Hay miles de personas que lo están pasando muy mal en Castilla y León, y es nuestra obligación ineludible dar solución real e inmediata a sus problemas. Para eso nos hallamos hoy aquí, para eso estamos en esta Cámara, al menos desde nuestro grupo parlamentario lo tenemos muy muy claro, señorías. [Aplausos].

Tristemente, no es esta la única falta de diligencia observada en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. También el informe del señor Procurador del Común detalla que la realidad del sistema público dirigido a las personas mayores ha demostrado una vez más la necesidad de aplicar nuevas estrategias sociales destinadas a la vejez para garantizar la adaptación continua de los servicios a la realidad actual y la superación de los problemas específicos de atención, especialmente en los casos de dependencia física, psíquica y sensorial. En este sentido, nuestra proposición de ley contempla como procedimiento de emergencia ciudadana el reconocimiento y el derecho a las prestaciones de las personas en situación de dependencia en Castilla y León, así como los procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad.

Por tanto, en materia de dependencia, estimamos que la Junta no debe vanagloriarse por haber obtenido la máxima nota, ya que las calificaciones a menudo no llevan aparejadas la verdadera realidad que sufren los ciudadanos. Y es que aún queda mucho trabajo por delante también en este ámbito, por lo que esperamos que vean con buenos ojos las propuestas concretas que hacemos desde nuestro grupo parlamentario.

El señor Amoedo constata, además, que no existen plazas residenciales públicas suficientes, que es necesario un sistema de protección para las familias monoparentales o que no hay dotación suficiente de plazas de escuelas infantiles públicas de cero a tres años, sin que de nuevo la Consejería haya escuchado sus recomendaciones. Y es que, del cuadro que dibuja en la amplia exposición de su intervención, fruto de actuaciones realizadas de oficio -resaltamos su magnífica labor- o como consecuencia de denuncias presentadas por los ciudadanos y colectivos de esta Comunidad, llaman clamorosamente la atención los problemas y actuaciones administrativas que tienen que ver con las necesidades básicas de las personas.

Especialmente alarmante en su informe resulta la situación en materia de vivienda, ya que pone de manifiesto la pésima gestión del Gobierno autonómico en un tema tan vital, tan esencial para que todos los castellanos y leoneses puedan tener una vida digna. Lo mismo acaece en otras áreas cruciales, como la protección familiar, la sanidad y la atención social.

También preocupan las consecuencias derivadas de un posicionamiento opaco, subjetivo, anómalo, en el ámbito de la Función Pública, que propicia y a veces potencia el enchufismo y el amiguismo, y que ningunea la calidad, la igualdad de oportunidades, la libre competencia y el derecho a acceder a puestos de trabajo en la Administración. Opacidad y amiguismo que se dan tanto en la Administración autonómica como en la Administración local; en esta aún con mayor insistencia, porque el aliento de determinadas decisiones políticas se posa como una losa en la nuca del funcionariado.

El muestrario de situaciones en torno a concurso y oposiciones sería un listado interminable, bochornoso y lamentable para exponerlo en el curso de esta intervención. Percibimos cómo la Función Pública mantiene un año más su osco carácter de incumplimiento: sigue faltando transparencia en los procesos selectivos; determinadas baremaciones subjetivas, cuando no vulneran el derecho del ordenamiento jurídico; y continúa paralizada la periodicidad de las convocatorias; las plantillas de los servicios públicos se estiran y adelgazan por el procedimiento de no cubrir vacantes; al disminuir las convocatorias se eliminan las quejas; la promoción interna sigue pendiente desde el año dos mil diez; y, logro de los logros, siguen infrautilizándose funcionarios y servicios como el Laboratorio Agrario Regional, un laboratorio creado para solucionar los problemas de agricultores y ganaderos, que presenta hoy, al parecer, extrañas conexiones con el laboratorio privado Lacyl; extrañas conexiones con el laboratorio privado Lacyl. Seguramente la Consejería de Agricultura contestará alguna vez a su requerimiento, señor Procurador del Común.

De igual modo observamos que los castellanos y leoneses están muy preocupados por las listas de espera en sanidad y que esta no es la única Consejería que no cumple con el Procurador del Común.

También nos inquieta especialmente el elevado número de quejas recibidas sobre los proyectos de investigación, exploración y posterior extracción de hidrocarburos mediante sistema de fractura hidráulica, conocida como fracking. Estas quejas (216) representan casi el 50 % de las presentadas en la provincia de Burgos; un número lo suficientemente elevado como para pedir desde Podemos, tanto a la Junta de Castilla y León como al consejero de Fomento y Medio Ambiente, que finalice ya mismo con estos proyectos.

Por todo ello, al constatar que las Consejerías no son los suficientemente diligentes con la institución del Procurador del Común, desde nuestro grupo parlamentario anunciamos que vamos a presentar una proposición de ley para reformar la Ley 2/1994, del Procurador del Común, haciendo nuestra una propuesta realizada por la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU). Queremos que las Cortes puedan reprobar a un consejero si así lo consideran el 30 % de los procuradores, en caso de falta de colaboración de una Consejería, como hemos visto que sucede a la luz del informe presentado hoy en sede parlamentaria. Consideramos que es precisa esta modificación normativa para lograr así una mayor capacidad de conocimiento y control de las acciones y de las Administraciones públicas. Esta es una propuesta que –insistimos- no parte de Podemos, sino que parte desde una plataforma ciudadana, de PLADEPU.

De este modo, con esta propuesta hacemos justo lo contrario a lo que pretende la Junta de Castilla y León, que, con el apoyo del Grupo Socialista y con la abstención del Grupo Mixto, aprobó durante la legislatura pasada la Ley 4/2013, por la que modificó el funcionamiento de las instituciones propias de Castilla y León y que, en el caso del Procurador del Común, llegó a eliminar el Título III de su ley reguladora, el cual posibilitaba defender el Estatuto de Autonomía, ya que permitía al Procurador del Común dirigirse de oficio a la Junta o a las Cortes para instarlas a interponer un recurso de inconstitucionalidad si consideraba que una ley aprobada por las Cortes pudiera ser inconstitucional o implicase un conflicto de competencia. También ha acabado dicha ley con la posibilidad que tenía el Procurador del Común de recomendar a la Administración autonómica la modificación o derogación de cualquier precepto reglamentario emanado de la Junta de Castilla y León que vulnerase, en criterio del Procurador, el Estatuto de Autonomía.

Pareciera que... -y así es, señor Herrera, es así- pareciera que la Junta y otros grupos parlamentarios, como el Socialista, tienen miedo a ser fiscalizados por una institución independiente, como es el Procurador del Común. Desde nuestro grupo parlamentario, al contrario, pretendemos colaborar al máximo con esta institución para garantizar los derechos de los castellanos y leoneses. Esta reforma de la normativa del Procurador del Común ahondaría en su protección e independencia en el control de las Administraciones públicas. De esta forma demostramos en la praxis que en nuestro grupo parlamentario tomamos en la debida consideración las instituciones propias de esta Comunidad Autónoma, al contrario que la Junta de Castilla y León.

Y aunque saludamos sinceramente las actuaciones que se han hecho gracias a las recomendaciones por parte del señor Amoedo, nos duele, sin embargo, que no haya sido así en todos los casos.

Para finalizar, quiero agradecer una vez más al Procurador del Común su comparecencia, felicitándole por su calidad en el tratamiento de su informe, que pone de manifiesto su defensa de los derechos constitucionales y de los derechos y principios contenidos en el Estatuto de Autonomía. Sepa usted que el Grupo Parlamentario de Podemos en Castilla y León está a su disposición para lo que considere en beneficio de los ciudadanos de esta Comunidad, porque, para nosotros, al igual que para usted, lo primero son las personas. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Barcones Sanz.

LA SEÑORA BARCONES SANZ:

Gracias, señora presidenta. Señorías, queremos agradecer al Procurador del Común, señor Amoedo, y a todo su equipo el trabajo desarrollado, con rigor y tenacidad, en defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León.

Reiteramos la necesidad, un año más, de que este informe se realice en los primeros meses del año, al objeto de que esté más pegado a la realidad de lo que se expone, porque algunas de las cuestiones que vamos a debatir sucedieron hace más de año y medio.

Para que el trabajo del Procurador del Común despliegue toda su efectividad, para que los ciudadanos y ciudadanas sigan creyendo y confiando en nuestras instituciones, es necesario el compromiso e implicación de las distintas Administraciones públicas con el fin de que, con su labor, se contribuya a la mejora de la calidad democrática y a garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a una buena Administración.

Y en este sentido, aunque los datos parecen desarrollarse en términos aceptables, tenemos que reflexionar, por una parte, en la respuesta de las Administraciones a las solicitudes de información efectuadas por el procurador. Y sirva de ejemplo que, como se recoge en el informe, hasta en cuatro ocasiones se solicita información a la Consejería de Agricultura y Ganadería sobre una queja presentada por diversos colectivos acerca de la infrautilización del Laboratorio Agrario Regional, como continuación de las quejas presentadas en dos mil trece. Los promotores de la queja denunciaban la existencia de dos personas contratadas por la empresa Tragsa que llevaban a cabo tareas ajenas a las que motivaron su contratación, la discriminación de los empleados públicos del laboratorio frente a los trabajadores de la citada empresa y la existencia de conexiones irregulares entre el Laboratorio Agrario Regional y el laboratorio privado Lacyl. A la fecha del cierre del informe no consta respuesta alguna a su requerimiento.

Y, por otra parte, esa reflexión nos debe llevar a analizar la pérdida de confianza en las instituciones cuando hay entidades que, tras aceptar las resoluciones, se muestran pasivas o incumplen las mismas, lo que motiva que se tenga que reabrir los expedientes y realizar el oportuno seguimiento de la efectividad de las recomendaciones realizadas. Esta forma de actuar, como pone de manifiesto el informe, revela una falta de compromiso en el... con el servicio a los ciudadanos y propicia una pérdida de su confianza.

Por lo tanto, aquellos que creemos que el Procurador del Común es una institución necesaria y vital para la mejora de la calidad democrática y para las garantías a los ciudadanos, aquellos que creemos que contribuye a crear un clima social presidido por la justicia y la inclusión de los más desfavorecidos, por la equidad y la igualdad de oportunidades, y que contribuye a que las políticas y los servicios públicos funcionen conforme a los principios de transparencia, de eficacia y de eficiencia, apostamos por el fortalecimiento de la institución y reclamamos a la Junta de Castilla y León y a la Administración local su máxima implicación en la remisión de la información solicitada, así como en el cumplimiento de las resoluciones aceptadas. Porque esta cadena tiene varios eslabones: los ciudadanos, el Procurador y la Administración. Los ciudadanos se quejan, el Procurador tramita con diligencia, con tenacidad y con efectividad; pero, si la Administración falla, se rompe la cadena de la confianza.

Tras años de recortes y de más recortes, fruto de las políticas del Partido Popular en el Gobierno de España y en la Junta de Castilla y León, que han atacado y debilitado los servicios públicos básicos (la educación, la sanidad), es lamentable ver que, cuando los ciudadanos más necesitan el compromiso de la Administración para no dejar a nadie por el camino, cuando es más necesario dar confianza y protección para evitar la fractura social, es cuando más se está debilitando esta confianza y protección, y, además, con una crudeza injusta, que no solo denuncia el Partido Socialista, que denuncian los ciudadanos a través de sus quejas. Los discursos triunfalistas omiten que una parte de nuestros vecinos y vecinas sufren, una realidad en la que el 20,4 % de la población castellano y leonesa vive en riesgo de pobreza o exclusión social, que 94.000 son menores, uno de cada cuatro niños y niñas.

Las quejas recibidas en el área de industria, comercio, empleo y seguridad social se han incrementado respecto al año dos mil trece de 135 a 182 quejas, aumento que surge del mayor número de quejas registradas sobre prestaciones sociales, en particular, sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía y sobre las ayudas económicas para cubrir necesidades básicas en situaciones de urgencia social. Y el Procurador del Común, a través de este informe, les dice, tanto de oficio como con ocasión de la tramitación de alguna queja, que, pese a la modificación normativa operada en la Renta Garantizada de Ciudadanía, seguirá habiendo ciudadanos que, teniendo una prestación a cargo de las Administraciones públicas inferior al importe que les correspondería como beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía, no les será reconocida esta con carácter complementario hasta su cuantía básica.

Y sin éxito, en cuanto a la respuesta que le ha dado la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, han quedado las solicitudes del Procurador del Común para que se flexibilice la valoración de los bienes inmuebles, así como para la agilización de los procedimientos de concesión. Y es que ustedes no pueden olvidar que somos la Comunidad de España que más solicitudes rechaza, el 53,35 %, a no ser que la intención sea colocar trabas en el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía para ajustar así el número de perceptores a su presupuesto.

El Grupo Socialista defendió y promovió su creación, defendió su ampliación y vamos a seguir exigiendo, como en este informe lo hace el Procurador del Común, la reforma de la ley garantizada de ciudadanía, para que realmente garantice la cobertura de las necesidades sociales de todos los ciudadanos de Castilla y León. [Aplausos].

Y hoy comienza el curso escolar, curso escolar marcado por la incertidumbre, una incertidumbre calificada por el consejero como "incertidumbre lamentable", ante una situación en nuestra educación precedida de recortes y más recortes que van camino de convertir el ejercicio dos mil quince –como ya avanzaba hoy algún medio de comunicación- en un año récord en el número de quejas presentadas ante el Procurador del Común. Quejas que tienen su origen en la LOMCE, ley que han aprobado y están implantando en la más absoluta soledad, porque cuenta con el rechazo de padres y madres, de alumnos, del profesorado, del resto de partidos políticos, sin diálogo, sin el necesario diálogo. Y los recortes, más recortes que han dado lugar a más desigualdad, a que uno de cada tres padres esté pasando serios apuros para adquirir los libros de sus hijos. Les recordamos que han acumulado en la pasada legislatura un recorte en la reducción de programas y ayudas a libros de texto en educación no universitaria de 84.000 beneficiarios. Que con la desconfianza creada en cuanto a la alimentación que reciben nuestros hijos, y así ha actuado el Procurador del Común, recabando información, aunque sin éxito al cierre del informe, sobre los gorgojos, pero después apareció una tuerca, una tuerca en la comida de nuestros hijos. Un retroceso en la calidad de la alimentación en los comedores escolares. Con una reducción de profesores entre dos mil diez y dos mil catorce de 1.872. Todo ello, la consecuencia de un recorte acumulado de 912 millones de euros.

¿Y qué decir en cuanto a la educación universitaria? Han conseguido que tengamos ya las segundas tasas más caras de España por un recorte continuado entre dos mil once y dos mil quince del 10 % anual, por un recorte de 679 profesores universitarios menos y por un recorte de 5.000 estudiantes con derecho a beca que se han quedado sin ella por falta de presupuesto.

Blindemos la educación pública y el mantenimiento de la calidad educativa, porque los ciudadanos se quejan, y normal que se quejen. [Aplausos].

Y nuestra sanidad, que se devalúa por enteros, como ayer puso de manifiesto la Federación de Defensa de lo Público, fruto de sus recortes, de sus decisiones, en los que, una vez más, aparecen las listas de espera en dos expedientes concernientes a la problemática existente con la importante lista de espera para realizar pruebas diagnósticas y para acceder a consultas de especialidades, en los que, como refleja el informe, no existe garantía normativa ni de plazos.

Y cuando nos adentramos en la problemática de las listas de espera y ponemos en conjunción este informe con el del Consejo Económico y Social de Castilla y León, porque ya les hemos comentando en más de una ocasión la conveniencia de analizar de forma conjunta ambos informes, constatamos que los recortes en dos mil catorce no han parado: el personal sanitario en atención especializada se ha visto reducido del ejercicio dos mil trece a dos mil catorce en 750 profesionales más... 750 profesionales menos al servicio de nuestra sanidad pública, y esto nos lleva a que las listas de espera se disparen –y no lo digo yo, lo dice el CES-, que las listas de espera se incrementaron en el ejercicio dos mil catorce respecto al año anterior tanto en intervenciones quirúrgicas (con un incremento de un 1,42 %) como en primeras consultas (con un incremento de un 22,3 %), y el récord en pruebas diagnósticas (con un incremento de un 26,8 %). La demora media en primeras consultas se situó en 47 días (11 más que en dos mil trece); la espera media en pruebas diagnósticas se situó en 63 días (aumentando 23... 21 días respecto del ejercicio anterior). No solo no han sido capaces de mejorar las deficiencias, de mejorar las listas de espera, sino que las han incrementado con sus decisiones. Y, tanto en las quejas de los ciudadanos ante el Procurador del Común como en los datos del CES, destaca el Hospital Universitario de Burgos, privatizado; destaca como el objeto de quejas; destaca como el líder en el ranking de las listas de espera. Hospital que nos cuesta a todos los castellanos y leoneses 70 millones de euros al año en concepto de canon. El pozo sin fondo de la inversión de recursos públicos para ofrecer un servicio no solo con un coste desmedido, sino además ineficaz e ineficiente. [Aplausos].

Y ahora, señorías, hablemos del medio ambiente, donde ha aumentado notablemente el número de quejas presentadas con respecto al año anterior, tanto en números absolutos como relativos, ya que este año las reclamaciones presentadas en el... en el área de medio ambiente suponen el 18,1 % del total. Este incremento, provocado en este área –en el área de medio ambiente-, se debe a los proyectos de investigación, exploración y posterior extracción de hidrocarburos mediante el sistema de fractura hidráulica o fracking, y ha despertado que en la zona norte de la provincia de Burgos los vecinos hayan mostrado su oposición. Por los perjuicios que pudiera suponer para el entorno medioambiental, se lo piden los ciudadanos, se lo hemos pedido y se lo volvemos a solicitar: el Grupo Parlamentario Socialista les emplaza a declarar, de una vez por todas, a Castilla y León como una Comunidad libre de fracking, sin más excusas y sin más dilaciones. [Aplausos].

Y queremos destacar la importante labor realizada, tanto en este ejercicio como en anteriores, en defensa del derecho social de todos los ciudadanos a la vivienda, porque, tanto en sus actuaciones de oficio como a instancia de los ciudadanos, nos preocupa, como así se refiere en la página 561 del presente informe, cuando dice –y cito literalmente-: en cuanto a las viviendas de protección pública la "pasividad de la Administración ante la existencia de cláusulas abusivas en contratos de compraventa de viviendas de protección pública en general, y por falta de reciprocidad en las penalizaciones fijadas para las partes en caso de renuncia o incumplimiento, en particular. Esta pasividad ha dado lugar en dos mil catorce a una nueva resolución dirigida a la Consejería de Economía y Empleo, en la cual se recomendó a la misma que sancionara la inclusión de aquellas cláusulas. El hecho de que estas resoluciones no fueran aceptadas evidencia una voluntad de la Administración autonómica contraria al debido ejercicio de sus funciones dirigidas a garantizar la protección de los adquirentes de este tipo de viviendas". No lo digo yo, lo dice el señor Procurador del Común.

Y hasta tres resoluciones ha dirigido a la Consejería competente en orden a que se proporcione, de una forma proactiva y a través del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida, información a los ciudadanos en el sentido señalado. Y dice el informe: "En cualquier caso, las quejas que se han recibido respecto a las dificultades para acceder a una vivienda de protección pública evidencian, no solo la falta de información adecuada, sino también la insuficiencia de las viviendas disponibles en la actualidad para atender todas las necesidades. En materia de ayudas económicas (...) la supresión de las subvenciones y el agotamiento de los fondos destinados al abandono de las ya concedidas han sido las problemáticas más frecuentes". Y esta preocupación del Procurador del Común en materia de vivienda es compartida por el Grupo Parlamentario Socialista, que el pasado seis de julio registró una ambiciosa proposición no de ley que recoge un paquete de medidas destinadas a apoyar y ayudar a aquellas familias más desfavorecidas, azotadas por la dureza de la crisis, con la creación de un parque público de vivienda de alquiler social, al que, por cierto, por sus manifestaciones, le damos la bienvenida al señor consejero. Esperamos atento, y le vemos que atento presta a nuestras intervenciones, a que sus dichos se conviertan en hechos en los Presupuestos. Porque su política en materia de vivienda ha fracasado, y su fracaso es el de todos los castellanos y leoneses. Porque su gestión deja un saldo en el que 9 de cada 10 solicitantes de ayuda al alquiler se han quedado fuera. Porque, conforme a los datos facilitados por el INE, en el segundo trimestre de este año ha habido más de 1.000 ejecuciones hipotecarias, a las que hay que sumar casi millar y medio del primer trimestre. Y les tendemos la mano para aprobar una iniciativa que ponga fin de raíz al drama de los desahucios, erradicando de una vez por todas que muchas personas pierdan su vivienda mientras otras se lucran de la desgracia ajena. [Aplausos].

Son muchas las reclamaciones que se abordan en este informe en cuanto a la caída de la licitación pública por parte de la Administración autonómica, que ha caído a la mitad en el ejercicio dos mil catorce. En cuanto a los servicios municipales, especialmente las obras de pavimentación, habría que ver si la falta de dotación por parte del Estado y de la Comunidad Autónoma en los planes provinciales no han sido motivo o consecuencia de ello.

Como decía, son muchas las reclamaciones que se abordan en este informe. Es imposible, en este breve tiempo del que dispongo, analizarlas todas. Por eso, voy a concluir diciendo que, para los socialistas, el gran objetivo de esta legislatura es la recuperación económica, pero no una recuperación económica a cualquier precio, de cualquier manera: o hay una recuperación justa, o no será recuperación; o logramos una recuperación económica que llegue a la vida real de las personas, y reduzca las desigualdades, o no podremos hablar de recuperación. Ustedes han decretado el final de la crisis en nuestra Comunidad, pero los ciudadanos lo único que siguen percibiendo son recortes y más recortes, desigualdad y más desigualdad. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León, y en este camino, señor Procurador del Común, señor Amoedo, al Partido Socialista lo tiene de su lado. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández Carriedo.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ CARRIEDO:

Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Quiero comenzar agradeciendo a don Javier Amoedo, a la institución que representa, al Procurador del Común, por su trabajo todos estos años, y agradecerles también por la calidad del resultado del informe que hoy aquí se nos presenta. Un agradecimiento que le ruego haga extensivo a los compañeros y trabajadores de la institución –muchos hoy aquí nos están acompañando esta tarde en el debate de las Cortes de Castilla y León-.

Estamos, sin duda, ante una institución, la del Procurador del Común, que podemos ya considerar consolidada en Castilla y León. Dispone de unos profesionales muy cualificados y muy comprometidos en la muy importante labor que realizan. Dispone de medios a los que había aspirado durante años, y que hoy por fin son una realidad. Y actúa con eficacia y con austeridad, algo que sin duda creemos que se ve reforzado por la reforma de la Ley de Instituciones Propias de la Comunidad, del año dos mil trece. Por cierto, nuestro grupo va a estar siempre atento a cualquier propuesta de reforma que mejore la figura y la institución del Procurador del Común, particularmente si parten del propio Procurador del Común, como ocurre con la reforma del Título III de esa institución, que se reforma a consecuencia del propio Estatuto de Autonomía y a consecuencia también de las propias indicaciones del Procurador del Común. Una reforma que, además, hay que recordar que en Castilla y León siempre –tanto la aprobación de la ley como sus posteriores modificaciones- se ha hecho por consenso de los grupos parlamentarios. Y unos medios que están contribuyendo a que Castilla y León sea hoy mejor. Y lo dice el propio Procurador del Común en su página 11 del informe –y cito textualmente-, donde reconoce que la institución está contribuyendo a mejorar la calidad democrática y a garantizar a los ciudadanos el derecho a una muy buena Administración en Castilla y León.

Y por eso creemos que esta es una sesión muy importante. Hablamos de calidad de vida, hablamos de demandas de los ciudadanos y hablamos de aspiraciones de los ciudadanos. Y es por eso que, quizá, de los 6 partidos políticos representados en esta Cámara, 5 han decidido que sea su portavoz el que intervenga en la sesión plenaria de hoy. Eso es, sin duda, yo creo, algo que significa el reconocimiento a la labor del Procurador del Común y el respeto que nos merecen los ciudadanos y que, al menos, hemos reflejado hoy aquí, en esta sesión, 5 de los 6 partidos políticos que tenemos representación parlamentaria.

Y conviene analizar el informe partiendo de una base: cada queja es importante y cada aspiración cuenta, porque estamos hablando de las aspiraciones y de las demandas de los ciudadanos de Castilla y León. Evidentemente, el contenido de mi intervención no permite analizar todas y cada una de ellas, pero sí conviene que respondamos a tres preguntas: ¿cuál es el número total de quejas, de qué Administración se quejan los ciudadanos y cuáles son las materias fundamentales objeto de estas quejas?

La primera de ellas... ¿cuál es el volumen total de quejas? Del análisis del informe del Procurador del Común se obtienen cuatro conclusiones. La primera de ellas es que dos mil catorce es el tercer año con el número más bajo de quejas de los últimos diez. Esta es una realidad que se desprende del informe. Unas quejas que han venido descendiendo progresivamente en los últimos años, como se pone de manifiesto que en el año dos mil doce fueron 4.264, que en el año dos mil trece fueron 3.300, y hoy estamos hablando de 2.052; un 52 % menos de quejas que hace dos años; un 38 % menos que en el año precedente.

Y una conclusión adicional: que en el año dos mil catorce hemos alcanzado un volumen de quejas que es comparable al que teníamos en el año dos mil siete, el año justo antes de la crisis económica, o al menos el que la mayor parte de los ciudadanos consideran el principio de la crisis –aquel cuando muchos negaban la crisis o no tomaron medidas contra ella-. Hace ocho años las quejas en Castilla y León fueron 2.028; hoy son 2.052. Y esta reducción ha sido generalizada y homogénea: generalizada porque afecta tanto a las quejas colectivas como individuales, como afectan también a todas las quejas presentadas tanto por razón de sexo u otros criterios. Y no es que estas quejas hayan derivado a la institución del Defensor del Pueblo –que podría haber sido, que no se hubieran presentado ante la figura del Procurador del Común en Castilla y León porque se hubieran derivado ante otra institución-; no ha sido así, porque también las quejas presentadas por ciudadanos de Castilla y León ante el Defensor del Pueblo se han reducido. En el año dos mil trece fueron 2.225 y el pasado 1.182; un 47 % de reducción.

Por tanto, tenemos aquí una primera conclusión: el número de quejas se ha reducido en los últimos años y ha alcanzado niveles comparables a los del inicio de la crisis económica.

Una segunda pregunta: ¿ante quién se quejan los ciudadanos? Y aquí también obtenemos tres conclusiones. La primera de ellas, el mayor... el mayor volumen de quejas, con gran diferencia, se dirige hacia las corporaciones locales; el 47 % del total de quejas; la mayor parte a los ayuntamientos, el 90 %; siguen las entidades locales menores, el 6 %; y, finalmente, diputaciones y mancomunidades, el 3 y el 1 % respectivamente.

Por eso hay que reconocer también –hoy ya se ha... se ha dicho aquí por parte de algún grupo- el papel que tenemos todos y cada uno de los partidos políticos de instar a nuestros respectivos grupos en los ayuntamientos para que hagan frente con mayor eficacia a las propuestas y a las demandas de la institución del Procurador del Común. Porque aquí, cuando hablamos de quejas de los ciudadanos, no estamos hablando de las quejas ante la Junta de Castilla y León, sino de quejas ante las Administraciones públicas de Castilla y León, y, fundamentalmente, ante las responsabilidades municipales, por cierto, de todos los grupos políticos representados en esta caja... en esta Cámara.

Y el mayor número de quejas admitidas corresponde asimismo a las corporaciones locales. La media de quejas admitidas por el Procurador del Común ha sido el 46 %: de cada 100 quejas presentadas, 46 han sido admitidas a trámite. Pues bien, cuando esa queja correspondía a una corporación local la cifra se elevaba hasta el 63 %; cuando correspondía a la Junta de Castilla y León se rebajaba hasta el 39 %. De forma que, de las quejas admitidas, 609 corresponden a las corporaciones locales y 335 –la mitad- a la Junta de Castilla y León.

Y es que, además, las corporaciones locales –y lo ha dicho también aquí don Javier Amoedo- son precisamente las Administraciones públicas de Castilla y León que menos han hecho caso a los requerimientos y a las demandas de la propia institución del Procurador del Común.

Y es que, señorías, las quejas se han reducido para todas las Administraciones, pero no de forma homogénea. La reducción –como se ha dicho-, en términos medios, ha sido de un 38 %. Pues bien, mientras las quejas hacia la Junta de Castilla y León se reducían el 56 %, las de las corporaciones locales su reducción experimentaba apenas una disminución del 1 %.

Y de aquí obtenemos una nueva conclusión, que es que las corporaciones locales de Castilla y León son las Administraciones públicas con más dificultades para prestar los servicios públicos que tienen encomendado. Y la respuesta ante este hecho no es eliminar los ayuntamientos, sino reconocer la dificultad y apoyar y mejorar la eficacia en su... en su funcionamiento. Por eso es tan importante recordar aquí la importancia y la oportunidad de la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio que hicimos aquí la pasada legislatura, la oportunidad del acuerdo que formalizábamos cuatro grupos políticos con la Junta de Castilla y León para unas reformas importantes, entre ellas, el desarrollo de la Ley de Ordenación del Territorio. Y que, fundamentalmente, este desarrollo se haga en lo que corresponde al mundo rural, una vez que hemos conseguido aprobar los mapas de las áreas funcionales estables, que pongamos en marcha y llevemos acuer... a cabo el acuerdo, como así se comprometió y como así ha presentado la propia Junta de Castilla y León, de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio.

Y una tercera cuestión: ¿sobre qué materias se quejan los ciudadanos? Bien, son dos las materias que absorben el mayor número de quejas, y además por importe igual. La primera de ellas, los bienes y servicios de carácter municipales y, lo segundo, el medio ambiente. Es cierto que las quejas en materia de medio ambiente han aumentado de forma sustancial, pero, como bien dice el informe del Procurador del Común en su página 566, la mayor parte de las quejas en este ámbito corresponden a la contaminación acústica, a los malos olores y a las vibraciones. En definitiva, a las competencias de carácter municipal.

Yo siento dar un disgusto a algún grupo político que imputa ese aumento de las quejas en materia de medio ambiente a la Junta de Castilla y León; pero lo cierto y verdad es que ese aumento en el área de medio ambiente se centra fundamentalmente en las competencias de ámbito municipal, porque, precisamente, donde se asume el menor número de quejas es en los ámbitos de la economía y en los ámbitos de los servicios públicos y de la cohesión social.

Y, efectivamente, si agrupamos por grandes materias, vemos que el 47 % de las quejas corresponden a las corporaciones locales de Castilla y León; que los sectores económicos de Castilla y León -agrupando en ellos agricultura, ganadería, industria, comercio, turismo o empleo, por ejemplo- absorben el 13 % de todas las quejas presentadas; o que los servicios públicos o la cohesión social –una materia tan querida por nosotros- representan apenas el 16 % de las quejas. En educación, el 4 % de las quejas. Claro, por parte de algún grupo se ha querido manifestar como que este número de quejas fuera absolutamente tremendo o inasumible. Pues bien, estamos hablando del 4 % de las quejas, por ejemplo, frente al 18 % de las quejas en las áreas medioambientales competencia de las corporaciones locales. En sanidad, el 5 % de las quejas totales. En familia, el 5 %... el 7 % -perdón- de las quejas totales. Y es que, además, mientras las quejas en bienes y servicios municipales aumentaban, las quejas en servicios públicos y cohesión social disminuían claramente.

Y aquí hay una nueva cohesio... una nueva conclusión: el número de quejas es coherente a cómo perciben los ciudadanos la realidad de lo que pasa en nuestra Comunidad Autónoma, y es que las corporaciones locales tienen serias dificultades para prestar los servicios públicos de calidad, pero nuestra Comunidad presenta un importante liderazgo en la calidad y equidad de los servicios públicos fundamentales, y así lo atestiguan los principales informes independientes en esta materia.

Se nos acusa aquí al Grupo Popular, o la Junta de Castilla y León, de sacar pecho o tener orgullo de esos informes. Es que el orgullo lo debiéramos tener todos los ciudadanos de Castilla y León, y muy especialmente los que les representamos hoy aquí en esta Cámara... [aplausos] ... porque vivimos en una Comunidad Autónoma que lidera la calidad y lidera la equidad de los servicios públicos esenciales. También en la Renta Garantizada de Ciudadanía, porque no todas las Comunidades Autónomas tienen Renta Garantizada de Ciudadanía. Precisamente algunos de los partidos políticos que hoy aquí nos demandaban más ese instrumento, allí donde gobiernan todavía no lo han desarrollado. Y estamos hablando de que nosotros en el año dos mil siete ya pusimos en marcha una reforma del Estatuto de Autonomía que nos permitió poner en marcha, a su vez, esta Renta Garantizada de Ciudadanía, porque veníamos... veíamos también lo que se avecinaba. Y se hizo por consenso; por consenso en las Cortes de Castilla y León. Si es que lo apoyamos los grupos políticos representados en las Cortes de Castilla y León, y por consenso en el marco del diálogo social, porque obtuvo el respaldo y el apoyo del diálogo social.

Y vimos, con el tiempo, que podíamos mejorarlo; que a pesar de las circunstancias de crisis económica, y precisamente como consecuencia de esta dificultad de muchas familias por acceder a las rentas a las que tienen derecho, había que hacer algunas mejoras. Y yo le felicito a usted, señor Procurador del Común, porque nos avisó de algunas de las cuestiones que podíamos mejorar en términos de compatibilidad de la percepción de la Renta Garantizada con otras prestaciones y subsidios públicos. Y, haciéndonos eco de esa realidad, se produjo el año pasado –al que se refiere este informe- una reforma de esa Renta Garantizada de Ciudadanía, también por consenso; por consenso de todos los grupos políticos y por consenso también de los agentes del diálogo social. Por tanto, aquellos partidos políticos que apoyaron la reforma y que hoy la critican, quizá lo que tendrían que hacer es poner en marcha el modelo de Castilla y León en aquellas Comunidades Autónomas donde están y donde vienen gobernando... [aplausos] ... porque hay que decir también que este instrumento y otros instrumentos son los que hacen posible que en Castilla y León, dentro de las dificultades, nuestro riesgo de exclusión social sea menor que la media o incluso se haya reducido durante la época de la crisis económica.

En fin, tenemos ante nosotros varias conclusiones, los niveles de quejas son comparables a los que se producían antes de la crisis. Las principales quejas se dirigen hacia las corporaciones locales y tienen que ver fundamentalmente con los servicios que estas prestan y, en mucho menor medida, con los ámbitos de competencia económica o con los ámbitos de competencia de servicios públicos o de cohesión social.

Y quizá la inclusión... la conclusión más importante de todas, que comenzamos el año dos mil quince en unas condiciones muy distintas de las que teníamos como cuando comenzábamos la pasada legislatura. Hoy aquí se ha recordado. Ya no hablamos solo de qué medidas poner en marcha para salir de la crisis y de la recesión, estamos hablando del cómo y en qué condiciones hacerlo. Tenemos por delante cuatro años muy importantes de esta legislatura, y el informe que hoy aquí se nos presenta nos va a ayudar a abordar mejor esos cuatro años que tenemos por delante, porque el Procurador del Común nos va a ayudar a contribuir a ello. Y yo creo que este informe, además, reivindica los objetivos que nos hemos planteado para esta legislatura, los que presentó aquí Juan Vicente Herrera cuando obtuvo la confianza de la Cámara, los que están presentando los consejeros del Gobierno Autonómico como su programa de legislatura, porque nosotros, cuando otros quieren usar el informe del Procurador del Común como instrumento para destruir, nosotros lo usamos para instrumento para construir y para mejorar. Es lo que merecen los ciudadanos de Castilla y León, que nos pongamos de acuerdo, que aprovechemos los cuatro años de legislatura que tengamos por delante, que examinemos con mucho detalle las quejas y que estas quejas nos ayuden a ser mejores en un contexto en que tenemos ante nosotros la oportunidad de mejorar la vida de los ciudadanos, de reducir las cifras de paro y de seguir liderando, como hasta hoy, los servicios públicos y la cohesión social en el conjunto de España. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para contestar, tiene la palabra el Procurador del Común, señor Amoedo Conde.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMOEDO CONDE):

Muy breve. En primer lugar, mi agradecimiento a todos los elogios recibidos por los portavoces de los distintos partidos. En realidad, el Procurador del Común lo único que hace es recoger las quejas de los ciudadanos, manifestar su opinión sobre la actuación de las Administraciones, regular o irregular, y todo ello siempre con una objetividad, independencia e imparcialidad que no se nos puede negar en ningún momento.

Efectivamente, en este año se ha reducido el número de quejas. El número de quejas yo creo que es una cosa coyuntural. Muchas veces se le da una gran importancia; yo creo que no la tiene. Ojalá que hubiera menos, porque eso supondría que los ciudadanos de nuestra Comunidad tenían menos... menos motivos para quejarse de la actuación de la Administración.

Pero, efectivamente, como les decía, este año hay... menores quejas, menos quejas, pero en el año actual, en este momento, que estamos en el mes de septiembre, hay 3.772 quejas recibidas en la institución del Procurador del Común. Lo ha dicho hoy la prensa, yo lo he leído... yo ya lo sabía, pero yo lo he leído hoy en la prensa, ¿eh?, que aparecía esa... esa manifestación del número de quejas de 3.772.

Pero bueno, efectivamente, como creo, es una cosa coyuntural, y nosotros lo que siempre solicitamos, damos nuestra opinión a las Administraciones cuando formulamos nuestras resoluciones.

Aquí se ha hablado de la falta de información y de la falta de contestación a las resoluciones y del incumplimiento de las resoluciones que han sido aceptadas. Efectivamente, en muchas ocasiones necesitamos o no tenemos la información que hemos solicitado de modo reiterado a las Administraciones, donde incluso llegamos a solicitarlo telefónicamente. No se contesta a nuestras resoluciones y nosotros determinamos, pensamos –contestando a la primera persona que ha intervenido hoy en este acto- nuestra posición, si lo remitimos o no al Ministerio Fiscal. Yo le tengo que decir que hacemos un estudio detenido, como usted sabe yo soy fiscal, y estudio toda la problemática y... y estudio para ver si efectivamente nos encontramos ante un posible delito del Artículo 502. Es muy difícil, es muy difícil el obtener algunas sentencias condenatorias sobre este tipo, pero también le tengo que decir que muchas veces, cuando nosotros hacemos los correspondientes apercibimientos y requerimientos de que se puede incurrir en un delito previsto y penado en el Artículo 502, la contestación es inmediata. Pero bueno, hay otros... Administraciones que no contestan y nosotros tomamos la decisión si efectivamente lo mandamos o no lo mandamos al Ministerio Fiscal.

En cuanto a las quejas aceptadas y que no se cumplen, miren ustedes, señorías, yo, cuando dicto una resolución, manifiesto y pongo en conocimiento del ciudadano que, si se acepta la resolución y no se da cumplimiento, que, por favor, lo pongan en conocimiento de la institución, porque para nosotros es totalmente imposible hacer un seguimiento de cada una de las resoluciones aceptadas para ver si se cumplen o no se cumplen. Y tengo que decir que son muy escasas, muy escasas las manifestaciones del ciudadano que tiene una resolución a su favor y que ha sido aceptada, y que, a lo mejor, no se ha cumplido por parte de la Administración, que se hayan dirigido a la institución para ponerlo en conocimiento del Procurador del Común. Esa es una realidad que nosotros lo vemos del día a día.

Yo no quiero cansarles a ustedes... la atención de ustedes, y, entonces, vuelvo a reiterar mi agradecimiento por los elogios de la institución del Procurador del Común y de todas las personas colaboradoras.

Pero no quiero dejar de hablar sin hablar de uno de los temas que aquí me han manifestado ustedes, que es de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Efectivamente, son muchas las quejas que se han... que se han recibido sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía. La consejera o la anterior consejera siempre contestaba a nuestras informaciones. Efectivamente, en algunos casos se aceptaba y en otras no, mayormente no; pero, bueno, en algunos sí se aceptaba la resolución del Procurador del Común. Parecía que la consejera de Familia estaba enfadada con la institución porque hacía poco caso a nuestras resoluciones.

Efectivamente, se ha hecho una modificación, una modificación a la que ha hecho referencia el portavoz del Partido Popular, pero yo creo que esa... esa modificación es insuficiente, porque lo que tiene que hacerse es una compatibilidad de la Renta Garantizada de Ciudadanía con cualquier prestación contributiva o no contributiva de la Administración pública... [aplausos] ... cuando esta sea insuficiente... que sea insuficiente para atender las necesidades de los ciudadanos. Ha sido positiva. Yo la he recibido con una enorme satisfacción, pero yo creo que ya en nuestras resoluciones hemos hecho constar la insuficiencia de esta... de esta... de esta modificación.

Nada más. Solamente decir que me ha parecido muy bien uno de los portavoces, me parece de Ciudadanos, de... el Procurador del Común siempre está dispuesto, en cualquier momento, para poder y para atender... y para charlar y para hablar con los representantes de cada uno de los partidos políticos que hoy integran esta Cámara. Creo que ya hace tiempo, en el momento en que tomaron posesión, me ofrecí y le ofrecí mi institución para charlar y hablar con ellos sobre los problemas que había o que tenía en la institución.

Por todo ello, nada más, muchas gracias, y, si Dios quiere, hasta el año que viene. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Muchas gracias. Se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las diecinueve horas diez minutos].