DS(P) nº 53/9 del 21/12/2016

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión. Tomen asiento, por favor. Por el señor secretario se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día.

Mociones

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias. Tercer punto del orden del día: Mociones.

M/000123

Y dentro del apartado primero, de debate de las mociones, comenzamos por la Moción 123, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, derivada de la interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por dicho grupo parlamentario, sobre política general en materia de lucha contra la despoblación, sustanciada en la Sesión Plenaria del trece de diciembre de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para presentar la moción, por el grupo proponente tiene la palabra el señor Tudanca Fernández.

EL SEÑOR TUDANCA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señores y señoras procuradoras. Evidentemente, hoy –y afortunadamente- no tengo que explicar que la despoblación es el principal problema de esta Comunidad Autónoma, y esto ya de por sí es un avance.

Si miramos al pasado, ayer conocía... antes de ayer conocíamos los datos de dos mil quince, y, una vez más, somos los primeros, los primeros en pérdida de población; en términos relativos y en términos absolutos: 24.534 habitantes menos y un descenso de prácticamente el 1 %. Castilla y León ha perdido 1 de cada 3 habitantes que ha perdido el país, y, de las 11 provincias que más habitantes pierden, 6 son de nuestra tierra.

Y si miramos al futuro, el panorama no es nada mejor. Las previsiones del INE nos dicen que durante los próximos 15 años Castilla y León perderá la mitad de los habitantes que pierda nuestro país, lo que nos dejará peligrosamente cerca de los 2.000.000 de habitantes. Y de esto podemos extraer dos conclusiones: la primera, que el problema es europeo, es nacional, pero aquí es mucho más grave que en ningún sitio; y la segunda, que las políticas de lucha contra la despoblación han sido un rotundo fracaso.

Hoy vengo aquí a reivindicar que la política no puede limitarse a la mera gestión del presente, sino, sobre todo, a ser capaces de imaginar y de conseguir un futuro mejor para la gente de esta tierra, para Castilla y León. Y el PP en esta materia está absolutamente desbordado. Son muchos los... muchos años de planes y de agendas vacíos, y de una estrategia económica, industrial y social absolutamente equivocada. Y eso es porque nunca ha habido un esfuerzo financiero adicional y específico; nunca se ha pensado que si lo que se llevaba haciendo 20 años no funcionaba quizá era el momento de cambiar y de hacer otra cosa. Esta Comunidad Autónoma se muere, y, en su duelo, el Partido Popular no ha pasado de la fase de la negación. El señor Herrera minimiza o niega el problema cada oportunidad, o busca fuera a quién atribuir su culpa. Pero la realidad es tozuda y dramática. Sabemos el diagnóstico, pero faltan soluciones valientes. Esta Comunidad está en riesgo. Su propia viabilidad está en peligro si no revertimos esta sangría. Y, sí, necesitamos ayuda externa, pero la autonomía política de Castilla y León no tendrá sentido si no es útil para resolver el principal reto que tenemos. Por eso hoy queremos venir aquí a hablar de soluciones. Castilla y León necesita un nuevo modelo de lucha contra la despoblación, un nuevo modelo social y económico, una alternativa diferente. Y hoy queremos debatirla en esta Cámara.

Hemos presentado una moción con cincuenta medidas, que no son todas las necesarias pero sí las imprescindibles, y que pretenden ser una nueva estrategia, abierta, ¿cómo no?, al resto de los grupos parlamentarios, a los agentes económicos y sociales, a los ayuntamientos; en definitiva, abierta a la más amplia participación.

Esta nueva estrategia tiene tres elementos previos fundamentales: un presupuesto específico para la lucha contra la despoblación y el equilibrio demográfico, así como un sistema de evaluación y cumplimiento; la determinación de las zonas de prioridad demográfica, porque la intensidad de la despoblación no es igual en todos los sitios, y esta estrategia debe servir también para reducir los desequilibrios demográficos que tenemos; y, en tercer lugar, la participación en la gestión y la cooperación entre todas las Administraciones.

Cincuenta medidas ambiciosas y, en muchos casos, novedosas, que comprenden varios bloques. En primer lugar, el desarrollo económico, con incentivos fiscales y financieros adicionales; con programas territoriales para la industrialización; con incremento de la investigación, el desarrollo y la innovación hasta los 350 millones de euros al año; con un plan de retorno del talento profesional y científico por importe de 20 millones de euros anuales... en cuatro años, perdón; con nuevos instrumentos financieros públicos para la promoción de actividades en zonas despobladas; y con la implantación de banda ancha en... de al menos 30 megas en todo el territorio y de 100 megas en los municipios de más de 20.000... de más de 2.000 habitantes. Que tiene que ver, también, con los fondos europeos a través de la modificación de los criterios de asignación y cofinanciación de los fondos, para que tengan en cuenta las variables demográficas; que tengan en cuenta la cogestión de los fondos por parte de la Junta con las Administraciones locales, y que no computen para el objetivo de déficit la cofinanciación de los proyectos estratégicos en las zonas más despobladas. Que tiene que ver con la regulación inmediata del Fondo de Compensación, del Plan de Convergencia Interior, con la duplicación de la financiación local, con la garantía de los servicios públicos, con las medidas laborales necesarias para la igualdad salarial entre mujeres y hombres, para la equiparación de salarios de Castilla y León con otros territorios a los que emigran nuestros jóvenes, con planes de empleo juvenil específicos y con nuevos yacimientos de empleo, sumado a otras iniciativas en materia de vivienda, de infraestructuras, de política agraria, de servicios sociales, de natalidad, de inmigración o de educación.

Como les decía, es difícil concentrar en este debate todas las propuestas, porque este debate trasciende esta propia proposición, pero el objetivo es cambiar el modelo de nuestra Comunidad en lo que se refiere a la lucha contra la despoblación. El Gobierno puede seguir pensando en pequeño, poner parches o adoptar medidas parciales que sirvan como bálsamo para su conciencia, pensando que, quizás, el problema nos lo resolverán otros. Pero, ya no estaremos aquí, porque es demasiado tarde. Quizá estemos tan cerca del precipicio que es momento de que cambiemos de dirección, o nos despeñaremos. Tenemos una enorme responsabilidad ante las generaciones futuras. Son muchas las cosas que quedan por hacer en Castilla y León, muchos los objetivos, pero no hay ninguno mejor que la ambición de construir una tierra de oportunidades en la que todo el que quiera pueda vivir en ella. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señor Tudanca. A continuación, los grupos parlamentarios fijarán su posición. En esta enmienda no se han presentado... perdón, a este moción no se han presentado enmiendas. Tiene la palabra el señor Santos Reyero, en representación del Grupo Mixto.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Bien, de forma rápida, porque hay muchísimas cosas que me gustaría decir. Me gustaría empezar por decir que mucho se ha hablado en esta Cámara de despoblación, y mucho se hablará, probablemente; pero lo que sí queda claro es que nada se ha conseguido hasta ahora, porque, a día de hoy, con los datos de que disponemos, esta Comunidad, a pesar de que muchos de ustedes sigan diciendo región, esta Comunidad -repito-, sigue siendo la cabeza o la líder en pérdida de población durante el primer semestre del año en España. Mal panorama, agravado aún más por ese envejecimiento y por una pirámide poblacional invertida, que hacen de la situación uno de los problemas más graves... más graves, que quizá sí puede ser un problema de Estado -como defiende el presidente Herrera-, pero que se expresa con mayor dureza en esta Comunidad Autónoma.

Sin más, voy a intentar repasar los más de cincuenta puntos que presenta el Partido Socialista. Y quiero empezar por decirle que me gustaría que me aclarase –con lo que respecta al primer punto- si lo que ustedes proponen es acabar absolutamente con todo, o lo que proponemos... o lo que proponen, perdón, es modificar ese punto 1 y modificar todas aquellas cuestiones que no han funcionado de la Agenda de Población, porque yo creo que puede haber algo que realmente sí que... sí que pueda ser interesante. Yo creo que eso... quiero que me lo aclare en la segunda intervención, señor Tudanca, porque, si no, lo que voy a pedir es votación separada de este punto y de alguno más que le voy a decir a partir de ahora.

Mire, sí apoyaremos la medida... las medidas del 2 al 6, porque se refieren a informes ligados al Presupuesto que pueden servirnos como evaluación posterior en su ejecución, ligado a las medidas a la despoblación y el impacto de las medidas.

En el punto 7 estamos de acuerdo, y nos agrada esta aclaración, porque entendemos que supone una rectificación a otra propuesta presentada por ustedes, donde referían dichas inversiones en casi un 60 % en las provincias de Palencia y Burgos, dejando, por ejemplo, un pírrico 2 % para Zamora, que es, a día de hoy, una de las provincias que más sufre, o que con más virulencia sufre este fenómeno.

Nos parece bien el punto 8, aunque creemos que estos mapas de prioridad demográfica deberían de existir ya. Y creo que ya hemos perdido algo de tiempo.

En el 9 y el 27 le voy a pedir que, como en el punto 1, votación separada, porque entendemos ambos se refieren al desarrollo de una Ley, la de Ordenación del Territorio, y, si nosotros no estuvimos de acuerdo en su configuración, tampoco lo estamos en el desarrollo de la misma.

Apoyaremos también cualquier iniciativa de I+D+i, de retorno al talento, programas territoriales de fomento, reducción de la brecha digital, financiación y medidas fiscales, del 10 al 15.

También estamos de acuerdo con una reformulación de la política europea con mayor participación de las entidades locales, y con un mayor y mejor cofinanciación de los fondos europeos, de la 17 a la 21. Favorecer, con la política fiscal autonómica y estatal, la financiación y promoción económica en los territorios más necesitados desde el punto de vista demográfico, también contará con nuestro apoyo en las medidas que ustedes han planteado de la 16... perdón, sí, de la 16 y de la 22.

Mejorar el Plan de Convergencia Interior y el Fondo de Compensación Interterritorial, ligado también a esas claves ploba... –perdón- poblacionales que usted ha dicho, en la 24, 25 y 26.

También estamos de acuerdo en mejorar y garantizar infraestructuras y servicios sanitarios y sociales a través de una mayor inversión y de una mejor financiación, no solo autonómica, sino local, municipal, recordando que sería un buen momento para echar el resto en esa negociación autonómica y en definir, de una vez por todas, una mejor financiación para nuestros ayuntamientos. Recordando que si algo fija población en la generación... es la generación económica de actividad y el mantenimiento y mejora de los servicios básicos. Las líneas... perdón... sí, los puntos 23, 28, 29, 30, 35, 44, 45, 48 y 49, todo ellos destinados a la mejora de servicios básicos sociales, educativos y sanitarios.

Nos parece también correcto cuando se habla de incentivar la segunda pata del banco, la de creación de actividad económica, porque -ya hemos dicho- es una de las claves para evitar esta constante sangría. Por ello, de acuerdo con promover esas mejoras salariales con los determinados planes de empleos a jóvenes y entidades locales, y sobre todo incentivar esos nuevos yacimientos de empleo, así como prestar especial atención a aquellas zonas de montaña de influencia socioeconómica a las que les ha exigido... a las que se les ha exigido renunciar a su modo de vida, y que ahora abandonamos, eliminando ayudas que se destinaban a compensar las citadas restricciones.

Y también recordando una vez más la importancia que tiene invertir en nuestro campo, en nuestro sector primario, auténtico motor de fijación de población en nuestro mundo rural. Las medidas 32, 33, 34, 37, 38 y 39.

Y por último, también de acuerdo en las medidas destinadas a fomento de la natalidad, aunque creemos, creemos por desgracia, de eficacia limitada; y también de la integración y acogida de población inmigrante, porque ambas, tanto una como la otra, están ligadas inexorablemente a esa generación de actividad económica, más allá de incentivos y ayudas. Lo que serían las medidas 46, 47 y 50. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para fijar posición, en representación de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Fuentes Rodríguez.

EL SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ:

Gracias, señora presidenta. Señorías, desde mi grupo valoramos positivamente cualquier iniciativa que tenga como fin reconocer el dramatismo que para nuestra Comunidad supone la cuestión demográfica, el fracaso de las políticas actuales y la voluntad de construir soluciones para el futuro, sobre la idea de que el papel de la Administración debe ser el de construir un marco atractivo, fácil y próspero para vivir en Castilla y León.

Se trata de una moción que busca abarcarlo prácticamente todo. No podemos decir que compartamos el 100 % de las soluciones que se plantean ni los mecanismos para llevarlas a cabo, pero, en todo caso, Ciudadanos apoyará la votación primando la coincidencia en el diagnóstico y la voluntad compartida de aportar soluciones entre todos.

La despoblación –como he dicho en innumerables ocasiones en esta tribuna- es el gran drama de Castilla y León -así se lo hice saber al presidente en la pregunta oral del pasado Pleno-: cada vez que un joven sale de nuestra Comunidad por falta de oportunidades, fracasamos todos aquí.

A mí me gustaría tener un presidente que ejerciese el liderazgo en esta materia, y, a la vista de los hechos, empiezo a pensar que todo lo que tiene este Gobierno son respuestas jocosas y la socarronería, como forma de tapar las responsabilidades que llevar... de llevar décadas gobernando una Comunidad que se desangra demográficamente.

Y ya se lo advertí el otro día en estas Cortes: ustedes crearon un Consejo de Políticas Demográficas, y se han pasado más tiempo cambiando de presidente que sacándole partido a ese Consejo. Y el presidente de la Junta nos insta a llevar allí propuestas, y yo le instaría –si estuviera él aquí- a generar espacios serios donde poder llevar propuestas serias. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista deben asumir que, como Gobierno y como Oposición, llevan más de 20 años fracasando en este tema. Su modelo está obsoleto, y como ejemplo más claro está en las diputaciones; solo pueden vivir los que viven de ellas. Y algunos, por ejemplo, como el presidente de la Diputación de Salamanca, ni eso; se tienen que marchar al Senado.

Miren, este Gobierno de la Junta es el que se lo pone más difícil a los autónomos, el que no incita a que lleguen inversiones extranjeras; es el Gobierno que sigue cerrando colegios públicos en el mundo rural. Señorías, si se lo ponemos difícil a quien quiere montar un negocio en el mundo rural –como por ejemplo las zonas sin internet de banda ancha-, a los padres les cerramos los colegios públicos, ¿creen que la gente se va a quedar aquí porque la Junta cree esos consejos de políticas demográficas?

Insisto, el PP y el PSOE deben asumir que esto no va ni de mociones interminables ni de organismos con nombres biensonantes ni de portadas de periódicos. Señorías, tenemos que tener amplitud de miras y diseñar políticas a largo plazo que seguramente ninguno de nosotros, de los presentes, vamos a ver sus resultados. Tenemos que trabajar para crear las condiciones en las que sea atractivo implantar una empresa en Castilla y León, en la que un autónomo, por ejemplo, no tenga al Gobierno regional como uno de sus muchos enemigos, en los que los padres no tengan que hacer decenas de kilómetros para llevar a sus hijos a un colegio público o a un centro de salud. Y ahí, como siempre, como hoy, apoyando esta moción, podrán contar con Ciudadanos. Muchísimas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señor Fuentes. Para fijar posición, en representación de Podemos, tiene la palabra la señora Pascual Álvarez.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, son cinco medidas que, agrupadas y ordenadas, pueden estar en un plan de acción definiendo un objetivo marco, unos objetivos específicos, las estrategias adecuadas y las acciones previstas, en función del resultado que presente la medida número 8, que hace mención a la elaboración del mapa de prioridades demográficas.

Para ir marcando posición, sí que vamos a pedir la votación separada del punto 1 de la moción. Entendemos que, bueno, todos esos tópicos, o todas aquellas cuestiones que se calificaban de tópicos en el diagnóstico de la Agenda para la Junta de Castilla y León, entendemos que pasen a ser el objetivo y que pasen a identificar claramente cuál es el problema.

También vamos a proponer dos... dos enmiendas in voce. La medida 16 propondría una moción donde, dadas las circunstancias y dado que el mundo rural ha sido abandonado por la empresa tradicional, y el fomento de iniciativas empresariales debería de ser, a través de la empresa participada, la economía social y las cooperativas, pues introducir ese texto. Incorporar esos modelos que, bueno, ahora a continuación les paso.

El resto de propuestas o de puntos de la moción creo que sí que les vamos a apoyar, pero sí que voy a hacer alguna precisión, como, por ejemplo, que apoyamos la medida 29 y 30, pero que habrá que estar muy pendiente del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio de Castilla y León, los 177 UBOST, para garantizar que esos servicios públicos y la mejora de un plan integral de servicios sanitarios es efectiva.

También, apoyando los puntos 6, 7, 10, 26, 27 y 45, nos gustaría que se nos aclarara qué se entiende por prioridad demográfica.

Y, bueno, las 2 enmiendas que he comentado. Y con respecto al punto 21, no tenemos muy clara esa incorporación de diputaciones y ayuntamientos a la gestión de los fondos comunitarios mediante un sistema de gobernanza multinivel, que habrá que regularizar de alguna manera. No obstante, somos partidarios de los ayuntamientos más que de las diputaciones.

Entonces, bueno, esa sería básicamente nuestra fijación de posición. Pero, sin más intención que la de describir una realidad incontestable, no podemos por menos que rendirnos ante la evidencia de que las políticas neoliberales implantadas por el Partido Popular durante los 25 años que han estado al frente del Gobierno de la región, y según sus propios argumentos iban a ser el garante de la prosperidad y el desarrollo económico y del bienestar de la población, que no es sino la única finalidad de las decisiones políticas, no han servido más que como abono para el único crecimiento que hemos podido constatar, el de la precariedad laboral, la pobreza económica y la despoblación.

En estos... en relación con la pérdida de población, Castilla y León tiene prácticamente los mismos habitantes que en mil novecientos diez. Durante estos 100 años, mientras que el resto de Comunidades han multiplicado su población por 3 -las más avanzadas económicamente, como Cataluña y País Vasco, por 4-, pues Castilla y León sigue a la cabeza en la pérdida de población. Perdemos en los últimos años unos 25.000 personas al año, lo que viene a equivaler a la población de Laguna de Duero. Pero, no solo es la pérdida de población cada vez... lo más alarmante, sino que cada vez somos más viejos y más dependientes, como nos muestra la pirámide de población de Castilla y León. La inmigración por razones laborales, la mortalidad, tanto de... quien permanecieron como las generaciones que están retornando, es la única realidad, aunque nos empeñemos en ponerla otros calificativos, que no es otro que la pobreza. Castilla y León es la Comunidad más envejecida, como decía, y esto es consecuencia de unas políticas públicas que provocan una sangrante precariedad laboral, y con un desarrollo vergonzante de lo que sociológicamente se puede llamar empleo en el umbral de la miseria. Si habláramos... cualquier éxito de la política de lucha contra la despoblación exige movilizar el tejido social en torno a iniciativas de proximidad, activas y eficaces, que pongan en valor los recursos endógenos del territorio, liderados por la población local, sostenibles social y ambientalmente, y que fortalezcan los tejidos sociales y empresariales autóctonos.

Y es hora de movilizar a la sociedad castellana para implantar políticas activas y efectivas contra la despoblación. No tenemos tiempo, por eso, los comprometidos con esta tierra necesitamos políticas que asuman el liderazgo en esta lucha ante el estrepitoso fracaso de las Administraciones, que durante 30 años han dilapidado ingentes recursos económicos sin haber logrado frenar ni el envejecimiento ni la despoblación de nuestra región, y sin conseguir hacerla atractiva para la implantación empresarial. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para fijar posición, en representación del Grupo Popular, tiene la palabra el señor López Vilaboa.

EL SEÑOR LÓPEZ VILABOA:

Gracias, señora presidenta. Hay mociones que parece que nos demuestran que vivimos a una velocidad de vértigo, porque esta se ha presentado el día anterior de comenzar este Pleno, una vez que ya estaba convocado, y también se ha tramitado a una velocidad igualmente de récord. Pero lo que parece ya paradójico es que se nos exija esa velocidad también para realizar una moción en un día, y, lo que es más sorprendente también, exponer nuestra posición en cinco minutos cuando estamos hablando de 50 medidas, y 50 medidas cada una muy heterogénea, que tendríamos de tiempo solo seis segundos por cada una de ellas. Y algunas, pues con cierta complejidad y con unas consecuencias ya no solo demográficas, sino presupuestarias, fiscales y de ámbitos muy diversos, como puede ser la educación, materias de I+D+i, de urbanismo, de transporte, de sanidad, de servicios sociales, de espacios naturales, de agricultura. Pues, como ven, materias muy diversas que no podemos entrar en un debate serio, riguroso, como nos gustaría. Y, además, en estas materias, pues debe de ser, sobre todo, un debate participativo, y, existe un ámbito idóneo para este tipo de debate, que es en el seno del Consejo de Políticas Demográficas y sus grupos de trabajo.

Es ahí donde se puede establecer ese debate participativo, escuchando a la sociedad, sin excluir al resto de los miembros del Consejo de Políticas Demográficas. Ahí están representados los grupos parlamentarios, pero también están presentes pues los... las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, representación de la Federación Regional de Municipios y Provincias, del Consejo de la Juventud de Castilla y León, del Consejo Regional de Familia de Castilla y León, del Foro Regional para la Integración Social de los Inmigrantes, de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, del Consejo Superior Regional para el fomento del cooperativismo, de la Mesa del Autónomo, entidades asociativas de economía social y de asociaciones y federaciones del sector turístico, y también federaciones de grupos de acción local. Sería un... desaprovechar un lujo el hecho de contar con estas opiniones contrastadas y tan pegadas al terreno, y no deja de ser sintomático que en esta moción no se mencione ni una sola vez a la participación que se puede hacer dentro del Consejo de Políticas Demográficas.

Luego también llama la atención que la primera de las 50 propuestas sea simplemente retirar la Agenda para la Población de Castilla y León y lo que supone, que retirar la Agenda no es un documento vacío, sino que supone también retirar las medidas que aparecen recogidas en esa Agenda; pues medidas que favorecen iniciativas de apoyo al emprendedor, medidas de vivienda, de juventud, acciones concretas en el medio rural en materia de agricultura, ganadería, industria agroalimentaria; también están ahí presentes esas subvenciones, esos créditos para acceder a la financiación, beneficios fiscales. ¿Qué hacemos, quitamos... retiramos también todas estas medidas o todas esas medidas de apoyo a la familia y deducciones en el IRPF a familias numerosas, a adopción internacional, cuidado de hijos menores? ¿Todo esto lo retiramos? Retirar la Agenda supone retirar todo esto. O medidas concretas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, iniciativas pues tan conocidas como el servicio de comedor escolar, o programa Madrugadores, Tardes en el cole, periodos vacacionales como el programa Conciliamos. Supondría retirar todo esto.

Por eso, pensamos que ese debate serio, riguroso, se debería de realizar en el seno del órgano que está creado para tal fin, el Consejo de Políticas Demográficas, y también dentro de esos cuatro grupos de trabajo que el propio Consejo ha creado por unanimidad: el de familia, el de jóvenes, el de inmigrantes –que ya está constituido- y el de emigrantes. Las próximas semanas, estos tres que todavía no se han constituido, pues así lo harán.

Y por eso el Partido Popular pues presenta una propuesta de transacción, que iría pues más en la línea de toda esta participación. Y paso a su lectura, que es: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a impulsar la ampliación y actualización de la Agenda para la Población 2010-2020 en el seno del Consejo de Políticas Demográficas, que, a través de sus grupos de trabajo, realizará el estudio y valoración de las propuestas que formulen sus miembros, tanto para la incorporación de nuevas medidas en la Agenda como para la modificación o supresión de alguna de las ya existentes, así como para formular propuestas para la adición o modificación de los indicadores demográficos, de actividad o de calidad utilizados actualmente, así como el seguimiento y evaluación de la propia Agenda para la Población". En segundo lugar: "Instar al Gobierno de España a la aprobación de una estrategia española para el cambio demográfico, así como un modelo de financiación autonómica en el que tengan especial consideración las políticas demográficas". Y tercero: "Instar al Gobierno de España para que promueva en la Unión Europea la elaboración de una estrategia europea sobre los desafíos demográficos, así como el desarrollo del Artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la dotación de fondos específicos y financiación para las políticas demográficas". Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández.

EL SEÑOR TUDANCA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, voy a tratar de aclarar alguna de las dudas que han planteado los portavoces. En primer lugar, quiero agradecer tanto a los portavoces de Ciudadanos como de Podemos y de la Unión del Pueblo Leonés, del Grupo Mixto, en esta moción, el apoyo, en términos generales, a esta propuesta, a estas 50 propuestas.

A Ciudadanos le agradezco su apoyo, aunque, evidentemente, podamos tener matices. Pero sí le quería aclarar que el modelo actualmente vigente de lucha contra la despoblación no es el del Partido Socialista, es el de la Junta de Castilla y León, que lleva gobernando 30 años de forma absolutamente inútil en este y en tantos otros problemas. Por eso hoy planteamos nuestra alternativa, una alternativa diferente.

Con respecto a la Unión del Pueblo Leonés, dos precisiones. Una, lo comparto, lo decimos en la moción, lo he dicho muchas veces: esta Comunidad Autónoma tiene importantísimos desequilibrios, que hay que corregir. Porque no todas las provincias son iguales y no todas las comarcas en todas las provincias tienen el mismo nivel de desarrollo económico, social y de población. Por eso queremos que esta nueva estrategia, que este nuevo modelo sirva también, o sobre todo, como en todas las propuestas que hace el Grupo Socialista, para reducir esos desequilibrios. Porque, si no, esta Comunidad Autónoma no será viable. Si seguimos alejándonos tanto en términos de población, de renta, de industrialización, esta Comunidad Autónoma no será viable.

Nosotros pedimos retirar la Agenda, sí. La Agenda, como decía el portavoz del Grupo Popular, no sé si es un instrumento vacío, pero sí es un instrumento inútil, que hay que sustituir por otro. ¿Eso significa que todas las medidas que contempla no valgan? No, incluyámosla en la nueva estrategia. Pero yo le digo cuál es el diagnóstico que hace esta Agenda de la Población. Esta Agenda de la Población se dedica casi todo su contenido a justificar lo que denomina el tópico de la despoblación, el tópico del envejecimiento, el tópico de la despoblación rural y el tópico de la fuga de jóvenes. No puede valer una estrategia que parte de un diagnóstico erróneo y que niega el problema de la despoblación en esta Comunidad, no puede valer. Y hay que sustituirlo por otro modelo. [Aplausos].

A la... yo creo que con esta aclaración explico las dudas que tenía el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés.

A la portavoz de Podemos, aceptamos las enmiendas in voce que ha planteado para que en el punto 39 y en el punto 16 se incluya la economía social como uno de los nichos de empleo a desarrollar.

Y al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, yo, de verdad, que hoy tenga la... no sé cómo denominarlo... la... el cinismo, la hipocresía de volver a ofrecer a esta Cámara un grupo de trabajo para trabajar sobre la despoblación... ¿Pero no se da cuenta de que es lo mismo, lo mismo, que le ofrecieron en la moción de Podemos hace un año, y el resultado ha sido que hoy hay 25.000 habitantes menos en Castilla y León? Que ustedes, en un año, no han hecho otra cosa más que reunirse un par de veces, volver a darle vueltas sobre el asunto, mientras esta Comunidad Autónoma se seguía desangrando. ¿Pero no se dan cuenta de que ya no cuela, no cuela?; porque ustedes van a matar a esta Comunidad Autónoma de tanto reflexionar. ¿Cuándo van a empezar a actuar? Que es que ustedes son los que gobiernan, ustedes son los que gobiernan. [Aplausos]. Y lo único que provocan con sus políticas es que la gente se siga marchando por miles. Esta no es la Comunidad Autónoma idílica que ustedes pintan. Es que yo no sé cómo es posible que, teniendo tantos dieces, la gente no quiera vivir aquí, o no pueda vivir aquí. Y no puede vivir aquí porque ustedes han deteriorado los servicios públicos hasta dejarles en los huesos. Y porque ustedes no son capaces de hacer un modelo económico, productivo, social, que permita a la gente vivir aquí porque tiene igualdad de oportunidades. Eso es lo que sucede.

La despoblación no es la causa de los problemas, es la consecuencia de unas políticas equivocadas, del deterioro de los servicios públicos y de la falta de oportunidades y de empleo. Así que no, no vamos a aceptar la enmienda; nosotros queremos ya soluciones. Hoy, hoy podemos empezar a cambiar las cosas en la lucha contra la despoblación, señorías del Partido Popular. Yo les pido responsabilidad, yo les pido –insisto- que dejen la reflexión y pasemos a la acción, porque tanta agenda, tanto grupo de trabajo, no han servido absolutamente para nada. Yo les pido hoy que se sumen al consenso; al consenso hoy casi unánime que vamos a lograr todos los grupos para cambiar el modelo, para hacer cosas diferentes. Con matices, con propuestas complementarias, con diálogo con los agentes económicos y sociales, con los ayuntamientos. Si ya se lo he dicho: claro que hacen falta muchas más cosas de las que están en esta moción, pero o cambiamos de una vez la política de lucha contra la despoblación o cuando se quieran dar cuenta aquí no quedará nadie, esto será un desierto, y los únicos, los únicos responsables van a seguir siendo ustedes.

Reflexionen. Y yo les hago una última llamada al consenso, a que se sumen al consenso de todos los que en esta Cámara y en esta Comunidad Autónoma ya hoy sabemos que su modelo es fracasado y que necesitamos una nueva estrategia, un nuevo modelo, soluciones concretas, soluciones reales, financiación adicional, para conseguir que la gente pueda vivir aquí si así lo desea. Muchísimas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Tudanca, usted no ha hablado sobre la votación...

EL SEÑOR TUDANCA FERNÁNDEZ:

Disculpe. Sí...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

... separada que ha pedido UPL. No sé si es por... voluntariamente...

EL SEÑOR TUDANCA FERNÁNDEZ:

Acepto...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

... o se le ha olvidado.

EL SEÑOR TUDANCA FERNÁNDEZ:

Acepto las enmiendas in voce. Y, si me permite, voy a tratar de discernir las votaciones separadas que han pedido el resto de los grupos para tratar de agruparlas lo mejor posible.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

En el momento de la votación nos lo dice. De acuerdo.

EL SEÑOR TUDANCA FERNÁNDEZ:

Gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Ruego al señor secretario que dé lectura a la siguiente moción.

M/000179

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias. La siguiente moción es la moción 179, que presenta el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, derivada de la interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por dicho grupo parlamentario, sobre política general en materia de salud mental. Moción sustanciada en la sesión plenaria del trece de diciembre de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para presentar la moción, tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Gracias, presidenta. Buenos días. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.

Vuelvo a comenzar –como en nuestra interpelación- con esta definición para insistir en la necesidad de abordar este tema no hablando solo de enfermedades mentales, de discapacidad por enfermedad mental o de las necesidades residenciales, que son, sin duda, las cuestiones mayores y más complejas de gestionar, y por ello merecen espacial atención; pero también debemos reflexionar sobre la cada vez mayor incidencia de casos de trastornos de ansiedad o depresión, de trastornos infantojuveniles –como el TDA- u otros como los alimentarios. Es por ello que nuestra propuesta pretende un abordaje integral a algunas cuestiones que creemos que no son atendidas de manera eficiente en la gestión de la salud de Castilla y León y en la gestión de los servicios sociales.

Nuestra propuesta pasa por un verdadero enfoque sociosanitario. Y no es que pensemos que el Gobierno de esta Comunidad no está acometiendo ese cambio de perspectiva -de hecho, creemos que sí lo hace-, la cuestión es si es todo lo eficiente que debe, si todas las necesidades son cubiertas y si el personal y los recursos son los necesarios y suficientes.

En nuestra interpelación nos centramos fundamentalmente en el aspecto normativo, porque nos llama la atención que existan tantos marcos de gestión para que a la hora de la realidad no se cumplan los objetivos, y dé igual ese cumplimiento o no.

Nos referimos a la Estrategia Regional de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica, al IV Plan de Salud, el II Plan de Asistencia Sociosanitaria, a las directrices del modelo de atención sociosanitaria para personas con discapacidad por enfermedad mental. En todas ellas nos encontramos o bien con falta de renovación o con falta de cumplimiento de objetivos o con análisis sesgados, o bien con una mezcla de todos estos componentes.

El resultado del estudio de estos planes, estrategias y demás es que el papel lo aguanta todo, y la realidad, tozuda, no se aguanta a sí misma. De este planteamiento, en que no se están cumpliendo los objetivos, en el que vemos la falta de personal, de recursos, una gestión deficitaria de los casos y de las unidades de psiquiatría, falta de psicología y enfermería, unas ratios que no se amoldan a la realidad de nuestra Comunidad, un inexistente sesgo de género, falta de evaluación y enmienda a través de las mismas, y un largo etcétera que se sustancia en cada uno de los puntos de nuestra moción.

En primer lugar, creemos que hay una falta de análisis de la situación preocupante. El III Plan de Salud arrojó que la mitad de los objetivos no habían sido conseguidos en esta materia. Necesitamos saber dónde estamos para saber dónde vamos. Además, debe hacerse desagregado por sexos, por provincias, y por mundo rural y urbano; no solo en cuanto a los casos sino en cuanto a recursos materiales y humanos. A partir de esto, y basados en un modelo sociosanitario que no contemple como única prestación la residencia, no solo porque no sea siempre la prestación adecuada para personas con enfermedad mental y sus familias, sino porque el abordaje pretende ser –como ya he explicado- mucho más amplio. Creemos que hay que apostar por mayores recursos en centros de día, centros de terapia, asistencia personal y otras prestaciones que puedan ser beneficiosas. Apostamos también por el seguimiento en el hogar para personas solas. La mayor autonomía personal, la posibilidad de incorporarse al mercado laboral y acceder a la formación son el objetivo a lograr para las personas con dependencia Grado I, sobre todo; y extensible, en las situaciones en que se pueda, a otros grados. Estas prestaciones, obligatoriamente, deben blindarse, desde los ejercicios presupuestarios, con partidas específicas.

Por otro lado, en cuanto a dotación hospitalaria y en centros de salud, vemos necesaria una reforma del programa de gestión de casos. No se pueden tratar de igual manera las situaciones de exclusión social en personas con enfermedad mental que con otros colectivos. Así mismo, creemos que la falta de determinados tipos de profesionales, como es el caso del personal de psicología clínica o enfermería, están mermando la capacidad de atención en esta área. Los equipos de salud mental no están convenientemente estructurados para dar una atención integral, principalmente por la falta de personal.

Por último, en nuestra sociedad se hace inevitable abordar la cada vez mayor prevalencia de trastornos psicológicos. Necesitamos más psicología atendida desde la Primaria para liberar de esa carga a médicos y médicas, y para acabar con las listas de espera.

He dado una visión general de los 17 puntos. Estamos abiertos a aportaciones. Creemos que esta es una materia extensa, donde hemos pinchado en los que parecen los principales problemas; no obstante, seguro que podemos sacar un debate interesante y fructífero. Este grupo siempre está abierto al consenso real pero serio, por lo que les pido que, si enmiendan, sea con rigor. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señora Domínguez. A esta moción se ha presentado una enmienda por el Grupo Ciudadanos. Tiene la palabra el señor Mitadiel Martínez para defenderla.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Buenos días. La moción que se discute coincide –no en la redacción, pero sí en el objetivo de mejorar la salud mental- con una proposición no de ley que presentamos, y que, por cierto, tampoco hemos conseguido discutir en Comisión, por lo cual vamos a aprovechar esta intervención para hablar de nuestro libro.

Los puntos de coincidencia con la moción son, primero, analizar los recursos existentes, las estrategias sanitarias aplicadas, evaluarlas y formular nuevas; mejorar los recursos humanos y materiales, específicamente psicólogos y trabajadores sociales, que creo que son los déficits más importantes; integrar la salud mental en Atención Primaria, implantar la terapia asertiva comunitaria, que, aunque no se menciona expresamente en el... en la moción, es la fórmula que subyace; incrementar el número de PIR, que es uno de los problemas que hemos ocasionado con nuestra desidia o, quizá, con nuestra incompetencia, y que nos va a ocasionar, en los próximos años, problemas importantes porque no vamos a ser capaz de reponer las jubilaciones.

También tenemos algún punto de desacuerdo, en principio: la de dotar Primaria de psiquiatras. No creemos... creemos que la psiquiatría es distinta de la psicología, que son dos niveles de intervención distintos, y que, por lo tanto, no tiene sentido, de la misma manera que no tendría sentido incardinar la cardiología en Primaria.

Otro punto de desacuerdo es que todas las plazas sean públicas. Hay entidades sin ánimo de lucro que llevan años trabajando en el tema y que, desde luego, lo están haciendo bien y pueden seguir haciéndolo. Y una cuestión que a lo mejor es un problema de entendimiento, pero que subyace en la moción, es separar la salud mental del resto de los problemas de salud. Insisto en que nuestro punto de partida, como, de alguna forma, ya expresaba hace muchos años la Ley General de Sanidad, es conseguir que un enfermo neumológico, un enfermo cardiológico, un enfermo de medicina interna, no es distinto que un enfermo de salud mental. Ni en esto, ni en las discapacidades.

Estamos hablando de la hermana pobre de la sanidad, que ya en el año dos mil tres mereció una estrategia específica, la Estrategia Regional de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica –otro de esos planes bien diseñados, pero que nunca se cumple-, que hablaba de impulsar los... el papel de los equipos de Atención Primaria en salud mental, y que, por cierto, dedicaba uno de sus objetivos, el número 5 de la línea estratégica 3, a incrementar la accesibilidad a los recursos de salud mental y asistencia psiquiátrica, y que decía -una medida que lo mismo le suena-: "Incorporación de la psiquiatría y psicología clínica en los centros de especialidades ubicados en zonas rurales". Yo he visto alguno en urbanos; en las zonas rurales, ¿lo han visto alguno de ustedes? Yo no lo he visto nunca.

Y voy a dedicar... y voy a dedicar la parte final de mi intervención a un tema que me parece que... bueno, lo ha tratado muy superficialmente la ponente y que a mí me parece importantísimo: uno de los aspectos fundamentales de la moción, que es la integración de la salud mental en Atención Primaria. Primero, porque la Atención Primaria soporta más del 50 % de la carga asistencial. Estamos hablando de trastornos de ansiedad, de depresiones, de somatizaciones, que, en muchos de los casos, son tratadas con psicofármacos. En la inmensa mayoría, en concreto me parece que es el 69 % de los tratamientos que ponen -según el estudio Massi- los... de los tratamientos que ponen los médicos de Atención Primaria lo tratan – como no puede ser menos, por el tiempo y por la presión asistencial- con psicofármacos, entre ellos las benzodiacepinas, que tienen un problema: aparte de la cronicidad, es que están relacionados con el tema de... en algunos casos, en los accidentes de tráfico. Es decir, es un tema que lo resuelve de una manera que no es la más eficaz, porque el problema que consiste es que, cuando se trata con este tipo de fármacos, efectivamente, los resultados... –y esto, evidentemente, no son mis palabras, aunque alguno de los procuradores se ría; es decir, estoy utilizando un estudio lo suficientemente serio y científico como para que las risas sean las justas, ¿no?-. Es decir, existe unos efectos condicionantes que no se dan cuando el método de resolución... que, además, por los estudios –insisto, estudios suficientemente solventes tanto por la muestra como por la distribución, como por el método-, son lo suficientemente solventes como para afirmar que son coste efectivos. Es decir, los estudios cognitivos, en concreto.

Bueno, bien. Quiero finalizar –porque veo que se me ha acabado el tiempo- con una formulación, es decir, que la falta a tratamientos psicológicos eficaces es uno de los casos más evidentes de desigualdad en nuestro sistema sanitario, dado que, si bien existen tratamientos psicológicos eficaces, las personas afectadas no pueden acceder a este tipo de recursos por no estar suficientemente disponibles. Por todo ello, solicitamos la inclusión de la salud mental en Atención Primaria. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para fijar posición, en representación del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Muchas gracias. Desde luego, nuestro voto ya adelanto que va a ser favorable. Tenemos algunas enmiendas que plantean una mejora, a nuestro juicio, del texto, si bien ya avisamos que las enmiendas no van a condicionar nuestro voto. Es decir, que, independientemente de que se acepten o no se acepten, nuestro voto va a ser positivo o favorable para la moción.

Nosotros, en el punto tercero, plantearíamos, por ejemplo, donde se habla de la renovación de la Estrategia Regional de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica y acometer el tercer Plan de Asistencia Sociosanitaria, en base a los resultados del análisis previo y con la colaboración de profesionales, asociaciones de personas con enfermedades mentales y familiares, añadiríamos las entidades del tercer sector, por conversaciones que hemos tenido con algunas de las asociaciones que trabajan este asunto.

En el punto quinto, añadiríamos, donde se dice: "Dotar a estos equipos de un número suficiente de personal de psicología clínica y enfermería, especialmente", añadiríamos la expresión: "... así como de profesionales de trabajo social y terapia ocupacional".

En el punto doce, nosotros plantearíamos una sustitución para incluir dentro de ese punto... añadir dos ideas: en primer lugar, que, en lugar de hablar de habilitación psicosocial, se hable de recuperación psicosocial y también laboral. Es decir, incluir no solamente la habilitación psicosocial, que, evidentemente, es esencial y previa a cualquier otra cosa, pero incluir también el elemento laboral. Y, como consecuencia del mismo, cuando se habla de la coordinación entre dos Consejerías, añadiríamos una tercera, que sería la Consejería de Empleo. La redacción que propondríamos sería, por lo tanto, la siguiente: "Implementar programas de recuperación psicosocial y laboral, coordinadas entre la Consejería de Sanidad, la de Familia e Igualdad de Oportunidades, y la de Empleo".

Y luego plantearíamos añadir cinco puntos. En primer lugar, dotar a la red... como punto 18: "Dotar a la Red de Atención de programas o dispositivos específicos que atiendan a las personas con enfermedad mental y trastornos graves de conducta". Como punto 19: "Incremento de plazas públicas de atención a personas con enfermedad mental y trastornos graves de conducta". Como punto 20: "Coordinación de la Red de Atención Sanitaria con el sistema educativo para evitar brechas formativas en los alumnos con problemas de salud mental". En el punto 21: "Promoción de la figura del agente de apoyo mutuo -pacientes expertos- en todos los dispositivos y servicios de atención a las personas con enfermedad mental". Y como punto 22: "La creación de un observatorio de protección de los derechos de las personas con enfermedad mental, que permita hacer visibles las continuas vulneraciones de sus derechos".

Son una serie de puntos, como digo, que lo pretenden es mejorar el texto, pero que, en todo caso, anuncio que no condicionan nuestro voto. Ahora mismo hago entrega de una copia del texto, y pido disculpas públicamente por no haberlo podido entregar antes, pero ya sabe usted que en mi grupo -por llamarlo eufemísticamente, es decir, yo- pues no suelo tener demasiado tiempo para hacer las cosas con suficiente antelación, entonces, las he tenido que preparar anoche. No obstante, estamos seguros de que se podrán aceptar.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para fijar posición, en representación del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Martín Juárez.

LA SEÑORA MARTÍN JUÁREZ:

Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Seguro que no se sorprende nadie si empiezo diciendo que la valoración de la atención sanitaria de la salud mental en Castilla y León, según los afectados, las familias y las asociaciones, es la gran olvidada, y claramente deficiente. Hay escasa o nula coordinación sociosanitaria, son insuficientes los recursos residenciales de centros de día, de recursos de hospitalización de media y larga estancia, de hospitalización de estancias permanentes para casos graves, de unidades de convalecencia, de rehabilitación, de programas de atención psicogeriátrica, no hay registro real y actualizado de casos, no hay datos reales de prevalencia de la enfermedad mental, equipos de salud mental itinerantes, programas que potencien la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, de la hiperactividad, de la reinserción en el empleo, de la prevención del riesgo suicida, de la formación de los profesionales de Atención Primaria, de campañas de sensibilización para evitar la estigmatización y la discriminación de las personas con enfermedad mental. Es decir, un larguísimo etcétera de necesidades que se han mantenido, legislatura tras legislatura, en los sucesivos Gobiernos del Partido Popular. Y, mientras, han ido incumpliendo sus propios compromisos además de rechazar todas y cada una de las propuestas del Grupo Socialista, año tras año. Ustedes, como en todo, han hecho prácticamente propaganda.

Miren, le recuerdo al Partido Popular: en el año dos mil ocho se aprobó una proposición no de ley del Partido Popular para constituir el Consejo Asesor de Salud Mental, que iba a establecer procedimientos de atención, asesorar, a evaluar el Plan de Salud Mental, incluido en la supuesta e inexistente segunda Estrategia de Salud Mental de Castilla y León. Era un órgano consultivo que iba a proponer multitud de medidas y a conseguir los objetivos de salud mental incluidos en el marco del tercer Plan de Salud –que recuerdo que hay ya un borrador del cuarto-. El... ese primer Plan de Salud Mental y Atención Psiquiátrica de la Junta de Castilla y León, con vigencia 2003-2007, incluía, supuestamente, este Consejo Asesor, que era la medida estrella para trabajar en la segunda Estrategia de Salud Mental a partir de dos mil ocho, que ya se daba por hecho. Sin embargo, ni se ha puesto en marcha entonces ni ahora. Yo les recuerdo que el propio consejero de Sanidad, en una comparecencia del Grupo Socialista, el cuatro de noviembre de dos mil once, dijo que asumía que no se ha aprobado la segunda Estrategia de Salud Mental –entonces; y hoy, tampoco-. Y añadió que, efectivamente, se había anunciado, pero que no se había aprobado. Lo que no nos dijo es por qué. Está claro que no existe esa estrategia, pero ha servido como argumento, mientras tanto, para rechazar todo.

Nosotros vamos a aprobar íntegramente esta propuesta, porque coincide en muchos aspectos con una moción del Grupo Socialista del año dos mil nueve, de catorce puntos, donde también pedíamos coordinación entre las diversas Consejerías, prevención de los riesgos de suicidio, trastornos de la alimentación, formación y protección en los equipos de Atención Primaria y coordinación con la Consejería de Educación y Empleo; dotar de recursos, de psiquiatras, de psicólogos, de enfermeras, de trabajadores sociales; incrementar las unidades de rehabilitación, los pisos tutelados, unidades de psicogeriatría, protocolos consensuados de la ansiedad, depresión, demencias, esquizofrenia y trastornos límite de la personalidad; registro de casos, etcétera, etcétera. Que fue rechazada porque la segunda Estrategia de Salud Mental lo iba a solucionar absolutamente todo. Ocho años después no han solucionado nada ni está en marcha la estrategia. Volvieron a rechazar, en el año dos mil diez, siete puntos, donde también se incluía la puesta en marcha de la estrategia.

Nuestro grupo, con esto, queremos decir que compartimos todas las necesidades que se sintetizan en esos diecisiete puntos que propone hoy el Grupo Parlamentario Podemos, coincidimos en gran parte de ellos, hemos hecho propuestas en las legislaturas pasadas en este aspecto, y, desde luego, estamos convencidos que aprobando hoy esos puntos, como si los hubieran aprobado cuando los propusimos, sin ninguna duda, se habría mejorado la asistencia sanitaria a las personas que padecen un problema de salud mental.

Yo no tengo mucha esperanza. Deseo que tengan hoy mejor fortuna el Grupo Parlamentario Podemos, porque, desde luego, lo que ha quedado claro es esa manifiesta falta de voluntad política del Partido Popular para abordar seriamente y con rigor la asistencia sanitaria para los cientos de personas que tienen un problema de salud mental, que, como ustedes saben, forman muchos enfermos...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señora Martín, tiene que terminar.

LA SEÑORA MARTÍN JUÁREZ:

... con un problema de salud mental esas bolsas de pobreza, marginación y personas que están solas y abandonadas en la calle. A ver qué estrategia...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Termine ya, señora Martín.

LA SEÑORA MARTÍN JUÁREZ:

(Ahora mismo termino, señora presidenta). ... propone el Partido Popular hoy. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para fijar posición, en representación del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Vázquez Ramos.

EL SEÑOR VÁZQUEZ RAMOS:

Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Está claro que las... la salud mental tiene una serie de condicionantes que no tienen otra serie de enfermedades, y, por tanto, su asistencia trasciende la mera asistencia sanitaria. Y tiene que poner en conjunción una serie de factores rehabilitadores, y, en alguno de los casos, de asistencia social, que hacen de esta... de este tipo de trastornos, muy característicamente, necesitan... que necesitan el apoyo de la asistencia social.

La importancia de las enfermedades mentales es tal que en el estudio epidemiológico de la enfermedad mental en España se declara que el 19,3 % de los españoles tienen a lo largo de su vida un episodio de enfermedad mental, siendo el más frecuente de ellos el trastorno de depresión mayor, seguido de las fobias específicas, los trastornos distímicos y los trastornos por el abuso de alcohol. Las características de estos trastornos hacen que si no se consigue un éxito en el... en el abordaje clínico, no se consigue un éxito en la rehabilitación psicosocial y en la participación social, van a crear discapacidades importantes; tanto es así, que constituyen la tercera causa de discapacidad de más del 33 %, con un 16,15 % del total de las discapacidades, lo que supone, aproximadamente, unas 450.000 personas en España.

La evolución de la atención a la salud mental en nuestro país ha seguido paralela al resto de países europeos, pasando de un modelo hospitalocéntrico a modelos comunitarios -y así se recoge en el Artículo 20 de la Ley General de Sanidad-, para pasar posteriormente, quince años después, a tener un abordaje en conjunción con los servicios sociales, según se recoge en el Artículo 14 de la Ley de Cohesión del Sistema Sanitario. En Castilla y León –como se ha recordado aquí- existe la Estrategia 58/2003, de Salud Mental, y el Acuerdo 66/2016, por el que se aprueba el modelo integrado de atención sociosanitaria a los pacientes con discapacidad debido a la salud mental.

En el momento actual, el modelo de Castilla y León es un modelo comunitario, y tiene como objetivos los siguientes: el ser un modelo público, un modelo racional, un modelo equitativo de atención integral, en el cual los equipos de salud mental aborden tanto el aspecto clínico como el aspecto biopsicosocial, un modelo coordinado entre los distintos dispositivos asistenciales, y encuadrado en la Atención Especializada –como ha dicho aquí algún otro grupo-. De este modo, nuestro sistema de salud, y más concretamente en el área de salud de Zamora, se ha desarrollado un modelo asistencial en salud mental basado en la atención comunitaria, con un modelo reticular, que pone de manifiesto las tres redes de las que hemos hablado en un principio: la red asistencial médica -red sanitaria-, la red de rehabilitación psicobiosocial y la red de recursos sociales. En este modelo, los profesionales acuden al medio donde se encuentran los pacientes, incluido en pequeñas localidades y, tras lograr la estabilización clínica de los mismos -de lo que se encarga la red sanitaria-, se trabaja en potenciar la autonomía mediante la rehabilitación psicosocial, y posteriormente se aborda la perspectiva laboral. En primer lugar, con el apoyo en talleres prelaborales, y en segundo lugar, para completar un empleo normalizado, pero no en una empresa normal, sino en centros de formación laboral.

Todo ello, como se ha dicho aquí, en relación a las quejas y a las peticiones de las asociaciones. Y es el momento de decir que, evidentemente, aunque no se pueden llevar a efecto todas, aquí acabamos de ver un aspecto importante de lo que Oscar Wilde decía de hipocresía, que es el tributo que el mal rinde al bien. Y utilizar las valoraciones cuando nos viene en gana me parece un acto de terrible hipocresía.

En la detallada moción presentada por Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, a pesar de estar ideológicamente lejos de lo nuestro, coincidimos en muchos puntos con lo que ha propuesto el grupo proponente. Y, de este modo, tenemos... estamos dispuestos a apoyar en los términos propuestos por el grupo los puntos: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.

El punto 3 creemos que... vamos a concretar un poco más lo de renovar la estrategia de mejora en salud mental poniendo claramente los procesos que creemos, desde nuestro punto de vista, que deben de ser tratados, que son los procesos asistenciales, los procesos propios del equipo de salud mental, los procesos del paciente crónico con enfermedad mental, los procesos de prevención de suicidio, enfermería de salud mental y trabajo social en salud mental.

En el punto 4, realmente existen 47 equipos de salud mental y, más que implementar los equipos de salud mental, creemos que se debe de potenciar con una visión multidisciplinar de esos equipos y con la coordinación sociosanitaria.

En el punto 5, no queremos dejar simplemente constreñido el tema de los profesionales que deben de formar los equipos de salud mental o se deben de potenciar, y creemos que debe abrir... hablamos del ámbito de... asistencial, profesionales del ámbito asistencial, como del trabajo social. Coincidiendo con algún otro grupo lo que ha dicho aquí, es importante potenciar los equipos con trabajadores sociales.

Se debe impulsar, en el punto 6, la formación y capacitación de los profesionales de Atención Primaria para atender aquellos procesos... con técnicas cognitivas y técnicas conductistas de aquellos procesos psicológicos.

En el punto 15, creemos que se debe implementar, antes de hacer un programa de seguimiento, un registro de las personas solas con enfermedad mental, del que derive el programa de seguimiento y la valoración de la situación domiciliaria.

Y en el punto 17, creemos que... estamos de acuerdo en instar al Gobierno de España a aumentar las plazas del Programa PIR, pero cuando sean necesarias. En el momento actual, Castilla y León no ha cubierto todas las plazas del Programa PIR, porque existe una bolsa de psicólogos importante. Entonces, en el momento que sea necesario, sí que... sí que estamos dispuestos.

Y no vamos a apoyar el punto 16 porque, realmente, en los Presupuestos de la Comunidad, en el subprograma 312A, está determinado las partidas para dotación de estos recursos.

Solicitamos la votación separada de los puntos, como hemos dicho, 1, 2, 3, 7, 10, 12, 13 y 14. Y esperamos que alguna de nuestras propuestas sea tenida en cuenta. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señor Vázquez. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bueno, a ver si pongo orden al desorden. Voy a fijar posición lo primero, porque hay muchas enmiendas, y para que la señora presidenta no me eche después la bronca.

Vamos a aceptar todas las enmiendas de Izquierda Unida. En el punto 3 se añadiría: "... y entidades del tercer sector". En el punto 5 se añadiría: "... así como de profesionales de trabajo social y terapia ocupacional". En el punto 12 se sustituiría "habilitación" por "recuperación", y se añadirían los 5 puntos que a continuación le pasaré.

Al Grupo Ciudadanos le aceptaremos el punto 4, el punto 6 y el punto 9.

Y aceptamos la votación por separado que nos ha planteado el Partido Popular. Con lo cual, se votarán por separado, el 1, el 2, el 7, el 8, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14, en un bloque; el 9 solo, porque me lo ha solicitado Ciudadanos; el 16 solo, también; y en otro bloque, el 3, el 4, el 5, el 6, el 15 y el 17. Creo que he fijado la posición bien.

Y luego, en cuanto a algunas consideraciones que se han hecho. Quiero dejar claro, porque creo que no se ha entendido suficientemente, que el punto 16, en cuanto a lo que se refiere de dotar de un presupuesto específico, se refiere, única y exclusivamente, a las prestaciones. No nos referimos a que se desagregue un presupuesto de asistencia sanitaria, porque entendemos que la especialidad, evidentemente, está dentro de las dotaciones hospitalarias o de centros de salud, sino de las prestaciones que pueden ser: de tipo residencial, plazas residenciales, centros de terapia y demás. Porque, de hecho, en los presupuestos de la Consejería de Familia, que es donde iría destinado este presupuesto, sí que se está... sí que están las plazas residenciales de un tipo, para válidos, para no válidos; y también deberían estar, desde nuestro punto de vista, para personas con enfermedad mental.

Hemos tenido ese debate con el portavoz de Ciudadanos sobre la posibilidad de las psiquiatría en Atención Primaria; como le he dicho, acepto esa enmienda. Sí que quizá sea más apropiado en un primer caso, pero, sobre todo, nosotros lo veíamos porque muchas personas con trastorno psicológico necesitan una atención psiquiátrica, aparte de la psicológica, que esta, desde luego, creemos que no se acepta debate. Y con esto hilo con lo que decía el portavoz del Partido Popular, sobre todo en cuanto a la psicología en el medio rural. Psicología clínica en el medio rural, yo dudo mucho que haya un centro de Atención Primaria en el medio rural que tenga psicología clínica. Porque, de hecho, no existen tampoco en los del mundo urbano. Y esa es precisamente la reivindicación que hacemos, que los psicólogos y las psicólogas clínicas estén en Atención Primaria, porque, como ya decía en mi interpelación, entre el 30 y 33 % de consultas de Atención Primaria están destinadas a personas con trastornos psicológicos. Entonces, parece obvio, y es un paso que no se ha dado en España, y que sí se ha dado en otros países europeos, y en eso estamos yendo a la cola; y, evidentemente, es una cosa a solucionar.

Y ahí hilo también con las plazas PIR. ¿Cómo es posible? Me dirá que es porque se cumplen las ratios; pero lo que les digo siempre: las ratios en la Comunidad Autónoma de Castilla y León no son las ratios de otros territorios de la Unión Europea ni de otros territorios de España. Por lo tanto, que se cumplan las ratios no quiere decir que el acceso a la psicología clínica esté garantizado. De hecho, es una de las especialidades que tiene una lista de espera bastante amplia, y esa forma que creemos que, teniéndolo en Atención Primaria, quitaría eso y, aparte, quitaría una carga de trabajo a los médicos y médicas, que creo que en Atención Primaria ya están bastante llenos de esa carga de... de esa carga de trabajo.

Y creo que no me dejo nada. Simplemente, agradecer al resto de grupos su apoyo. Creemos que tenemos que seguir avanzando en este tema; de hecho, tenemos una PNL -que en algún momento debatiremos- sobre la necesidad de la psicología clínica ante la prevalencia de los trastornos psicológicos y de cómo tiene que ocupar un lugar en Atención Primaria. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señora Domínguez, nos puede dejar las enmiendas que ha aceptado de Izquierda Unida, por favor. [Murmullos]. Sí. Sí, sí, sí, las que usted ha aceptado y se incorporan. Vale, gracias.

Votación Mociones

Pasamos a la votación de las mociones.

M/000123

Votamos, en los términos fijados por su proponente, la moción que ha presentado el Grupo Socialista, derivada de la interpelación formulada a la Junta de Castilla y León sobre política general en materia de lucha contra la despoblación.

Votamos, en primer lugar, el punto 1. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y dos. A favor: treinta y uno. En contra: cuarenta. Once abstenciones. Queda rechazado.

Votamos ahora los puntos 9 y 27. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y dos. A favor: cuarenta. En contra: cuarenta y uno. Una abstención. Quedan rechazados.

Y votamos el resto de los puntos de esta moción. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y dos. A favor: cuarenta y uno. En contra: cuarenta y uno. ¿Algún grupo o algún procurador quiere que se repita la votación? Quedan rechazados.

M/000179

Votamos la siguiente moción que ha sido debatida, derivada de la interpelación formulada por el Grupo Podemos sobre política general en materia de salud mental.

Votamos primero los puntos 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y dos. A favor: ochenta y dos. Quedan aprobados.

Votamos ahora el punto 9. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y dos. A favor: ochenta y dos. Queda aprobado.

Votamos el punto 16. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y dos. A favor: treinta y seis. En contra: cuarenta y uno. Cinco abstenciones. Queda rechazado.

Votamos ahora el resto de los puntos de la moción y los cinco que ha aceptado el Grupo Podemos y que había propuesto el Grupo Mixto. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y dos. A favor: cuarenta y uno. En contra: cuarenta y uno. ¿Algún grupo o algún procurador quiere que se repita la votación? Quedan rechazados.

Por el señor secretario, se procede a dar lectura al cuarto punto del orden del día.

Proposiciones no de Ley

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias. El cuarto punto son las Proposiciones No de Ley.

PNL/001123

Y, dentro del debate de las proposiciones no de ley, comenzamos con la Proposición No de Ley 1123, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para instar a la Junta a que se dirija al Gobierno para que se corresponsabilice en la financiación del sistema de resolución de conflictos laborales individuales puesto en marcha en el seno del SERLA, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 211, de quince de diciembre de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para presentar esta proposición, tiene la palabra el señor De la Hoz Quintano.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Gracias, presidenta. Buenos días. El SERLA es una institución de naturaleza pública que adopta la forma jurídica de fundación, que surgió hace hoy veinte años, fruto del diálogo social. Es una fundación que tiene como único objetivo, única función, la de gestión de los procedimientos de solución autónoma de conflictos laborales de carácter colectivo. Así se estableció en el primer acuerdo de solución autónoma de conflictos laborales, suscrito allá por el año mil novecientos noventa y seis.

Veinte años de funcionamiento del SERLA que nos permiten hoy hacer un balance de su gestión: 40.000 expedientes tramitados, 1,8 millones de trabajadores afectados, 125.000 empresas, y un porcentaje de acuerdos en la solución extrajudicial de conflictos colectivos del 43 %.

Sin duda, unos datos que avalan el éxito y la buena gestión del SERLA en la intermediación y solución de los conflictos laborales de carácter colectivo previos a la jurisdicción social. Este aval del éxito del SERLA, más la experiencia de otras Comunidades Autónomas en la ampliación de competencias del SERLA, llevó a los agentes económicos y sociales de nuestra Comunidad Autónoma, hace poco más de un año, a intentar ampliar las competencias del SERLA a los conflictos individuales no exclusivamente derivados de reclamaciones de carácter económico. Así, la Junta de Castilla y León asumió esa petición, y quedó reflejada en el tercer Acuerdo Interprofesional de Solución Autónoma de Conflictos Laborales. Así, la Junta de Castilla y León asumió el impulso, a través del SERLA, de la... de los procedimientos del sistema de resolución de conflictos individuales que no tengan causa en reclamación puramente económica; no solo funciones de conciliación, sino también de mediación. El soporte legal para ello es el Artículo 63 de la ley que regula la jurisdicción social, que establece como requisito previo para acudir a la Administración de Justicia el intento de conciliación, bien a través del servicio administrativo al efecto creado, o bien a través de aquellos servicios que se creen a través de los acuerdos entre profesionales, como es el caso del tercer ASAC al que me he recibido... al que me he referido.

Así, el treinta de septiembre del año dos mil dieciséis se suscribe por parte de la Junta de Castilla y León, los agentes económicos y sociales el acuerdo tripartito sobre el sistema de solución de conflictos individuales. Un acuerdo que regula la puesta en marcha del sistema, los plazos del mismo, su financiación, sus medios personales y materiales, así como la comisión de seguimiento y de evaluación del nuevo sistema. El tres de noviembre se puso en marcha –como ustedes saben- el SERLA... la solución de conflictos individuales en la provincia de Valladolid, como proyecto piloto; está conviviendo en estos días, hasta el treinta y uno de diciembre, con las labores que estaba realizando el SMAC. A partir del uno de enero será el sistema único en Valladolid, y comenzará a implantarse en el resto de capitales de nuestra Comunidad Autónoma, más la ciudad de Ponferrada, esto es, las ciudades en las cuales existen juzgados de lo social en nuestra Comunidad Autónoma. Así, el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, se espera que ya esté completamente instaurado en toda Castilla y León este nuevo modelo de solución de conflictos individuales de carácter laboral.

¿Y por qué este modelo? En primer lugar, porque es un modelo que funciona con éxito, con mucho éxito, en otras Comunidades Autónomas. Baleares, Cantabria, Navarra, Rioja y Aragón son Comunidades Autónomas que tienen implantada, de una u otra manera, este modelo de solución de conflictos laborales, y funciona con éxito, y se puede constatar de sus resultados. En segundo lugar, porque aprovecha la tradición dialogante, conciliadora y mediadora de una gran institución de nuestra Comunidad Autónoma como es el SERLA. En tercer lugar, porque asume no solo la... la función de conciliación, sino también haciendo especial hincapié en la labor de mediación para la solución de los conflictos laborales. Y, en cuarto lugar, porque principalmente beneficia a los usuarios, a los trabajadores y a las empresas que tienen, en virtud de lo establecido en la ley que regula la jurisdicción social, la obligación de acudir con carácter previo a la... al intento de conciliación en los conflictos que surjan de carácter individual o ya sea colectivo.

Podemos evaluar a día de hoy, en poco más de un mes de funcionamiento de este proyecto piloto en Valladolid, el éxito de esta ampliación de competencias. A día de hoy, el 60 % de los conflictos que han sido planteados ante el SERLA en Valladolid han tenido éxito; es un porcentaje muy superior a los porcentajes de acuerdos que se presentan ahora mismo en el SMAC y que avalan la bondad de esta iniciativa.

Sin embargo, y concluyo con esto, estas nuevas funciones suponen un coste financiero que asume la Junta de Castilla y León, un coste financiero presupuestado aproximadamente en un millón y medio de euros. Un millón y medio de euros que asume la Junta de Castilla y León, pero del cual se benefician, en primer lugar, por supuesto, los usuarios del sistema, por el ahorro que eso supone, que supone el no acudir después a la jurisdicción social para la solución de conflictos...

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Señor De la Hoz, concluya, por favor.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

(Concluyo, presidente). ... y a, igualmente, un beneficio que también supone para la propia Administración de Justicia. En base de los datos de la Comunidad Autónoma de Aragón, este ahorro se supone para la Administración de Justicia en unos 70 millones de euros. Como Castilla y León no tiene asumidas esas competencias, el beneficio recae directamente en el Ministerio de Justicia. Por eso -y concluyo con esto, presidente- es por lo cual entendemos de justicia que el Ministerio de Justicia, el Gobierno de España, en definitiva, asuma el compromiso con la Comunidad Autónoma de Castilla y León de desarrollo del SERLA...

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Concluya, señor de la Hoz, por favor.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

(Concluyo). ... y se comprometa a su financiación. Creo que es de justicia y creo que todos estaremos de acuerdo. Nada más y muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

A continuación, los grupos parlamentarios fijarán su posición. Primero lo harán los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, y después el resto de los grupos.

El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley, la Enmienda número 9666, y para fijar su posición tiene el uso de la palabra el señor González Reglero.

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Gracias, señor presidente, y buenos días. Vaya por delante -y quiero dejarlo manifiestamente claro, yo creo que es por algo... por todos conocido, y en las diferentes Comisiones en las que intervengo lo venimos diciendo-, como no puede ser de otra manera, el absoluto respeto al diálogo social en sí y a todos los agentes al que él pertenece. Este grupo respeta y asume la autonomía de cada una de las partes, al igual que entendemos que lo allí pactado creemos que no son tampoco las Tablas de Moisés ni es palabra de Dios; está sujeto a errores, a aportaciones y a situaciones, bueno, pues... cuando menos, de información.

Por lo tanto, dicho esto, entendemos que, al margen de lo acordado en el diálogo social -vuelvo a insistir, respetable-, nos corresponde a nosotros, como partido político y como grupo principal de la Oposición, ejercer precisamente esa oposición, esa labor de control al Gobierno y proponer cuantas medidas consideremos oportunas. ¿Y por qué digo esto? Porque, aunque vaya por la delante que vamos a apoyar la proposición no de ley, hemos considerado oportuno presentar dos enmiendas de adición, que sustancialmente no modifican nada la proposición no de ley presentada por el Partido Popular y avalada por el diálogo social, pero creemos que sí que aporta. Una -como decía anteriormente- de control al Gobierno, ya que entendemos que aprobar esta proposición no de ley para instar al Gobierno de la Nación a que cofinancie parte de estas nuevas medidas, de este nuevo sistema aprobado, y que se va a... aprobado ya y puesto en marcha, no es óbice para que el consejero de turno informe en estas Cortes de Castilla y León. Yo creo que lo uno es perfectamente complementario de lo otro. Por lo tanto, mantenemos lo dicho, mantenemos la enmienda de adición, y creemos que debe de ser aprobada y consensuada y recibida por el resto de los partidos políticos.

Y la otra enmienda de adición que hemos metido también, habla en base a las informaciones que nos han llegado de la posible pérdida de empleo público, ya que las mediaciones que hasta ahora las venía haciendo la Oficina Territorial (el SMAC o el UMAC, como queramos llamarlo), pues, a partir de ahora, lo hará el SERLA, el organimo... el SERLA. Por lo tanto, bueno, pues pudiera darse de que pudiera perderse empleo público. Por lo tanto, con el objetivo de vigilar esa no pérdida de empleo público, pues lo que queremos es instar a la Junta a que vele por esa posible... si se me corrige y no es así, no ha lugar a que pueda perderse empleo público, no tenemos ningún problema en reconsiderar nuestra postura, pero, hasta la fecha, creemos que, por la información que nos ha llegado –como digo y como repito-, es posible que se pueda perder empleo público.

Creo que son dos enmiendas sencillas, fáciles de asumir por el resto de los grupos políticos. Y quiero recalcarlo, y quiero recalcárselo al proponente, que es de exclusivo control político, al margen del diálogo social.

¿Qué es el SERLA? El señor De la Hoz yo creo que lo ha explicado: es un órgano cuyo cometido es la gestión de los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje, en los términos recogidos –como bien dice en sus antecedentes- en el Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales. Afecta a los conflictos colectivos que tengan como objetivo resolver las discrepancias en la aplicación o en la interpretación de una norma estatal.

El pasado mes de septiembre se firmaba el acuerdo entre los agentes sociales y económicos de Castilla y León con la Junta de Castilla y León, que, entre otras, establecía esta: la nueva financiación para las nuevas competencias en los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje. Es la primera... la primera provincia que lo pone en marcha es Valladolid. Trabajará paralelamente, hasta el treinta y uno de diciembre, con la Oficina Territorial de Trabajo. Nuestra Comunidad Autónoma es la cuarta que se pone... que lo pone en marcha; se suma a las de Aragón, Cantabria y Navarra.

Reconocemos el buen trabajo y el servicio que se ha venido prestando a los trabajadores. Desgraciadamente, aquí... y el señor proponente no lo va a compartir conmigo, pero creemos que aquí, y fundamentalmente, a quien se presta mayor servicio es a los trabajadores que están en una situación más precaria, los trabajadores con un contrato parcial, que pueden acudir a ese tipo de servicio y que, por las condiciones económicas o por los salarios que perciben, pues en algunos de los casos le iba a costar más la reclamación que las propias cantidades que pudiera percibir. ¿Como consecuencia de qué? Pues ya se lo imagina, señor De la Hoz, como consecuencia de una nefasta reforma laboral. Yo creo que es obligado también decirlo, y es de justicia reconocerlo por parte de todos.

Ya digo que la implantación será paulatina. En el primer sitio donde se ha puesto ha sido en Valladolid en el tres de noviembre. Y, como bien recogía en los antecedentes, porque yo creo que en esto no hay nada que inventar, se irá desarrollando paulatinamente a lo largo del próximo año, del dos mil diecisiete, en todas las capitales de provincia y Ponferrada, allá donde haya juzgados de lo social.

Los datos que disponemos, y que son coincidentes, como no puede ser de otra manera, con el... con el proponente, es que, hasta la fecha, en torno al 59 % de los casos en los que han tenido que intervenir el SERLA en este nuevo procedimiento, en estas nuevas medidas, han sido de acuerdo.

Por lo tanto, creemos que es fácil de aceptar las dos enmiendas que hemos... de adición que hemos querido introducir, como complemento y de exclusivo... -quiero recalcarlo- de exclusivo control político a este Parlamento. Es de justicia que, si apoyamos la cofinanciación para que el Gobierno de España apoye económicamente esta nueva medida, yo creo que es de justicia también que se informe en este Parlamento, lo primero, si el Gobierno de España ha admitido esa cofinanciación; segundo, cuáles son los datos o cuál es el avance, el desarrollo de estas nuevas medidas, de este nuevo procedimiento del SERLA. Y yo creo que es fácilmente entendible y asumible por parte de todos los grupos políticos.

En la espera de que así lo reconozcan, sobre todo el proponente y el grupo mayoritario de estas Cortes, muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Para fijar posición, en representación del Grupo Mixto, tiene el uso de la palabra el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Gracias, señor vicepresidente. Bien, no voy a entrar a definir, porque creo que lo han hecho los dos anteriores, lo que es el SERLA, lo que es este órgano que nació de ese acuerdo interprofesional y que es extrajudicial y que se dedica a la mediación y al arbitraje, pero que ahora cambia, porque, si antes se dedicaba a resolver, de alguna forma, o a intermediar en las controversias laborales colectivas, da un paso más adelante y también lo va a hacer ahora en los conflictos laborales de carácter individual.

Bien, yo, por seguir un poco el hilo argumental del ponente, a mí me gustaría empezar, antes de entrar a valorar la resolución definitiva, pues hablar un poco de lo que esta proposición no de ley conlleva. Y, sobre todo, que, aunque reconociendo que es verdad que nace –y creo que eso ya le da una cierta importancia y un cierto carácter positivo- del acuerdo del diálogo social, también es un buen momento para realizar esa evaluación que ustedes planteaban o que usted decía, incluso, en su propia intervención, ¿no?

Primero, yo no sé si ha sido un rotundo acierto, yo no sé si podemos hablar de un sistema de excelencia tan grande, porque, claro, aquí cada uno deberá de establecer su nivel de ambición. Usted hablaba del 43 % de la resolución; bien, cada uno plantea su nivel –repito- de ambición donde él quiere. Pero sí que es cierto, sí que es cierto, que la experiencia acumulada en todo este tiempo ha demostrado que el SERLA está siendo un factor de fluidez, de eficaz... de resolución de los conflictos colectivos hasta ahora. Y ha supuesto también, por otra parte, una modernización en las relaciones laborales, aportando también elementos lógicos de participación activa, agilidad en los procedimientos y profundización en los temas objeto de conflicto y en las soluciones conciliadoras posibles.

Este incremento de contenido que ustedes han planteado en esta última fase, progresivo, de la utilización del SERLA ha supuesto también una consolidación del sistema, y -consecuencia directa- que ha sido plenamente asumido por todos los actores directos de las relaciones laborales, adquiriendo un papel cada vez más relevante y dinamizador en el entorno laboral.

Yo le decía que la valoración que cada uno hace lo tiene que hacer dependiendo de su nivel de ambición, y un poco más allá de lo frío de los números o de lo frío de los datos numéricos, ¿no? Porque usted hablaba del 43 %. Con lo cual, cada uno tendrá que valorar exactamente si ese es el impacto social que al fin y al cabo tiene.

Yo, ahora me gustaría centrarme en ese paso adelante que ustedes van a hacer. Y lo voy a hacer, también, un poco en relación a lo que decía el señor Pedro Reglero. Porque, miren, a mí lo que me preocupa, o lo que a nosotros nos preocupa, es ese vacío o ese vaciado de contenidos que va a tener a partir de ahora el SMAC. Porque ese vaciado progresivo -eso es evidente, porque va a asumir ciertas competencias, prácticamente todas, con respecto a la resolución de los conflictos individuales, el SERLA- va a dejar, sin duda... sin duda, sin ciertas competencias, también, a esos trabajadores. Con lo cual, en principio, lo que sí parece es que se pueden amortizar determinados puestos de trabajo, aparte, aparte, aparte de –repito- vaciar de competencias el SMAC. Y a mí eso sí que me preocupa, y a la UPL sí que le preocupa, porque entendemos que incluso ahora los datos de resolución del SERLA... A mí me gustaría que usted me lo dijera porque lo que yo he podido estudiar es que ha habido, también, una disminución en el dato absoluto en lo que va de año. Sé que no está cerrado el año, pero creo que baja también ese 43 % que usted decía -del SERLA estoy hablando, ¿eh?-. Por lo tanto, en principio, yo no sé si va a ser bueno, si va a ser malo; el tiempo nos dirá si ese cambio, ese asunción de competencias del SMAC va a ser bueno o va a ser malo.

Pero ya dejando aparte todo eso y hablando de la resolución –porque me queda poco tiempo-, miren, vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo, lo que pasa es que nos parece un poco una incongruencia. Es decir, pedir, pedir, pedir –no ponga esa cara- pedir cofinanciación al Estado para asumir una competencia impropia. Pedir al Estado que, sin tener las transferencias, sin tener las transferencias, nos cofinancie un servicio que, probablemente, probablemente, debería de estar financiado en estos momentos por el Estado. Gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

En representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y para fijar posición, tiene el uso de la palabra la señora Rosado Diago.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, vicepresidente. En todas las organizaciones empresariales existen conflictos y desavenencias entre la dirección de la empresa y los trabajadores, y debemos asumir que el conflicto es algo consustancial a la dinámica organizacional. Las claves de las relaciones laborales en el futuro es, sin duda y con mayor frecuencia, la solución de conflictos extrajudicialmente, es decir, sin intervenir ningún órgano judicial. Y nuestro grupo considera que, sin lugar a dudas, la conciliación, la mediación y el arbitraje serán la forma más habitual de solución de conflictos. En este contexto, las Comunidades Autónomas han desarrollado sus propios organismos de resolución extrajudicial de conflictos.

En Castilla y León ya lleva 20 años con nosotros SERLA, como institución que propicia el diálogo y el consenso dentro de los conflictos laborales. Y es fruto de las negociaciones con CECALE, con UGT y Comisiones Obreras, entidades sindicales y empresariales más representativas en general. Entre ellas y la Administración se suscribieron diferentes acuerdos, que en la fecha actual se materializan en la continuidad de SERLA, y en ser un instrumento eficaz para evitar procesos judiciales. Las diferentes memorias anuales que publica SERLA en su página web ponen de manifiesto los 4.000 expedientes atendidos y un 43 % de acuerdo. Por lo tanto, un 43 % que no acabó en los tribunales. Todas las memorias tienen una evaluación de servicio por usuarios, y esta es buena.

Sin embargo, sí consideramos que se tiene que seguir continuando con una labor de sensibilización, porque sigue habiendo reticencias al usar esta institución. Algunos profesionales plantean que, para sus clientes, parece que, si no se ha acudido a un órgano judicial, el trabajo profesional no tiene tanto valor. También hay que desterrar esta idea. Muchas veces es más complicada la defensa de un asunto en un arbitraje -mucho más rápido, vivo y flexible- que en un proceso judicial. Hacer ver esto a los trabajadores y empresarios es imprescindible. Es un problema actual... un problema cultural superado en otras sociedades, y que en la nuestra debe superarse.

En esa labor, sindicatos, asociaciones empresariales, además de la propia Administración, tienen un papel fundamental. Las ventajas más considerables que existen y que se deben conocer, y que ya se han dicho aquí por procuradores, son: la celeridad del procedimiento, es una de las mayores ventajas del procedimiento arbitral que generalmente destacan todas las personas y entidades que se han acogido en algún momento a procedimientos arbitrales, que vienen a durar en torno a 25 días, y teniendo 10 días hábiles para resolver el conflicto; y, también, la flexibilidad del procedimiento. Si la celeridad es una de las ventajas que destaca en el arbitraje, la flexibilidad también es otra. Los principios a que se somete el arbitraje son suficientemente garantistas, pero el desarrollo procedimental se deja al criterio del órgano arbitral, garantizando como mínimo una comparecencia de las partes en las que puedan alegar y aprobar lo que deseen.

Es de esperar, pues, que el arbitraje laboral adquiera la importancia lógica que ha de tener un sistema basado en la negociación colectiva e individual, como debe ser el nuestro. Desde luego, no le corresponde a él el papel de protagonista, este le corresponde... a este le corresponde la negociación y los procedimientos basados en ella; pero tampoco le corresponde un papel de mero telonero. Darle el prestigio y la importancia que merece, saberlo utilizar adecuadamente, saber asesorar a los interesados para que cada conflicto pueda acogerse al procedimiento más adecuado es una labor imprescindible en la que todos debemos colaborar.

La ampliación de las funciones de SERLA para solucionar conflictos laborales individuales suponen 900.000 euros en Castilla y León, en total un millón y medio de euros, y la Administración de Justicia va a tener un ahorro aproximado de 70 millones, que es lo que pone en la proposición no de ley. Pues bien, para que el Ministerio asuma esta corresponsabilidad, lo que nosotros nos preguntamos es qué interlocución tienen ustedes con el Gobierno de no poderlo haberlo negociado directamente. La forma de haberlo resuelto serían reuniones en su propio grupo y para que ahora mismo estuviera presupuestado en estos Presupuestos del dos mil diecisiete, y no esta proposición no de ley. Sin embargo, vamos a votar a favor porque es bueno para empresarios y trabajadores. Gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Para fijar posición, en representación del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, tiene el uso de la palabra la señora Pascual Álvarez.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias, vicepresidente. Pues bien, este acuerdo supone la externalización de una importante parte de las competencias que vienen siendo desarrolladas por empleados públicos del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Consejería de Empleo. Con el nuevo sistema, la parte más lúcida del trabajo de estos empleados públicos (conciliaciones individuales, salvo en las reclamaciones de cantidad, que son las más difíciles de conciliar) pasa a ser desarrollado por 36 personas: 18 designadas por CECALE, 9 UGT y 9 Comisiones; que, pese a esa elección y designación por la patronal y los llamados sindicatos mayoritarios, serán retribuidos con fondos de la Junta de Castilla y León, encareciendo el servicio.

Ya la expresiden... vicepresidenta –perdón- de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, remitió una carta en abril o mayo al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la que le solicitaba el apoyo de su departamento para impulsar la ampliación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA) en los conflictos individuales. Se argumentaba que tendrá un coste entre 3.000.000 para la Comunidad, pero, a su vez, supondrá un ahorro de 70 millones. Sería bueno que ustedes explicaran con qué alborozo recibió el ministro de Justicia ese gesto de nosotros nos gastamos 3 y ustedes ahorran 70. Conocer, en definitiva, si se ha obtenido respuesta a esa carta y, de ser así, en qué términos, pues estamos hablando que se envió en abril-mayo.

Además, se planteaba la posibilidad al Ministerio de suscribir un convenio de colaboración en la medida en que no se ha transferido a esta Comunidad las competencias referidas a la Administración de Justicia. Y ustedes se dicen a sí mismos que los datos demuestran que aquella decisión de la Junta, la de sumarse al acuerdo de solución autónoma de conflictos laborales, fue un rotundo acierto. Claro que no lo vamos a discutir, ni mucho menos, pero ¿qué ocurre, que anteriormente el SMAC era un rotundo fracaso? Convendría explicarlo.

En estos años, ratifican que el SERLA ha demostrado ser un instrumento altamente eficaz para evitar procesos judiciales y, además, con un alto grado de satisfacción por las partes en conflicto. Tampoco lo vamos a discutir. No vamos a dudar, pero nos gustaría conocer la encuesta de satisfacción y que estos magníficos resultados invitaban a dar un paso más.

Porque estamos hablando de un sistema de conciliación realizado por un servicio público que funciona, que funciona, no se van más allá de 15 días los procesos de conciliación. Pero en ningún momento expone las razones por las que se hace necesario prescindir del SMAC. ¿Qué quejas se han producido? Si es por falta de eficacia, por costes. ¿Cuáles son las razones por las que se desmantela el servicio público? No he escuchado ni una sola explicación. A nuestro juicio, insisto, es un servicio que funciona bien.

Nos vemos obligados a preguntarnos cuáles son las razones por los que la Junta bendice este acuerdo de la patronal-sindicatos, que permitirá al SERLA ampliar sus funciones, asumiendo lo que, hasta ahora, venían haciendo los servicios del SMAC. Con este acuerdo, se deriva el acto de conciliación que se lleva a cabo ante un empleado público imparcial a una mediación con agentes de parte. Porque, si tenemos en consideración la normativa que lo sustenta, el Artículo 63 de la Ley de la jurisdicción social establece como requisito previo a la jurisdicción social el intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente. En Castilla y León, el SMAC, o el órgano que asuma las funciones.

Según fuentes sindicales, el SERLA sustituirá a la SMAC en despidos, movilidad y sanciones, pero no en reclamaciones de cantidad. Claro, es que reclamaciones de cantidad es muy difícil conciliar; eso lo dejamos. Pues bien, el Real Decreto 2756/79, de veintitrés de noviembre, que regula el funcionamiento de los servicios de mediación, arbitraje y conciliación, no ha sido derogado a fecha de hoy. Y, puesto que en España impera el principio de jerarquía normativa, un acuerdo, aun entre agentes sociales, no puede sustituir a lo regulado en el Real Decreto-ley. Por tanto, el Artículo 63 de la Ley de la jurisdicción social sigue en vigor; da opción a las empresas y trabajadores a cumplir con el requisito previo de tramitar el proceso y acudir al SMAC, al servicio público, como hasta ahora, o bien acudir al nuevo SERLA, en el que actúan los agentes sociales. Desde luego, no imparciales, puesto que serán en unos casos mediadores, en otros partes, con lo que se rompe las premisas fundamentales de los mediadores.

Se me acaba el tiempo y son muchas las cosas que me gustaría decir. No obstante, nos hablan de unos ahorros, nos hablan de unos costes. El señor Carriedo –leo literalmente- nos dijo: "El coste para las arcas autonómicas será de 1.000.000 en dos mil diecisiete, entre formación, materiales, funcionamiento, compensaciones económicas para los mediadores". Son palabras textuales. Por otro lado, ahorramos 70 millones. Y pregunto yo: ¿esto lo han calculado? Y ustedes, una vez más, apelan a la buena voluntad, pues, teniendo en cuenta que en Castilla y León no tenemos asumidas esas competencias, pues a ver... a ver qué nos dicen.

En fin, voy a terminar. Lo que está claro es que el servicio se encarece y se amortizan empleos. (Y termino ya). Como es palmariamente... como esto supone palmariamente privatizar y externalizar funciones propias de los servicios públicos, contraviniendo los principios de igualdad, mérito y capacidad para el desempeño de estas funciones, mi grupo parlamentario se abstendrá. Gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Para cerrar el debate y fijar posición del texto definitivo, tiene el uso de la palabra, por parte del grupo proponente, el señor De la Hoz Quintano.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Gracias, presidente. Agradezco el tono de las intervenciones de los... del resto de grupos parlamentarios, y me van a permitir utilizar mi turno para hacerles algunas aclaraciones a algo que creo que es un cierto grado de confusión en algunas de las palabras que los procuradores han dicho respecto de las funciones asumidas respecto del SERLA.

Al representante de Ciudadanos decirle que, evidentemente, la Junta de Castilla y León ha hablado ya con el Gobierno. Ha hablado con el Gobierno anterior y con el actual. Lo que estamos haciendo es reforzar la posición de la Junta de Castilla y León a la petición hecha por la Junta de Castilla y León, por carta –como ha dicho la representante de Podemos-, pero también a través de reuniones con el anterior secretario de Estado y con el actual, y, lógicamente, la petición, también, que han hecho los agentes económico y sociales.

Esto pretendemos sea un refuerzo a la posición de Castilla y León en algo que, como decía al final de mi intervención, entendemos que es de justicia; y es que si vamos a generar un ahorro a la Administración de Justicia estimado en 70 millones de euros, señora representante de Podemos, 70 millones de euros, la estimación del... del ahorro para la Administración de Justicia en 70 millones de euros está basada en la experiencia en otras Comunidades Autónomas. Le he hablado de cinco Comunidades Autónomas que son las que tienen en este momento puesto en marcha, utilizando los datos de Aragón, los procedimientos judiciales que se han evitado suponen un coste o un ahorro, perdón, para la Administración de Justicia de 70 millones. ¿Dónde están esos 70 millones? En los honorarios de letrados y procuradores, lógicamente en tiempo y en rapidez en la gestión de los... de los acuerdos; y, en segundo lugar, procedimientos judiciales que no se afrontan, ahorro que, lógicamente, se genera en la Administración de Justicia.

Lo que estamos pidiendo es que la obligación, que en virtud de lo establecido en el Artículo 63 de la ley que regula la jurisdicción social, compete a la Administración autonómica; es decir, la obligación de acudir a la conciliación previa a la vía judicial... sus costes han de ser asumidos por la Junta de Castilla y León. Lo que estamos diciendo es que no solo vamos a limitarnos al servicio del SMAC, sino que también lo ampliamos al SERLA y así generamos un beneficio a la Administración de Justicia, que esperamos sea corresponsabilizada.

A la representante así de Podemos, decirle, primero, no se desmantela el servicio del SMAC. El hecho de que únicamente... –y le contesto también al procurador de la UPL- el hecho de que SERLA amplíe sus funciones a la solución de conflictos individuales que no sean de exclusividad reclamación de cantidad, supone que en torno al 53 % de las actuales intentos de conciliación que se presentan en el SMAC pasen al SERLA, y el SMAC mantenga en torno al 47 % de las conciliaciones previas a la vía judicial; es decir, no se desmantela el SMAC, el SMAC seguirá teniendo sus funciones, reducidas –eso sí- en torno a un 53 %. Por lo tanto, el SMAC continúa. Pero el SMAC forma parte de las oficinas territoriales de trabajo, y las oficinas territoriales de trabajo no solo se encargan del SMAC, hay otra serie de competencias importantes, muy importantes, que la reducción de carga de trabajo va a permitirles ahora afrontar de mejor manera. Y yo, que conozco las oficinas territoriales de trabajo, les digo, están hasta arriba de trabajo. Por lo tanto, la liberación de una parte de su carga de trabajo va a permitir que, por ejemplo, la intervención en las regulaciones de empleo, la responsabilidad en la prevención de riesgos laborales, como autoridad judicial, en la tramitación de las subvenciones ante los centros especiales de empleo, como los autónomos, como las cooperativas, se puedan desenvolver mejor. Por lo tanto, en absoluto existe riesgo alguno, y lo digo tajantemente, en absoluto existe riesgo alguno para los puestos de trabajo de los que hasta ahora desempeñaban las funciones de conciliación en las oficinas territoriales de empleo, funcionarios públicos; funcionarios públicos que en parte continuarán desarrollando su trabajo y en parte, lógicamente, desarrollarán otras de las funciones que tienen atribuidas las oficinas territoriales de empleo.

Por lo tanto, nos preocupa o que algunos pretendan simplemente generar un cierto desconcierto entre los funcionarios públicos que absolutamente –y soy tajante en ello- tienen garantizado su puesto de trabajo como funcionarios públicos. Por lo tanto, no generen ustedes miedo. Y contento... contesto con esto al representante del Grupo Parlamentario Socialista, en el cual veo en sus enmiendas –y voy concluyendo, presidente- una revelación de los típicos complejos del Partido Socialista cuando hablamos de acuerdos alcanzados en el seno del diálogo social. Sí, ustedes lo respetan, pero no sé por qué, no sé por qué -y me preocupa viniendo de usted, señor González Reglero- les genera esa intranquilidad, esa incomodidad, esa envidia a que el Gobierno de la Junta de Castilla y León alcance acuerdos con los agentes económico y sociales. Señor González Reglero, que es bueno, que es bueno para Castilla y León, que es bueno para todos, que es bueno para la Junta de Castilla y León, para los partidos políticos, para los sindicatos, para los trabajadores, para los empresarios, que el diálogo social es muy positivo, y que, ¡ojalá!, y que, ¡ojalá!, el diálogo social tan bueno que se mantiene en Castilla y León con los agentes económico y sociales pudiera ser extensivo a los grupos parlamentarios de esta Cámara. Y que, ¡ojalá!, también tuviéramos un diálogo político al nivel del diálogo social que tenemos en nuestra Comunidad Autónoma. Pero ustedes, afincados en el cómodo "no es no", prefieren negar cualquier posibilidad de diálogo con el Partido Popular. Aprendan ustedes, aprendan ustedes de lo que están haciendo ahora sus compañeros de Madrid, que no es malo dialogar, que no es malo pensar en el interés de sus ciudadanos mejor que en su propio interés. Si ustedes piensan en los ciudadanos mejor que en ustedes mismos, desde luego, estarán beneficiando...

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Señor De la Hoz, vaya terminando.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

... a los ciudadanos a los que ustedes dicen representar. En todo caso, decirles y agradecerles la posición favorable a esta proposición; lamentar, sinceramente, que Podemos creo que no ha entendido qué es el nuevo servicio, y estoy seguro que la práctica, la puesta en marcha, primero en Valladolid y después en todas las provincias de nuestra Comunidad Autónoma, de este nuevo servicio del SERLA desmientan a aquellos que hoy tienen dudas sobre...

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Señor De la Hoz, concluya.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

(Concluyo). ... sobre el servicio del SERLA. En todo caso, mantendremos las negociaciones, de las cuales, por supuesto, les tendremos a ustedes absolutamente informados. Nada más y muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Señor secretario, dé lectura, por favor, al enunciado de la segunda proposición no de ley del orden del día.

PNL/001124

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Muchas gracias. Proposición No de Ley 1124, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, para instar a la Junta a realizar un proyecto de Ley para modificar el Artículo 235 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, con el contenido que se detalla. Proposición no de ley publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 211, de quince de diciembre de dos mil dieciséis.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Para presentar la proposición no de ley, por el grupo proponente, tiene el uso de la palabra el señor Díez Romero.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Gracias, señor vicepresidente. Buenos días. Lo primero decir que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León durante los sucesivos ejercicios, y especialmente para el año dos mil quince, que es los primeros que hemos podido conocer desde nuestra llegada a la Cámara, y las modificaciones subsiguientes, se elaboran en el marco de la Ley 2/2006, del tres de mayo, de Hacienda y del Sector Público, con respeto al principio de estabilidad presupuestaria recogido en el famoso Artículo 135 de nuestra Constitución y desarrollado en la famosa Ley Orgánica 2/2012, de veintisiete de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Este principio, del cual tanto el Partido Socialista como el Partido Popular son padres, son especialmente responsables tanto el señor Herrera como, especialmente, el señor Tudanca -que tuvo la oportunidad de votarlo-, limita las políticas sociales de nuestra Comunidad Autónoma y la calidad en la educación y la sanidad de las y los castellano y leoneses. En base a este principio, por ejemplo, tenemos como para el Presupuesto de dos mil diecisiete tenemos un déficit del 0,6 %, fijado en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En la presente ley se recogen los estados de ingresos y de gastos que financiarán las diferentes políticas que le corresponde ejecutar al Ejecutivo de nuestra Comunidad Autónoma. Creo que es importante subrayar que la Exposición de Motivos de la Ley 3/2015, de cuatro de marzo, de Transparencia y Participación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, dice que el conocimiento de la actuación de los poderes públicos, de sus objetivos, motivaciones, resultados y valoración, permite a la ciudadanía formarse una opinión crítica y fundada sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas. Nosotros creemos que, en base a lo que hemos... en base a estas dos leyes y en base a la ausencia de mayorías absolutas y las demandas de una mayor calidad democrática por parte de toda la ciudadanía de Castilla y León y del conjunto del país, hacen necesario cambios legislativos profundos, y hacen necesario cambios legislativos para adecuarse a la nueva realidad que yo creo que se abre paso entre la ciudadanía. La puesta en marcha de cambios y de estos mecanismos de control exige que la Comunidad Autónoma de Castilla y León asuma que es necesario incrementar de una manera suficiente el grado de control por parte de este Parlamento, por parte de los ciudadanos, en este caso, al Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, pensamos que lo que debemos hacer es modificar la Ley 2/2006, de tres de mayo, de Hacienda y del Sector Público de Castilla y León, para modificar, como ya se ha dicho en la Exposición de Motivos por parte del secretario, en este caso el Artículo 235. Un artículo que hace referencia a la remisión de información por parte... periódica de las modificaciones presupuestarias que venimos sufriendo por parte del Ejecutivo. Estas modificaciones presupuestarias se nos dan con tres meses; nosotros pensamos que esto, evidentemente, puede ser propio de hace treinta años, pero, con el grado de conocimiento y acceso, en este caso, a las tecnologías, pues, evidentemente, no debe ser así.

Por lo tanto, nosotros hemos propuesto una propuesta que se sustancia en las siguientes... en los siguientes puntos: remisión, en este caso, a las Comisiones, respecto al ámbito de aplicación, de las propuestas de expediente de modificaciones de créditos y transferencias de créditos por importe superior a 100.000 euros; b) remisión, en este caso, de los gastos de carácter plurianual o de ejercicios futuros, contemplados en el Capítulo II de esta ley, por importe superior a medio millón de euros; c) remisión de las encomiendas o contrataciones a cualquier organismo público considerado como medio propio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por importe superior a los 100.000 euros, y modificaciones presupuestarias superiores a 100.000 euros.

El punto segundo haría referencia a los expedientes de gestión presupuestaría y tendríamos las operaciones de endeudamiento superiores a los 50 millones de euros; b) el otorgamiento de avales, garantías y contratos de refinanciamiento, cuando supongan un volumen, en este caso, mayor a 100.000 euros. Y así sería un poco nuestra iniciativa.

El objetivo de la iniciativa no es otro con la que acabar con esta falta de control, que, como ya digo, no puede considerarse control a remitir periódicamente a los portavoces de la Comisión de Economía, cada tres meses, una suerte de modificaciones presupuestarias para su estudio, pero sin que se voten por parte de los grupos, y que creo que desvirtúan el Presupuesto. Y el ejemplo más palmario yo creo que son las modificaciones que se producen en dos sectores claves en este caso del gasto social.

Voy a poner dos ejemplos ilustrativos. No es de recibo, para nuestro grupo político, que se modifiquen, por ejemplo, año tras año, los presupuestos en la educación concertada; por ejemplo, en el ejercicio dos mil quince, en este caso, en 78 millones de euros a mayores, pasando de 218 millones de euros presupuestados a 296 millones de euros. Creo que esto, evidentemente, infiere una política neoliberal del Partido Popular que tiene como objetivo desmantelar la educación pública y transferir recursos de esta a la concertada.

Tampoco consideramos, en este caso, de recibo que se produzcan modificaciones, año tras año, en el canon del Hospital de Burgos, un canon fijado en 30 millones de euros, que, hasta el año dos mil catorce, llegó a ascender hasta 69 millones de euros, y que en el año dos mil quince, más 21 millones de euros, hasta 90 millones de euros.

Por todo ello, creo que pido al resto de grupos el apoyo unánime a esta propuesta, porque creo en la democracia sobre todo, porque creo en el respeto a esta Cámara, porque creo en el respeto a las y los castellanos y leoneses, y porque desde nuestro grupo político pensamos que se merecen el mayor de los respetos, la mayor parte de la... la mayor información posible, y, sobre todo, lo que se merecen es saber a qué, realmente, destina el dinero la Junta de Castilla y León, sin filtros opacos de ningún tipo; y sobre todo en tiempo y forma, y no tres meses después. Muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

A continuación, los grupos parlamentarios fijarán su posición. A esta proposición no de ley no han sido presentadas enmiendas. Para fijar su posición, por parte del Grupo Mixto, tiene el uso de la palabra el señor Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien, muchas gracias. Nosotros vamos a apoyar la proposición. Como no puede ser de otra forma, nosotros no nos vamos a oponer a ninguna iniciativa que profundice en la transparencia de los poderes públicos y que permita a la ciudadanía acceder a las fuentes de información administrativa y que refuerce el carácter democrático de las Administraciones públicas. Por lo tanto, estamos, en consecuencia, a favor de incrementar el control del grado de la ejecución presupuestaria del Poder Ejecutivo por parte del Poder Legislativo.

Sí creemos que se podría ir más allá, y sí que demandaríamos una reforma integral de la ley más allá de los puntos que se plantean en esta proposición. Nosotros creemos que la Ley 2/2006, de tres mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, que regula el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control de la gestión del servicio público autonómico en ejercicio de las competencias que le atribuye el Estatuto de Autonomía, debe ser modificada. Creemos que la ley que regula la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos de nuestra Comunidad garantice la máxima transparencia, pero eso no creemos que sea suficiente por sí mismo. Nuestra aspiración sería que la ciudadanía castellana y leonesa pudiera participar en su elaboración a través de los Presupuestos participativos y, por su puesto, en sus posibles modificaciones.

Consideramos, pues, que esta ley debe ser modificada íntegramente para que los ingresos y gastos que se producen en nuestra Comunidad estén al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los intereses del gran capital. Esta proposición no de ley que debatimos hoy se centra en variar la redacción del Artículo 235, remisión de información a las Cortes de Castilla y León. Artículo que estamos de acuerdo en que debe de ser modificado. De hecho, consideramos que el planteamiento de esta proposición va más allá de la mera remisión de información a las Cortes de Castilla y León. Hablamos en la misma de introducir un procedimiento de examen y, en su caso, de autorización previa por la Comisión de Economía y Hacienda; es decir, no estaríamos hablando solo de informar a las Cortes, sino de ampliar las competencias de la Comisión de Economía y Hacienda para examinar y establecer, en su caso, autorización previa de las modificaciones presupuestarias. Competencias que entendemos deben desarrollarse ampliamente también en otros artículos de la Ley 2/2006.

Además de ello, como pretendemos que la Ley de Hacienda de Castilla y León tenga la máxima estabilidad y esté vigente en el tiempo, consideramos que la Comisión encargada de todos estos temas no debe de ser solamente la de Economía y Hacienda, sino la que corresponda en función de los diferentes ámbitos, pues su nombre puede ir variando a lo largo del tiempo.

En el punto 1 b) la proposición no de ley habla de los gastos de carácter plurianual o de ejercicios futuros contemplados en el Capítulo II de esta ley, por importe superior a 500.000 euros. Nos encontramos con que seis títulos de los ocho que posee la ley tienen Capítulo II. Entendemos que se está refiriendo al Título IV, del régimen presupuestario, cuyo Capítulo XI... cuyo Capítulo II se denomina –perdón- de los escenarios en que han de enmarcarse los Presupuestos generales de la Comunidad, y, dentro de él, varios artículos hablan de presupuestos plurianuales. Pero creemos que no queda claro con la redacción de esta propuesta de resolución a qué Capítulo II se referiría.

Entrando en concreto en la propuesta que se realice, se plantea en el primer punto una modificación de crédito cuyo importe sea superior a 100.000 euros, cuando la ley actual dice que la Consejería de Hacienda remitirá a la Comisión correspondiente de las Cortes de Castilla y León la siguiente información: cada dos meses las modificaciones de crédito realizadas en dicho período, sin delimitar la cantidad. Además del límite de los 100.000 euros, también se introduce en otros casos 500.000 euros, y si son endeudamiento de más de 50 millones de euros. Nos imaginamos que se esté refiriendo a que, cuando sobrepasen dicho límite, se introduzca el procedimiento de examen y, en su caso, de autorización previa por parte de la Comisión de Economía y Hacienda. Los presupuestos en que se mueve la Comunidad Autónoma, una cantidad de 100.000 sería a nuestro juicio una cantidad pequeña.

Con la redacción que se da en esta proposición no de ley –que, como he dicho al principio, vamos a votar favorablemente- creemos que también sería positivo aclarar si la nueva redacción que se pretende dar al Artículo 235 es añadir la propuesta tal cual, con un nuevo punto a dicho artículo, o si es una modificación. En la actual ley, el Artículo 235.1.b ya recoge la obligatoriedad de remitir la información de las modificaciones de créditos sin poner cuantías y topes -es decir, todas- a las Cortes. Si con esta variación del artículo se pretende añadir un estudio de autorización previa de determinadas modificaciones presupuestarias, consideramos que lo más oportuno es desarrollarlo en otros artículos donde se refieren claramente estos hechos. Pero, si estamos hablando de remitir información, creemos que la información que se remita a la Comisión correspondiente debería ser en su totalidad. Otra cosa diferente es hablar de las competencias y funciones que se dote a dicha Comisión, que cuanto mayores sean y más capacidad de control del Poder Ejecutivo tengan es, evidentemente, mucho mejor.

Por lo tanto, estamos de acuerdo en el planteamiento, creemos que la proposición no de ley puede aumentar la democracia, aumentar la trasparencia en la Comunidad, si bien creemos que se podría ir más allá y que será, por lo tanto, objeto de futuras iniciativas parlamentarias. Y que, evidentemente, lo que no es aceptable es que se pueda anteponer la calidad de vida de la ciudadanía y al mantenimiento de los servicios públicos el pago de la deuda o la estabilidad presupuestaria, y que nuestra población pueda ser, por tanto, la dueña de las decisiones presupuestarias. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

Para fijar posición, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene el uso de la palabra el señor Mitadiel Martínez.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Gracias. Señorías, el texto de la propuesta de resolución me plantea problemas con la separación de poderes. ¿Que hay un problema con el control de las Cortes sobre el Ejecutivo? Ciertamente, ciertamente. El Ejecutivo hace lo que considera oportuno, dentro de las normativas legales. Nosotros nos enteramos tarde, mal y nunca. Comparecen cuando consideran oportuno que tienen que comparecer, y no tenemos instrumentos para obtener una información en tiempo y forma. ¿Que esto es un problema existente? Pues creo que para todos los que comparten la Oposición no necesito explicárselo. Pero lo que... Bueno, el objetivo de la moción dice: necesario incrementar de una manera suficiente el control del grado de la ejecución presupuestaria del Poder Ejecutivo. Y para conseguirlo dice que: en el que se introduzca un procedimiento de examen y, en su caso, de autorización previa por la Comisión de Economía y Hacienda de determinados expedientes de gestión presupuestaria.

Bien, me da la impresión de que aquí se ha pretendido, o se pretende, darle un poder ejecutivo a la Comisión de Hacienda que, a mi juicio, ni debe ni puede tener. Y que, por lo tanto, podrá solicitar toda la información que considere oportuno. Bueno, para llegar a esa conclusión he intentado ver el Reglamento de las Cortes, cómo nos da por una parte el procedimiento legislativo y después cómo fija el control de la acción del Gobierno. Y, bueno, pues hago un repaso por si acaso se nos ha olvidado a alguien: programas o planes remitidos por la Junta, informes de la Junta, interpelaciones, mociones, preguntas. Solamente hay una mención, y eso es en el Artículo 26 de la Ley de Presupuestos vigente, en el que, ante una situación de avales no previstos en el texto de la ley, se dice que esos serán aprobados por las Cortes. Es decir, no creo que podamos tener ningún otro... otro instrumento. Pero es que, además, bueno, creo que se plantea en unas cifras... independientemente ya de este problema, que me parece importante y que, desde luego, tendríamos que mejorar la información, y tenemos que mejorar el control, porque hasta ahora, aparte de... del Artículo 235 que menciona, el 237 habla de la información sobre la estabilidad presupuestaria, y en la Ley de Presupuestos el 37 habla de las comunicaciones del Gobierno al Legislativo. Bien. Seguramente... no, seguro, a las pruebas me remito, por nuestra experiencia en la Oposición, que hay que mejorar muchísimas cosas para poder obtener de la... de las Consejerías una información en tiempo y forma. Y yo no quiero... sí, voy a poner el ejemplo de cómo el... la ejecución del Presupuesto del dos mil quince, la comparecencia que solicité, en estos momentos no se ha producido, ahora ya no tiene ningún sentido, y no teníamos ningún instrumento para obligar a nadie a que comparezca.

Y con respecto... pero habla de dos cosas: habla de los expedientes de modificación -que me parecen significativos-, 100.000 euros, y gastos de carácter plurianual, 500.000. Si esto se llevase a efecto, sería un problema de entorpecimiento muy importante de la tramitación administrativa, porque, que requieran el informe... perdón, el informe o la aprobación de la Comisión... estamos hablando de que los expedientes de modificación de 100.000 euros no son extraños, es decir, son relativamente comunes, que los gastos de carácter plurianual, si estamos hablando de inversiones que superen los 500.000 euros, también son relativamente habituales, con lo cual, si siguen el mismo procedimiento que siguen con nuestras proposiciones no de ley, posiblemente nos podríamos encontrar en que en un año no se pueden hacer ni modificaciones ni inversiones; seguramente estos tendrían un camino privilegiado para que lo viésemos.

Pero también podríamos hablar del tema de las encomiendas a servicios propios con 100.000 euros, o de los avales con 100.000 euros. Ahí tengo más dudas porque no son tan frecuentes. En todo caso, lo que le quiero manifestar al ponente es que no podemos apoyar esta proposición no de ley porque consideramos que nuestra misión es controlar lo que hace el Ejecutivo. Y que tenemos que mejorar la calidad de la información, y estoy de acuerdo en eso con el proponente, pero que no podemos confundir los términos. Muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

En representación del Grupo Parlamentario Socialista y para fijar posición, tiene el uso de la palabra el señor Martín Martínez.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Gracias. Buenos días. Y bastante de acuerdo, por no decir totalmente de acuerdo con la intervención de... del señor Mitadiel. Yo, otra vez me toca... salgo a esta tribuna y tengo que mostrarme, otra vez, igual que hace una semana, estupefacto. Estupefacto, primero por la ignorancia del portavoz, el portavoz de Podemos, que se remite... se remite al principio de estabilidad, a la reforma de la Constitución, etcétera, y todavía a estas alturas no se ha enterado de la obligación recogida en el Estatuto de Castilla y León -no hace falta ir más lejos-, desde el año ochenta y tres, de que los presupuestos se presenten equilibrados. Para eso no tiene usted por qué irse a la reforma constitucional, ni mucho menos.

Y luego la estupefacción también, porque yo no sé de dónde sacan estas iniciativas. Yo creo que esta iniciativa es... claramente no es suya. Le llega de Madrid o de donde le llegue, o de alguna otra Comunidad Autónoma, pero, claramente, no es suya o no se ha enterado; entre otras cosas, las referencias continuas que hacen al fondo de liquidez autonómica, pues es lo más justo para... para Castilla y León. Es lo más... lo más apropiado, lo han bordado. Está claro que la... que la iniciativa no es suya. Y por eso yo necesito preguntarle qué es lo que quieren decir, porque yo creo que usted tampoco sabe lo que quieren decir. Yo no sé si lo que pretenden es, efectivamente, como decía el portavoz de Ciudadanos, un mayor control a través de una mayor información, con lo cual estamos totalmente de acuerdo, pero es que en esta iniciativa, que no sé quién le ha mandado, ustedes hablan del examen o, en su caso, aprobación. Pretenden ustedes que las Cortes de Castilla y León aprueben las modificaciones presupuestarias. Bueno, pues, en este sentido, en relación a esto, es que no lo entiendo. No entiendo para nada. Si usted parte de la situación actual de empate, teóricamente, con el equipo de Gobierno, según usted, se rechazarían muchas de esas... de esas modificaciones presupuestarias.

Pero usted lo que no entiende es que Podemos puede estar en el Gobierno o en el equipo de Gobierno. ¿A usted le gustaría someter todas las modificaciones presupuestarias a aprobación de las Cortes? Pero, lo que es peor, Podemos, como es previsible, estará en la Oposición. ¿A usted le gustaría ser cómplice... –porque no va a ganar ninguna votación de ninguna modificación presupuestaria- ser cómplice de las modificaciones presupuestarias que hace el Gobierno? Mire, de las... de las excepciones que planteaba el señor Mitadiel en relación a algunos avales, también hay recogido en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma una excepción, que es que las Cortes tienen que aprobar los créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Eso tiene un sentido, tiene una lógica, porque es dinero absolutamente adicional, pero no las modificaciones de crédito. Pero ¿qué locura es esta? ¿Usted quiere ser cómplice de la... del atraco al que nos tiene sometidos el equipo de Gobierno constantemente con sus modificaciones de crédito? Yo entiendo que no, y por eso entiendo que no sabe lo que dice o lo que pide.

Y le planteo una enmienda in voce, porque puede ser relativamente lógica la resolución –ahora le diré la mejor, que es la que hemos planteado nosotros-, pero puede ser relativamente lógica la propuesta de resolución si elimina eso de "en su caso, apruebe". No, no, que se conozca por parte de la Comisión de Economía y Hacienda o por cualquier otra Comisión -como se ha planteado- mayor información, totalmente de acuerdo; pero en ningún caso que se someta a aprobación ningún tipo de modificación presupuestaria, porque nosotros... –usted no sé- nosotros no queremos ser cómplices de estos señores y de las tropelías que cometen día a día con el Presupuesto aprobado en las Cortes de Castilla y León. Es su responsabilidad. Y sí que queremos saber más de esas tropelías, y por eso le digo ya la propuesta... nos hemos adelantado para que no nos la copien.

En la propuesta que hemos planteado, que lo resume todo mucho más fácil, que es que los parlamentarios de las Cortes de Castilla y León tengamos acceso directo y en tiempo real al SICCAL -que, para su información, es el Sistema de Información Contable de Castilla y León-, con lo cual, la información es absoluta, absoluta, en relación no solamente a cualquier modificación presupuestaria, sino a cualquier movimiento del Presupuesto.

No tengo tiempo para nada más. Si puede y sabe, contésteme qué es lo que pretenden con esta... con esta PNL, y ya le digo que, si retiran esa capacidad de aprobación por parte de las Cortes y, por lo tanto, de complicidad en las tropelías del Gobierno regional...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Martín, termine.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... si la retiran, estaríamos a favor de la proposición y, si no, pues nos abstendríamos. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para fijar posición, en representación del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, señora presidenta. La verdad es que pocas veces en materia de Hacienda Pública puede haber un consenso como el que se puede plantear en contra de una iniciativa como la que hoy se ha presentado. Porque la verdad es que sorprende que todavía no se... se confunda cuál es la competencia en materia presupuestaria de esta Cámara, que es la más importante y no es otra que la aprobación del Presupuesto de la Cámara, y cuál es la competencia del Ejecutivo autonómico. Me sorprende que todavía haya grupos que no hayan asumido la separación de poderes, que está consagrada en nuestra Constitución Española, en los Artículos 66, donde dice claramente cuáles son las competencias de las Cortes Generales, en el Artículo 97, donde dice cuáles son las competencias del Gobierno de la Nación, entre las que está la ejecución del Presupuesto; y de nuestro propio Estatuto de Autonomía -lo recordaba el señor Martín antes-, nuestro Estatuto de Autonomía consagra esos mismos principios en los Artículos 24 y 30 del Estatuto, en cuanto a las atribuciones de las Cortes, la más importante, entre otras, la aprobación del Presupuesto y las atribuciones del Ejecutivo.

Porque ustedes han disfrazado esta proposición no ley en aras a la transparencia. Y mire, efectivamente podemos avanzar en materia de transparencia, y este grupo parlamentario en la anterior legislatura puso en marcha una ley de transparencia, y este grupo parlamentario puede llegar a acuerdos en materia de transparencia, siempre que sean razonables. Pero habrá que poner en valor también que esta ley, la Ley 2/2006, de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, recoge perfectamente cuál es la información que se remite a las Cortes de Castilla y León, no solo en el Artículo 235, también en el Artículo 211 en cuanto a los avales de la Junta de Castilla y León; y cuál es la competencia que tienen las Cortes de Castilla y León en algunos aspectos que usted obvia. Y se ha puesto de manifiesto aquí, es que la Junta de Castilla y León autoriza en los Presupuestos el límite de los avales de la Junta de Castilla y León. Es que usted lo que está haciendo, básicamente, es introducir un mecanismo que confunde la separación de poderes. Porque usted habla de examen y autorización previa. Lo que ustedes plantean no es que las Cortes de... las Cortes de Castilla y León reciban más información de la gestión presupuestaria, no plantean eso; ustedes lo que están planteando es limitar la acción del Ejecutivo, limitar la acción del Ejecutivo por un paso previo en la Comisión de Economía y Hacienda para que, por ejemplo, en las modificaciones presupuestarias, los avales, las encomiendas de gestión, el endeudamiento superior a 50 millones, tenga que autorizarlo la Comisión de Economía.

Por tanto, disfrazan la transparencia en algo en el que ustedes lo que hacen es trasgredir uno de los principios básicos de nuestra democracia, que es la separación de poderes, y lo que plantean es que este Parlamento tenga funciones ejecutivas en materia presupuestaria. Y la separación de poderes está consagrada. Y le decía, me preocupa que ustedes todavía no hayan asumido esos principios constitucionales recogidos en los Artículos 66, 97, y también recogidos en nuestro propio Estatuto de Autonomía.

Podríamos avanzar en cuanto a la información que debe remitir a las Cortes de Castilla y León, y podía haber un debate aquí si, efectivamente, las modificaciones presupuestarias -como regula nuestra Ley de Hacienda- tienen que remitirse a las Cortes en un mes o en dos meses, como se regula actualmente; o que la información sea de mayor detalle en cuanto al estado de gastos, el estado de ingresos -cualquiera de las gestiones que se plantean-: avales, endeudamiento. Pero cuestión distinta es lo que ustedes han disfrazado aquí, que es confundir la separación de poderes y traer a esta Cámara competencias que no le son propias, ni en esta ni en ninguna otra. No hay ninguna Comunidad Autónoma, ni una sola, que regule lo que ustedes plantean aquí, porque trasgrede claramente la separación de poderes consagrada en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía.

Y yo decía que el papel fundamental que tiene esta Cámara –y lo he dicho- es ese, en el ciclo presupuestario, es la aprobación del Presupuesto. Y la aprobación del Presupuesto permite, además, a los grupos parlamentarios, en función de lo que recoge el Artículo 127 del Reglamento, establecer enmiendas; y las enmiendas permiten modificar créditos.

Y mire, se dicen cuestiones como que el Presupuesto no está al servicio de los ciudadanos. El Presupuesto de esta Comunidad está al servicio de los ciudadanos y lo avala la calidad de los servicios que presta la Junta de Castilla y León. Se plantean cuestiones que nada tienen que ver con esto, como la estabilidad presupuestaria. Y le recordaba acertadamente el portavoz del Grupo Socialista que es un principio no consagrado únicamente por la modificación constitucional, es que tiene que haber equilibrio entre los ingresos y los gastos, señor Díez Romero; es que, de verdad, esta proposición no de ley parece, de verdad, una tomadura de pelo. Y, desde luego, me preocupa, me preocupa, que un grupo parlamentario como el suyo pueda presentar iniciativas sin haber asumido uno de los pilares básicos de la democracia en nuestro país, que es la separación de poderes.

Mire, y citaba... voy a terminar parafraseando a Montesquieu, que decía que las leyes inútiles hacen débiles a las que son necesarias. Nada más y muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra el señor Díez Romero.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Gracias, presidenta. Pues, como dijo Jack el Destripador, pues vamos por partes. Para Izquierda Unida, que no está presente, pues agradecer su apoyo. Evidentemente se podía ir más allá. Yo creo que hemos sido bastante prudentes y nos hemos referenciado, evidentemente -en esto le quito la razón al portavoz del Grupo Parlamentario Popular-, en la legislación que tienen varias Comunidades Autónomas, como, por ejemplo, una parte, Asturias -la verdad que más limitada-, y, sobre todo y especialmente, Aragón, donde yo creo que es en la Comunidad Autónoma en la que más se ha avanzado en este sentido.

A Ciudadanos también pedirle... decirle que tranquilidad, que, desde luego, esto sucede en varias Comunidades Autónomas, también en Asturias y en Aragón, y, evidentemente, no es una cosa que se le ha ocurrido a Podemos, sino que incluso el Partido Popular en alguna Comunidad Autónoma nos lo ha votado a favor, aunque aquí hable de separación de poderes, pero bueno... Desde luego... desde luego demuestran ignorancia supina. Desde luego el Estatuto, en el año mil novecientos ochenta y tres, habla de presupuestos equilibrados, evidentemente, pero no dice que se debe priorizar el pago de la deuda a los servicios sociales, como sí dice el Artículo 135, le quiero recordar.

Desde luego, se puede seguir haciendo lo mismo que los últimos veintinueve años, se puede seguir presentando comparecencias, en este caso de la consejera de Economía y Hacienda en la Comisión correspondiente, detallarles las modificaciones presupuestarias que ha hecho, decirle que lo ha hecho muy mal; y, desde luego, puede seguir gobernando veintinueve años el Partido Popular.

Yo, desde luego, no presento las modificaciones para que se... en esta legislatura, con la composición de fuerzas actual, podamos aprobar o no aprobar diferentes modificaciones presupuestarias, o que el PP nos haga rehenes de unas modificaciones o no. Yo presento, o mi grupo presenta en este caso, las diferentes iniciativas para que estas iniciativas... vamos a decir, se trasladen en el tiempo, etcétera; es decir, nosotros aspiramos a gobernar. Yo reconozco que el papel de la Oposición es muy cómodo, pero aspiramos a gobernar y aspiramos a que el día de mañana el PP pueda controlar nuestra labor de Gobierno, con ustedes, si es posible. Desde luego no renegamos de ello.

Para seguir centrando el debate, creo que no somos –como ya digo- la única Comunidad que tenga regulada las modificaciones presupuestarias; y, como se ha dicho aquí, esto no es una cuestión técnica; como se ha dicho aquí, esto no es una cuestión de información, esto es una cuestión de aprobación, en este caso, por parte de la Comisión de Economía. Yo he echado trazos gruesos con mi propuesta y, desde luego, de las ciento y pico modificaciones presupuestarias que se han llevado a cabo en el ejercicio dos mil quince, en este caso, yo creo que entre dieciséis y veinte tendrían que ser aprobadas por la Comisión. Dieciséis y veinte, cuatro por Comisión. En este caso son cuatro Comisiones; en todo caso, cinco Comisiones. Yo no creo que esto sea burocratizar o, en este caso, excesivo celo por parte del Legislativo. Ya digo, en Aragón tienen aprobadas estas modificaciones presupuestarias superiores a 300.000 euros, que tienen que ser aprobadas en la Comisión, y a partir de 100.000 euros tienen que ser, en este caso, informados los diferentes grupos políticos. Respecto... como les he dicho en mi primera intervención, ¿no?, en épocas de pluralismo los Presupuestos requieren negociación de otros grupos. Y a Ciudadanos, por ejemplo, y a la Unión del Pueblo Leonés, que son los que han facilitado, en este caso, las cuentas del Partido Popular, yo creo que les interesa, en este caso, una propuesta de este tipo, porque van a tener, cuando el Partido Popular, en este caso, desvíe lo que ha aprobado con ustedes, con modificaciones presupuestarias, ustedes, por ejemplo, tendrían la oportunidad, en este caso, de aprobar o no esas modificaciones presupuestarias.

Yo, señor Mitadiel, le digo sinceramente que a ustedes en esta legislatura les vendría muy bien, aunque ya digo que esto lo presento para... o lo presentamos para futuras legislaturas, ¿no? Y creo que con lo que hemos propuesto, yo creo que lo que no se puede... no se podría hacer, o en este caso no se puede hacer, es presentar las modificaciones presupuestarias que, por ejemplo, ha realizado el Partido Popular. Por ejemplo, la primera, como ya he dicho, pasar de 218 millones de euros de presupuesto para la escuela concertada, a 296 millones de euros por modificaciones presupuestarias; más 78 millones de euros, que evidentemente esto debería ser aprobado por la Cámara legislativa, y estoy seguro de que aquí no habría mayoría suficiente para aprobarlo. Segundo, para, en este caso, el canon del HUBU, pasar de 69 millones de euros en dos mil catorce a 90 millones de euros; 21 millones de euros, que, con una Comisión de Investigación en marcha, yo creo que, evidentemente, esto tampoco se lo aprobaríamos al Partido Popular. Tercero, que, por ejemplo, cuando hablamos de la violencia de género, que en este caso se reduzcan, en este caso, las política destinadas a protección de la familia, a protección de la infancia, a la violencia machista, en un 25 % en el año dos mil quince. ¿Ustedes creen que el resto de grupos de la Oposición aprobaríamos, en este caso, con esta ley, esta disminución? Cuarto, por ejemplo, que la partida destinada a la creación de empresas descienda en el 64 % en el año dos mil quince. Desde luego, yo creo que ningún grupo político de esta Cámara aprobaría esa modificación presupuestaria. Cinco, que el presupuesto para energías renovables descienda en un 43 %. ¿Qué transición energética vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proteger al sector remolachero si desciende el presupuesto para energías renovables en un 43 %? Yo creo que ningún grupo de la Oposición aprobaríamos esta modificación presupuestaria. Sexto, que se recorte la partida de I+D+i, esa que el Partido Socialista lleva en tantas mociones, en un 18 %, cuando por arte de birlibirloque cuando se presentan los Presupuestos a esta Cámara, en este caso se incrementa esta partida en 30... en 24 millones de euros en el año dos mil quince, y luego se dejan sin ejecutar 30 millones de euros; es que yo creo que ningún grupo político aprobaríamos estas modificaciones presupuestarias.

Sencillamente, se pueden pedirlo aquí en mociones, se puede seguir pidiendo al Partido Popular, se puede seguir rogando, pero, cuando se legisla, cuando esto se lleva... cuando se lleva a negro sobre blanco, y cuando esto queda en el papel, evidentemente, no tenemos que pedir permiso al Partido Popular y puede ser la Cámara la que pueda tomar las decisiones oportunas. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señor Díez. ¿Algún portavoz de los que ha intervenido quiere tomar la palabra? ¿No ha introducido nada, ninguna modificación? Bien. Pues pasamos a la siguiente proposición no de ley. Señora secretaria, ¿puede usted dar lectura, señora Rosado? Si hace el favor, es usted la que está en la Mesa.

PNL/001129

LA SECRETARIA (SEÑORA ROSADO DIAGO):

Proposición No de Ley, PNL 1129, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de España la creación de un grupo de estudio que cuente con la participación de juristas, expertos en seguridad vial, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, representantes de los administradores... de las Administraciones Autonómicas, etcétera, con el fin de presentar un proyecto de ley que modifique las normas actuales que dificultan el resarcimiento efectivo de las víctimas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 211, de quince de diciembre de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para presentar esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor Hernández Martínez.

EL SEÑOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Y mis primeras palabras son para dar la bienvenida a Roberto Coca, presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla y León, y a Mamen y a Enrique, madre y hermano de una ciclista fallecida el pasado veintidós de agosto de dos mil trece, cuando tenía 15 años. Esto nos hace que vengamos aquí, que tenga muchísimo más sentido lo que... lo que hoy presentamos en esta Cámara.

Esta iniciativa no es una iniciativa que se le haya ocurrido al Grupo Parlamentario Socialista; es una iniciativa que viene y nace de la campaña de Ana González, a través de Change.org, que lleva ya más de 190.000 firmas. Y no puedo empezar de otra manera que leyendo la carta con la que empieza esta petición: "Tengo que confesar algo y hacerlo en público: hoy he atropellado a un ciclista que circulaba delante de mí. Iba despistada cambiando la emisora de radio, me he metido en el arcén y le he dado; creo que lo he matado. No he parado para comprobarlo, pero creo que no se movía. Tengo el parachoques destrozado. Tendré que cambiarlo hoy mismo, me gusta que mi coche esté perfecto. Sé que no me va a pasar nada si me localiza la Guardia Civil. Nadie me va a procesar y ni siquiera pagaré nada, ya que lo hará mi aseguradora; ni siquiera, ni en el peor de los casos, me retirarán el permiso de conducir.

En realidad esa no soy yo, esto es lo que ocurrió a mi marido, Óscar: fue atropellado por un camión cuando circulaba en bicicleta por el arcén. El conductor que mató a mi marido no se detuvo, se marchó del lugar de los hechos, y por las piezas del vehículo que quedaron en la cuneta fue detenido y puesto a disposición judicial por la Guardia Civil. A las pocas horas fue puesto en libertad con cargos. Hoy se me ha comunicado que por ser... por los hechos ser una imprudencia leve –vamos, una tontería, una distracción tonta- son una falta, y aplicando la última reforma penal, en la que se suprimen las faltas, aunque haya una muerte por medio, la juez decide archivar la causa penal y que, por lo tanto, no hace falta celebrar un juicio, y aquí no ha pasado nada.

Siento tanto dolor, tanta desprotección por parte de la justicia y las leyes... ¿Eso es lo que vale una vida?".

Así comenzaba esta lucha de Ana González, con esta carta. Ya lleva más de 190.000 firmas en Change.org, lleva el apoyo de las Federaciones de Triatlón, la Federación de Ciclismo, la Asociación de Ciclistas Profesionales, muchísimos ciclistas profesionales, colectivos, ciudadanos, porque los ciclistas en nuestras carreteras se encuentran desprotegidos; se encuentran desprotegidos por dos artículos del Código Penal, ¿no?, y lo que queremos impulsar con esta proposición no de ley es que se modifique y se haga una nueva reforma legal, y los Artículos 142 del Código Penal, que regula el homicidio por imprudencia, y el Artículo 195, que regula la omisión del deber de socorro -en lo que se refiere al homicidio por imprudencia-, pues se modifiquen, para que cuando un vehículo o una persona esté... ya no solo un ciclista, sino también un peatón, se vea involucrado en un accidente de tráfico, no quede impune. Creemos que debemos hacer de esta lucha de Ana González y de tantas y tantas personas que han firmado esta petición una bandera en estas Cortes de Castilla y León. Hay que recordar que desde el dos mil cinco al dos mil quince 354 ciclistas han resultado heridos en accidentes de tráfico, y, desgraciadamente, 21 de ellos han fallecido.

Los ciclistas que recorremos las carreteras de Castilla y León cada fin de semana, en verano, lo que queremos es que se nos proteja, que la ley sea una ley justa. Por eso presentamos hoy aquí esa proposición no de ley instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para la creación de un grupo de estudios que cuente con la participación de juristas, expertos en seguridad vial, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con competencias en la materia, representantes de las Administraciones del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las entidades locales, de las asociaciones de prevención de accidentes de tráfico, del fomento de la seguridad vial, de los centros de investigación y organizaciones profesionales y económicas y sociales más representativas, directamente relacionadas con el tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible y las asociaciones ciclistas, para analizar la situación que sufren las víctimas perjudicadas en caso de homicidio o lesiones, cometiendo una imprudencia leve, y que las conclusiones lleguen y se inicien los trámites oportunos para la presentación de un proyecto de ley que modifique las actuales... las actuales normas.

También pedimos en esta proposición no de ley que las unidades de víctimas de accidentes de tráfico de la Dirección General de Tráfico facilite las actuaciones especializadas que en distintos ámbitos han podido verse afectados gravemente en la vida de las personas, o víctimas, o sus familiares, velando de manera específica por la realización efectiva de sus derechos.

Y, por último, que, a través del Ministerio de Justicia, recabe colaboración del Consejo General del Poder Judicial, a fin de que este, en colaboración con el Ministerio Fiscal, realice un estudio de las causas iniciadas, tanto en el orden jurisdiccional penal como en el civil, por homicidio y lesiones cometido por imprudencia, así como las causas por delito de omisión del deber de socorro, tipificado en el Artículo 195 del Código Penal, y si la víctima, o perjudicado, ha obtenido resarcimiento económico. No podemos permitir que, cuando hay un accidente, este Artículo 195 de omisión del deber de socorro dejemos muertos en las cunetas... ciclistas muertos en las cunetas, o que dejemos a accidentados en las cunetas porque vienen con otro grupo de compañeros ciclistas al lado, o por otras circunstancias.

Por eso, pidiendo el apoyo de todos los grupos políticos, y para que no se produzca ninguna muerte más en nuestras...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Hernández, tiene que terminar.

EL SEÑOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

(Sí. Sí, señora presidenta. Un segundo). Y por que no se produzca ninguna muerte más en nuestras carreteras, y por una ley justa, les pido el apoyo a todos los grupos políticos para esta proposición no de ley. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas. Tiene la palabra, en representación del Grupo Mixto, el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Gracias, presidenta. Bien. Tres consideraciones iniciales con respecto a esta iniciativa. (Bueno, antes de nada, también dar la bienvenida a los representantes de las asociaciones).

La primera es que estamos hablando de una ley –como bien se recoge en los antecedentes de la misma iniciativa- nacida de esa mayoría absoluta que tanto presidía la realización legislativa de la pasada legislatura. Un proceso, el de esta ley, con cierto grado de improvisación, como bien se reconoce en la propia PNL, y que también se desprende de las numerosas enmiendas del propio Grupo Parlamentario del Partido Popular que la presentó.

La segunda es que el motivo y el argumento que en aquel momento se utilizaba era el de aligerar la Administración de Justicia, además de derivar determinadas faltas que se despenalizan para pasar del orden jurisdiccional penal al civil, que, por cierto, suele caracterizarse, entre otras cosas, por una mayor lentitud en su desarrollo y finalización, lo cual parece una pequeña contradicción.

La tercera es que ese cambio normativo de faltas a delitos leves, en casos concretos, por conductas negligentes con víctimas, que antes eran juzgados por la vía penal como faltas, ahora se ha transformado en delitos por imprudencia leve juzgadas por la vía civil. Aquí, la propia iniciativa habla de colectivos vulnerables, como los peatones y los ciclistas, cuya protección –hoy más que nunca- es necesario garantizar.

En definitiva, señorías, todas esas consideraciones contempladas y circunscritas a la petición -o dentro de una petición- social que diversos colectivos han hecho solicitando la reforma del Artículo 13 del Código Penal, volviendo a la tipificación anterior para regular el homicidio por imprudencia y la omisión del deber de socorro.

De alguna forma esta iniciativa –repito- viene a recoger esa petición de plataformas, de asociaciones de víctimas de circulación, de ciclistas, que no hace mucho han pedido esa revisión en la tipificación descrita, y que quieren cambiar aspectos tan incongruentes como que la omisión del deber de socorro solo constituye delito cuando la víctima continúa con vida, y no cuando fallece, al considerarse que no hay desamparo, lo cual en sí ya merece cualquier consideración a la proposición o a la iniciativa que aquí se plantea.

Nosotros, desde UPL, creemos que es necesario –y por eso vamos a apoyar esta proposición no de ley- trabajar para que, en definitiva, se produzca la revisión necesaria para cualquier conducta, si esta tiene como consecuencia heridos o fallecidos, si esta tiene como consecuencia –repito- heridos o fallecidos, y que se considere grave y vaya por la vía penal en vez de... en vez de la civil. Eso sí, sin olvidar que estamos hablando de reformar una ley orgánica, destinada también a la protección de los derechos fundamentales, que deben reformarse con prudencia y con criterio, y que, por otra parte, excede de las competencias de esta Cámara. De todos modos, también creemos que ya existe un cierto compromiso del Ministerio de Justicia en valorar estas peticiones, e incluso en reinterpretar la norma para que ningún conductor quede impune tras la fuga después de haber causado un accidente, por lo que –entendemos- no será difícil llegar a un acuerdo en esta Cámara.

Así que, sin más, entrando directamente en los puntos de la resolución, tengo que decir que nuestro total apoyo a los mismos: al primero, reconociendo la duda que nos entra cuando se trata de crear grupos de estudio, por lo que suele conllevar este tipo de soluciones, amparando el retraso en la toma de decisiones en la propia creación y el posterior estudio, pero reconociendo, a la vez, la necesidad de que participen todos aquellos colectivos y expertos que puedan corregir esa improvisación que nos ha llevado hasta aquí, hasta este punto. En lo que respecta a la tercera, pues, bueno, el mismo... el mismo razonamiento: estamos de acuerdo, pero también expresando las mismas dudas que lo hacíamos en el punto anterior, sobre todo hablando de estudios. Y por último, en el punto segundo, he decir que tenemos ciertas dudas, porque no sé si ustedes se están planteando cuestiones sobre la ayuda psicológica, sobre la ayuda legal, y tampoco en qué plano y de qué forma. Por ello, espero me aclaren ustedes en qué sentido plantean la misma.

Aun así, estamos de acuerdo en el fondo de la misma, y, a pesar de las dudas que hemos planteado, creemos necesario dar una solución a un problema de reinterpretación legal y cambio de normativa que afecta directamente a uno de nuestras mayores lacras y más importantes, cuyos números de víctimas siguen a día de hoy siendo insufribles.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señora presidenta. En primer lugar, dar la bienvenida también a los familiares y a las víctimas. Desde luego, Ciudadanos vamos a apoyar esta proposición no de ley. Nos parece de lo más sensato y de lo más razonable. Y creo que... espero que haya unanimidad por todas las partes y por todos los grupos parlamentarios para que así sea.

Efectivamente, el tema de la indefensión, sobre todo de los muertos... los ciclistas que cada vez proliferan más en nuestra Comunidad Autónoma y en todo este país, es totalmente lamentable, no solamente en el mundo rural, que Castilla y León tiene mucho, sino también, lógicamente, en las ciudades. Y nos falta –y queremos incidir en ello-, aparte de la cuestión legal, que es manifiestamente lógica, ¿no?, una ley orgánica que se deroga y se hace nueva por el Partido Popular, y en épocas de gran mayoría, pasa lo que pasa -lo acaba de decir el anterior ponente-. Más de 90 enmiendas del propio Partido Popular evidencian que, lógicamente, estas cosas se hacen rápidas, mal, tarde y nunca. Y lo que está claro es que se viste un santo y se desviste otro. Es decir, esta Disposición Derogatoria Única de la citada Ley Orgánica 1/2015 deroga el libro 111 sobre las faltas, pero ello implica –y lo dice bien claro- que todos los asuntos que estaban antes en el proceso penal, como bien sabes... sabemos, pasan a la jurisdicción civil, lo cual lo que hace es más de la mitad de esos dos millones y pico de faltas, pues lógicamente se incrementan, y encima todavía es mucho más lenta y las garantías –como es lógico-, al... no se tiene fiscal, no se tiene otro mucho tipo de garantías, pues, lógicamente, se quedan totalmente impunes y las víctimas se ven totalmente desprotegidas.

Pero sí que desde Ciudadanos nos gustaría incidir en una cuestión muy clara: yo creo que esa cultura de la seguridad vial hay mucho trabajo por realizar y por hacer; yo creo que ahí tiene que ser labor también de esta Cámara auspiciar que nuestros... en fin, tantos viandantes, como ciclistas, como automovilistas, que hay en Castilla y León y en toda España, sepamos... en fin, proteger y defender a los ciclistas, a los peatones, y tengamos una seguridad vial mucho mejor de la que ahora mismo entendemos. Yo creo que aquí estamos en una Comunidad Autónoma donde hay una gran proliferación ahora mismo de... en torno al deporte del ciclismo, con... en fin, tenemos Sastre, tenemos gente de Ávila, el señor Perico Delgado, en Segovia... en fin, yo creo que tenemos cada vez más –digamos- ese deporte del ciclismo que está en auge, pero que, lógicamente, cada vez están mucho más desprotegidos. Por nuestras carreteras vemos continuamente grupos de ciclistas que, sinceramente, a veces te llevas las manos a la cabeza, porque piensas casi –y sin casi- que son héroes que se atreven a surcar nuestras carreteras.

Y esa reflexión queremos hacer desde Ciudadanos. Yo creo que la Consejería de Fomento, desde luego, tenemos que hacer todos un gran esfuerzo y que nuestras carreteras sean mejores, que los arcenes sean un poco más amplios y que, desde luego, tengamos todos una cultura de mejorar y pensar en los ciclistas. Yo creo que hay muchas maneras de hacerlo: cuando se licitan las obras, ahí se pueden dar muchas más puntuaciones –digamos- a aquellas que contemplen esos ensanches de arcenes o esos carriles bicis paralelos. A veces no es cuestión de dinero, a veces es cuestión de priorizar que el hecho es el que es y, desde luego, las víctimas les pasa lo que les está pasando.

Desde luego, yo creo que todos conocemos algún fallecido que ha sido atropellado, pero les puedo asegurar –que también es mi caso- que conocemos a quién les ha atropellado. Y, desde luego, a veces es inevitable –no sabemos si sí o si no-, pero desde luego todo el mundo lo pasa absolutamente mal. Yo creo que eso lo tenemos que evitar, que a nadie nos pueda pasar eso: ni ser atropellados, y, desde luego, que nadie atropellemos a nadie por aquello de... evidentemente, de tener unas carreteras más que deficientes y una mala señalización.

Tenemos también –y hay que apuntar- que Castilla y León está surcada de grandes rutas turísticas cada vez más en proliferación: estamos hablando del Camino de Santiago –como todos sabemos-, estamos hablando de la Ruta de la Plata, estamos hablando del Camino del Cid, donde ya vienen desde tiempos inmemoriales gente... yo qué sé, desde Holanda, etcétera, países europeos, a realizar estas rutas por este gran patrimonio de Castilla y León, en bicicleta. Yo creo que tenemos que pensar en todas estas personas, en todos estos grupos, para que se sientan seguros, sobre todo en Castilla y León. En fin, aquí cada vez que hay... -lógicamente, y ustedes lo pueden comprobar- o pasa el Tour de Francia o la Vuelta a España, o la Vuelta a Burgos... en fin, cualquier tipo de eventos que tenemos aquí, vemos siempre los días siguientes muchos más ciclistas que se atreven –y digo se atreven- a salir a las carreteras, pues a hacer ese deporte que les gusta. Yo creo que todos tenemos que poner de nuestras partes... de nuestra parte para que sea una realidad que la seguridad, ante todo y sobre todo, pueda primar. Y, desde luego, esa mejora de carreteras, esas mejores licitaciones tenemos que ser parte todos de ellas, y tenemos que mantener, conservar, y, sobre todo, proponer mucha más educación vial, en seguridad vial, desde pequeños, desde las escuelas, que pensemos que nuestros ciclistas, que nuestros peatones tienen todos los derechos del mundo, y, desde luego, esta ley hay que cambiarla para que también tengan todas las garantías. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación de Podemos, tiene la palabra el señor López Prieto.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Bien. Muchas gracias. Se ha cumplido ya bastantes meses desde la entrada en vigor de la ley orgánica del... que el Partido Popular... que va a derogar el libro tercero del Código Penal, y no solo no se están cumpliendo los objetivos, sino que ha empeorado la situación. Esta proposición no de ley habla de las víctimas de accidentes de tráfico, pero también se derogaron otras faltas penadas del anterior Código Penal, que, dada la rapidez con la que se trató la reforma, pues el Partido Popular no lo tuvo en cuenta y –como digo- ha empeorado la situación.

En este caso, tras la despenalización de las faltas, la reclamación de la responsabilidad civil derivada de las lesiones causadas en accidentes de tráfico se tramitan a través de la vía civil. Desaparece lo que se venía tramitando como un juicio de faltas, donde se dilucidaba tanto la responsabilidad penal del causante de un accidente de tráfico como la responsabilidad civil que reclamaba la víctima por sus lesiones.

Antes de la reforma, para establecer el alcance de las lesiones, la víctima podía solicitar un informe pericial al médico forense del juzgado de forma totalmente imparcial y gratuita, y también determinar el alcance de lo que podía reclamar. En este sentido, hay que recordar que, además, el Partido Popular ha modificado el baremo de daños y perjuicios causados en los accidentes de tráfico.

Antes, este tipo de procedimientos terminaban, en su mayor parte, en un acuerdo entre la compañía de seguros del vehículo culpable del accidente –en esos casos- y el denunciante, puesto que la compañía ofrecía una cantidad establecida por el médico forense en su informe. Si no existía un acuerdo entre las partes, pues entonces sí que se celebraba un juicio de faltas donde acudían denunciante y denunciado con los medios de prueba que consideraban oportunos. Todo terminaba con una sentencia que establecía si existía o no una responsabilidad por parte... penal por parte del causante, y, en su caso, la responsabilidad civil por lesiones. Y esa sentencia se basaba principalmente en el informe del médico forense en el que el juez depositaba toda su confianza por tratarse, precisamente, de un informe imparcial. Sin embargo, con la entrada en vigor del Código Penal todo este sistema cambia: ya no es la vía penal la que establece la responsabilidad civil derivada de las lesiones de la víctima, sino que es la vía civil, y se trata como una responsabilidad civil extracontractual.

Si antes el lesionado por un accidente de tráfico podía obtener de forma totalmente gratuita un informe pericial e imparcial en el que el juez depositaba toda su confianza, ahora es la propia víctima la que tiene que contratar un perito para que realice un informe de sus lesiones, y esto conlleva varios problemas: el lesionado tiene que pagar ese informe –esto afecta a las personas sin recursos, y van a ser víctimas por partida doble, porque en muchos casos no van a poder contratar un perito-, y además el importe... el informe será siempre de parte –de cara al juez, no va a tener el mismo carácter de imparcialidad que el informe pactado o redactado por el médico forense del juzgado-, por lo tanto se alcanzan menos acuerdos. Y si no se llega a un acuerdo, pues el juez ya no va a tener... lo va a tener más difícil decidir, porque no va a tener un informe, sino que va a tener dos.

Y a todo esto hay que sumar el tiempo de tramitación. Mientras en un juicio de faltas derivado de accidente de tráfico solía celebrarse en pocos meses, en un juicio civil ordinario puede alargarse durante años. Así que lo que pretendía el Partido Popular era descolapsar la vía penal de los juzgados, y parece que lo va a hacer en detrimento de la vía civil, ya muy colapsada de por sí.

En definitiva, nosotros vamos a votar a favor de los tres puntos, ya que en materia de accidentes de tráfico nos movemos en un panorama legislativo que no beneficia a ninguna de las partes, pero es que, por no beneficiar, no beneficia ni siquiera a los juzgados de la vía civil. Nada más y muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez Antolín.

EL SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN:

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Quiero dar también la bienvenida a los familiares de víctimas de accidentes de tráfico y representantes de asociaciones que nos acompañan.

En primer lugar, tengo que decir al señor Hernández que la proposición no de ley que presenta hoy aquí, a este Parlamento autonómico, es una réplica de la proposición no de ley que se presentó a la Mesa del Congreso de los Diputados con número de Registro de Entrada 6734 y fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis, en la que clava íntegramente todo el contenido que se establece aquí hoy, que se presenta aquí hoy con esta proposición no de ley. Y la verdad es que nos parece más apropiado el que esta proposición no de ley se tramite y se debata en el Congreso de los Diputados, porque al final el resultado y lo que se pretende con esta proposición no de ley supone el llevar a cabo una serie de cambios en el Código Penal de la ley orgánica, que eso solamente lo puede hacer a nivel nacional, y no tiene competencias nuestra Comunidad para llevarlo a cabo. Por tanto, consideramos que es lo propio que se presente allí y que no entendemos mucho que se presente hoy aquí esta proposición no de ley para debatirla en este Parlamento cuando no tenemos competencias para ello.

En cualquier caso, yo considero o puedo plantear que la... el hecho de que traiga usted aquí hoy esta proposición no de ley, pues refleje que... bueno, desde la dirección nacional hagan que ustedes hoy tengan que ser aquí altavoces de esta línea de actuación, que es más lógica llevarla en el Parlamento nacional, o que hoy tengan que cumplimentar una proposición no de ley... bueno, pues para llegar, a lo largo del curso parlamentario, para establecer un determinado número que se fijen objetivo de proposiciones no de ley. Porque vuelvo a repetir que se repite lo que se hace en otros sitios. Y es que los ciudadanos habitualmente critican las duplicidades de la Administración, y es que hoy usted aquí se está convirtiendo en alguien que está llevando a cabo una duplicidad del Parlamento, y yo creo que es algo que los ciudadanos tampoco les... tampoco les gusta.

En cualquier caso, le voy a anticipar que sí que vamos a apoyar la iniciativa para instar a las... a la Junta de Castilla y León para que inste, a su vez, al Gobierno a llevar a cabo la actuación respecto a estas víctimas de los accidentes de tráfico –como no puede ser de otra manera-. Sí que consideramos que pueda ser interesante que se cree un grupo de trabajo integrado por especialistas juristas, por representantes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de representantes de distintas Administraciones, de asociaciones, de protección civil... en definitiva, cuyo objetivo pueda ser lo que se busca en definitiva, que es ese resarcimiento efectivo de las víctimas ante las situaciones de accidente de tráfico. Y es que es verdad, por otro lado, que sí que, como consecuencia –y ya se ha dicho aquí- de la aplicación de esa Ley Orgánica 1/2015, pues esté pasando al ilícito civil situaciones de homicidio por imprudencia leve. Y en este caso, pues sí que es cierto que unas... de los sectores más afectados en este aspecto son las personas que sufren accidentes de tráfico. Esas víctimas que pueden... situaciones que se pueden desencadenar en una situación de homicidio o de daños leves, pero que además se ve agravada... –como aquí también se ha dicho en algunas... en algún caso- es que las personas que están provocando, además, ese accidente ni siquiera socorren al accidentado y se den a la fuga.

En nuestro grupo parlamentario, lógicamente, se va a mostrar –como siempre lo hace- al lado y a favor y en apoyo a las víctimas, y así lo ha hecho y está trabajando apoyando a las víctimas del terrorismo, y en estos momentos está trabajando en el desarrollo de un proyecto de ley al respecto, sobre las víctimas del terrorismo.

Y también nuestro grupo ha trabajado y ha demostrado suficientemente el apoyo a las víctimas de la violencia de género; y no seré yo quien haga hoy aquí una relación de todas y cada una de las actuaciones y de las acciones que se han llevado a cabo por parte del Gobierno de Juan Vicente Herrera en esta materia, que han sido muchas y muy importantes. Por tanto, siempre el Grupo Parlamentario Popular también al lado de las víctimas.

Desde este punto de vista, vamos a trasladar nuestro apoyo a la proposición no de ley, que no deja de ser un nuevo apoyo a víctimas, en este caso a las víctimas de accidentes de tráfico. Nada más y muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra el señor Hernández Martínez.

EL SEÑOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Gracias, presidenta. Voy por partes, ¿no? Lo primero, agradecer al Grupo Mixto el apoyo a esta proposición no de ley, y es una proposición de ley muy prudente, ¿no?, porque lo que intentamos es que se trabaje en grupos de trabajo, que se busque las maneras necesarias para el cambio de esta normativa.

Agradecer también al Grupo Ciudadanos el apoyo a esta iniciativa. Y, si me permite, señor Delgado Palacios, le voy a hacer una pequeña puntualización, ¿no? Normalmente, yo, cuando salgo en bicicleta de carretera, si me encuentro 200 coches, normalmente 195 respetan el metro y medio. Hay que seguir trabajando por llegar a que esos cinco que no lo respetan, lo respeten, y al final no te asusten cuando te adelantan esos coches. Pero es verdad que se ha concienciado mucho y que cada vez la ciudadanía está más concienciada en el respeto del ciclismo, pero queda trabajo.

Agradecer también al Grupo Podemos tanto la intervención como el apoyo. Y agradecer al Grupo Parlamentario Popular el apoyo a esta iniciativa. Lo que pasa que me va a permitir... me va a permitir que le haga un par de aclaraciones, ¿no? Lo primero –como sabrá-, es verdad, es verdad que es una iniciativa calcada a la que se presentó en el Congreso la pasada legislatura, y que no se debatió –por lo tanto ha decaído-. Es verdad que esa iniciativa no me la ha pasado el Grupo Parlamentario Socialista, me la ha pasado Ana González. Ana González, que es la que ha iniciado esta iniciativa, que lleva ya más de un año trabajando en ella, que ha recibido el apoyo de numerosas víctimas, que ha recibido el apoyo de numerosos colectivos de ciclistas profesionales, y es la que está liderando esta lucha, apoyado por muchos más –algunos nos acompañan hoy en esta... en esta Cámara-, es verdad; pero no es una cosa para hacer... para hacer política. Y lo verá en mi primera intervención; en mi primera intervención en ningún momento he intentado hacer de esta proposición de ley una cuestión política, porque creo que esta proposición de ley es traer una iniciativa de la sociedad al Parlamento. Y es el Parlamento que representa a los castellanos y leoneses, y los castellano y leoneses y las castellano y leonesas también sufren accidentes, no el resto.

Por lo tanto, creo que más que nunca hoy las Cortes de Castilla y León se han convertido en una herramienta para la ciudadanía en una de las reivindicaciones que nos ha... que nos ha hecho, ¿no? Y la verdad que yo creo que es un día, ¿no?, que la verdad es que yo personalmente, ¿no?, lo voy a recordar, porque me parece que es una iniciativa que desde los colectivos, ¿no?, que andamos en bicicleta, que recorremos las carreteras de nuestra Comunidad, pues la verdad que nos sentimos realmente satisfechos, ¿no?, por que hoy, por unanimidad, se apruebe esta proposición no de ley, y esperemos que muy pronto el Congreso de los Diputados, la Cámara competente para modificar el Código Penal, lo lleve a cabo, esa modificación, porque así tendremos una ley justa para todas las víctimas.

Y para devolverle, ¿no?, a la presidenta los minutos que me ha dado de más en la primera intervención, pues únicamente, ¿no?, agradecer nuevamente el trabajo de todas las asociaciones, de todos los familiares, de Ana González, de la Asociación de Ciclistas Profesionales –que ha colaborado en la redacción de esta proposición no de ley y que ha estado apoyando esta iniciativa-. Y, al final, pues la satisfacción es que hoy el Pleno de las Cortes de Castilla y León va a pedir una ley justa al Gobierno de España para la protección de las víctimas en los accidentes de tráfico. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Muchas gracias, señor Hernández. Por el señor secretario se da lectura a la proposición no de ley número cuatro.

PNL/001189

EL SECRETARIO (SEÑOR CHÁVEZ MUÑOZ):

Proposición No de Ley número 1189, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto, para, manifestando el apoyo de las Cortes al sector apícola, instar a la Junta para que continúe demandando al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, una modificación del Real Decreto 1049/2003, para que incluya la obligación de reflejar en la etiqueta del producto el país o países de origen, de conformidad con la Resolución de la Comisión de Agricultura y Ganadería de estas Cortes de dieciocho de febrero de dos mil quince, admitida a trámite por la Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión del día dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, con Registro de Entrada en estas Cortes, número 9472, de trece de diciembre de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para presentar la proposición no de ley, en representación de los grupos proponentes, en primer lugar el Grupo Mixto, en un turno compartido, tiene la palabra el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Bien. Gracias, presidenta. Seré breve, porque estamos hablando de una iniciativa que, en principio –y al final, supongo-, está consensuada por todos los grupos políticos. Una iniciativa que, además, tampoco es nueva, porque está, de alguna forma, repitiendo lo que en febrero del año pasado, del dos mil quince, en una Comisión se acordó, ¿no?: el pronunciamiento de apoyo al sector apícola. Pero el apoyo, por unanimidad, por la sintonía que en aquel momento existía y que ahora mismo también existe.

Estamos hablando, señorías, de un sector de suma importancia en esta Comunidad, tanto en Castilla, pero sobre todo también en la región leonesa. Que somos, en el caso de León, los que mayor número de explotaciones apícolas tiene, y en el caso de Salamanca el mayor número de apicultores profesionales que producen y exportan una miel de calidad. Mantener ese grado de calidad, informar y proteger al consumidor, etiquetando su origen, son la garantía mínima que debemos aportar a cualquier producto alimenticio, no solo a la miel, sino a cualquiera. Por ello, en esta proposición únicamente estamos pidiendo, o estamos exigiendo, que, al igual que se ha hecho en otros países –como, por ejemplo, Italia-, se refleje de forma obligatoria en qué país se ha recolectado y cuál ha sido su origen. Parece algo tan evidente y tan de perogrullo que, probablemente, no exigiría ni siquiera de este debate.

Hay que resaltar, por otra parte, que lo que realmente sorprende es esa falta de transparencia que se desprende de la aplicación de las directivas europeas que permite etiquetar mieles mezcladas de la Unión Europea con otra de fuera de la propia Unión Europea, induciendo, sin lugar a dudas, a la confusión de los propios consumidores. Lamentablemente –y digo lamentable-, hoy volvemos a pedir algo tan fácil de adoptar por la escasa sensibilidad o diligencia del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, dirigido por una vallisoletana que se llama Isabel García Tejerina.

En fin, señorías, una vez más, legistan y permiten... perdón, legislan y permiten que quienes pueden desarrollar... que quienes puedan desarrollar nuestro medio rural, que quienes fijan población, que son los apicultores, los agricultores, aquellos productores del sector primario, los que realmente fijan población en nuestros pueblos, en nuestro medio rural, vean amenazada su pervivencia por, simplemente, no ser lo suficientemente diligentes para acordar una medida que solamente beneficia al consumidor y a la transparencia.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Pues una medida yo creo que lógica, una medida de sentido común y que, a nuestro juicio, se debería de haber planteado hace tiempo.

Todos conocemos, en primer lugar, la importancia que tiene la miel, como cualquier otro producto relacionado con el aprovechamiento alimentario de los montes y de los bosques, en una Comunidad como la nuestra, que es la Comunidad con mayor superficie arbórea... la región con mayor superficie arbórea de Europa, donde, evidentemente, el peso de estos productos, de estos elementos endógenos, puede tener un papel muy importante a la hora de la recuperación económica en nuestra Comunidad, y que, por lo tanto, es uno de los aspectos que tenemos que proteger.

Pues bien, si a lo largo del tiempo que llevamos de legislatura hemos podido comprobar el daño que hacía la importación de leche por debajo de costes de producción de otros países para nuestro sector ganadero lácteo, el daño que se produce en otros sectores derivados también de la importación, como sucederá con determinados sectores agrícolas, hablamos ahora de la miel. El caso de la miel se lleva denunciando durante años, que hay una falta de transparencia, a raíz de una directiva de la Unión Europea que permite a los operadores etiquetar mieles de fuera de la Unión Europea como mezcla de mieles Unión Europea-no Unión Europea, sin indicar los países en los que las mieles fueron recolectadas, o etiquetar como mezcla de mieles no Unión Europea sin indicar si la miel comercializada proviene de China, Ucrania o Argentina. Una norma que va en contra de lo establecido en la normativa comunitaria en materia de etiquetado, presentación y publicidad alimenticia, ya que las leyendas admitidas por la directiva inducen a confusión a los consumidores. Un consumidor, aunque quisiera, sería incapaz de identificar el origen de la miel que adquiere.

En este sector, concretamente, todos conocemos que es especialmente dramática la entrada de miel china, que ha aumentado en la última década un 578 % a nuestro país. Por lo tanto, un problema serio para nuestros productores, un problema al que hay que enfrentarse. Desde Izquierda Unida y Equo no creemos que esto sea la solución; la solución definitiva pasaría por un control mayor de aquello que entra en nuestro país y por ser capaces de potenciar que los productos que se producen aquí sean los primeros que sean consumidos aquí. No creemos que sea la solución definitiva, pero sí que estamos de acuerdo en que hay que operar y que hay que transformar la política de etiquetado que se plantea en esta proposición no de ley. Y por eso, pensando que no es la solución suficiente pero que sí que es un paso necesaria, hemos decidido apoyarlo y, evidentemente, nuestro voto será favorable.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Castaño Sequeros. No le veía.

EL SEÑOR CASTAÑO SEQUEROS:

Gracias, presidenta. La procedencia, señorías, es importante, sobre todo si crees que tu producto es mejor, sobre todo si consideras que tu producto tiene unas condiciones que lo transforman en un producto diferente, con unas cualidades diferentes.

Es importante tener, por supuesto, una marca nacional, sobre todo en el caso de la miel. Yo, en este aspecto, sí que es verdad que es un condicionante para la... a la hora de exportar, porque una marca... por ejemplo, en Salamanca, que hay una industria bastante potente en este sentido, o una marca de Castilla y León, debido a la trashumancia de las colmenas, sería algo que... sería difícil de llevar a cabo. Una marca nacional no solo para diferenciarse en cuanto a la calidad, sino en cuanto a la total trazabilidad y a la certificación integral. La información nunca es proteccionista; es necesaria, es un derecho.

Este debate se tiene constantemente. El consumidor debe ser libre de comprar lo que quiera, cuando quiera y de la procedencia, del país, que sea... que él crea conveniente, basándose en sus propios criterios. Tiene derecho a estar suficientemente informado de lo que compra: su composición y las condiciones en las que se ha elaborado el producto, sus externalidades positivas y también las negativas.

Conciencia social y trazabilidad. Cada vez hay más consumidores que exigen una trazabilidad total, reflejado, por supuesto, en la etiqueta; y no solo para diferenciarse en cuanto a la calidad, sino en cuanto a la total trazabilidad y la certificación integral. Cada vez hay más consumidores más preocupados por la procedencia del producto, de la calidad, que por el propio precio, sobre todo en temas de certificaciones sostenibles. Esto es lo que nos puede dar una verdadera diferenciación del producto. Podemos esperar aprobar esta PNL –como se aprobó en febrero del año pasado-, podemos esperar a que otras Administraciones legislen lo que nosotros podemos legislar, o nos podemos sumar a la certificación, por ejemplo, de bosque sostenible o monte sostenible.

Miren, ustedes son conocedores de los graves problemas por los que está pasando el sector: pérdidas masivas de colmenas debido a plaguicidas, virus, especies invasoras, como el ácaro varroa, la Vespa velutina –que también se ha tratado en las Cortes-, el pequeño escarabajo de la colmena; pérdida de la biodiversidad; pérdida de hábitat, debido también al cambio climático. Todas estas razones, juntas, forman parte del problema, pero también nos indican la solución o las posibles soluciones: certificar el origen de la miel como sostenible.

Certificar, por ejemplo, un monte, un bosque, una dehesa, como sostenible para la producción de miel significa lo siguiente, señorías: que las abejas se alimentan de polen de varios tipos de plantas, esto hace que su sistema inmunitario sea más fuerte, y de esta forma esterilizan la comida para su propia colonia -está comprobado científicamente que el sistema inmune de las que toman polen de varias plantas es más fuerte-; que se respeta la biodiversidad, ya que solo... ya que no solo se está perdiendo abejas, sino también flores salvajes de las que se alimentan –la variedad en su alimentación es fundamental; por lo menos cinco tipos de polen-, se pueden, incluso, sembrar flores en estos lugares certificados. Se certifica que el monte es sostenible medioambientalmente y que tiene un compromiso con el cambio climático, que no se utilizan plaguicidas. Y para esto... y con esto se consiguen tres objetivos: una certificación importante para diferenciar nuestra miel del resto, un ejemplo para el resto de la industria, y, por supuesto, mejorar la sanidad y la salud de nuestras colmenas.

Podemos esperar, podemos aprobar esta PNL, esperar a que pase algo; que no va a pasar absolutamente nada, porque ya tenemos el ejemplo del sector lácteo, donde hemos intentado que la leche ponga una procedencia del país de origen -pero para todos, no porque una cooperativa lo diga, sino por ley-, y no hemos conseguido absolutamente nada, o podemos intentar animar a certificar aquella miel que viene de montes, bosques, dehesas sostenibles, y eso nos da una marca de calidad a mayores que seguro que un consumidor responsable va a saber agradecer. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación de Podemos, tiene la palabra el señor Díez Romero.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Gracias, presidenta. Bueno, casualidades de la vida que quienes llevan defendiendo el TTIP, el ZETA, pidan etiquetas propias para la miel de la Comunidad Autónoma. Debe ser propio de la postverdad de Trump, que ahora está tan de moda hoy en día y que a colación se saca casi siempre en esta Cámara. Pero, bueno, no seré yo el que centre el debate en estos términos.

El sector apícola en Castilla y León, evidentemente, enfrenta dificultades, retos, y, sobre todo, se enfrenta a la falta de información por parte de la Unión Europea; se enfrenta a una falta de información que tiene su origen especialmente en la dependencia de la deuda de la mayoría de los países de la Unión Europea con China. Porque estamos hablando de que la mayor parte de la miel que viene, en este caso, a Castilla y León y que se consume en Castilla y León es miel china. Es una miel sin calidad que, evidentemente, nada tiene que ver con la miel de Castilla y León; una miel que los que vivimos en aquellas comarcas donde existen esos bosques medioambientalmente sostenibles, esos recursos forestales, evidentemente –bosques de hayas, de robles, etcétera-, como por ejemplo las Merindades, conocemos muy bien, porque, evidentemente, no es lo mismo tener unos panales al lado de un cultivo de girasoles que tener unos panales en un bosque. Y el precio se paga.

Lo que no es justo y yo creo que debemos corregir es que la gente debe de saber de dónde viene esa miel, porque yo creo que existen muchísimos consumidores españoles, muchísimos consumidores castellanos y leoneses, que desean consumir la miel de su tierra, la miel de Castilla y León, que desean que los pueblos de sus abuelos sigan vivos, que desean que los pueblos de sus padres tengan vida, que desean que todas aquellas personas que viven en el medio rural tengan un sustento, aparte para que puedan seguir viviendo en él, para que los pueblos no se abandonen y para que los pueblos sigan de vida, porque eso es, al fin y al cabo, de lo que estamos debatiendo hoy aquí. Yo creo que es la tercera vez –si no me equivoco- que se traen tanto a Pleno o a Comisión una iniciativa de este tipo, y –como han dicho el resto de portavoces- podemos esperar sentados a que al Gobierno de la Nación le dé por cumplirlas o no, o podemos, en este caso, hacer valer el peso interno que tengamos cada partido político en nuestro diferente partido político de ámbito estatal para conseguir que se lleve, evidentemente, una regulación en este sentido al Pleno de las Cortes Generales, que es donde se tiene que llevar.

Y yo creo que en estos antecedentes podemos ver el ejemplo de Italia. Un ejemplo, el italiano, que, evidentemente, es el que yo creo que debemos seguir o debemos intentar seguir, al menos para que no se muera la miel de nuestra Comunidad, al menos para que los apicultores –esos que mantienen los bosques, esos que limpian los caminos, esos que, cuando a la gente de ciudad le gusta ver el bosque limpio, evidentemente, son los que lo hacen, porque tienen que ir hasta sus colmenas-.

Creo, sinceramente, que debemos todos ponernos manos a la obra, que debemos todos presionar a nuestros diputados nacionales, a nuestros senadores nacionales, en, evidentemente, las ejecutivas de nuestros partidos, para que se apruebe una ley en este sentido; que, además, tiene que garantizar una cosa que yo creo que es básica: la información de los consumidores, en este caso, cuando acceden a un producto o cuando desean comprar un producto. Porque yo creo que, evidentemente, la libre competencia no se menoscaba cuando se da la información pertinente, porque, evidentemente, también la libre competencia es saber dónde se producen aquellos productos que se quieren consumir.

Creo que los castellanos, creo que las leonesas, tienen derecho a saber qué se puede consumir. Por eso, desde nuestro grupo, vamos a apoyar, evidentemente, esta iniciativa, así como apoyaremos todas las iniciativas que luchen contra la despoblación, apoyaremos todas las iniciativas, en este caso, que vuelvan a situar a nuestro sector primario como uno de los ejes fundamentales de la política económica de nuestra región y apoyaremos todas las iniciativas tendentes a que los derechos de los consumidores se reconozcan en las leyes, se reconozcan, evidentemente, por parte de las autoridades, y, sobre todo, que se dé cumplimiento a lo que es de sentido común, porque, al fin y al cabo, las instituciones, los políticos, tenemos el deber y la obligación de legislar en favor del sentido común, en favor de nuestra tierra, en favor de nuestro campo, y, sobre todo, en favor y en contra de la despoblación. Muchísimas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cepa Álvarez.

EL SEÑOR CEPA ÁLVAREZ:

Gracias, presidenta. Buenos días. No es la primera vez que se traen a estas Cortes esta justa reivindicación de las organizaciones profesionales agrarias. Una cosa tan sencilla como es que en el etiquetado de la miel aparezca la procedencia de la misma.

En los antecedentes de esta proposición no de ley se recoge que ya en febrero del dos mil quince, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, se debatió y aprobó una resolución en este sentido: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que la modificación del Real Decreto por la que aprueba la norma de calidad relativa a la miel se obligue a detallar el país de origen en el etiquetado de la misma". Esta resolución se aprobó con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, donde había que añadir el reconocimiento del esfuerzo de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

No hay que olvidar tampoco que, previamente a esta primera resolución, en el Congreso de los Diputados también se debatió una PNL, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, en el que decía: "El Congreso de los Diputados instan al Gobierno a que la modificación del Real Decreto 1049/2003, de uno de agosto, por el que aprueba la norma de calidad relativa a la miel, actualmente en preparación, se establezca la obligatoriedad de indicar en la etiqueta el país o países de origen del producto". Esta resolución no tuvo la misma suerte que la que en estas Cortes, ya que el PP nacional votó en contra.

Tampoco tenemos que olvidar lo que aprobó la Comisión de Agricultura y Ganadería el pasado tres de noviembre, también a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, con el resto de Administraciones y agentes competentes, trabajen de forma conjunta con los productores para trasladar una información clara al consumidor acerca de los alimentos que compran y consumen".

Con estos antecedentes queda claro que estas Cortes ya se han pronunciado de manera clara y concisa en este sentido, pero, aunque hay ya estas resoluciones, no sobra insistir un poco más, sobre todo por el poco caso que les hacen en Madrid, ya que al cambiar... y esperemos que ahora, al haberse cambiado las mayorías en el Congreso, tengamos más suerte en esta justa reivindicación.

El censo de colmenas en España, a partir de los datos del registro de explotaciones, en abril de dos mil quince era de 2.700.000 colmenas, lo que refleja un pequeño ascenso respecto a las del año dos mil trece. En cuanto a su profesionalización, el 80 % de las colmenas del censo español pertenecen a apicultores no profesionales. El porcentaje de apicultores profesionales ha experimentado, eso sí, un cierto crecimiento en términos relativos, pasando del 19,5 al 22,5 %. Así, el número total de apicultores en el dos mil quince, que era de 23.816, se mantenía estable, con un pequeño incremento de los profesionales y una disminución de los no profesionales.

La Comunidad de Castilla y León lidera el ranking en explota... en explotaciones apícolas, con 4.885 apicultores, que representan el 17 % del total nacional, pero hay que destacar que es fundamentalmente no profesionales, y ocupa el tercer puesto en el número de colmenas con 411.358 colmenas, lo que supone el 15 % de las existentes en el resto de España. En lo referente a la producción, Castilla y León ocupa la cuarta posición a nivel nacional, con 4.998 toneladas en el año dos mil catorce, que alcanzaron el 14 % de la producción nacional.

La producción de miel en España ascendió en el año dos mil catorce a 32.174 toneladas, dato supera... que superaba también al alcanzado en el año dos mil trece, que fue de 30.614 toneladas. Todas las Comunidades Autónomas españolas producen, en mayor o medida, miel. Las Comunidades Autónomas más productoras, que son Andalucía y Valencia, suman el 40,7 % de la producción nacional, cada una... representando cada una de ellas el 21,4 y el 19,3 %, respectivamente. El tercer lugar destacado es Extremadura, con un 15,4 %, y después Castilla y León.

A pesar de la importancia del sector y a pesar de las iniciativas de estas Cortes y de otros parlamentos autonómicos, y como todo se ha expuesto en los motivos... y como se ha expuesto en los motivos de esta proposición no de ley, el Gobierno del Partido Popular no hizo caso a estas demandas, y publicó el Real Decreto 475/2015, que sigue manteniendo la redacción sobre el etiquetado, que dice... que dice así: deberán mencionarse en el etiquetado el país o países de origen en el que la miel haya sido recolectada. No obstante, en el caso de mezclas, si las mieles son originarias de más de un... de un Estado miembro o tercer país, dicha mención tiene que quedar de la siguiente manera: "mezcla de mieles originarias de la Unión Europea", "mezcla de mieles no originarias de la Unión Europea", o "mezcla de mieles originales y no originales de la Unión Europea". Es decir, que seguimos en la misma. Vamos a ver si, con esta tercer pronunciamiento de las Cortes –este ya... este ya más solemne, todos en Pleno-, el Gobierno del Partido Popular nos hace caso y aprobamos una legislación que favorezca los intereses de nuestros agricultores, pero sobre todo los intereses de los consumidores, para que tengan claro la procedencia de la miel que consumen.

Por tanto, el sector apícola de Castilla y León se ha dirigido a los grupos parlamentarios de estas Cortes pidiendo que aprobemos por unanimidad esta proposición no de ley y que copiemos lo que se está haciendo en Italia, como se ha dicho anteriormente. De ahí que el Grupo Parlamentario Socialista haya firmado esta proposición no de ley, y esperamos que, esta vez sí, sin la mayoría absoluta del Partido Popular en las Cortes Generales, podamos aprobar un real decreto sobre la calidad de la miel en el cual imperen los intereses de los agricultores de España y los consumidores. Nada más y muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. En representación del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández Mañueco.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ MAÑUECO:

Muchas gracias, presidenta. Señorías. Debatimos hoy en las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley en apoyo al sector apícola de nuestra Comunidad, y la verdad es que es fruto de muchas cosas: fruto, sin duda, de una proposición no de ley de la legislatura pasada aprobada por unanimidad, pero también fruto del trabajo del Grupo Parlamentario Popular con distintos colectivos ciudadanos, y en este tema concreto con el sector apícola.

Yo creo que lo primero que tengo que poner de manifiesto –como han hecho todos los grupos- es que el acuerdo unánime de todos los grupos políticos es el primer éxito de esta proposición no de ley. Sin duda, la vía del consenso se pone de manifiesto que beneficia a los intereses de esta Comunidad y, además, es lo que esperan de nosotros las mujeres y los hombres de esta Comunidad. En segundo lugar, el reconocimiento de la labor de los productores, de los apicultores. Y, en tercer lugar, la protección de los consumidores.

El texto aprobada por... acordada, y espero que aprobada, por todos los grupos, destaca al sector apícola como líder nacional en explotaciones y uno de los principales productores de miel de nuestro país. Tengo que poner de manifiesto, lógicamente, la provincia de Salamanca –además, de la que yo soy parlamentario-, que concentra el mayor número de apicultores profesionales de Castilla y León, aglutinando aproximadamente el 80 % de las colmenas de toda la Comunidad, aunque es verdad que el trabajo se realiza en toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y, por tanto, no solo tendría que ceñirme a lo que es una visión puramente provincial de Salamanca. Y, además, hay que hacer un reconocimiento también de la labor de los apicultores en otras Comunidades de toda España.

Sin duda alguna, hay que reconocer a quienes trabajan en el sector apícola, así lo hacemos desde el Grupo Parlamentario Popular, lo hemos hecho todos los grupos políticos, que nos sitúan como la segunda Comunidad Autónoma en España en exportación en mieles de calidad, y, desde luego, la apicultura es un sector económico importante en nuestra Comunidad y es un sector económico, además, que facilita el... esta PNL el futuro de las familias que dependen de este sector, y también ayuda a muchas empresas del medio rural a seguir dando oportunidades y generando empleo y fijando población en el mundo rural.

Por tanto, todos lo que hacemos hoy es tender la mano a esas personas, a esos productores, a quienes trabajan de manera directa o indirecta en el sector apícola, a las empresas productoras de la miel, de miel de mucha calidad. Y, por eso, lo que hacemos es trasladar al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que cambie la normativa, que es el objetivo fundamental.

No voy a entrar a quién... a quién hacen más caso o menos en Madrid. Yo creo que lo importante es sacar un mensaje de conjunto: dar un paso sólido, fuerte y unido en este Pleno. Y, por tanto, lo que consideramos fundamental que sea obligatorio etiquetar el producto con el país o países de origen donde la miel haya sido recolectada, que va a beneficiar, por un lado, a los productores, pero también va a beneficiar, como decía al inicio de mi intervención, a los consumidores, para que puedan diferenciar el producto que se produce en nuestro país, en la Unión Europea, frente a aquellos que no lo son. Esa es una norma que otros países como Italia introdujo en el año dos mil... en el dos mil seis, nos parece importante. Es perfectamente compatible con la normativa europea, y, además, lo que hace es facilitar la transparencia y la información; en definitiva, la protección del consumidor. Y, sobre todo, lo que intentamos entre todos es que figure de forma clara cuál es la procedencia de la miel.

Nuestra miel, aquí se ha puesto de manifiesto por distintas personas que me han precedido en el uso de la palabra, es una miel que, desde luego, tiene mayor calidad que otras que proceden de fuera de la Unión Europea, y el consumidor que quiera optar por una miel de calidad podrá reconocer el producto español, y aquellos que quieran optar por otro tipo de miel podrá, desde luego, optar también por otra opción. Se está reconociendo, por tanto, la posibilidad de elegir entre los distintos tipos de mieles.

Quiero concluir agradeciendo la voluntad de acuerdo de todos los grupos políticos. Sin duda, el trabajo que se ha hecho con carácter previo por parte de todos los grupos es importante -quiero ponerlo aquí de manifiesto y agradecerlo-, y, sin duda, dar un paso decisivo de apoyo al sector apícola en Castilla y León, tan importante en nuestra Comunidad y tan importante para el medio rural.

Muchas gracias a todos, y espero que sea aprobada por unanimidad esta proposición no de ley. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Por el señor secretario se da lectura a la proposición no de ley número cinco, por favor.

PNL/001190

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Sí. Gracias. Proposición No de Ley 1190, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para instar a la Junta a desarrollar las medidas legales necesarias para implantar una regulación y control de la publicidad de las actividades y servicios sanitarios, estableciendo cauces de colaboración con los colegios profesionales sanitarios para participar en el control de la citada publicidad, proposición no de ley con número 9497 de ingreso.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para presentar la proposición no de ley por los procuradores proponentes, tiene la palabra la señora Maroto del Olmo.

LA SEÑORA MAROTO DEL OLMO:

Gracias, presidenta. Bueno, traemos a debatir al Pleno de las Cortes una proposición no de ley que tiene como origen las reuniones mantenidas con los colegios... o el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Castilla y León, que han manifestado su preocupación por las numerosas quejas y reclamaciones de diferentes usuarios de servicios sanitarios relacionados con esta rama de la sanidad, y que están sinceramente preocupados porque el número de quejas aumenta progresivamente; quejas que también se hacen extensivas a otros profesionales, puesto que también los usuarios de cirugía plástica reparadora, fisioterapia, podología, óptica, optometría, etcétera, manifiestan también en sus colegios de... profesionales quejas por un mal uso o una publicidad que les ha resultado engañosa.

Cada vez es más frecuente encontrarse con anuncios publicitarios en los que se ven cosas pues como "garantía de embarazo o te devolvemos el 100 % del importe" u otras cosas como "¿le gustaría mejorar su diabetes en treinta días o menos?". Y en otras ocasiones, además, incluso se ofrecen regalos, regalos como teléfonos inteligentes por un tratamiento de implantología dental, o un viaje a un parque temático por un tratamiento de ortodoncia en menores o incluso un masaje a cambio de ponerse una férula de descarga. Estas ofertas, además, llevan implícito lo que podría ser un delito de intrusismo, intrusismo que, como he manifestado en... con compañeros de nuestro grupo, pues nos preocupa a todos bastante, especialmente cuando se trata de profesionales de cirugía, rehabilitación, donde son numerosos los casos de intrusismo en el mundo de los fisioterapeutas, los podólogos, ya que no es lo mismo un tratamiento quirúrgico que un raspado superficial en los pacientes.

La publicidad engañosa no solamente puede llegar a ser un delito, sino que claramente es un fraude, porque en ella pues se ofrecen resultados o se aseguran resultados que es imposible asegurar a priori, o los precios finales no son los que se ponen en esos anuncios. Y, sobre todo, un problema mayúsculo es que se está comerciando con actos sanitarios, haciendo que los usuarios sean partícipes de una situación en la que, además, se ponen en manos de gente que, en ocasiones, desgraciadamente, no tienen la cualificación profesional para llevar a cabo estos actos sanitarios.

Los medios de comunicación, ahora mismo digitales, hacen que la publicidad circule con demasiada facilidad, con lo cual, se está tratando la salud ya no como un derecho sino como un bien de consumo, algo que es bastante peligroso y que debemos proteger. Debemos proteger la salud, y la protección de la salud no es igual que la protección de otros bienes de consumo, y de ahí que la tutela de los poderes públicos en la publicidad sanitaria consideramos que es imprescindible. Debemos tratar de reducir las reclamaciones, que es cierto que en las clínicas tradicionales están reduciéndose, pero que están aumentando de manera exponencial en las clínicas franquiciadas. Y, por tanto, para evitar que sigan aumentando estas reclamaciones, debemos proteger y controlar la publicidad sanitaria.

Se debe controlar también la publicidad sanitaria porque los ciudadanos que tienen una enfermedad son especialmente vulnerables, en ellos es fácil generar expectativas demasiado altas. Y se someten a actos que a veces... actos sanitarios que a veces son innecesarios, que a veces son excesivos, inapropiados, y que, en ocasiones, generan daños irreparables. Con lo cual, estos tratamientos, que se ha constatado que en algunos casos son sobretratamientos e innecesarios, es imprescindible evitarlos.

Y, además, es imprescindible contar con el asesoramiento de profesionales sanitarios para gestionar bien el control de esta publicidad, puesto que cada vez aparecen nuevas técnicas, nuevos productos, nuevos servicios sanitarios, que hacen que los responsables de las Administraciones públicas encargados de controlar la publicidad se vean a veces sobrepasados y no puedan valorar si son criterios de veracidad los que hay en esos anuncios publicitarios o no lo son. Porque la publicidad sanitaria debe ser ante todo publicidad fiable, debe mantener criterios éticos, y en ella lo que debe primar es la información, una información veraz, una información basada en conocimientos científicos, nada de publicidad con promesas, regalos y falsas expectativas.

Existe normativa a nivel nacional, un Real Decreto, el 1907/1996, donde se establece que deben ser las autoridades sanitarias las que controlen y regulen la publicidad, siempre en colaboración con los colegios profesionales también, que podrán participar en ese control. Y también existe legislación en Comunidades Autónomas. La primera en legislar a nivel comunitario fue el País Vasco, y fue seguida por otras como Navarra, Asturias, Galicia, Murcia o Aragón. O sea, que se cuenta en otras Comunidades con normativa específica para controlar este tipo de publicidad. Incluso existe jurisprudencia en la Unión Europea.

Por todo ello, es importante contar con una base legal, que regule la publicidad de una manera más estricta, que lo haga diferente a otros bienes de consumo, para proteger la salud. Con ese fin, con ese objetivo común de proteger la salud y proteger a los usuarios, nosotros hemos planteado esta propuesta de resolución, que no leo porque todos los grupos tienen a su disposición, pero que se resume en dos puntos: uno es desarrollar medidas legales de regulación y control de la publicidad, y el otro que se cuente con los colegios profesionales sanitarios...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Tiene que terminar, señor Maroto.

LA SEÑORA MAROTO DEL OLMO:

... para el control de dicha publicidad. Espero contar con el apoyo unánime de todos los grupos. Gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. A continuación, en representación del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Nosotros vamos a apoyar la proposición. Sí que nos parece claramente insuficiente. Nos parece que el problema al que se hace referencia es un problema real. Así lo hemos conocido a través de varios colectivos, entre ellos, por ejemplo, a través del colectivo de odontólogos, que ven como hay una seria preocupación debido a las grandes cadenas de salud... de salud dental, que realizan publicidad engañosa.

Efectivamente, es un problema real, no solamente en el ámbito de la odontología, sino otros ámbitos. Y, por lo tanto, creemos que tiene que desarrollarse una solución a este problema, esto es evidente.

Lo que sucede es que ya hay normas estatales para esto que se están incumpliendo, y este es el primer problema que vemos en relación a este asunto. Está la Ley de Sanidad, la Ley de Publicidad, que tiene una serie de normas, que debería ser la primera reivindicación, y adecuar la norma sanitaria a estas leyes tiene que ser una obligación de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, estamos de acuerdo en lo que aquí se plantea. Lo que no entendemos es cómo el grupo que sostiene al Gobierno de nuevo utiliza una proposición no de ley para llevar, a través del Parlamento, lo que debería ser, a nuestro juicio, una obligación de facto y de entrada de la Junta de Castilla y León.

Lógicamente, nuestro voto será favorable porque estamos de acuerdo en lo que aquí se reivindica, y estamos de acuerdo en que hay un problema real. El propio Estatuto de Castilla y León, en el Artículo 13, consagra la salud como un derecho protegido, y, por lo tanto, obliga al desarrollo normativo para garantizarlo. Ese derecho incluye la defensa de los ciudadanos y las ciudadanas en la publicidad engañosa sobre los servicios sanitarios.

En definitiva, estamos de acuerdo en crear medidas, como indica la proposición no de ley, pero aplicando las leyes estatales, que cubren y sancionan la publicidad engañosa. Por lo tanto, nuestro voto será favorable, pero no queremos dejar pasar estas críticas a la propia iniciativa en sí y, por su propio, a la Junta... a la propia Junta de Castilla y León, que está actuando tarde ante este problema.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para fijar posición, en representación de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señora presidenta. Decía Winston Churchill que la salud es un estado transitorio entre dos épocas de enfermedad y que, además, no augura nada bueno; este, que era un poco hipocondríaco... Pero la salud creemos, y estamos todos de acuerdo, que es lo más importante. Y con la salud yo creo que no se debe de jugar -y adelanto que nos vamos a abstener-, y tampoco hacer este tipo de proposiciones no de ley, que, a nuestro modo de ver, pues, se queda bastante corta. Es decir, yo creo que tenemos que ser más incisivos y tenemos que evitar lo que todos sabemos, que es la publicidad engañosa. Existe mucha publicidad engañosa en muchos ámbitos de todos los productos, pero está claro que con la salud, y ante todo con la salud, no se debe de jugar ni se debe de consentir.

Y es que hablamos a veces de temas de publicidad, pues, que no digo que regalen lavadoras o, en fin, electrodomésticos, pero bueno, ni viajes al Caribe, pero casi casi. Y estamos diciendo que luego se comete lo que se comete. A veces hay, efectivamente, en fin, hay... gente sin escrúpulos que, sobre todo en cuestiones de odontología, de dentistas, etcétera, estamos viendo los desmanes que en este país se han producido, y que, por desgracia, poco más que se quedan impunes, poco más que, en fin, alguna... cierre de algún establecimiento y poco más y poco menos. Mientras tanto, tenemos a los verdaderos profesionales, aquellas clínicas y aquellos buenos profesionales que están intentando trabajar todos los días con verdadero rigor y con... en fin, estudiando, mejorando su servicios, y que realmente les cuesta, lógicamente, con esa competencia desleal -digámoslo así-, pues llegar a los usuarios y hacer las cosas como deberían de hacerse.

Y por eso nos parece que esta proposición no de ley se queda corta. Nosotros, el doce de diciembre, en el Congreso de los Diputados, hicimos una enmienda de adición que nos gustaría, sinceramente, que, si la aceptara –se lo digo in voce-, pues nosotros encantados de aprobarla. Y que decía así (tiene tres puntos); punto primero: "Proceder a prohibir por ley, instando a llevar a cabo las modificaciones legales pertinentes en la normativa sanitaria, la publicidad en medios no especializados de las clínicas dentales o de cualquier otra institución sanitaria". Punto dos: "Prohibir cualquier publicidad de instituciones sanitarias en cualquier medio que incluya ofertas económicas, rebajas, premios o cualquier otro tipo de atractivo económico" -lo concreta-. Y, punto tres: "Obligar a que sean transparentes y accesibles al público el nombre, titulación y número de colegiado de los especialistas médicos que están al frente de dichas clínicas o establecimientos".

Yo creo que esto es mucho más riguroso. Yo creo que estamos hablando de lo que tenemos que hablar, porque, efectivamente, mire usted, igual que la proposición no de ley del Congreso, del Partido Popular, habla de mejorar, garantizar, regular, y en este caso, pues, volvemos a lo mismo: a desarrollar medidas... en fin, a establecer cauces. Vamos a hablar sinceramente de lo que tenemos que hablar. Yo creo que es obvio y es evidente que existe casi casi un desmán, no digo generalizado, ni mucho menos, tampoco vamos a ser aquí alarmistas, pero eso, en franquicias de odontología, de dentistas, etcétera, etcétera, que no están funcionando no bien, bastante mal –y vuelvo a decir-, y tenemos que, lógicamente, poner todos los medios adecuados para que así sea. Y por eso nosotros, y así nos lo dice el propio Estatuto de Castilla y León en el punto 13.12, tenemos que garantizar la protección integral de la salud de todas las personas. Pues vamos a ver si lo hacemos. Pero, desde luego, con estas proposiciones no de ley... vuelvo a decir, a ver si tiene el Partido Popular... tuviera esa adición en cuenta, nosotros la apoyaríamos de mil amores, pues avanzamos un poco más, somos más exhaustivos y estamos defendiendo lo que tenemos que defender; porque, si no, como casi todos los días, venimos aquí, pues bueno, pues a decir que todo el mundo está bien, que vamos a intentar mejorar, y luego pasa lo que está pasando, que la realidad es tozuda y no estamos resolviendo los problemas que tenemos que resolver a nuestros ciudadanos.

Porque, claro, también nosotros, como dice algún grupo, pensamos en las personas. Yo creo que aquí nos dedicamos todos a lo mismo. No sé si alguno se dedica a los jureles o a otro tipo de cosas. Nosotros también nos dedicamos a las personas y a los ciudadanos, y yo creo que en eso tenemos que dedicarnos todos -aparte de demagogias varias-, en ser más incisivos, ser más concretos y llegar... y hablar castellano y ir al grano. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para fijar posición, en representación de Podemos, tiene la palabra la señora Muñoz Sánchez.

LA SEÑORA MUÑOZ SÁNCHEZ:

Gracias, presidenta. Señorías. Esta proposición no de ley evidencia lo que Podemos viene denunciando desde el inicio de esta legislatura: las políticas sanitarias ejercidas en nuestro país y en nuestra Comunidad Autónoma han convertido la salud en un producto más del mercado en el que... con el que se puede comerciar y especular. La publicidad, es decir, la divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores o usuarios no difiere mucho en la actualidad de lo que normalmente entendemos como propaganda, ya que la publicidad comercial recoge las tendencias sociales y culturales del momento, instaurando y consolidando un sistema de símbolos sociales que son la esencia misma de la sociedad consumista de mercado. Detrás de esa forma comercial se esconde en realidad un sistema político y económico que antepone las ganancias al bien común, y que, en su afán expansivo y globalizante, necesita para funcionar más eficazmente un aparato publicitario que genere las condiciones culturales e ideológicas para su reproducción.

Y en este... en este proceso de expansión del todo vale para ganar dinero, un espacio como el de la salud, que tenía que ser sagrado porque es un derecho fundamental, se ha visto colonizado por los intereses mercantilistas. "La mercantilización de la salud" podría ser el título de la película. Cada día las empresas relacionadas con la salud invierten más tiempo y más dinero en idear campañas publicitarias que mueva a los consumidores a contratar sus productos o servicios, eligiéndolos entre otros muchos similares que ofrece el mercado. Un dato: las grandes farmacéuticas invierten mucho más en marketing y promoción que en investigación. La publicidad comercial en el ámbito sanitario no solo vende la salud como un producto más del mercado, ofertando cupones, descuentos, regalos, viajes y garantías de por vida, sino que diseña un mundo fabuloso, fundamentado en la filosofía de la felicidad, donde se regula los códigos sociales reinantes, se consolida las identidades personales y grupales y se crean patrones de comportamiento individuales.

No somos nadie si no tenemos un cuerpo diez, una sonrisa hollywoodense, un cutis terso y estirado y una gran potencia sexual. Y así nos vemos, señorías, con el choque frontal de dos trenes, el que lleva en sus vagones el derecho a la salud y al bienestar de la población y el que transporta los intereses de quienes defienden que es ilegal limitar la publicidad de los servicios sanitarios, ya que nuestras vidas y los aspectos en torno a los cuales se desarrolla solo son mercancías.

La propia Comisión Nacional de los Mercados es poco proclive a regular la publicidad del ámbito sanitario más allá de lo establecido en la Ley General de Publicidad. Y aunque es verdad que las corporaciones profesionales pueden actuar, no lo hacen por miedo a tener que enfrentarse a enormes sanciones. La gran pregunta sería por qué se ha hecho tan poco por parte del Gobierno del Partido Popular, habiendo legislación abundante para controlar la veracidad de la publicidad y limitar todo aquello que puede ser perjudicial para la salud, así como para inspeccionar los centros sanitarios, autorizar la publicidad de medicamentos, o para desarrollar normas especiales que aseguren la protección de la salud de las personas. Pues porque, en el fondo, el Partido Popular considera nuestra salud como una mercancía más.

La propia Ley General de Publicidad permite, cuando los productos, actividades y servicios sean susceptibles de generar riesgos para la salud o la seguridad de las personas, que se pueden habilitar reglamentos mediante la audiencia de las organizaciones representativas o corporaciones profesionales y de los consumidores y usuarios. Así mismo, el reglamento de publicidad sanitaria.

Podemos apuesta rotundamente, señorías, por el tren que lleva en sus vagones el derecho a la salud y al bienestar de la población. Por eso somos partidarios de no permitir la publicidad en los negocios en torno al sector de la salud que exceda a la específica de la propia Administración y a aquellas en las que se facilita el nombre, el teléfono, dirección y horarios de los profesionales implicados, como tienen ya otros países de la Comunidad Económica Europea.

Como mal menor, vamos a apoyar esta proposición no de ley. Esta, señoría, es una de las proposiciones en las que dan ganas de decir que no porque vemos que es una proposición de ley que se queda en una declaración escasa e indefinida, y que es más para contentar a todos los sectores que para arreglar las cosas, en un nuevo brindis...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señora Muñoz, tiene que ir terminando.

LA SEÑORA MUÑOZ SÁNCHEZ:

(Sí, ya termino, señoría... señora presidenta). Se queda en un brindis al sol, como he dicho. No obstante, nos gustaría proponer in voce una enmienda de adición o de sustitución o de... -sí, adición es- a la propuesta de resolución, y es la siguiente: "Que, a la hora de establecer cauces adecuados para el adecuado control de la publicidad de carácter sanitario, se cuente con la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para fijar posición, en representación del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Martín Juárez.

LA SEÑORA MARTÍN JUÁREZ:

Gracias, señora presidenta. Desde luego, nuestro grupo compartimos plenamente ese Artículo 43 de la Constitución, del derecho a la salud y a una sanidad pública universal accesible, pública y gratuita. Pero ya me permito que se apliquen ustedes el cuento, ya que rompieron la universalización, hay unas barreras increíbles con las listas de espera, hacen experimentos con el Hospital de Burgos e implantaron el copago; por lo tanto, recuerden el Artículo 43 en toda su dimensión.

Pero es verdad que este debate es una realidad: los peligros para la salud pública con la proliferación de publicidad engañosa de productos perjudiciales para la salud bajo campañas supuestamente milagrosas, y están relacionadas con la alimentación, con la nutrición, con la estética, con la rehabilitación y, de una forma muy específica, con los servicios de odontología. Y diaria y constantemente, pues todas las redes sociales e internet hay eco de productos milagros, sin ningún tipo de control, que no se ajustan a criterios ni científicos, ni veraces, ni sanos, y que son claramente costosos y además falso. Y, sin duda, pues, las Administraciones públicas, ante esta escalada de engaños, están obligadas a controlar esta publicidad en relación con el riesgo que entraña para la salud y para velar por los derechos de los consumidores.

Pero bueno, ya se podía estar aplicando de forma más rigurosa el Decreto 1907 del noventa y seis, sobre la publicidad y la promoción comercial de productos, que en su Artículo 1 otorga una principal implicación y relevancia a los colegios profesionales, que velan para que estas actividades se adecúen a los intereses de los ciudadanos. Por eso, nosotros entendemos que esta propuesta tendría que haber sido conjunta de todos los grupos, con los colegios profesionales y con las asociaciones de consumidores. Porque que la publicidad engaña, es agresiva, es subliminal y oculta todo aquello que es perjudicial para salvaguardar su objetivo puramente económico y de captar clientes, pues estamos todos de acuerdo, pero, aun así, hasta ahora no se ha hecho mucho más porque no se ha querido, porque hay legislación comunitaria y estatal. Y puedo referir la Ley de Competencia Desleal, el Decreto de Defensa de los Consumidores y la propia Ley General de Sanidad, que restringiría, si se aplicara estrictamente, mucho más esta publicidad de medicamentos, de productos, de cosméticos y de prestaciones y servicios que tienen esa supuesta finalidad sanitaria, porque las empresas está claro que están dando un papel clave, pues, a sus intereses, a vender y a favorecer la compra. Y este, pues es un fenómeno peligroso que no se ha atajado con suficiente rigor, ese espíritu de mercado que está facilitando la sociedad en la que vivimos. Y la proliferación de productos, pues exigiría muchísimo más rigor.

Yo quiero recordar que la propia Ley General de Sanidad exige rigor en la veracidad, en la exactitud, en la legalidad, en la transparencia, en la competencia. Y en su Artículo 27 dice que las Administraciones públicas realizarán un control de la publicidad y propaganda comercial para que se ajuste a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud y limitar todo aquello que pueda ser perjudicial para la misma. En su Artículo 30 establece también que todos los centros y establecimientos tienen que someterse a un control e inspección absoluto por parte de la Administración competente; o en el Artículo 102. Por lo tanto, normativa hay, y también en las Comunidades Autónomas, como se decía aquí: el País Vasco, Navarra, Asturias, Murcia, Aragón. Por lo tanto, es verdad que hay que atajar este tema, pero, a nuestro juicio y después de haber mantenido todos los grupos reuniones con colegios profesionales, alguna profesión especialmente afectada, como es, precisamente, la Odontología, entendemos que si de verdad se tuviera voluntad, y no un paripé y un canto al sol, de abordar y atajar realmente este tema, habría que haberlo hecho con la participación, el consenso y la implicación en la elaboración, tal vez, de una proposición de ley de todos los grupos parlamentarios, una participación activa de los colegios profesionales y, ¿cómo no?, escuchando la voz de los consumidores.

Esto, pues, es algo que a ustedes se les ha ocurrido para quedar bien al acabar el año, pero que realmente no significa absolutamente nada. Por lo tanto, nuestro grupo...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señora Martín, termina...

LA SEÑORA MARTÍN JUÁREZ:

... nuestro grupo se va a abstener. Y mientras tanto que elaboran esto, que vaya usted a saber, apliquen la legislación estatal y comunitaria. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra la señora Maroto del Olmo.

LA SEÑORA MAROTO DEL OLMO:

Gracias, presidenta. Bueno, pues vamos por partes. En primer lugar, señor Sarrión, gracias por apoyar la proposición. Usted dice que actuemos conforme a la ley; por supuesto, actuamos conforme a la ley, los grupos parlamentarios siempre y, por supuesto, el Gobierno, sin duda, siempre conforme a la ley. Y dice que llegamos tarde; pues quizá no somos los primeros en realizar o proponer esta proposición no de ley, pero esperemos que no seamos los últimos. Y tarde, nunca es tarde si la dicha es buena. Con lo cual, yo no creo que sea tarde, sino creo que es el momento en el que las quejas son suficientes como para tomar esto en serio y que entre todos lo saquemos adelante, pero, por supuesto, conforme a la ley. Y ley existe; nosotros apoyamos y mantenemos que debemos actuar conforme a la Ley General de Sanidad, al Real Decreto sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con finalidad sanitaria, al Real Decreto de dos mil tres, que establece las bases generales sobre actuaciones de centros, servicios y establecimientos sanitarios, a la Ley General de Publicidad y a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Siempre conforme a la ley.

Señor Delgado, portavoz de Ciudadanos en esta proposición, apoyaron, en el caso de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del pasado veinticuatro de noviembre, la proposición que planteó nuestro grupo en los términos que allí se planteaban. Nosotros pensamos que los detalles a los que usted se refiere deben introducirse cuando se elaboren las medidas legales oportunas; no es este el momento de establecer esos detalles. Es importante para los pacientes que no se crean cosas que no son tales, pero también es importante para todos los ciudadanos que la gente o las personas que nos dedicamos a introducir iniciativas no prohibamos. Creo que eso pertenece a otra época, eso pertenece a otros regímenes y a otros países. Prohibir no creo que sea lo más adecuado en este tipo de proposiciones; nosotros estamos más por regular y controla; y, en vez de prohibir, no autorizar cuando no sea oportuna la publicidad que se pretende lanzar al mercado. Y, por supuesto, que no se mercadee. La no autorización, pero la prohibición me parece excesiva. Por lo tanto, yo le insto a que reconsideren su postura y la apoyen, y se olviden de estas prohibiciones, que no creemos que sea lo más adecuado.

En cuanto a la señora Muñoz, del Grupo Podemos, nos ha planteado una enmienda en la que quiere que incluyamos a las asociaciones de consumidores y usuarios. Si le parece oportuno, en lugar de redactarla como un punto más, podemos incluirla dentro del segundo punto, de manera que quedaría redactado como leo, el segundo punto sería: "Establecer los cauces más adecuados de colaboración con los colegios profesionales sanitarios y las asociaciones de consumidores y usuarios de Castilla y León, con el fin de participar en el ámbito de sus competencias en el adecuado control de la citada publicidad de carácter sanitario". De este modo quedaría aceptada su enmienda, pero en estos términos, que hacen que no sea más larga la proposición.

Bueno, y por último, a la señora Martín, que ha actuado de portavoz del Grupo Socialista, bueno, le diría, pues, varias cosas. En primer lugar, que le recuerdo que el veinticuatro de febrero plantearon en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de Diputados una proposición no de ley que se planteaba en los mismos términos, aproximadamente, que la nuestra. Y, de hecho, el punto cuarto decía: que se adopten medidas necesarias para que, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, se establezcan medidas eficaces para el control de la publicidad y propaganda comercial sanitaria. Yo creo que aquí tienen la mejor oportunidad para ese cauce de colaboración. O sea, lo plantean en el Congreso de los Diputados en una Comisión de Sanidad, y ahora pretenden abstenerse. O sea, es negarse a algo que ustedes mismos proponen en el Gobierno de la Nación. Y, por otro lado, y lo que todavía me sorprende más, es que consideren que esto no es necesario porque existe legislación nacional -así lo he entendido yo, así lo ha entendido el portavoz de la Comisión de Sanidad-, y resulta que plantean una proposición no de ley en la Comunidad andaluza en los mismos términos que la que planteamos aquí. O sea, ¿es que en Andalucía no tienen que regirse por las leyes nacionales? Las leyes de sanidad, las leyes de publicidad, a nivel nacional, también son para Andalucía. Con lo cual, si en Castilla y León no tenemos que plantear una proposición no de ley en estos términos, tampoco deberían plantearla ustedes en Andalucía. Es que no lo entiendo, sinceramente.

Por lo tanto, le insto también, igual que al portavoz de Ciudadanos, a que reconsidere su postura, que tiene ahora la oportunidad de que, realmente, apoye a estos colegios, a los de odontólogos y estomatólogos, y a todos los demás colegios profesionales sanitarios, para que ellos colaboren en el control de la publicidad, como así plantean ante al Gobierno andaluz. Le insto a que apoye esta iniciativa, y le repito que la normativa nacional es para todos. Por lo tanto, bueno, espero que el apoyo sea unánime y que la portavoz de Podemos mantenga su apoyo también con esta ligera modificación que le he planteado. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

¿Nos da la modificación? ¿Quiere tomar la palabra la portavoz de Podemos que ha defendido esta proposición?

LA SEÑORA MUÑOZ SÁNCHEZ:

No. Simplemente, es verdad que no habían recogido "para el adecuado control de la publicidad", pero, bueno, me imagino que las organizaciones de consumidores y usuarios ya se encargarán de llevar esto a efecto, ¿no?, que sea para el control de la publicidad de carácter sanitario, me imagino. Así que sí, mantenemos.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Bueno. Pues pasamos a la siguiente proposición no de ley. Le pido al señor secretario que dé lectura a la misma.

PNL/000184

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias. Proposición No de Ley 184, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, instando a la Junta de Castilla y León a dotar presupuestariamente los planes encaminados a erradicar la violencia de género, establecer las medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación aplicable y realizar evaluaciones de impacto. Proposición no de ley publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 29, de cinco de octubre de dos mil quince.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para presentar la proposición no de ley, tiene la palabra la señora Rodríguez Tobal.

LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Muchas gracias, presidenta. Esta proposición, con nueve puntos, para luchar contra la violencia machista, nos llega nueve meses después de que el Grupo Popular decidiera aplazar su decisión final de apoyarla. El tres de marzo se debatió en Comisión y fue rechazada por los votos en contra del Grupo Popular, retrasando con ello nueve meses la puesta en marcha de medidas tan necesarias para mantenernos vivas y sin violencia.

La propuesta que traemos es muy clara: insta al partido del Gobierno a que se cumpla la ley y se desarrolle. Entiéndanla como redacción de nueve puntos, reflejados pero obviados en la Ley 13/2010, de nueve de diciembre, contra la violencia de género de Castilla y León, y no la desliguen de la Ley 1/2003, de tres de marzo, de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

No vieron hace nueve meses la urgencia de aprobar nuestras propuestas, mientras en el primer trimestre del año había aumentado el número de víctimas por violencia machista en nuestra Comunidad un 2,3 %. El partido en el Gobierno de la Junta de Castilla y León justifica con sus dejaciones en la aplicación normativa la creación en septiembre, a petición de Podemos e Izquierda Unida, de una comisión no permanente para evaluar el cumplimiento y efectividad de la Ley 13/2010, de nueve de diciembre, contra la violencia de género.

Es necesario que reflexionemos sobre la pluralidad de la violencia, distintas violencias recogidas en el Convenio de Estambul y la Conferencia de Beijing. Reconocer las violencias es el primer paso para erradicarlas. Nuestra ley autonómica ya define la violencia como plural y, sin embargo, las políticas aplicadas van exclusivamente a la atención a las víctimas. Este es, sin duda, un objetivo prioritario, pero no solo. Estamos dando aspirinas sin tratar de atajar el problema que provoca el dolor de cabeza.

La educación, formación y sensibilización de toda la sociedad es el único camino para comprender que la desigualdad es el origen de todas las violencias. En el tercer trimestre se han registrado en Castilla y León 1.267 denuncias por violencia machista. La igualdad legal existe, ahora tenemos que hacerla real. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para fijar posición, tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Muchas gracias. Pues exactamente igual que hicimos en la Comisión donde se debatió esta proposición no de ley, vamos a votar favorablemente esta proposición. En aquel momento emitíamos una enmienda de adición de seis puntos, que, evidentemente, seguimos estando de acuerdo con las propuestas que realizábamos. No la vamos a presentar en este momento para facilitar la votación que se pueda realizar, y lo haremos en una proposición más adelante. Pero sí que manifestar de nuevo públicamente nuestro apoyo a los puntos que aquí se traen, nuestra consideración de que es una proposición pertinente y, por lo tanto, nuestro voto a favor.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para fijar posición, tiene la palabra la señora Rosado Diago.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, presidenta. Pues Ciudadanos votará a favor, como ya lo hizo en la Comisión. A favor porque en políticas de igualdad no podemos admitir recortes; porque para una igualdad efectiva necesitamos presupuesto y presupuesto para todas las medidas solicitadas, como la garantía habitacional; porque necesitamos evaluaciones para saber qué medidas están funcionando; y porque, en el sistema educativo, educar en igualdad es el actor principal de la lucha contra la violencia de género. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para fijar posición, en representación del Grupo Socialista, la señora Díaz-Caneja Fernández.

LA SEÑORA DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ:

Gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario Socialista votó a favor de esta... de esta iniciativa en Comisión, vamos a votar con el mismo sentido en este Pleno. Y, además, vamos a apoyar todas las iniciativas que se presenten con el objetivo de aplicar las medidas eficaces necesarias para acabar con la violencia que sufren las mujeres.

En esta Comunidad, y durante este año, el terrorismo machista ha arrebatado la vida a seis mujeres. Estamos asistiendo a un rearme del machismo, consecuencia de los débiles avances conseguidos en igualdad. Por ello es necesario aplicar todos y cada uno de los artículos contenidos en la normativa de igualdad y de violencia de género. El derecho a la seguridad, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la vida de muchas mujeres no está garantizado, está en entredicho. No es admisible más demoras en la aplicación de todas las medidas necesarias para acabar con esta lacra, esta vergüenza social. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

En representación del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Cortés Calvo.

LA SEÑORA CORTÉS CALVO:

Sí. Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. En relación a la proposición no de ley, pedir, en primer lugar, la votación separada de los puntos 1 al 8 y el punto 9 votarlo en solitario.

La verdad, señora Tobal, la que verdaderamente produce dolor de cabeza es usted, es usted. Se empeñan en plantear proposiciones no de ley que son una enmienda a la totalidad de las políticas de la Junta de Castilla y León en materia de violencia de género. El hecho de que ustedes no comprendan, no conozcan, no quieran conocer y desconozcan las políticas que se llevan a cabo, y después de darle todos los datos en una Comisión tras otra, no significa que no se esté llevando a cabo. La prioridad, en este sentido, es proteger a las víctimas. Y Castilla y León siempre ha sido una Comunidad pionera en la defensa de las víctimas, de las víctimas y de sus hijos e hijas, que también son víctimas. A ustedes todo esto les da igual, y siguen intentando hacer demagogia con este asunto. Sin embargo, en aras del acuerdo y en aras de la protección de estas víctimas, el Partido Popular va a votar a favor de estas propuestas que le he dicho, del 1 al 8, a las que le hemos presentado diferentes enmiendas, tanto en la Comisión como hoy mismo. Y que, con respecto al punto 9, dado que tenemos un sistema de alojamiento para las víctimas...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señora Cortés, tiene que terminar.

LA SEÑORA CORTÉS CALVO:

(Sí, termino). ... completamente... que cubre todas las necesidades, no lo vamos a votar a favor. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra la señora Rodríguez Tobal.

LA SEÑORA RODRÍGUEZ TOBAL:

Muchas gracias, presidenta. Bueno, voy a empezar diciendo que, si quiere votación por separado, pues no nos importa hacer votación por separado del último punto.

Quiero repetirle que la propuesta que traemos es muy clara y que insta al partido del Gobierno a que se cumpla la ley y se desarrolle.

En cuanto al punto número 9, en cuanto al plan de garantía habitacional, hay que tener muy claro que ustedes no diferencian entre un recurso de protección y un recurso de alojamiento. Lo que pedimos con el plan de garantía habitacional es un recurso de alojamiento. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

¿Alguien quiere tomar la palabra? Pasamos a la siguiente proposición no de ley. Le ruego al secretario que dé lectura a la proposición número siete.

PNL/000214

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias. Proposición No de Ley 214, presentada por los procuradores don José Luis Aceves Galindo y don Celestino Rodríguez Rubio, instando a la Junta de Castilla y León al desarrollo y cumplimiento de la Ley 4/2007, de veintiocho de mayo, de Protección Ciudadana, creando una red autonómica de parques provinciales y comarcales de bomberos, protección civil y salvamento, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 32, de nueve de octubre del dos mil quince.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para presentar la proposición no de ley, tiene la palabra el señor Aceves Galindo.

EL SEÑOR ACEVES GALINDO:

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. En primer lugar, me gustaría saludar a los representantes de los sindicatos de bomberos y su plataforma autonómica que están aquí presentes en este Pleno.

Señorías, debatimos una proposición no de ley que proviene de empate en Comisión. Desde luego, no voy a reproducir el debate en la misma, pero sí que les quería alertar de que estamos ante una materia tan sensible e importante para la ciudadanía como es la protección civil, más bien la protección ciudadana, y, por lo tanto, la seguridad de los castellanos y leoneses. Lo que planteamos es si desde este Parlamento impulsamos en esta Comunidad Autónoma la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos del medio rural y del medio urbano, la misma oportunidad y que sea efectiva y tangible.

Me pregunto y les digo: ¿queremos que los castellanos y leoneses disfruten de un servicio público esencial como es el de sentirse protegidos a través de un sistema de parques de bomberos y de protección civil? Si estamos de acuerdo, apoyen la iniciativa.

El marco competencial en materia de protección civil corresponde, desde luego, a la Administración general del Estado, en lo básico, y en el marco competencial, el 71 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en el desarrollo normativo. La realidad nos indica que Castilla y León ocupa uno de los últimos lugares en todas las Comunidades Autónomas de España en disponibilidad de parques de extinción. La Ley 4/2007, de veintiocho de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, no ha funcionado, señorías, no se ha desarrollado la parte que le toca a la Junta de Castilla y León.

Su Disposición Final Tercera indica que la Junta -y digo literalmente- promoverá la creación de un consorcio regional para la prevención, extinción de incendios y salvamento de Castilla y León como un ente de carácter público, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar en su propio nombre; y, hasta la fecha, señorías, la Junta no ha actuado.

No olvidamos, desde luego, las competencias de la Administración municipal y de la provincial. También, desde luego, tiene que cumplir sus competencias y se necesita, lógicamente, una coordinación efectiva entre los servicios. Este importante equilibrio territorial, desde luego, tiene que impulsarlo la Comunidad Autónoma.

No olvidemos, desde luego, la resolución del Procurador del Común del veintisiete de febrero de dos mil trece, que meridianamente indica que la Junta debe de actuar.

Por lo tanto, señorías, termino, les pido el apoyo a todos ustedes, y, desde luego, el Grupo Socialista les anticipo que optamos por un modelo público de gestión que anticipe la seguridad y la oportunidad de los ciudadanos de Castilla y León. Espero el apoyo de todos. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para fijar posición, en representación del Grupo Mixto, el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, presidenta. Bien, para decir que vamos a mantener el mismo sentido del voto que lo hicimos... que hicimos el día cuatro de marzo de dos mil dieciséis, pero que también nos gustaría reseñar una vez más que nos encontramos un poco, o, por lo menos, en lo que respecta a quien les habla, me encuentro ridículo por votar una proposición no de ley que pide una red autonómica de parques de bomberos provinciales. Y digo que me siento ridículo porque represento a una provincia que no tiene parques provinciales; entonces, me parece un poco incongruente. Aun así, entiendo el objeto de la propuesta y, por lo tanto, vamos a seguir apoyándola, recordando que nosotros pedimos el mismo trato que tienen cualquiera de las provincias de esta Comunidad y que, además, pedimos que los bomberos sean profesionales. Nada más.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para fijar posición, tiene la palabra el señor Delgado Palacios en representación de Ciudadanos.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señora presidenta. Vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, como así votamos en la Comisión. Y simplemente recalcar, pues a veces, lo que pasa con el ciudadano, la poca fe que tenemos en los... en la legislación vigente, que no cumplimos lo que tenemos que hacer. Y, efectivamente, es que esa ley del 4/2007, del veintiocho de marzo, pues hay que desarrollarla y hay que cumplirla. Estamos esperando, efectivamente, ese consorcio regional para la prevención, extinción y, en fin, y salvamento; y, desde luego, desarrollar ese Artículo 5, que lo dice bien claro, que es organizar territorialmente en demarcaciones geográficas las denominadas zonas de actuación inmediata y las áreas de emergencia.

Fíjense ustedes -y hay que poner las cosas claritas y hablar con claridad y en castellano-, hay ayuntamientos que ni siquiera saben a qué parque de bomberos pertenecen. Estamos, a veces, dependiendo de aquellos convenios que hay con los parques de las diputaciones provinciales, en algunos casos. Hay una mala coordinación y gestión, pues, entre los parques, digamos, provinciales de voluntarios, por una parte, los... en fin, los... digamos, los parques profesionales. Y, de una vez por todas, lo que pedimos es que la Junta de Castilla y León coordine, haga las cosas bien y, efectivamente, haga lo que tiene que hacer: cumplir la ley. Y no estamos pidiendo nada más que llover sobre mojado. Ya vamos camino de diez años desde ese ley... desde esa Ley 4/2007; yo creo que... ¿cuántos años vamos a esperar más, otros diez? Decía Dickens que cada fracaso le enseña al hombre...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Delgado, tiene que terminar.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

(Gracias). ... le enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Aquí fracaso... fracaso es incendio tras incendio. De una vez por todas, a ver si aprendemos. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Para fijar posición, tiene la palabra, en representación de Podemos, el señor Chávez Muñoz.

EL SEÑOR CHÁVEZ MUÑOZ:

Gracias. A día de hoy, que le digamos a la gente que en Castilla y León no hay un parque de bomberos público, integrado y de la Comunidad, pues es como decirle que hay policías en cada una de las provincias, unas son privadas, otras son voluntarias y otras son públicas. ¿Alguien se imagina eso? Es lo que sucede con los bomberos en esta Comunidad, y eso gracias al modelo del Partido Popular, que es un modelo privado, es un modelo como el del parque de Villares, en Salamanca, que cuesta 1,3 millones de euros, donde la empresa paga a los trabajadores y los seguros, pero la diputación provincial se hace cargo del resto de los pagos.

El nuestro -que es un modelo público, y se lo decimos al consejero todo el rato-, un modelo público, es como, por ejemplo, el de la provincia de Valladolid, donde todas las entidades están coordinadas y dan servicio a toda la provincia, y que, por cierto, cuesta 400.000 euros menos que ese parque de Villares, en Salamanca, y es el que todos los profesionales cogen siempre como referencia para aplicar en el resto de Castilla y León.

Así que esperamos que dejemos de una vez el sesgo ideológico neoliberal del consejero de Fomento -que hoy no está, puesto que él no vota- para poder solucionar de verdad esto y que sea un servicio público de calidad para toda la Comunidad. Gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para fijar posición, en representación del Grupo Popular, tiene la palabra la señora García Herrero.

LA SEÑORA GARCÍA HERRERO:

Gracias, presidenta. Señor Aceves, le adelanto que nuestra posición es la misma que en Comisión. La ley es clara en cuanto a la delimitación de competencias de cada una de las Administraciones, señor Santos. Por ello, desde la Junta de Castilla y León se está trabajando dentro de la responsabilidad que le asigna la ley en la determinación territorial de las demarcaciones del sistema de protección ciudadana y en la aprobación de un plan sectorial para los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento. Por tiempo, no podemos explicar mucho más, pero se explicó en Comisión. Pero sí que quiero recalcar que la Ley 4/2007 indica que la Junta promoverá la creación de un consorcio regional para la prevención de incendios y salvamentos de Castilla y León, que es lo que se está haciendo, en lo que se está trabajando, señor Aceves. Promover no significa crear. Nada más y muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra el señor Aceves Galindo.

EL SEÑOR ACEVES GALINDO:

Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer, desde luego, a los Grupos Parlamentarios Mixto, Ciudadanos y Podemos el apoyo a la iniciativa. Y la verdad que, bueno, lamento la posición del Grupo Popular. Y yo le digo, con todo el cariño navideño en el que estamos, que están jugando con fuego, están jugando con fuego, y de una manera un poco extraña. Mire, seguramente debatiremos –porque están presentadas en Comisión- en el siguiente periodo de sesiones más propuestas, y yo creo que es positivo que este Pleno siga hablando de bomberos; hablaremos de una ley del fuego, hablaremos de un nuevo estatuto de bomberos y hablaremos, desde luego, de su homologación profesional.

Y siguiendo con estas fechas navideñas, les digo: acuérdense de las tres negaciones de Judas. Pues aplíquenselo, porque lo que ahora vuelven a negar a los trabajadores, a los sindicatos y a los castellanos y leoneses tendrían que acabar haciéndolo. Por lo tanto, propósito de enmienda, les encargo para estas fechas y les emplazo...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Aceves, vaya usted a la cuestión y fije posición y termine. [Risas].

EL SEÑOR ACEVES GALINDO:

Señora presidenta, bueno, termino. Era el espíritu navideño, se lo he dicho un poco...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Aceves. No, pero es que está usted hablando de otro tema, no está hablando ni siquiera de la Navidad. Por favor, vaya usted a la cuestión.

EL SEÑOR ACEVES GALINDO:

Sí, sí, sí, sí.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Vaya usted a la cuestión.

EL SEÑOR ACEVES GALINDO:

Estoy hablando de la cuestión, presidenta. Termino, termino. Desde luego, les emplazo a que rectifiquen y acometan los problemas de la ciudadanía. Por cierto, nos preocupan, para nosotros, y les recordaremos las veces que sean necesarias este asunto. Desde luego, voy a fijar el mismo texto que viene en la proposición no de ley, lamentando... y ya digo, este espíritu navideño, pues, veo que hoy no ha funcionado. Muchas gracias. [Aplausos].

Votaciones PNL

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Pasamos a la votación de las proposiciones no de ley. Por favor, si están todos en sus asientos, a partir de este momento saben que no se puede ni entrar ni salir del hemiciclo y vamos a comenzar con la votación.

PNL/001123

Votamos la proposición no de ley, presentada por el Grupo Popular, para instar a la Junta a que se dirija al Gobierno para que se corresponsabilice en la financiación del sistema de resolución de conflictos laborales individuales, puesto en marcha en el seno del SERLA. (Un poco de paciencia). Comienza la votación.

Votos emitidos: ochenta y dos. A favor: setenta y uno. En contra: ninguno. Once abstenciones. Queda aprobada.

PNL/001124

Votamos la siguiente proposición no de ley debatida, en la que se insta a la Junta a realizar un proyecto de ley para modificar el Artículo 235 de la Ley 2/2006, de tres de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, y que ha sido formulada por el Grupo Podemos. Comienza la votación.

Votos emitidos: ochenta y dos. A favor: once. En contra: setenta. Una abstención. Queda rechazada.

PNL/001129

Votamos la proposición no de ley, presentada por el Grupo Socialista, en la que insta a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de España la creación de un grupo de estudio que cuente con la participación de juristas, expertos de seguridad vial, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, representantes de las Administraciones autonómicas, etcétera, con el fin de presentar un proyecto de ley que modifique las normas actuales que dificultan el resarcimiento efectivo de las víctimas. Comienza la votación.

Votos emitidos: ochenta y dos. A favor: ochenta y dos. Queda aprobada.

PNL/001189

Votamos ahora la proposición no de ley, presentada por el Grupo Popular, el Grupo Socialista, Podemos, Ciudadanos y Mixto, para, manifestando el apoyo de las Cortes al sector apícola, instar a la Junta para que continúe demandando al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente una modificación del Real Decreto 1049/2003, para que incluya la obligación de reflejar en la etiqueta del producto el país o países de origen. Comienza la votación.

Votos emitidos: ochenta y dos. A favor: ochenta y dos. Queda aprobada.

PNL/001190

Votamos la proposición no de ley debatida en quinto lugar, para instar a la Junta a desarrollar las medidas legales necesarias para implantar una regulación y control de la publicidad de las actividades y servicios sanitarios, estableciendo cauces de colaboración con los colegios profesionales sanitarios, para participar en el control de la citada publicidad. Comienza la votación.

Votos emitidos: ochenta y dos. A favor: cincuenta y tres. Ninguno en contra. Veintinueve abstenciones. Queda aprobada.

PNL/000184

Votamos, en los términos fijados por su proponente, la proposición no de ley, presentada por el Grupo Podemos, instando a la Junta de Castilla y León a dotar presupuestariamente los planes encaminados a erradicar la violencia de género, establecer las medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación aplicable y realizar evaluaciones de impacto.

Votamos los puntos, en primer lugar, 1 al 8. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y dos. A favor: ochenta y dos. Quedan aprobados.

Votamos ahora el punto 9. Comienza la votación. Votos emitidos: ochenta y dos. A favor: cuarenta y uno. En contra: cuarenta uno. ¿Algún grupo o algún procurador quiere que se repita la votación? Queda rechazado.

PNL/000214

Y votamos, por último, la proposición no de ley, en los términos fijados por su proponente, presentada por los procuradores señor Aceves Galindo y señor Rodríguez Rubio, instando a la Junta de Castilla y León al desarrollo y cumplimiento de la Ley 4/2007, de veintiocho de marzo, de Protección Ciudadana, creando una red autonómica de parques provinciales y comarcales de bomberos, protección civil y salvamento. Comienza la votación.

Votos emitidos: ochenta y dos. A favor: cuarenta y dos. En contra: cuarenta. Ninguna abstención. Queda aprobada esta proposición no de ley.

Señorías, antes de terminar, les deseo una feliz Navidad y un feliz año dos mil diecisiete. Se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las trece horas cincuenta minutos].